Una investigación realizada en Antioquia muestra que los sindicalistas de empresas estatales fueron víctimas de amenazas y asesinatos por los paramilitares, con lo que pretendían acabar con el sindicalismo en esa zona del país.
Por el IPC especial para Verdadabierta.com
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Una investigación de varias ONG’s muestra que los sindicalistas en Antioquia fueron declarados objetivo militar por las Auc. Foto Semana – Van 2.500 sindicalistas asesinados en 20 años – El dinero del banano sirvió para financiar la guerra – La ley del gatillo de ‘HH’ – Raúl Hasbún a juicio por contribuciones de Bananeras |
Agremiaciones como el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios de Antioquia (Sintraofan) y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios y Entes Descentralizados de Colombia (Sintrasema), subdirectiva Amagá, fueron dos de los más atacados.
La tragedia vivida por estos sindicatos antioqueños entre los años 2000 y 2001 fue recordada este jueves durante un encuentro de Asociación de Abogados Laboralistas de Antioquia con una misión internacional de la organización no gubernamental Abogados sin Fronteras, de visita en Medellín esta semana adelantando reuniones con autoridades judiciales y civiles de la ciudad y el departamento.
Esta misión ha visitado Bogotá y Bucaramanga, y proyecta pasar por Quibdó y Pereira. Su objetivo es constatar la situación de los defensores de derechos humanos, sus condiciones de seguridad y de trabajo. Esta visita de Abogados sin Fronteras es apoyada por la Asociación Colombiana de Defensores Eduardo Umaña Mendoza, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad.
En el documento presentado a esta misión por la Asociación de Abogados Laboralistas de Antioquia se hizo un balance de los crímenes contra varios líderes sindicales del sector oficial en los últimos años, sus abogados defensores y los efectos que tuvo en la organización sindical. El informe concluyó que “lo ocurrido en este departamento no sólo fue un asesinato de sindicalistas, sino el asesinato de sindicatos”.
El primer caso involucra al Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios de Antioquia (Sintraofan), organización que tuvo presencia en cerca de 100 municipios del departamento y que fue atacada de manera reiterada por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que veía en ella a una supuesta alianza con las guerrillas de las Farc y el Eln. Los crímenes y las intimidaciones ocasionaron una reducción significativa del número de sus afiliados. Se estima que esta agremiación pasó en la última década de tener 52 sindicatos municipales y cerca de 1.500 trabajadores afiliados a 27 subdirectivas y 450 asociados.
Los representantes de Abogados sin Fronteras conocieron varias historias, entre ellas la ocurrida el 16 de diciembre de 2001, cuando fue asesinado Francisco Eladio Sierra Vásquez, presidente de Sintraofan, subdirectiva del municipio de Andes, Suroeste antioqueño, en hechos ocurridos en el paraje Farallones, sobre la vía que conduce a la localidad de Ciudad Bolívar. Según testigos, la junta directiva del sindicato fue obligada a asistir a una reunión con hombres del bloque Suroeste de las Auc que operaban en esa subregión al mando de Jesús Aldides Durando, alias René.
En ese encuentro, cada uno de los directivos fue llamado por su nombre e indagadospor su papel en el sindicato y sus responsabilidades laborales. Momentos después, Sierra Vásquez fue separado de sus compañeros y asesinado frente a sus compañeros. Su cuerpo recibió siete impactos de arma de fuego. Los sindicalistas que sobrevivieron fueron conminados a renunciar a sus cargos y a la Convención Colectiva de Trabajo.
Para esa época ya había sido disuelta, también por presiones de las Auc, la subdirectiva de Sintraofan del municipio de Ciudad Bolívar. Seis meses atrás, el 17 de julio de ese mismo año, fueron asesinados por paramilitares los sindicalistas de esa localidad Ramón Chaverra y Fidel Antonio Seguro.
Por estos hechos fue condenado alias René a 26 años y 8 meses de prisión, al encontrarlo responsable de la serie de asesinatos que llevó a Sintraofan al borde de la liquidación en el Suroeste antioqueño.
La situación tampoco era fácil para los asociados a Sintraofan en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Allí, el Bloque Mineros de las Auc, al mando de Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, ejerció presiones sobre los sindicalistas en los años 2000 y 2001 a instancias al parecer del entonces alcalde de la localidad, Miguel Ángel Gómez García, recluido en prisión desde el 11 de noviembre de 2008, acusado de los delitos concierto para delinquir, constreñimiento y amenaza de muerte. Mientras el burgomaestre espera su juicio, al jefe paramilitar, extraditado a Estados Unidos en mayo del 2008, le imputaron responsabilidad en la violación a los derechos de asociación.
La interacción de las Auc con funcionarios municipales para acosar a Sintraofan también se sintió en la población de Frontino, Occidente del departamento. En esa localidad, su junta directiva, sus afiliados y el abogado que los representaba recibieron presiones para que renunciaran al sindicato y retiraran varias demandas laborales instauradas contra el Municipio.
Las amenazas se concretaron en marzo del 2001, cuando varios sindicalistas fueron abordados por los paramilitares Javier Correa Alzate, alias Fredy, comandante de las Accu de la zona, y varios de sus lugartenientes, quienes les hicieron saber que tenían que retirar las demandas laborales; de lo contrario, serían asesinados. Las intimidaciones también fueron recibidas por Ángel María Sepúlveda, Marino de Jesús Usura Manco, Jesús María Echeverri Castro, Julio César Rodríguez Correa, Hernando de Jesús Durango Sepúlveda, Darío Álvarez Parra, Hernán Puerta Pineda, Juan Bautista Holguín Arenas, José Luis Taborda y Jesús Alberto Cartagena Durango, todos ellos sindicalistas de Sintraofan.
Durante los años 2000 y 2001, la administración municipal padecía una grave crisis económica que llevó a su reestructuración recortando la carga laboral, situación que dio origen a demandas judiciales que culminaron con órdenes de reintegro. Tal situación generó molestias que se intentaron solucionar a través de las presiones de los paramilitares, buscando que cesaran las demandas laborales, lo que en efecto ocurrió.
Por este caso, el entonces alcalde de la localidad, Gilberto Rodríguez Celis, fue procesado por constreñimiento ilegal y concierto para delinquir por la Fiscalía 26 Especializada de Medellín No obstante, que impuso medida de aseguramiento contra el funcionario. No obstante, en un fallo irregular de segunda instancia, proferido por la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal de Medellín, adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías de esa misma ciudad, se revocó la medida de aseguramiento impuesta al sindicado y se precluyó la investigación. Por esa irregularidad fue condenado el fiscal Jorge Cañedo de la Hoz a tres años de cárcel.
En otras subregiones del departamento también murieron asesinados varios sindicalistas de Sintraofan durante los años 2000 y 2001. En el municipio de Envigado, Valle del Aburrá, fue muerto Alexander Mauricio Marín Salazar; en la localidad de Vegachí, Nordeste antioqueño, perdió la vida José Gildardo Uribe García; en Segovia, mataron a Edgar Orlando Marulanda Ríos y a Rafael Ángel Mesa Aguilar; y en la población de El Santuario, Oriente del departamento, murió Jaime Ramírez.
El segundo caso expuesto por la Asociación de Abogados Laboralistas fue el del Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios y Entes Descentralizados de Colombia (Sintrasema), subdirectiva Amagá, localidad del Suroeste antioqueño. Allí, en el año 2001, la Administración Municipal se valió de los grupos paramilitares que operaron en esa zona del departamento para exigir la renuncia de sus integrantes y, particularmente, a su condición de dirigentes sindicales, titulares por lo mismo de un derecho fundamental, el de asociación y contratación colectiva.
Las amenazas fueron directas y se le hicieron conocer al Presidente de la Subdirectiva de Sintrasema, Orlando Chica Obando, el 4 de diciembre de 2001 en el corregimiento Minas, a donde llegó a instancias del entonces Secretario de Obras Públicas Municipales de la época. En ese lugar, el paramilitar Efraín Mendoza, quien era el comandante de las Auc en esa región, le exigió renunciar al sindicato y a sus garantías y derechos.
Al día siguiente, los dirigentes sindicales citaron a una reunión extraordinaria a sus afiliados para narrar lo ocurrido y elaborar las respectivas renuncias, que debían ser firmadas por el alcalde Jorge William Muriel González, y la Oficina del Trabajo; además, debían enviar copia de los documentos a los mandos de las Auc.
Oficializadas las renuncias, el mandatario local procedió a iniciar la aplicación de la ley 617 de 2000, por medio de la cual se ajustaban los gastos de funcionamiento, asimilando las renuncias a un acto voluntario de los trabajadores sindicalizados, quienes fueron despedidos al invocarse las facultades legales que le otorgaba esa normatividad a la autoridad municipal. Por estos hechos, Muriel González fue condenado a 36 meses de prisión por el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Antioquia por concierto para delinquir. Tras tomar esta decisión, el juez debió salir del país por amenazas de muerte.
De acuerdo con informes de la Escuela Nacional Sindical, la ofensiva contra los trabajadores oficiales en los municipios antioqueño se relacionó con la ubicación geográfica de estos trabajadores en zonas disputadas por los actores del conflicto armado, por el uso y la instrumentalización que hicieron las administraciones municipales, y algunos empresarios locales, de los actores armados, en particular de grupos paramilitares de las Auc, para presionar a los trabajadores a que renunciaran de manera voluntaria a sus trabajos, liquidaran sus organizaciones sindicales y cambiaran algunos puntos de sus convenciones colectivas de trabajo.
