La abogada del ex jefeparamilitar le dijo al juez estadounidense, poco antes de que los sentenciara por narcotráfico, que su cliente había apoyado la campaña del Presidente y las muchos otros, pero no dio pruebas. También dijo que seguirá colaborando con Justicia y Paz.
Con la aseveración de que las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) contribuyeron económica y políticamente en el 2001 a la campaña del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, elegido a la postre Presidente del República, el confeso narcotraficante y jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, anunció que apenas ha contado el 10 por ciento de lo que sabe y dijo estar dispuesto a seguir colaborando con Justicia y Paz.
La afirmación fue hecha a través de su abogada defensora, Margaret M. Shalley, durante la audiencia de sentencia condenatoria este miércoles en la Corte del Distrito Sur de New York, luego de que el juez federal Richard M. Berman le diera la palabra momentos antes de imponer una pena de 31 años de prisión a Murillo Bejarano y el pago de cerca de 4 millones de dólares.
Shalley leyó un extenso documento en el que presentó a Murillo Bejarano como un “patriota, un hombre que ha sido víctima de la violencia en Colombia”, quien había aportado mucho dinero a la elección del Presidente y había apoyado en el proceso electoral de las Auc, consideradas terroristas por el gobierno de Estados Unidos desde septiembre de 2001.
Es difícil saber aún, hasta donde el confeso narcotraficante, ex Inspector General de las Auc y sanguinario jefe de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, dijo la verdad o hasta donde fabricó esta versión con la pretensión de que el juez Berman atenuara su pena a último momento.
Hasta ahora que se sepa, ‘Don Berna’ no ha aportado a la justicia colombiana ni a la estadounidense pruebas contundentes de esta presunta colaboración con la campaña presidencial o la de otros candidatos, como tampoco ha dado pruebas de otras acusaciones que ha hecho en contra del general Mario Montoya, y contra el alcalde de Medellín.
En un escrito enviado el pasado 8 de abril, desde su lugar de reclusión en la Metropolitan Correctional Center de New York, donde está preso desde el 13 de mayo de 2008, cuando fue extraditado por decisión del gobierno colombiano, Murillo Bejarano dijo que había acordado con la Fiscalía General de la Nación participar con su versión de los hechos en los procesos por parapolítica que involucran a las ex congresistas Nancy Patricia Gutiérrez y Zulema del Carmen Zuleta Corrales.
De acuerdo con lo consignado en esa misiva, “las autoridades colombianas han solicitado que el señor Murillo Bejarano dé sus declaraciones lo más pronto posible a fin de facilitar la investigación”.
El testimonio del jefe paramilitar en esos procesos fue acordado el pasado 3 de abril durante la visita que le hiciera el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana. Su participación ahora depende, según lo declarado ante el juez federal, de los acuerdos entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos sobre los procedimientos técnicos para realizar una teleconferencia.
En ese mismo escrito, Shalley dijo que por “la voluminosa cantidad de información que posee” su cliente, su participación en el Proceso de Justicia y Paz podría durar dos años, “eso si comparece 2 ó 3 días por mes”.
Shalley, coordinadora del equipo de abogados que defiende a Murillo Bejarano en ese país, notificó al juez Berman que su cliente iniciará desde Estados Unidos las versiones libres en el proceso de Justicia y Paz el próximo 19 de mayo y continuará durante los días 20 y 21 siguientes.
Se presume que uno de los primeros temas que aborde sea el de Comuna 13 de Medellín, y explique no solo los detalles de su presunta colaboración con oficiales militares y policía durante la Operación Orión, sino que aporte también pruebas acerca de la estrategia de guerra que dejó por lo menos 72 desaparecidos entre octubre de 2002 y diciembre de 2003 en ese sector de la ciudad.
Además, se espera que precise los apoyos que recibieron sus bloques, en especial el Cacique Nutibara, que operó en Medellín y el área metropolitana, por parte de empresarios, comerciantes y políticos, y le responda a por lo menos 13.000 víctimas registradas en las bases de datos estatales y que alegan haber sido afectadas por hombres bajo su mando.
Roxanna Altholtz, directora adjunta de la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad California Berkeley, y quien representó durante el proceso a la madre de un joven desaparecido por hombres al mando de alias don Berna en la comuna 13 de Medellín, días después de finalizada la Operación Orión, declaró que los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz deben aprovechar esas primeras versiones para obtener detalles de la colaboración de Murillo con la fuerza pública y obtener información sobre el alcance y los detalles del apoyo que le dio a la campaña de Uribe Vélez en el año 2001.
“Para nuestra cliente, la persona que estamos representando, la prioridad era la verdad. Entonces, vamos a quedar satisfechos una vez que Murillo hable sobre lo que conoce de las matanzas de comuna 13. También vamos a quedar satisfechos si él, de hecho, cumple esa pena de 31 años”, declaró Altholz.
De acuerdo con esta jurista, la pena impuesta a ‘Don Berna’ es negociable, siempre y cuando brinde información sobre su participación en el negocio de narcotráfico y el Departamento de Justicia norteamericano lo acepte. “Nuestra tarea será monitorear este proceso de cerca”, dijo la jurista.
Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas del Crímenes de Estado (Movice), destacó desde New York la aseveración hecha por la abogada defensora de Murillo Bejarano sobre los aportes de las Auc a la campaña de Uribe Vélez y aseveró que “es de mucho peso”.
“Es una afirmación muy grave que debe ser verificada por parte de las autoridades judiciales en Colombia”, reiteró Cepeda. “Y se suma a múltiples hechos que se han venido denunciando y que ya han sido judicializados en el país. No hay que olvidar que en Colombia ya hay sentencias condenando a importantes aliados políticos del presidente Uribe”.
Para este defensor de derechos humanos, lo importante es que la verdad comienza a aparecer como resultado del trabajo que han hecho en Estados Unidos las víctimas y sus abogados.
“Lo dijimos desde el momento que fueron extraditados los jefes paramilitares a este país: vamos a seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación en todos los escenarios posibles hasta que en Colombia pueda hacerse plena claridad sobre lo que ha significado lahistoria de sangre y de muerte de las Auc”, concluyó Cepeda.
Realizado en conjunto con la Agencia de Prensa, IPC.
