El Ejército presentó a cuatro narcotraficantes como guerrilleros de las Farc como muertos en combates en 2004. Pero se descubrió que ‘Cuco’ Vanoy pagó 500 millones de pesos a la ‘Oficina de Envigado’ por asesinarlos y pedirán que se revise el fallo que absolvió a varios militares.
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| El ex general Oscar González Peña podría ser investigado si se reabre el caso conocido como la ‘Masacre del Estadio’. |
La Procuraduría General de la Nación y a Fiscalía General de la Nación solicitarán ante altos tribunales una acción de revisión sobre la investigación por el asesinato de cuatro personas ocurrida el 28 de febrero de 2004 en inmediaciones de la IV Brigada del Ejército y por cuyas muertes el entonces jefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’, le pagó a la llamada ‘Oficina de Envigado’ 500 millones de pesos.
La acción de revisión fue solicitada el 25 de enero de 2011 por Olimpo Castaño Quintero, magistrado con funciones de control de garantías de la Unidad de Justicia y Paz, quien tomó la decisión luego de escuchar la confesión del ex comandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien admitió el hecho.
En esa masacre, perpetrada en la Unidad Residencial Parques del Estadio, contigua a la IV Brigada, murieron Fredy Hernán Berrío Torres, Oscar Peñaranda Ortiz, Rafael Arias Arias y Jesús Antonio Carvajal Mazo a manos de soldados del Pelotón Urbano Antiterrorista perteneciente al Batallón Yariquíes de la IV Brigada del Ejército, bajo el mando del capitán Rogelio Ernesto Echeverri Palacio.
El hecho fue presentado públicamente por oficiales de esta unidad castrense como una acción contra supuestos milicianos de la guerrilla de las Farc que pretendían atentar contra esa guarnición militar. Así lo comunicó el entonces coronel Guillermo Granados Mesa, para esa época comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 4 Cacique Yariguíes.
No obstante, los hechos tenían otras motivaciones ligadas a una disputa entre narcotraficantes y el ex jefe del Bloque Mineros. Vanoy Murillo explicó en versión libre ante una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que Berrío Torres había sido declarado “enemigo de las autodefensas” luego de quedarle mal con un pago de 460 millones de pesos, producto de una multa impuesta por el ex jefe paramilitar tras descubrir que Torres Berrío lo intentó engañar al tratar de sacar 80 kilos de base de cosa oculta en un camión del corregimiento La Caucana, de Tarazá, el 17 de junio de 2002 para vendérselo a un traficante de Medellín y no a él, como estaba dispuesto en el Bajo Cauca antioqueño.
“Le puse precio a su cabeza”, reconoció Vanoy Murillo y agregó que para el crimen contrató a la llamada ‘Oficina de Envigado’, a la que le pagó 500 millones de pesos por la muerte de Berrío Torres.
Lo confesado por este ex jefe paramilitar contradice lo dicho inicialmente por los oficiales de la IV Brigada del Ejército, lo que impulsó al magistrado Castaño a solicitarle a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación analizar la viabilidad de ordenar una acción de revisión y presentarla ante los tribunales.
Al respecto, VerdadAbierta.com estableció que la solicitud será presentada ante dos instancias judiciales: de un lado, ante el Tribunal Superior de Medellín, donde se pedirá que se revise el procedimiento realizado por el coronel Guillermo Granados, el capitán Rogelio Echeverri y doce soldados más; de otro lado, ante la Corte Suprema de Justicia, para que revise la actuación del hoy general en retiro Oscar Enrique González Peña, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Comandante de la IV Brigada y luego de pasar por varias guarniciones militares asumió como Comandante del Ejército en noviembre de 2008, cargo que ocupó hasta agosto del 2010. Se espera que en este caso responda por línea de mando.
De aceptarse la reapertura de la investigación, también es probable que se vean vinculados algunos funcionarios judiciales, entre ellos Darío Leal, quien en el momento del allanamiento estaba adscrito a la Fiscalía Delegada ante el Gaula de la IV Brigada y avaló el procedimiento sin asistir al lugar de los hechos y posteriormente a lo ocurrido emitió una orden de allanamiento del apartamento 906 de la Unidad Residencial Parques del Estado.
Así como también Carlos Camargo Hernández, quien como Fiscal 9 Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos asumió inicialmente la investigación y en un fallo proferido el 4 de mayo de 2006 se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra el capitán Echeverri y dos de sus soldados y de paso precluyó la investigación, exonerándolos de toda responsabilidad.
En caso de que ambas instancias judiciales se nieguen a revisar este caso, se abriría el camino para que sea la Corte Penal Internacional la que asuma la investigación, entre otras razones porque ya es un asunto que se conoce allí, según explicaron fuentes cercanas a este proceso.
Abogados que conocen este caso se mostraron satisfechos por la decisión de la Fiscalía y la Procuraduría de solicitar la acción de revisión. “Celebramos que en los próximos días se presente esa solicitud, no obstante, creemos que algunos funcionarios deberían explicar por qué se tardaron tanto, pues la orden del magistrado se dio hace ya seis meses”.
Se espera entonces que ante la solicitud de revisión las altas cortes admitan el caso y lo reabran con el fin de esclarecer lo ocurrido el 28 de febrero de 2004 en la Unidad Residencial Parques del Estadio en Medellín y determinar las responsabilidades en la muerte de cuatro personas.
