En la tarde de este viernes se esperan masivas manifestaciones en las plazas públicas de 50 ciudades del país para exigir que cese la inclemente ola de violencia que padecen quienes defienden los derechos de diversas comunidades. Las muertes, las amenazas y las agresiones, no ceden a pesar de las denuncias.
Un año y 20 días después, diferentes sectores de la sociedad se lanzan nuevamente a las calles para denunciar, una vez más, que en la denominada Colombia del posconflicto, mensualmente son asesinados decenas de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. El 6 de julio del año pasado se realizó una velatón para hacer un llamado de atención sobre esa tragedia humanitaria, pero el panorama ha empeorado. (Ver fotorreportaje de esa jornada: ¡Líderes y lideresas sociales, no están solos!)
Es un drama que está sobrediagnosticado porque diversas organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), periódicamente emiten informes sobre las amenazas y los asesinatos que ocurren a lo largo y ancho de la geografía nacional. Por diferencias metodológicas y conceptuales los registros varían, pero los escenarios y las dinámicas regionales que describen son similares. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)
Está más que claro que desde que se empezaron a concretar avances en los diálogos de paz que el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) adelantó con las Farc aumentaron las amenazas; y que las muertes se dispararon con la implementación del Acuerdo de Paz que firmaron el 24 de noviembre de 2016. En gran parte esa ola de violencia se debe al reacomodo de grupos armados ilegales y mafias tras la dejación de armas de la otrora guerrilla más antigua del continente, pues el Estado no pudo llenar ese vacío de poder ni otorgar asistencia integral en regiones históricamente abandonadas. (Leer más en: Los alarmantes patrones que rodean el asesinato de líderes sociales)
Asimismo, con el paso del tiempo y el aumento de los muertos, las autoridades nacionales se han centrado en debates estériles, como aceptar o no la existencia de patrones de sistematicidad en esa ola de violencia; definir quiénes son líderes sociales; establecer una cifra ‘real’ de víctimas; la existencia del paramilitarismo; y adjudicarle la mayoría de las muertes a un sólo grupo armado ilegal. (Leer más en: Durante el gobierno Santos fueron asesinados 609 líderes sociales)
Por otro lado, se ha insistido en el mismo modelo de protección, centrado en la tramitología de esquemas de seguridad individuales para personas en riesgo, dejando de lado el llamado de atención que han realizado organizaciones sociales y sectores de la comunidad internacional, para que se trabaje en materia de prevención y medidas de protección colectivas. (Leer más en: “La mejor manera de tener seguridad es que se respeten los territorios”)
De ese modo, según registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre noviembre de 2016 y el 25 julio de 2019, fueron asesinados 623 líderes sociales y defensores de derechos humanos; 80 de esas muertes ocurrieron a lo largo de este año. De manera similar, la organización no gubernamental Somos Defensores, que está preparando su primer informe semestral de este año, ha documentado alrededor de 400 asesinatos desde 2016 y, de ellos, 60 corresponderían a este año. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: una crisis humanitaria advertida)
En medio de esa dramática situación, las principales entidades del Estado han tomado cartas en el asunto, pero no han sido suficientes. La Defensoría del Pueblo, gracias a un decreto con fuerza de ley expedido para la implementación del Acuerdo de Paz, pudo emitir alertas tempranas de manera directa y el 1 de marzo del año pasado realizó la primera sobre líderes sociales, en la que indicó que 345 organizaciones se encontraban en peligro y que en los 26 meses previos habían sido asesinados 282 activistas comunitarios; la Procuraduría General de la Nación emitió una directiva para evitar la estigmatización de los defensores de derechos humanos por parte de servidores públicos y ha promovido la Mesa por la Protección de la Vida para atender este drama; la Fiscalía General de la Nación ha tenido algunos avances en materia de judicialización, sobre dimensionados según organizaciones sociales; y el presidente Iván Duque puso en marcha su Plan de Acción Oportuna (PAO).
La sociedad civil no se ha quedado atrás. Además de la velatón del año pasado, se han creado diferentes estrategias para sensibilizar sobre los asesinatos de líderes sociales, como ocurrió con la campaña publicitaria Voces a pruebas de balas o el refugio humanitario que durante varios días del pasado mes de mayo se alzó en Bogotá; y también algunos sectores han acudido al activismo en el extranjero, denunciando este desangre ante la Corte Penal Internacional. Producto de ese trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que creará un grupo especial para hacerle seguimiento a ese foco de violencia.
Esta tarde el país vivirá un nuevo capítulo para defender a quienes defienden los derechos de campesinos, afros, indígenas, víctimas del conflicto armado, mujeres, población LGBTI, activistas territoriales y ambientales, sindicalistas, dirigentes que apoyan la implementación de programas del Acuerdo de Paz como la sustitución de cultivos de coca y de quienes están en la mira de los violentos por cuenta de su liderazgo social.
