En la sentencia contra alias ‘Pablo Sevillano’, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá exhortó al Centro Nacional de Memoria Histórica a hacerle un homenaje a la religiosa. Al respecto, el libro Guerras Recicladas, de la periodista María Teresa Ronderos, dedica un apartado a la vida de la monja católica y a su lucha incansable por los derechos de las comunidades afro en Nariño. Aquí reproducimos algunos apartes.
Las comunidades en Tumaco aún recuerdan a la hermana Yolanda.Yolanda Cerón, o la hermana Yolanda, como la llamaban sus amigos, dedicó su vida a la lucha por la titulación de tierras a las comunidades afro e indígena en el puerto de Tumaco y se opuso radicalmente a la llegada de los grupos al margen de la ley y a su disputa por la tierra y el narcotráfico.
Su labor tuvo una consecuencia funesta: fue asesinada el 19 de septiembre de 2001 en Tumaco por un sicario que le propinó varios disparos, ocasionándole la muerte. Su trabajo con las comunidades más pobres, sus peticiones de titulación de tierras, así como sus denuncias en contra de las acciones contra la población civil perpetrados por el Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y los señalamientos que la consideraban simpatizante de la guerrilla del Eln, motivaron su asesinato.
Tuvo que pasar más de una década para que la justicia esclareciera el crimen de la religiosa y condenara a sus autores. En sentencia del pasado 29 de septiembre contra Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, exjefe de esa facción de las Auc, y varios de los hombres que estuvieron bajo su mando, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá los condenó a la pena alternativa de 8 años por el homicidio de la religiosa y un centenar de crímenes más. (Ver: Las preguntas detrás del asesinato de Yolanda Cerón)
Para este alto tribunal, la muerte de la hermana Yolanda, quien dirigió la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, no tuvo otro motivo que “la lucha por la restitución de tierras a favor de las comunidades negras e indígenas del pacífico, lo que en efecto daba al lastre con actividades de cultivos ilícitos de propiedad de los terratenientes de la región, que eran amparados por la fuerza armada de las Autodefensas Unidas de Colombia”.
Los constantes señalamientos contra esta religiosa por parte de miembros de la Fuerza Pública destacada en el puerto sobre el océano Pacífico, llevaron al Tribunal Superior de Bogotá a exhortar a la Fiscalía General de la Nación “para que realice las investigaciones de rigor, frente a la posible participación o no, de las Fuerzas de Policía o del Ejército Nacional, en la muerte de Yolanda Cerón Delgado, con el fin de recabar en la factible connivencia entre éstas, como estrategia sistemática de dar al lastre con el proceso de titulación de tierras desarrollado por los pobladores ribereños, en el afán de beneficiar a grandes poseedores de terrenos que requerían de aquéllas (ya tituladas), con el objeto de ser utilizadas en actividades de narcotráfico”.
Para destacar su labor, y como medida de reparación, la condena contra los exparamilitares del Bloque Libertadores del Sur incluyó una exhortación al Centro Nacional de Memoria Histórica para que proceda a reconstruir la historia de vida de la hermana Yolanda, con los siguientes objetivos: “El esclarecimiento, desde la voz de las víctimas, de los hechos que victimizaron a esta religiosa; Fortalecer el tejido social a través de la recuperación de la memoria; redignificación de la señora Yolanda Cerón, de su familia y de la comunidad Pastoral a la que perteneció, así como de toda la población de Tumaco que fue beneficiada con el trabajo de esta víctima; y generar recomendaciones de políticas públicas local y regional que permitan visibilizar los procesos de resistencia pacífica de las víctimas, en medio del conflicto armado, con el fin de evitar que se repitan sucesos como el aquí acaecidos”.
La periodista María Teresa Ronderos, fundadora de VerdadAbierta.com y autora del libro Guerras Recicladas, rindió un homenaje a la religiosa nariñense en uno de sus capítulos, algunos de cuyos apartes reproducimos a continuación como aporte a la memoria de esta mujer, que entregó su vida por defender las causas de los menos favorecidos.
La lucha por la titulación de la tierra
Yolanda no era descendiente de africanos esclavizados. Había nacido en el municipio de Berruecos, en la parte andina de Nariño, el departamento al sur del país, vecino de Ecuador. Pero conoció bien a los afros, porque como religiosa de la compañía de María Nuestra Señora, desde mediados de los años 80 fue maestra de primaria en Salahonda, vereda del municipio de Francisco Pizarro en la costa nariñense. Los padecimientos de la gente allí se le metieron en el alma. Solía decir la hermana Cerón que ella no era negra, pero que dedicaría su vida a reparar las injusticias que contra estos pueblos había cometido la gente de la raza a la que ella pertenecía.
Aprobada la Ley 70 de 1993, la cual permitía a los pueblos afro e indígenas conformar consejos comunitarios de gobierno y pedir que se les reconocieras territorios colectivos, Yolanda emprendió una campaña de educación y sensibilización con las comunidades para que se apropiaran de esa lucha, consiguiendo así la titulación de 96.000 hectáreas de tierra para 9.000 afrodescendientes de Nariño.
Con la ley 70 en mano, la hermana Cerón se puso a enseñarles a los habitantes de esos bosques cómo podían organizarse para sacarles títulos formales a sus territorios colectivos. Los más afortunados en Francisco Pizarro vivían en una choza, sin servicios, y tenían algo de tierra sembrada que le daba de comer a la familia, casi siempre muy numerosa. Demasiados, sin embargo, no tenían tierra, y les vendían su fuerza laboral a las empresas madereras y palmeras o a las camaroneras que llegaron en los años ochenta. O cortaban arboles por su cuenta, o buscaban baraquear en algún rio donde después de menear la batea un día al rayo del sol podían encontrar un par de pepitas de oro para no morirse de hambre.
Ella fue una figura potente entre las muchas que estaban haciendo realidad esa apuesta que les había hecho el Estado. Desde principio de los años noventa había empezado a organizarse un movimiento étnico de afro descendientes de todo el país que empujaron la elaboración de la Ley 70 y después la pusieron en práctica. En Nariño un grupo de líderes campesinos y algunos jóvenes urbanos educados en colegios católicos consolidaron el capítulo local del Proceso de Comunidades Negras (PCN), conocido como Palenque Nariño. Ellos eran los interlocutores de las entidades nacionales y representaban al movimiento de la región. Faltaba, no obstante, que las comunidades dispersas en esa costa nariñense difícil, llena de ríos y caños, casi sin vías, con el borde tupido de manglares, se organizaran en los Consejos Comunitarios que preveía la Ley 70, y luego si, tramitaran la propiedad colectiva de sus tierras.
Ha sido la Iglesia Católica, de la mano sobre todo con la hermana Yolanda, como le decían, la fuerza principal en la consolidación de esos Consejos. Formar cada Consejo fue un trabajo de persistencia. Citar a reuniones, divulgar y explicar la ley, hacer el censo, dar talleres de cómo administrar una entidad comunitaria y elegir representantes requería de una energía especial. Investigadores que analizaron el caso del consejo comunitario del Bajo Mira y Frontera retrataron en cifras esta dificultad: 60 veredas, 9000 habitantes, 12,5% de la población rural de Tumaco, 50000 hectáreas de tierras colectivas, la mitad de la población sin escolaridad ni empleos formales.
En el bajo Mira se reunieron unas 60 personas en el primer encuentro en enero de 1995, en el 96 se consiguió hacer una reunión más amplia, y en febrero de 1997, se juntaron 500 personas de esa reunión fronteriza en una asamblea para designar a los representantes del Consejo Comunitario en el pueblito sobre la Mira, y la gente lloraba de emoción al ver lo que estaban consiguiendo.
A Yolanda no le gustaba darse aires, pues al fin y al cabo era la gente la que estaba construyéndose su futuro, y ella solo era un motorcito que jalaba. “Fueron las mismas comunidades las que trabajaron, las que lucharon, las que elaboraron su historia, su censo, sus prácticas tradicionales de producción”, dijo Yolanda en una entrevista.
Para 1995, siendo directora de la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, dirigió proyectos de defensa de derechos humanos apoyando la denuncia sobre la corrupción y la violencia que se habían apoderado de Tumaco a través del programa radial La Caja de Pandora que se emitía en la emisora Radio Mira Caracol, el cual tiempo después tuvo que ser cerrado por las constantes amenazas de los actores armados.
La llegada del Bloque Libertadores Sur
En 1998, la región presenciaría la llegada de los narcotraficantes y con ellos la entrada de la violencia. Para finales de la década del noventa aparecieron los primeros laboratorios de procesamiento de coca en la región. La batalla de los actores armados se concentró entonces en la disputa por el control de la producción y la distribución de esa sustancia ilegal.
La hermana Cerón vio venir el tsunami antes de que llegara. Ella les decía a los pobladores de Hojas Blancas y Vuelta de Gallo y a los demás vecinos del Patía Grande que había que ordenar el territorio, apropiarse de él, ponerlo a producir para ellos antes de que llegaran otros a apropiarse de él; había que construir murallas de solidaridad y legitimidad sobre el territorio para impedir que el vendaval de la violencia que venía de otras regiones colombianas los arrasara,sobre todo a ellos, que no tenían defensas contra esa plaga.
El tiempo, sin embargo, no les dio para finalizar sus procesos, porque desde finales de 1999 los paramilitares llegaron husmeando la coca, como buenos sabuesos. Diego Murillo, alias ‘Don Berna’, el antiguo guardaespaldas de un narcotraficante del cartel de Medellín convertido en dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue encargado por Vicente Castaño de enviar a Tumaco el primer grupo de paramilitares de lo que después se llamó ‘Frente Libertadores Sur’.
Los frentes de las Farc y el Eln se movían por algunos municipios de la región desde los años ochenta, pero al finalizar la década del noventa y en consonancia con su pulso negociador con el gobierno en el Caguán habían arreciado sus golpes a la fuerza pública y habían comenzado a amenazar a los más pudientes con extorsiones y secuestros. Había aparecido en Tumaco, además, una banda de delincuentes comunes llamada los BamBam, y como los paramilitares ofrecieron acabarla, comerciantes y la gente del común de la ciudad recibieron eso como una buena noticia.
El primer mensaje de los paramilitares fue directo al grano. El 2 de febrero de 2000 asesinaron a Francisco Hurtado, apreciado gestor de Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera. Estaba realizando el censo de los 40 pobladores que componían esta comunidad. Era uno de los requisitos que debía llenar para conseguir el título de colectivo oficial. Su asesinato puso a temblar a todos.
Tras la muerte de Hurtado se registraron más asesinatos selectivos, entre los que se encuentran el de los periodistas Marisol Revelo, de Radio Mira y Teletumaco y Flavio Bedoya del periódico Voz, este último asesinado según alias ‘Pablo Sevillano’ por pertenecer al Partido Socialista y ser colaborador de la guerrilla. (Ver: Ex para confiesa asesinato de periodista Flavio Bedoya)
La hermana Yolanda no podía quedarse callada. Sabía que los asesinos querían destruir el trabajo de los Consejos Comunitarios y, contrariamente a lo que era su deber institucional, los miembros de la fuerza pública les estaban ayudando. Así que comenzó a averiguar qué oficiales podían estar involucrados y a denunciarlos. No había que una gran detective para darse cuenta de esa colaboración. Hoy los tumaqueños cuentan que veían a los paramilitares entrar y salir de las guarniciones militares como Pedro por su casa y, para fines del milenio, estaban tan cómodos que asesinaban a plena luz del día mendigos, drogadictos, y también a quienes que fuera señalado como de izquierda.
Pese a las constantes amenazas y los asesinatos selectivos que se presentaron, la hermana Yolanda continuó, junto con el sacerdote carmelita Guillermo Correa, el trabajo con las comunidades afrodescendientes. “Correa y Cerón, además, encabezaron los equipos que formó la Iglesia Católica en el largo litoral Pacífico colombiano para acompañar a las comunidades negras en el reclamo de los derechos colectivos sobre el territorio y en su resistencia a las violencias que los atacaban desde los dos flancos”.
Desde la entrada de los ‘paras’ a la región la hermana Yolanda investigó la relación de miembros de la Fuerza Pública con los paramilitares del Bloque Libertadores Sur, la presentación de la documentación durante un consejo de seguridad local conllevó a que fuera tildada de guerrillera por parte de un oficial militar. Hecho que se constituyó como en detonante de más intimidaciones y amenazas que terminaron con el asesinato de la religiosa.
Una voz más silenciada
La hermana también siguió denunciando en voz alta a “Sevillano” y a sus colaboradores, y por la autenticidad de su liderazgo la escuchaban hasta en el Vaticano y en la Unión Europea. “Yolanda tuvo unas dimensiones sociales y políticas difíciles de calcular en medio del fuego de paramilitar”, dicen un joven miembro de la Pastoral Social que no la conoció, pero que aún hoy siente su energía. “Era una Pola (en referencia a la heroína de los tiempos de la Independencia de España, Policarpa Salavarrrieta).
Sus denuncias y su trabajo por las comunidades afro fueron silenciados el 19 de septiembre de 2001 cuando en frente de la iglesia de la Merced, en el Parque de Nariño, le dispararon en repetidas ocasiones, alias ‘Capulina’ fue quien accionó el arma contra la religiosa por orden directa de Guillermo Pérez Álzate, alias ‘Pablo Sevillano’.
Yolanda llevaba la bandera al frente y cuando ella no está ya, cada uno siguió por su lado”, dijo una dirigente afro en el documental que años después hizo la pastoral sobre la obra de cerón. Eso fue exactamente lo que pasó. Si podían matar a Yolanda, una figura internacionalmente conocida, los demás no tendrían mucha esperanza. Y los paramilitares no pararon ahí. Sostuvieron el terror contra todos los que tramitaban la creación de los consejos y la titulación de las tierras. A José Santos y a Lucía Grueso, dirigentes del Proceso de Comunidades Negras, les tocó huir. A Silvio Garcés, el funcionario del Incora que estaba haciendo su trabajo y respondía las peticiones de los Consejos Comunitarios para avanzar en las titulaciones lo amenazarían y después de bajaron de cargo.
La muerte de la hermana Yolanda Cerón trajo consigo un daño individual y colectivo cuyas repercusiones no han cesado, las comunidades afro fueron las más vulneradas ya que pocos se atrevieron a mantener las riendas de la representación de Cerón, y quienes lo hicieron fueron silenciados u obligados a salir de la región.
Fueron 96.000 hectáreas de tierra que la hermana Yolanda logró titular mientras vivió, el día de hoy hay un estimado de un millón de hectáreas que luego de su muerte quienes abanderaron su legado lograron titular. A pesar de que su ausencia aun sea del diario vivir de las comunidades afro de Nariño muchos afirman que el trabajo por la comunidad aún empieza y que su legado lo mantendrán hasta alcanzar el respeto y el acceso a todos los derechos de las comunidades.
