Una orden de la Fiscalía 50 de Extinción de Dominio estuvo a punto de despojar a una asociación campesina del sur de Cesar de las tierras que le habían sido asignadas, luego de haber sido forzada a abandonar sus predios por los paramilitares de las AUC. Sin embargo, las autoridades de tierras impugnaron la decisión.
Escrito por: Jairo Padilla González – @jairopadillag
Los miembros de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar) del sur del Cesar, llevaba décadas buscando hacerse de unas tierras luego de haber sido despojados de predios otorgados por la autoridad de tierras en una incursión paramilitar en los años 90.
Al fin, en 2024 la Asociación logró obtener el derecho provisional a la administración y usufructo de la hacienda El Amparo, cerca de donde habían sido despojados, que está en proceso de extinción de dominio en contra de Luis Alberto Urrego Contreras, quién pagó una condena por narcotráfico en Estados Unidos.
Pero una orden de la Fiscalía 50 de Extinción de Dominio del 19 febrero de 2025 estuvo a punto de frustrar los sueños de los campesinos. La Resolución 10658 levantó la medida de administración de la hacienda El Amparo entregada a Asocadar por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en noviembre de 2024.
Un mes después, ante objeciones de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierra revocó la orden que favorecía a la familia Urrego Contreras, en detrimento de los intereses de la comunidad de Asocadar, como confirmó la SAE en su cuenta de X.
“La Fiscalía ha revocado la decisión de levantar el embargo sobre el bien en proceso de extinción de dominio (…) Este es un paso crucial hacia la reparación y el reconocimiento de las víctimas. Nuestro compromiso con su dignidad y sus derechos es firme” dijo la SAE.
La revocatoria se dio ocho días después de que Amelia Pérez Parra, presidente de dicha entidad hiciera la solicitud formal. “Luis Alberto Urrego Contreras, condenado narcotraficante, busca retomar el predio mediante acciones intimidatorias y jurídicas, revictimizando a las comunidades que habitan la hacienda entregada por la SAE”, dijo la entidad en su cuenta de X.
Harman Felipe, director Nacional de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se pronunció en el mismo sentido. “La disposición del Plan Nacional de Desarrollo es clara: los bienes de la mafia pasan a manos campesinas (…) Las víctimas del caso Bellacruz allí reubicadas pueden seguir trabajando el predio”.
“No hay una claridad de las instituciones del Estado que nos llamaron, nos posesionaron y ahora prácticamente ellos mismos nos (estaban) desplazando porque yo considero que a nosotros no nos está desplazando el señor Urrego”, dice Adelfo Rodríguez, presidente de Asocadar.
Una notificación inesperada
El 20 de febrero de 2025 llegó a los predios el abogado de Urrego Contreras, quien se identificó como Edwin Alberto Álvarez Garcés, con la orden de notificación de la Fiscalía 50, en la que le devolvía la administración de los predios a la familia de su representado.
A pesar de que aseguró que no iba ese día a hacer un desalojo, estuvo acompañado de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal de la Política Nacional, quienes iban fuertemente armados con fusiles de asalto, utilizados usualmente en operaciones especiales.
Las familias campesinas, que ya habían empezado a adecuar el terreno para poder desarrollar sus proyectos productivos, quedaron desconcertados.
Al respecto, desde la Comisión Colombiana de Juristas señalaron que “ los campesinos, muy asustados ante el proceder también un poco abrupto y que tiene unas formas ilegales en el sentido en que el abogado manifiesta que va a notificar una resolución y las vías de notificación formal no son esas, tampoco llega una orden judicial como tal. Este abogado llega con una resolución que tiene una firma pero que no se establece muy bien qué tipo de resolución es, ni exactamente quién la expide ni nada”.
A pesar de que el abogado de Urrego aseguró que no se trataba de un desalojo, poco después de su inesperada visita, empleados contratados por la familia Urrego ingresaron a los predios con tractores, desarmando las viviendas que había construido la comunidad, cuentan los campesinos. También invadieron los terrenos con ganado de su propiedad y aunque miembros de la comunidad sacaron las vacas, a los pocos días se percataron de que nuevamente habían sido introducidos.
Al respecto, Adelfo Rodríguez, considera que hay algún tipo de acuerdo entre las autoridades ya que, como él dice: “El tractor entra y uno le avisa a la Policía. La Policía dice, ahora vamos y, por ahí, a las 3 o 4 de la tarde es que llegan, pero cuando ya la máquina está saliendo”.
Posible frenazo para otros campesinos
El impacto de la resolución de la Fiscalía va más allá del departamento de Cesar. Deja en zozobra miles de víctimas del despojo que aceptaron la invitación del presidente Gustavo Petro a aceptar otras formas de recuperar tierras.
Con el precedente fijado por la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), que crea a la ANT, y posteriormente con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, con la promesa de una reforma rural integral, se revitalizó la agenda reivindicativa de los derechos y las demandas de acceso a la tierra por parte del campesinado víctima de despojo en el marco del conflicto armado.
En ese escenario, el gobierno les propuso a los campesinos sin tierra o que habían sido víctimas, la posibilidad de acceder a ellas por medio de distintas figuras jurídicas. Los incentivó a ir adquiriendo tierras de distintos modos, no sólo como propietarios, sino también a través de la tenencia o administración de predios, mientras buscaban la manera de adjudicarlos.
Asocadar se acogió a ese llamado, solicitando formalmente ante la SAE para acceder a tierras confiscadas por el Estado en razón a su relación con el narcotráfico.
La institución le propuso a Asocadar un traslado de tierras que consistió en reubicarlos en otros predios mientras se resolvía su solicitud de restitución de predios de la antigua hacienda Bellacruz, hoy hacienda La Gloria, en manos de un conglomerado de empresarios entre los que figura German Efromovich (antiguo dueño de Avianca) y una fiducia del banco Davivienda. (Leer más : Yo tutelo, él tutela, ellos tutelan… el caso Bellacruz).
Pero la resolución de la Fiscalía deja claro que estas figuras jurídicas de destinación provisional “no blindan al campesinado frente a esos nuevos despojos que se pueden dar en relación con las actividades campesinas que se vienen desarrollando en esos predios”, como subraya la abogada de la Comisión Colombiana de Juristas.
La situación ha dejado desesperanzados a la Asocadar a tal punto que no quieren trabajar más esa tierra, ante la incertidumbre de no saber qué pueda pasar con la destinación de esos predios. Se preguntan por qué el gobierno y las instituciones los llamaron para después dejarlos solos en esta lucha por la tierra.
La historia de Bellacruz
La Asocadar representa a familias que fueron desplazadas de los predios de la hacienda Bellacruz que ocupaban y cultivaban esos predios con la esperanza de que el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) les titulará esas tierras.
Pero ya cuando todo estaba listo, y el Estado había comprado los predios a la poderosa familia Marulanda Ramírez, esa promesa se vio truncada el 14 de febrero de 1996 con la llegada a sangre y fuego del frente paramilitar Héctor Julio Peinado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por Juan Francisco Prada Marqués, alias ‘Juancho Prada’.
Con el arribo de los paramilitares, que numerosas investigaciones judiciales, académicas y periodísticas han evidenciado fue promovido por los hermanos Marulanda Ramírez, los campesinos se vieron obligados a desplazarse hacia otros municipios y departamentos. Algunos incluso se vieron forzados a exiliarse en el exterior tras el asesinato de varios de sus líderes.
Durante años reclamaron sus tierras. Pero cada vez que el extinto Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) les restituía los predios, la situación de seguridad en la región y la contínua presencia de los paramilitares en la zona impedía que los reclamaran. Posteriormente, funcionarios del Incoder certificaron que los campesinos no habían ocupado los predios y revocaron las órdenes de restitución. Estos predios nuevamente pasaron a formar parte de la hacienda Bellacruz, hoy conocida como hacienda La Gloria, como lo ha venido revelando VerdadAbierta.com desde 2011 (Leer más: Tierra prometida en la Bellacruz).
Los mecanismos mediante los cuales funcionarios públicos de instituciones estatales como el Incoder y las notarías de registros públicos legalizaron las tierras despojadas a víctimas campesinas del paramilitarismo en favor de terratenientes están documentados por académicas como Rocío del Pilar Huertas, profesora de la Universidad del Rosario. (Entre la legalidad y la crimilegalidad: el papel de los notarios en el sistema (i)legal colombiano).
Restitución de predios vía la SAE
Las 150 familias que conforman la asociación campesina de víctimas empezaron a celebrar el fin de su diáspora cuando la SAE y la ANT les otorgaron la administración de la hacienda El Amparo.
La ruta que siguió la asignación de predios a la asociación consistió en la entrega de las parcelas por parte de la SAE a la ANT. La recepción de estas por parte de la agencia de tierras se hizo con base a una promesa de compraventa que existía de antemano, como lo confirmó la Comisión Colombiana de Juristas, que representa legalmente a Asocadar.
“La ANT realiza jornadas presenciales de entrega de los predios y suscribe unas actas de entrega… a los campesinos de Asocadar y les dice: ‘Mire, les estoy entregando la tenencia de estos predios porque yo los voy a comprar, ya hay una promesa de compraventa, ya hay un certificado de disponibilidad presupuestal, está aprobado’”, recuerda una abogada de la Comisión Colombiana de Juristas.
Con este compromiso presente, los predios El Amparo, El Porvenir y San Ignacio, ubicados en el municipio La Gloria, justo al lado de la hacienda La Gloria (antigua Bellacruz), son entregados a Asocadar. Esto se hace mediante la figura jurídica de destinación provisional de los predios que le da la potestad de administrarlos y usufructuar de ellos en función del bienestar colectivo.
Esto es así porque los predios aún están en proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía en contra de Luis Alberto Urrego Contreras, quién pagó una condena por narcotráfico en Estados Unidos debido a su participación en la red de transporte aéreo de cocaína liderada por el entonces narcotraficante Fabio Ochoa Vásquez, integrante del extinto Cartel de Medellín.
La SAE le hizo asignó temporalmente los predios a Asocadar en septiembre de 2023, mediante la resolución 720 de 2023 que queda anotada formalmente en los folios de matrícula inmobiliaria.
Según una asesora jurídica de los campesinos que pidió anonimato, “cualquier persona que tenga un interés en ese predio tiene la obligación de ir al folio de matrícula inmobiliaria y revisar la hoja de vida de ese predio y ahí se puede dar cuenta cuál es el la historia de ese predio, de quién era, si se vendió, si no se vendió, si se arrendó, si se dio en destinación provisional y en ese momento en el folio de matrícula inmobiliaria eso consta ahí”.
Posteriormente, en acto público celebrado el 22 de noviembre de 2024, poco más de un año después de la resolución de la SAE, la ANT le entregó las tierras a la asociación en un proceso que buscaba tanto restituir los predios como los derechos al campesinado víctima del despojo paramilitar.
Los tres predios entregados a Asocadar suman 1.066 hectáreas, una quinta parte de la hacienda La Gloria, compuesta por poco más de 5.000 hectáreas (casi dos veces el área metropolitana de la ciudad de Bogotá), y la cual aún está en una larga disputa que parece no acabar. (Leer más: La historia sin fin de La Bellacruz)
Revictimización del campesinado
La resolución expedida por la Fiscalía 50 indica que al señor Luis Urrego Contreras y a su madre de 80 años se les están vulnerando sus derechos fundamentales a la vivienda digna y el mínimo vital, ya que ella depende económicamente de él y no cuenta con un lugar de vivienda digna.
Así, favorecería a una familia ligada al narcotráfico en detrimento de más de 100 familias conformadas por adultos mayores, mujeres y niños, víctimas de la violencia y el despojo. Como tal, son sujetos especiales de derechos y protección, según la Corte Constitucional.
El paso del tiempo y la falta de respuestas por parte de las instituciones encargadas han desgastado a la comunidad. “Desde que fuimos desplazados en el 96 a esta fecha ya han corrido 30 años, entonces la mayoría de la gente pues ya éramos adultos y con toda esa recopilación de años ya somos prácticamente muchos ya correspondidos a la tercera edad y muchos también ya se fueron adelante porque en tanta espera, en tanta cuestión y para allá y para acá, la gente se nos fue yendo y así ha ido sucediendo poco a poco y son bastantes los que ya se han despedido”, dice Rodriguez, el líder de Asocadar.
