Por décadas los habitantes de la Comuna 13 lucharon para que se encontrara la verdad que ocultaba toneladas de residuos de obra y otros desechos, donde paramilitares desmovilizados confesaron haber ocultado el cuerpo de decenas de víctimas. Los restos humanos hallados por el Sistema Integral para la Paz confirman la lucha de las víctimas y plantea un nuevo reto para determinar su identidad. Algunos cuestionan no haber llegado a esta conclusión antes.

En la mañana de este miércoles, las inspecciones realizadas en La Escombrera, la ‘fosa a cielo abierto’ más grande del país, como la han nombrado coloquialmente, arrojó resultados: 14 piezas, entre restos óseos y ropa, de al menos dos cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado padecido por los habitantes de San Javier o la Comuna 13 de Medellín.

Caída la noche de ayer continuaban las inspecciones judiciales lideradas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). A simple vista, reposaban los restos encontrados sobre la tierra y entre los escombros, marcados con los numeradores forenses. A unos metros, familiares de las víctimas aguardaban dentro de una pequeña carpa blanca, esperando obtener más información.

“Este es un aguinaldo muy grande. Un regalo muy grande que Dios nos ha dado. Es el resultado de la lucha, la resistencia, las tocadas de puertas, las insistencias para lograr toda esta búsqueda. A algunas familias les va a dignificar el dolor”, expresó en entrevista con este portal Margarita Selena Restrepo, vocera de Mujeres Caminando por la Verdad. Restrepo es la madre de Carol Vanesa de 17 años, desaparecida el 25 de octubre de 2002, una semana después de la Operación Orión. (Leer más en Mujeres víctimas de la Operación Orión en Medellín)

En agosto de 2018 organizaciones de víctimas le solicitaron a la JEP ordenar medidas cautelares sobre La Escombrera y La Arenera, terrenos próximos a la Comuna 13 que hoy están en manos de las empresas Construcciones El Cóndor S.A.

Dos años después la JEP profirió las medidas a fin de proteger estos terrenos sobre los que se sospechaba había restos de personas desaparecidas, a raíz de las repetidas denuncias de organizaciones de víctimas que durante dos décadas habían pedido poner atención en el lugar.

A pesar de esa decisión, según han denunciado las organizaciones de víctimas, por mucho tiempo allí se siguió arrojando escombros de toda la ciudad y continuó la explotación minera de la empresa El Cóndor S.A. (Leer más en Protección de cementerios: una estrategia para conocer la verdad)

Finalmente, el tribunal de justicia transicional ordenó la intervención forense el 25 de julio de 2024 y la UBPD priorizó la búsqueda sobre 2.417 metros cuadrados, de los 6.912 metros que la JEP cauteló del terreno. Según datos de ambas instituciones, en la Comuna 13 hay un universo de 502 personas dadas por desaparecidas, entre 1978 y 2016, con un punto de agudización en 2002, cuando tuvo lugar la Operación Orión.

Informes de diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en que, durante los tres días que duró dicha operación, los más de 1.500 integrantes de la Fuerza Pública dejaron un saldo de 80 civiles heridos, 71 personas asesinadas por grupos paramilitares, 17 víctimas mortales por fuego estatal y 300 detenciones arbitrarias.

El sufrimiento no terminó allí. Tras la expulsión de las milicias, el Bloque Cacique Nutibara instauró un régimen de terror marcado por desapariciones forzadas. Según la Corporación Jurídica Libertad, entre noviembre de 2002 y febrero de 2005, se registraron 91 casos de desaparición forzada, incluyendo 15 en octubre de 2002, durante los operativos. Sin embargo, Adriana Arboleda, abogada de la corporación, advierte que la cifra podría superar los 300 casos.  (Leer más en “General Montoya: diga la verdad sobre la Operación Orión”: víctimas de Comuna 13)

El 1 de agosto de 2003, se descubrió una fosa común en una finca del corregimiento San Cristóbal, al occidente de Medellín, donde se exhumaron 13 cadáveres, seis de ellos pertenecientes a personas desaparecidas en la Comuna 13. Este hallazgo fortaleció la convicción de cientos de familias de que sus seres queridos están enterrados bajo los escombros que por años se depositaron en un lote del barrio Eduardo Santos.

“Esta intervención lleva 146 días de trabajo en los que se han removido 36.450 metros cúbicos de suelo”, señaló durante la rueda de prensa Luz Janeth Forero Martínez, directora de la UBPD, quien precisó que el proceso lleva un 83 por ciento de avance.

Los hallazgos se dieron en la zona noreste del polígono, a una distancia de 2,50 metros fuera del área priorizada en la Fase 5. “La prospección del lugar donde se ubicó la evidencia forense estaba contemplada para la Fase 6 de la intervención”, precisó Forero y añadió que los restos encontrados pasarán a ser analizados dentro de un proceso de identificación y para esa fase es fundamental la recolección de muestras biológicas de familias buscadoras para hacer el cotejo.

“Todavía nos falta muchas muestras biológicas por recoger y sabemos que muchas veces parte del escepticismo que habló el mismo Gustavo (Salazar, magistrado) al principio que se pudo tener del proceso. Todavía necesitamos que lleguen muchas familias que seguramente tienen personas desaparecidas en La Escombrera y que todavía no tenemos su muestra de sangre para proceder a la perfilación genética necesaria para los cruces”.

Los hechos de ayer son resultado de la ardua lucha de las víctimas. “Desde el inicio que empezamos a denunciar todas las desapariciones aquí en la Comuna 13 decían que estábamos locas, que no sabíamos lo que decíamos, pero esto demuestra que cuando se escucha la voz de las víctimas se pueden obtener grandes logros”, expresó Luz Helena Galeano, miembro de Mujeres Caminando por la Verdad, quien busca a su esposo, Luis Javier Laverde, desaparecido desde el 9 de diciembre de 2008.

Una larga lucha

La justicia ha puesto su interés sobre los terrenos de La Escombrera y La Arenera por la cercanía que en su momento tuvo una base paramilitar del Bloque Cacique Nutibara que delinquió durante varios años en esta zona de Medellín. Desmovilizados que pertenecían a esa estructura y que se postularon a Justicia y Paz, señalaron que La Escombrera y sus inmediaciones fueron usados para la desaparición de personas. En su momento, una de las declaraciones más contundentes las dio Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias ‘Móvil 8’, quien aseguró haber sepultado muertos allí.

Esto llevó a las autoridades a realizar las primeras labores de búsqueda en el lugar. En 2015 la Fiscalía marcó tres polígonos a trabajar y durante el segundo semestre de ese año realizó las excavaciones en el primero de estos: un terreno de 5.000 metros cuadrados, de donde se removieron 24.000 metros cúbicos de escombros. Sin embargo, para diciembre de ese año se anunció que no se encontraron restos humanos. (Leer más en La Escombrera: una verdad que ya comienza a ser desenterrada)

Se acordó que para 2016 se continuaría la búsqueda en los siguientes polígonos, pero pasaron los meses y nunca empezaron. Hasta diciembre del año siguiente las autoridades anunciaron que la empresa española Falcon High Tech iniciaría estudios para la excavación del polígono dos.

“Hay muchas dudas sobre eso porque la empresa dijo que iba a hacer un proceso gratuito. Nunca supimos realmente la Alcaldía qué tipo de convenios tenía con ellos. Aquí vinieron con un dron, lo pasaron, pero realmente no se puede hablar que ellos hicieron un análisis o una búsqueda”, señaló Adriana Arboleda, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, en entrevista con este portal.

En su momento, las víctimas se opusieron por considerar esa decisión un acto unilateral tomado por la Alcaldía, para entonces en cabeza de Federico Gutiérrez, que no tuvo en cuenta a las víctimas, además de reprochar la poca experiencia de la empresa en la búsqueda de desaparecidos. Pasaron los años y no se intervino esas áreas establecidas por el ente investigador.

“En el cuatrienio de Federico Gutiérrez, del 2016 al 2019, no hubo voluntad política. Él debió darle continuidad al proceso de búsqueda”, reprocha Luz Helena Galeano, miembro de Mujeres Caminando por la Verdad. “Él fue el que truncó la búsqueda en el año 2016. Él dijo que ahí no íbamos a encontrar nada”, agregó.

Según Carlos Alberto Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín y exsubsecretario de derechos humanos en el primer periodo de Gutiérrez, esta administración tuvo voluntad para apoyar estas labores. “La Escombrera es una escena judicial que lideraba la Fiscalía. Nosotros no podíamos intervenir sin orden judicial”, le aseguró a este portal.

Lo cierto es que quedó parado el proceso hasta que las víctimas y la plataforma de derechos humanos realizaron la solicitud de medidas cautelares ante la JEP en 2018. Después de revisar informes y documentos oficiales, los magistrados establecieron el área del “nuevo polígono” para realizar la búsqueda en la zona y desde 2020 el equipo forense del sistema integral para la paz realizó varias prospecciones y exploraciones.

“Cuando llegamos, la medida cautelar la había incumplido la administración pasada e inmediatamente nos pusimos al frente. Apoyamos con más de 3 mil millones para adecuación, cunetas, campamento y drenaje”, aseguró Arcilla. “Se hizo un convenio con la JEP para apoyar la búsqueda y la implementación de los acuerdos y los procesos restaurativos”, concluyó.

Según le precisó a este portal la JEP, el “nuevo polígono” es una mezcla de los polígonos dos y tres establecidos por la Fiscalía años atrás. Se trata de  una menor extensión de la suma de los polígonos dos y tres, pero es una mayor extensión a cada uno por individual. “Tantos años después… son cosas injustas”, expresó Galeano. “Hay mujeres que se han ido sin saber la verdad, sin encontrar a sus seres queridos”, complementó Restrepo.

Arboleda precisó que en la última audiencia de seguimiento a las medidas cautelares le solicitaron a la JEP ampliar aún más el área de trabajo y la magistratura los escuchó. Según precisa, es lo que se conoce como la Fase 6, en donde, precisamente, se encontraron los primeros restos humanos.

Durante la rueda de prensa, Arboleda recordó que otra de las peticiones que han realizado las víctimas es la suspensión del contrato de explotación que posee la empresa El Cóndor S.A. sobre esas tierras y decretar ese terreno como un lugar de memoria. “Ese no puede seguir siendo un lugar para enriquecer a una empresa, cuando detrás están cientos de víctimas y de familiares esperando verdad y justicia”, expresó. Para la defensora de derechos humanos, la Gobernación de Antioquia debe reevaluar el permiso de explotación que le otorgó nuevamente en 2019 por 20 años más.

“Por años se pidió que cerraran La Escombrera. Eso da pie para que empiecen a investigar a los administradores y la empresa El Cóndor”, concluyó Restrepo.

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La creación, en 2017, de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) generó grandes expectativas entre las miles de familias que llevaban años buscando los cuerpos de sus seres queridos desaparecidos en medio del conflicto armado.

Con la promesa de hacer un trabajo metódico, científico y riguroso a través de un plan nacional de búsqueda y planes regionales, la UBPD ha recuperado, identificado y entregado los restos de 1.256 personas, en 257 actos de entregas, brindando un descanso —aunque doloroso— a sus familias. También ha liderado el reencuentro de 18 personas halladas con vida.

Hasta enero de 2024 la Unidad recibió 31.764 solicitudes de búsqueda. Determinar cuánto tiempo se necesitará para encontrar y desenterrar esos cuerpos es difícil dada la complejidad del fenómeno de desaparición en Colombia, según explica Luz Janeth Forero, directora de la UBPD. “No es posible calcular un tiempo de respuesta estimado para cada una de las solicitudes, sin embargo, vale la pena aclarar que todas las solicitudes de búsqueda forman parte de los diferentes planes regionales de búsqueda”, dice.

Para avanzar con esas solicitudes, dice Forero que la UBPD cuenta para este año con un equipo de 129 expertos forenses encargados de las labores técnicas de prospección, recuperación e impulso a la identificación en todo el territorio nacional, además de los profesionales que adelantan labores de investigación humanitaria y extrajudicial.

Las solicitudes de búsqueda hechas ante la UBPD son apenas una fracción del total estimado de desaparecidos durante el conflicto armado en Colombia. Según la Unidad de Víctimas, desaparecieron 193.789 personas; la Fiscalía General de la Nación habla de 100 mil personas desaparecidas hasta 2022; y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), tiene un universo de 103.839 casos. La Comisión de la Verdad dijo en su informe que, si se tiene en cuenta un probable subregistro, los casos pueden llegar a 210 mil.

La Unidad está logrando ubicar zonas y cementerios en donde continuar la búsqueda. A la fecha, ha documentado 8.252 fosas, y cementerios formales e informales en todo el país, donde podrían haber restos de personas que fueron asesinadas y sus cuerpos ocultados para no dejar evidencias de esos crímenes. Para preservar los sitios se ha recurrido a medidas cautelares a partir de información suministrada por familiares o testigos. Explica Forero que a la fecha se encuentran vigentes 67 medidas cautelares decretadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en diferentes lugares, entre estos, 58 cementerios localizados en 49 municipios del país.

Medidas cautelares, una clave para encontrar personas

En septiembre de 2018, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) presentó una solicitud ante la JEP para proteger 16 lugares del país en donde se presume que habría cuerpos de víctimas de desaparición forzada. La JEP y la UBPD crearon una mesa técnica que desde mayo de 2019 evalúa y estudia las medidas cautelares solicitadas por las víctimas para proteger zonas donde se podrían hallar sus familiares desaparecidos. (Leer más en: Familiares de víctimas piden proteger sitios donde se presume hay desaparecidos)

Las medidas cautelares implican la suspensión de obras de construcción o remodelación en los camposantos o prohíben que se continúen trabajos en zonas de interés forense. Las medidas tienen un tiempo definido pero puede prorrogarse si aún no hay hallazgos suficientes; además, vincula a alcaldías, gobernaciones, iglesias y diócesis encargadas de administrarlos.

Las medidas cautelares, precisamente, sirven para evitar situaciones como la que sucedió en el Cementerio Central de Bucaramanga, denunciada en 2022 por la Mesa Nacional de Desaparición Forzada. Allí se perdió la información de por lo menos mil cuerpos de víctimas del conflicto armado que fueron exhumados para la construcción del Parque de la Vida en una parte de dicho cementerio en el año 2000, a pesar de que ese cementerio ya había sido declarado sitio de interés forense. La información del traslado de los cuerpos reposaba en el archivo de la Alcaldía de Bucaramanga que se incendió en el 2002. 

Con las medidas cautelares, la JEP está garantizando el cuidado y preservación de lugares donde hay cuerpos de posibles víctimas del conflicto armado, también, permitirá acceder a la justicia cuando ya entreguen informes finales y se tenga el nombre de los máximos responsables.

Adriana Arboleda, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, organización defensora de derechos humanos con sede en Medellín, que ha acompañado a víctimas de la Comuna 13 de esa ciudad, resalta la importancia de las medidas cautelares porque proteger esos lugares garantiza que los cuerpos de víctimas de desaparición forzada puedan ser recuperados, identificados y entregados a sus familias. Las fosas comunes de La Escombrera y La Arenera son dos sitios de la Comuna 13 a los que les decretaron medidas cautelares. 

“Lo que nos ha probado la experiencia y el desarrollo de estas medidas cautelares es que (sin ellas)… se pierden los cuerpos o los cuerpos se deterioran de tal manera que no puede haber forma de tomarles muestras genéticas y hacer pruebas de ADN, que es una de las herramientas más importantes en el tema de los procesos de identificación”, explica Arboleda, quien también es vocera nacional del Movice.

“Básicamente la esencia de la protección de los lugares, de la protección de los cuerpos en esos lugares, en últimas, es garantizar el derecho de los familiares a la búsqueda y pensar en que esos lugares se puedan convertir en espacios de memoria que evidencien la importancia de las garantías de no repetición”, dice.

Por su parte, Angie Fernández, directora del centro forense Equitas, que apoya a familiares, organizaciones y entidades del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas, afirma que, en términos generales, las medidas cautelares han sido efectivas y han permitido implementar acciones para proteger algunos lugares, recuperar cuerpos para evitar que estos se pierdan. Esta organización ha solicitado medidas cautelares para diferentes cementerios y lugares del país donde se presume que hay cuerpos de personas desaparecidas.

Sin embargo, Fernández alerta sobre las dificultades que atraviesan las medidas que se encuentran en trámite. “Hay capacidad limitada de las instituciones para impulsar la identificación de los cuerpos recuperados, la insuficiencia de espacios para la preservación de los cuerpos, el correcto manejo y custodia de los cadáveres en los cementerios, entre otras”, y asegura que requieren respuestas estructurales y la participación de distintas entidades para ser resueltas.  

El Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda (OFB), que trabaja con familias de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en los Llanos Orientales y el Pacífico nariñense, también ha solicitado medidas cautelares para estas regiones del país, aunque se han enfocado sólo en cementerios. Julieth Moreno, abogada y directora del Colectivo OFB, explica que lo hacen de esta manera para tener un punto focal de búsqueda.

“Si bien es cierto que las instituciones estatales tienen el deber de buscar en cualquier lugar: cementerios, fincas, zonas irregulares de inhumación, el tener un punto focal para la búsqueda, donde ya hay unos cuerpos o unos registros de cuerpos en condición de no identificados, deriva en la búsqueda y celeridad de ubicación de familiares”.

Moreno dice que es más fácil buscar en cementerios que “estar buscando en lugares que se desconocen o lugares muy amplios, porque hay información de que existen cuerpos en una finca o un terreno que tiene un área de trabajo bastante amplia y se dificulta por tiempo, recurso humano, recurso económico de las entidades para disponer en una búsqueda exhaustiva en estos lugares”. 

Dice Forero, de la UBPD,  que la acción coordinada en los trámites de medidas cautelares ha favorecido la articulación entre diferentes instituciones. “Se proyectan intervenciones forenses en escenarios complejos como cementerios, esteros y otros espacios acuáticos, osarios colectivos, depósitos de escombros y otros lugares que han sido empleados para la disposición y ocultamiento de cuerpos en el contexto del conflicto armado”.

Por ello, la UBPD ha invitado públicamente a los alcaldes y gobernadores posesionados el 1 de enero 2024 a aunar esfuerzos para fortalecer la búsqueda de las personas desaparecidas y dar alivio a familiares, organizaciones y colectivos que esperan respuestas sobre lo ocurrido con sus seres queridos desaparecidos.

La búsqueda en las regiones

Uno de los grandes problemas de la mayoría de los cementerios en el país es que no llevan registros de personas enterradas como no identificados (NN), hay desorden, y se pierden o destruyen los archivos. Este tipo de situaciones significa que la impunidad sobre los crímenes cometidos a esas personas sea mayor o que las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos tengan casos de doble desaparición, como sucedió en Bucaramanga.

El crimen de desaparición forzada está tipificado en Colombia desde el año 2000. En 2010, la Ley 1408 se refiere a la necesidad de proteger lugares e identificar los cuerpos. “Nunca se logró una verdadera política de cementerios, de custodia y cuidado en estos, que son de los sitios donde más cuerpos podemos encontrar”, dice Arboleda, del Movice.

Además, en esa organización de víctimas, que ha abanderado la lucha por la búsqueda de personas desaparecidas en el país, creen que en la protección de cementerios o lugares donde se recuperan los cuerpos hay una mayor presión para los procesos de identificación. “Eso también favorece el derecho a la búsqueda y favorece que las víctimas puedan obtener respuesta sobre la localización y hallazgo de las víctimas de desaparición forzada y poder dar respuesta efectiva a los familiares y a las miles de mujeres buscadoras que siguen sin saber qué pasó con sus seres queridos”, agrega Arboleda.

Precisamente, así empezó el trabajo del Colectivo OFB hace quince años, cuando se comenzaron a revelar crímenes de lesa humanidad en los Llanos Orientales y esta organización presionó, junto con las familias de las víctimas, una audiencia pública en La Macarena, Meta, para denunciar lo que allí venía sucediendo. “Cuando se evidenció que era ya una práctica generalizada, se solicitó la intervención del cementerio de La Macarena, en donde eran dejados cientos de cuerpos en condición de NN. Luego se le dio trámite a otros cementerios donde estaba ocurriendo lo mismo”, cuenta Moreno.

La directora del Colectivo OFB se refiere a cementerios municipales de Granada, Villavicencio, Vistahermosa, San José del Guaviare y en un cementerio privado llamado Jardines del Paraíso. “Luego de estas intervenciones, se comenzó a hacer el mecanismo de búsqueda inversa que se implementó desde el Colectivo, que consiste en buscar a partir de la documentación e información de las personas que fueron exhumadas, encontrar a las familias para iniciar ese proceso de ruta de visibilidad y ruta para la identificación de los cuerpos”.

Todo esto lo vienen haciendo con jornadas de atención integral a las familias donde una de las labores principales es la toma de muestras para hacer el cruce genético con los cuerpos que estaban sin ser exhumados en los cementerios. Dice Moreno que comenzaron a haber cruces efectivos o comprobación de identificación de esos cruces y se comenzó a hacer labores de incidencia jurídica para las entregas dignas.

El 10 de diciembre de 2023, el Colectivo OFB, junto con la UBPD y otras organizaciones de los Llanos Orientales, lograron hacer la entrega de 18 cuerpos a familiares que se encontraban en diferentes departamentos del país. El 23 de enero de 2024 entregaron 16 cuerpos recuperados del cementerio municipal de El Retorno, en Guaviare. Así mismo, se está acelerando la intervención en otros cementerios de esta amplia región del país. Todo esto con la ayuda de la Corporación Humanitaria Reencuentros, conformada por excombatientes de las extintas Farc.

Por otro lado, en zonas de propiedad privada donde se presume hay enterradas personas, la situación es más compleja porque muchas veces los dueños se niegan a que se busque en sus propiedades, ya sea por temor o por desconocimiento. También se dificulta la búsqueda en lugares públicos por intereses particulares, como es el caso de la Escombrera en la Comuna 13 de Medellín.

El 21 de noviembre de 2023 se realizó la audiencia pública de seguimiento de las medidas cautelares para proteger La Escombrera y La Arenera de la Comuna 13, terrenos que pertenecen al municipio, donde se podrían hallar cuerpos de víctimas de desaparición forzada. La solicitud de estas medidas se hizo en julio de 2019. (Leer más en: No hay cifras claras de desaparecidos en la comuna 13 de Medellín).

A pesar de esas medidas, allí se siguen arrojando escombros de toda la ciudad y continúa la explotación minera de la empresa El Cóndor. Arboleda explica que el proceso estuvo todo un año pendiente de unos estudios de construcción de obras con la alcaldía de Medellín.  “Fue muy negligente y no hizo el procedimiento que le ordenó la JEP con suficiente rapidez”, dice.  El Movice espera que este año esas obras de excavación inicien y que la Alcaldía de Medellín cumpla con las solicitudes del tribunal de justicia transicional.

El departamento de Antioquia es, de lejos, el más afectado por la desaparición forzada en todo el país. El informe de la Comisión de la Verdad da cuenta de 28.029 víctimas entre 1985 y 2016. En segundo lugar, está Valle del Cauca con 8.626 y le sigue Meta con 8.542 víctimas. Los principales responsables a nivel nacional son los grupos paramilitares con el 52 por ciento de las desapariciones.

Aún con los esfuerzos de las víctimas y organizaciones sociales, que piden celeridad en la búsqueda, los resultados no satisfacen esas expectativas iniciales de encontrar a sus familiares. La directora de la UBPD dice que se han presentado dificultades que no permiten aligerar el proceso: “Magnitud de la desaparición, geografía compleja y diversa en referencia a la búsqueda, diversas modalidades y dinámicas de desaparición y la continuidad del conflicto”.

Participación de las víctimas en la búsqueda

Muchas familias se han cansado de esperar, se han enfermado o han fallecido sin saber la verdad. Pero su participación es clave ya que muchas de ellas tienen información relevante que puede ayudar a encontrar a sus familiares y a otros que son buscados. (Leer más en: Para encontrar a los desaparecidos es necesaria la participación de las víctimas)

Martha Soto busca a su hermano Jorge Enrique que desapareció en 1985,quien  era militante del Partido Comunista en Medellín y trabajó en la constitución de la Unión Patriótica. Desde que desapareció Martha no ha parado de buscarlo junto a su familia. Ella dice que no supieron más de él y de otro compañero cuando iban hacia Bogotá a una reunión de trabajo. “No hemos tenido noticias de él. Venimos trabajando con la Unidad de Búsqueda y es ahora que hemos encontrado eco para la toma de muestras, lo que no tuvimos antes con la Fiscalía”, asegura.

Ella es una de las fundadoras del Movice y ahora es la Secretaria Técnica del capítulo Antioquia. Cuenta que desde los años 80 las familias empezaron la búsqueda de manera individual y sin ningún apoyo: “Los procesos colectivos eran muy difíciles de emprender porque no había una legislación que diera esa posibilidad de la búsqueda. Eso cambió con el Acuerdo de Paz que nos abrió las esperanzas a muchos de encontrar nuestros familiares”.

Tener un grupo de personas buscadoras les ha permitido hablar más allá de la desaparición, porque se han convertido en compañeros y amigos. “Eso nos ayuda a canalizar el dolor, aunque la verdad, el dolor siempre persiste, tiene momentos en que se pone más fuerte. No solamente buscamos cuerpos sino la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la recuperación de la memoria histórica”, afirma.

Las organizaciones sociales han contribuido de manera significativa en el acompañamiento de las víctimas y han creado sus propias estrategias para optimizar los procesos. Para el Colectivo OFB ha funcionado la metodología investigación acción participativa. “Se procura que las actividades y acciones sean preparadas, sean propuestas por parte de las familias,” dice Moreno. “Para las entregas dignas se prepara una actividad con las familias, que sean ellas mismas las que se apersonen de las inquietudes, que sepan qué es lo que quieren para la diligencia”.

En el caso de Antioquia, Arboleda dice que el proceso de búsqueda tiene que seguirse haciendo con las familias, pero se requieren estrategias claras para involucrarlas más porque están muy comprometidas, tienen experiencia, se conocen entre sí, sobre todo las madres buscadoras. “En Antioquia existe la Mesa Departamental Sobre Desaparición Forzada, existen muchas organizaciones y el gran desafío que tiene la Unidad de Búsqueda es poder generar unos procesos de participación más activos”.

Con los pocos avances en los procesos de búsqueda en todo el país, las organizaciones sociales reconocen que hay errores y desaciertos. Moreno dice que además de la falta de cruce de información con la Fiscalía, existe poca voluntad política para dar relevancia y preponderancia al tema de la búsqueda con fines de justicia. “También con fines de no repetición para la sociedad en general de estos crímenes de lesa humanidad”, asegura.

Y afirma que a ciertos sectores económicos y políticos no les interesa que se conozca la verdad, hay poco presupuesto, poco capital humano, escasa contratación de funcionarios de diferentes instituciones, además, “no se tienen repositorios completos para los cuerpos, no hay financiación para traslado de cuerpos o para laboratorios de identificación”.

Fernández, directora de Equitas, complementa diciendo que hay dificultades que están asociadas a la naturaleza misma de la desaparición. “No existe ninguna herramienta que detecte huesos”, dice. Existen otros escenarios que dificultan aún más la posibilidad de hallazgos, tales como basureros, ríos, lagunas, que fueron sometidos a elementos químicos, al fuego o a condiciones ambientales adversas o la presencia de actores armados en ciertas regiones y persistencia del conflicto”.

Los desafíos que enfrenta la Unidad de Búsqueda y la JEP en temas de desaparición forzada son grandes, primero con las familias de las víctimas y luego con el país en general, pues se están buscando personas en un periodo específico, hasta la firma del Acuerdo de Paz, pero sigue ocurriendo a gran escala por lo que la impunidad se hace más vigente.

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El 6 de febrero de 1981 un grupo de 40 guerrilleros del Movimiento 19 Abril (M-19) llegó a las playas de la Ensenada de Utría en la zona media del departamento de Chocó. Venían de recibir instrucción militar y política en Cuba, y se aprestaban a iniciar una larga caminata entre la manigua para alcanzar las estribaciones de la cordillera Occidental, en límites con Antioquia y Risaralda.

Ninguno de los que viajó desde la isla del Caribe conocía con detalle la región. Eso sí, los animaba el espíritu insurgente, “las ganas de echar pa’lante” y buscar a través de las armas un camino para un mejor país, estimulados por el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Pero eso no sería suficiente.

Entre ese grupo de combatientes del M-19 venía Carmenza Cardona Londoño, más conocida en el país como ‘La Chiqui’, una mediática guerrillera que condujo las negociaciones con el gobierno del entonces presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) luego de la toma de ese grupo subversivo a la Embajada de República Dominicana en Bogotá el 27 de febrero de 1980 para canjear a los diplomáticos por presos políticos.

Tras unas prolongadas negociaciones, que concluyeron el 27 de abril de ese año, el comando del M-19 entregó a los funcionarios y, a cambio, los guerrilleros fueron enviados a Cuba. Varios de ellos regresarían un año después al país, armados y preparados para continuar la guerra, pero se enfrentaron a la selva chocona, las comunidades indígenas y a las tropas del Ejército. Entre todos ellos doblegaron, sin misericordia, el espíritu insurgente tres meses después de aquel desembarco.

La tragedia se avizoró desde el segundo día del desembarco: “En estos momentos comenzaron a perfilarse los errores que se cometieron en la organización de este trabajo.  No había comida, ni siquiera sal, no había plásticos suficientes ni medicamentos, no existió un campamento apropiado ni caminos ni información de la zona”, escribió luego Ventura Díaz, uno de los guerrilleros inmerso en aquella aventura y quien sobrevivió a aquella singular marcha, junto con otro de sus compañeros.

Ese profundo drama contrastó con las nuevas percepciones de la situación del país que con juicio consignaba ‘La Chiqui’ en su diario a medida que avanzaban en la cerrada manigua chocoana. El 18 de abril, sábado, escribió: “Yo veo ya lejos la camioneta donde hice la negociación, la concepción de la guerra ha variado mucho en este año, no es con diálogos que ganaremos la guerra, es al calor de las balas y hombro a hombro con el pueblo”.

Pero los cambios también estaban del lado del gobierno nacional y de sus Fuerzas Armadas, que se habían modernizado, eran más eficaces y no escatimaban recursos ni las frenaban las normas del respeto a los derechos humanos para combatir la insurgencia, como lo hizo en la selva chocoana.

Esa tragedia aún continúa para las familias de los insurgentes, pues 35 de ellos, ‘La Chiqui’ incluida, continúan desaparecidos luego de ejecutada la Operación Córdova por tropas de la VIII Brigada del Ejército. De hecho, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), creada bajo el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, dispuso desde 2019 un plan de búsqueda de los restos de esos excombatientes, sin que se conozcan públicamente resultado alguno.

De lo ocurrido en la manigua chocoana se ocupa el nuevo libro de Darío Villamizar, escritor y exintegrante del M-19, titulado “Crónica de una guerrilla perdida: la historia inédita de la columna del M-19 que desapareció en la selva del Chochó” (Penguin Random House Grupo Editorial, 2022), que fue presentado el pasado viernes en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO).

VerdadAbierta.com abordó a Villamizar un día antes de su presentación en la FILBO para hablar de las sensaciones que le ha dejado rastrear y escribir estos sucesos, así como de sus principales protagonistas y sus consecuencias. Advirtió que “es una historia triste, de muerte, de desapariciones”.

Revisión de los hechos

VerdadAbierta.com (VA): Las historias de la insurgencia armada están muy desvalorizadas en el país y en buena parte de América Latina. ¿Por qué arriesgarse con una crónica sobre hechos ocurridos hace cuatro décadas?

Darío Villamizar (DV): Tienes razón, estos no son temas de todos los días ni de todas las horas, son temas que han ido pasando un poco. Yo me lo explico en la medida que el conflicto político armado ha ido decreciendo, ya no hay la intensidad de los años ochenta; sin embargo, éstas siguen siendo historias desconocidas.

Fíjate que esta crónica lo que cuenta es eso: una historia que ocurrió hace mucho tiempo, pero de la cual se sabe poco; incluso, quienes hacíamos parte del M-19 no conocíamos esa historia. Teníamos unas referencias muy generales, de qué mandos o de qué personas habían muerto ahí o estaban desaparecidas, cuál era la intención general de esa operación, pero no teníamos el detalle que, finalmente, se pudo consignar en el libro.

Yo creo que esa es una de las razones fundamentales: dar a conocer estas historias, que no se pierdan y, sobre todo, historias de personas como ‘La Chiqui’, que fue una mujer emblemática para la guerrilla en Colombia y que muy poco se supo de su final. Ella misma nos deja ver en el diario que escribió cómo fueron esas tristes semanas de 1981.

VA: ¿La información en el M-19 era tan compartimentada que ese suceso no fue revelado en su momento en la organización?

DV: La información se conoció, básicamente, por la prensa, pero la información era compartimentada; además de eso, se sucedían acciones tras acciones, entonces casi que de inmediato vino una acción muy grande, la del Karina, el barco que quiso entrar por el Pacífico y que fue hundido por la Armada. Esa fue una operación que ocurrió dos meses después de los sucesos del Chocó.

Entonces una operación iba opacando otra operación, y no eran muchos los espacios para discutir esto que estaba ocurriendo. Por decirte que la siguiente reunión grande después de estos sucesos fue en 1982. Antes no hubo otros momentos para discutir, para pensar, para analizar qué era lo que estaba ocurriendo.

VA: A través de la tragedia que vive la columna de guerrilleros que desembarcó en las playas choconas, se percibe una dirigencia desconectada de la realidad de los territorios, de las comunidades. ¿Es así?

DV: Hubo una sobrevaloración de la fuerza. Pretender que 40 combatientes atraviesen esa selva profunda como es el Chocó en unas condiciones de mínimos o casi nulos apoyos de comunidades era un despropósito por decir lo menos. Creo que no hubo un estudio previo de las condiciones políticas, económicas y sociales de la región. Y no se contó con unos apoyos suficientes para hacer esa travesía.

Listado de desembarcados en la Ensenada de Utría

VA: ¿Podemos concluir entonces que fue una operación improvisada?

DA: Yo creo que ahí sí hay improvisación y aparte de eso también creo que hay mucho voluntarismo, mucho afán de hacer las cosas. En alguna parte del libro digo que la época era casi una consigna de dos palabras: “Hágale, compañero”. Y significaba seguir para adelante, pese a las dificultades y a las contingencias que se estaban presentando, para lograr los propósitos que se tenían.

Todo eso se sintetiza en una palabra, voluntarismo, que fue un elemento que dominó por un largo tiempo el accionar del M-19.

VA: En un aparte del libro, uno de los guerrilleros que desertó de aquella operación calificó al M-19 de oportunista, inmediatista, socialdemócrata y aventurero. ¿Está de acuerdo con esa descripción?

DV: Yo no la comparto. Tal vez lo único que compartiría de esa afirmación, de esas cuatro categorías, digámoslo así, es la de socialdemócrata porque el M-19, a partir de 1980, empieza a identificarse con esa corriente política que tenía muchísima fuerza en ese momento en el mundo.

Pero las otras no lo comparto. Por supuesto que hubo momentos de improvisación, de falta de planeación, de excesiva confianza en la propia fuerza, pero de ahí de catalogar a la organización y a la dirigencia como oportunista es un concepto que no comparto.

VA: En algunos apartes de su libro se perciben algunas acciones del M-19 como ingenuas. ¿Considera que el M-19 fue una guerrilla ingenua?

DV: Si, puede ser ingenuidad.  Yo creo que esa excesiva confianza en la propia fuerza tiene un trasfondo de ingenuidad. Creo que desconocer los avances los avances que tenía la Fuerza Pública también es un poco de ingenuidad.

Pero también tenemos que partir de una realidad muy concreta y es que estábamos viviendo bajo el Estatuto de Seguridad, un periodo muy complejo para el país, donde el respeto a los derechos humanos fue mínimo; qué no decir del respeto a los combatientes. No había una situación favorable para actuar de otra manera.

Te aceptaría lo de la ingenuidad, pero dentro de esas categorizaciones. Pero no era una ingenuidad que buscara perjudicar a la organización. La palabra oportunismo si creo que tiene mucho de eso, satisfacer un interés personal o grupista.

VA: Una vez concluida su crónica, ¿cambió en algo su percepción sobre Jaime Bateman, el máximo dirigente del M-19 en aquellos años?

DV: Yo creo que él pudo haber hecho más en ese momento, pudo haber profundizado una reflexión, pudo haber analizado y haber avanzado en una autocrítica. Claro, decir esto más de 40 años después es muy sencillo, pero creo que sí era necesario que el M-19 hubiera ordenado muchos más espacios de mayor discusión y deliberación.

Ahora había una situación que también dificultada todo. La organización estaba estructuralmente incompleta. La cabeza la había prácticamente arrancado. Todos los miembros del Comando Superior y muchos de la Dirección Nacional estaban presos. Y habían pasado por detenciones arbitrarias, por la tortura. El único del Comando Superior que estaba libre era Jaime Bateman, quien estaba dirigiendo una organización en condiciones bastante precarias de acompañamiento. Eso también puede explicar un poco las dificultades y las incongruencias.

Hubo mandos que asumieron tareas para las cuales no estaban preparados porque otros mandos mejor preparados y con mayor formación estaban presos.

VA: Para aquella época de los hechos, ¿cuál era su función en la estructura del M-19?

DV: En 1981 estaba fuera del país, estaba haciendo lo que nosotros llamábamos trabajo internacional, que era un trabajo amplio, abierto y también clandestino. Yo estaba en Ecuador, eso no es un secreto, porque en alguna oportunidad me detuvieron y, por supuesto, que eso se conoció.

“Solidaridad” de Cuba y Panamá

VA: Su crónica deja muy claro el papel que los gobiernos de Cuba, con los hermanos Castro a la cabeza, y Panamá, con Omar Torrijos, tuvieron un papel clave en la operación que llevó a los 40 combatientes a la Ensenada de Utría. ¿Qué análisis hace al respecto?

DV: Esas situaciones se veían como solidarias. Estamos hablando de 1980, 1981: había triunfado la revolución sandinista en Nicaragua (1979) y era un momento de máximo avance de las fuerzas revolucionarias en Centroamérica. Es decir, había toda una euforia en favor de la lucha armada, eso no se puede negar.

De manera que ese apoyo cubano con relación a la capacitación militar se veía como parte del internacionalismo, como la solidaridad que ellos, por el hecho de ser una revolución avanzada, brindaban a los movimientos revolucionarios de América Latina. No fue sólo al M-19, sino a muchísimas organizaciones del continente y de otros continentes.

Y con relación a Panamá diría lo mismo, estaba a la cabeza del gobierno Omar Torrijos, un militar nacionalista, revolucionario, que había logrado que el canal transoceánico pasara a manos panameñas; además, y, además, tenía una preocupación por la paz en Colombia.

VA: ¿Y cómo ese interés de Torrijos se articulaba con las operaciones del M-19?

DV: Estamos en 1981, y para ese momento la organización había hecho propuestas relacionadas con la posibilidad de una negociación política del conflicto. Jaime Bateman, durante la toma de la Embajada de República Dominicana había escrito una propuesta de paz.

De manera que el M-19 buscaba con estas acciones del Chocó, Nariño y Putumayo, acortar los tiempos de la guerra, había las condiciones para seguir cabalgando sobre una propuesta de paz y en eso se mantuvo durante la década de los años ochenta hasta lograr la paz en el noventa.

VA: Con la creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ¿usted cree que ambos países, como Estados, deberían aportar algo al respecto de ese tipo de apoyos a la insurgencia colombiana?

DV: No sé si la Comisión de la Verdad ha avanzado en ese sentido, pero creo que parte de la verdad y de las incógnitas que todavía existen sobre el conflicto están en esos países. De hecho, los cubanos en una época tuvieron unos archivos muy organizados de todas sus actividades, no los dejaban ver, pero tenían registros de lo que hacían, de quiénes, cómo, dónde, con quién y por qué, sí lo tenían. Verlos sería un gesto para alcanzar una verdad más integral de lo ocurrido en Colombia.

En busca de los cuerpos

VA: ¿Cuál es su valoración sobre el comportamiento del Ejército en la persecución, eliminación y desaparición de los combatientes del M-19 en Chocó?

DV: El Ejército actuó en esta operación como estaba actuando en muchas otras actividades antisubversivas, sin ningún miramiento a los derechos humanos. Recordemos que estaba vigente el Estatuto de Seguridad, bajo el cual las Fuerzas Armadas tenían un visto bueno para sus actuaciones.

Recordemos también que organismos internacionales como al Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional estuvieron atentos al desarrollo de las violaciones a los derechos humanos en Colombia.

Este es un caso de desaparición forzosa, de los 40 combatientes que llegaron a la Ensenada de Utría 35 están desaparecidos. El hecho ha sido conocido por la UBPD, que ha hecho varias misiones de prospección. Creo que todavía hay una gran parte de la verdad de lo que ocurrió que está por resolverse y puede resolverse por la vía de la localización de los cuerpos de las personas que se encuentran desaparecidas.

VA: ¿Habrá militares activos, o por lo menos vivos y ya retirados, que puedan saber de esa operación y de lo ocurrido con los combatientes?

DV: Yo estuve tanteando por esos lados y no tengo información directa de personas que hayan participado en los sucesos.

VA: ¿Su libro tiene algún mensaje para el Ejército?

DV: Sé que varios oficiales en servicio activo o en retiro han leído el libro, y claro, en el fondo lo que quisiéramos todos es que de parte del Ejército se diera la mayor información posible. Casos como el que relato de la familia Montaña Sanabria, en la que nueve personas de esa familia estuvieron comprometidas en estos hechos de parte de la guerrilla. Son familias que aún están esperando conocer a fondo la verdad de lo que ocurrió.

VA: ¿Cuál ha sido la tarea de la UBPD en este caso?

DV: La Unidad de Búsqueda ha hecho su tarea en distintas partes del territorio, pero no ha tenido resultados exitosos, de manera que no hay ninguna evidencia aún.

Ejercicio de memoria

VA: En medio de los hechos de hace cuatro décadas y ahora en la búsqueda de los restos están las comunidades afros e indígenas del Chocó. ¿En el desarrollo de su investigación, tuvo la oportunidad de hablar con algunos de sus voceros o voceras?

DV: Sí. Para este trabajo hice cuatro viajes a Chocó, el primero de ellos fue a la Ensenada de Utría, donde desembarcaron, ahí tuve la oportunidad de hablar con pobladores de la región, que en aquellos años eran jóvenes, y con dos de los tres de los conductores de los botes en los que se transportaron los combatientes (el terceo ya había muerto), y con sus familias.

Después ya las regiones más hacia la cordillera Occidental, en la zona habitada por afrodescendientes e indígenas Emberá, hablé con pobladores. En el libro está el acta de defunción de doce guerrilleros que, presumiblemente, fueron enterrados en una población que se llama Piedra Honda, por los lados del Alto Andágueda, habitado por unas 300 personas, donde hay mucha pobreza.

Ahí tuve la oportunidad de hablar con hombres y mujeres que, en esa época también estaban muy jóvenes, y pudieron ver situaciones como, por ejemplo, el desembarco de los cuerpos que llevaron a esa población en helicóptero. Las personas recuerdan estos hechos con tristeza.

VA: No fue fácil para esas comunidades la situación. Les llegaba la guerra.

DV: Es una población afro e indígena afectada: unos armados que llegaron a su territorio sin nadie haberlos llamado; detrás de ellos llegaron otros armados que también venían con intención de capturarlos o de darlos de baja.

VA: ¿Habló con las familias sobre el tema? ¿Cómo han reaccionado a su historia?

DV: Algunas familias lo han leído, particularmente hay una familia en la que tres de sus integrantes lo leyeron muy emocionados y se han conmovido profundamente. Hay familias que durante 40 años no supieron nada de esta historia, entre ellas la mamá de ‘La Chiqui’, a quien personalmente le entregué una copia de su diario. Ella me dijo que es lo primero que recibe de su hija en 40 años. Ese es el nivel de los sentimientos que están puestos en el libro.

VA: Por último, poco se habla de combatientes guerrilleros desaparecidos en combate a manos del Ejército. Casos como el de Chocó debe haber en otros lados. ¿Por qué es necesario saber de eso en el país?

DV: Generalmente se habla de guerrilleros muertos en combate, pero poco se dice de guerrilleros que fueron desaparecidos, pero es un hecho. En este caso mis preguntas a mí mismo, y mis preguntas en el libro, y mis preguntas a los otros actores armados son: ¿dónde están sus cuerpos?, ¿dónde fueron enterrados?

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“No creo que haya en la Unidad nadie que tenga el propósito de obstaculizar la búsqueda de las personas desaparecidas, eso lo puedo garantizar”, aseveró Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) en conversación telefónica con este portal.

Su tajante afirmación es la respuesta a una comunicación que le llegó el pasado 5 de agosto y que le fue remitida por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (SINTRAUBPD) en la que hacen un extenso análisis de las medidas adoptadas por esta entidad estatal de carácter humanitario que tiene la tarea de buscar los más de 100 mil desaparecidos que dejó la confrontación armada en por lo menos cinco décadas.

En esa comunicación, conocida por VerdadAbierta.com, la organización sindical, constituida a finales de diciembre de 2020, expresó su preocupación por algunas decisiones tomadas por la Oficina Asesora Jurídica de la UBPD en relación con la adopción de requisitos adicionales a los previstos en el Decreto Ley 589 de 2017 para ingresar a aquellos lugares privados donde se presuma la existencia de fosas que contengan restos de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado y desarrollar labores de prospección y recuperación.

Ese Decreto Ley le dio vida a la UBPD y le estableció las tareas de “dirigir, coordinar, y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”; asimismo, definió que esas labores tendrían un carácter humanitario y extrajudicial, y estarían enmarcadas en “las disposiciones contenidas en la Constitución Política”.

Y le fijó unas condiciones para acceder a aquellos lugares donde se presuma que hay rastros de personas dadas por desaparecidas con el fin de localizar, explorar y exhumar, si es del caso, los restos de quienes perdieron la vida en razón del conflicto armado y, de esa manera, satisfacer los derechos de las víctimas, que buscan a sus familiares desde hace décadas.

En tal sentido, el Decreto Ley, en su artículo 8, estableció las condiciones de acceso y protección de aquellos lugares en los que exista una expectativa razonable de intimidad de sus moradores. La primera de ellas es que haya “consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien, o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedimiento”, siempre y cuando se acredite “la libertad del afectado al manifestar la autorización para el registro”.

Si la UBPD no obtiene el consentimiento de la persona que ocupa el predio, podrá ordenar “mediante resolución motivada la búsqueda en los lugares donde se tenga conocimiento de la presunta ubicación de las personas, cuerpos o cuerpos esqueletizados de las personas dadas por desaparecidas”, siempre y cuando “el lugar no coincida con su casa de habitación, en el caso de personas naturales” y que la “resolución motivada que ordena el registro sea debidamente notificada a quien se encuentre en el lugar”, contando con la salvaguarda constitucional de presentar los recursos de ley en su contra.

El Decreto Ley 589 fue sometido a examen de constitucionalidad y la Corte Constitucional,  a través de la Sentencia C-067/18, declaró exequible el articulo 8 argumentando que esas condiciones, sobre todo aquellas que se plantean cuando no se obtiene el consentimiento del ocupante del predio cuando es privado, son proporcionadas y eficaces entre otras razones porque “la salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales comprometidos con ocasión de la desaparición de una persona es mayor a la afectación de los bienes jurídicos que protege la inviolabilidad del domicilio, tales como la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad”.

La Corte aclaró que “la medida autoriza a los funcionarios de la UBPD para realizar únicamente el rescate de las personas dadas por desaparecidas o recuperar sus restos, incluyendo la recolección y aseguramiento de los elementos materiales asociados al cadáver, actuaciones limitadas a un objeto específico, sin que a través de ellas se autorice la posibilidad de realizar pesquisas que puedan comprometer la esencia misma de la privacidad de los propietarios, poseedores o tenedores de un lugar en donde exista una expectativa razonable de intimidad”.

Pero, ¿cuál es el problema que plantea SINTRAUBPD? Esta organización sindical cuestiona varias decisiones internas adoptadas por la Oficina Asesora Jurídica de la entidad y plantea que “con el establecimiento de requisitos adicionales a los previstos por el Decreto Ley 589 de 2017 para el ingreso a lugares con el fin de desarrollar acciones de prospección y recuperación, la UBPD no sólo renuncia a las amplias potestades que le fueron otorgadas para operar el cambio de paradigma en la búsqueda, propias del carácter transicional, sino que está incumpliendo su objeto”.

Y reitera que “el establecimiento de requisitos adicionales que impiden el acceso inmediato y urgente a lugares, incluso donde no hay expectativa razonable de intimidad, constituye un debilitamiento del mecanismo, una condición favorable a la materialización del riesgo por procesos tafonómicos u otros riesgos a los que se encuentran expuestos los cuerpos y una vulneración de los derechos de las víctimas”.

Medidas cuestionadas

La comunicación enviada a la dirección de la UBPD por parte de la organización sindical reseña tres memorandos y una comunicación que establece los parámetros y requisitos para el acceso y protección de lugares, fechados el 15 de noviembre de 2019, el 10 de septiembre de 2020, el 20 de octubre de 2020 y el 2 de julio de 2021. Desde su perspectiva los procedimientos planteados en esos documentos dilatan los procesos de búsqueda, lo que afecta los derechos de las víctimas.

“Al comparar los distintos documentos se contabilizan aproximadamente 30 requisitos”, expone el sindicato. “En la práctica se piden otros requisitos irrazonables y desproporcionados que aumentan la dilación de la búsqueda e impactan en la conservación de los cuerpos, así como en los derechos de las personas que buscan. Entre uno y otro documento también se evidencia un proceso de adición de requisitos y, en algunos puntos, contradicciones”.

Uno de los temas que más genera controversia tiene relación con la demostración de la titularidad de predio donde se presume hay cuerpos sin vida de personas que se presumen desaparecidas en razón del conflicto para determinar quién debe dar la autorización.

De acuerdo con requisitos planteados por la Oficina de Asesoría Jurídica de la UBPD, la titularidad del predio se debe establecer a través del folio de matrícula inmobiliaria y también considera necesario determinar “si las personas que se encuentran en el lugar corresponden con ocupantes, propietarios, tenedores o representantes legales, a fin de verificar la titularidad del predio señalada en el folio de matrícula inmobiliaria respectiva”.

Adicional a ello, determina que, según el caso, la verificación de la titularidad del predio debe hacerse a través de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la Agencia Nacional de Tierras o Instituto Geográfico Agustín Codazzi, “a efectos de determinar los posibles interesados en el procedimiento y de establecer quién es el facultado para otorgar el consentimiento expreso para el ingreso”.

Según el Sindicato, la Oficina Asesora Jurídica estableció en una comunicación interna de este año que “allí donde no exista título de propiedad se debe contar con una certificación emitida por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de que se trata de un baldío”.

También se han solicitado otros requisitos adicionales para probar la relación de los ocupantes con el predio, como la presentación de cuentas de servicios públicos; recibos de compraventa de maquinaria; certificaciones de vecinos que precisen quién ha explotado el predio.

Y para aquellas propiedades que tienen titularidad compartida, se han establecido exigencias como que el consentimiento de autorización debe estar firmado por todos los propietarios; solicitud de planos de una parcelación adjudicada y levantamiento topográfico de la parcela que corresponde a una cuota parte.

Todos esos requisitos, de acuerdo con la valoración que hace el Sindicato, implican serios problemas de cumplimiento en el corto plazo, pues la realidad choca con lo enunciado en los documentos.

Vale destacar que el país adolece de una gran informalidad de la tenencia de la tierra. Cifras recientes de Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), fijan en el 54,3 por ciento, el índice de informalidad y hay municipios que superan el 75 por ciento, habiendo casos hasta que llegan al 100 por ciento. Adicional a ello, el prolongado conflicto armado ocasionó un gran desarreglo agrario que aún no se supera.

Con respecto a los baldíos, la medida de consultarle a la ANT no ofrece mayor eficacia por cuanto esa entidad no tiene un inventario consolidado de las tierras que son propiedad de la Nación, pese a las exigencias que le ha hecho la Corte Constitucional de realizar esa tarea a través de varia de sus decisiones judiciales, entre las que se destacan la Sentencia T-488 de 2014 y el Auto 040 de 2017.

Otro de los temas complejos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado es el que tiene que ver con el acceso a los cementerios, donde se presume que hay centenares de víctimas enterradas como NN.

El sindicato de la UBPD advirtió que los requisitos establecidos para obtener la autorización de ingreso a estos camposantos tienden a dilatar el proceso de búsqueda, lo que también va en contravía de la función misional de esta agencia estatal, sobre todo en sus aspectos de eficacia y prontitud.

SINTRAUBPD expuso que cuando se trata de las autorizaciones de ingreso a cementerios administrados por la Iglesia Católica, la Oficina de Asesoría Jurídica “pide documentación que pruebe el nombramiento del párroco y su potestad para autorizar el ingreso”, entre los que se destaca “el decreto eclesial que certifique el nombramiento del párroco como representante legal de la parroquia y que entre sus funciones está permitir el ingreso y tomar definiciones específicas frente al manejo de los cadáveres”.

“Asimismo -agregó el Sindicato- para probar el vínculo con el predio en estos casos ha demandado facturas de servicios públicos que demuestren su rol como administradores, el RUT actualizado, la certificación de la secretaría de planeación municipal sobre la destinación del predio e información catastral para verificar quién paga el predial”.

Según la organización sindical, la UBPD “ha terminado subordinando la acción humanitaria y por tanto la satisfacción de los derechos de las víctimas a la regularización de la tenencia de la tierra”, lo que va en contravía de la Corte Constitucional, pues tal como lo destacó en su revisión del Decreto Ley 589 de 2017, “el beneficio obtenido por la salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales comprometidos con ocasión de la desaparición de una persona es mayor a la afectación de los bienes jurídicos que protege la inviolabilidad del domicilio”.

El Sindicato insistió en su comunicación a la dirección de la UBPD que “la exigencia de requisitos irrazonables y desproporcionados para el ingreso a lugares [es] una medida de prevención del daño antijurídico, pero con la dilación de la acción humanitaria que ello provoca ha terminado generando daños a bienes jurídicos por la vulneración de los derechos a la verdad y reparación de las víctimas, así como al derecho a no ser objeto de tratos crueles”.

Adicionalmente, alerto que “la dilación de las acciones de prospección y recuperación no sólo es favorable a la destrucción de los cuerpos y a la pérdida irreparable de información, en muchos casos también constituye una revictimización porque prolonga la espera y la incertidumbre pese a tener noticia de un sitio de presunta ubicación o no llega a satisfacer los derechos debido a la muerte de quienes buscan”.

El Sindicato lanzó un fuerte cuestionamiento sobre los resultados alcanzados en los más de cuatro años de labores de la UBPD por la vía administrativa, lo que, a su juicio, conduce al incumplimiento de su labor misional. Cifras de esa organización gremial indican que “a la fecha sólo han sido recuperados 38 cuerpos, 27 de ellos en dos cementerios […] y partes de un cuerpo en superficie” en cuyo caso “se incurrió en la descontextualización del sitio de disposición y la exposición con un alto riesgo de pérdida del conjunto del resto de evidencias que no fueron recuperadas”.

Contrario a las cifras presentadas por el Sindicato, en la UBPD aseguran que se han recuperado 163 cuerpos no identificados, 14 de ellos en la última semana, 8 en la región del Magdalena Caldense y 6 más en Arauca. Además, se han entregado dignamente 109 restos de personas que se encontraban en situación de desaparición forzada. Adicional a ello, se estructuraron 18 planes regionales de búsqueda.

SINTRAUBPD concluyó que las exigencias complementarias a las consignadas en el Decreto Ley 589 de 2017 han impactado “las condiciones laborales de los servidores de la UBPD”; “provocado incumplimiento de los compromisos adquiridos con las personas que buscan, las personas que ejercen el dominio material o administran el predio, las comunidades étnicas que han autorizado el ingreso y las organizaciones que han apoyado la búsqueda”; y se ha “lesionado así la credibilidad en los funcionarios y la legitimidad de la UBPD”.

También “ha provocado un desgaste de los servidores debido a reprocesos y destinación de tiempo a acciones que no establece el Decreto Ley y restan dedicación a las labores misionales” y “generado incertidumbre, frustración y agotamiento en los equipos de trabajo que están comprometidos con la búsqueda de los desaparecidos”.

Hay alternativas

Para subsanar los escollos que, según el Sindicato, ha planteado la Oficina Asesora Jurídica de la UBPD, propuso, entre otras alternativas, “la unificación de requisitos y pautas para el Ingreso a lugares que cuente con alcances, definiciones y normatividad aplicable a la naturaleza humanitaria y extrajudicial de las acciones adelantadas por la entidad”, que, a su vez, sean de conocimiento de los funcionarios de la Unidad que realizan actividades relacionadas con prospección y recuperación de cuerpos.

Con relación a la verificación de la titularidad del predio, el Sindicato planteó que se tome como punto de partida “la protección del derecho a la intimidad, inviolabilidad del domicilio y no al de propiedad”. Por tanto, “cuando haya expectativa razonable de intimidad debe ser tenido en cuenta quien ejerza dominio material y no el titular”.

Además, que se parta del principio constitucional de la buena fe de la persona que ejerza el dominio material del predio donde se presume habría cuerpos de personas desaparecidas en razón del conflicto armado, con lo que se vería superada de manera expedida la constatación de la titularidad del predio y, de esa manera, se facilitaría el ingreso de los equipos de investigación de la UBPD.

Y, por último, que las resoluciones motivadas que expida la dirección de la UBPD sólo apliquen “donde exista expectativa razonable de intimidad y no se cuente con consentimiento expreso, siendo dirigida a quien habita el bien, independientemente de su titularidad”.

Responde la directora

En la conversación telefónica sostenida con este portal, Luz Marina Monzón reconoció que recibió la comunicación del Sindicato el pasado 5 de agosto y dijo que les respondió informando que “estaba en total disposición de conversar para buscar salidas a la agilización de los procedimientos, pero que tenía que leer primero el documento”, lectura que hasta el momento del contacto con este portal no lo había hecho porque la funcionaria había estado en diversas regiones del país en las últimas dos semanas.

No obstante, fue reiterativa en advertir que por más humanitaria que sea la labor que adelanta la Unidad bajo su dirección, no se pueden obviar las normas vigentes, entre ellas la de la propiedad de la tierra, uno de temas más complejos de resolver.

Monzón invocó diversos artículos del Decreto Ley 589 de 2017 para sustentar las medidas que se han planteado para ingresar a predios privados en consonancia con el respeto a la intimidad de los ocupantes: “Nosotros tenemos que tener la autorización de esa persona. Si no tenemos la autorización de esa persona, firmada, formalizada, nosotros tenemos que pedir la autorización a una autoridad judicial, que en este caso es la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Y con respecto a quién puede otorgar la autorización, la funcionaria insistió que los procedimientos establecidos indican que se debe “tener el soporte de que quien otorgó el consentimiento tiene la legitimidad jurídica para otorgar ese consentimiento”.

¿Qué pasa si se acepta la autorización de cualquier persona que no acredite esa legitimidad? Según Monzón, se ponen en riesgo los derechos de terceros “que nosotros no estamos autorizados a desconocerlos, por más humanitarios que seamos”. Y de otro lado, debilitaría la etapa probatoria en un eventual proceso judicial contra los responsables de la desaparición forzada: “Todos los procedimientos son de acuerdo a la ley y la evidencia que recuperemos debe tener calidad probatoria y pueda defenderse ante la autoridad judicial”.

La directora de la UBPD recordó también que los actos administrativos a través de los cuales le informan a los ocupantes de un predio o al administrador de un cementerio que posiblemente hay cuerpos inhumanos en razón del conflicto armado admiten recursos en casos que se opongan al ingreso, siempre y cuando hayan sido notificados en debida forma.

La preocupación de la funcionaria es que la persona que dé la autorización de ingreso sea la que debidamente está autorizada para hacerlo. Para precisar esa situación detalló que, si ante un acto administrativo una persona autoriza el ingreso a un predio, pero llega otra, que se asume como la poseedora del título de propiedad, se deben resolver ese dilema para darle “legitimidad y la legalidad de nuestras actuaciones”.

Monzón insistió en que “la recuperación de cuerpos es lo único que se constituye en un proceso judicial y nosotros estamos obligados a garantizar la capacidad probatoria de esa evidencia. Si nosotros no blindamos jurídicamente el ingreso a lugares, estamos poniendo en riesgo el derecho a la justicia de las víctimas”. A su juicio, si la evidencia pierde valor probatorio se afecta la demostración de responsabilidad del culpable de esa desaparición forzada.

Con la lectura pendiente de la comunicación, la directora de la UBPD planteó que el Sindicato “debe estar como todos en la Unidad, intentando contribuir a que podamos avanzar lo más pronto posible en esclarecer el mandato de la Unidad”, y destacó que las 522 personas que la Unidad tiene dentro de su equipo de trabajo han trabajado en sus procedimientos, lineamientos, estrategias y documentos de orientación. No hay posibilidad de que eso no se construya con el equipo de trabajo”.

Y concluyó: “Todas las personas que hacemos parte de la Unidad tenemos todo el interés, la disposición, la voluntad y el compromiso profesional de agilizar la búsqueda, no hay nada de lo que hagamos que tenga el propósito deliberado de impedirlo”.

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“Hablar de estos temas es muy fuerte, muy doloroso. La guerra sólo beneficia a aquellos que la promueven para mantenerse en el poder político y económico. Los que participamos en esta confrontación sólo encontramos un balance de dolor, de muerte, de desolación”.

Con esas las palabras, Rodrigo Londoño, antiguo jefe de las Farc, a quien se le conocía en la guerra con los alias de ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’, comenzó su intervención en un evento donde el extinto grupo alzado en armas formalizó la entrega a la UBPD de un documento sobre casos de desaparición forzada asociados a la práctica del secuestro.

“Las y los firmantes del Acuerdo de paz de las antiguas Farc-Ep hemos venido contribuyendo a la búsqueda de personas desaparecidas desde el inicio de la mesa de conversaciones con el Estado colombiano. Dicha contribución no está condicionada de manera exclusiva  por nuestra comparecencia a la Jurisdicción Especial para la Paz. Para nosotros se trata de un compromiso ético, político y humanitario”, expresó, por su parte, el excombatiente Jaime Alberto Parra.

Londoño y Parra, junto a Milton de Jesús Toncel, Juan Hermilo Cabrera, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda, habían sido previamente instados por la JEP, a través del Auto 019 de 2021, a facilitar información que conocieran podría ayudar a localizar a personas dadas por desaparecidas en el marco del Caso 01, el cual prioriza la toma de rehenes y otras privaciones graves a la libertad ocurridas en el marco del conflicto armado. (Leer más en: El secuestro económico estuvo en el ADN de las Farc)

La directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, también presente el encuentro, resaltó “el compromiso, la responsabilidad y la voluntad de quienes suscribieron el Acuerdo de paz” para actuar a favor de la búsqueda de personas desaparecidas en razón del conflicto armado.

Mencionó, además, que el trabajo desarrollado con los exjefes de la extinta guerrilla de las Farc está “orientado a poder determinar y avanzar, agilizar el proceso de búsqueda” y que es “sumamente importante para poder finalmente solidarizarse y atender una necesidad que no ha sido atendida durante muchos años de lucha, de búsqueda en soledad y con muchos riesgos para los familiares” de las víctimas.

Justamente, Monzón aprovechó la oportunidad para dirigirse a los afectados indirectamente por las desapariciones y decirles que la institución está abierta a apoyar y garantizar su participación en un proceso que tiene como objetivo no solamente precisar la ubicación de los desaparecidos, sino conocer qué fue lo que realmente les pasó y en qué condiciones estuvieron durante el tiempo que no se supo de ellos.

En el evento también resaltaron las alocuciones de miembros de la comunidad internacional, como Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, quien aseguró que confía en que la entrega de información va a ser de gran importancia para las tareas desarrolladas por la UBDP y que representa la centralidad que tienen las víctimas en el Acuerdo de Paz.

De otro lado, Luis Gómez Negrete, delegado del Programa de Personas Desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), expresó que es posible construir “un camino en diálogo y en acuerdo para que las personas desaparecidas puedan volver a casa”.

“Para la comunidad internacional, que ha guardado grandes expectativas del proceso de paz en Colombia y desde un principio se ofreció como garante de su cumplimiento, de seguro este es un acto muy importante, pues pueden ver que su esfuerzo y apoyo no están siendo defraudados”, indicó Adriana Pestana, coordinadora del área psicosocial de Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.

Pasos lentos

La Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda de la UBPD, con base en la información entregada por la Sala de Reconocimiento, de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (RVR) de la JEP estableció que 192 personas fueron desaparecidas forzosamente en el contexto de secuestros. De ellas, 81 formaban parte de la Fuerza Pública y 111 de la sociedad civil. (Leer más en: La dura realidad del secuestro retumba en la JEP)

Esas víctimas fueron clasificadas en los bloques que conformaban las Farc: ocho hechos se le atribuyen al Bloque Caribe, tres al Bloque Central, seis al Bloque Magdalena Medio, 39 al Bloque Noroccidental, 14 al Bloque Occidental, 67 al Bloque Oriental, 47 al Bloque Sur y ocho no son atribuibles.

Los exmiembros del ya desmovilizado grupo armado ilegal proporcionaron información sobre 55 casos del total, pero se cree que sólo en ocho de ellos se podrían obtener resultados contundentes en la búsqueda, una cifra relativamente baja.

Se estima que dentro de los datos aportados hay directrices sobre los factores que inciden en los sucesos de desaparición; los posibles lugares de enterramiento de cuerpos, como cementerios, fosas y sepulturas; las personas que podrían disponer de información importante; y sobre otros elementos que permitan la localización de los desaparecidos y la recuperación, identificación y entrega digna de restos.

En todo caso, “la recolección y corroboración de información se ha realizado en diversos encuentros con antiguos exguerrilleros y no ha terminado (...) apenas está comenzando a ser trabajada”, afirmó Londoño.

El exjefe guerrillero detalló que los ocho casos más adelantados hacen parte de un proceso lento que se inició incluso desde antes de emitirse el Auto de la JEP y que no es posible avanzar de la misma manera en todos los hechos de desaparición. Incluso, dijo, puede ser necesario un proceso diferente en la búsqueda de información cuando esta no es clara o cuando los involucrados fallecen en el marco del conflicto armado.

No obstante, enfatizó que se seguirá trabajando en todos los sucesos que se conocen. “De las 192 víctimas de desaparición sólo se pasó un nombre o una fecha. Falta establecer si efectivamente la responsabilidad es nuestra, si esa persona fue secuestrada o murió como consecuencia del conflicto. Si conocemos la información la aportaremos, nuestro compromiso es que se sepa la verdad y ojalá todos los desaparecidos regresen a casa”.

Pero hay grandes retos que se enfrentaron y que vendrán en el futuro respecto al tratamiento de los casos de personas desaparecidas. El primero tiene que ver con la consolidación de información.

La SRVR, al hacer un análisis cuantitativo para el Caso 01, contrastó datos sobre secuestros presuntamente cometidos por las Farc aportados por la Fiscalía General de la Nación, el CNMH, miembros de la antigua Fundación País Libre, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y el Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás Atentados contra la Libertad Personal (CONASE).

Sin embargo, toda la información resultó ser diversa, por lo que el Grupo de Análisis de la Información de la JEP tuvo que consolidar un sólo registro que ,finalmente, arrojó 21.396 víctimas en el periodo comprendido entre 1990 y 2016. El hacer ese cruce de datos implicó dejar por fuera hechos victimizantes anteriores a la década de los noventa.

Ese no es el único vacío encontrado en las cifras, pues el Registro Único de Víctimas (RUV) reporta 29.778 secuestrados para el mismo periodo de tiempo, pero en ningún caso se especifica el grupo armado responsable.

En realidad, sólo el CNMH ha podido crear bases de datos que incluyan variables específicas, en las que se expone incluso que para la liberación de personas usualmente se exige dinero, un despeje militar o un intercambio de personas. También se reportan las modalidades, motivos y desenlaces en los casos de secuestro, que muchas veces implica la muerte. Justamente, sobre las personas que fallecen durante el tiempo de cautiverio, la Procuraduría General de la Nación reportó ante la JEP en 2019 un total 522 víctimas secuestradas por las Farc.

Por otro lado, y propiamente sobre las desapariciones, la movilización por todo el territorio colombiano de quienes hacen labores de búsqueda y la confianza que se requiere construir con la población civil para esta comunique detalles sobre sucesos que conozca, también representan algunos desafíos. 

Sin embargo, Londoño le contó a VerdadAbierta.com que “la población civil siempre ha sido respetuosa y algunas veces aliada de la antigua organización. Sin ella no habríamos superado 50 años de guerra contra un estado tan poderoso militarmente. En esta etapa nos hemos acercado a hablar con algunas comunidades para que nos ayuden a reconstruir la historia: quiénes estuvieron allí, si ellos recuerdan alguna muerte en combate, si conocen de algún lugar donde se enterraba a quienes morían en esa zona. Muchos de esos datos han sido definitivos”.

Y añadió que “a pesar de las dificultades, de las inseguridades, incluso hasta jurídicas y físicas, cada persona que logremos encontrar será un aliciente más para nosotros reiterar y mantener nuestro compromiso por encima de las situaciones que se nos presenten”.

Otros delitos convergen

Aunque el trabajo conjunto de la JEP, la UPBD y los exmiembros de las Farc son de resaltar y significan un aporte importante en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, es indispensable tener presente que el fenómeno de la desaparición en Colombia es mucho más amplio, pues se entrelaza con otros delitos e involucra a más grupos armados.

Una historia que refleja esa situación es la de Indalecio, un joven a quien los paramilitares engañaron ofreciendo trabajo para luego asesinarlo en una finca, junto a un amigo suyo. Pestana, quien compartió esa información con VerdadAbierta.com, dijo que los cuerpos de ambos fueron desaparecidos, pero que en los documentos oficiales se registraron como guerrilleros muertos en combate.

En ese sentido, el informe Hasta encontrarlos: El drama de la desaparición forzada en Colombia, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) advierte que las conocidas ejecuciones extrajudiciales afectan especialmente a “jóvenes de zonas vulnerables del país, detenidos ilegalmente, asesinados y hechos pasar como miembros de la insurgencia por la acción de agentes corruptos del Estado que pretendieron sumarlos ignominiosamente a las estadísticas de guerrilleros dados de baja, con el fin de obtener privilegios dentro de la institución militar”.

Así, algunas personas han sido desaparecidas y asesinadas para incluirlas, de forma fraudulenta, en listas de logros. Pero con otras sucede al contrario, pues son primero asesinadas y luego desaparecidas para que no sean contadas dentro de las cifras de homicidios, lo que provoca una invisibilización de las acciones a las que fueron sometidas, según el CNMH.

Esa organización gubernamental denuncia que las desapariciones no se registran o se excluyen de los sistemas de información “cuando aparecen en concurso con otros delitos, dando prevalencia a uno a costa de la negación del otro”.

Al respecto, Pestana indica que “de acuerdo a las normas legales, el delito de desaparición prevalece sobre cualquier otro. Sin embargo, en muchas ocasiones se intenta dejar a un lado la desaparición, confundiendola con secuestro o, especialmente en los casos cuyos cuerpos son encontrados, los han subsumido en el delito de homicidio”

El RUV reporta desde 1984 hasta 2016, 1 '046.947 homicidios, 17.563 secuestros y 169.737 desapariciones. Pero es posible que muchas desapariciones estén todavía clasificadas dentro de otros crímenes. 

De hecho, las desapariciones eran catalogadas como secuestros y homicidios antes de que se expidiera la Ley 589 del 2000, con la que se tipificó el delito de forma independiente, definiéndolo como una privación de la libertad, seguida de un ocultamiento y una negativa a admitir el hecho y a dar información sobre la ubicación de la víctima.

En ese ordenamiento jurídico, se establecieron agravantes punitivos relacionados con las actuaciones en contra de autoridades, personas en condición de discapacidad, menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas, defensores de derechos humanos, periodistas, políticos, entre otros. Además, cuando se trata de situaciones en las que se somete a la víctima a tratos crueles o degradantes y a lesiones físicas o psicológicas.

Allí también se crearon mecanismos para ayudar a prevenir la desaparición como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Mecanismo de Búsqueda Urgente, el Registro Nacional de Desaparecidos y la Administración de Bienes de Personas Desaparecidas.

Todo lo anterior se dio, de acuerdo con el CNMH, gracias a las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, las cuales también desarrollaron “medidas destinadas a que el país intente conocer cuántos y quiénes son las personas desaparecidas”.

A la situación de registro erróneo se suma la falta de datos particulares en los casos. El CNMH, por ejemplo, entre 1970 y 2015, logró registrar 60.630 personas desaparecidas forzosamente, pero los perfiles de las víctimas para esos años no fueron fáciles de definir, pues resultaron afectados tanto sindicalistas y estudiantes como otro tipo de ciudadanos que hace parte de sectores vulnerables.

Los autores del delito también fueron desconocidos en el 51,4 por ciento de los casos, aunque el 49,6 por ciento restante permitió establecer que los paramilitares fueron responsables del 46,1 por ciento de los casos, las guerillas del 19,9 por ciento, los grupos posdesmovilización del 8,8 por ciento, agentes del Estado del 8 por ciento y otros grupos armados no identificados del 15,9 por ciento.

Es de resaltar que a través del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) se consiguió estudiar el periodo comprendido entre 1958 y 2020, abarcando 17 años más que en el expuesto anteriormente e incluyendo un tiempo posterior al Acuerdo de Paz.

Con datos recogidos hasta el 31 de marzo de 2021, se determinó que durante dichos años se reportaron 68.565 hechos y 80.653 víctimas de desaparición, de las cuales 8.287 fueron encontradas muertas, 1.793 fueron encontradas vivas y siete están en una situación desconocida. En los 70.587 casos restantes las personas siguen desaparecidas, pero existe información para al menos 11.643 de ellas. 

De acuerdo con el 52,4 por ciento de los casos en los que se obtuvo información sobre presunto responsable, se determinó que el 62 por ciento de las víctimas lo fueron de grupos paramilitares, 24,8 por ciento de guerrillas, 6,1 por ciento de grupos posdesmovilización, 5,7 por ciento de agentes del Estado y 1,4 por ciento de otros actores o de agentes del Estado en conjunto con grupos paramilitares o posdesmovilización. No obstante, es indispensable tener en cuenta que para este periodo tampoco se supo sobre los perpetradores en la mayoría de los casos.

Así las cosas, el propio CNMH considera que todavía “las víctimas, la sociedad e incluso las propias instituciones estatales no han logrado contar con información veraz, consistente y oportuna” que ayude a determinar la magnitud de las desapariciones, ya que “aún persiste una alta fragmentación de la información que se refleja en la circulación de una pluralidad de cifras que generan más confusión que esclarecimiento”.

Eso deja el acceso a la información como uno de los principales limitantes para que se llegue a un reconocimiento adecuado de las personas afectadas por la desaparición forzada.

Primero, porque aunque las instituciones oficiales adelantan trabajos para encontrar desaparecidos, los casos sobre los que se tiene conocimiento para trabajar de forma efectiva aún son pocos. Y segundo, porque la fallas en la unificación, claridad y en ocasiones especificidad en las cifras de las desapariciones, y de los hechos del conflicto armado con los que podría estar relacionada, pueden provocar que estas no sean en su totalidad registradas o se camuflen erróneamente en otros crímenes.

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A pesar de tener varios procesos de paz que han conducido a la desmovilización de grupos guerrilleros y paramilitares, la práctica de la desaparición forzada se ha mantenido de manera permanente en Colombia, ocultando el rastro de miles de víctimas y sumiendo en la zozobra permanente a sus familias. Esta semana, cuando se conmemora la semana del detenido-desaparecido, que pone la lupa sobre la responsabilidad de agentes estatales, el país asiste en vivo a la comisión de cientos de casos en medio de las protestas del Paro Nacional.

La desaparición, en su sentido más amplio, puede presentarse en diferentes formas y situaciones: hechos en los que se tiene la intención de sustraer a una persona de la protección de la ley; homicidios o masacres en los que los cuerpos son ocultados o no recuperados; detenciones en las que se desconoce la ubicación del retenido; situaciones de desplazamiento forzado o migración donde los individuos pierden contacto con sus familiares o conocidos, entre otros. Así lo define el estudio No los olvidamos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Adriana Arboleda, abogada y vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), coincide con el anterior planteamiento y específica su relación en procesos de reivindicaciones: “Se han utilizado indistintamente las desapariciones forzadas como violacion de derechos humanos. Han sido identificadas en el marco del conflicto armado, pero también en el marco de los conflictos sociales y políticos. Han sido utilizadas en el marco de las marchas cocaleras, de las marchas campesinas, de las huelgas, en momentos en que los procesos sociales se han fortalecido”.

Pese a esa multiplicidad de razones, hay un factor que es constante en la documentación de casos de desaparición: la divergencia en los datos y los vacíos de información en los contados hechos que se logran registrar, en los que, en ocasiones, se desconoce la edad o el sexo de la víctima.

Sucede también con el autor del delito, aunque el Estado siempre figura como responsable, sea de forma directa o indirecta, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (ONU).

Allí, con una definición más limitada, se estipula que una desaparición consiste en “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

En palabras de Arboleda, “las desapariciones forzadas siempre son crímenes de carácter estatal. Hay otras formas de desaparición que están asociadas a otros delitos como la trata de personas, el recultamiento forzada, etcétera, pero que siempre debemos partir de la responsabilidad del Estado”. Esta litigante insiste en la obligación de los Estados de garantizar la vida, la seguridad y la dignidad de las personas, generando las condiciones necesarias para que no se incurran en violaciones contra los derechos humanos.

Y expone tres niveles de responsabilidad: directa, cuando un agente de Estado propiamente comete la acción, como una desaparición durante las protestas sociales; indirecta, cuando se da la desaparición de una persona por parte de otro grupo o persona, los agentes estatales tienen conocimiento de ella y la permiten; y por omisión, en momentos en los que el Estado no crea las condiciones de seguridad para prevenir acciones violentas en contra de la población, lo que incluye una ausencia de investigación y judicialización.

“El estado no puede decir ‘yo soy una víctima más’, que es lo que dice siempre; o ‘yo no tengo cómo controlar’, porque se supone que por eso los Estados tienen el uso legítimo de las armas, el uso legítimo de la fuerza, para garantizar la protección de toda la ciudadanía. En ese sentido siempre hay responsabilidad (…) Además, una vez hay desaparición, existe una responsabilidad adicional, que es la búsqueda y la localización con vida de esas personas. Y si no las encuentra con vida, la obligación de identificarlas y entregarlas a sus familias”, argumenta Arboleda.

En su informe Hasta Encontrarlos, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) también considera que el Estado debe adelantar labores de búsqueda e identificación de las víctimas para contribuir a encontrarlas. De otro lado, en los casos de homicidio, debe velar porque se desarrolle el proceso de investigación, para establecer “las circunstancias, la causa, manera y mecanismo de muerte”; la judicialización de quienes estén involucrados en el hecho; y un trato adecuado de los cadáveres no identificado

Pero, en medio de los escenarios tan diversos y complejos en los que se presentan las desapariciones forzadas, ¿ha logrado el Estado cumplir con todas aquellas responsabilidades que se le exigen?

Legislación de papel

Aunque Colombia ha ratificado diferentes instrumentos internacionales con el fin de prevenir la desaparición forzada, lo ha hecho de forma condicionada. En la suscripción a la Convención sobre Personas Desaparecidas, que entró en vigor en agosto de 2012, el país no adoptó la definición del delito, considerando todavía en el Código Penal que las desapariciones pueden ser cometidas tanto por agentes del Estado como por particulares.

De hecho, el pasado 11 de mayo la ONU recomendó al Estado colombiano, entre otras cosas, revisar dicha definición legal. Además, el Comité Contra la Desaparición Forzada de esa organización, se dijo preocupado por distintos asuntos en relación con ese crimen en el país.

Entre ellos figura la falta de datos “claros y fiables”, y la divergencia en las cifras sobre la cantidad de personas desaparecidas; los pocos avances registrados en materia de investigación, que se evidencia en los casos inactivos y la ausencia de condenas; la falta de disposiciones legales especiales para los niños, niñas y adolescentes; la carencia de políticas para prevenir los casos; los actos violentos contra los denunciantes del delito; los pocos resultados en labores de búsqueda; las fallas en la identificación y entrega digna de los restos de los cuerpos; la mínima reparación de las víctimas y la falta de garantías en la comunicación y registro de personas privadas de la libertad.

Sobre el marco legal referente a la desaparición forzada, César Santoyo, director ejecutivo del colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda, aseguró que, pese a que  desde el movimiento de derechos humanos a nivel nacional e internacional se ha reconocido la adopción de varias normativas sobre el delito, no han sido efectivamente aplicadas.

“Ninguna normal es real hasta tanto no se reglamente y se pone práctica. El problema del Estado colombiano es que tiene leyes muy prolijas, pero una práctica absolutamente inoperante. Y esa inoperancia ha llevado a que se mantenga el delito, a que se pueda por razones políticas, económicas sociales, culturales, raciales generar distintas formas de desaparición forzada”, explicó Santoyo. (Leer: Estado colombiano se quedó cortó en explicar qué hace por atender la desaparición forzada)

Del mismo modo, Arboleda señala que “el problema no es de normas, el problema es de falta de voluntad política para prevenir el delito, para investigar, juzgar y sancionar a los responsables y para desarrollar todo el ejercicio de la búsqueda, la localización y las exhumaciones”. Igualmente, alega que hace falta un proceso de articulación entre las instituciones para integrar e implementar las estrategias para combatir las desapariciones.

Justamente, hacia las instituciones han surgido varias críticas. Sebastián Escobar, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, afirma que hay un “escenario de crisis institucional por la falta de independencia e imparcialidad de los órganos de control”, como lo son la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada con la Ley 589 de 2000, no se queda atrás. Para Santoyo, “simplemente está haciendo un papel de relator, de secretaría técnica y de notaría, frente al desarrollo de búsqueda de personas, pero no han podido encontrar a nadie”.

En conflictos políticos y sociales

Los hechos más recientes de desapariciones en el país, presentados durante las protestas sociales que se desataron el 28 de abril de este año, son bien conocidos, a pesar de que, históricamente, el fenómeno, cuando se da en el marco de manifestaciones sociales, no ha sido documentado con rigurosidad.

Según el último reporte de la Fiscalía General de la Nación, dado a conocer el pasado 24 de mayo, en el transcurso del Paro Nacional, a un día de cumplir un mes, se desconoce el paradero de 129 personas y sobre las cuales se activó el denominado Mecanismo de Búsqueda Urgente. De acuerdo con el ente investigador, 290 personas ya habrían sido encontradas y siete fueron reportadas como fallecidas.

Sin embargo, hasta el 7 de mayo, la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos señalaron un número incluso más alto: 548 desaparecidos. En lo que respecta a detenciones, la Campaña Defender la libertad denunció, hasta el 24 de mayo, 1.645 víctimas, algunas retenidas de manera arbitraria y sometidas a torturas y tratos crueles.

Sobre las privaciones de la libertad, en un comunicado conjunto, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, recomendaron hacer un seguimiento permanente y consolidar un registro unificado, para así poder monitorear en tiempo real las detenciones, traslados y liberaciones. Además, hicieron un llamado a garantizar el derecho a los detenidos de tener un abogado y comunicarse con sus allegados.

Escobar comenta que una de las particularidades presentes en las protestas es que la Fuerza Pública recurre de manera indiscriminada a la restricción de la libertad, situación en la que no siempre se pone a los detenidos a disposición de las autoridades judiciales, teniendo como objetivo fundamental la sustracción de estos del amparo de la ley.

“Hemos tenido conocimiento de casos en los cuales las víctimas son privadas de la libertad y llevadas en una especie de paseo del terror, donde se les transporta por lugares a las afueras de la ciudad. Las personas van allí con el temor permanente de que pueden ser en algún momento ejecutadas extrajudicialmente (…) Hemos visto algunos casos de personas que habían sido retenidas por agentes de la Fuerza Pública y que después aparecieron muertas en ríos”, narra este abogado. (Ver: Desaparición transitoria y torturas: acciones de la Policía contra manifestantes)

La desaparición de jóvenes en el contexto de las movilizaciones busca, a través del terror y del pánico, que la población “se canse de pedir y se canse de luchar” por sus derechos, de acuerdo con Adriana Pestana, coordinadora del área psicosocial de Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.

Por su parte, Arboleda explica que, actualmente, no sólo agentes estatales sino también actores criminales ilegales utilizan la desaparición como un mecanismo de disciplinamiento y de control social en los territorios. Advierte que esa situación se presenta desde el final de la década de los noventa, cuando ese delito empezó a ser generalizado y utilizado como un medio para enviar mensajes a la población y del que cualquier ciudadano podría ser una víctima.

y sostiene que, respondiendo a una dinámica distinta, en el caso de tratarse de bandas criminales o de narcotráfico, las desapariciones pueden ser dirigidas incluso contra los propios miembros de esos grupos.

Analistas e investigadores coinciden en que antes de 1990 y desde 1970, época en la que fueron blanco de desaparición forzada líderes estudiantiles y de partidos opositores a los gobiernos de turno, esa práctica fue utilizada como un mecanismo de represión contra sectores sociales o políticos que terminaban siendo parte de planes sistemáticos para llegar a su exterminio.

También señalan que incluso en 1960, durante el desarrollo de las dictaduras del cono sur, ya empezaba a mencionarse el concepto de la detención-desaparición, tema sobre el que justamente esta semana, del 24 al 27 de mayo, se hace una conmemoración a nivel internacional.

Especialmente Santoyo indica que cerca de ese año las fuerzas oficiales empezaron a ejercer acciones de secuestro, retención arbitraria, desaparición forzada y conducción ilegal a activistas que se desempeñaban en el contexto de la oposición política y tenían ideas de izquierda, ocasiones en las que era particular que estas personas fueran primero detenidas y luego desaparecidas.

Recorrido por el conflicto armado

Una de las principales expectativas con la firmado el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc era que las violaciones a derechos humanos disminuyeran. Sin embargo, desde que entró en vigor y hasta diciembre del año pasado, el CICR registró 571 desapariciones relacionadas con el conflicto y la violencia armada.

Aunque el escenario es totalmente diferente al de las protestas, el objetivo en este contexto también fue generar terror. “Según nuestros reportes, podemos aseverar que todos los actores armados continúan usando la desaparición para atemorizar a la población civil, con el fin de mantener el control del territorio o por no dar un trato digno a los cadáveres”, informó el CICR, que fue enfático en mencionar que el número de casos de desaparición puede ser mayor al reportado por ellos.

En los hechos registrados en 2020 estuvieron especialmente afectados los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Antioquia y Chocó.

Además, las víctimas fueron principalmente civiles, en su mayoría hombres y de nacionalidad colombiana. Aunque en menor medida, también se registraron víctimas mujeres, menores de edad, extranjeros, miembros de la Fuerza Pública o de grupos armados ilegales.

Para el CICR, la tarea de la búsqueda de cuerpos en los últimos meses se ha visto dificultada por la pandemia del Covid-19, porque, entre otras cosas, ha impedido que las familias se puedan acercar a las instituciones estatales para averiguar sobre el avance de los procesos de las víctimas y porque, debido a las muertes por la infección del virus, varios cuerpos no identificados han sido movidos de los cementerios.

En lo que concierne a la época anterior al Acuerdo de Paz, el CNMH, en su informe Hasta Encontrarlos, expuso de forma detallada el comportamiento de la desaparición forzada en el conflicto: el Observatorio de Memoria y Conflicto documentó 60.603 desaparecidos ocurridos entre 1970 y 2015, lo que significa que, en promedio, tres personas desaparecieron cada día. El fenómeno registra casos en 1.010 de los 1.015 municipios colombianos.

En cuanto al perfil de las víctimas de desaparición durante eso 45 años, el porcentaje de hombres afectados está por encima del 80 por ciento; en cuanto a la ocupación laboral, la encabezan campesinos, jornaleros, administradores de fincas y pescadores; los grupos étnicos, con los indígenas y afrocolombianos como los más afectados; y la edad, siendo la mayoría adultos jóvenes de entre 18 y 35 años.

Los niños, niñas y adolescentes, aunque en menor medida, también fueron víctimas de desapariciones. Según Pestana, ese tipo de casos están relacionados con el reclutamiento forzado.

Esta experta dice que los menores pueden morir en medio de confrontaciones armadas y no ser reportados a sus familiares ya que los grupos ilegales suelen dejar abandonados los cuerpos o llevarlos a cementerios clandestinos. Los cadáveres también pueden ser encontrados por el Ejército, quien se hace cargo de ellos, pero en ocasiones no reporta el fallecimiento a los familiares.

Por otro lado, en el 46,1 por ciento de los casos no se conoció quién fue el perpetrador. No obstante, con los hechos en los que sí se tuvo esa información se logró determinar que los principales responsables fueron grupos paramilitares que, en relación con las ejecuciones extrajudiciales, solían entregar los cuerpos al Ejército para que los presentara como muertos en combate, según cuenta Pestana.

Asimismo las guerrillas, los grupos posdesmovilización, grupos armados no identificados y agentes del Estado estuvieron involucrados en desapariciones.

De esa manera, aunque varias características en los hechos de desaparición se mantuvieron a lo largo del tiempo, otras variaron de acuerdo a la fecha. Para la época comprendida desde 2006 hasta 2015, los casos, que sumaron 9.595, disminuyeron en comparación con los años anteriores. Igualmente, en los grupos más vulnerables se identificaron a los líderes comunitarios, líderes campesinos y sindicalistas. 

Entre 1996 y 2005 los casos fueron superiores: 32.249. Se registraron hechos también contra raizales y el pueblo Rrom (gitano) y los grupos vulnerables que encabezaron la lista fueron militantes de movimientos políticos, quienes ocuparon el primer lugar (incluso desde 1970), seguidos de los sindicalistas y los líderes comunitarios.

Las desapariciones desde 1991 hasta 1995 y desde 1982 hasta 1990 fueron similares en cantidad, pues para cada uno de los lapsos de tiempo se cometieron un poco más de 6.000 casos.

Finalmente, de 1970 a 1981, cuando apenas se empezaron a documentar esta clase de hechos, hubo 485 casos. La cifra baja puede estar relacionada con la marginalidad de la práctica, lo que pudo llevar a pocas denuncias. Para entonces todavía no se tenía información de grupos étnicos, pero los agentes de Estado estaban en segundo lugar como responsables, la posición más alta que llegaron a ocupar dentro de todos los periodos.

Sobre los agentes del Estado, el CNMH dice que tienen una alta participación en las desapariciones forzadas si se les compara con otros actos violentos, además, que de las 2.331 desapariciones atribuidas a este autor, 1.472 fueron cometidas por miembros del Ejército Nacional y 653 por miembros de la Policía Nacional.

En todos los casos cometidos con ocasión del conflicto armado, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, creada por el Acuerdo de Paz firmado con las Farc, es la encargada de hallar a los desaparecidos. Esa entidad anunció recientemente avances en la consolidación del Plan Nacional de Búsqueda.

“Estamos llevando a cabo diez diálogos con organizaciones e instituciones, para reconocer metas a corto, mediano y largo plazo, y también para concretar las

responsabilidades y partícipes que permitan lograr el objetivo común que nos convoca (…) A partir de esta nueva etapa de participación y construcción colectiva se irá afianzando la estrategia integral de la búsqueda, que nos permita priorizar, agilizar y ser más eficientes en la búsqueda de las personas desaparecidas”, dijo la directora general de la Unidad, Luz Marina Monzón.

El camino que queda

Más allá de los responsables y del contexto en el que se desarrollan las desapariciones, estas dejan unas consecuencias en distintos niveles. Incluso las familias de los desaparecidos resultan afectadas porque, en caso de estar muertos, no pueden llevar a cabo los rituales de entierro y despedida, lo que hace que el procesamiento de la pérdida de su ser querido sea muy traumático.

“Nosotros hemos podido determinar con la implementación de un proceso que hemos llamado Ruta Integral de Civilidad de Derechos que, en primer lugar, la desaparición forzada es un delito tan cruel, que yo creería que es el delito de lesa humanidad más doloroso que puede haber porque irrumpe en la cotidianidad de cualquier persona a un nivel de fragmentación tan alto, que toda su vida queda reducida a la búsqueda”, declara Santoyo.

Sobre la búsqueda, plantea que de cualquier manera, debe verse de una forma amplia que involucra no sólo un cuerpo sino los elementos necesarios para resarcir los daños emocionales, políticos, sociales, culturales, entre otros.

Para mitigar y prevenir la desaparición, así como para subsanar las fallas que se han cometido a nivel estatal, expertos señalan que se debe reconocer la responsabilidad que ha tenido el Estado en esos hechos y enviar un mensaje a los gobernantes y a la sociedad resaltando la necesidad oponerse a las desapariciones y encontrar a las víctimas.

Asimismo, se requiere garantizar que las fuerzas armadas sean reformadas y educadas para defender los derechos humanos y fortalecer los mecanismos de justicia para asegurar la independencia e imparcialidad de órganos de control, como la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

“Se ha venido pidiendo una reestructuración de la Fuerza Pública. Estas instituciones siguen actuando bajo la premisa del enemigo interno, aquí no estamos luchando contra otros que vienen a dañar el país sino con los mismos colombianos, las comunidades, el líder social, el defensor de derechos humanos, el estudiante, la persona de a pie”, señala Pestana.

Por su parte, Escobar hace un llamado a “fortalecer los mecanismos de justicia garantizando la independencia y la imparcialidad, es decir, un adecuado sistema de contrapesos que desafortunadamente en este país es inexistente. La garantía de monitoreo por parte de organismos de protección de derechos humanos también es clave. Y, en todo caso, fortalecer mecanismos de control interno por parte de la fuerza pública y también mecanismos de protección a los derechos humanos sin que esto se entienda como la idea de reforzar los mecanismos como la justicia penal militar”.

De no ser así, la impunidad seguirá funcionando como protagonista y como base para que las desapariciones continúen sucediendo. “Todos los crímenes se nutren de la impunidad. El hecho de que no se investigue ni se juzgue ni se sancione a los responsables hace que el crimen sea el crimen perfecto y lo utilicen indiscriminadamente todos los actores porque no hay sanciones”, reflexiona Arboleda.

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Como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), resultado del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) fue el mecanismo por medio del cual se estableció buscar a las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado en hechos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016.

A la fecha han sido seis las entregas en las que la UBPD ha participado, las cuales han tenido lugar en los territorios de Guaviare (1), Meta (2), Caquetá (1), Chocó (1) y Bogotá (1). La más reciente se realizó el 14 de mayo de este año, en la que se le entregó a una familia, después de una larga espera, los restos de un joven reclutado a los 17 años de edad en el departamento de Guaviare.

La Directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, cree firmemente que varios de los resultados conseguidos son el resultado del trabajo coordinado e interinstitucional con otras entidades encargadas y conocedoras del fenómeno, así como del seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, construido por la Unidad como una estrategia integral para abordar la búsqueda de desaparecidos y en la que se busca vincular a los familiares víctimas de esta execrable expresión del conflicto armado.

Monzón explica que el trabajo de búsqueda se ha visto obstaculizado por la poca trazabilidad de los cuerpos marcados como ‘NN’ en los cementerios, el traslado de los restos óseos entre terrenos y camposantos, y la posibilidad de terminar extraviándose cuerpos no identificados por la necesidad de conseguir terrenos para los fallecidos por la COVID-19.

A raíz del establecimiento de la pandemia, las actividades de exhumación y recolección de testimonios de familiares de las víctimas se han visto condicionadas por la brecha social que separa a una parte de los colombianos de los servicios de comunicación, que les lleva a desconfiar de la impersonalidad de los contactos virtuales y a sentirse en peligro al pensar que las comunicaciones podrían ser inseguras.

El incremento de la violencia durante la cuarentena y la posición del presidente de la República, Iván Duque, ante la oleada de masacres, es una de las cosas que más preocupa a Monzón, pues considera que desde el gobierno nacional se está enviando un mensaje de “amenaza a las víctimas en su posibilidad de participar y en la lucha por buscar a sus seres queridos”. Algo que, aclara, no los va a detener, pero sí los puede llegar a limitar a la hora de participar, en la búsqueda, de la mano del Estado.

En conversación con VerdadAbierta.com, la directora de la UBPD expuso, además de sus preocupaciones, los resultados que arrojan los procesos de búsqueda de los desaparecidos en razón del conflicto armado adelantados por esta entidad.

Avances en la búsqueda

VerdadAbierta.com (VA): ¿Cuál es el balance general de estos años de trabajo de la Unidad bajo su dirección?

Luz Marina Monzón (LMM): Yo lo que tendría que decir es que el 2 de agosto del 2018 lo que la Unidad tenía era esto —el Decreto 1393 de 2018—, unos papeles que contenían unas normas. Pero hoy es una institución que tiene 444 personas en su planta; 23 equipos en el territorio con una cobertura de trabajo de más de 800 municipios en el país; y un Plan Nacional de Búsqueda formulado, socializado y construido con la participación de las víctimas y con sectores de la población, incluso institucionales.

El Plan Nacional de Búsqueda es un trabajo que tiene un rol clave en lo que es la respuesta del Estado frente a los desaparecidos: servir de insumo de política pública para prevenir y frenar la desaparición de personas. Eso no se había hecho en el pasado.

Tenemos un consejo asesor que estaba dentro de esto que recibí hace dos años, que hoy ya no es sólo papel, sino que son ocho instituciones del Estado y seis representaciones de la sociedad civil; asimismo, unos lugares de referencia donde las víctimas pueden ir a tomar contacto con la Unidad y unas personas que les reciben, les escuchan y les atienden sus solicitudes.

Hoy tenemos una Unidad de Búsqueda que está trabajando en 11 planes de búsqueda regionales, planes de búsqueda que consolidan lo que han sido las solicitudes de búsqueda recibidas, pero que también consolidan una oportunidad de articulación y complementariedad del sistema integral.

Uno de esos planes tiene que ver con la búsqueda en Tumaco. Este municipio hace parte de uno de los casos de la JEP, entonces esa es una experiencia de complementariedad muy importante; así como también las medidas cautelares en zonas en las que hemos venido trabajando, le ha permitido a la Unidad hacer un estudio de los 56 cuerpos que fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal para determinar si estos cuerpos corresponden a personas dadas por desaparecidas.

Tenemos un proceso de articulación y una metodología de trabajo con un sector de las personas que buscan, que no han sido incluidas nunca, que son las personas en el exilio. Con ellos hemos podido trabajar, reconocer cuáles son sus necesidades particulares, pero también enfrentar lo que ha sido las dificultades del exilio, pero con una gran oportunidad de ser escuchados, que es quizás de las cosas más duras del exilio: estar tan distantes que ni siquiera la voz puede ser puesta en conocimiento de las autoridades que tienen que atenderles.

Yo lo que diría en concreto es que la Unidad no es sólo un papel; es una institución con herramientas, con equipos, con estructuras, infraestructura para poder funcionar, y un lugar cierto a donde pueden acudir las víctimas que buscan a sus seres queridos.

VA: ¿Desde qué momento se inicia la búsqueda?

LMM: Yo creo que empezamos a buscar desde el principio. Me explico, a mí me posesionan el 20 de febrero del 2018, a partir de ese momento con una planta de 10 personas que estuvo hasta septiembre de 2018. Con esa planta empezamos a ir por el territorio y en el territorio queríamos comprender cuál era la expectativa de las víctimas, qué debería ser la Unidad para que al momento que diseñáramos la Unidad, esa Unidad diseñará esas expectativas o por lo menos tuviera esas condiciones que ellos estaban pidiendo que tuviéramos.

Nosotros en este momento tenemos varios convenios de acceso a información ya firmados con instituciones clave, por ejemplo la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, Naciones Unidas, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la Unidad de Víctimas; que nos permiten acceder a información clave para la búsqueda, que nos permiten construir, con la solicitud de búsqueda y con la información que está alrededor, los planes de búsqueda que tienen un propósito de hacer búsquedas masivas.

La investigación penal se rige por cuál es el delito, cuál es el responsable y cuáles fueron los hechos. Entonces tú no puedes relacionar casos que no estén dentro de esa investigación. La Unidad sí puede relacionar. Incluso no importa si no ocurrieron en la misma fecha, no importa si las personas eran de diferentes sectores de la población, incluso no importa si las dinámicas son distintas, pero la asociación de información nos permite enrutar la búsqueda de personas en número plural, y esta es la esperanza también de que la Unidad como lo dijo la Corte Constitucional en aplicación de los principios de eficacia, eficiencia y economía, pueda agilizar las respuestas que las víctimas llevan años esperando.

Hay una cosa que también nosotros hemos venido construyendo. La Unidad tiene que dedicarse a dirigir, coordinar y contribuir a acciones humanitarias que permitan encontrar a los desaparecidos. Estos verbos son interesantes porque le dan a la Unidad una flexibilidad de acción para agilizar el hallazgo de los desaparecidos. En esta labor nosotros hemos hecho cosas interesantes, por ejemplo, agilizar el proceso de identificación de la persona, lo que permite que la entrega se agilice y se le devuelva el cuerpo a la familia.

VA: ¿Qué ha establecido la UBDP sobre el universo de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado en estos años de trabajo? ¿Qué cifras tienen?

LMM: Nosotros manejamos un universo aproximado de más de 120 mil personas. Tomamos como referencia la investigación más completa que hasta el momento se ha hecho en el país sobre desaparición que es la del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

En el 2016, hizo una investigación sobre los desaparecidos y construyó un informe que se llama Hasta Encontrarlos, y al lado de ese informe construyó un observatorio. De acuerdo a las cifras de ese observatorio, que van hasta el 2018, se habla de 86 mil personas desaparecidas forzadamente, más de 30 mil personas secuestradas, más de 7 mil personas reclutadas. Eso es una cifra que te da más de 100 mil, pero hay una cifra que no se ha registrado que son los desaparecidos que han participado en las hostilidades llámese policía, llámese soldado u otro actor armado. Esa cifra no está en ningún lado.

VA: Además de la de CNMH, ¿la Unidad ha depurado las diferentes bases de datos y tiene otras cifras?

LMM: La principal fue la del Centro Nacional de Memoria Histórica. Luego hemos tenido un convenio con el CINEP, el cual lleva muchos años recolectando información sobre la violencia en todo el país con unas metodologías cada vez más rigurosas de la recolección de la información.

La tercera base de datos es la del Instituto Nacional de Medicina Legal y ahí hemos podido, no solamente completar información e incluso impulsar algún tipo de información que no tenía Medicina Legal y que la hemos ido completando nosotros con la acción que hemos hecho, sino también poder identificar algo que es un escenario de búsqueda de la Unidad y es que Medicina Legal ha analizado, desde el punto de vista forense, más de 25 mil cuerpos no identificados, y ese universo de cuerpos no identificados pueden corresponder muchos de ellos a personas que están dadas por desaparecidas.

En este momento la Unidad tiene un proyecto, que viene desarrollando desde el año pasado, de impulsar la identificación de esos cuerpos. Contratamos unos equipos de trabajo que están en el Instituto de Medicina legal y la Fiscalía cogiendo las cajas y metiendo la información y las bases de datos, identificando, haciendo un diagnóstico de qué es lo que hace falta y cuáles serían los planes para completar la información.

La otra base de datos que hemos venido reconstruyendo es con las organizaciones de la sociedad civil. Estas nos entregaron mucha información porque la cooperación internacional les dio dinero para poder documentar casos.

Y por supuesto el Caso 01 de la JEP, el caso de secuestro. El acceso a la información de ese caso nos ha permitido tener elementos de análisis para saber cuál es el universo de los secuestrados, pero estamos en ese proceso. Yo deseo que tengamos cifras propias pronto.(Leer más en: La dura realidad del secuestro retumba en la JEP)

En los territorios

VA: ¿Cuáles son los departamentos y municipios de especial interés de la UBPD?

LMM: La presencia de los equipos territoriales en los lugares en donde están es una expresión de los lugares de interés de la Unidad. Tenemos equipos en Tumaco, de hecho, tenemos un plan regional de búsqueda en desarrollo. Una zona importante por la dimensión de la desaparición forzada, pero también por la fortaleza de la sociedad civil, en Meta y Norte de Santander. Antioquia es otro lugar de mucho interés para nosotros, y Chocó.

Igualmente, porque allí fue donde se ubicaron las desapariciones en la época de los ochentas y toda esta expresión de la violencia del paramilitarismo, es el Magdalena Medio y por eso tenemos una oficina en Barrancabermeja (Santander) y en La Dorada (Caldas).

La Costa Norte es un área donde también las masacres y las incursiones paramilitares llevaron a que se hable y que todo el mundo conozca fosas, y por eso tenemos tres oficinas: en Barranquilla (Atlántico), que está apoyada por un equipo que está en Valledupar (Cesar); en Sincelejo (Sucre) y en Montería (Córdoba).

VA: ¿Cuántas personas han sido encontradas y cuántas han sido entregadas a sus familiares?

LMM: Hay algunas entregas que son colectivas, como la que apoyamos en Bojayá (Chocó). Han sido, en total, seis acciones humanitarias de dirección, apoyo y coordinación.

El año pasado, después de 18 años de estar una mamá buscando a su hijo, un hijo que había sido reclutado, pudimos hacer la entrega en una coordinación con Medicina Legal, con el CICR, con la Fiscalía. Hace muy pocos meses también hicimos una entrega en unas circunstancias similares en Guaviare.

VA: ¿Se ha avanzado en la identificación de posibles víctimas de desaparición forzada que figuran como NN en cementerios municipales?

LMM: El Plan Nacional de Búsqueda tiene entre sus líneas estratégicas la localización, recuperación e identificación de personas que hayan perdido la vida y que estén reportadas como desaparecidas en esa línea estratégica. El Ministerio del Interior ha identificado cuáles son las circunstancias de esos cuerpos sin identificar en los cementerios. Estas investigaciones, así como lo que las víctimas nos comentan cuando lo ponen en conocimiento en sus solicitudes de búsqueda, nos muestran que los cementerios son un escenario complejo. Uno pensaría que no, porque si ya se sabe dónde están ubicados los cuerpos, es fácil ir a buscar, pero no.

Los cementerios tienen complejidades que derivan de la administración del cementerio, que puede estar en manos de la autoridad local o en manos de la Iglesia (Católica), mayoritariamente en manos de la Iglesia, y por lo tanto privada. Esas administraciones toman decisiones sobre sus lugares que implican que cuerpos sin identificar sean trasladados a otros lugares por necesidad de espacio. Y el segundo problema de los cementerios es que no hay trazabilidad de los registros. Cuando los hay son deficientes y en muchas ocasiones no hay registros.

En otras ocasiones puede ser que los cuerpos a identificar estén en fosas, entonces pueden encontrarse, pasado el tiempo, mezclados, porque las bolsas se han deteriorado o por alguna otra razón. (Leer más en: Familiares de víctimas piden proteger sitios donde se presume hay cuerpos de desaparecidos y La JEP pide rendición de cuentas sobre desaparecidos)

A través de las medidas cautelares de la JEP hemos venido aproximándonos. Nos hemos aproximado al cementerio de San Onofre (Sucre), al cementerio del Universal de Medellín (Antioquia). Ahí la idea es poder fijar dónde están los cuerpos sin identificar, georreferenciarlos, que la medida cautelar aseguré que no los van a mover y que podamos empezar, con la información que tenemos, empezar a tomarles muestras a los familiares que probablemente corresponden a esos cuerpos para poder recopilar la información genética, que pueda ser cruzada y se pueda alcanzar la identificación.

VA: ¿Tiene cifras sobre el número de cementerios en los que se están adelantando acciones?

LMM: Entregamos en el mes de febrero o marzo al Instituto Nacional de Medicina Legal 56 cuerpos que eran del cementerio del Universal, pero que se encontraban en el Laboratorio de la Universidad de Antioquia, entonces la idea es a partir de lo que está siendo nuestro trabajo de documentación de cementerios identificar cuáles serían esos cementerios.

Esto no te lo podría decir en este momento porque en eso estamos. La idea no es solamente sacar los cuerpos, sino también que la sacada del cuerpo tenga una ruta, así como estamos impulsando que la identificación también tenga una ruta. Se toman los cuerpos, pero se está recogiendo la información y registrándola para que el cuerpo pueda ser identificado

VA: ¿Ya se está implementando el Plan Nacional de Búsqueda? ¿En qué estado se encuentra?

LMM: La implementación venía desde antes. Las víctimas dicen ‘¿cuándo van a empezar ejecutar el Plan Nacional?’ Yo siempre les explicó que la Unidad es un ‘crear haciendo’. Mucho de lo que hay en el Plan Nacional salió, en buena parte, de lo que ya estábamos haciendo, coincidiendo con lo que las víctimas decían ‘esto tiene que abordarse, esto tiene que resolver’. Entonces fue como formalizar y focalizar en una mirada estratégica esos aspectos que ya veníamos trabajando

VA: ¿Qué acciones se vienen adelantando en las zonas como las fosas de Hidroituango, el cementerio de Dabeiba o La escombrera de la Comuna 13 de Medellín?

LMM: Estamos adelantando acciones con el Instituto de Medicina Legal, la Alcaldía y la JEP. La JEP acaba de sacar un auto que ordenó que bajo la dirección de la Unidad se hiciera una recolección de información que permita saber quiénes son los desaparecidos de esos lugares donde se han reportado estas desapariciones, y poder articular esta información con los cuerpos que se han ido encontrando, los que han sido recuperados de ese lugar, pero también donde no se han recuperado los cuerpos para tener una ruta de acción. En este momento estamos en una primera etapa de recolección de información y contacto con familiares apoyados por la Alcaldía, Medicina legal y nosotros. (Leer más en: Más sombras que luces dejó audiencia de la JEP sobre desaparecidos en zona de Hidroituango y No hay cifras claras sobre desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín)

VA: ¿Qué le preocupa en cuanto al trabajo que adelantan?

LMM: Los efectos propios de la pandemia que generan inseguridades en el contacto de las víctimas para poder hacer actividades que son esenciales para la búsqueda. Los riesgos de las exhumaciones y de las limitaciones que a nivel territorial se puedan tener para que no se puedan hacer esas recuperaciones y que todo esto ralentice una actividad que las víctimas quieren que se haga ya.

En ese mismo contexto, el que se vuelvan a trasladar cuerpos sin identificar o a exponer cuerpos sin identificar para abrir el espacio para víctimas de COVID-19. Nosotros sacamos unas orientaciones con asesoramiento junto al CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y el ICMP (Comisión Internacional de Personas Desaparecidas) donde pedíamos que, en el manejo de los cuerpos afectados por COVID, tuvieran en cuenta siete pasos para que no vayan a poner en riesgo el derecho a las víctimas a saber.

Pero una cosa es lo que uno dice aquí en Bogotá y otra cosa lo que pasa en el territorio. Tuvimos la oportunidad de poderlo ver con lo de El Copey (Cesar), un video en donde aparecen unas fosas abiertas y al lado de las fosas había unas estructuras óseas, un cráneo y un fémur, que daba cuenta que se estaban abriendo fosas sin tomar en cuenta los cuidados que nosotros habíamos planteado.

Cuando hablamos con la autoridad local y le preguntamos por qué se había hecho esta apertura de fosas sin haber tenido en cuenta estos cuidados, la respuesta del alcalde fue ‘esto no es un cementerio’, pero tienes la otra versión de las organizaciones que dicen que desde el 2016 están inhumando cuerpos ahí y desde del 2016 la Fiscalía está recuperando cuerpos.

Por otro lado, el contexto de violencia y el conflicto. A esto que está pasando yo no sé ni qué palabra ponerle, porque la más evidente es violencia de conflicto armado, pero lo real es falta de control y protección sobre los territorios, falta de políticas públicas de garantías de prevención de masacres, la falta de reconocimiento de la gravedad del hecho y mantenerse en que no es grave. (Leer más en: Colombia: 93 masacres en 20 meses)

Si yo llamo a esto una masacre, porque ese es el nombre técnico jurídico internacional, y la cabeza de este país dice que estos son homicidios, ¿qué es lo que quiere decir esto realmente? Me parece algo que inhibe, que amedrenta, que amenaza a las víctimas en su posibilidad de participar y en la lucha por buscar a sus seres queridos. No los va a detener, pero sí los va limitar. Es un escenario completamente adverso.

Creo que es indispensable que el gobierno nacional asuma una postura decidida de construcción de paz que se vea reflejada, no solamente en los mensajes inequívocos, sino también en acciones y francamente no veo eso. Me preocupa muchísimo. Es muy indolente.

En presente

VA:  El mensaje que la UBPD está impulsando para hoy, 30 de agosto, es “La desaparición no es un hecho del pasado” ¿En un punto están hablando de que la desaparición está ocurriendo en este momento? ¿Las víctimas se han acercado a buscar un apoyo en casos de desaparición después de diciembre 2016?

LMM: Sí, las víctimas nos han solicitado apoyo para victimizaciones actuales. Encontrar los desaparecidos es una labor enorme, no solamente por el número, porque se ha mantenido el conflicto y hay una acumulación de décadas de desaparecidos, por esa razón es enorme. No hay ninguna posibilidad de creer que una sola institución los va a encontrar, es indispensable articularnos en un objetivo común e interinstitucional que nos permita a cada una y a cada uno contribuir a que encontremos a los desaparecidos y por eso nosotros se lo planteamos a las instituciones: construyamos un objetivo común. No tiene sentido que, si en estas cinco décadas las instituciones que han existido no las han encontrado, nosotros con 20 años vamos a encontrarlos a todos.

Estamos produciendo también un pacto político, social, ético y moral por hallar a los desaparecidos, ese pacto tiene un propósito y es entender y poner en práctica algo que se ha dicho ya: los desaparecidos no son solamente de las familias, los desaparecidos son de esta sociedad, por eso todos tenemos que hacer y aportar a la búsqueda para que la desaparición sea un hecho del pasado y que no haya ni un desaparecido más. Que entendamos que todos, con la contribución de todos, podemos encontrarlos

VA: ¿Cómo se vieron afectadas las tareas de la UBDP durante la pandemia? ¿Cómo se están adaptando a la nueva normalidad?

LMM: La mayor dificultad ha sido el diálogo con los familiares y esta tarea como es una tarea humanitaria ese contacto con los familiares es fundamental. La segunda dificultad, aunque algunos tengan medios de comunicación, y tener acceso a redes que puedan permitirles dialogar, jamás esto logrará este acompañamiento humano con esa persona que sufre. No importa que hayan pasado 30 años, llora y pierde el sueño por volver a hablar de eso.

Hay personas que dicen ‘no yo no quiero hablar por este medio porque yo me siento inseguro, de pronto esto sale, alguien está grabando’. La desconfianza es grande. O cuando hemos pensado ‘bueno, vamos a llevarle los equipos para que podamos tener los diálogos’, lo primero que nos dicen los que están en el territorio es ‘ojo, esos equipos pueden incrementar el riesgo para las personas porque los actores armados pueden pensar que estos medios no son para la búsqueda de su familiar sino para otras razones’.

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En el departamento de Caldas hay registradas 10.118 víctimas de diferentes tipologías de desaparición. Esa una de las principales conclusiones a la que llegaron la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (Fundecos); el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat) de la Universidad de Caldas; y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), luego de consultar, verificar y depurar 16.044 registros de cuatro bases de datos estatales.

Estas organizaciones están investigando el fenómeno de la desaparición y capacitando a los familiares de las víctimas en Caldas desde 2017. Su trabajo inició en el municipio de Samaná, pero después se extendió a La Dorada, Norcasia y Victoria. Y como uno de sus puntos culminantes, hoy le entregan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), un detallado Plan Regional Integral de Búsqueda de las Personas Desaparecidas en la región del Magdalena Caldense.

“Es un informe de alrededor de 300 páginas, que contiene información de las víctimas como quiénes son y dónde podrían estar localizadas; recomendaciones técnicas para intervenir las zonas donde podrían estar; información sobre los perpetradores de los hechos e información sobre el estado del proceso de investigación; y un componente psicosocial de las familias y lo que necesitan para tener un apoyo efectivo por parte del Estado”, explica Diana Arango, directora de Equitas.

Y agrega que buscan que sea una herramienta clave para acabar con la incertidumbre de las personas que esperan por el retorno a casa de sus seres queridos o alguna de ellos, ya que no han vuelto saber de ellos en décadas. “Queremos que la JEP y la Unidad de Búsqueda asuman el Plan Regional Integral como un insumo para recuperar, identificar y entregar, como mínimo a las 187 personas que ya documentamos, y de ahí continuar el trabajo para identificar los casos que hacen falta”, reitera.

Particularmente sobre la JEP hay gran expectativa porque en agosto de 2018, familiares de personas dadas por desaparecidas y representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), le solicitaron que adoptara “medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del territorio nacional, en los cuáles se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto”. La petición fue hecha para zonas de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre. (Leer más en: Familiares de víctimas piden proteger sitios donde se presume hay cuerpos de desaparecidos)

Hasta el momento, los togados recibieron la solicitud, le han pedido información sobre el tema a diferentes autoridades y han realizado audiencias con familiares de las víctimas por casos ocurridos en San Onofre, Sucre; en la Comuna 13 de Medellín y en el área de influencia de Hidroituango, estos últimos en Antioquia. (Leer más en: No hay cifras claras sobre desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín y Más sombras que luces dejó audiencia de la JEP sobre desaparecidos en zona de Hidroituango)

Hallazgos del Plan

El trabajo de investigación, en el que estuvieron involucradas 162 familias de los municipios de Samaná, Riosucio, Victoria y La Dorada, permitió la documentación de 187 casos de víctimas de desaparición forzada. Uno de los principales hallazgos es que todos los grupos armados recurrieron a esa cruel práctica; incluso, se establecen casos atribuidos al grupo Muerte a Secuestradores (MAS), creado por un grupo de narcotraficantes (Leer más en: Muerte a secuestradores MAS: los orígenes del paramilitarismo)

Y, como era de esperarse, el documento ratifica que el conflicto armado fue el principal combustible de las desapariciones forzadas. Sobre este punto, el trabajo aporta importantes hallazgos al establecer que el periodo en el que más ocurrieron está relacionado con la incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a Caldas y los consecuentes enfrentamientos que tuvieron con el Frente 47 de las Farc.

Ese nivel de confrontación ocurrió entre los años 1999 y 2005, terminando tras la desmovilización colectiva de las Auc bajo las normas de la Ley Justicia y Paz (975 de 2005), que negociaron con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez entre 2003 y 2006, en el que dejaron las armas a cambio de reparar a las víctimas y contar lo acontecido del conflicto armado, para recibir penas alternativas que no excederían los ocho de prisión. Justo en esos seis años ocurrieron 132 de las 187 desapariciones documentadas.

Además, la investigación pone de presente la posible relación entre la desaparición de jóvenes y el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. De los casos documentados, 169 correspondían a hombres, y la mayoría de ellos se encontraban entre los 18 y los 40 años de edad. Al respecto, el informe indica que “entre la población de adolescentes y jóvenes se encontró que la mayoría de ellos fueron reclutados forzadamente siendo estudiantes o ayudando a sus familiares trabajando en las parcelas”.

Para Arango, esa situación deja en evidencia una política para reclutar o atentar contra hombres aptos para la guerra. Sin embargo, no fue empleada de la misma manera: “Con las Farc claramente era un tema más de reclutamiento para sus filas, y con los paramilitares un tema combinado de ‘limpieza social’, contra líderes de la comunidad y también de reclutamiento”.

Esas palabras encuentran eco en los casos documentados, ya que, de las 57 desapariciones atribuibles a las Farc, 27 corresponden a la práctica del reclutamiento ilícito; mientras que de las 70 referidas a paramilitares, cinco están relacionadas con reclutamientos de su parte.

Por otro lado, el informe añade una mirada adicional para adelantar las labores de búsqueda, pues pone en evidencia que se debe ver más allá de los escenarios locales y de sus fronteras, para dar con el paradero de las víctimas o recuperar sus restos, en caso de que fueran asesinadas y sus cuerpos ocultados para no dejar rastros.

Del total de los 187 casos de desaparición documentados bajo las diferentes tipologías empleadas, 35 de ellos, equivalentes a una quinta parte, ocurrieron en departamentos limítrofes y lejanos de Caldas: doce en Antioquia, seis en Boyacá, cinco en Cundinamarca y uno en Risaralda. En cuanto a los que están por fuera de la zona del Magdalena Medio, de la que hace parte la región caldense, se registraron dos casos en Santander, Norte de Santander y Cesar; y uno en Bolívar, Caquetá, Guaviare, Meta.

Al respecto, la investigación señala que “el hallazgo de casos en estas zonas del país por tipologías como desaparición (sin clasificar) y desaparición forzada, pueden obedecer, según refieren las narraciones de los hechos, a procesos de migración temporal en donde las víctimas se convirtieron en población flotante en departamentos que ofrecían sustento económico en labores relacionadas con cultivos de uso ilícito y también por prácticas de reclutamiento”.

Los aportes de los familiares de las víctimas se lograron por medio de Talleres de Cartografía Participativa y recorridos cartográficos por la región, que permitieron conocer los posibles lugares asociados a la ruta de desaparición. Es decir, sitios “donde se vio por última vez viva a la persona, posible destino, lugares de desaparición, de fallecimiento y de disposición”.

El documento destaca que esa información permitió delimitar áreas geográficas relevantes, asociadas a las rutas que siguieron las víctimas y los posibles sitios de muerte y disposición utilizados por los perpetradores. De ese modo, se constituyó en un aporte clave de las víctimas para la JEP, la UBPD y la CEV.

Además, producto de entrevistas y labores cartográficas, establecieron cuatro escenarios de disposición de los desaparecidos: “Arrojado al agua (43%), inhumado en fosa clandestina (39%), inhumado en cementerio (15%) y en superficie (3%)”. No obstante, el informe aclara que no fue posible establecer en todos los casos el sitio donde posiblemente fue dispuesto el cuerpo de la víctima, pues “de los 187 casos documentados, se tiene información georreferenciada de 146 lugares de disposición, de estos, 89 describen un escenario de posible disposición”.

Trabas

Además de capacitar a las víctimas y de realizar un trabajo psicosocial con ellas, la investigación destaca cómo ha sido la lucha para encontrar a sus seres queridos y los diferentes obstáculos con los que se han topado. De ese modo, concluye que “las víctimas de desaparición no tienen un derecho vulnerado, sino múltiples derechos vulnerados relacionados con un efectivo acceso a la justicia, los cuales se pueden agrupar en 3 grandes categorías: el proceso de búsqueda, la identificación y sanción de responsables, y la reparación por vía administrativa”.

Entre la información consolidada se encuentra que a 22 familiares les ha negado el Registro Único de Víctima; que tan sólo tres han sido reparados por vía administrativa y la mayoría de ellos son adultos mayores que esperan por reparación; y que el 61,5 por ciento de las familias denunciaron la desaparición de sus familiares y desconocen el estado de las investigaciones.

Otro problema de acceso a justicia es la falta de información suministrada por la Fiscalía a los familiares. El documento pone como ejemplo que algunos casos pasaron de la justicia ordinaria a Ley 975 de Justicia y Paz, sin ser informados. Esa situación produjo inconvenientes para que acudieran a juicios y versiones libres, pues los tribunales de ese sistema de justicia transicional se encuentran en Bogotá y Medellín, y no pudieron ser parte del proceso judicial por falta de recursos económicos para costear los traslados y alojamientos.

Otro problema se presentó con los defensores de oficio que les otorgó el Estado, ya que, señalan, “los abogados se presentan como contratistas de la Defensoría del Pueblo y que, debido a la cancelación de sus contratos, los dejan absolutamente desprotegidos y sin información relacionada con el abogado encargado de continuar con su representación”. Y, como si fuera poco, a pesar de que las familias han identificado a los presuntos responsables en el 63,2 por ciento de los casos, no hay sentencias.

Por todas esas razones, esperan que el informe que construyeron con Fundecos, Cedat y Equitas, sea la llave que ayude encontrar a sus seres queridos, saber la verdad de lo ocurrido y acceder a la justicia.

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El pasado martes, el Parque de Nariño, en pleno corazón del municipio de Pasto, se vistió de memoria. En dos de sus costados, organizaciones de víctimas de diferentes regiones del país alzaron múltiples carpas que llenaron de manualidades y de fotografías, para sensibilizar sobre el drama de la desaparición forzada y para recordar a los suyos. Hacia el atardecer y en una gran tarima colindante a las carpas, se desarrollaron múltiples actos simbólicos y culturales.

Esos eventos y otros más hicieron parte del Segundo Encuentro por la Verdad que organizaron de manera conjunta la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), cuyo lema fue Reconocemos su búsqueda. Ambas entidades, que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición pactado en el Acuerdo de Paz con las extintas Farc, fueron creadas con el fin de satisfacer los derechos de las víctimas y ponerles fin a las causas del conflicto armado.

La fecha y el lugar para desarrollar la jornada fueron elegidos con precisión milimétrica. Se realizó entre los pasados lunes y miércoles, porque durante esta semana, el 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Y en cuanto al lugar, se seleccionó a Pasto por ser la capital del único departamento de Colombia que formalmente ha creado una Mesa de Trabajo, Prevención y Asistencia a Víctimas de Desaparición, en la que tienen asiento todas las instituciones de la región y diversas organizaciones de víctimas.

Durante el primer día se realizaron cinco obras teatro en diferentes centros educativos sobre los impactos de la desaparición forzada; el segundo se dedicó a mostrar el trabajo de las buscadoras por medio de un conversatorio en el que contaron sus dramas y de las actividades en el Parque de Nariño; y en el tercero se realizó el acto de reconocimiento a la persistencia de las mujeres y familiares que buscan personas desaparecidas.

Con música de la región del Pacífico como telón de fondo, el pasado martes VerdadAbierta.com habló con tres lideresas en sus carpas, quienes durante décadas han liderado procesos de búsqueda de desaparecidos y de lucha contra la impunidad, para conocer sus expectativas sobre el trabajo de esas dos entidades y sobre el reconocimiento que les harían al día siguiente, en un evento que construyeron de manera conjunta durante casi un mes en seis regiones de Colombia.

A la expectativa

Luz Marina Hache es vocera de la Estrategia de Desaparición Forzada del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y hasta hoy, lleva 32 años, nueve meses y ocho días buscando a su compañero, Eduardo Loffsner Torres. Por eso tiene expectativas muy altas con la UNBP: “Es una esperanza que tenemos las víctimas de encontrar a nuestros seres queridos, pero le exigimos que nos tenga en cuenta en la búsqueda; que no se vaya a convertir en un aparato de especialistas, en donde las víctimas no contamos. Tiene que contar con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento y con lo que hemos aprendido. La Unidad tiene que mirar eso y darnos nuestro lugar”.

Para Martha Oviedo, quien desde hace 35 años está buscando a su abuelo materno y lidera la organización Familiares Colombia, este Encuentro por la Verdad fue un “reconocimiento muy importante a lucha de la mujer que dedica toda su vida para encontrar a sus seres queridos y también porque nos permite visibilizar la desaparición forzada”.

Aunque señala que los tres años de vigencia que tiene la Comisión de la Verdad son pocos, espera que cumpla a cabalidad con su misión: “Su mandato nos ha parecido muy corto y las víctimas esperamos que no se permee, que su mandato sea real y se cuente la verdad, no a medias como se ha hecho. Que no se convierta en un material más, en un libro más, en un informe más. Que realmente cuente lo que pasó en Colombia”.

En 2005, Lyda Quintero creó una asociación que bautizó con el nombre de su desaparecido hermano, Yovany, para ayudar a las familias de Meta y Casanare. Esa labor la ha llevado a interrogar a paramilitares en diferentes cárceles para que digan en dónde hay fosas comunes y ha realizado trabajos de exhumaciones. Es una labor que hace sin ningún respaldo y por eso este encuentro significó “un vaso de agua en medio de tanta sequedad y dignifica el trabajo que hemos hecho con todas las mamitas”.

En cuanto a sus expectativas, es clara y concisa: “Espero que la Comisión de la Verdad construya la verdad que necesita el país, sin tapujos. Que la construya basada en los territorios y no esa verdad que quieren los que hacen historietas desde sus escritorios. De la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos espero que vayan al territorio y que respeten nuestro trabajo”.

Reconociendo con compromisos

Este miércoles, entre nueve de la mañana y una de la tarde, en el Teatro Javeriano, se realizó el evento central de este Encuentro por la Verdad, el acto de reconocimiento a las buscadoras y a los buscadores. (Leer más en: Violencia sexual, el crimen silenciado que inauguró los Encuentros por la Verdad)

“Estamos reconociendo a quienes han buscado a los más de 100 mil desaparecidos que ha dejado la larga y dolorosa guerra que ha vivido Colombia. Aquellos que fueron arrancados a la fuerza de sus casas y sus trabajos; quienes jamás regresaron del secuestro; los niños y niñas que ingresaron a las filas de los grupos armados y cuyo rastro se esfumó en medio de la pólvora y los disparos; aquellos a quienes el combate los dejó enterrados en inhóspitas selvas o en olvidados cementerios, mientras sus familias los siguen buscando”, indicó la comisionada Marta Ruiz.

Sobre los familiares, resaltó que, con un retrato en la mano, “se han revelado contra la dictadura del negacionismo y el olvido, contra el cinismo y las justificaciones; le han dado a Colombia y al mundo una lección de dignidad, de humanidad. Ellas señalan caminos para afrontar un pasado doloroso que todavía se niega a ser pasado”.

Y se comprometió en asumir el reto y la tarea que las víctimas les propusieron: “En la Comisión estamos seguros que aprendiendo de su búsqueda podemos encontrar a sus seres queridos. Pero al encontrarlos a ellos, guardamos la esperanza de encontrar también, la manera de restaurar la humanidad compartida entre los colombianos. Buscándolos a ellos, buscamos la solidaridad, la compasión, la piedad, la justicia. En esa búsqueda allanaremos el camino para ser una sociedad mejor y sobre todo más democrática”.

Las primeras palabras de Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, estuvieron relacionadas con el negacionismo de la desaparición forzada que han padecido las familias. Sobre la insensibilidad y las respuestas erradas que han recibido de funcionarios públicos, quienes les dijeron que seguramente sus familiares estaban de paseo o que se habían ido con amantes.

“Este acto de reconocimiento es para decirles que nunca más el negacionismo. Y que el negacionismo podrá presentársenos todos los días, pero que ustedes nos harán saber que no tiene lugar, que no tiene cabida, porque la presencia de ustedes es la revelación objetiva de que nunca podemos decir, en esta sociedad, que los desaparecidos no existen”.

Y concluyó que las experiencias, saberes y conocimientos de los familiares son muy importantes para el Sistema Integral, y por ello ese acto de reconocimiento no sólo fue un acto de conmemoración, sino una manera de construir formas de relacionamiento que contribuyan a la materialización de los principios del Punto 5 del Acuerdo de Paz: la participación y el reconocimiento de las víctimas.

El comisionado y médico español, Carlos Beristain, planteó la posibilidad de hacer un reconocimiento de responsabilidad desde los excombatientes hacia las víctimas, pero respetando lo que ellas siempre han demandado: que sea sincero y veraz, que la información que proporcionen sea significativa para la búsqueda y para la verdad que se requiere. “Todavía no es el momento, tal vez, pero ese momento está llegando”, planteó.

Lo que sí concretó, es que se deben romper dos lazos que conlleva la desaparición forzada: el pacto de silencio de los responsables para evitar que se conozca lo que sucedió durante el conflicto armado; y el pacto de indiferencia, por el que a la sociedad no le importa la suerte de los desaparecidos. Y concluyó que “son los dos pactos que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos quieren contribuir a cambiar de una forma significativa para que Colombia tenga otro futuro”.

Uno de los compromisos más sentidos fue el de Claudia Adriana García, quien desde hace siete meses dirige al Instituto Nacional de Medicina Legal. Esta funcionaria, que lleva 24 años en esa entidad, reconoció que los tiempos de respuesta de resultados importantes que requieren las víctimas no son óptimos y entonó un mea culpa porque “muchas veces les hemos cerrado las puertas a ustedes como familiares, cuando han ido a denunciar la desaparición de un familiar y nosotros no hemos recibido esa información ahí mismo, sino que hemos enviado a los familiares a una ruta que no está clara. Y que no les permite a ustedes que el Estado conozca y reconozca esa desaparición en el momento oportuno, en el momento inmediato”.

Por esa razón y en medio de lágrimas, se comprometió con las víctimas y les pidió que la ayuden a cambiar esas conductas de Medicina Legal. “Quiero comprometerme con ustedes para que me ayuden a cambiar el Instituto, para que me ayuden a que cada uno de nosotros, entienda que desde lo que hacemos podemos contribuir con la reparación; para que, atendiendo un familiar de manera adecuada, contribuyamos en esta búsqueda de cada uno de sus familiares desaparecidos”, enfatizó, acción que fue recompensada por un sonoro aplauso del auditorio.

Finalmente, el presidente de la CEV, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, señaló que reconocen y acogen le lección de las familias buscadoras de resistir, insistir y persistir, y su altivez para no dejar morir el corazón: “Al lado de ustedes, nos comprometemos a acompañar a la Unidad de Búsqueda en su tarea para aportar el esclarecimiento sobre la verdad de los hechos; para establecer qué fue lo que realmente pasó con sus seres queridos; por qué a ellas y a ellos; qué intereses movían a los responsables; quién les daba las órdenes; quien les pagó; por qué se empeñaron en ocultar las evidencias”.

Asimismo, indicó que los comisionados “nos comprometemos a trabajar por la verdad para desmontar la estigmatización que han recibido sus familiares desaparecidos y la que ustedes mismas han sufrido. Nos comprometemos a establecer responsabilidades históricas, sociales y éticas del Estado; las instituciones del Estado; los grupos paramilitares; la guerrilla y las organizaciones criminales. Nos comprometemos a buscar y dar a conocer la gravedad de las afectaciones emocionales y físicas que han golpeado a sus familias y ustedes mismas. Nos comprometemos a tratar caminos serios de no repetición de la desaparición forzada”.

Las intervenciones estatales terminaron con la directora de la Unidad de Búsqueda, quien resaltó, una vez más, la labor de los familiares de las víctimas de desaparición: “Ustedes han logrado transformar muchas cosas, y una transformación es esto. Este acto en otro momento sería con cuatro o cinco personas, de las mismas que siempre nos encontrábamos. Y hoy ustedes nos tienen acá, comprometiéndonos en que la búsqueda no va a ser sola y que será con ustedes; comprometiéndonos en que las reconcomeos y que nunca diremos que acá no ha habido desapariciones; que vamos a reafirmar esa lucha de ustedes y la necesidad de reconocimiento”.

Acciones de los familiares

Las buscadoras y los buscadores, como se mencionó constantemente en el evento, también tuvieron una participación activa y no meramente presencial. Las primeras en pasar a la tarima fueron las mujeres de la Mesa Departamental de Desaparición de Nariño, quienes les entregaron a los comisionados y a los investigadores de la UPBD, camisetas blancas estampadas con los rostros de los seres que están buscando durante años.

“Nosotras, las mujeres buscadoras, le entregamos a ustedes toda la capacidad, todo el trabajo que queremos hacer desde nuestras comunidades, para seguir buscando, juntos, a nuestros desaparecidos; para seguir excavando en sus tierras y poder encontrar esos huesos y esos restos de todos aquellos que se encuentran desaparecidos. Esta es una lucha de todos y de todas; esta no es una lucha de unos pocos, es una lucha y un compromiso que les entregamos a ustedes, señores comisionados, para que sigamos en este trasegar de la vida y seguir encontrando a más de nuestros desaparecidos. Esa es la voluntad de todos y de todas, encontrarlos vivos o muertos, pero encontrar respuestas y razones. Les damos la bienvenida y estas camisetas para seguir trabajando”, planteó una de las voceras.

Dos víctimas que padecen un doble sufrimiento, el de la desaparición y del exilio, también les entregaron una prenda de vestir, en este caso una pañoleta, y se las pusieron al sacerdote De Roux, al comisionado Beristain y a la directora Pinzón.

Gladys Ávila, del Grupo de Familiares de Personas Desaparecidas en Colombia en Europa, les explicó que esas pañoletas son un símbolo de su resistencia desde la distancia, y representan los miles de preguntas que se hacen desde hace varios años y de las que aún no tienen respuesta. También les entregaron su cuadernillo de memoria.

Sobre las dificultades del exilio, Gladys apuntó: “Allí los recuerdos son más desde la piel, las soledades son difíciles de manejar, se extraña más. Los ejercicios simbólicos se convierten en vida, los olores y sabores son una necesidad para regresar desde el recuerdo; recorrer las calles es verse en mundos extraños. Algunos construimos retornos imaginarios con la esperanza de lograrlos, otros intentamos sobrevivir con las familias”.

Diana Gómez y Claudia Castaño, a nombre del movimiento Hijos e Hijas, leyeron y entregaron un Mandato de Vida por las Personas Desaparecidas. Claudia resaltó que han buscado a sus familiares recogiendo lo sembrado, aprendizajes, enseñanzas y experiencia que son la herencia de las mujeres que estaban homenajeando; y agregó que anhelan que el proceso de reconocer la dignidad de los desaparecidos, se reconozca también el daño infligido, las razones de la violencia, sus responsables y las víctimas.

A su turno, Diana señaló que quieren “una verdad y una justicia que dependen no sólo de las víctimas, de los ausentes presentes y sus familiares, sino que también necesita del Sistema Integral de Reparación, del Estado, de los responsables de la violencia y de una amplia ciudadanía. Que ella misma cambie su diario vivir: el código de muerte por el código de vida”.
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La participación de las buscadoras también fue dinámica y exploró variados formatos. El primero fue un video en el que mujeres de diferentes departamentos contaron cómo las afectó la desaparición de sus seres queridos, resaltaron momentos históricos de sus luchas y reseñaron casos emblemáticos. Posteriormente, 24 de las asistentes al Teatro Javeriano pasaron a la tarima e hicieron una declaración conjunta de 16 minutos, reflexionando sobre sus dramas, sus temores, sus logros jurídicos y pidiéndole al pueblo colombiano que nos la deje solas en su titánica lucha. También se proyectó un video sobre los efectos de la desaparición del líder indígena Kimy Pernía Domincó a manos de paramilitares.

Vuelve y juega el Palacio de Justicia

Con una sesión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos agendada para el 6 de septiembre, el pasado martes, en entrevista con Caracol Televisión, el fiscal Jorge Sarmiento, quien lleva a cabo la investigación de los desaparecidos en la toma y retoma del Palacio de Justicia ocurridas hace 34 años en Bogotá, negó la existencia de las desapariciones forzadas, a pesar de que ese tribunal encontró culpable al Estado colombiano.

“Los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía ha alcanzado en los últimos cinco años nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas, fueron casos de malas identificaciones o de cuerpos mezclados. Es decir, estas 11 personas que supuestamente habían sido desaparecidas realmente habían sido mal entregadas o mal identificadas en el año 1985″, declaró.

Esa frase causó que Juan Mejía, quien tiene un hermano desaparecido en la Comuna 13 de Medellín y debía declamar unos versos, interrumpiera el orden del día, y se pronunciara al respecto.

“Hoy me han encomendado una bella tarea, de leer un poema. Sin embargo, ayer el Estado colombiano ha ofendido no sólo a los desaparecidos del Palacio de Justicia y a sus familias, sino a todos los que seguimos buscando a nuestros familiares. El mejor reconocimiento que pueden hacer a quienes hoy seguimos buscando a nuestros familiares, es rechazar contundentemente el negacionismo del Estado: la Unidad de Búsqueda no puede hacerse la de la vista gorda ante estos actos de revictimización que el Estado realiza. Así entonces, la CEV y la Unidad de Búsqueda deben, en el marco de sus mandatos, emitir pronunciamientos que dejen clara su posición frente al eufemismo de que no existen desapariciones en el Palacio de Justicia”, expresó de manera pausada y con profunda indignación.

Esas sentidas palabras arrebataron fuertes aplausos del auditorio y voces de repudio, que empezaron a entonar múltiples consignas como: “¡Por nuestros desaparecidos ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha! ¡Exigimos verdad y justicia para los desaparecidos del Palacio de Justicia! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” Y al final, en un grupo más pequeño indicó: “¡La búsqueda de los militares y los policías desaparecidos es con nosotros!”

Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán, trabajador de la cafetería del Palacio de Justicia y quien es uno de los once desaparecidos tras la retoma por parte del Ejército Nacional, pidió la palabra para repudiar esos supuestos hallazgos del Ente Acusador y alertó sobre la gravedad del asunto: “Si niegan esto, donde hay videos, donde salen las personas, donde (se trata de) once personas que ahora se convirtieron en 16, ¿qué van a negar después? Esto es muy importante, no porque sea el caso Palacio de Justicia, sino porque no podemos permitir que la Fiscalía diga que no hay desaparecidos cuando salen en video. Si nosotros lo comprobamos, les llevamos comprobantes y lo niegan, ¿qué esperamos todas nosotras? ¡Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen!”.

Al respecto, De Roux señaló que la noticia los sorprendió y que no habían tenido tiempo de analizarla en conjunto: “Lo que conocimos por los medios acerca de la no existencia de desaparecidos en el Palacio de Justicia lo vamos a trabajar en nuestro pleno y nos comprometemos a esclarecer la verdad humana, ética e histórica de los desaparecidos en el Palacio de Justica. Lo haremos con la autonomía que tenemos como entidad de Estado, independiente de la Rama Judicial, de la Presidencia de la República y del Congreso”.

A la par, la directora de la UBPD, agregó que “cuando la noticia de ayer salió, sentí que hay una deshumanización, de no ponerse en los zapatos de estos familiares que llevan más de 30 años luchando por sus familiares y por todos los familiares del Palacio de Justicia. Una deshumanización que no percibe el impacto que es decir, después de tantos años de lucha, de dolor, de tristeza y de incertidumbre, que no hay desaparecidos. Es volver a negar algo que se negó en el primer momento. El negacionismo no es una opción, y mucho menos en una construcción de paz y en un reencuentro con el ser humano que estamos construyendo en este proceso de paz”.

Las afirmaciones de la Fiscalía sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia no fueron el único lunar del Segundo Encuentro por la Verdad. La parte final del evento se descontroló porque algunas víctimas querían tomar la palabra y exponer sus casos, a pesar de que el tiempo de la agenda era ajustado y había sido concertado durante casi un mes. Las mayores recriminaciones vinieron por parte de buscadoras de Sucre y de Arauca.

“Hoy no nos vimos tan reflejados en el trabajo que hemos hecho las organizaciones el departamento de Arauca. Estamos participando las tres delegadas, pero no tuvimos participación de contar nuestros progresos y nuestra lucha. No somos saboteadoras”, recriminó una lideresa; a lo que la comisionada Alejandra Miller le respondió que próximamente se inaugurará una sede en ese departamento, para recoger y visibilizar esas historias. La situación se calmó cuando el grupo musical Herencia de Timbiquí subió al escenario para interpretar tres canciones y finalmente se dio cierre al evento.

Otro pequeño malestar se pudo sentir por parte de familiares de agentes de la Fuerza Pública que están desaparecidos. Si bien no tienen reparos con la Unidad ni con la Comisión, algunas mujeres consultadas señalaron que sienten discriminación por parte de otros sectores de víctimas.

Durante el encuentro, el comisionado Carlos Ospina se refirió a esa situación: “Sus caminos se vieron agudizados por la espalda de la sociedad, por la espalda de las instituciones y en algunos casos de otras víctimas y organizaciones que las han discriminado y victimado, por considerar que su búsqueda no es legitima porque su familiar ostentó un uniforme. Recordemos que detrás de un uniforme hay un ser humano que tiene una familia”.

Y prosiguió en esa línea: “Quiero conminar a nuestro país para que abracemos y acompañemos a las familias buscadoras, ya que no es tiempo de unirnos por grupos de colores o por sectores, ni a poyar a unos y desconocer a otros. Hoy, todos y cada uno de los desaparecidos en el marco del conflicto armado interno, es un hijo, un ciudadano, es un colombiano. Ni un desaparecido más por las causas de la violencia en Colombia”.

Ese par de incidentes son una consecuencia natural de haber vivido tantos años en guerra. La posibilidad de contar y reclamar justicia por los horrores del pasado, de reconocer las búsquedas de todas las víctimas, ha despertado una necesidad de ser escuchadas. La firma del Acuerdo de Paz y su mecanismo de reparación integral, han puesto de relieve una serie de heridas que deben sanar para poder lograr la reconciliación nacional. Por ahora, los compromisos de la Comisión y de la Unidad parecen trazar un rumbo que permita lograr tal fin, pero tan sólo se trata de un punto de partida. El resto depende de la voluntad del Estado en su conjunto, de los excombatientes y de la sociedad.

El segundo día en imágenes

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