Efectivos de la IV Brigada del Ejercito estarían comprometidos en acciones coordinadas con el Bloque Mineros de las Auc.

La sentencia que emitió la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra el exjefe del Bloque Mineros, Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’, no sólo ordena que se investigue al hoy senador Álvaro Uribe Vélez, por su actuación como gobernador de Antioquia durante la masacre del Aro, en Ituango, en 1997. También pide que se indague a miembros del Ejército y la Policía, fiscales y jueces vinculados a crímenes gravísimos.

El Tribunal ordena que se compulsen copias contra varios oficiales de la IV Brigada, y a un fiscal, por la masacre de Parques del Estadio, un episodio en el que perdieron la vida cuatro hombres que fueron presentados como guerrilleros de las Farc, pero que en realidad fueron asesinados en un ajuste de cuentas por narcotráfico.

El 28 de febrero de 2004 en la unidad residencial Parques del Estado, vecina a la sede de la IV Brigada del Ejército, en el occidente de Medellín, el Pelotón Urbano Antiterrorista, del Batallón Yariquíes, bajo el mando del capitán Rogelio Ernesto Echeverri Palacio, realizó un allanamiento contra una supuesta célula de las Farc que estaría reunida en el apartamento 916 del bloque 4 de ese conjunto residencial planeando acciones para desestabilizar a la ciudad.

Ese día, la oficina de prensa de la IV Brigada emitió un comunicado en el que se dijo que tropas de esa guarnición militar “intentaron detener a cuatro sospechosos que vivían allí desde hacía poco más de un mes, según la información recolectada por la Inteligencia Militar”. El texto asegura que “los habitantes del apartamento no atendieron los requerimientos de las tropas y respondieron con disparos, los cuales alcanzaron una de las piernas del primer soldado que intentó ingresar al lugar”. Los muertos en este episodio fueron Fredy Hernán Berrío Torres, Oscar Peñaranda Ortiz, Rafael Arias Arias y Jesús Antonio Carvajal Mazo.

Así registró un diario regional los hechos ocurridos en el conjunto residencial Parques del Estadio.

Sin embargo, el exjefe paramilitar ‘Cuco’ Vanoy dijo ante los tribunales de Justicia y Paz que él le pagó 500 millones de pesos a la ‘Oficina de Envigado’ por el asesinato de Fredy Hernán Berrío, quien lo había traicionado en un negocio de cocaína. Ni Vanoy ni la justicia han logrado establecer cómo terminaron vinculados a este hecho los miembros de la IV Brigada.

Los oficiales a quienes se ordena investigar son Guillermo Granados Mejía, en ese entonces comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 4 Cacique Yariguíes, y Oscar Anzola, quien es jefe de prensa de esa unidad militar. También a dos uniformados identificados por sus apellidos -Sánchez Rey, Muñoz y Piedrahita-, quienes estuvieron en el lugar de los hechos y de acuerdo con la versión entregada por el Darío Eduardo Leal Rivera, fiscal 48 delegado ante el Gaula del Ejército, “contaminaron laescena del crimen”.

La Sala de Justicia y Paz conminó a la Fiscalía para que evalúe si puede recurrir a una acción de revisión que permita investigar nuevamente al Capitán Rogelio Ernesto Echeverri Palacio y los soldados profesionales Luis Valencia Jiménez y Gustavo Alonso Valencia Quintero, pues el 4 de abril de 2006, la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín (proceso 2034) dictó resolución de preclusión del caso.

Los magistrados solicitan que se reabra la investigación “debido a la contaminación de la escena del crimen, por lo evidente de huellas de arrastre que sugieren el movimiento de los cuerpos ya sin vida por el apartamento, armas sostenidas por los cadáveres que momentos antes habían recibido disparos en los brazos, etc.”.

Esa acción de revisión también había sido solicitada el 25 de enero de 2011 por Olimpo Castaño Quintero, magistrado con funciones de control de garantías de la Unidad de Justicia y Paz, luego de escuchar la confesión del excomandante del Bloque Mineros. (Leer Procuraduría y Fiscalía pedirán revisar fallo sobre masacre de narcos)

¿Conexión con ‘La Oficina’?

El empresario del fútbol Gustavo Upegui padeció el secuestro de sus hijos Juan Pablo y Felipe a mediados de la década del noventa. Su destino fue trágico: fue asesinado el 3 de julio de 2006.

La otra masacre que plantea interrogantes sobre una posible conexión de miembros del Ejército con organizaciones narco-paramilitares es la de Juntas, ocurrida a finales de marzo de 1996 en zona rural del municipio de Valdivia. El Tribunal recordó que esta matanza tuvo como antecedente el secuestro de Juan Pablo Upegui Gallego, actual accionista mayoritario del Envigado Fútbol Club, recientemente incluido en la Lista Clinton por las autoridades de Estados Unidos, bajo sospechas de lavado de activos del narcotráfico en favor de la ‘Oficina de Envigado’.

Upegui Gallego fue secuestrado el 29 de enero de ese año y, de acuerdo con la versión de ‘Cuco Vanoy’, el operativo de liberación fue coordinado por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y el empresario de transporte en helicópteros Luis Guillermo Ángel, conocido como ‘Guillo Ángel’. No obstante en el ‘rescate’ participaron miembros del Gaula Rural del Batallón Granaderos, adscritos también a la IV Brigada. En este hecho murieron tres personas, que al parecer eran parte de los secuestradores, y que fueron presentados como bajas en una operación legítima.

Al respecto, la Sala de Justicia y Paz de Medellín consideró que “se hace palmaria la necesidad de investigación penal y disciplinaria de cara a determinar sí efectivos del Ejército Nacional pudieron haber ejecutado conductas antijurídicas susceptibles de ser sancionadas”.

¿Policías cómplices?
Miembros de la Policía Nacional aparecen involucrados en una tercera masacre en la sentencia contra ‘Cuco’ Vanoy. Se trata de la matanza ocurrida en el corregimiento La Granja, de Ituango, el 11 de junio de 1996, donde perdieron la vida seis personas, y en la cual, según testimonios de exparamilitares, hubo coordinación con agentes de la Policía Nacional, quienes los dejaron movilizar por lacarretera para perpetrar el crimen. (Leer Masacre de La Granja)

La Sala de Justicia y Paz ordenó a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, así como a la Procuraduría General de la Nación, “que se recabe en las investigaciones de los miembros de la Fuerza Pública que fungían como comandantes en los municipios de Santa Rosa de Osos, San Andrés de Cuerquia e Ituango”.

Asimismo, según información recopilada por la Fiscalía, el 5 de mayo de 2002 seis personas que se transportaban por el sector de Chorrillos, en la vía hacia Briceño, fueron retenidas por un comando armado del Bloque Mineros. Cuatro de ellas aparecieron asesinadas a los pocos días, y dos más permanecen desaparecidas.

El Tribunal ordena que se investigue a los agentes que prestaban servicio en Briceño para la época, ya que según testimonios, los familiares de las víctimas acudieron en solicitud de auxilio, sin obtener respuesta, “evidenciándose, como mínimo, una sustracción al deber legal de los integrantes del Comando de Policía de Briceño, situación que deberá investigar la Fiscalía respecto del Comandante de la época”.

Una absolución cuestionada
La magistratura en Medellín también solicitó investigar a Catalina Rendón Henao, quien actuando como jueza segunda penal del Circuito Especializado de Antioquia, emitió fallo a favor del exalcalde de Tarazá, Miguel Ángel Gómez García, quien venía siendo procesado por concierto para delinquir, por supuestos nexos con ‘Cuco’ Vanoy, afectando con ello a los miembros del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia (Sintraofan), seccional Tarazá. (Leer Sindicalistas en Antioquia, blanco de los ‘paras’)

Si bien el exjefe paramilitar narró ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz detalles de sus alianzas con el mandatario local, que incluyeron negocios de fincas, la juez desestimó esos señalamientos y mediante la sentencia N. 067 del 29 de diciembre de 2010 emitió un fallo absolutorio y lo dejó en libertad.

Esta decisión, según el Tribunal, fue tomada “a pesar de que con base en la prueba testimonial recaudada por la Fiscalía se puede establecer con probabilidad de verdad que el procesado tenía una alianza con el grupo ilegal, como así lo reiteró en varias ocasiones el mismo postulado Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’ Vanoy, acerca de que Gómez García era cercano al Bloque Mineros, era su amigo, y de ello se derivaron las reuniones que tuvieron relevancia dentro del plan criminal de las “Autodefensas” y el ciudadano Miguel Ángel para diezmar el Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia – Seccional Tarazá”.

Por todo lo anterior, la Sala de Justicia y Paz exhortó a las gobernaciones de Antioquia y Córdoba, así como a la Policía y el Ejército Nacional para que “adelanten actos públicos de perdón y reconocimiento de todos aquellos daños individuales y colectivos causados a los hombres y a las mujeres con ocasión del accionar y el despliegue paramilitar en sus territorios, buscando la garantía de no repetición y no olvido de lo sucedido”.

The post Las masacres de ‘Cuco Vanoy’ que enredan a militares y policías appeared first on VerdadAbierta.com.

 Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, fue uno de los exparamilitares que pidió perdón a las víctimas del accionar del Bloque Central Bolívar.

“¡Nunca más!”, así concluyó su solicitud de perdón a las víctimas el exjefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, quien comandó el Bloque Sur de Bolívar del, una facción del poderoso Bloque Central Bolívar, durante una audiencia ante magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

“El dolor físico, emocional y psicológico que les causamos a las víctimas nos obliga a manifestar remordimiento, perdón, una profunda pesadumbre y una inocultable vergüenza moral por todo cuanto hicimos en esta guerra fratricida”, aseguró este exparamilitar, tras liderar las muestras de arrepentimiento de varios integrantes de esta estructura paramilitar, la más grande de las Auc, que tuvo presencia en por lo menos ocho departamentos, alcanzó a tener por lo menos 7 mil hombres en armas y estuvo liderada por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, quien purga una condena por narcotráfico en Estados Unidos y quien, curiosamente, no compareció a esta audiencia.

“En nombre del desaparecido Bloque Central Bolívar, en especial de quienes nos sometimos a la justicia, ratifico el perdón que causamos al país y hacemos declaración de solemne conciencia por la violación de derechos humanos. Con plena convicción podemos afirmar nunca más, no habrá repetición”, concluyó ‘Julián Bolívar’.

Tanto este exjefe paramilitar como otros exmiembros de esa estructura armada hablaron a través de un sistema de videoconferencia desde diversas cárceles, tanto en el país, como en Estados Unidos, donde purgan sus condenas.

Quien habló desde un penal norteamericano fue Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, exjefe del bloque Libertadores del Sur, una facción del Bcb que operó por varios años en el departamento de Nariño. “Les pido excusas por el daño causado a las víctimas de Nariño y concretamente del municipio de Tumaco, donde tuve mi centro de operaciones. Igualmente les pido perdón por haberlas dejado huérfanas cuando di la orden de asesinar a la religiosa Yolanda Cerón Delgado”, dijo.

La hermana Cerón, como la llamaban en el puerto sobre el Pacífico, fue asesinada el 19 de septiembre de 2001 a tiros a plena luz del día por sicarios del Bloque Libertadores del Sur. Su labor pastoral se centró en la defensa de las comunidades más vulnerables, entre ellas las comunidades indígenas y afros, a quienes acompañaba en sus luchas por la titulación de tierras colectivas. (Ver: La hermana Yolanda Cerón, una resistente a la violencia en Tumaco).

Pablo Emilio Quintero, intervino desde la cárcel La Modelo, de Bucaramanga. Este exparamilitar, quien pasó por las filas de las Fuerzas Armadas, reconoció que “querer hacer justicia con mis propias manos, algo que no me correspondía”. Desde ese mismo penal, José Fernando Gómez, otro de los exparamilitares del Bcb que participó de este perdón colectivo,  admitió la culpa en el dolor que le causaron a miles de víctimas que, según él, “por ninguna razón debieron ser blanco de nuestra organización armada”. 

El exparamilitar Aníbal de Jesús Gómez, alias ‘Juan Carlos’, aprovechó la ocasión no solo para sumarse a la petición colectiva de perdón, sino para expresar su preocupación por las falencias en la resocialización que se ha dispuesto para ellos durante sus años de reclusión: “hay falta de programas técnicos y tecnológicos por parte del Inpec para desarrollar nuestros estudios universitarios” afirmó.

Quien también intervino en la audiencia fue Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, considerado jefe político del Bcb, quien resaltó el valor de la reconciliación y destacó el proceso de Justicia y Paz, a través del cual, según él, “ha hecho públicos miles de hechos de los que ni el país ni la comunidad internacional tenían conocimiento, varios de los cuales nos causaron asombro a nosotros mismos”.

En su discurso, reiteró que este acto colectivo de perdón de quienes lideraron distintas facciones del Bcb, “nace de las más íntimas fibras del corazón y no atiende a un mero formalismo jurídico. Por el contrario, es una imposición del alma que surge del más sincero arrepentimiento tras escuchar los relatos de las víctimas”.

¿Nueva comisión?
Durante el acto público de arrepentimiento por los daños causados a las más de 14.000 víctimas, alias ‘Ernesto Báez’, planteó la necesidad de conformar una comisión nacional de memoria histórica para resarcir a las víctimas. “Guerrilla y Fuerzas Militares deben conformar esta comisión para que se sepa el daño que se ha hecho en esta guerra, para que el país lo sepa” aseguró el exparamilitar.

Asimismo mencionó que “si hay algo que nos involucra a nosotros y a sectores políticos y económicos es a haber contribuido a que el conflicto armado registre un número tan asombroso de víctimas inocentes”, frente a lo cual propuso un foro nacional de desagravio a las víctimas.

Ambas iniciativas al parecer ya son de conocimiento del gobierno nacional, en particular de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien habría prometido instalar mesas de trabajo con los exparamilitares para discutir sus propuestas y analizar su viabilidad.

Al respecto, el analista Vicente Torrijos, actual integrante de la Comisión Histórica que estudiará las causas del conflicto, manifestó que “carece de sentido académico y político que el país se convierta en un laboratorio de ‘comisionitis’, para el caso de los grupos paramilitares está la Fiscalía y ellos deben seguir con el proceso de reparación y esclarecimiento de la verdad desde el proceso de Justicia y Paz”.

Finalmente, los exintegrantes del Bcb dijeron que consideraban de gran importancia, como mecanismo de no repetición, que la Presidencia de la Republica pida perdón por la participación de los miembros de la Fuerza Pública y otros integrantes del Estado en acciones que se cometieron en conjunto contra la población civil. Tal petición que hasta el momento no ha generado ninguna reacción del gobierno nacional.

The post “Hoy queremos decir: Nunca más”: ex ‘paras’ del Bloque Central Bolívar appeared first on VerdadAbierta.com.

Uber Enrique Banquéz Martínez, alias ‘Juancho Dique’, exjefe paramilitar del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc. Foto: archivo Semana.

El exjefe paramilitar Uber Enrique Banquéz Martínez, alias ‘Juancho Dique’, no quedará en libertad de manera inmediata. Si bien así lo dispuso una magistrada con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, las apelaciones presentadas por la Fiscalía y la Procuraduría, y otros procesos en su contra frenan su salida del penal.

Alias ‘Juancho Dique’ estuvo al mando del Frente Canal del Dique, una facción del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que operó en varias regiones del departamento de Bolívar y dejó cientos de víctimas. Su desmovilización, junto con sus hombres al mando, se produjo en julio de 2005 y está detenido desde el 30 de octubre de 2006.

Las normas señalan que una vez los desmovilizados hayan cumplido una pena de ocho años, que se cuentan desde el momento en que el gobierno nacional los postuló a La ley 975, conocida como Justicia y Paz, existen dos procedimientos para solicitar su libertad: el primero es la libertad a prueba por pena cumplida, que aplica para aquellos que ya hayan sido sentenciados; el segundo advierte que quienes aún no han sido condenados pueden recurrir a una figura conocida como la sustitución de medida de aseguramiento. En ambos casos los magistrados de Justicia y Paz evalúan que los postulados hayan cumplido con sus compromisos legales.

De acuerdo con la magistrada Zoraida Anyul Chalela Romano, este exjefe paramilitar cumplió con todos los requisitos exigidos por las normas transicionales, entre ellos permanecer en prisión por ocho años, participar en actividades de resocialización y certificado de buena conducta, contribuir al esclarecimiento de la verdad y no cometer delitos dolosos con posterioridad a la desmovilización. Por tanto, no había impedimento para otorgarle la libertad condicional.

La decisión fue apelada por representantes de la Fiscalía y la Procuraduría, quienes expondrán detalladamente sus argumentos el próximo 30 de enero. El ente investigador asegura que alias ‘Juancho Dique’ siguió delinquiendo desde la cárcel, pues en la justicia ordinaria lo investigan por falso testimonio y fraude procesal, por haber negado el hurto de ganado en el proceso que se seguía contra Álvaro ‘el Gordo’ García, autor intelectual de la masacre de Macayepo. La decisión final la tiene la Corte Suprema de Justicia. (Ver: Cacique en el patíbulo)

La otra razón que impide su libertad inmediata es que alias ‘Juancho Dique’ ya fue condenado dos veces en Justicia y Paz: la primera, por su responsabilidad en la masacre de Mampuján, y la segunda en el proceso que se sigue contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso (Ver: La primera sentencia en Justicia y Paz). Por tal razón, no puede quedar en libertad hasta que no solicite la libertad a prueba ante un juez de ejecución de penas en Bogotá. De acuerdo con Jorge Noguera, abogado del exparamilitar, se espera que estas audiencias tengan lugar en febrero de este año.

Por el momento, alias ‘Juacho Dique’ seguirá en prisión y continuará con un tercer proceso judicial que se adelanta en Justicia y Paz por más de 300 delitos cometidos por hombres bajo su mando.

Banquéz es el segundo jefe paramilitar condenado que solicita su libertad, el primero fue Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’ (Ver: El enredoen la libertad de ‘Don Antonio’). El curso que tomen estos dos procesos marcará el camino para los demás exjefes paramilitares que cumplan su condena de ocho años de prisión.  

Qué lo compromete
Alias ‘Juancho Dique’ es uno de los primeros desmovilizados de las Auc en ser sentenciado en Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.

Aunque la sustitución de medida de aseguramiento no dejará en libertad al exjefe paramilitar, la decisión de la magistrada Zorayda Chalela Romano es un referente para los desmovilizados que tienen investigaciones en la justicia ordinaria a raíz de sus versiones en Justicia y Paz. Situación muy común entre los exjefes paramilitares.   

Una de las condiciones para quedar en libertad es que los desmovilizados no hayan cometido ningún crimen después de su desmovilización. Puntualmente la investigación contra Úber Banquez se remonta a una demanda interpuesta por el abogado Jaime Granados, defensor, entre otros, de Miguel Ángel Nule Amín, uno de los políticos mencionados por alias ‘Juancho Dique’ en sus versiones libres.

El abogado Granados argumenta que el exparamilitar mintió en el juicio contra Álvaro ‘el Gordo’ García en 2010 cuando negó que su grupo paramilitar hurtara ganado, delito que posteriormente reconoció en el proceso de Justicia y Paz. Por estos hechos la Fiscalía le imputó los cargos de falso testimonio y fraude procesal.

“Este es una demanda revanchista, que busca acallar lo que se dice en las versiones libres. Saben que las investigaciones en la ordinaria pueden obstaculizar la libertad de los postulados”, dijo Noguera, defensor del exparamilitar.  

Para el fiscal de Justicia y Paz que lleva el caso, la imputación es suficiente para negar la sustitución de medida de aseguramiento. Argumenta que el decreto 3011 de 2013, el que reglamentó las modificaciones que en 2012 se hicieron de la ley de Justicia y Paz, impone como requisito la no existencia de imputaciones por delitos dolosos cometidos después de haberse desmovilizado.

Para la magistrada ese apartado es contrario a la Constitución y por eso no puede aplicarse en el caso puntual de alias ‘Juancho Dique’. Asegura que según el sistema penal colombiano exige en estos casos una sentencia y no la simple imputación de los cargos.

La magistrada hizo un llamado a la Fiscalía para que cumpla a cabalidad con los presupuestos de la justicia transicional: “esta magistrada con todo respeto se permite hacer un llamado a la Fiscalía para que, en el marco de su labor, se oriente genuinamente a garantizar que los loables propósitos de este proceso transicional no se den al traste con las revanchas jurídicas iniciadas a consecuencia de lo depuesto por los postulados en sus versiones de Justicia y Paz”.

Agregó además que no cumplirle a los postulados con lo acordado envía un muy mensaje negativo al país, “manipular la Ley para evitar su aplicación, obstaculizar el acceso al beneficio por parte de los postulados, etc., proyectaría un nocivo mensaje al país que atraviesa por un proceso de conversaciones de Paz que merece garantías de confiabilidad y respeto para todas las partes”.

The post Por qué ‘Juancho Dique’ no va a quedar aún en libertad appeared first on VerdadAbierta.com.

El exjefe paramilitar Hebert Veloza García, alias ‘HH’, momentos antes de ser extraditado a Estados Unidos para que responda por cargos asociados al narcaotráfico. Foto: archivo Semana.

La Corte Suprema de Justicia ratificó en una sentencia reciente que el narcotráfico puede ser asumido por los tribunales de Justicia y Paz y ser parte de la pena alternativa, si este hizo parte de la financiación de los grupos paramilitares o guerrilleros. “Desligar el narcotráfico del conflicto interno, sería desconocer la realidad que ha vivido el país, según la cual los actores armados ilegales de la guerra obtienen de esa actividad recursos importantes para financiarse”, advirtió a propósito de una apelación interpuesta por el abogado de Hebert Veloza García, alias ‘HH’, excomandante de los bloques Bananero y Calima de las Auc.

Sin embargo, la misma sentencia ratifica también que a ‘HH’ no le será reconocido el tiempo que ha estado en prisión en Estados Unidos acusado de ese delito, dado que entre los cargos por los que fue condenado en Justicia y Paz, no estaba el de tráfico de estupefacientes.

El 30 de octubre de 2013, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Eduardo Castellanos Roso, condenó parcialmente al exparamilitar a siete años de prisión por la comisión de 77 hechos criminales cuando estuvo al frente del Bloque Bananero de las Auc. En esa decisión, descartó una solicitud presentada por el exparamilitar para que se tuviera en cuenta el tiempo que lleva privado de libertad en Estados Unidos, invocando la Ley 975 de 2005 que establece que la pena podría cumplirse en una cárcel del exterior.

‘HH’ fue uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño Gil y estuvo al frente de los bloques Bananero y Calima de las Auc. También fue parte activa de la guerra con la que varios jefes paramilitares desaparecieron al Bloque Metro de las Auc. Foto: archivo Semana.

El rechazo se basó en tres argumentos: que los legisladores que propusieron la Ley de Justicia y Paz establecieron que esa norma de justicia transicional “está prevista para el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos y delitos conexos, ocurridas en el contexto de un conflicto armado”, y descartó que el narcotráfico fuera uno de ellos; que si bien se prevé el cumplimiento de la condena en un penal en algún país fuera de Colombia, aclaró que una vez se imponga la pena “puede la Sala autorizar que el desmovilizado purgue la pena en el exterior, situación bien diferente a la planteada por Veloza García y su defensor”, y que para permitir el pago de penas en el exterior, “es necesario que se adelante un trámite especial, luego de surtido y finalizado el proceso de Justicia y Paz, teniendo en cuenta los acuerdos suscritos por Colombia sobre cooperación internacional”.

El abogado defensor de alias ‘HH’ apeló esa decisión, alegó que es reprochable que se descarte el tiempo de reclusión en Estados Unidos y cuestionó que no es posible que el delito de narcotráfico no sea afín con el proceso de Justicia y Paz, ya que, a su juicio, no puede negarse el vínculo existente entre las actividades de los grupos ilegales, de cara a financiar su actividad.

Alias ‘HH’ se desmovilizó en el Urabá antioqueño, bajo los acuerdos de las Auc con el gobierno nacional, el 25 de noviembre de 2004 junto con 447 hombres y mujeres bajo su mando, integrantes del Bloque Bananero. Si bien en febrero de 2006 expresó su voluntad de someterse al proceso de Justicia y Paz, y fue postulado a sus beneficios el 15 de agosto de ese mismo año, por razones que aún no son claras, decidió dejar todo atrás y permanecer en la clandestinidad.

Por decisión de un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos se expidió una orden de captura en contra de alias ‘HH’ para que respondiera por los delitos asociados a su pertenencia a las Auc. Su detención se produjo el 3 de abril de 2007 en zona rural del suroeste antioqueño. Por decisión del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, fue extraditado a Estados Unidos el 5 de marzo de 2009, donde era requerido por la justicia de ese país desde 2007, para que respondiera por delitos asociados al tráfico de drogas.

¿Qué precisó la Corte?
Esta es la segunda vez que la Corte Suprema de Justicia, ante la apelación de la sentencia de un jefe paramilitar, señala que el delito de narcotráfico puede ser juzgado en la justicia transicional, cuando esté relacionadocon el conflicto armado. Foto: archivo Semana.

La apelación llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Con ponencia de la magistrada Patricia Salazar Cuéllar, se negó la petición de incluir en la pena alternativa el tiempo que alias ‘HH’ ha permanecido privado de la libertad en Estados Unidos y confirmó la decisión tomada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

No obstante, la magistrada Salazar discrepó del argumento esgrimido por ese tribunal para rechazar esa solicitud, basado en la exclusión del delito de narcotráfico, por cuanto ya hay jurisprudencia al respecto que considera que es viable incorporarlo siempre que haya sido cometido durante y en ocasión de la pertenencia al grupo armado ilegal.

Por tal razón, calificó de errado el argumento expuesto por el magistrado Castellanos que descartó de manera generalizada el juzgamiento de un postulado a la Ley de Justicia y Paz cuando enfrente cargos de narcotráfico, “pues la ley solo exige que se trate de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a los grupos armados ilegales”.

El argumento de la Corte para negar la solicitud de alias ‘HH’ y su abogado se basó en que el delito de narcotráfico, por el cual fue extraditado, no hizo parte de los 77 hechos por los cuales el Tribunal Superior de Bogotá legalizó los cargos y condenó al exjefe paramilitar.

“Claramente, en consecuencia, no procede analizar el contexto en que se desarrolló esa conducta juzgada por una Corte extranjera, porque no se trata de una de aquellas por las cuales se aspira a la imposición de la pena alternativa”, concluyó el alto tribunal.

Debate por el narcotráfico
Si bien es cierto que los grupos paramilitares se financiaron producto del narcotráfico, también han sido expulsados del proceso de Justicia y Paz varios narcotraficantes que se desmovilizaron como paramilitares para evadir a la justicia. Foto: archivo Semana.

Lo que revela lo ocurrido con la sentencia parcial proferida contra alias ‘HH’ es un nuevo desacuerdo en la manera cómo debe tratarse el delito de narcotráfico en el proceso de Justicia y Paz. No es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia corrige al Tribunal Superior de Bogotá en ese asunto. Un precedente al respecto se presentó con la sentencia, también parcial, contra el exjefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, comandante del Bloque Sur de Bolívar, facción del poderoso Bloque Central Bolívar.

En esa decisión, esta vez con ponencia de la magistrada Uldi Teresa Jiménez López, también se excluyeron de la legalización de cargos los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lavado de activos, tras considerar que la Ley de Justicia y Paz “fue creada para enjuiciar a autores y participes de graves violaciones a los derechos humanos y sus delitos conexos”; sus normas fueron diseñadas de tal forma que se blindara el proceso de justicia transicional contra la presencia de narcotraficantes que pretendieran “lavar” su pasado criminal; y tomó como referencia los procesos de justicia transicional que se aplicaron en Argentina, Chile y Perú, donde delitos comunes y narcotráfico no fueron contemplados en las sentencias contra los victimarios.

Esa consideración fue apelada por la defensa de alias ‘Julián Bolívar’. Al abordar el caso, la Corte, con ponencia de la magistrada María del Rosario González Muñoz, conceptuó que “en Justicia y Paz es posible abordar cualquier conducta punible, siempre que haya sido cometida durante y en ocasión de la pertenencia al grupo”.

En esa decisión, fechada el 30 de abril de 2014, el Alto Tribunal aclaró que uno de los requisitos de elegibilidad contemplados en la Ley 975 para acceder a los beneficios de la justicia transicional era que el grupo armado organizado al margen de la ley, en este caso el Frente Sur de Bolívar, no se “haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito” o que el postulado, individualmente hablando, no haya tenido dicha finalidad.

Si bien en abril del año pasado se sentó jurisprudencia al respecto, el Tribunal Superior de Bogotá volvió a tomar una decisión en contra de ella en la sentencia parcial de alias ‘HH’, lo que deja entrever una profunda diferencia con la Alta Corte en cómo tratar el narcotráfico en los tribunales de Justicia y Paz.

The post “Desligar el narcotráfico del conflicto interno sería desconocer la realidad del país” appeared first on VerdadAbierta.com.

Helí Mejía Mendoza, alias ‘Martín Sombra’; Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’; y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, exjefes guerrilleros de las Farc. Fotos: archivo Semana.

En la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín reposa una solicitud que, de ser respondida positivamente por los magistrados, podría abrirle paso a uno de los juicios más grandes del país. La Fiscalía 44 de la Unidad de Justicia Transicional solicitó que se acumulen los procesos judiciales que adelantan diferentes despachos judiciales de todo el país contra desmovilizados de las Farc que fueron postulados a los beneficiosde la Ley de Justicia y Paz.

Se trata 177 exintegrantes de esa guerrilla, entre quienes sobresalen Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’; Danis Daniel Sierra, alias ‘Samir’; Helí Mejía Mendoza, alias ‘Martín Sombra’; y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’. Los exguerrilleros tendrían que responder por poco más de 4.000 hechos criminales de gran impacto como el reclutamiento forzado de menores de edad, el secuestro y la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, homicidios, toma de poblaciones y violencia de género. La cifra de víctimas afectadas directamente por estos crímenes sobrepasa las 3.000, lo que convertiría este juicio en el más grande llevado a cabo hasta ahora en los tribunales de Justicia y Paz.

La figura de la acumulación es un recurso jurídico contemplado en el Código de Procedimiento Penal mediante el cual se busca tramitar ante a un mismo juez y resolver en conjunto una serie de delitos que encierran determinadas características en común. En este caso lo que busca la Fiscalía es convertir en un solo asunto judicial una decena de procesos que actualmente tienen a su cargo las fiscalías 7, 23, 50 y 59 de la Unidad de Justicia Transicional contra desmovilizados de los bloques Sur, Oriental, José María Córdova, Magdalena Medio y el llamado Comando Conjunto Central de las Farc. Así “se evitaría la duplicación de esfuerzos investigativos, el desgaste de la administración de justicia al presentar contextos y materiales probatorios en diferentes escenarios, se reducen los términos de los procedimientos y nos sitúa a todos, por igual, ante la oportuna y real posibilidad de contar con una única sentencia condenatoria que incluya una reparación para las víctimas”, aseguró el fiscal 44, Mauricio Aguirre.

De acuerdo con Aguirre, además de la celeridad que le imprimiría al caso específico de las Farc concentrar en un solo macro-proceso los juicios que ya comenzaron a adelantarse en ciudades como Bogotá, la importancia de la figura jurídica de la acumulación también radica en que se le ofrecería una respuesta más efectiva a las víctimas de este organización guerrillera que claman verdad y justicia. “Se evitaría llamar innecesariamente a las víctimas a múltiples audiencias donde se ventilarán los mismos hechos”, agregó el funcionario judicial.

Algunos guerrilleros ingresaron al proceso de justicia transicional conocido como Justicia y Paz, que fue el que permitió las desmovilizaciones colectivas de los paramilitares entre 2004 y 2006. Foto: archivo Semana.

Además, de darse la acumulación de procesos se podría realizar una mejor y más completa reconstrucción de la verdad histórica sobre los orígenes y acciones cometidas por las Farc pues se contaría con la presencia, en un solo espacio y en función de un mismo proceso, de un número importante de exguerrilleros, aspecto que constituyó una gran falencia en el juzgamiento de varios bloques paramilitares.

“Nos encontramos frente a una única estructura ilegal armada: las Farc, que actúa como una unidad de cuerpo con presencia en todo el territorio nacional y a diferencia de algunos bloques de autodefensa, se encuentra liderada por quienes hacen partes de un único Estado Mayor Central y un único Secretariado”, explicó el fiscal 44.

Si hay una respuesta positiva de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que se espera sea conocida a principios del mes de febrero, se estaría ante un hecho histórico, no solo por tratarse del primer juicio que se adelanta contra un número tan amplio de miembros de las Farc ante la justicia transicional, sino por la incidencia que pudiera tener en las conversaciones de paz que actualmente adelanta este grupo subversivo con el gobierno nacional en La Habana, Cuba.

“Las Farc no tiene la contextura orgánica de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) o de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) sino que hay una línea de mando directa entre los miembros del Secretariado y los diferentes frentes, es una sola cadena de mando. Bajo ese argumento la Fiscalía solicitó la acumulación que nosotros estamos próximos a resolver”, explicó el presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, magistrado Juan Guillermo Cárdenas, quien señaló, además, que “obviamente, con las discusiones que se están llevando a cabo en La Habana, todas las miradas estarán fijas en lo que haga la Sala de Justicia y Paz de Medellín”.

The post ¿Mega juicio contra las Farc en Justicia y Paz? appeared first on VerdadAbierta.com.

Juan Francisco Prada lleva ocho años en el proceso de Justicia y Paz, por lo que en el transcurso del próximo año puede solicitar su libertad. Foto: archivo Semana.

Atacar a los políticos de izquierda y respaldar a quienes estuvieran en su línea ideológica fue la dinámica del Frente Héctor Julio Peinado, una facción de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operó en el sur del departamento del Cesar y que estuvo bajo el mando de Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, quien acaba de ser condenado a la pena alternativa de ocho años de prisión, siguiendo las normas de justicia transicional que rigieron su proceso.

De acuerdo con la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, este grupo armado ilegal tuvo una clara influencia política en las zonas bajo su dominio, al punto que “atentó contra quienes profesaban ideologías políticas distintas, al ser señalados como enemigos de la organización”. (Ver: El genocidio no contado del Cesar )

Pese a ello, según dice el fallo, alias ‘Juancho Prada’ no aceptó su participación en política durante el trascurso de las versiones libres de Justicia y Paz. El exparamilitar dijo, una y otra vez, que ordenó el asesinato de los líderes políticos por su cercanía a grupos guerrilleros, y se ha rehusado a mencionar a políticos tradicionales en estos crímenes, como sí lo hicieron los hombres que estuvieron bajo su mando. (Ver sentencia)

Si bien la Fiscalía ha documentado cerca de 200 crímenes cometidos por esta facción paramilitar contra los pobladores del Sur de Cesar, el silencio sobre los nexos con la clase política local ha generado todo tipo de críticas entre los familiares de las víctimas, quienes no sienten que el desmovilizado esté comprometido con un proceso de verdad, justicia y reparación. (Ver: Los olvidos de ‘Juancho Prada’)

Según quedó consignado en el fallo, entre los años 1996 y 2006, el grupo de ‘Juancho Prada’ participó en las elecciones locales de San Martín, San Alberto, Aguachica, Gamarra, Río de Oro, Ocaña y Abrego. Les servían como escoltas a los candidatos que apoyaban, obligaron a la gente a transportarse a los sitios de votación, hacían presencia armada en las mesas y asesinaron a candidatos que se oponían a sus aliados.

De acuerdo a las versiones de algunos desmovilizados, el Frente Héctor Julio Peinado apoyó a Israel Obregón Ropero, alcalde de Aguachica en dos periodos; Javier Zarate y Gerardo Jaimes, exalcaldes de San Alberto, quienes están en la cárcel por el asesinato de líderes políticos y sindicalistas; David Simanca, quien fue elegido para el mismo cargo entre 2004 a 2007 por el partido Colombia Democrática; Luis Gabriel Aguilera, exdiputado del Cesar; Sadith Armenta, exalcaldesa de San Martín por el Partido Liberal; José Aquiles Rodríguez, exalcalde de Ocaña; Dioselina Ramírez Osorio, exconcejal de San Martin, quien, además, fue enfermera de los paramilitares y hoy es testigo protegido de la Fiscalía; y Alirio Díaz, concejal de San Martín por Cambio Radical.

A continuación VerdadAbierta.com hace una reseña de cada uno de los líderes políticos, víctimas de esta facción armada, reconocidos en el fallo.

Aída Cecilia Lasso, candidata a la Alcaldía
A las 7 y 30 de la noche del 21 de junio de 2000, los paramilitares Juan Tito Prada, alias ‘Tito’, y Wilson Carrascal, alias ‘El Loro’, entraron a la casa de Ayda Cecilia Lasso Gemade, candidata a la Alcaldíade San Alberto, mientras se encontraban en una reunión familiar. Los sicarios dispararon contra la líder política y cuando su hija intentó ayudarla también la asesinaron. Luego de estos hechos toda la familia Lasso tuvo que salir desplazada.

Alias ‘El Loro’ confesó que avier Zarate y Gerardo Jaimes, dos ex alcaldes de San Alberto, se reunieron con alias ‘El Tuerto’, ‘El Cura’, ‘Angelito’, ‘Nico’ y ‘Tito Prada’ y les insinuaron que la asesinaran. Aída Lasso era ex militante del M-19, había trabajado por más de 20 en la Alcaldía de San Alberto y era una de las candidatas favoritas para las elecciones locales que se realizarían el 29 de octubre de ese año.

Luis Fernando Rincón, la cara de “Aguachica lugar de Paz”
Exmilitante de la Alianza Política M-19 (brazo político de ese grupo guerrillero) que promovió la consulta popular para la paz del año 1995 y creó el movimiento “Aguachica lugar de Paz”. Dos meses después del asesinato de Lasso y cuando estaban a punto de cumplirse cinco años de la consulta popular los paramilitares lo asesinaron.

La víctima ya había sido alcalde de Aguachica y aspiraba nuevamente al cargo. El 15 de agosto del 2000, la camioneta en la que viajaba con sus escoltas fue interceptada en la vía que de Aguachica conduce al corregimiento de Puerto Mosquito. Los paramilitares lo llevaron hasta la finca El Palmar donde lo asesinaron.

Según la sentencia, el asesinato fue ordenado por ‘Juancho Prada’ por las continuas denuncias que Rincón hacía en medios de comunicación sobre la presencia de grupos paramilitares en el sur del Cesar. El desmovilizado aseguró que lo asesinó porque había sido parte del M-19 y tenía contacto con jefes guerrilleros del Eln.

Rincón se lanzó a la Alcaldía por el Movimiento Convergencia Ciudadana y las seis personas que hicieron parte de su equipo de trabajo fueron amenazadas días después del asesinato, por lo que tuvieron que salir desplazadas.

Los concejales que apoyaron la consulta
Luego del asesinato de Rincón, los políticos que lo acompañaron en su proyecto también recibieron amenazas. Según el propio ‘Juancho Prada’, las amenazas comenzaron el 1 de enero de 2001, día en que se posesionaron.

César Alberto Passo, quien fue dos veces concejal, tenía una cita con su colega Miguel Malo Quiroz el 1 de septiembre de 2001, para concretar un proyecto comunitario asignado por la Alcaldía para la canalización del caño El Cristo. Un grupo de paramilitares lo sacó el lugar diciendo que tenía que encontrarse con el “jefe”. En la tarde de ese mismo día, hallaron su cuerpo en carretera que de Aguachica conduce al corregimiento de Puerto Mosquito.

Quiroz, quien había sido concejal de Aguachica en 1996 y fue reelegido por tercera vez para el período 2001-2003, era parte de la coalición política “Aguachica para todos”. De acuerdo con su versión, tanto Guerrilleros como paramilitares lo declararon objetivo militar. Sin embargo decidió salir solo hasta en septiembre de 2001 cuando se enteró del asesinato de su colega Passo.

Orlando Claro, docente
Fue el fundador de la Asociación de Desempleados del Sur del Cesar; participó de las actividades promovidas por la Asamblea Permanente por la Paz y el Programa de Desarrollo del Magdalena Medio; y promovió, junto a Luis Fernando Rincón, la primera Consulta Popular por la Paz en Aguachica.

En la década del noventa, Claro integró el Movimiento de Acción Comunitaria, organización política alternativa que logró varios escaños en la Alcaldía de Aguachica. Cursó estudios de Filosofía, hizo un posgrado en proyectos de investigación social y realizaba una maestría en Historia cuando fue asesinado por los paramilitares el 27 de julio de 2002.

En versión libre ante fiscales de Justicia y Paz, alias ‘Juancho Prada’ aceptó el crimen y dijo que tres de sus cómplices lo asesinaron después de que Claro no quiso subirse a un taxi en el que se lo iban a llevar.

José Saldaña, concejal
Aunque Alfredo Ballena, alias ‘Rancho’, un exparamilitar que no está postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y que se acogió a sentencia anticipada por este delito, aseguró que asesinó al concejal, para ese entonces uno de los mayores opositores de la Alcaldía. La orden la habría dado el exalcalde Israel Obregón Ropero. “Lo mandó matar porque el concejal le hacía contrapeso en la Alcaldía”, dijo. Saldaña fue asesinado el 24 de noviembre de 1999.

Pablo Antonio Padilla, sindicalista
A las 7 de la noche del 23 de febrero de 2001, Tito Prada Prada, alias ‘Tito’ y José Daniel Cárdenas León, alias ‘Angelito’, le dispararon en su casa a Pablo Antonio Padilla López, vicepresidente del Sindicato de Indupalma y candidato al Concejo municipal de San Alberto.

En 1995 la región afrontó la crisis de la empresa palmera Indupalma, que despidió a más de 600 trabajadores. En versiones libres, alias ‘Juancho Prada’ adujo que otros desmovilizados habían dicho que la víctima tenía nexos con grupos subversivos, pero los magistrados aseguran que sus señalamientos “carecen de fundamento”.

En febrero de 2009 la justicia ordinaria condenó al exparamilitar. En 2013 un juzgado de Bogotá sentenció por estos hechos a los exalcaldes de San Alberto, Gerardo Jaimes Ortega y Javier Zárate Ariza, a 31 años de prisión.

¿Quiénes fueron los paramilitares del sur del Cesar?
Aguachica fue uno de los municipios más golpeados por la violencia del Frente Héctor Julio Peinado. Foto: archivo Semana.

La creación de este grupo paramilitar se remonta a la crisis del algodón de finales de la década del ochenta y al abandono estatal en los pueblos del sur del departamento del Cesar. Además, las guerrillas de las Farc y el Eln extorsionaron y asesinaron a cientos de finqueros que tuvieron que salir de su tierra para evitar ser secuestrados. (Ver: ‘Paras’ contaron cómo se formaron las autodefensas del sur del Cesar)

Para ese entonces, el Gobierno apoyaba la creación de grupos de autodefensa. Por tal razón alias ‘Juacho Prada’ inició entregándole información al Ejército, junto a su primo Roberto Prada Gamarra, pero luego cometieron algunos asesinatos contra varias personas cuyos nombres estaban en listas que la propia Fuerza Pública les suministraba.

Los terratenientes de la zona comenzaron a financiar autodefensas y a “importar” desde Puerto Boyacá algunos grupos que fueron conocidos como ‘Masetos’. En 1994 los terratenientes se dividieron la zona así: Roberto Prada Gamarra operó en San Martín en la salida hacia San Alberto; su primo ‘Juancho Prada’ en San Martín, a la salida hacia Aguachica; y Luis Obrego, en Aguachica y Ocaña.

Estos grupos contaron con el apoyo de sectores de las Fuerzas Armadas destacas en la zona. Según la Fiscalía, “la colaboración efectuada por miembros de la Fuerza Pública estuvo determinada por los pagos y mensualidades que se les otorgaba en razón de su colaboración”. El Ente acusador aseguró que en medio de esas alianzas el Ejército les hizo favores especiales a los paramilitares, quienes, a cambio, les entregaron ‘falsos positivos’, es decir, personas acusadas falsamente de ser guerrilleros.

Ejemplo de ello es la masacre de Puerto Patiño, ocurrida el 15 de enero de 1995 en la que fueron asesinadas siete personas y una más desaparecida, crimen perpetrado por el grupo de los Prada. De esta acción armada fue responsabilizado el entonces comandante de la base militar de Aguachica, mayor coronel Jorge Alberto Lázaro Vergel, capturado en febrero de 2011. (Ver Las masacres de Puerto Patiño y Guamalito contadas por ‘paras’)

A finales de 1997 los tres grupos de autodefensa fueron cohesionados por ‘Juancho Prada’ y el siguiente año, durante la Conferencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), esta facción armada del sur de Cesar reconoció a Carlos Castaño como su jefe.

De acuerdo con la Fiscalía, en 1998 este grupo se reorganizó bajo el nombre de Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac). Guillermo Cristancho Acosta alias ‘Camilo Morantes’ fue el jefe en Santander; ‘Juancho Prada’ en Cesar, y Mario Zabala en Norte de Santander. Aunque estaban agrupados bajo una misma sigla, los grupos eran independientes y en 1999 se disgregaron, de manera que el grupo de ‘Juancho Prada’ se convirtió en las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar (Acsuc).

Para finales de la década de los noventa, esta facción paramilitar se había consolidado de tal manera que en 1996, la familia Marulanda, terratenientes conocidos familia del exministro de Desarrollo, Carlos Arturo Marulanda, les solicitaron intimidar a unas familias campesinas que habían invadido su hacienda Bellacruz en el municipio de Pelaya (Cesar).

La Fiscalía calculó que esa hacienda tenía por lo menos 6 mil hectáreas, un terreno en el que cabían hasta dos municipios. (Ver: Las trampas de la Bellacruz)

Entre 1999 y 2000, las Autodefensas del Sur del Cesar ayudaron a asentar a los bloques Central Bolívar y Catatumbo, y en 2004 se aliaron con el Bloque Norte, a cargo de Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, después de tener diferencias con el Bloque Central Bolívar.

Del 4 y 6 de marzo de 2006, 253 hombres de las autodefensas del sur del Cesar se desmovilizaron bajo los acuerdos de las Auc con el gobierno nacional en La Banca, vereda del corregimiento San José de Torcoroma, en San Martín. Lo hicieron bajo el nombre del Frente Héctor Julio Peinado y como parte del Bloque Norte. Del total de desmovilizados, 36 fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz, y 28 están rindiendo versiones libres.

The post Sentencia reconoce el exterminio político del Cesar appeared first on VerdadAbierta.com.

Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, exjefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Foto: archivo Semana.

Ramón María Isaza, conocido como ‘El Viejo’ y otrora jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), no quedará aún en libertad, pese a que ya cumplió los ocho años de prisión que contempla la Ley de Justicia y Paz para aquellos exparamilitares que fueron postulados por el gobierno nacional a sus beneficios jurídicos.

El magistrado José Manuel Bernal consideró que no es suficiente con haber cumplido con los ocho años en la cárcel, condena máxima que reciben los excombatientes que hagan parte de la justicia transicional. “No basta con la simple privación de la libertad, las exigencias de esta ley van mucho más allá”, precisó.

Isaza ha rendido hasta el momento 174 versiones libres individuales y 132 en grupo ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Pero, de acuerdo con el ente investigador, en sus confesiones ha evidenciado “amnesia selectiva”, pues mientras colabora con asuntos como la ubicación de fosas comunes, ha mostrado “un silencio y hermetismo” para hablar sobre posibles nexos de las Accm con políticos regionales en las áreas donde operó el grupo armado y la manera cómo financió esa estructura paramilitar.

Para el magistrado Bernal hay una diferencia entre participar y contribuir en las versiones, escenario judicial donde se rendían cuentas del accionar armado, pues no se trata de simplemente asistir a las diligencias programadas, sino de esclarecer la verdad. Agregó, en su decisión, que otros exmandos medios de las Acmm, quienes fueron subalternos de Isaza, sí han contado la verdad.

La Fiscalía, por su parte, aseguró que Isaza no ha ayudado a reconstruir la historia del Frente John Isaza, grupo que fue dirigido por su hijo Oliverio Isaza. Alias ‘Roque’, quien no se desmovilizó y fue capturado en septiembre de 2012.

Durante los ocho años que lleva en el proceso de Justicia y Paz, el exjefe de las Acmm había negado tener cualquier relación con la masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989 en Simacota, Santander, en la que murieron trece funcionarios judiciales que investigaban varias acciones paramilitares en esa región del país.

Sin embargo, al mismo tiempo que solicitó la libertad, decidió aceptar su responsabilidad en esos hechos por línea de mando, según dijo su abogado, porque encontró que dos de sus subalternos participaron en la matanza. Isaza ya había sido condenado en la justicia ordinaria por ese crimen.

“Resulta sorprendente que después de sostenerse en la negativa, resulte admitiendo su responsabilidad por dos subalternos que además están muertos”, expresó el magistrado y agregó que, para pedir su libertad, los desmovilizados deben contar con un certificado otorgado por la Fiscalía y por los magistrados de conocimiento del mismo Tribunal.

Un caso similar se presentó en Tribunal de Justicia y paz de Medellín, pero el resultado fue diferente. La Fiscalía pidió la exclusión de Jesús Ignacio Roldan, alias ‘Monoleche’, por haber negado durante años su participación en despojo de la finca La Holanda. En ese caso el magistrado consideró que más que un acallamiento se trataba de “una verdad tardía”. (Ver: Por ahora, ‘Monoleche’ se queda en Justicia y Paz)

Lo cierto es que con 74 años, Ramón Isaza, es el paramilitar más antiguo postulado a la Ley de Justicia y Paz. Duró cerca de 30 años en la guerra, desde 1977, cuando creó su primer grupo de autodefensa, conocido como ‘Los Escopeteros’, hasta su desmovilización en 2006, por lo que su testimonio es fundamental para reconstruir la historia de cientos de víctimas de gran parte del Magdalena Medio.

Otros argumentos
La Fiscalía aseveró que Isaza no ha entregado suficientes bienes para indemnizar a las víctimas y criticó al postulado por haber ofrecido dos predios de los que después se retractó porque dijo que pertenecían a su hijo, alias ‘Roque’. Agregó que la responsabilidad de indemnizar es de todo el grupo paramilitar.

Además, en la cárcel Picota el exparamilitar pagó por la construcción de una capilla a la que pueden asistir todos los desmovilizados, guerrilleros y paramilitares, del pabellón de Justicia y Paz. Su aparente acción benéfica fue cuestionada por el Ente acusador, pues a su juicio, la obra se hizo sin aprobación requerida y consideró que los dineros invertidos en ella debieron destinarse a la reparación de las víctimas.

Para reforzar su solicitud de excarcelación, el abogado defensor acudió a describir el estado de salud de Isaza, alegando que está muy deteriorada, pues además de sufrir de Mal de Parkinson, razón por la cual ha perdido motricidad en sus manos, padece varios malestares que requieren tratamiento especial.

“Llevo ocho años y tres meses. Yo no puedo llegar a trabajar a mi casa, yo quiero volver para que mi esposa y mis hijas me puedan cuidar estar enfermedades que tengo”, explicó Isaza ante el tribunal, con el fin de reforzar el argumento de su abogado para alcanzar la libertad.

Sin embargo, el magistrado aseguró que Isaza está en deuda con el proceso de Justicia y Paz y “lucido, como está” debe continuar contribuyendo en las versiones libres desde la cárcel.

The post Por qué Ramón Isaza no quedará aún en libertad appeared first on VerdadAbierta.com.

De izquierda a derecha: Álvaro Uribe Vélez, expresidente y senador de la República; Rubén Darío Pinilla Cogollo, magistrado de Justicia y Paz; y Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, paramilitar desmovilizado de la Casa Castaño. Fotos: archivo Semana y Semana.com.

La orden impartida en septiembre de 2013 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, de investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en la conformación de grupos paramilitares, no solo sigue vigente en términos jurídicos, sino que además, la autoridad encargada de llevarla a cabo, en este caso la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, deberá rendir informe público sobre el estado de la misma.  

Así lo señaló el magistrado de Justicia y Paz, Rubén Darío Pinilla Cogollo, durante la lectura de sentencia del jefe paramilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, que tuvo lugar este viernes 12 de diciembre en la ciudad de Medellín y en donde se le impuso una condena de ocho años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada, homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado. Paradójicamente, Según Pinilla Cogollo, magistrado ponente de la decisión, dicho tiempo ya se hizo efectivo toda vez que el entonces ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, postuló al exparamilitar a los beneficios de la justicia transicional el 15 de agosto de 2006 y se le privó de la libertad el 11 de octubre del mismo año. (Descargue la sentencia en PDF)

Por tal razón, el funcionario judicial ordenó concederle el beneficio de la “libertad a prueba por pena cumplida” por un término de 47 meses, tiempo en el cual alias ‘Monoleche’ “deberá comprometerse a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente Ley. Deberá presentarse cada tres meses ante los tribunales de Justicia y Paz; informar cualquier cambio de residencia; entregar al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes entregados para tal fin; cumplir con los actos de reparación y demás compromisos impuestos en esta sentencia”, expuso el magistrado Pinilla.

Sin embargo, el punto de la providencia que despierta mayor interés es allí donde se ordena que las entrevistas realizadas durante el curso del proceso adelantado contra Roldán Pérez a los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Ever Veloza García, alias ‘H.H’, se agreguen como material probatorio en las investigaciones que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes debe adelantar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pesquisas judiciales ordenadas por el propio magistrado Pinilla Cogollo en decisión proferida los días 4 y 5 septiembre de 2013.

Como se recordará, en esa fecha el magistrado en mención no solo decidió excluir de los beneficios de la justicia transicional a siete postulados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), sino que además ordenó compulsar copias para que se investigara la presunta responsabilidad del expresidente y hoy senador por el partido Centro Democrático en la conformación de grupos paramilitares, dada su profunda cercanía con personajes condenados por la justicia, precisamente, por su apoyo al proyecto paramilitar como el general retirado del Ejército, Rito Alejo del Río; el exdirector del DAS, Jorge Noguera; entre otros. (Ver: Sala de Justicia y Paz pedirá investigar a expresidente Uribe por paramilitarismo)

La decisión fue apelada y el 23 de julio del presente año, la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad del auto de exclusión de los siete postulados por considerar que el magistrado Pinilla Cogollo se había extralimitado en sus funciones, situación que, a juicio de abogados expertos en derecho procesal consultados por VerdadAbierta.com en aquella oportunidad, dejaba sin piso jurídico todo lo ordenado por el funcionario judicial, que no solo contemplaban investigaciones contra el expresidente Uribe Vélez, sino también contra la exfiscal Viviane Morales, y los generales del Ejército enretiro Óscar Botero Restrepo y Carlos Alberto Ospina. (Ver: Corte Suprema tumbó investigación contra senador Álvaro Uribe)

Pero ahora, el magistrado Pinilla revive el debate tras señalar que, además de existir argumentos jurídicos para sustentar que la investigación ordenada por él en septiembre de 2013 sigue vigente, la Comisión de Acusaciones debe rendir informes públicos periódicamente que den cuenta del avance de esta actuación.

“La Comisión de Acusaciones y los demás funcionarios competentes, en todo caso, adquirieron y tienen conocimiento de esos hechos con base en las copias expedidas por la Sala y allegadas ya hace más de un año y tienen el deber de adelantar de oficio esas investigaciones, aún en el caso de que la orden de la Sala haya quedado cobijada por la decisión de nulidad de la Corte”, argumentó el magistrado, quien ordenó además a la Comisión de Acusaciones presentar informe público cada cuatro meses sobre el avance de las investigaciones, el estado de las mismas y las decisiones que se tomen en ellas.

Otros acusados
‘Monoleche’ fue muy cercano a los hermanos Castaño Gil y conoció varios secretos del paramilitarismo. Foto: archivo Semana.

En la sentencia contra Roldán Pérez, que fue tomada por Sala Mayoritaria (es decir, dos de tres magistrados) también se ordenó al presidente Juan Manuel Santos o al ministro que él designe realizar un evento público de carácter simbólico, donde los altos funcionarios de gobierno pidan perdón a las comunidades del Urabá antioqueño y cordobés por la responsabilidad que tuvo el Estado, bien por acción o bien por omisión, en los graves crímenes cometidos por las Accu en esa región del país.

Lo anterior se fundamenta en los análisis hechos por el magistrado Pinilla Cogollo a las versiones aportadas por alias ‘Monoleche’, las pruebas recopiladas por la Fiscalía 13 de Justicia y Paz y los testimonios recogidos de otros exjefes paramilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz, que coinciden en señalar una estrecha relación entre miembros de las Fuerzas Militares, políticos regionales, funcionarios de entidades gubernamentales, entre otros, con los hermanos Castaño, máximos comandantes de las Accu. Sin dicha relación, concluyó el magistrado, no hubiera sido posible la expansión del modelo paramilitar de las Accu a otras regiones del país.

De ahí que, en ese mismo sentido, en la providencia se haya ordenado investigar por el delito de prevaricato a Arturo Rodríguez Cortercero, quien  fuera Juez Primero de Orden Público de Montería para el año 1989 y quien tuvo bajo su responsabilidad la investigación de la masacre de Mejor Esquina, ocurrida el 3 de abril de 1988 en el municipio de Buenavista, Córdoba y que cobró la vida de 27 personas. Según el magistrado Pinilla, a finales de 1988 el Juez Primero de Orden Público absolvió a ocho personas implicadas en estos hechos, pese a contar con suficiente material probatorio para proferir condena en su contra. De haberlo hecho, sostiene el funcionario judicial, se hubiera podido evitar una trágica racha de masacres en el Urabá antioqueño y cordobés. (Ver: Lo que la justicia no quiso ver en La Mejor Esquina)

De igual forma, en la sentencia se ordena compulsar copias para que se investigue a Héctor Cárdenas Larrea, quien fuera fiscal primero especializado ante los jueces penales del Circuito  Especializados de Medellín, quien tuvo bajo su cargo uno de los expedientes judiciales más espinosos del paramilitarismo: el parqueadero Padilla. Lo que se busca determinar en este caso es la responsabilidad de este funcionario judicial en la preclusión del proceso que develó las formas de financiación de las Accu así como en la libertad ordenada a favor de los implicados: Antonio Adonis González, Joaquín Segundo Rivera; Tarquino Rafael Morales y José Felipe Pertuz. (Ver: Quién financió el comienzo de las Accu)

Asimismo, se ordenó compulsar copias contra el entonces teniente del Ejército, Fabio Rincón Quiñones, así como a los oficiales y suboficiales del Ejército y miembros de la Policía Nacional responsables de los puestos de control que tanto Ejército como Policía tenían instalados el día 14 de enero de 1990  en el trayecto que une la vereda Pueblo Bello de Turbo con la finca Las Tangas, campamento de los hermanos Castaño ubicado en Valencia, Córdoba. Como se recordará, ese día hombres fuertemente armados al servicio de Fidel Castaño ingresaron hasta Pueblo Bello y se llevaron a 43 pobladores en varios camiones, con destino a la finca Las Tangas. (Ver: El Estado le pidió perdón a Pueblo Bello).

Otro de los personajes contra quien también se ordenó compulsar copias fue Carlos Buelvas Aldana, quien fuera gobernador de Córdoba entre 1995 y 1997. Esto a raíz de las versiones libres rendidas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso los días 24, 25 y 26 de febrero de 2009, en donde salpica al exmandatario regional de apoyar la conformación de las Accu en tierras cordobesas.

No obstante, pese a lo trascendental de la decisión proferida, será la Corte Suprema de Justicia quien tenga la última palabra al resolver la apelación interpuesta tanto por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y los defensores de las víctimas de Roldán Pérez. Por su parte, el magistrado Juan Guillermo Cárdenas, integrante del Tribunal de Justicia y Paz, consignó su salvamento de voto tras considerar, entre otros puntos, que los tribunales de Justicia y Paz no tienen potestad para ordenar a entidades del Legislativo y el Ejecutivo rendir cuentas como lo ordena la sentencia.

The post Comisión de Acusaciones, a rendir informe público sobre Uribe appeared first on VerdadAbierta.com.

Julia* recordó entre lágrimas el día que llegaron los paramilitares a su parcela en el municipio de El Difícil, Magdalena. Le dijeron que tenían que venderla y marcharse de la región, “que era una orden del jefe y que no podía desobedecerla porque si lo hacía, debía atenerse a las consecuencias”. Su marido se opuso a la orden y dijo que no iba a vender. A los pocos días lo mataron y su familia tuvo que abandonar la zona. (Ver: La lucha por la tierra en el Magdalena)

Así fue como Omar Montero Martínez, alias ‘Codazzi’, miembro del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), despojó de sus tierras a cientos de campesinos de los municipios de El Difícil, Plato, Chibolo, Pivijay, Tenerife, Sabanas de San Ángel y Zapayán en el Magdalena, y en algunas poblaciones del Cesar como Bosconia y Astrea.

La estrategia era perversa: llegaba acompañado de un grupo pequeño de hombres armados, intimidaba a los campesinos y les daba un plazo de 15 días para vender a los testaferros que recibían orden de César Augusto ‘Tuto’ Castro Pacheco, hermano del ex congresista magdalenense Jorge Castro Pacheco, quien se alió con funcionarios del Incora para titular las tierras que iban adquiriendo. (Ver: ¿Quién es el ‘Tuto Castro?)

Muertes, desapariciones, despojo de tierras, desplazamiento y hurto son los delitos por los que tendrá que responder alias ‘Codazzi’ a su regreso a Colombia, luego de que las autoridades venezolanas lo deportaran hace unos días a Colombia después de su captura el pasado 23 de julio en una finca de Sabana de Mendoza, en el estado de Trujillo.

En los municipios del Magdalena donde ‘Codazzi’ despojó de sus tierras a campesinos, el miedo era constante. Ni siquiera después de la desmovilización de las Auc se logró recuperar la tranquilidad porque ‘Codazzi’ y ‘Tuto’ Castro siguieron siendo el terror de los campesinos.

En el 2012 se rumoraba que ‘El Tuto’ rondaba por los municipios de Plato y Sabanas de San Ángel, en Magdalena, junto con ‘Codazzi’, como líderes del llamado “Ejército Antirestitución”.

Esa unión delincuencial hizo que se registrara en este departamento un sistemático despojo de tierras que afectó a campesinos de doce municipios, donde el Incora revocó predios y de donde salieron por lo menos 199.746 personas desplazadas entre 2000 y 2009 por grupos armados ilegales. En los mismos municipios, entre 1990 y 2009 fueron asesinadas 9.642 personas.

Julia fue una de esas víctimas. Ella recordó su tragedia en Cartagena el pasado mes de mayo cuando se realizó en el Coliseo de Combate de la ciudad, el incidente de afectación de víctimas de Salvatore Mancuso, comandante del Bloque Norte.

La mujer fue a buscar respuestas a sus angustias porque desde el día que salió de su parcela con el dolor por la muerte de su esposo, ha pasado dificultades junto con sus hijos. Así como ella, las víctimas de ‘Codazzi’ esperan que ahora que ya está en Colombia su victimario, responda por todos los crimines que cometió.

Los crímenes de ‘Codazzi’
Montero Martínez, quien nació en el municipio de Codazzi (norte del Cesar), del que toma su alias, es acusado de participar entre 2001 y 2002 en seis masacres, como la que ocurrió en Sitio Nuevo, Magdalena, donde los paramilitares asesinaron a tiro y machete a 47 pescadores de los caseríos Nueva Venecia, Tamacá y Caño Clarín.

Alias ‘Codazzi’ tiene en su contra 18 órdenes de captura por los delitos de homicidio, reclutamiento de menores de edad, concierto para delinquir, desplazamiento y hurto, y sobre su cabeza pesaba una circular roja de la Interpol. Llegó al país con una condena de 39 años por el asesinato del abogado Antonio Rivera Movilla, que ocurrió el 24 de febrero de 2003 al negarse a firmar las escrituras de sus fincas.

Ese caso comenzó porque a ‘Codazzi’ le gustaron las haciendas La Tocaima, Las Mercedes y San José, con una extensión que supera las mil hectáreas, ubicadas en el corregimiento de Heredia, jurisdicción del municipio de Pedraza, Magdalena. De estas haciendas hurtaron ganado, elementos agrícolas y una camioneta cuatro puertas.

Alias ‘Codazzi’ quedó encantado con las haciendas, por lo que a través de recados citó a Rivera con insistencia a una reunión. El 23 de febrero de 2003, Rivera salió a encontrarse con alias ‘Codazzi’ y nunca regresó. Algunos vecinos de la región dijeron que esa noche vieron al abogado bastante golpeado y acompañado por un grupo de paramilitares que pasó por una población. Según la Fiscalía, el abogado habría sido torturado hasta el amanecer con el fin de obligarlo para que firmara la venta de sus propiedades y debido a que no aceptó, fue asesinado.

Dos semanas después del sepelio, los familiares del abogado recibieron mensajes de parte de los paramilitares en los que les decían: “Tienen que vender a quienes nosotros digamos y por el precio que nosotros paguemos”.

El prontuario de ‘Codazzi’ hizo que el presidente Juan Manuel Santos considerara a Omar Montero “como objetivo prioritario” en el cartel de los más buscados por oponerse a la restitución de tierras y ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permitiera su captura.

Por la presión de las autoridades que lo buscaban, en 2011 ‘Codazzi’ se fue a Venezuela, donde se unió a las bandas criminales que controlan el tráfico de drogas. Según voceros del gobierno venezolano ‘Codazzi’ estaba dedicado a la coordinación de narcotráfico y el cuidado de cultivos de coca en la frontera para la banda del clan Úsuga.

Los rumores que se oían en el Magdalena sobre la posibilidad de que ‘Codazzi’ estuviera muerto, se acabaron en julio pasado cuando fue capturado en Venezuela y ahora con su deportación a Colombia, las víctimas de este ex paramilitar solo guardan la esperanza de que se haga justicia. “Ya lo que hizo no lo puede borrar, pero si queremos que pague por todo el mal que causó”, dijo un poblador de El Difícil, Magdalena.

The post Víctimas de alias ‘Codazzi’ esperan justicia appeared first on VerdadAbierta.com.

“Sin límites”, así calificaron los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá la articulación en el departamento de Nariño de militares, policías, políticos y empresarios con el proyecto paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) liderado en esa región por el Bloque Libertadores del Sur. (Lea: La ‘cacería’ del Frente Libertadores del Sur)

“En Nariño el nivel de penetración e influencia del Bloque en la escasa institucionalidad no tuvo límites, diversas autoridades, actores políticos, miembros de los cuerpos de seguridad del Estado (Ejército y Policía), la rama judicial, entre otros, se involucraron en el accionar criminal de la estructura armada ilegal”, se lee en la sentencia condenatoria contra Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, jefe de esa facción armada ilegal adscrita al Bloque Central Bolívar.

En el extenso documento que contiene el fallo, los magistrados consignaron los nombres de los miembros del Ejército y la Policía que supuestamente se aliaron con los paramilitares en Nariño. La decisión recoge versiones de los desmovilizados del Bloque Libertadores del Sur entregadas a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía durante los últimos años como parte de sus compromisos con la justicia transicional.

Entre los uniformados mencionados se destaca el coronel Raúl Pico Poveda, quien, en grado de capitán, estuvo destacado en la estación de Policía de Tuquerres. Hoy se desempeña como subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

También está referenciado el capitán Juan Carlos Dueñas Mejía, del grupo Mecanizado Cabal No. 3 de Ipiales, quien está prófugo de la justicia, y el coronel retirado Luis Alberto Cuellar Rojas, excomandante del Batallón Batalla de Boyacá y actualmente es investigado por concierto para delinquir. (Ver: ‘Paras’ y autoridades delinquieron de la mano en Nariño)

Estos son otros algunos miembros de la Fuerza Pública con mayor rango que han sido involucrados en las relaciones criminales con el Bloque Libertadores del Sur. 

Haga clic aquí para descargar el listado completo de los militares y policías que fueron señalados en la sentencia contra el grupo paramilitar de ‘Pablo Sevillano’.

El fallo también menciona al coronel Henry Rubio Conde, quien fue el jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez durante la primera campaña presidencial en 2001. Al final de esa contienda electoral, Rubio fue reemplazado por el general Mauricio Santoyo, condenado en Estados Unidos por nexos con grupos paramilitares. (Ver: Santoyo y los paramilitares)

Uno de los testimonios que incrimina a Rubio es el de Luis Alexander Gutiérrez, alias ‘Capi’, quien fue policía antes de unirse al grupo paramilitar. Ante fiscales de Justicia y Paz aseguró que el oficial se reunió con varios paramilitares para organizar el esquema de seguridad que iba a utilizar el entonces candidato presidencial en su visita a Ipiales y Pasto en 2001.

No es la primera vez que Rubio Conde es mencionado en procesos penales relacionados con grupos paramilitares. El exjefe del Bloque Norte de las Auc, Salvatore Mancuso lo señaló de tener vínculos con esa estructura armada que operó enla Costa Caribe.

Según la Fiscalía General de la Nación, fue Salvador Escobar, dueño de la empresa Lácteos Andinos Nariño, quien le pagó a los paramilitares para que “protegieran” al hoy senador Uribe. Por estos hechos el Ente investigador ya compulsó copias contra Escobar.

En una audiencia que realizó en Tumaco en febrero  de este año, las víctimas les exigieron a la Fiscalía y a los exparamilitares la verdad sobre los auspiciadores del bloque, incluidos los miembros de la Fuerza Pública, los políticos y empresarios (Ver: Las víctimas de Tumaco quieren la verdad)

¿Cómo funcionó la alianza?
Como el caso de ‘Capi’, varios desmovilizados pasaron por filas de la Policía y el Ejército antes de incorporarse a las Auc. De los 700 desmovilizados del Bloque Libertadores Sur, 180 hicieron parte de la Fuerza Pública, entre ellos Rafael García Moscote alias “Gallo”, suboficial de la Armada Nacional. Eso facilitó los primeros acercamientos.

Según las investigaciones de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, lo ‘paras’ buscaron a miembros de la Fuerza Pública para que no actuaran en contra de ellos, apoyarse mutuamente en los combates y posicionarse en zonas de disputa territorial con la guerrilla.

“Esto implicaba favorecimientos por parte de la autoridad, como complicidad en el asesinato de población civil (mal llamados falsos positivos), negociar información de inteligencia, realizar acciones armadas en contra de la población civil, ente otros”, aseveró el Ente investigador.

En algunas zonas del departamento de Nariño los militares suministraron armas, munición y material de intendencia e, incluso, buscaron a comerciantes que apoyaran la causa contrainsurgente en la región. Esa misma estrategia fue usada con miembros del DAS, quienes les facilitaron la llegada al municipio de Tumaco, puerto sobre el océano Pacífico.

Para mostrar resultados y ocultar la alianza criminal, los militares inventaron falsos combates. La Fiscalía encontró varios casos. Por ejemplo, en agosto de 2002, en el municipio de Rosario, se presentó un falso combate entre unidades del Ejército e integrantes del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño, donde supuestamente murieron dos paramilitares.

Según la Fiscalía, solo se presentó un enfrentamiento real del Ejército con facciones paramilitares en diciembre de 2004 en zona rural del municipio de Leiva, en el que murió un soldado. Los mayores golpes contra grupos de las Auc los dio la Infantería de Marina, que tuvo ocho enfrentamientos con los paramilitares desde junio de 2001, primero en Tumaco y luego en Olaya Herrera.

Las otras alianzas criminales
Los exparamilitares también han confesado su cercanía con mandatarios y empresarios locales. La sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá asegura que entre el 2001 y 2005 los paramilitares tuvieron nexos con 15 alcaldías locales. (Ver listado completo de los alcaldes).

Los desmovilizados aseguraron que Eduardo Alvarado Santander, quien fue acalde de Pasto entre 2002 y 2003, recibió 20 millones de pesos de parte de Jesús Gélvez Albarracín, alias ‘El Canoso’. En el fallo también figura Juan Carlos Quiñones, alcalde de Barbacoas entre 2002 y 2003, quien al parecer inscribió a 130 paramilitares en el Sisben y le entregó una placa conmemorativa al paramilitar Rodolfo Useda Castaño, alias ‘Julio Castaño’.

En su llegada al departamento, los paramilitares fueron financiados también por comerciantes, palmicultores, agroindustriales y ganaderos, en especial la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño, Sagan.

La Fiscalía aseveró que contra todos aquellos que fueron involucrados por los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur se compulsaron copias para que se adelanten las investigaciones de rigor que determinen si realmente existió en Nariño una relación criminal “sin límites”.

The post Auc en Nariño tuvieron respaldo “sin límites” de militares y policías appeared first on VerdadAbierta.com.