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Ocho familias de personas asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) encontraron algo de justicia este 10 de junio con el veredicto que determinó la responsabilidad civil de Chiquita Brands International por haber financiado al grupo paramilitar en Colombia. Se abre una ventana para muchas más víctimas del Urabá antioqueño y la zona bananera de Magdalena.

En la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, el jurado les otorgó a ocho demandantes un total de 38,5 millones de dólares luego de determinar que se probó, irrefutablemente, que Chiquita le dio “asistencia sustancial” a las Auc en la forma de pagos en efectivo u otras formas de apoyo, y que esa asistencia “creó un riesgo previsible de daño a otras personas, incluyendo los familiares de (los) demandantes”.

El jurado también determinó que Chiquita no pudo probar que su apoyo a las Auc fue el resultado de un daño inminente a la empresa o sus empleados. Es decir, que no se trató del pago de extorsiones a ‘vacunas’.

“Nuestros clientes arriesgaron sus vidas para pedir que se haga justicia en contra de Chiquita, poniendo su fe en el sistema de justicia de Estados Unidos”, dijo la abogada Agnieszka Fryszman, de la firma de Cohen Milstein, que representó a varios de los demandantes.

Marco Simons, director jurídico de la oenegé EarthRights International, que representó a otro de los demandantes, celebró las decisiones del jurado. “Este veredicto envía un
mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de
los derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. Estas familias, que sufrieron
el asedio de grupos armados y corporaciones, demostraron su fortaleza y lograron
triunfar en el sistema judicial”.

En un comunicado Chiquita dijo que apelará el veredicto. “La situación en Colombia fue trágica para tantos, incluyendo los que fueron afectados directamente por la violencia allá. Sin embargo, eso no cambia nuestra convicción de que no hay ninguna base legal para estas demandas”, dijo la empresa un día después de que se conociera la decisión del jurado.

Entre los demandantes representados en el juicio estaba una mujer que, cuando tenía apenas 10 años, presenció el asesinato de su madre y padrastro a manos de los paramilitares quienes estaban presionando para que la familia vendiera su finca. También estaban familiares del trabajador bananero David Gonzalez que en 1997 fue bajado de un bus por hombres de las Auc y asesinado; su cuñada e hija luego fueron víctimas de desaparición forzada.

Simons dijo que el veredicto podrá marcar la pauta para las 4.500 víctimas adicionales que han demandado a Chiquita. “Es posible que las decisiones del jurado en este caso ayudarán a agilizar juicios futuros”, dice Simons. “También es posible que el veredicto del jurado en este caso forme un modelo para un acuerdo general (fuera de la corte) en estas demandas”.

Simons recalca que ese tipo de acuerdo es la forma más común en que se resuelven casos civiles con miles de demandantes. “Puede haber uno, dos o varios juicios representativos y, basado en los resultados de esos juicios, las partes se juntan para un acuerdo general para resolver el resto de las demandas”, dice, aunque anota que esa solución podría tomar bastante tiempo.

El próximo juicio representativo contra Chiquita está por comenzar el 15 de julio con 10 demandantes.

Un precedente crucial

La abogada colombiana y consultora jurídica, Tatiana Devia, quien acompañó el proceso, dijo que el fallo histórico tiene implicaciones de gran alcance para los derechos humanos en el mundo. “Fortalece el marco internacional de derechos humanos al mostrar que las victimas sí pueden buscar justicia y reparación a través de los sistemas legales, incluso contra entidades empresariales poderosas”, dijo en una rueda de prensa un día después de finalizar el juico.

“Este veredicto envía un mensaje claro a las empresas a nivel global de que el lucro no puede justificar la complicidad en abusos de los derechos humanos, la financiación de grupos armados, y la colaboración con los actores que cometen las atrocidades tan graves”, dijo Devia, agregando que establece un precedente importante.

En el juicio, que comenzó a finales de abril, hubo nueve demandantes en total, pero el jurado sólo encontró responsabilidad de Chiquita en ocho de ellos. En el noveno caso el jurado determinó que no se probó con evidencia suficiente la relación entre el asesinato de la víctima y las Auc.

Durante el juicio, testificaron ante el jurado familiares de las personas asesinadas y varios exjefes paramilitares, incluyendo a Salvatore Mancuso; Éver Veloza, alias ‘HH’; y Raúl Hasbún, conocido como ‘Pedro Bonito’. También declararon varios exejecutivos de Chiquita.

Espera de 17 años

Este proceso se remonta a 2007, cuando un grupo de víctimas presentó una serie de demandas en tribunales estadounidenses porque la multinacional financió a grupos paramilitares en la región del Urabá antioqueño. EarthRights International en coordinación con varios bufetes de abogados, lidera ese proceso que agrupa a 3.000 víctimas del paramilitarismo.

Al año siguiente, un “panel judicial”, equivalente en Colombia a un tribunal de varios jueces, ordenó que varios casos se consolidaran en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, en West Palm Beach.

En los años siguientes se dieron varios ires y venires en la demanda, pues Chiquita Brands pidió que se desestimara porque debía ser juzgado en Colombia y porque esa corte señaló que no existían pruebas suficientes para establecer que las Auc hubieran asesinado a las víctimas cuyos casos hacían parte del expediente.

Sin embargo, el proceso se desatascó en 2022, cuando el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito, revocó el fallo que excluía documentación de Justicia y Paz –el sistema de justicia transicional en el que paramilitares desmovilizados confesaron sus crímenes–, determinando que había pruebas suficientes sobre la participación de los paramilitares en los asesinatos de los familiares de los demandantes.
Así se dio apertura al juicio que acaba de concluir, que seleccionó a nueve casos representativos del total del universo de víctimas que reclamaron justicia en esa corte.

La historia de los aportes a las Auc

Que la multinacional Chiquita Brands haya financiado a grupos paramilitares en la región del Urabá antioqueño no es ningún secreto. De hecho, en marzo de 2007, un juzgado de Washington avaló un acuerdo al que la compañía llegó con el Departamento de Justicia para pagar una multa de 25 millones de dólares, tras reconocer que había hecho más de 100 pagos a la Auc por un total de 1,7 millones de dólares.

Ni un centavo de dólar de esa millonaria sanción fue destinado para reparar a las víctimas que dejó el paramilitarismo en esa región agroindustrial. En ese momento, la empresa señaló que fue obligada a pagar extorsiones y que lo hizo con el objetivo de proteger a sus empleados.

Sin embargo, documentos desclasificados por litigios ante juzgados de Estados Unidos del National Security Archive (NSA), un grupo de investigación no gubernamental con sede en Washington, dan cuenta de los entramados que tejieron varios directivos de la bananera para ocultar esos pagos a las Auc.

El 6 de enero de 2000, Robert Kistinger, cabeza de Banana Group de Chiquita, radicado en Cincinnati, Ohio, le dijo a la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), que conocía directamente sobre los pagos a los grupos armados. Esa declaración fue desclasificada por el NSA y en ella confesó que “no pararemos de hacer negocios en Colombia, porque, saben, tendremos que gastar un extra de US25.000. Eso no es realista. ¿Cierto?”.

Pero antes de hacerle pagos a paramilitares, Chiquita Brands hizo lo propio con las diferentes guerrillas que tenían presencia en Urabá y Magdalena. La situación cambió con la expansión paramilitar y en 1997, cuando directivos de la multinacional se reunieron con Carlos Castaño, jefe y vocero de las Auc.

Los pagos a grupos paramilitares se hicieron inicialmente a través de varias cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, creadas bajo el gobierno del entonces presidente César Gaviria (1990-1994) y consolidadas bajo el mandato de Ernesto Samper (1994-1998), hasta que la Corte Constitucional, en 1997, declaró inexequible parte de la norma que les autorizaba la tenencia y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

No obstante, una de ellas continuó activa, la Convivir Papagayo, como empresa de seguridad regulada y sin armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La investigación Los nuevos papeles de Chiquita Brands, realizada por el NSA y VerdadAbierta.com, da cuenta que, por medio de esa organización, se estableció un sofisticado mecanismo de pagos.

La estrategia fue creada y liderada por Raúl Hasbún, empresario bananero que se incorporó a las Auc como jefe del Frente Arlex Hurtado, unidad urbana que operó en los municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó, ubicados en el Urabá antioqueño, y donde se concentra en un alto porcentaje las operaciones del banano.

De acuerdo con ese reportaje, Chiquita acordó aportar tres centavos de dólar por cada caja exportada a través de esa Convivir, deducidos de los pagos mensuales a los productores. Según cálculos de la Chiquita Brands, entre 1997 y 2004 se pagaron 1,7 millones de dólares.

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Rutas del Conflicto ha sido  una fuente de consulta obligada sobre datos e investigaciones a profundidad del conflicto armado colombiano. La innovación es uno de sus sellos distintivos y también es un gran semillero de formación de nuevos periodistas. Al cumplir una década en línea, hablamos con Óscar Parra, uno de sus fundadores y su director.

VerdadAbierta.com: ¿Qué motivó la creación de Rutas del Conflicto?

Óscar Parra: Esto fue un experimento que surgió dentro de Verdad Abierta. En ese momento yo era periodista de Verdad Abierta y hacía periodismo tradicional, cubriendo las audiencias de Justicia y Paz (sistema de justicia transicional para procesar a los desmovilizados de las Auc).

Desde años atrás venía trabajando temas de periodismo de datos y al escuchar repetidamente las confesiones de los postulados a Justicia y Paz, especialmente de masacres, le propuse a María Teresa Ronderos (entonces directora de VerdadAbierta.com) la creación de una herramienta de base de datos que tratara de poner toda la información en un sólo mapa, tratando de ver el bosque, para ubicar donde habían ocurrido, zonas de reincidencia, autores y demás.

Eso fue en 2012 y para la fecha no existía ninguna base de datos pública relacionada con masacres. El Centro Nacional de Memoria Histórica apenas estaba construyendo su base de datos. La idea le sonó bastante a María Teresa y ayudó a la gestión de sus recursos, que fue a través del Centro Nacional de Memoria Histórica. Así empezó el proceso de recolección de información que duró más de un año.

VA: ¿Cuándo se puso en línea Rutas del Conflicto?

OP: La página web se publicó en marzo de 2014. Fue el inicio del medio periodístico y allí surgieron varias situaciones: mucha gente empezó a escribirnos solicitando información o compartiendo datos. Vimos la oportunidad para que la gente escribiera y ayudara a contrastar la información que se había publicado, que venía de informes judiciales y ONG.

Muchas personas empezaron a escribirnos a través de la herramienta contando su propia historia, haciendo corrección de datos y dando su versión de lo que había pasado. Ahí surgió un segundo proyecto que se llamó Yo Sobreviví, ligado directamente a Rutas del Conflicto, que buscaba que la gente que sobrevivió a esas masacres contara su versión de la historia.

Ya para 2015, en un acuerdo con Verdad Abierta y el Centro Nacional de Memoria Histórica, el proyecto termina separándose y creándose un medio independiente que sigue trabajando en temas de datos y tratando de construir experimentos narrativos.

VA: ¿Cómo es el ritmo de trabajo en Rutas del Conflicto?

OP: Es un poco antiperiodístico: se publica cuando se tiene lista una investigación. También tratamos de movernos dentro de la coyuntura para tratar de utilizar la información que ya tenemos para contarle a la gente, en redes sociales, el contexto de las cosas que están pasando, pero nuestra producción como tal no está amarrada a la coyuntura.

No buscamos tener una periodicidad, sino publicar una historia cuando consideremos que está lista. Creo que estamos teniendo entre 20 y 25 investigaciones de largo aliento al año. Esas publicaciones van acompañadas con otro tipo de formas, como el teatro, caminatas para contar historias y visualizaciones físicas.

Tratamos de hacer esa clase de experimentos para que además de lo que se publica en Internet, haya otro tipo de formato que complemente la investigación.

VA: Ustedes han pasado de ser un medio digital a uno que interactúa con sus audiencias cara a cara, rompiendo esquemas tradicionales. ¿Cómo tomaron la decisión de transgredir esas formas entre medio y lectores?

OP: Creo que el proyecto nació de esa manera: como una especie de experimento digital para construir bases de datos desde el periodismo y contar una historia más grande a partir de los datos y su visualización. Después, tratando de moverse hacia la voz de las personas que fueron protagonistas, para que contaran sus relatos.

Y en los últimos años hemos sentido una especie de cansancio del afán a nivel de redes sociales. Nosotros somos un medio de nicho que no tiene el afán de tener un montón de audiencia, pero ve que una investigación no se mueve tanto ni tiene el efecto que se esperaba, entonces se nos ocurrió otras maneras de contar estas historias por fuera del entorno digital. Eso nos permite generar una interacción diferente y, de paso, también es una forma de financiarnos.

Lo primero que se nos ocurrió fue como hace unos tres o cuatro años, pensando en una manera de contar situaciones que están muy amarradas a lo que hacemos en el día a día del periodismo y que no contamos en los textos. La anécdota del periodista normalmente no aparece porque la escuela periodística dice que lo que le ocurre no es noticia; pero hay un montón de cosas que nos pasan como periodistas que son relevantes y ayudan a contar las historias.

Entonces así hicimos Rutas en Vivo, haciendo un formato que llamamos stand up periodístico, donde, a partir de nuestra vivencia como periodistas, contamos un tema complejo de una investigación. Luego surgió la idea de contar una historia en un escenario natural, en donde la geografía de alrededor le permite a la gente entender más la historia que se está contando. También arrancamos con recorridos en bosques para contar historias relacionadas con medio ambiente y visualizaciones físicas: donde sacamos visualizaciones de datos para llevarlas a espacios públicos.

VA: ¿Cómo han logrado mantenerse en línea sin recibir recursos del Estado ni del sector privado?

OP: No es fácil. Se trata de construir una credibilidad fuerte sobre lo que se hace y ser innovador en los formatos, para que del otro lado haya unos financiadores, que normalmente son cooperantes internacionales, que apoyen proyectos o iniciativas de periodismo. Muchos ayudan a financiar el medio a través de capacitaciones a periodista locales, eventos que me gusta más llamarlos encuentros, porque aprendemos entre ambos y hay un trabajo conjunto con comunicadores campesinos, indígenas y afrodescendientes.

Tratamos de construir una buena reputación sobre el periodismo que se hace. Ahí ha surgido una buena relación con algunos de nuestros financiadores, que la mayoría son cooperación internacional, pero también tenemos financiación por medio de crowdfunding por nuestra audiencia; y las actividades externas que hacemos.

VA: Rutas del Conflicto fue víctima de seguimientos y perfilamiento por parte del Ejército Nacional a raíz de sus investigaciones. ¿En qué van las investigaciones judiciales? ¿Qué ha pasado en ese proceso?

OP: Está en una impunidad total. Ya han pasado cerca de cuatro años y todavía no hay respuestas desde la Fiscalía ni desde la justicia. No se sabe nada. Tenemos algunas certezas por documentos que se han filtrado por otros colegas periodistas, pero todavía no sabemos cuál es el alcance de ese seguimiento.

Sabemos que hay muchísima información recolectada de periodistas y de líderes sociales dentro de ese perfilamiento. Nos hablan de más de 600 terabytes de información, pero no se sabe el por qué ni el alcance. Nos preocupa mucho la manera cómo nos veían las Fuerzas Militares y las razones por las cuales asumían que teníamos que ser objeto de ese tipo de perfilamiento.

VA: ¿Cuáles son las investigaciones de las que están más orgullosos?

OP: Hay varios casos. Uno es la base de datos que hicimos de ríos en los que se encontraron personas desaparecidas: Ríos de Vida y Muerte, que lo hicimos en conjunto con Consejo de Redacción. Parte del material que recogimos sirvió para que la JEP declarara al sector entre Cauca y el Eje Cafetero como víctima. La JEP nos contactó y nos dijo que se logró gracias a ese trabajo.

Otro es el de las colonias menonitas que, a partir de la investigación que publicamos, la Agencia Nacional de Tierras inició un proceso de recuperación de baldíos de cerca de 7 mil hectáreas, que además son solicitadas por comunidades indígenas. Esos predios estaban fueron adquiridos de manera irregular porque son baldíos de la Nación.

Hay otros casos relacionados con búsqueda de personas dadas por desparecidas y familiares a quienes les hemos ayudado a construir casos, que son utilizados por la Unidad de Búsqueda. Luego de nuestra investigación sobre Cuerpos sin Nombre y la relación con casos de falsos positivos en Antioquia, hubo una intervención de la Unidad en Cocorná. Ese tipo de cosas nos deja muy satisfechos.

VA: Ustedes han sido un semillero de formación de periodistas. ¿Siguen vinculando estudiantes de que están terminando sus carreras de periodismo?

OP: Sí. De hecho, Rutas del Conflicto nació dentro de una universidad, la del Rosario. Cuando le presenté el proyecto a María Teresa Ronderos, había hecho un piloto de mi bolsillo con cuatro o cinco estudiantes del Rosario. Hay un montón de gente que se ha sumado a Rutas del Conflicto desde muy joven; hay gente que comenzó a los 18 años y ya casi tiene los 30, y ha pasado más de 10 años en este proceso.

Ahora no sólo es gente del Rosario, también hay de la Universidad de la Sabana, de la Universidad Tadeo Lozano, de la Universidad de Manizales, de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali y de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, que se han ido sumando y aportando ideas.

VA: ¿Qué les ha dejado el trabajar durante tantos años con personas jóvenes y en formación? ¿Y recientemente de otras regiones?

OP: Ha sido enriquecedor en varias medidas porque aportan desde su juventud y desde la mirada de su entorno local. Y el espíritu de innovación que ha tenido Rutas del Conflicto ha sido por la gente que ha estado ahí, y siempre ha sido joven.

VA: ¿Cuál es la proyección de Rutas del Conflicto? ¿Qué podemos esperar para los próximos años?

OP: El medio tuvo que cambiar en la medida que fue cambiando la realidad colombiana, que tristemente sigue marcada por la violencia y la modificación de otros conflictos sociales.

Se ha abierto mucho más el foco para trabajar en temas ambientales, de conflictos de comunidades étnicas con empresa y otros más. Hemos construido maneras para trabajar con comunidades y crear espacios de aprendizaje mutuo, para crear entre todos investigaciones que aporten.

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Fabio López de la Roche es historiador e investigador de la Universidad Nacional. Tuvo la misión de editar un libro escrito a ocho manos, sobre el cierre de conflictos armados de diferente naturaleza en este continente, y cómo fueron sus procesos de construcción de memoria.

Este trabajo se hizo a lo largo de 2019. Por eso no recoge “ni las herencias de la pandemia ni lo que pasa con los últimos gobiernos tanto en Guatemala como en El Salvador, aunque el artículo de Perú sí se pudo actualizar”. El libro entró en un proceso de edición en medio de la pandemia con todos los problemas de la paralización de las instituciones.

En esta publicación se dieron cita Guillermo Mastrini, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes; Mario Fernando Guerrero-Gutiérrez, docente-investigador en geopolítica, política comparada, comunicación política y conflicto; Juan Diego Restrepo Echeverri, periodista y exdirector de VerdadAbierta.com; y Luis Felipe Neira Reyes, literato, magister en sociología y doctor en ciencias humanas.

A propósito de su presentación, estos son apartes del diálogo que sostuvimos con López.

VerdadAbierta.com (VA) ¿Cómo surgió la idea de realizar esta publicación? ¿Qué los llevó a hacer un libro de comunicación para la paz?

Fabio López (FL): En el grupo de investigación Comunicación, Cultura y Ciudadanía, siempre hemos tenido la preocupación por todos los temas de la paz, de las justicias transicionales y de la comunicación. Si no se comunican estas cosas, es difícil que avancen los procesos y que la sociedad entienda, por ejemplo, qué es justicia restaurativa. O qué es justicia retributiva para entender los debates. Sobre si la solución a los problemas [son] más cárceles y más barrotes.

VA: En junio de 2022 la Comisión de la Verdad entregó su Informe Final. Hoy, casi 2 años después, ¿cómo se puede calificar la comunicación de sus conclusiones y recomendaciones? ¿Usted qué lectura hace, tras haber analizado la situación de esos tres países?

FL: Yo pienso que la Comisión diseñó un modelo comunicativo interesante. No solamente el letrado, sino con imágenes, con video, con audio. Y hay muchas personas y muchas instituciones que están trabajando en la incorporación de esas conclusiones a las instituciones educativas, en lo que llamamos la pedagogía de la memoria. Porque si no se hace este trabajo pedagógico, es muy difícil que la sociedad colombiana asimile lo que pasó.

Yo hago un trabajo reciente comparado con España con la guerra civil española y la memoria del franquismo. Pues Colombia es una sociedad donde el conflicto armado no afectó las ciudades. Entonces, eso hace que una masa enorme de población permanezca al margen del conocimiento de lo que pasó porque no fueron tocados por la guerra. El conflicto colombiano ha sido un conflicto más localizado en los escenarios rurales, lo cual no significa que no tenga impacto sobre las zonas urbanas. Pero el impacto no fue como el de la guerra civil española, donde la población urbana tuvo que organizarse para defender Madrid, para defender Barcelona, para una guerra interna. Entonces en Colombia hay que desarrollar un trabajo pedagógico muy grande.

VA: ¿Es temprano para valorar si el informe de la Comisión de la Verdad cumple sus objetivos o hay que esperar más tiempo?

FL: Son informes demasiado largos y eso dificulta mucho su asimilación. La sociedad colombiana sigue viviendo nuevas violaciones a sus derechos humanos. Es decir que no hay un corte final. Es un poco nuestra tragedia: no hay cortes. Entonces esto nos meten nuevas necesidades de seguimiento por un lado a los procesos y nuevos procesos relacionados con víctimas, nuevas memorias de la devastación humanitaria.

Ahora eso habría que evaluarlo, pues el trabajo de la comisión fue grande. Y hay que evaluar su asimilación y digamos desde el punto de vista comunicativo fue muy innovador. El tipo de piezas comunicativas, el tipo de materiales que se produjeron allí. Facilitan un trabajo pedagógico.

Pero también quiero decir que eso no se puede asumir como la verdad revelada. Es decir, esos son materiales para la crítica, porque el riesgo de estas cátedras de paz y de reconciliación es que se vuelvan unas cátedras rígidas de supuestas verdades. Entonces yo creo que esos son materiales para la discusión que tienen que cotejarse con otras miradas.

VA: Guillermo Mastrini, en su capítulo sobre El Salvador, aborda el asunto del poder que mantienen los perpetradores en el posconflicto, el cual está relacionado con los procesos de reciclaje de violencia que padece Colombia. ¿Aquí podemos hablar de posconflicto?

FL: Colombia tiene una institucionalidad judicial importante que no la tiene El Salvador, que no la tiene Guatemala. Entonces yo creo que esa comparación es importante ahora que los perpetradores siguen teniendo un poder. A pesar de los procesos de verdad, el poder de los perpetradores sigue allí y eso lo hemos podido ver en el trabajo de campo en Montes de María, en San Jacinto, con el Clan del Golfo. Nos tocó vivir en mayo de 2022 el paro armado allí.

Con este retorno del conflicto, vuelven la inseguridad y las violaciones de los derechos humanos y los órdenes dictatoriales. Lo que tenemos son dictaduras. Hemos tenido dictaduras de distinto orden en medio de los 200 años de democracia y todos estos factores de orgullo institucionales.

VA: Sobre Perú, Mario Guerrero planteó una coincidencia entre la Comisión de la Verdad de Perú y la de Colombia: en ambos países fueron señaladas por sectores opositores de ser afines a los grupos armados, de ser parcializadas o que eran muy centralizadas. Y también propone que se debe pensar en cómo generar un impacto estructural de los informes a través de su comunicación sistemática desde las instituciones educativas. ¿Cómo lograrlo en Colombia donde Fecode, colegios y universidades han sido estigmatizados por tener supuestos nexos con grupos subversivos?

FL: Pues en Colombia siempre ha estado la estigmatización, ¿no? Ahí ha estado en el sindicalismo, en los partidos de izquierda y en el mundo de las ONG. Creo que en Colombia hay un capital intelectual, hay un capital educativo cultural que permite llevar esto (la pedagogía sobre los hallazgos de la Comisión de la Verdad) en bloque.

Es decir, al interior del movimiento magisterial ha habido muchas propuestas innovadoras que no pasan por Fecode, que ya no es lo que significó en los años ochenta con la revista de Educación y Cultura. Entonces tampoco podemos decir que se va a tomar un proceso de información en memoria oficialista. Yo no creo porque también dentro del magisterio hay colectivos innovadores, en las regiones y en las capitales.

Aquí lo que implica lacalidad de quienes participen en estas iniciativas como red de lugares de memoria, y colectivos pedagógicos, salones del nunca más. Es decir, aquí hay un movimiento también que yo diría que es muy vital.

Yo siempre he creído mucho en el movimiento de memorialización porque me parece que tiene independencia con respecto a las políticas de los gobiernos; porque tiene que ver con víctimas que han terminado empoderadas e impulsando procesos, con pocos recursos muchas veces, pero pues mucha decisión. Hay iniciativas como la Red de Lugares de Memoria salones del Nunca Más y colectivos pedagógicos.

VA: Los investigadores de la Comisión de la Verdad en Colombia tuvieron problemas para acceder a documentos de las Fuerzas Militares y otras entidades de seguridad del Estado. Situación similar sucedió en Guatemala, como lo refleja el capítulo de Juan Diego Restrepo. ¿Cuál es la importancia de que esos documentos, que permanecen clasificados por supuestas cuestiones de seguridad nacional, sean accesibles a la ciudadanía y a la sociedad? ¿Qué importancia tienen en la construcción de memoria histórica? ¿Por qué siempre se piden esos documentos y por qué siempre hay una traba que no permite que se liberen?

FL: Las Fuerzas Militares siempre han estado vinculadas al mantenimiento del statu quo, y por supuesto, han sido un actor del conflicto, así no les guste reconocerlo ni que los pongan en comparación con los actores ilegales. Indudablemente, ahí saldrían claves de lo que ha sido el país, su cultura política, el anticomunismo, el antiizquierdismo, la teoría del enemigo interno.

VA: Diferentes sectores consideran que el Informe Final de la Comisión de la Verdad no ha logrado llegar a la mayoría de la sociedad colombiana por su extensión o por la complejidad de los temas que aborda. ¿Usted considera que es así? ¿Y por qué la ficción y el documental cinematográfico, como lo plantea el capítulo de Felipe Neira, pueden ser formatos que rompan esas barreras?

FL: Sí, en general con este tipo de informes hay que hacer un esfuerzo pedagógico. Estos informes jamás van a llegar al grueso de la sociedad porque la gente no tiene la información necesaria, porque tiene prejuicios… generalmente, porque no están formados para asimilar esto.

Entonces hay que construir materiales divulgativos. Hay que construir historias en un sentido escueto y ameno; historias que cuenten lo que pasó, cosas que todos los colombianos deberían saber.

Por otro lado, los medios de comunicación se dedicaron a registrar masacres y en esa dinámica semanal de masacres también los hechos superaban la posibilidad de asimilar periodísticamente qué había pasado. El periodismo nunca contó qué era lo que pasaba. Se limitó a una lógica de registro de masacres y llegamos a un punto en que, si la masacre no era mayor de tres víctimas, no era noticia en las redacciones de los periódicos.

Entonces hay muchos factores que inciden en que la gente no se entere, incluso factores como que la gente quiere no inquietarse, la gente quiere vivir tranquila. La gente dice: “Yo no veo televisión porque yo no soporto esas noticias”.

Entonces es un panorama complejo. Nunca en ninguna sociedad, el grueso de los grupos sociales va a querer informarse sobre lo que pasó. Eso requiere de unos sectores de vanguardia, críticos. Requiere de elementos formativos de conocimiento de la historia, de tener argumentos para entender qué pasó. La sociedad no los tiene.

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Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

Al mismo tiempo que un despacho judicial de Justicia y Paz le otorgó la libertad condicional al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, cuestionó la falta de entrega de más de 100 bienes que supuestamente están en manos de terceros y pertenecían a Mancuso mientras militaba en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

El grueso de las víctimas incluidas en sentencias de Justicia y Paz, han recibido tan sólo una fracción de la reparación a las que tienen derecho. “Algunas pocas han recibido unos porcentajes muy bajos cancelados con recursos (…) públicos (que) no alcanza a cubrir generalmente sino entre el 3 y 5% de las sumas reconocidas como indemnización y en el mejor escenario hasta el 10%”, señaló la juez Luz Marina Zamora este lunes mientras leía la sentencia que le otorgó libertad condicional al exjefe paramilitar, aunque aún le queda por resolver las medidas judiciales que tiene pendiente en Barranquilla y Bogotá para alcanzar la excarcelación. (Leer más en: Por ahora, Mancuso no recuperará su libertad)

Desde 2006, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-370, había advertido que los bienes obtenidos ilícitamente por grupos ilegales “han sido escondidos o trasladados a testaferros o incluso a terceros de buena fe a través de los cuales ‘lavan’ los correspondientes activos”.

En mayo de 2011, la Fiscalía creó la Subunidad Élite de Persecución de Bienes, como un grupo especializado del ente investigador que debía investigar los bienes que los paramilitares habían despojado y que los postulados de Justicia y Paz entregaron o se encuentran en manos de testaferros. El fin de estos bienes era alimentar el Fondo para la Reparación a las Víctimas. (Leer más en: Fiscalía creó Unidad Élite para Búsqueda Bienes)

En una sentencia del 2010 contra el excomandante paramilitar Jorge Iván Laverde Zapata, conocido en la guerra como ‘El Iguano’, la magistrada Uldi Teresa Jiménez, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, precisa que Mancuso, quien intervino telefónicamente en el juicio, dijo que si le daban suficientes garantías para los testaferros, él entregaría inmuebles por más de 5 o 6 millones de dólares, “siempre que se beneficiara a quienes los tienen en este momento, con el principio de oportunidad”.

Sin embargo, esto no ha ocurrido. Durante la audiencia inicial que se cumplió el 1 de marzo, la fiscal Deicy Jaramillo Rivera, del grupo de Persecución de Bienes, quien persigue los bienes de Mancuso en los bloques de Montes de María, Córdoba y Catatumbo, dijo que su despacho no tiene cómo concluir que Mancuso ha cumplido con la entrega de bienes.

Jaramillo precisó que a partir de las tres sentencias impuestas al exjefe paramilitar en Justicia y Paz, se ordenó la extinción de dominio de 44 bienes y 1.516 millones entregados por él. Además, agregó que continúa investigando la relación de 100 bienes que poseen terceros y presuntamente tendrían vínculo con las Auc. A algunos de estos se les han impuesto medidas cautelares, pero han sido impugnadas.

“Tengo en investigación por persecución 100 bienes del postulado. De esos 100, tengo radicados 10 para medidas cautelares, hace 15 días me impusieron (medidas cautelares) en tres; y de estos tengo en proceso de alistamiento 30. Y tengo para solicitar extinción de dominio en la audiencia del 6 y 18 de marzo, 10 bienes entregados”, señaló Jaramillo en la audiencia del pasado 1 de marzo. Además, aclaró que está pendiente que emitan el fallo de extinción de dominio de 11 bienes, entregados por Mancuso, que se presentaron el 16 de febrero del 2021. Jaramillo no especificó de qué tipo de bienes se trata.

Jaramillo también sostuvo en la audiencia que en enero de este año el exjefe paramilitar concluyó su rendición de versiones sobre bienes, “aunque en una certificación expedida el 28 de septiembre de 2022 por la Fiscalía 35 delegada ante Tribunal del Grupo de Persecución de Bienes, que tenía para ese momento a cargo la verificación de ese compromiso, dio cuenta que había cerrado versión en materia de bienes ‘el 21 de julio de 2022’”, precisa la reciente sentencia proferida por la juez Zamora.

Según las normas de Justicia y Paz, Mancuso podría haber sido excluido del proceso por la no entrega de los bienes. Sin embargo, la procuradora destacada ante Unidad de Bienes de la Fiscalía, que persigue los bienes del exjefe paramilitar, Janneth Patricia Velázquez, anotó que como muchos de los bienes cuentan con incidente de oposición, “permite todavía contar con esa presunción de buena fe”.

Eso mismo consideró la jueza de Ejecución de Sentencia, Luz Marina Buitrago, quien instó a la Fiscalía a traer resultados sobre la investigación de bienes del postulado, quién desde hace más de ocho años carga una sentencia en firme en su contra por su responsabilidad como exjefe paramilitar, mientras que la Unidad de Persecución de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, fue creada hace más de 12 años.

“Aún no se cuenta con un informe final en materia de persecución de bienes, luego de más de una década de tener a cargo esa función misional la Unidad de Persecución de Bienes”,
concluye en la sentencia.

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Mancuso, condenado a 15 años en Estados Unidos

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Mancuso: lecciones para juzgar a un criminal de alto calibre

Los cerca de 20 mil crímenes que cometieron hombres bajo su mando en ocho departamentos han sido un desafío para el sistema judicial. Las...

Cuando Mancuso y sus ‘paras’ eran pobres

Hernando De Jesús Fontalvo, alias el ‘Pájaro’, escolta de Mancuso y 'Jorge 40', quien está detenido, cuenta detalles de cómo fueron los primeros días...

‘El Pájaro’ y los primeros días del grupo de Mancuso

Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, alias 'El Pájaro', está preso desde hace doce años. Se encuentra detenido por su lealtad y subordinación a Salvatore...

Verdad en proceso contra Salvatore Mancuso deja dudas

La Corte Suprema de Justicia consideró que la reconstrucción histórica realizada alrededor del proceso de Justicia y Paz en relación con este jefe paramilitar...

El Personero que quiso poner tras las rejas a Mancuso y ‘Jorge 40’, y murió en el intento

La única vez que estos dos jefes paramilitares fueron capturados por las autoridades, un fiscal los dejó libres. José Alberto Pareja, Personero de Villanueva...

Abusos sexuales de los hombres de Salvatore Mancuso

Los grupos paramilitares dirigidos por Salvatore Mancuso utilizaron la fuerza y las amenazas para abusar sexualmente de las mujeres, muchas de ellas fueron obligadas...

Mancuso y sushombres desplazaron a más de 70 mil personas

La Fiscalía analizó los desplazamientos ocasionados por cuatro grupos paramilitares al mando de Salvatore Mancuso en la Costa Caribe y Norte de Santander. La...

Así desaparecieron a sus víctimas los hombres de Mancuso

La Fiscalía hizo un análisis de más de 900 casos de víctimas desparecidas por cuatro bloques paramilitares al mando de Salvatore Mancuso. No se...

Los funcionarios asesinados por no plegarse a Mancuso y al ‘Iguano’

Los paras de Norte de Santander asesinaron a varios funcionarios de la Fiscalía, el CTI y la Defensoría por negarse a colaborar con ellos...

Los perseguidos de Mancuso en Córdoba

Antes de montar el Bloque Catatumbo, en Norte de Santander, el ex jefe paramilitar ordenó asesinatos, desapariciones y robo de ganado en las fincas...

Los crímenes de Mancuso en la Universidad de Córdoba

En su tercer día de versión libre desde Estados Unidos, Salvatore Mancuso, ex jefe del bloque Córdoba, Catatumbo y Norte de las AUC, confesó...

Matando civiles Mancuso llegó al Catatumbo

En su segundo día de versión libre desde Estados Unidos, este exjefe paramilitar confesó cuatro masacres en el municipio de Tibú y el origen...

El paso de Salvatore Mancuso por la guerra

Junto con sus hombres de confianza crearon cuatro grupos paramilitares en la Costa Caribe y Norte de Santander. Esta es la historia que ha...

La ‘contra-reforma agraria’ de Mancuso

La reciente sentencia de tierras en Montería demuestra que el jefe paramilitar siguió el plan de los hermanos Castaño de echar para atrás la...

Las 5 mil hectáreas que se robó Mancuso

El ex jefe de los Bloques Córdoba y Catatumbo ha entregado 38 predios y dos empresas ante Justicia y Paz. La Fiscal 25 hizo...

Mancuso volvió a Justicia y Paz y confesó sobre despojo de tierras

Desde Estados Unidos, el ex jefe paramilitar aceptó su responsabilidad en el despojo y venta forzada de bienes. Hace más de dos años que...

El libreto de la parapolítica según Mancuso, ‘El Alemán’ y ‘Jorge 40’

Una grabación muestra cómo Mancuso, ‘Jorge 40’ y ‘El Alemán’ se preparaban para destapar la parapolítica. Los paras sabían que sus revelaciones harían colapsar...

Lafaurie y Pretelt, señalados de nuevo por Mancuso

El exjefe 'para’ dio detalles de las presuntas reuniones en las que el exministro y el ganadero le pidieron su apoyo para la reelección...

Holguin Sardi nos pidió que fuéramos al Valle: Mancuso

El ex jefe del la Auc señaló que el ex ministro y un grupo de empresarios le pidieron en 1996 que llevaran a los...

Salvatore Mancuso salpica a Cáceres

Mancuso aseguró que varios congresistas, condenados por parapolítica, se reunieron con él en representación del ex senador Javier Cáceres. También que ‘Juancho Dique’ le...

Lo que dijo Mancuso contra Mario Uribe

En el juicio el ex jefe paramilitar señaló que las Auc ayudaron a Mario Uribe en la campaña de 2002 mientras el ex comisionado de...

Las Auc apoyaron la campaña de Uribe en el 2002: Mancuso

El ex jefe paramilitar dijo que las Auc apoyaron al candidato Álvaro Uribe en la campaña de 2002. También reiteró acusaciones a Juan Manuel Santos y...

La despachada de Mancuso en el juicio a Noguera

El ex jefe paramilitar volvió a decir que el hoy candidato presidencial, Juan Manuel Santos, le propuso a Carlos Castaño dar un golpe de...

“Santoyo trabajó con Carlos Castaño”: Mancuso

Salvatore Mancuso señalò que el ex jefe de seguridad del ex presidente Álvaro Uribe, Mauricio Santoyo, fue su cómpliceen la interceptación ilegal de llamadas...

Mancuso asegura que militares ayudaron a la expansión de las Auc

El exjefe paramilitar contó varios episodios de cómo las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) se aliaron con militares para crear el grupo paramilitar en...

“En Caño Jabón también ayudaron los militares”: Mancuso

El ex jefe paramilitar ratificó en versión libre que los militares también participaron en la masacre de Caño Jabón, Meta, en mayo de 1998.    Salvatore...

“La fuerza pública fue clave para la expansión de las Auc”: Mancuso

Según el ex jefe paramilitar, por petición de la fuerza pública los 'paras' desaparecieron a sus víctimas para no aumentar los índices de muertes...

Los perseguidos de José Miguel Narváez, según Mancuso

El ex paramilitar aseguró que el ex subdirector del Das les mostraba fotos de los líderes de izquierda que debían perseguir, entre ellos miembros...

El repaso de Mancuso

El ex jefe paramilitar confirmó las denuncias que ya había venido haciendo a Justicia y Paz, entre ellas, que dio dinero a la campaña...

Mancuso y la conspiración contra la Corte Suprema

El ex paramilitar aseguró que Álvaro Uribe los extraditó para taparel complot contra la Corte Suprema. Sus declaraciones coinciden con las de ‘El Tuso’...

Los enredos en la reparación de las víctimas de Salvatore Mancuso

Papeles refundidos, familiares no reconocidos, bienes insuficientes y criterios de reparación que difieren en las sentencias son algunos de los reclamos que hacen las...

Los lujosos negocios de Mancuso que no repararán a las víctimas

Mancuso invirtió 5.600 millones de pesos en el restaurante L’Enoteca de Barranquilla que fue administrado por el italiano Giorgio Sale. De los lujos nada...

Los enredos de los bienes que entregó Mancuso

Por lo menos 2 mil de las más de 6 mil hectáreas que ex jefe paramilitar entregó para reparar a las víctimas han perdido...

El despilfarro de los Proyectos Productivos de Mancuso

El gobierno financió proyectos productivos para los desmovilizados en Córdoba con más de mil millones de pesos que se perdieron por negligencia y falta de...

Mancuso sigue guardándose secretos

Aunque el paramilitar habló de cómo llegó a Norte de Santander y del cobro de ‘impuestos’ al narcotráfico, se negó a dar más detalles...

“Perdón, mil veces perdón”: Salvatore Mancuso

El exjefe paramilitar de los bloques Norte, Córdoba y Catatumbo, habló con VerdadAbierta.com sobre la extradición, la mesa de negociación en Ralito, la erradicación...

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“A medida que las industrias obtienen ganancias récord, el mundo que compartimos está siendo destruido. Los defensores de los derechos humanos están presionando a los contaminadores, pero su lucha tiene un precio muy alto.” Así comienza el documental de 24 minutos de Andrew Bogrand, defensor político de Oxfam América, que apoya a organizaciones y comunidades que luchan por la justicia climática y ambiental.

A través de conmovedoras entrevistas frente a cámara, la producción destaca la valiente lucha de seis personas defensoras de los derechos humanos y ambientales que denuncian a quienes contaminan y afectan sus territorios. Porque “mañana es demasiado tarde”, en palabras de Nonhle Mbuthuma, defensora de los derechos a la tierra en la provincia del Cabo Oriental de Sudáfrica, el cortometraje es un llamado a continuar y unir las luchas en todo el mundo.

Tanto en Mossville, Luisiana, donde el aire, el agua y el suelo son los peores de los Estados Unidos debido a la presencia de 14 plantas químicas que destruyeron toda una comunidad; como en Durban, Sudáfrica, donde las industrias petroleras ponen en peligro el suministro de pescado a las comunidades, defensoras y defensores luchan por sus derechos y los del medio ambiente a pesar de los intentos de silenciarlos.

Resisten en la línea. Porque “una persona defensora de los derechos humanos es una persona que protege pacíficamente a los seres humanos y al medio ambiente”, afirma Carolyn Peters, presidente de Concerned Citizens of Mossville, un grupo de activistas civiles que defienden el derecho a la tierra y a un medio ambiente sano como un derecho inalienable.

Colombia, el país más peligroso

“Teniendo en cuenta que Colombia está a la cabeza de la clasificación mundial de defensores y defensoras de los derechos humanos asesinados, el documental da un lugar central a quienes luchan en el país”, explica el director del documental, Andrew Bogrand.

Con el telón de fondo de las montañas y la floreciente vegetación del departamento de Caquetá, Magaly Belalcázar y Yulitza Serna, dos mujeres que dedicaron su vida a la defensa del territorio amazónico, confiesan a la cámara los desafíos a los que se enfrentan cada día como mujeres luchadoras. Entre ellos, “la impunidad y la falta de justicia conectada con las luchas y realidades de las mujeres”, son las que las dejan más “desprotegidas”, según Belalcázar, quien estaba presente el día del estreno para la prensa.

“Siempre se cuestiona todo a las mujeres defensoras, nunca a los grandes terratenientes ganaderos. Hoy en día, el desprestigio de las defensoras es una herramienta muy poderosa para silenciarnos. Para mí, la visibilización es una herramienta de protección, pero respeto a las que no quieren ser visibles”, continúa Belalcázar, que lucha desde hace más de 27 años. La voz temblorosa, recuerda cuando todas fueron amenazadas por haber denunciado violencias sexuales por parte de paramilitares. “¿Por qué una vaca tiene más derechos que una mujer en el Amazonas?”, se exaspera.

Para ella, este documental permite reflexionar sobre el papel del gobierno del presidente Petro en la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente: “Creo que estos dos años que han pasado han sido de aprendizaje, los dos que siguen tienen que ser de enclave”, concluye.

En un mundo en llamas, los seis protagonistas del documental Hold The Line desafían los abusos corporativos y protegen nuestro entorno común. Pero son más que activistas. También son madres, padres, hijos e hijas, y mantener la línea conlleva graves riesgos personales. “Cada año, cientos de defensores de los derechos humanos son asesinados. Pierden la vida para preservar nuestro medio ambiente”, concluye el documental. Nos cuidan, pero ¿quién cuida de ellos y de ellas?

Aquí puede ver el documental.

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Los ojos de Juan Romero se llenan de lágrimas ante las cifras que encarnan el dolor del conflicto en Colombia: 450.666 víctimas de homicidio, 121.768 víctimas de desaparición forzada, 7.752.964 víctimas de desplazamiento forzado. Todas hacen parte de las 9.342.426 víctimas del conflicto armado interno entre 1985 y 2022. 

El visitante de la exposición sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad no puede retener su emoción. “He vivido todo esto; es terriblemente doloroso. Es abrir una cantidad de heridas que todos tenemos en Colombia. Terrible. De repente, las veo todas juntas. No hemos podido vivir en paz nunca”, dice el hombre de 62 años con voz temblorosa. 

Las instalaciones hacen parte de la exposición “Hay futuro si hay verdad: de la Colombia herida a la Colombia posible”, con la que se busca democratizar los hallazgos del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), que fue entregado al país el 28 de junio de 2022. 

“Estas cifras abrumadoras representan sólo a las víctimas a las que la Comisión ha tenido acceso, son mucho más si se tiene en cuenta que hay subregistro”, afirma Andrés Pemberty, uno de los nueve guías de la exposición. (Leer más en: En las manos del país la Comisión de la Verdad dejó su Informe Final)

Cuando inicia un recorrido lleva consigo a los visitantes al corazón de las investigaciones de la CEV y les pide guardar 17 segundos de silencio. “Si hiciéramos un minuto de silencio por cada víctima del conflicto armado en Colombia, tendríamos que estar en silencio durante 17 años”, está escrito en la pared de entrada. Son palabras que el padre Francisco de Roux, quien presidió a la Comisión, expresó durante la entrega del Informe Final en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán.

La inmensa investigación llevada a cabo por la CEV colocó a las víctimas en el centro de su trabajo. Ahora, para mantener viva sus memorias, las visibiliza por medio de grandes pantallas y audios que retumban por las salas de esta exposición ubicada en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en el corazón de la capital.

Esta exposición invita a los visitantes a conocer los hallazgos y recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad con el fin de “sentar las bases de una sociedad mejor y en paz”, como se indica en la pared en la última sección titulada “Inspiración de Futuro”. (Leer más en: De urgencia, así es el carácter de las 101 recomendaciones de la CEV)

“Se trata de hacer accesible a todos los cuatro años de investigación y escucha comprometida de la Comisión para abrir la reflexión y el diálogo sobre más de medio siglo de guerra y avanzar hacia un futuro pacificado y reconciliado, basado en la verdad del conflicto armado colombiano”, explica la vocera de la exposición, Paula Velásquez. Agrega que el Ministerio de Cultura apoyará esfuerzos para que la exposición se lleve a otras ciudades y regiones del país. 

Un paseo por los entrañas del conflicto colombiano

Quien visita la exposición pasa por seis salas que le hacen retroceder en el tiempo. 

En la primera, se reproducen las palabras del padre Francisco de Roux. El sacerdote jesuita advierte que el informe trae verdades incómodas que desafían la dignidad de los colombianos. En la siguiente sala, se consigna sobre las paredes la historia de la Comisión de la Verdad desde el Acuerdo de Paz de 2016 hasta la actualidad. 

En la tercera sala, los visitantes se enfrentan a los testimonios de las víctimas; y en la cuarta, a las fechas que marcaron el desarrollo del conflicto armado interno desde 1920. En el siguiente espacio, se adentra en el corazón de Colombia y se expone cómo el conflicto ha afectado de manera diferencial a cada región. 

Por último, la invitación es permanecer en silencio, reflexionando sobre las nueve principales recomendaciones de la Comisión que cubren las paredes de la sexta sala: la consolidación de la paz y la democracia, la escucha de las víctimas, la lucha contra el narcotráfico y la impunidad, la seguridad, la construcción de la paz territorial, las transformaciones culturales y el legado en particular a través del labor de quienes desempeñan tareas educativas.

“Me parece que es una alternativa de difusión muy didáctica para quienes no tenemos ni la oportunidad ni la educación de leer el informe en su totalidad. Permite comprender el trabajo hecho por la Comisión y la información que deja al país sobre nuestra historia”, explica Ana Suárez, una visitante de 38 años. 

La socialización de este vasto documento recae en los nueve mediadores de la exposición, que ofrecen visitas guiadas y animan a los visitantes a expresar sus opiniones a través de preguntas abiertas y juegos de cartas. Para Wendy Camargo, estudiante de 26 años, la labor de los guías es muy valiosa: “Encuentro muy difícil abordar todo el trabajo de la Comisión en una sola exposición. Pero me gustó mucho el compromiso de los mediadores para hacer entender el trabajo de la Comisión y de las comunidades”. 

Los guías están comprometidos con su labor. “Lo que me interesa como mediador (guía) es que las rutas que seguimos tengan en cuenta los intereses de las personas con las que estoy presente, para que sientan que esto no les es ajeno sino algo cercano; es un llamado al diálogo, a la paz y a la esperanza”, concluye Pemberty.

La exposición “Hay futuro si hay verdad: de la Colombia herida a la Colombia posible” estará en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá desde el 13 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2024. 

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