La IV Brigada, con sede en Medellín, está implicada presuntamente en 302 casos de ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como falsos positivos. Foto: archivo Semana.Fue Juan Esteban Rendón, un temido pistolero perteneciente al Bloque ‘Héroes de Granada’ de las Auc conocido con el alias de ‘Polocho’, recientemente excluido de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, el responsable de sacar de su vivienda a Rolando de Jesús Ocampo para luego entregárselo a los militares.  

Sucedió en la tarde del 28 de enero de 2005. A eso de las 3:00 de la tarde, ‘Polocho’ arribó hasta la casa de Rolando, ubicada en el barrio Obreros de Cristo del municipio de La Ceja, Antioquia, para pedirle que lo ayudara con un trasteo. Fue laúltima vez que sus vecinos lo vieron con vida. De su suerte solo se supo días después, cuando efectivos del Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 “General Pedro Nel Ospina” presentaron su cadáver como el de un guerrillero del Eln muerto en combate, quien además de vestir camuflado portaba un radio de comunicaciones, una pistola calibre 357 y una granada de fragmentación.

Según lo ha podido documentar la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía (antes Justicia y Paz), ‘Polocho’ condujo a Rolando hasta un sector a las afueras de la Ceja conocido como Rancho Triste, donde los aguardaba otro paramilitar de nombre John. Luego de retenerlo por varias horas, lo entregó a los soldados de esta guarnición militar. Los casos documentados por el Ente Investigador apuntan a que no se trató de un hecho aislado.

Para aquellos años, los paramilitares del ‘Héroes de Granada’ ejercían férreo control sobre La Ceja y otros municipios del Oriente antioqueño. En una demostración de poder, varios de los comandantes de este grupo decidieron elaborar una ‘lista negra’. En ella consignaron los nombres de personas señaladas de indeseables, drogadictos, jíbaros, violadores, estafadores, milicianos, colaboradores de la guerrilla.

Tal como lo narró ante fiscales de la Unidad de Justicia Transicional Luis Alfonso Sotelo, alias ‘Jonh’, uno de los comandantes del ‘Héroes de Granada’ en el Oriente antioqueño, la idea era retenerlos para luego entregárselos al Ejército Nacional que, a su vez, los presentaba como guerrilleros muertos en combate. Rolando figuraba en dicha ‘lista’. Su estadía en la cárcel por posesión y venta de alucinógenos, sumados a sus antecedentes por violencia intrafamiliar, fueron motivos para que los jefes ‘paras’ lo incluyeran en ella.

Por este mecanismo también perdió la vida el joven Nelson Enrique Villada Blandón. Familiares y vecinos lo recuerdan como un asiduo fumador de marihuana y una persona que perdía el control cuando ingería alcohol. Con todo y ello, su muerte causó gran estupor entre quienes lo conocieron. Todo comenzó la tarde del 16 de diciembre de 2004. Siguiendo órdenes de sus superiores, ‘Polocho’ se dirigió hasta el barrio Obreros de Cristo de La Ceja, donde residía Nelson, para llevárselo a las buenas o a las malas.

A punta de amenazas, ‘Polocho’ llevó a Nelson hasta el sector conocido como El Tambo, donde aguardaban otros dos integrantes del ‘Héroes de Granada’ quienes luego lo entregaron a tropas del Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 “General Pedro Nel Ospina”. Los militares reportaron su muerte como la de un guerrillero del Eln muerto en combate durante el desarrollo de la operación táctica Fortaleza.

“Positivos para el Ejército”

Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, custodiado por algunos de sus hombres durante los Diálogos de Paz de Ralito. Foto: archivo Semana.Casos como estos hacen parte del expediente sobre desapariciones forzadas cometidas por el Bloque Héroes de Granada que viene documentado la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía. Estos fueron presentados recientemente ante los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín durante el proceso de priorización que se adelanta contra Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.

Del total de noventa casos presentados, nueve de ellos, que representan once víctimas, cumplían el patrón ya descrito: hombres y mujeres retenidos ilegalmente por los paramilitares que luego eran reportados como guerrilleros dados de baja en combate por tropas del Ejército. Entre quienes perdieron la vida en esta macabra alianza no solo figuran consumidores de alucinógenos, expendedores de vicio o raponeros. También aparecen como víctimas personas que se negaron a acatar las reglas que los paramilitares al servicio de ‘Don Berna’ impusieron en los pueblos del Oriente antioqueño.

Pasó en San Carlos, Oriente antioqueño. En la noche del 26 de febrero de 2005, por ejemplo, hombres encapuchados pertenecientes al Bloque ‘Héroes de Granada’ retuvieron a Miyerlay Guzmán cuando transitaba por las calles del barrio Zulia de este municipio. Dos días después, mientras caminaba por el parque de esta localidad y a plena luz del día, los ‘paras’ retuvieron a Pedro Pablo Miranda Restrepo. El 1 de marzo de ese mismo año, tropas del Batallón Especial Energético y Vial No. 4 reportaron enfrentamientos con la IX Cuadrilla de las Farc en el sector conocido como El Alto de La Pradera, municipio de San Rafael, que dejaron como resultado la muerte en combate de dos guerrilleros, un hombre y una mujer, de quienes no se conocía su identidad.

Análisis forenses permitieron establecer, poco después, que se trataba de Miyerlay y Pedro Pablo. Luberney Marín, alias ‘Joyero’, lugarteniente de ‘Don Berna’ en el Oriente antioqueño, narró ante fiscales de la Unidad de Justicia Transicional que ambos fueron retenidos para “un positivo para el Ejército” por cuanto no solo se negaban a pagar la ‘vacuna’ que los ‘paras’ habían impuesto a los profesores en San Carlos sino que públicamente renegaban de las acciones de las Autodefensas.

El Bloque ‘Héroes de Granada’ llegó a tener gran poder de control en municipios como Guarne, La Ceja, San Carlos, San Rafael, San Roque, Rionegro, Marinilla, entre otros. En un buen número de ellos se registró esta macabra práctica. La gran mayoría fueron cometidos entre 2004 y 2005, años en que las Fuerzas Militares desarrollaron grandes operaciones militares para recuperar el control del Oriente antioqueño y la autopista Medellín-Bogotá, asediada por las acciones de las Farc y el Eln.

¿Nexo ‘paras’-Ejército?

Cuando el general (r) Mario Montoya estuvo al frente de la IV Brigada, se dieron los mayores picos de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. Foto: archivo Semana.En un Informe realizado por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEU), que agrupa a un número importante de organizaciones defensoras de derechos humanos, se consigna que entre 2002-2010 fueron reportados 3.512 casos de ejecuciones extrajudiciales en todo el país. El mismo informe señala que por lo menos en 1.209 fueron denunciadas tropas de 21 brigadas del Ejército Nacional, siendo la IV Brigada, con sede en Medellín, la más implicada en casos de ejecuciones extrajudiciales con 302 casos.

De esta guarnición, que tiene jurisdicción en todo el departamento de Antioquia y municipios limítrofes con el Chocó, hacen parte, entre otros, el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 “General Pedro Nel Ospina”; el Batallón de Infantería No. 10 “Coronel Atanasio Girardot”; el Batallón de Infantería  No. 32 “General Pedro Justo Berrío”; el Batallón de Artillería No. 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez” (Bajes); el Batallón de Contraguerrilla No. 4 “Granaderos”; el Batallón Plan Especial Energético y Vial No. 4;  y el Grupo de Caballería Mecanizada No. 4 “Juan del Corral”.

Todos ellos aparecen comprometidos con la comisión de ejecuciones extrajudiciales, siendo el “Bajes” y el “General Pedro Nel Ospina” las guarniciones militares más implicadas con 59 y 23 casos, respectivamente. Durante el periodo analizado por la CCEU estuvieron al frente de la IV Brigada los generales Mario Montoya Uribe (diciembre de 2001 a diciembre 2003), Oscar Enrique González Peña (diciembre de 2003 a Julio de 2005), Luis Roberto Pico Hernández (julio de 2005 a Octubre de 2006, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo (octubre de 2006 a Julio de 2007) y Juan Pablo Rodríguez Barragán (noviembre de 2007 a noviembre de 2009). Varios de estos Altos Mandos terminaron siendo ascendidos a comandantes generales del Ejército, como lo fueron el general (R) Montoya Uribe y el general González Peña. Sobre ninguno de ellos hay investigaciones judiciales por estos casos.

Según Alberto Yépez, integrante de la CCEU, en departamentos como Meta y Córdoba también se han conocido casos de ejecuciones extrajudiciales donde participaron grupos paramilitares reteniendo a las víctimas. A su juicio, “son demasiados casos extendidos por todo el país como para continuar sosteniendo la tesis de que se trató de ‘manzanas podridas’ al interior de las fuerzas militares”.

Más grave aún, sostiene Yépez, es que las decisiones judiciales han ayudado a minimizar la dimensión que tuvo este atroz crimen en el país, pues si bien se han condenado a soldados rasos y suboficiales del Ejército, son realmente pocas las sentencias proferidas contra altos mandos del Ejército por estos hechos. “Súmele que se han archivado muchas investigaciones, otras se quedaron en etapa previa y un buen número de ellas se ha ido para la justicia penal militar”, agrega.

Para Yépez, “la justicia ordinaria debería, por lo menos, avanzar en la parte de investigación y luego remitir a la Jurisdicción Especial para la Paz”. Lo cierto, en todo caso, es que este oscuro capítulo merece un final distinto al de dormir el sueño de los justos en los anaqueles de los despachos judiciales.

The post La participación de los ‘paras’ en las ejecuciones extrajudiciales appeared first on VerdadAbierta.com.

Pedro Juan Morerno, exsecretario de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, durante periodo como gobernador de Antioquia. Foto: archivo Semana.La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de investigar a los funcionarios del Alto Gobierno, tiene hoy en sus manos una compleja responsabilidad: esclarecer las sospechas que vinculan al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la muerte de Pedro Juan Moreno Villa, quien fuera su secretario de Gobierno y su “fiel escudero” durante los años en que rigió los destinos del departamento de Antioquia como gobernador.

La solicitud de investigar al expresidente y actual senador de la República por el partido Centro Democrático fue hecha por la Fiscalía General de la Nación, luego de valorar las declaraciones que entregara el exjefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, el pasado mes de octubre. De acuerdo con el cofundador de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ como se autodenominan la banda criminal de los Úsuga, fue en una reunión llevada a cabo en la finca La 15, en San Pedro de Urabá, donde Vicente Castaño planteó la posibilidad de que la muerte del empresario antioqueño no hubiera sido un accidente.

“Estaba hablando con unas personas que llegaban de Medellín, quienes le manifestaban que Pedro Juan Moreno había muerto en un helicóptero en un accidente. Vicente preguntó que si había sido accidente o era que se lo habían tanqueado con agua, refiriéndose luego al doctor Álvaro Uribe como quien se había quitado de encima el problema que tenía con Pedro Juan Moreno”, declaró ‘Don Mario’ ante funcionarios judiciales.

Pedro Juan Moreno Villa falleció el 24 de febrero de 2006 en un trágico accidente aéreo. El helicóptero en que se transportaba, que había partido del aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín, cayó a tierra en zona selvática del municipio de Mutatá, Urabá antioqueño. En el siniestro también perdió la vida su hijo y otras dos personas más.

Un hombre polémico

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República y actual senador del Centro Democrático. Foto: archivo Semana.Accidente o no, lo cierto es que el nombre de Pedro Juan Moreno Villa siempre fue sinónimo de controversia y profundas sospechas que incluso hoy tienen en apuros a quien fuera su más cercano aliado político: el expresidente Álvaro Uribe Vélez. De ser un ingeniero y empresario exitoso, Moreno Villa decidió incursionar en la política a través del partido Conservador. Fue así como a principios de la década de los ochenta obtuvo una curul en el Concejo de Medellín y luego un escaño en la Asamblea de Antioquia.

En 1994 hizo parte de la campaña de Álvaro Uribe Vélez a la Gobernación de Antioquia, quien una vez electo para el periodo 1995-1997, lo llamó para que ocupara la Secretaría de Gobierno, en la que alcanzó fama de “matón, loco y atravesado”, descripción que, según le confesaba a la prensa, no le molestaba.

Desde ese cargo y en medio de grandes polémicas nacionales e internacionales, impulsó las llamadas de cooperativas de seguridad y vigilancia privada, Convivir, organizaciones que, tal como lo ha probado tanto la justicia ordinaria como la justicia transicional, sirvieron de fachada al paramilitarismo. Su enconado odio contra la izquierda se convirtió  en un ejemplo del pensamiento de derecha en el país.

Hoy, gracias a declaraciones entregadas por postulados a la ley de Justicia y Paz, se sabe que el exfuncionario de la Gobernación fungió como asesor de importantes jefes del paramilitarismo, incluso del propio Carlos Castaño. También que sostuvo asiduas reuniones con miembros de grupos paramilitares en tiempos en los que Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia y él su secretario de Gobierno.

Quien primero salpicó a Moreno Villa fue Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’. Desde una celda en los Estados Unidos, el exjefe paramilitar declaró ante fiscales de Justicia y Paz un día de febrero de 2012 que Moreno hizo parte del “grupo de los seis”, una especie de comisión de notables que asesoraba a Carlos Castaño Gil.

“Yo lo llamaría el ‘consejo superior’: daba orientaciones en la parte política en la lucha contra la guerrilla y al que Carlos consultaba decisiones trascendentales”, señaló en aquella ocasión ‘Don Berna’, añadiendo además que Pedro Juan Moreno era uno de integrantes más influyentes de ese grupo de notables.  Prueba de ello, señaló el exjefe paramilitar, lo constituyó el asesinato del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en Medellín el 27 de febrero de 1998.

“Esta acción fue una petición del doctor (Pedro Juan) Moreno, ya que él (Valle) estaba haciendo una investigación sobre los hechos que ocurrieron en El Aro, Ituango”, declaró Murillo Bejarano en aquella ocasión. Y es que, como se recordará, el entonces secretario de Gobierno hizo públicas sus molestias por las denuncias que venía formulando Valle Jaramillo sobre la connivencia de sectores del Ejército adscritos a la IV Brigada con grupos paramilitares en el norte del departamento, concretamente en el municipio de Ituango, su tierra natal, donde aún estaba viva la tragedia causada por las masacres cometidas en las veredas El Aro y La Granja.

Los consejeros de los paras según ‘Don Berna’

Pero los señalamientos no pararon ahí. En abril de 2013, el exjefe paramilitar Ever Veloza, alias ‘H.H’, narró desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos y ante fiscales de Justicia y Paz los pormenores de una reunión celebrada en Medellín, a mediados del año 1996, en la que estuvo presente y a la que asistieron además José Jacinto Soto Toro, alias ‘Lucas’, responsable de las finanzas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu); y Pedro Juan Moreno Villa, por ese entonces secretario de Gobierno de Antioquia.

La reunión de Pedro Juan Moreno y alias ‘HH’ en Medellín

El motivo del encuentro: concretar la creación de un grupo paramilitar en el nordeste de Antioquia para que expulsara a la guerrilla del Eln. “En ese momento se estaban montando los grupos paramilitares en Antioquia. ‘Lucas’ estaba organizando la entrada de la gente para Cristales, San José del Nus, San Roque y Santo Domingo. Por esa razón, le pidió una cita a Pedro Juan Moreno para que le ayudara a concretar una reunión con los hermanos Alberto y Guillermo Villegas. Ellos eran muy cercanos a (Álvaro) Uribe, tenían fincas para esos lados, incluso uno de ellos tenía una estación de gasolina en San José del Nus. (Pedro Juan) Moreno dijo que sí, que iba a hablar con ellos”, declaró ‘HH’ en ese momento.

Los señalamientos de ser el puente entre los ‘paras’ y Uribe

Salvatore Mancuso, exjefe de los bloques Córdoba, Norte y Catatumbo de las Auc. Foto: archivo Semana.Otro que reconoció la cercanía de Pedro Juan Moreno con el paramilitarismo fue Salvatore Mancuso. “Con el señor Juan Moreno hemos tenido relación desde aproximadamente el año 1995.   Fueron múltiples las reuniones que se dieron con el doctor Pedro Juan Moreno y mis comandantes máximos, Carlos Castaño y Vicente Castaño. Él para ese momento era secretario de gobierno de Antioquia”, reconoció el exjefe paramilitar ante fiscales de Justicia y Paz en septiembre de 2012.

En su declaración, Mancuso advierte sobre las visitas que hizo Moreno Villa a los máximos comandantes paramilitares justo en momentos en que Álvaro Uribe Vélez iniciaba su carrera por la presidencia de la República, en el año 2001: “Un día vino Pedro Juan diciendo que el doctor Uribe estaba aspirando a la Presidencia. Vino a decirnos que nuestras acciones lo estaban perjudicando en la medida en que a él (Uribe) se le veía como alguien muy cercano auspiciador de los grupos de Autodefensas, que qué posibilidad teníamos nosotros como comandantes de hablar con los diferentes estamentos de Autodefensas para poder disminuir esa tipo de acciones”.

Según Mancuso, la desconfianza que despertaba entre los máximos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) la figura de Horacio Serpa, candidato liberal a la presidencia para el periodo 2002-2006, llevaron a los miembros de las Auc a apoyar la candidatura de Álvaro Uribe, con quien, además, había cercanías ideológicas.

De acuerdo con la versión entregada por este exjefe paramilitar, a través de Pedro Juan Moreno, primero; y luego a través de Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella los comandantes de las Auc enviaron razón al entonces candidato de la “Mano firme y el corazón grande” sobre sus intenciones de acogerse a un proceso de paz si resultaba electo.

“Yo le dije a Miguel Alfonso y a Eleonora: ‘yo necesito tener una interlocución mucho más directa con el tema, vayan díganle al doctor Álvaro Uribe que nosotros queremos un proceso de paz, un proceso de negociación político que se incluya a todos los actores que no excluya a nadie para que no legitime la acción armada como expresión política, y díganle que ustedes son los representantes míos y que nosotros lo vamos apoyar dentro del proceso y las elecciones”, declaró Mancuso en aquella oportunidad.

Como se ve, para los integrantes de la Comisión de Acusaciones de la Cámara avanzar en la investigación solicitada por la Fiscalía será todo un reto por varias razones. La primera consiste en  establecer la veracidad de las declaraciones de ‘Don Mario’ si se tiene en cuenta que la suerte de Vicente Castaño, el hombre señalado de tener información sobre la muerte de Moreno Villa, continúa siendo un misterio. A ello se suman las dificultades que encierra realizar labores de peritazgo y verificación de un accidente aéreo que ocurrió diez años atrás.

Y pese a que existen probadas evidencias sobre la cercanía de Pedro Juan Moreno Villa con el paramilitarismo, el reto de los investigadores consiste en establecer si Álvaro Uribe Vélez, amigo personal, aliado político y quien fuera su jefe durante los años en que fue gobernador de Antioquia, sabía de estas relaciones.

The post El cuestionado político que hoy tiene en apuros al expresidente Uribe appeared first on VerdadAbierta.com.

Los riesgos electorales por violencia en la región del Magdalena Medio no sólo están asociados a los grupos armados ilegales, sino a otros factores como la violencia política que ha imperado en la región y la financiación de campañas. Foto archivo Semana. Foto: archivo Semana.

Silencio. Eso es lo que impera en el Magdalena Medio cuando se trata de indagar sobre los riesgos frente a las elecciones territoriales del próximo domingo 25 de octubre. Esta es una región de 35 municipios entre los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar y Santander, bañados por el río Magdalena, que durante tres décadas han soportado la violencia de las guerrillas, de las autodefensas, de los paramilitares y de forma más reciente, de las bandas criminales.

En un informe presentado en agosto de este año a las autoridades y que fue difundido por los medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo aclaró que aunque con las negociaciones de paz en La Habana (Cuba) el conflicto ha mermado, las bandas criminales siguen siendo una amenaza. En esto coincide la Misión de Observación Electoral (MOE), quien concluye “que el conflicto disminuye pero no la violencia” tras analizar cinco variables como factores de riesgo: la violencia política, la presencia de grupos armados ilegales, las acciones de estos grupos, el desplazamiento y la violación a la libertad de prensa.

Lea página 37 Mapas de Riesgo Electoral de la MOE

Aunque la MOE señala que los niveles de violencia descendieron respecto a 2011, se incrementaron en relación con 2014, año de las elecciones nacionales. “Si la violencia aumenta en el periodo de 2014 a 2015, en pleno descenso de la intensidad del conflicto, hay fuertes razones para pensar que esto tiene que ver con otro tipo de acciones violentas ejercidas con motivo de las elecciones”, dice este organismo de la sociedad civil, refiriéndose también a la financiación de las campañas, el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico de armas.

Para el caso del Magdalena Medio, la Defensoría encontró que de los 35 municipios que componen esta región, 14 de ellos, es decir el 40 por ciento, tienen un riesgo medio por razones de violencia. Aunque el organismo del Ministerio Público aclara que no existen evidencias de que los grupos armados ilegales tengan la capacidad para afectar el desarrollo de las elecciones de este domingo, sí representan una amenaza indirecta pues “utilizan el territorio como escenario de disputa, corredor de movilidad o zona de refugio”.

Desde la desmovilización del Bloque Central Bolívar de las Auc en 2006, que tuvo incidencia en esta región, aparecieron las bandas criminales ‘Águilas Negras’, ‘Urabeños’, ‘Paisas’, ‘Botalones’ y ‘Rastrojos’, siendo estos últimos los que tienen mayor presencia en la zona. Sus hombres se financian con el ‘negocio’ de la cocaína que persiste todavía en el sur de Bolívar y que tiene rutas por el noroccidente de Santander y el sur del Cesar con salida hacia Venezuela, según los informes de riesgo y alertas tempranas emitidas por la Defensoría durante los últimos diez años.

Informe Magdalena Medio: ¿Cómo vamos?, de septiembre de 2015, del Observatorio de Paz Integral, de la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio

Coincidencialmente, en esos municipios la MOE advirtió que había riesgo de “trashumancia electoral” en varios de los municipios del Magadalena Medio, situación que fue confirmada por el Consejo Nacional Electoral cuando en septiembre decidió anular por lo menos 44 mil cédulas de personas que aparecen avaladas para votar en un sitio muy distinto al lugar en el que viven.

En el Magdalena Medio hay un panorama nebuloso, cuyo riesgo no sólo está relacionado con la presencia de bandas criminales que aparentemente no afectarían ni incidirían en los comicios, sino con los antecedentes que dejan algunas Alcaldías, cuyos representantes han sido cuestionados o están investigados. El interrogante que queda abierto, en voz de varias personas que conocen la zona y que prefieren guardar su identidad por razones de seguridad, es si habrá una renovación política que permita aterrizar los puntos negociados en La Habana, de prosperar el proceso de paz.

The post Los riesgos en el Magdalena Medio para este domingo appeared first on VerdadAbierta.com.

En versiones rendidas ante la Corte Suprema de Justicia en lo corrido de 2012, el segundo jefe político de las Autodefensas en el Atlántico, Mario Marenco Egea, conocido con el alias de ‘El Gordo’, aseguró que Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ y sus hombres de confianza, a pesar de estar en plena desmovilización paramilitar, idearon un plan para seguir teniendo cómplices en la clase política de la Costa Caribe en vista que se avecinaban las elecciones al Congreso de 2006. Entre ellos también aparece salpicado el nombre del ex senador Maloof.

 “Tras una pertinente e importante actividad de verificación, no se hallaron pruebas concretas de la participación de Jorge de Jesús Castro Pacheco, José Rosario Gamarra Sierra, Luis Eduardo Vives Lacouture, Salomón de Jesús Saade Abdala, Jorge Luis Caballero Caballero, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Mauricio Pimiento Barrera y Alfonso Antonio Campo Escobar en crímenes de lesa humanidad o delitos contra la vida y la dignidad humana atribuidos al Bloque Norte de las AUC”, se lee en el reciente comunicado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de justicia, fechado el pasado 30 de septiembre.

La decisión revierte la sentencia que esta misma había proferido hace cinco años, en la cual señalaba que los políticos que habían estado vinculados con grupos paramilitares debían responder por las conductas que estos tuvieron en el desarrollo del conflicto armado, entre ellas las masacres y las tomas a pueblos. Con lo cual el delito de lesa humanidad también les aplicaba por pertenecer a la misma estructura ilegal.

Sin embargo, ahora el ente señaló que en lo que respecta a estos ocho políticos no se había encontrado prueba alguna que los relacione directamente con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo paramilitar, el cual al mando de ‘Jorge 40’ delinquió en la Costa Caribe y es sindicado de haber cometido más de 300 masacres entre 1997 y 2006, de haber desplazado a 700 mil personas y de haber planeado tomarse el poder político y las contrataciones públicas a través de los pactos de Pivijay y de Chivolo.

Varios de los políticos mencionados hicieron parte de lo que se denominó el ‘Plan Caribe’, una estrategia política de ‘Jorge 40’ que consistió en que Guillermo Hoenisgberg, alcalde de Barranquilla para el periodo del 2004, apoyara a candidatos al Congreso que contaban con el respaldo de los paramilitares, entre los que  se encontraban Álvaro Araujo, Mauricio Pimiento y Dieb Maloof, entre otros.

El plan caribe de ‘Jorge 40’

Aun así, argumenta la providencia que a noviembre de 2013, según la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, no se contaba con información acerca de imputaciones contra ex parlamentarios en relación con ese tipo de delito, información que un mes más tarde sería ratificada por la Unidad de Derechos Humanos. Sumado a ello, la Corte concluyó que no se puede juzgar a los políticos como si fuesen parte de la estructura militar del grupo al margen de la Ley.

La polémica

El Juzgado Único Especializado de Santa Marta lo encontró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, constreñimiento al elector yfraude electoral. Como el senador renunció a su fuero parlamentario y se acogió a sentencia anticipada, se le redujo la tercera parte de la pena. Foto: archivo Semana

La discusión se desata al ser solo algunos de los parapolíticos investigados los beneficiados. Según fuentes consultadas por VerdadAbierta.com la decisión tiene que ver con la actual composición de la Corte, que en su mayoría es de la región norte del país, con lo cual, a juicio de las fuentes, favorece a los ya mencionados políticos.

A ello se suma, que en varias ocasiones los magistrados han tumbado, en segunda instancia, tutelas a favor de la víctimas, la más reciente, la interpuesta contra el ex senador del partido liberal, Dieb Nicolás Maloof Cuse.

Maloof, quien fue el primer senador condenado por parapolítica, es investigado por el asesinato de Nelson Mejía Sarmiento en 2004, entonces alcalde del municipio de Santo Tomás, Atlántico. Proceso que según la Corte Suprema de Justicia sigue en investigación pero que, a juicio de los abogados de las víctimas, puede ser levantado al considerársele como un crimen orquestado por las Auc.

Ahora bien, ¿es posible que los demás condenados por parapolítica invoquen al principio de igualdad para buscar las mismas condiciones jurídicas de estos ocho? Según Ricardo Cifuentes, abogado del ex congresista Miguel Pinedo (también condenado por parapolítica), sí habría posibilidad de recurrir a esa figura. Esto significaría que 60 ex parlamentarios podrían obtener algún beneficio. Sin embargo, la Corte ha dejado claro que las investigaciones continúan y que si se llega a comprobar la participación de los ex senadores, la decisión se puede reversar.

De la curul a la cárcel

Además, sólo lo podrían hacer quienes no hayan sido condenados, es decir, casos como el del ex senador Álvaro García, condenado por ser responsable de la masacre de Macayepo, seguirán su transcurso normal en la justicia

Cifuentes también señaló que hay mucha gente juzgada que no tiene nada que ver con el proceso de la parapolítica  y que “si el hecho de haber hablado con un ‘para’ o algún actor ilegal da cárcel, pues entonces muchos tendríamos que estar presos. Se usaron una cantidad de falsos testigos para aportar pruebas y con ello llevar a los políticos a la cárcel, con lo cual se marcó un proceso doloroso para la historia de la patria que en buena hora la Corte corrigió”.  

Para Ariel Ávila, investigador la Fundación Paz y Reconciliación, la decisión de la Corte es un retroceso en materia de justicia y un mal mensaje para la mesa de diálogos de La Habana. “Lo que se está haciendo es abrirle una vez más las puertas a la impunidad  para que no se toque a los investigados, quienes han orquestado parte de las acciones militares del Bloque Norte” aseguró.

De igual manera, para el abogado defensor de víctimas José Humberto Torres, la decisión de la Corte atenta contra la gente, “no se están brindando las garantías de no repetición, las relaciones entre políticos y criminales no pueden ser evaluadas como casuales”.

Ambos coincidieron en señalar que de llegar a darse algún caso de impunidad referente al fenómeno de la parapolítica, estos debían ser investigados en la Jurisdicción Especial para la Paz, recientemente creada en el acuerdo de justicia entre las Farc y el Gobierno. “Yo espero que la JEP no deje pasar por alto, en materia de justicia, lo que la Corte ha hecho retroceder” señaló Ávila.

Por ahora, la decisión de la Corte está tomada y solamente puede cambiar en la medida en que la investigación arroje elementos contundentes que demuestren la participación directa de los políticos mencionados con los crímenes cometidos por los ‘paras’.

Las víctimas y sus abogados, por su parte, preparan un documento que expondrán a organismos de derechos humanos a nivel internacional donde pedirán que no se pase por alto la relación que hubo entre los grupos al margen de la Ley con los políticos para cometer crímenes, desplazamientos y asesinatos selectivos.

The post ¿Tienen que responder los parapolíticos por los crímenes de los ‘paras’? appeared first on VerdadAbierta.com.

Dieb Maloof, el primer congresista en ser condenado por parapolítica. Foto: archivo Semana.

El exsenador Dieb Maloof Cusse fue capturado este miércoles en la clínica La Misericordia, al norte de Barranquilla, por haber sido, al parecer, el determinador del homicidio del alcalde del municipio de Santo Tomás, Atlántico, Nelson Mejía Sarmiento, el 29 de abril de 2004.

El crimen fue cometido por Juan Carlos Rodríguez, alias ‘El Gato’, sicario del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas, quien purga una condena por el asesinato del sociólogo Alfredo Correa De Andréis.  

A mediados de 2013 ‘El Gato’ le contó a la Fiscalía que él asesinó a Mejía con dos tiros, en un restaurante de Barranquilla, y que su muerte fue ordenada porque dicho alcalde “no se plegó a las políticas de las AUC”,  según dijo el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Misael Rodríguez.

Maloof sufrió un infarto durante su captura y tuvo que ser hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de La Misericordia, donde se desempeña como director científico. La Fiscalía trabaja en la hipótesis de que el crimen de Mejía se produjo porque este se negó a entregar la contratación de salud del municipio al frente José Pablo Díaz, comandado por Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’. (Ver: ‘Don Antonio’ y el crimen del alcalde de Santo Tomás)

El mandatario había sido alcalde de Santo Tomás en 1995, y luego fue elegido nuevamente en 2003, paradójicamente, con el aval de Colombia Viva, el partido político creado por Maloof, y que terminó fuertemente cuestionado por sus vínculos con la para-política.  

De hecho el excongresista, quien es un reconocido médico, fue uno de los primeros senadores investigados por la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, él renuncio a su investidura y su caso pasó a la justicia ordinaria. El 16 de enero de 2008, el Juzgado único de Santa Marta lo condenó a 58 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, constreñimiento al elector y fraude electoral, convirtiéndose así en el primer congresista condenado en el sonado caso de los vínculos de la clase política con los paramilitares. (Vea su caso de la parapolítica)

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía anunció también que hay otras personas vinculadas a la investigación, que está en etapa de instrucción; y que Maloof está siendo valorado por Medicina Legal para luego ser recluido en una prisión en la capital del Atlántico.  

En 2011 el abogado José Humberto Torres, quien ha sido defensor de varias víctimas del Bloque Norte de las AUC, pidió que se excluyera de Justicia y Paz a ‘Don Antonio’ justamente porque a su juicio estaban mintiendo cuando dijo que el homicidio de Mejía había sido un error.  Según dijo Torres, en esa ocasión, existen pruebas y testimonios de que el asesinato fue una decisión premeditada de los paramilitares y que Maloof estaría involucrado en ella.

The post El crimen por el que capturan al excongresista Dieb Maloof appeared first on VerdadAbierta.com.

Foto: archivo Semana.Una de estas licencias entregada en octubre de 1980 fue para Gustavo Rey Soto, a quien las autoridades le allanaron varias propiedades en 1996 durante un operativo contra personas vinculadas al narcotráfico.

Otra licencia en diciembre de 1981 fue para Héctor Mario Cifuentes Villa también investigado por narcotráfico. Según Cepeda, los Cifuentes Villa tienen en el pasado una relación familiar con Uribe. Héctor Mario Cifuentes es hermano de Dolly Cifuentes, quien fue pareja de Jaime Alberto Uribe, hermano del expresidente y senador. Mientras Héctor Mario se encuentra en la actualidad prófugo, Dolly fue extraditada y condenada en Estados Unidos por narcotráfico.

Otras seis licencias fueron otorgadas a los hermanos Óscar Humberto’, Miller y Armando Sierra Pastrana, investigados por haber sido pilotos de capos del cartel de Medellín y del Cartel de Cali.

En 1982 otra de las licencias fue concedida a Álvaro Suárez Granados alias ‘Coco’ y quien fue piloto de Pablo Escobar y luego de los hermanos Rodríguez Orejuela en la ‘exportación’ de cocaína hacia México. Una licencia más fue entregada a Ricardo Ávila Armenta, señalado de haber sido promotor, junto a su hermano Eduardo, de la bonanza marimbera en la Costa Atlántica.

El dato que más llamó la atención fue el otorgamiento de una licencia a su padre Alberto Uribe Sierra para la operación de un helicóptero Huges 500. Cepeda advirtió que este helicóptero fue encontrado durante las operaciones que hicieron las autoridades en 1984 a ‘Tranquilandia’, un complejo para el procesamiento de cocaína en la zona selvática entre el Caquetá y Meta del Cartel de Medellín.  Aunque Uribe ha señalado que para le época el helicóptero ya no era de su padre sino había sido transferido a una empresa que tomaba fotos áreas, el senador Cepeda aseguró que no hay un papel oficial que pongan en esa evidencia dicha transferencia.

Otro de los cuestionamientos surgió tras su nombramiento en agosto de 1982 como Alcalde de Medellín, cargo que ocupó hasta diciembre de ese año. De acuerdo con la investigación adelantada por Cepeda, Uribe Vélez fue retirado del puesto por el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, quien le tenía desconfianza al joven mandatario local por su cercanía y la de su familia a Pablo Escobar y el clan Ochoa, quienes integraban el Cartel de Medellín.

El detonante para sacarlo de la Alcaldía fue la asistencia del joven alcalde a varias corridas promovidas en Medellín por los Ochoa. Para soportar su argumento, Cepeda mostró la copia de un folleto que circuló en 1983 con el título de ‘Corrida en beneficencia de Medellín sin Tugurios’.

Según explicó, en esa corrida participaron como rejoneadores Alberto Sierra y Fabio Ocha en beneficencia de un programa impulsado por varios particulares, entre ellos Pablo Escobar. La corrida fue patrocinada por Bicicletas Ositto, de propiedad de alias ‘El Osito’, hermano del capo del Cartel de Medellín.

Sobre la presunta relación de los Ochoa con los Uribe, Cepeda mostró dos declaraciones registradas por las autoridades y la prensa. En 1992, Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’ le aseguró a la Fiscalía que Uribe Vélez y Bernardo Guerra Serna hacía parte de las cuotas políticas que apoyaban al Cartel de Medellín.

Una vez renunció a la Alcaldía de Medellín, según Cepeda, en marzo de 1983 Uribe fue nombrado miembro de la junta directiva de Comnfirmesa, empresa de Luis Carlos Molina Yepes, encargado de las ‘finanzas’ del Cartel de Medellín y condenado por el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano.

Ya como senador, para el periodo 1986-1994, el debate contra Uribe giró en torno a la supuesta defensa que hizo de la no extradición de colombianos a otros países para que respondieran por delitos asociados al tráfico de drogas.

El año 1989 fue de los más violentos del país con la masacre de La Rochela, donde fueron asesinados varios funcionarios judiciales que investigaban el paramilitarismo, el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, la bomba a las instalaciones del DAS en Bogotá y la explosión de un avión de Avianca en pleno vuelo.

Ese año el gobierno propuso la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos, una decisión que debía ser aprobada por el Congreso.  En la Cámara de Representantes, Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe, fue el ponente de un proyecto que convocaba un referéndum en contra de la extradición. En Cámara fue aprobado y el 14 de diciembre de 1989 fue llevado a discusión del Senado. Aunque la Cámara Alta no avaló la propuesta, Álvaro Uribe defendió la defendió enconadamente.

Según datos recopilados por Cepeda, en abril de 1990 una fuente le aseguró al FBI que el Cartel de Medellín financió varias de las candidaturas de las elecciones a Congreso en marzo de ese año. La fuente sostuvo a las autoridades estadounidenses que se trató de políticos que “ganaron asientos en el Senado” y que “representan al Partido Liberal”. Para entonces, los dos senadores electos por Antioquia por ese partido fueron Álvaro Uribe y Bernardo Guerra Serna, mencionados posteriormente por alias ‘Don Berna’ en su declaración de 1992 a la Fiscalía. (Ver: La narcopolítica de Pablo Escobar, según el FBI)

El senador Cepeda también se refirió a las actuaciones de Uribe como Gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, particularmente en lo relacionado con las asociaciones de vigilancia y seguridad privada, conocidas en su momento como Convivir.

En su exposición, el Senador por el Polo Democrático señaló que Uribe, durante su período como mandatario regional, le dio vía a libre a esas cooperativas de seguridad privada, lo que coincidió con el período de consolidación del paramilitarismo en el departamento y el aumento de las masacres en más de un 300 por ciento.

Tal como ya se había advertido en el 2007, cuando el entonces el senador Gustavo Petro aseveró que varias Convivir mutaron al paramilitarismo cuando les otorgaron licencia a varios de sus jefes, Cepeda retomó la denuncia y ejemplificó el tema con dos casos: el de Jaime Alonso Castrillón Echeverría, representante de la Convivir Tagua del Darién y quien luego trasegó con el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y el de de Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, quien fue revisor fiscal de la Convivir Deyavanc, que operó en Yarumal, Antioquia, y luego se convirtió en un poderoso comandante del Frente Sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar.

Cepeda hizo referencia a un pronunciamiento que hizo el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín el 4 de septiembre de 2013 que advirtió que hubo una relación entre la aparición de la Convivir en 1995 y la expansión del paramilitarismo. También citó la declaración de Hébert Veloza, alias ‘HH’, quien en una versión libre el 28 de abril de 2011 ante la Fiscalía aseguró que las Convivir fue “una fachada del paramilitarismo”. (Ver: Convivir eran fachada del paramilitarismo en Urabá)

En el debate, el senador Cepeda aseguró que Uribe no frenó el fenómeno del paramilitarismo en Antioquia y que no protegió a líderes de derechos humanos como Jesús María Valle, asesinado en febrero de 1998 después de advertir la participación de paramilitares y el ejército en las masacres de La Granja (junio de 1996) y El Aro (octubre de 1997). Indicó, además, que tampoco actuó para evitar esta última masacre, pese a que la comunidad había solicitado protección.

Por el contrario, aseguró que existen testimonios como el de ‘HH’ que apuntan a una “relación directa” que tuvo Uribe con los paramilitares. En julio de 2012, alias ‘HH’ le dijo a la Fiscalía que Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, contador de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), concertaba a través de beeper reuniones con la Gobernación. (Ver: La reunión de Pedro Juan Moreno y alias ‘HH’ en Medellín)

El contacto entre unos y otros fue Luis Alberto Villegas Uribe, un comerciante cercano a Uribe quien recibió la personería jurídica de la Convivir El Cóndor, en San Roque, y murió asesinado en 2004. Al respecto, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, dijo en versión libre ante fiscales de Justicia y Paz en agosto de 2011, alias ‘Don Berna’ aseguró que Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno, siguió siendo un lazo con los paramilitares, incluso después de dejar su cargo en la Gobernación en diciembre de 1997.

En los escenarios de Justicia y Paz, por lo menos tres paramilitares han señalado a Álvaro Uribe de tener nexos con las Auc cuando fue Gobernador de Antioquia. El Espectador reveló que Francisco Villalba, alias ‘Cristian Barreto’, ex paramilitar del Bloque Norte, había denunciado que su vida corría peligro después de contarles a las autoridades que Uribe era responsable de la masacre del Aro. Villalba aseguró que había escuchado una conversación entre Salvatore Mancuso y el Gobernador donde ordenaban “borrar el pueblo”. El paramilitar fue asesinado en abril de 2009.

En 2011, Iván Cepeda presentó a la opinión pública los testimonios de otros dos exparamilitares. El 19 de septiembre de ese año entrevistó a Pablo Hernán SierraGarcía, alias ‘Alberto Guerrero’, exjefe del Frente Cacique Pipintá, un grupo que no se desmovilizó, y quien aseguró que Uribe, siendo Gobernador, promovió a los paramilitares en el municipio de San Roque, nordeste de Antioquia, y aseveró que tuvieron como sede la finca Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez.

En esta versión coincidió el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, entrevistado por Cepeda el 21 de septiembre de 2011, quien aseguró que Uribe ordenó una masacre en San Roque en julio de 1996 para frenar el robo de ganado que venía haciendo el Eln. Monsalve aseguró haber sido uno de los trabajadores de la Guacharacas, donde según Monsalve nació el grupo paramilitar que luego se conoció como Bloque Metro (Lea: Los ‘paras’ que han salpicado a Álvaro Uribe).

Haga clic en la imagen para conocer más sobre el debate

The post La lupa a varios cargos públicos appeared first on VerdadAbierta.com.

Foto: archivo Semana.La cronología que construyó el senador Iván Cepeda para dar cuenta de las presuntas relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo del senador Álvaro Uribe Vélez lo llevó a revisar los dos periodos presidenciales (2002-2006 y 2006-2010), donde al parecer continuó las relaciones con sectores cuestionados.

Cepeda inició su intervención en este apartado exponiendo fragmentos de una noticia difundida por el diario El Meridiano de Córdoba del 18 de mayo de 1997 que destacó una manifestación en Medellín en la que el jefe del Clan Ochoa, el caballista Fabio Ochoa lanzó la campaña a la Presidencia de la República a Álvaro Uribe Vélez.

Esa anécdota le sirvió al senador del Polo para proyectar las líneas de ilegalidad que supuestamente cruzó Uribe durante su primer mandato, alcanzado tras una contundente victoria en mayo de 2002, y la campaña que lo llevó a ser reelegido en mayo de 2006.

Cepeda expuso afirmaciones de varios exjefes paramilitares en las que coinciden en un aspecto concreto: la extradición de los principales comandantes de las AUC a Estados Unidos en mayo de 2008 fue una estrategia para silenciarlos. En ello han coincidido Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, Hebért Veloza García, alias ‘HH’, y Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. (Lea:“Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”)

El Senador por el Polo luego abordó el caso de la Corte Suprema de Justicia y las intenciones de personas cercanas al presidente Uribe de deslegitimar su trabajo, en momentos en que profundizaba en sus investigaciones contra congresistas que al parecer tenían nexos con las Auc. Para ello recurrió, paradójicamente, a exparamilitares detenidos y a sus abogados, entre ellos a alias ‘Don Berna’.

Según citó Cepeda, este exjefe paramilitar, en versión de febrero de 2012 ante fiscales de Justicia y Paz, “señaló que recibió visita de abogado Sergio González de parte de Mario Uribe, para que apoyara complot contra la Corte e Iván Velásquez, que por ello se negoció su traslado de Cómbita a la Picota, para que él pudiera grabar a Rafael García y que buscaron grabar a Iván Velásquez en la oficina de su abogado. Agregó, que la entonces subdirectora de operaciones de Inteligencia Martha Leal les entregaba los elementos para grabar a Rafael García (esto fue aceptado por Martha Leal en las investigaciones contra ella por el tema de ‘las chuzadas’)”.
 
El abogado González, quien era cercano al entonces senador Mario Uribe y a Santiago, hermano del presidente, fue condenado por esos hechos, en segunda instancia, a 5 años y 8 meses de prisión “bajo el cargo de haber determinado a una tercera persona para que ésta atribuyera de manera falaz a dos Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia la realización de una conducta constitutiva del ilícito de soborno”.

Alias ‘Don Berna’, declaró en febrero de 2012 que María del Pilar Hurtado, la entonces directora del DAS, “sabía todo lo que estaba pasando”, haciendo referencia a que la ex funcionaria fue pieza clave en las chuzadas a la Corte y en el plan para desprestigiar al magistrado Iván Velásquez. Dicho plan incluía una carta escrita por el exparamilitar José Orlando Moncada, alias ‘Tasmania’, en la que declaraba que Velásquez había intentado comprarlo para que declarara en contra del ex presidente Uribe. (Lea: Lo que confirma ‘Don Berna’)

El magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, aseveró que Uribe Vélez estaba “detrás de los directores del DAS investigados por sus vínculos con los paramilitares y otros crímenes”, haciendo alusión a los casos de Jorge Noguera, condenado en septiembre de 2011 por sus nexos con el Bloque Norte de las Auc, y de María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá y comprometida con las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas a opositores del gobierno, magistrados, periodistas, entre otros. (Lea: Sala de Justicia y Paz pedirá Investigar al ex presidente Uribe por paramilitarismo)

¿Lo escoltaron?
Uno de los casos relacionados por Cepeda sobre supuestos servicios de escolta prestados a Uribe siendo Presidente fue la versión que entregó el 9 de diciembre de 2011 el exparamilitar Néstor Abad Giraldo Arias, alias ‘El Indio’, a fiscales de Justicia y Paz, durante una audiencia de versión libre. En esa ocasión, dijo que en 2003 prestó seguridad al presidente Uribe como parte de la comitiva que lo escoltó entre los municipios de Barbosa y Amalfi, población en la que el mandatario se habría reunido con varios jefes paramilitares, entre ellos, Carlos Castaño.

Otro hecho que mostró el congresista, aparece en la versión que dio el ex comandante paramilitar Fernando Mateus, alias ‘Paquita’ en la audiencia ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá en julio de 2014, sobre los operativos que hizo el Bloque Central Bolívar junto con la escolta del presidente en el Caquetá.

Alias ‘Paquita’, ex jefe de finanzas del Frente Héroes de los Andaquíes, una facción del Bcb, le contó al Tribunal Superior de Bogotá que tuvo relación con uno de los integrantes del grupo de seguridad del entonces presidente Uribe y que juntos empezaron a coordinar, en 2003, el plan de rescate de los tres contratistas norteamericanos que resultó fallido. Los tres estadounidenses fueron liberados durante la operación Jaque, en julio de 2008.

Mateus dijo que el integrante del grupo de escoltas del ex presidente era un hombre identificado como ‘Camilo’, con quien se contactó a través de su hermano, el militar retirado Juan Carlos Rodríguez, alias ‘Zeus’.

El ex paramilitar explicó que el plan para rescatar a los tres contratistas norteamericanos se da luego de la visita del ex presidente a Caquetá: “Ahí es donde ya entra este señor Camilo, para un posterior ingreso al departamento, donde traía un plan del comando del Ejército, para trabajar en conjunto y rescatar a los tres contratistas norteamericanos, eso se da a inicios de marzo de 2003”. (Lea:“Hubo identidad política con Álvaro Uribe Vélez”: alias ‘Ernesto Báez’)

De otro lado, el caso del general (r) de la Policía, Mauricio Santoyo, uno de los jefes de seguridad del senador Uribe durante su mandato presidencial, también fue expuesto por el congresista Cepeda para ilustrar lo que a su juicio son las líneas de continuidad con la ilegalidad del Uribe.

Uno de los paramilitares que ha hablado de Santoyo es Salvatore Mancuso. El ex jefe paramilitar dijo en agosto de 2012 que para 1999, las autodefensas le entregaban a este exgeneral de la Policía números de celular de presuntos guerrilleros para que interceptara sus llamadas de manera ilegal y se hicieran seguimientos, varios de los cuales terminaron en desapariciones forzadas.

Según Mancuso, Santoyo, entonces comandante del Gaula de Medellín, también compartió información de inteligencia con varios jefes de las Auc, entre ellos Carlos Castaño: “Hicimos un trabajo de interceptaciones como las de Ronald Ruíz y las de alias ‘Byron’, pero son solo dos ejemplos porque con Santoyo se trabajó en muchos casos más”.

Haga clic en la imagen para conocer más sobre el debate

The post Señalamientos salpicaron a Uribe Presidente appeared first on VerdadAbierta.com.

Desde que se desmovilizaron, varios paramilitares han señalado en diferentes instancias que sus grupos armados apoyaron la elección del expresidente Álvaro Uribe en 2002. Foto: archivo Semana.Para las elecciones presidenciales de 2002, el discurso de “mano dura” que entonó el hasta entonces poco conocido a nivel nacional, Álvaro Uribe Vélez, caló en la mayoría de los colombianos, quienes se encontraban atemorizados por los cruentos crímenes de la guerrilla de las Farc y estaban decepcionados por los largos e improductivos diálogos de paz de San Vicente del Caguán en Caquetá.

Uribe tuvo una meteórica candidatura presidencial. En las primeras encuestas sobre intención de voto, el político antioqueño no llegaba a dos dígitos, pero tras el fin de la zona de distensión, de 42 mil kilómetros cuadrados, que el gobierno de Andrés Pastrana creó en el suroriente del país para negociar con las Farc, y su promesa de campaña de combatir frontalmente a los grupos ilegales, despuntó en la carrera para ser el primer mandatario de los colombianos.

Su rápido ascenso culminó con un histórico récord: se convirtió en el primer candidato en ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta desde que se establecieron las nuevasreglas de juego con la Constitución Política de 1991. Uribe cautivó el voto de 5.862.655 colombianos, que equivalían al 53 por ciento de las personas que acudieron a las urnas a la jornada electoral de junio de 2002.

Durante su mandato, Uribe puso en marcha su Política de Seguridad Democrática con la que les propinó fuertes golpes a las guerrillas y también logró la desmovilización de la mayoría de los grupos paramilitares que estaban agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

En medio del proceso de desmovilización de las Auc bajo los acuerdos con el gobierno nacional, establecidos en Santa Fe de Ralito, Córdoba, en julio de 2003, empezaron a circular rumores sobre sus nexos con parte de la clase dirigente del país. Éstos se constataron cuando los jefes desmovilizados comenzaron a confesar sus crímenes en el proceso de justicia transicional contemplado por la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, lo que permitió las primeras investigaciones académicas y judiciales que llevaron al destape de la llamada ‘parapolítica’.

En medio de esas versiones, se encuentra la del supuesto apoyo que los grupos paramilitares le dieron a la campaña presidencial de Álvaro Uribe en 2002. El hoy senador y expresidente de la República, siempre ha negado cualquier vinculación con grupos ilegales, y en su defensa argumentó que dichos señalamientos son parte de una “venganza criminal” de delincuentes que están dolidos con él porque los terminó extraditando a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico en mayo de 2008.

Sin embargo, a lo largo de los años, paramilitares de diferentes regiones del país han salpicado al exmandatario. Algunos de esos señalamientos hicieron parte de los argumentos que Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, utilizó en el debate sobre Uribe y sus supuestos nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo.

Los cinco indicios de Cepeda
A modo de conclusión, el senador Cepeda, cuyo padre fue asesinado por militares y paramilitares cuando era congresista por la Unión Patriótica, presentó testimonios y documentos sobre supuestas reuniones de jefes paramilitares para apoyar la candidatura de Álvaro Uribe, presuntos aportes económicos, movilizaciones proselitistas, coerción a otros candidatos y distribución de publicidad política y movilización de votantes.

Uno de los testimonios que más utilizó el senador del Polo fue el del extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien en diferentes audiencias del proceso de Justicia y Paz, confesó que supuestamente, Pedro Juan Moreno, exsecretario de gobierno de Antioquia, se reunió con él para pedirle que dejaran de “realizar acciones de objetivo múltiple (masacres) porque eso perjudicaba la campaña de Uribe”.  El exjefe paramilitar aduce que el expresidente sabía de las reuniones de su exsecretario de gobierno con él y los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil.

Durante su intervención, Cepeda expuso cifras recopiladas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, las cuales evidencian una reducción de masacres desde 2001, con las cuales trató de demostrar la supuesta relación entre los paramilitares y la campaña presidencial. Pero también es cierto que esos registros pueden ser producto de la preparación para la desmovilización de los grupos que finalmente negociaron un proceso de paz con Uribe en el poder.

Además, según lo citado por el Senador Cepeda, Moreno le dijo a Mancuso que Uribe tenía la intención de hacer un proceso de paz con todos los actores (grupos armados) si ganaba las elecciones. Por esa razón, según el exjefe de los bloques Córdoba, Norte y Catatumbo de las Auc, los paramilitares hicieron una conferencia nacional para “respaldar a un candidato que fuera afín con el movimiento paramilitar” y “se definió el apoyo a Uribe“.  (Ver: Las Auc apoyaron la campaña de Uribe en el 2002: Mancuso)

El senador Cepeda agregó que Mancuso envió respuesta positiva del apoyo a Uribe con Miguel Alfonso de la Espriella y Eleonora Pineda, quienes obtuvieron curules en el Congreso de la República gracias alas alianzas que hicieron con paramilitares de la Costa Caribe, por las cuales ya fueron condenados por concierto para delinquir.

Sobre actos proselitistas, Cepeda citó apartes de una versión libre de Mancuso rendida el 26 de septiembre de 2012, en la que confesó que “organizó una manifestación política a favor de Uribe, a través de Miguel De La Espriella y Eleonora Pineda, en Tierralta, y que en dicho evento se había convenido un encuentro entre él y Álvaro Uribe Vélez, pero no se dio porque el candidato dijo que ‘si se reunían no iba a ser presidente’”.

El Senador del Polo también se refirió al constreñimiento electoral que hicieron los paramilitares en la Costa Caribe en donde crearon distritos electorales para lograr que la mayor cantidad de sus aliados llegaran al Congreso en 2002.

Según Cepeda, “la semana siguiente a los actos en Tierralta estalló la polémica por la injerencia y las presiones paramilitares sobre las campañas electorales a la Presidencia y el Congreso de la República”. Y para demostrar ese control ilegal, citó a Juan Camilo Restrepo, entonces candidato del Partido Conservador, quien para la época declaró que: “En la gira que he realizado en los 20 departamentos que he visitado, he recibido información de que los grupos paramilitares están obstaculizando la acción política plural y sólo permiten proselitismo electoral a los aspirantes impuestos por esas organizaciones ilegales de extrema derecha”.

Sobre la supuesta financiación y ayuda logística de las Auc a la primera campaña presidencial de Uribe, Cepeda mencionó apartes de declaraciones de exjefes de diferentes bloques paramilitares como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’; Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’; Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, e incluso de la polémica empresaria sucreña de chance Enilse López (‘La Gata’), a quien se le indilgan vínculos con paramilitares. Sobre ‘Ernesto Báez’, exjefe político del Bloque Central Bolívar, citó la siguiente frase: “De los grandes acontecimientos que hemos celebrado en el país es la elección del doctor Uribe Vélez, y todavía, la reelección”.

En reiteradas ocasiones y en diferentes escenarios, el expresidente y hoy senador del Centro Democrático, ha negado con vehemencia todos esos señalamientos y los alude a una “venganza criminal” de quienes sometió a la justicia.

Los ‘paras’ que han salpicado la campaña de Uribe
Una vez los paramilitares entregaron las armas, sus principales jefes fueron postulados al proceso de justicia transicional conocido como Justicia y Paz, en donde deben confesar todos sus delitos y delatar a las personas con las que tuvieron relaciones, para poder recibir una reducción en la pena por sus crímenes. En medio de esa etapa judicial, ante jueces y fiscales de Justicia y Paz, han surgido varios testimonios en contra del expresidente Uribe.

No sólo Salvatore Mancuso ha hablado sobre el supuesto patrocinio de las Auc a la campaña de presidencial de Álvaro Uribe. El 27 de octubre de 2009, desde Estados Unidos, país al que fue extraditado por narcotráfico, Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, le dijo a una fiscal de Justicia y Paz que los hermanos Carlos y Vicente Castaño le ordenaron a todos los bloques y frentes de las Auc que apoyaran la candidatura de Uribe. Y en tono antichavista, agregó: “las Autodefensas pusimos a Uribe, sino tendríamos a un Chávez en Colombia”. (Lea: Yo acuso: ‘Mellizo’ Mejía)

En esa diligencia también dijo que la muerte de su hermano Víctor Manuel y la de Vicente Castaño, estaban relacionadas con los nexos que tenían con la institucionalidad. “(El asesinato de Vicente Castaño) fue prácticamente una orden de la Casa de Nariño porque Castaño sabía demasiadas cosas sobre las relaciones de los ‘paras’ y el gobierno y (la del hermano) porque le pagaba a la ley por todo lado”, confesó.

Otro jefe paramilitar de la Costa Caribe que declaró sobre el supuesto apoyo de las Auc a Uribe fue José Gelves Albarracín, alias ‘El Canoso’, ex jefe político del Frente Resistencia Tayrona. ‘El Canoso’, quien fue subalterno de Hernán Giraldo, confesó que su jefe le ordenó apoyar la campaña de Álvaro Uribe Vélez con 130 millones de pesos. (Lea: Lo que ha dicho ‘el Canoso’ sobre los hermanos Uribe). Además, ‘El Canoso’ también ha hablado de supuestas relaciones de los hijos del expresidente con gente vinculada al paramilitarismo. (Ver: “Antes nos servían whisky ahora nos llaman bandidos”: ‘El Canoso’)

No sólo ante la justicia colombiana han declarado algunos jefes paramilitares sobre el supuesto aopyo que le brindaron al expresidente Uribe para llegar al poder. El 22 de abril de 2009, durante la audiencia condenatoria de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, en un juzgado de Nueva York, su abogada defensora leyó un comunicado del exjefe ‘para’ al respecto. En éste, leyó que ‘Don Berna’ había aportado mucho dinero a la elección del Presidente y había apoyado en el proceso electoral de las Auc, consideradas terroristas por el gobierno de Estados Unidos desde septiembre de 2001. (Ver: ‘Don Berna’ aseguró que financió campaña presidencial de Uribe en 2001)

También en entrevistas ante los medios de comunicación algunos desmovilizados de las Auc han hablado de su supuesto aporte a la campaña de Uribe en 2002. En abril de 2009, en Radio W, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, dijo que “el Bloque Elmer Cárdenas apoyó las campañas de los de los representantes y equipos que llevaron a Uribe a la Presidencia de la República. Tengo pruebas documentales”. Y en emisora La Fm dijo que colaboró indirectamente con “trabajo y apoyando a los cuadros de la campaña en las diferentes regiones del país”.

En entrevista con la revista Semana, ‘El Alemán’ dijo que después del fallido proceso de paz en el Caguán con las Farc, “Uribe salió con un discurso igual al de las autodefensas pero desde la institucionalidad. La sociedad colombiana se vuelca a Uribe, y Uribe recogía el pensamiento de las autodefensas. ¿Y quién en Colombia no era un miembro más de las autodefensas, encubierto o descubierto?”. Al ser cuestionado sobre si Carlos Castaño ordenó apoyar Uribe, respondió: “Digamos que sí. Porque Uribe le dijo a las autodefensas y a todos los grupos armados que estaban las puertas abiertas para entrar en un proceso de negociación”. (Ver: “Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”)

JorgeIván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, exjefe del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las Auc, también le dijo a esa revista que los paramilitares de Norte de Santander hicieron un aporte millonario para la campaña y para la propaganda política del ex presidente Uribe en 2002. “Esos dineros salían de la caja menor. El Frente Fronteras contaba conuna caja menor de 100 millones de pesos que se invirtieron en los gastos de movilidad, refrigerios y camisetas”. Según él, ese apoyo se coordinó con miembros locales de la campaña de Álvaro Uribe, con el ex senador Ricardo Elcure y varios alcaldes y concejales de la región. (Ver: Caja menor de los ‘paras’ financió campaña de Uribe: ‘El Iguano’)

Haga clic en la imagen para conocer más sobre el debate

The post ¿Uribe llegó a la Presidencia con el apoyo de los ‘paras’? appeared first on VerdadAbierta.com.

Foto: archivo Semana.El prolongado debate realizado por Iván Cepeda contra su homologo Álvaro Uribe Vélez polarizó el Congreso de la República y profundizó la brecha que hay entre unos y otros.

En su primera intervención, antes de que Cepeda iniciara su exposición, Uribe lanzó graves señalamientos contra diversos sectores polìticos, medios de comunicación y la Presidencia de la República.

“Le anuncio que me retiro transitoriamente para dirigirme a la Corte Suprema de Justicia a radicar pruebas probatorias de la mayor importancia en relación con este nuevo evento difamatorio promovido por el grupo terrorista las Farc, sus aliados de siempre, los paramilitares, sus nuevos secuaces, sus antiguas víctimas, publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo, ordenado por el Presidente de la República. Este evento difamatorio hace parte de la cadena de intervenciones del senador citante en medios de comunicación, la plenaria y en comisiones. Regresaré señor presidente”, dijo Uribe.

A su regreso, y después de concluida la intervención de Cepeda, el senador y expresidente tomó la palabra y durante un poco más de una hora aclaró varios de los cuestionamientos, a los que calificó de “infames”, y calificó el debate como “un linchamiento moral”.

Una de sus estrategias de defensa fue atacar constantemente al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y a varios de sus colaboradores, entre ellos al vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y aseveró que Santos fue elegido “con el apoyo de las bacrim y las Farc”.

Asimismo, describió su paso por cada uno de los cargos sobre los que fue cuestionado en los que no solo rebatió las supuestas ilegalidades señaladas por Cepeda, sino que destacó sus logros administrativos, como en el caso de la Aerocivil, que aumentó sus ingresos e impidió la corrupción, y la Alcaldía de Medellín. dejando los cimientos de lo que fue la empresa que luego promovió la construcciòn del Metro de Medellín.

Sobre su paso por la Gobernación de Antioquia, defendió la promoción de las cooperativas de seguridad y vigilancia privada, llamdas Convivir. “Siempre he creido en la colaboración de la ciudadanía con la Fuerza Publica”, dijo, y se lamentó de que el gobierno nacional desmontara el apoyo dado a por lo menos 4 millones 600 mil personas que cumplían laboras de informantes de las Fuerzas Armadas.

Rechazó también que se roderara de sospechas el nombramiento de Mauricio Santoyo como jefe de seguridad de Palacio, pues fue una decisión que no dependió de él; también negó señalamientos de paramilitares que se refirieron a élcomo aquel que promovió la visita de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) al Congreso; rechazó las supuestas estrategias para deslegitimar las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia sobre la llamada parapolítica y, por el contrario, dijo que si aquellas se dieron fue por las garantías que ofreció la politica de la seguridad democrática.

 En su intervención denunció que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso: “Ha pasado algo muy grave, personas como él y otras le han dicho a testigos que en algún momento vencerán el temor y me ayudarán ante la justicia, que si no alteran relaciones con Uribe Mancuso los manda matar o los hace meter a la cárcel”.

Cuestionó la política de seguridad del presidente Santos de quien dijó permitió que el fenómeno de las bandas criminales emergentes creciera al nivel de lo que son hoy las Farc y de comportarse ahora como paramilitares, rechazando de esa manera que fuera el resultado de una mala desmovilización de las Auc.

Además, llamó mentiroso a Ivan Cepeda: “el promotor del debate miente, es mentiroso consumado. Siendo yo presidente fue a Monteria a la Defensoría del Pueblo a solicitar un vehículo para ir a Urrá, pero realmente fue a hacerle una inspección a El Uberrimo, fue en una delegación diplomática a pedir que liberaran a Simón Trinidad, extraditado por narcotráfico, no extraditado por guerrillero; muchas entradas a las cárceles, las ha camuflado diciendo que va con organizaciones de derechos humanos; perseguidor de propietario honestos en Magdalena Medio y Montes de María”.

Además, dijo que los computadores hallados en el campamento donde fue muerto el guerrillero Raúl Reyes contienen mensajes dirigidos a Iván Cepeda, que lo retrata como un “un aliado del grupo terrorista de las Farc”, y anunció la entrega de nuevas pruebas a la Corte Suprema de Justicia en las que se señala que el senador del Polo manipuló testigos.

Finalmente, la emprendió contra el presidente de la Comisión Segunda del Senado, Jimmy Charromo, sobre quin dijo que había recibido cheques de “los carteles de la droga sobre los cuales no ha habido la debida investigación”.

El primero en controvertir los señalamientos hechos por Uribe Vélez, luego de que Cepeda le pidiera al expresidente y ahora senador que asumiera su responsabilidad judicial y política por sus vínculos con grupos paramilitares, fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien calificó el debate como un triste espectáculo, al considerar que Uribe irrespetó al Congreso y distrajo a la opinión pública con cortinas de humo para no contestar los graves señalamientos. El Ministro dijo que el gobierno no se pronunciará al respecto, sino que será un tema que resolverá la justicia.

La decisión de Uribe de salirse del recinto una vez terminó su intervención hizo que Cristo se refiriera a la actitud como una estrategia para evadir la verdad. “Esto que ha sucedido al final del debate de pararse impunemente para evadir el debate es la misma estrategia de los últimos ocho años, de no responder, sino salir con infamias para que todo el mundo quede enlodado. El país conoce a Juan Manuel Santos, nadie puede imaginarse a Santos recibiendo recursos del narcotráfico”.

Cristo también se refirió a Uribe Vélez como un senador más de los 102 que fueron elegidos, “no debe tener un tratamiento privilegiado, es igual a todos, debe respetar el Congreso y debe respetar la figura del Presidente”.

VerdadAbierta.com destaca algunas de las opiniones de los voceros de las bancadas presentes en el debate, quienes dejaron en evidencia la profundización de las diferencias ideológicas.

Jimmy Chamorro, presidente de la Comisión Constitucional
“No me voy a referir a lo que ha dicho el senador Uribe, porque sus injurias y calumnias me las tiene que aclarar en otras instancias”, a propósito de la acusación de que Chamorro recibió cheques de la mafia en su campaña.

Horacio Serpa Uribe, Partido Liberal
“Me he sentido agraviado por las manifestaciones del ex presidente Uribe. Este es un debate muy importante, porque resulta interesante lo planteado por el senador Cepeda y el senador Uribe. Ese es un debate que hay que hacer, al igual que otros. Todos los miembros de las corporaciones públicas tenemos que someternos a recriminaciones. Uribe no resultó tan gallo de pelea, como yo lo consideré siempre. Me preocupa que en muchas de las expresiones de los colegas del Centro Democrático vea mucho odio, muchas actitudes negativas alrededor de los partidos que son afectos al presidente Santos. Es lamentable que un hombre de la talla de estadista de Uribe se hubiera puesto en estas cosas tan insustanciales para tratar de involucrar al Presidente de Colombia. No hay que olvidar que las Convivir nacieron a partir de un discurso que pronunció Fernando Botero en Cartagena cuando dijo que había que armar a un grupo de hombres para defenderse de la guerrilla. El paramilitarismo no se acabó. Las tales bacrim son la misma perra con distinta guasca”.

Carlos Fernando Galán, Cambio Radical
“Lamento que se haya salido así (Uribe). No vino a oír al senador Cepeda, se despachó y se fue. Ya que el senador Uribe mencionó a Luis Carlos Galán, debo hacer estas precisiones porque me duele en el corazón. Me preocupan mucho los errores del proceso con los paramilitares. Hay muchos vacíos en la historia de los vínculos paramilitares con la política y el Estado. Si se revisan los informes de la Fundación Ideas para la Paz, se da cuenta que la expresión paramilitar tenía más vínculos con el narcotráfico, que con una acción contrainsurgencia. El gobierno del presidente Álvaro Uribe dice que detuvo a tiempo el fenómeno paramilitar. No solo hubo paramilitares al estilo de Castaño, Isaza, sino que hubo narcotraficantes que compraron bloques para beneficiarse con el proceso de Justicia y Paz. La mayoría de víctimas de los paras no han conocido la verdad sobre la responsabilidad de los paras y los vínculos con parte de la sociedad colombiana, una verdad a medias, solo 16 condenas”.

Luis Fernando Velasco, Partido Liberal
“Yo vi dos debates. Un debate que no se respondió, que fue el debate que presentó el senador Cepeda, donde en honor a la verdad personifica un dirigente político y sus aliados alrededor de un fenómeno. Ese debate en algún momento tendrá que responderse no sé si en el Congreso, en la Corte, en la Fiscalía, en la Comisión de Acusaciones. Entiendo al senador Uribe, si a mí me hacen las acusaciones que aquí le hicieron yo buscaría otros escenarios. Yo no puedo decir si esas acusaciones son ciertas o no. El senador aquí lanzó una serie de acusaciones para desviar el debate al narcotráfico y los paras.  Aquí comenzamos con el maniqueísmo, si una persona hace acciones malas y me sirven, son buenas, si no, son mis enemigos. El verdadero origen del paramilitarismo no es un grupo de finqueros acosados por la guerrilla, sino el narcotráfico. Unos narcotraficantes que se cansaron de pagar una vacuna a la guerrilla, de pagar un porcentaje a la guerrilla, incluso una guerrilla que no era seria en los negocios y entendieron que era más rentable montar sus ejércitos, con una estrategia fallida que fueron las Convivir. No hubo realmente una desmovilización de los paramilitares, algunos comandantes hicieron dejación de armas, pero realmente lo que hubo fue una recomposición de los grupos armados. Yo no voté por Santos hace cuatro años. Pero si quiero recordar que el presidente Uribe intervino en esa elección y si sabía que había entrado 12 millones de dólares a esa campaña porque lo apoyó. Lo que necesitamos es verdad, este país necesita una alta dosis de verdad”.

Oscar Mauricio Lizcano, Partido de la U
“Lamento como terminó este debate. Muy penoso, insultando al presidente de la Comisión, diciendo infamias. No es un ejemplo para las nuevas generaciones, si algo tenemos que hacer los congresistas es dar muestras de un buen trato, de unos mínimos consensos por las personas. No podemos convertir esto en un bochornoso espectáculo, que lo que quiere hacer aquí termine con agravios y con insultos. Le pido a los miembros del Centro Democrático que pida excusas y que este debate termine con altura como así lo quisimos”.

Claudia López, Partido Verde
“Huir por los pasillos del Congreso a un debate, como sanguijuela por la alcantarilla, eso no es lo que se espera. Qué vergüenza para este recinto. Negar los vínculos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo es como negar los vínculos del señor Timochencko con las Farc y el terrorismo. Hay evidencia judicial, histórica, lo que no ha habido es un juez independiente que haya podido valorar eso. Por eso la Alianza Verde propone un tribunal de aforados que juzgue en derecho y no con estas triquiñuelas que evaden sus responsabilidades. Porque una cosa llamada fuero impide esa realidad, que hace que el señor Uribe lance del barro que lo embadurna a ver a quien ensucia. Esa estrategia no la necesita este país. Lo que este país espera es que tengamos la capacidad de crear un marco jurídico para la paz que procese esas denuncias”.

José Obdulio Gaviria, Centro Democrático
“Difícilmente en Colombia una persona ha pasado por un examen tan minucioso, milímetro a milímetro de los espacios recorridos y segundos de sus tiempos vividos, sin que haya un solo hecho que viole las normas penales, que infrinja la ética y la moral que los colombianos respetamos. El presidente Uribe narró cómo comenzó la política de la mano de su madre, el senador Cepeda narró cómo comenzó de la mano de su padre, y eso tiene que ser examinado desde el ámbito judicial y político. En textos como ‘Las cartas de Tirofijo’, la obsesión permanente es la muerte de Uribe. Y no hay elogios a Uribe, sino la insistencia de destruirlo, de debilitarlo en todos sus terrenos, de matarlo. A tal punto, que fue destruido un barrio en Neiva para derribar el avión del presidente. Esta corriente personificada en Manuel Cepeda, que tiene el nombre de uno de los frentes más sanguinarios de las Farc, o el nombre de su madre sea el seudónimo de una de las principales simpatizantes de las Farc, es la corriente que quiere juzgar al hombre que más ha luchado por el país”.

Ernesto Macías, Centro Democrático
“Siempre se disfrazó el debate al que asistimos. Siempre se negó que esto era un debate personal. Lo dijimos desde un comienzo cuando se presentó en la plenaria. Hoy quedó comprobado que se trataba de un debate personal, pero también fue un debate de odio. Un debate impulsado por las Farc. Claro que sí, su vocero en el congreso lo propició, y por el gobierno, que no se diga que no está auspiciado por el gobierno, y que no estaba convocado por las Farc, y que está demostrado no solo por los correos de Raúl Reyes, sino por las actuaciones del convocante”.

Haga clic en la imagen para conocer más sobre el debate

The post Congreso, aún más polarizado appeared first on VerdadAbierta.com.

Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, exjefe del Bloque Élmer Cárdenas de las Auc.Si algo tenía claro Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, era su proyecto político regional. El movimiento ‘Por una Urabá Grande, Unida y en Paz’ fue una de sus iniciativas e involucró a un significativo número de líderes políticos locales que comenzaron a ser capturados para ser procesados por la justicia. (Lea: Cómo se tejió la filigrana del poder ‘para’ en Urabá)

Bajo el lema “Con pujanza y fortaleza construiremos para el año 2020 el progreso del futuro y de la tierra del futuro en la propia esquina de América, Urabá grande, solidaria, trabajadora y en paz”, este movimiento constituyó una plataforma ideológica y programática desde pequeñas organizaciones locales con el fin de conquistar cargos de elección popular, desde las alcaldías hasta el Congreso de la República. (Lea: El ‘Para-Estado’ del Urabá y La sombrilla legal de los paramilitares en Urabá)

Quienes hicieron parte de esa plataforma y aquellos que se vieron favorecidos a comienzos de la década del dos mil por sus respaldos, sobre todo electorales, están siendo capturados para que respondan ante la justicia por el delito de concierto para delinquir. La última redada se realizó en las ciudades de Medellín, Turbo, Carepa, San Juan de Urabá, San Pedro del Urabá, Necocli, Apartado, Caucasia y Montería. (Ver mapa de origen de políticos capturados)

Por esos vínculos fueron juzgados en el pasado los caciques políticos antioqueños del partido Cambio Radical Humberto Builes Ortega, Antonio Valencia y Rubén Darío Quintero; asimismo, otros 25 dirigentes del Urabá antioqueño, y varios políticos del departamento del Chocó. (Lea: Nuevas condenas para aliados políticos de ‘paras’ en Urabá)

Origen de las detenciones
Las acciones políticas del Bloque Elmer Cárdenas de las de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) comenzaron en 1998, según los relatos de Rendón Herrera a la Fiscalía, y se prolongaron hasta el año 2000 bajo el nombre de Movimiento Poder Popular Campesino; sin embargo, a partir del 2000 se convierte en el movimiento ‘Por una Urabá Grande, Unida y en Paz’. (Entrevista: “Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”)

‘El Alemán’, entonces comandante militar de esa facción paramilitar, trabajó desde las juntas de acción comunal para construir una base social que le permitiera consolidar su movimiento político. Apalancado en lo que llamó Promotores de Desarrollo Social (PDS), con presencia en áreas de dominio armado en los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, influenció partidos políticos a través de los cuales alcanzó cargos en alcaldías, concejos, asambleas departamentales y el Congreso de la República en las elecciones de los años 2001 y del 2003, apoyando políticos afines a su ideología y a su proyecto contrainsurgente.

Una de las curules de más alto nivel logró este movimiento por elección popular fue en el Senado de la República, llevando hasta allí al político antioqueño Humberto Builes Correa para el periodo legislativo del 2002 al 2006.

¿Y qué se comprometían los políticos que aceptaban la propuesta de ‘El Alemán’? Lo dijo él mismo en una audiencia judicial realizada en junio de 2009: “defender los intereses de la democracia. Para nosotros era importante que se tuvieran personas que pudieran trabajar porque hubiera seguridad en las zonas, porque hubiera desarrollo en las zonas, esos eran los objetivos generales”.

Las pretensiones de este movimiento político fueron presentadas en el año 2000 en una reunión celebrada en la finca La Virgen del Cobre, en Necoclí, a la que asistieron numerosos líderes sociales, convocados previamente por Jorge Pinzón, quien coordinaba las actividades de ese grupo.

“Se le dice a Jorge Pinzón váyase reúnase con ellos en la región de Urabá, instintivamente de cualquier partido político, se delega al señor Pinzón para que haga la elección de los líderes de la región que tenían poder en el eje bananero, entre estos líderes se encontraban alcaldes, concejales, sindicalistas, aspirantes a la Asamblea y esperanza, Paz y libertad, todos estos líderes fueron convocados a una gran reunión en el municipio de Necoclí donde se les vendió por primera vez la idea del proyecto político regional”, evocó el exparamilitar en una audiencia en junio de 2009.

Según consta en procesos, esa reunión en Necoclí se hizo con el fin de crear los comités municipales del proyecto político, de igual forma se crea la junta directiva organizada por Pinzón, se le da vida a las diferentes oficinas del proyecto, una en cada uno de los municipios de Urabá, en parte con financiación del Bloque Elmer Cárdenas.

Una vez se concretó la participación en política para las elecciones del 2001, este movimiento se concentró en seleccionar a los candidatos. La estrategia, según ‘El Alemán’, era tener dos candidatos por municipio, uno con muchas opciones y el otro con pocas, para simular una actitud democrática.

En junio de 2009 Rendón Herrera precisó los alcances de esos acuerdos: “Después de las sensibilizaciones y capacitaciones, se inicia en cada uno de los corregimientos de los municipios de Urabá y córdoba, la realización de asambleas con el fin de escoger según el censo electoral los candidatos por corregimiento que iban a aspirar a una curul al concejo municipal, presentándose uno o dos candidatos por corregimiento”.

Una vez escogido el candidato afín a la ideología del grupo armado ilegal, se hablaba con él y se le precisaban los alcances de la participación en política bajo esos acuerdos.

Según ‘El Alemán’, siempre hubo un candidato al que le apostaban: “decíamos, éste va a ser la persona indicada como administrador de ese municipio y en muchos casos nos sentamos con él, mire la comunidad quiere votar por usted, nosotros vamos a apoyarlo, y cómo lo apoyábamos, a las comunidades las apoyábamos con reses, en dinero para contratar el transporte para el día de las elecciones, para pagar propaganda, todo lo que se hace en una campaña política”.

Sobre algunos de los capturados
Con base en esas declaraciones, la Fiscalía General de la Nación expidió por lo menos 51 órdenes de captura, de las cuales hizo efectivas por lo menos 32 de ellas contra personas vinculadas supuestamente al movimiento político respaldado por el Bloque Elmer Cárdenas. Entre ellos se encuentra el actual alcalde del municipio de Turbo, William Palacio Valencia, y un significativo número de políticos locales. (Ver mapa)

Sobre el mandatario de Turbo, alias ‘El Alemán’ explicó en audiencia ante fiscales en junio de 2009 que en las elecciones del 2003 apoyaron a Palacio Valencia, quien para esa época tenía el respaldo del movimiento Equipo Colombia y ganó con el 51,6% de la votación: “surgen dos candidatos, el señor William Palacio y el señor Alberto Jiménez a la alcaldía, y gana William Palacio, quien contó con el apoyo nuestro con tema de transporte, recursos, etc”.

Alias ‘El Alemán’ aseveró ante fiscales que su grupo armado también respaldó a candidatos en diversas elecciones a la Alcaldía de Necoclí, entre ellos a Edison Yañez, otro de los capturados: “seguro que los alcaldes conozco a muchos, yo conocí por ejemplo en esa época a Alberto Garcés, a Hugo Galeano, a Benjamín Díaz, a Edison Yanez, conocí a 5 alcaldes hasta el último que está hoy en el Municipio de Necoclí, y seguramente que más adelante le voy a mostrar cuando el proyecto político, no solamente me reuní con muchos de los que hoy están ejerciendo sino con muchos de los de atrás o los conocí dentro de ese proyecto político”.

La Fiscalía también reportó la captura de Roberto Martínez, quien fue candidato a la Alcaldía de San Juan de Urabá en las elecciones del 2000. De acuerdo con el exjefe paramilitar, Martínez compitió por el cargo con Miguel Ángel Zuluaga y perdió, entre otras razones porque el grupo armado veía en este último a un mejor candidato.

“Zuluaga era la persona que previamente se había reunido con nosotros, con los líderes comunitarios, con los presidentes de Junta de acción comunal y que nosotros consideramos que era la mejor carta para ser el administrador de ese municipio, y Roberto Martínez era la otra persona con más alta probabilidad, y no se le prohibió a los otros candidatos que hicieran proselitismo, ganando el señor Zuluaga para el 2001. A todos se les brindó el mismo apoyo”, aseveró ‘El Alemán’ en su momento.

Preocupa Turbo
La captura del actual alcalde de Turbo preocupa a la Gobernación de Antioquia. El Secretario de Gobierno, Santiago Londoño, explicó que apenas quede en firme la medida de aseguramiento contra el mandatario local se procederá a nombrar un encargado y, posteriormente, se solicitará una terna al movimiento de ciudadanos por el cual salió elegido el alcalde Palacio. “Si esa terna cumple, el señor gobernador elige un alcalde encargado hasta tanto se decida la situación jurídica del señor Palacio”, precisó el funcionario.

Sobre su reacción a la noticia de la captura, Londoño dijo que “a uno lo entristece que haya que presenciar una situación como ésta, pero al mismo tiempo hay que decir que es un mensaje muy importante y que es muy necesario en este país: la institucionalidad y la justicia tienen que llegar y llegarán allí donde de manera real o presunta hayan relaciones entre las instituciones públicas, los funcionarios públicos y las organizaciones criminales”.

Frente a más capturas, el temor es que en una región como Urabá, que luego de muchos esfuerzos está superando la violencia que la ha azotado por más de 20 años, se afecte la gobernabilidad.

Al respecto, Londoño espera que eso no ocurra, y ante el año y medio que falta para concluir el actual periodo de alcaldes, se aseguren las metas propuestas. “Nuestra responsabilidad como gobernación y la del gobierno nacional es asegurar que haya institucionalidad y que haya un liderazgo de parte de las alcaldías en los temas de desarrollo”, puntualizó.

The post Los políticos capturados del Urabá antioqueño appeared first on VerdadAbierta.com.