El Esmad desalojó a las familias desplazadas que decidieron regresar sin autorización del gobierno. Los reclamantes de tierras piden que el Incoder revoque una resolución que retrocedió la adjudicación de los baldíos.
Hace dos meses en una asamblea, los miembros de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno decidieron tomarse la Hacienda La Gloria. Foto: Asocadar.
A las 4:30 de la mañana del 30 de junio, cerca de 150 personas ingresaron a la Hacienda La Gloria, corregimiento de Simaña en el municipio de La Gloria al sur del Cesar. Los campesinos buscan presionar al Incoder para que adjudique los baldíos que vienen reclamando desde mediados de los años 80. Esta Hacienda pertenece desde 2008 a la empresa La Dolce Vista Estate, cuyo principal accionista es el empresario Germán Efromovich. (Ver: Las trampas de la Bellacruz)
Este es uno de los casos emblemáticos de reclamación de tierras en el sur del Cesar. Desde mediados de los años 90, más de 500 familias campesinas reclamaban la adjudicación de baldíos que hacían parte de una finca de propiedad de la familia del exministro de Desarrollo Carlos Arturo Marulanda. Los labriegos fueron expulsados primero con actos policivos, luego con decisiones administrativas y más tarde con la violencia paramilitar del Frente Héctor Julio Peinado de las Auc.
Los campesinos pasaron la noche en la Hacienda, pero en la mañana de hoy fueron desalojados por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios. “Arrojaron gases lacrimógenos contra la gente. Tenían una orden de desalojo firmada por la inspectora de Policía”, dijo Jorge Rangel, personero del municipio de la Gloria.
Los ocupantes aseguran que el Esmad actuó con violencia sin importar en el lugar había menores de edad. “Llegaron por la parte de atrás de la finca, lanzando gases y otros artefactos. Hay 15 personas heridas, tuvimos que salir del predio, pero hasta ahora no ha llegado ninguna autoridad a socorrerlos”, dijo Adelfo Rodríguez, líder de los ocupantes.
No todas las víctimas decidieron ocupar la finca, pues no todas están de acuerdo con utilizar las vías de hecho. Esta movilización estuvo a cargo de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar), una organización que hace parte de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar.
“Nosotros tenemos tres fallos judiciales que nos reconocen como víctimas de despojo y desplazamiento. El Estado nos tiene que responder, pero no estamos de acuerdo con actuar por fuera de las líneas legales, eso nos pone en riesgo”, dijo Fredy Rodríguez, representante legal de Asocol, la organización que agrupa a más de 400 víctimas que en 1996 fueron desplazadas por los paramilitares al mando de Juan Francisco Prada Márquez, más conocido en la zona como ‘Juancho Prada’.
El exjefe paramilitar reconoció, ante los estrados judiciales, que desplazó a los campesinos por orden de los hermanos Carlos Arturo y Francisco Alberto Marulanda montó una ‘base’ paramilitar que funcionó en La Bellacruz desde 1996 hasta 2006, para evitar que los campesinos reclamaran la tierra. Las víctimas ya fueron reconocidas en una sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.
Los reclamantes que hacen parte de Asocadar dicen que internaron tratar el tema con Ignacio Carmona Moreno, subgerente de Tierras Rurales del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en la mesa de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar que se reunió el 7 y 8 de abril el municipio de Morales, pero el funcionario se negó a hablar de La Bellecruz. La siguiente reunión fue el 15 de mayo en San Alberto, pero Carmona no asistió.
La resolución de la discordia
52 familias fueron reconocidas como víctimas de desplazamiento y despojo en una sentencia del Tribunal de Justicia y Paz en diciembre de 2014. Foto: Asocadar.
Aunque han pasado 16 años desde que los campesinos fueron expulsados de La Bellacruz, la tensión que se vive en la zona incrementó desde febrero de este año, pues cuando pensaban que su caso estaba a punto de solucionarse, el gobierno reversó decisiones claves y dejó la situación en el estado en que se encontraba en 1990. (Incoder dilata recuperación de baldíos en La Bellacruz)
Ignacio Carmona Moreno, subgerente de Tierras Rurales del Incoder, firmó la Resolución 00334 del 19 de febrero de 2015, en la que anula jurídicamente dos resoluciones, una de 1990 y otra de 1994, con las que el antiguo Incora reconoció que dentro de La Bellacruz había seis predios de origen baldío que la familia Marulanda se había apropiado irregularmente y, por tanto, podían ser titulados a campesinos sin tierra.
También reversó la Resolución 0481 del 1 de abril de 2013 con la que la misma institución, dos años atrás, había confirmado la existencia de 1.200 hectáreas de predios baldíos dentro de la hacienda y había ordenado su recuperación para titulársela a campesinos. (Lea: En La Bellacruz hay 1.200 hectáreas de baldíos y deben restituirse)
El Incoder ordenó comenzar nuevas “diligencias administrativas” e iniciar, desde cero, un estudio que permita clarificar si en la antigua Bellacruz hay predios o no de origen baldío como lo denunciaron los campesinos desde finales de los años 80 y como lo habían confirmado decisiones posteriores.
¿Qué pasó en la Bellacruz?
Aunque fueron convocados, no todas las víctimas decidieron participar de la ocupación de los bienes. Foto: Asocadar.
El conflicto en zona data de 1986 cuando un grupo de campesinos sin tierra se asentó en terrenos de esta hacienda, de propiedad de la familia del exministro de Desarrollo Carlos Arturo Marulanda. Los campesinos le reclamaban al Incora que estudiara los predios pues, a su juicio, los Marulanda se habían apropiado irregularmente de baldíos que les podían ser titulados a labriegos pobres, pero que la familia usó para agrandar su hacienda.
En 1990, ordenó un estudio de clarificación para saber quién tenía la razón. Para 1994 los Marulanda sólo pudieron acreditar con papeles la propiedad de 7 mil de las 25 mil hectáreas El Incora decidió adquirir 2 mil de las 7 mil hectáreas acreditadas por los Marulanda y pagarles por ellas un poco más de 700 millones de la época.
Algunas de las familias ya estaban ubicadas en los predios comprados y cuando el Incora comenzaba a titularlos un grupo paramilitar, a cargo de Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, los desplazó con violencia el 14 de febrero de 1996.
Mientras los campesinos originarios estuvieron desplazados, en 2007 los Marulanda fraccionaron en varios predios lo que les quedaba de La Bellacruz, unas 5 mil hectáreas, y después los englobaron en una nueva escritura. En 2008 la empresa La Dolce Vista Estate, cuyo principal accionista es el empresario Germán Efromovich, negoció con los Marulanda y les compró M.R. Inversiones Ltda. y Frigoríficio La Gloria S.A., las dos empresas que tenían propiedad sobre la Bellacruz. En 2009 la renombran como hacienda La Gloria y comenzaron a desarrollar un cultivo de palma aceitera de 5.000 hectáreas (Lea la entrevista con Germán Efromovich: “La tierra no violó los derechos humanos”).
Haga clic sobre la imagen para ver una infografía interactiva sobre esta historia
