Con la solicitud hecha a diversas entidades del orden nacional, regional y local pretende profundizar el análisis de la situación de un conjunto de sitios donde se presume hay víctimas de este crimen atroz. La recolección de la información está en proceso.

El 30 de agosto del año pasado, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que decretara medidas cautelares sobre 16 lugares en los que posiblemente se encuentran inhumados los restos de decenas personas. La petición fue acompañada con un detallado informe sobre zonas de los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre. (Leer más en: Familiares de víctimas piden proteger sitios donde se presume hay cuerpos de desaparecidos)

El Movice argumentó que las medidas son necesarias “para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación integral, particularmente el derecho a la búsqueda, localización y exhumación de sus seres queridos”. Además, cuestionó la poca diligencia de la justicia ordinaria para brindarles respuestas y señaló que persiste una política de negación del fenómeno, reflejado en altos niveles de impunidad y la falta de voluntad de la Fiscalía General de la Nación para investigar sobre ese flagelo.

El pasado miércoles, seis meses después de esa petición, la Sección para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, emitió un comunicado sobre el estudio que ha realizado de esas posibles medidas cautelares. A pesar de que la Fiscalía General de la Nación, gobernaciones, alcaldías y otras instituciones le hicieron allegar información sobre el tema, consideró que el material aportado no es suficiente para pronunciarse sobre la solicitud del Movice.

Por esa razón, esta vez requirió información puntual y otorgó un plazo de cinco a diez días hábiles para ser suministrada. La Fiscalía es una de las entidades a la que más tareas le delegó, entre ellas la remisión de toda la documentación pertinente sobre la asesoría que la empresa Falcon High Tech prestó para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Medellín, especialmente en La Escombrera y en el Cementerio Universal.

Entre las solicitudes, resalta el envío detallado de “la información relacionada con lo mencionado por las administraciones locales de los municipios de Medellín (exhumación de 286 cuerpos y la Escombrera), Valdivia y Yarumal en Antioquia y; Riosucio y La Victoria en el departamento de Caldas y Aguachica en el departamento del Cesar”.

A Federico Gutiérrez, alcalde de la capital antioqueña, le pidió toda la información relacionada sobre labor de la empresa Falcon High Tech; y también todo lo relacionado con el «Plan de Atención a la Desaparición Forzada en Medellín», en especial sus conclusiones sobre la Comuna 13. (Leer más en: La Escombrera: una verdad que ya comienza a ser desenterrada)

De manera similar, le solicitó al Gobernador de Antioquia, al Representante Legal de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y a la Subdirectora de Políticas Públicas y Estrategia Institucional de la Fiscalía General de la Nación, el contrato celebrado con la Fundación SOCYA, para ubicar posibles fosas en sitios de interés para el proyecto de Hidroituango. También le hizo peticiones a José Gustavo Jiménez Arango, gerente y representante legal de esa central hidroeléctrica de EPM.

Al ente investigador le requirió la información específica relacionada con las 159 exhumaciones practicadas en el cañón del rio Cauca, según le informó la Gobernación de Antioquia: “Esta información deberá ser entregada con la mayor precisión y soportes de circunstancia como lugar (coordenadas, vereda, municipio), fecha, víctimas, características de la diligencia, actas y conclusiones”.

Y en ese sentido, a Juana Pérez Martínez, representante legal de la Fundación SOCYA, le pidió “un informe detallado y por escrito acerca de las acciones realizadas para la determinación de los lugares donde probablemente se encontraban cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada, así como la metodología utilizada, los protocolos establecidos, cartografía, material fotográfico y fílmico, registro de reuniones realizadas con las comunidades y con entidades oficiales; así como los resultados obtenidos”. (Leer más en: Búsqueda de desaparecidos: otro cuestionamiento que enfrenta Hidroituango)

Además de las peticiones, esa Sección para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP decretó el peritaje el nombramiento de al menos un perito, para que la ilustre sobre a documentación que recibirá sobre las labores de la Fundación SOCYA y la empresa Falcon High Tech.

Convocó a la Unidad de Búsqueda de personas Desaparecidas para que haga parte de la Mesa Técnica de Apoyo para el informe que está preparando sobre la solicitud de medidas cautelares. Al respecto, indicó que la finalidad de dicha Mesa “es compartir las consideraciones que se tengan sobre los procesos acerca de los 16 lugares objeto de petición de medidas cautelares, para que esta Sección tenga mayores y mejores elementos al momento de proferir alguna decisión respecto a las medidas de protección, preservación y conservación a adoptar”.

También le pidió a la Directora de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación enviarle todas las versiones libres que rindieron los excombatientes de los bloques Cacique Nutibara y Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, ante a la jurisdicción de Justicia y Paz.

Por último, abrió un incidente de medidas correccionales a los alcaldes de Nechí, Cáceres y San Onofre, “ante la desobediencia frente a las órdenes impartidas” respecto a la solicitud de información sobre los posibles lugares donde podrían estar fosas con personas desaparecidas.

Sobre ese particular, indicó que dichos mandatarios no dieron respuesta a la solicitud de información realizada en dos ocasiones, la primera por el Auto 009 de 8 de noviembre de 2018, y la segunda por el Auto 012 de 21 de diciembre de 2018. “No obstante, las mencionadas alcaldías hicieron caso omiso del reiterado requerimiento hecho por esta Sección, razón por la cual se procederá a activar los poderes correccionales que se tienen como autoridad judicial, con base en la cláusula remisoria establecida en el artículo 72 de la Ley 1922 de 2018”, concluye.

Reacciones

Para el funcionamiento de la represa de Hidroituango se inundaron 75 kilómetros en inmediaciones del cañón del río Cauca, sector en el que se presume la existencia de varias fosas comunes. Foto: Cortesía Movimiento Ríos Vivos Antioquia.

VerdadAbierta.com buscó a varias de las entidades interpeladas por la JEP para conocer qué se estaba haciendo al respecto y uno de los factores en común que se constató con los funcionarios es que o no fueron notificados o fueron notificados apenas el pasado lunes, 4 de marzo, cuatro días después de emitido el Auto 02, mediante el cual se les requirió información.

Así lo expresó, por ejemplo, EPM a través de un comunicado de tres puntos divulgado este miércoles, en el que indicó que estaban “tramitando” los requerimientos de la JEP y detalló que desde 2013 le pidió a la “Fiscalía General de la Nación, como entidad encargada de la búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas, agilizar los procesos pendientes que se reportaran ante el ente investigador en la zona donde se construiría la presa y la zona de embalse”.

Asimismo, dejó claro que para “facilitar la labor del ente investigador, EPM ha brindado su apoyo por medio de su operador social para el proyecto hidroeléctrico Ituango, la empresa SOCYA. Todo ello, en virtud del deber de colaboración armónica con las diferentes autoridades, sin que para el efecto se haya suscrito un convenio o contrato con la Fiscalía General de la Nación”. (Ver comunicado)

Desde noviembre de 2017, un equipo de antropólogos forenses de a Universidad de Antioquia, liderados por la docente Timisay Monsalve, quienes trabajaron para EPM a través de un contrato celebrado con la firma Integral S.A, realizó labores de “prospección, exhumación y traslado de cuerpos sepultados” en tres cementerios rurales en los sitios conocidos como Orobajo, del municipio de Sabanalarga; en Barbacoas, de Peque; y en La Fortuna, jurisdicción de Buriticá.

En los tres lugares, que hacen parte de las zonas ya inundadas por el embalse de Hidroituango, se exhumaron 324 restos óseos, embalados de manera respetuosa y en algunos de los casos se volvieron a inhumar donde las comunidades lo indicaron.

De acuerdo con indagaciones realizadas por este portal, de ese conjunto de restos, sólo podría estar asociado a un caso de desaparición forzada en razón de conflicto armado, cuyo caso lo tiene la Fiscalía General de la Nación.

Funcionarios de la Alcaldía de Cáceres, consultados al respecto, también explicaron que el requerimiento de información les llegó a comienzos de la semana e informaron que estaban trabajando en lo solicitado. De paso, hicieron una aclaración a la información difundida por la JEP sobre la situación de la administración local.

Por su parte la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramirez, explicó que la administración departamental ha acompañado los procesos de búsqueda en la zona de influencia del proyecto Hidroituango realizados por la Fiscalía General de la Nación en año y medio de trabajo, proceso en el cual se han exhumado 150 restos cuerpos, de los cuales 50 están en el Instituto de Medicina Legal sin identificar. Según ella, “hemos convocado a las víctimas para identificar algunos de los cuerpos y no ha aparecido nadie”.

También hizo alusión a otros procesos de búsqueda en diversas zonas del departamento, como Urabá y Magdalena Medio, donde también han logrado exhumar restos y hecho todo el protocolo de identificación y entrega a sus familiares.

Con respecto al contrato con la firma SOCYA, la funcionaria dijo no conocerlo y consideró que tal vez habría sido celebrado por la administración de Sergio Fajardo, quien estuvo en la gobernación entre 2012 y 2015.

Funcionarios de la Alcaldía de Cáceres, consultados al respecto, también explicaron que el requerimiento de información les llegó a comienzos de la semana e informaron que estaban trabajando en lo solicitado. De paso, hicieron una aclaración a la información difundida por la JEP sobre la situación de la administración local.

Resulta que el 31 enero de 2018, el alcalde José Mercedes Berrío Berrío fue detenido por las autoridades tras sindicarlo de tener nexos con un grupo armado que opera en la región del Bajo Cauca antioqueño conocido como el Frente Virgilio Peralta, también conocidos como ‘Caparrapos’. Ante esa situación, la Gobernación de Antioquia, nombró a Sandra Patricia Duran Martínez, quien funge como Alcaldesa encargada desde 28 de junio de 2018.

En cuanto a la interpelación a la Alcaldía de Medellín, Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos, explicó que la petición de la JEP llegó por correo el 1 de marzo y dijo que “están documentando la respuesta” sobre las acciones de búsqueda de desaparecidos en el sitio conocido como La Escombrera, de la Comuna 13, y en el cementerio Universal.

“Nosotros estamos trabajando sobre el Plan Nacional de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas no sólo en esos sitios sino en toda la ciudad, se ha construido todo el proceso de búsqueda e identificación”, indicó Arcila.

Con respecto a La Escombrera, precisó que las víctimas le han pedido a la Alcaldía que continúe con la exploración en ese lugar, donde se cree que grupos armados ilegales, entre ellos las Autodefensas Unidas de Colombia, a través de sus bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, inhumaron decenas de personas.

Al respecto, el funcionario explicó que tanto la administración municipal como la Personería de Medellín le han pedido a la Fiscalía que les dé instrucciones para manejar la zona, pues consideran que es una escena judicial, para avanzar en el proceso de búsqueda: “No han respondido, además hemos solicitado se brinde protección y seguridad al lugar ya que es una escena judicial”.

Lo que se ha hecho, agregó, “es seguir en la investigación de La Escombrera, del contexto, de mayores fuentes de información, que solamente sea ‘Móvil 8’ (exparamilitar desmovilizado), sino otros actores, como excombatientes o milicias de las Farc, que den mayor información para la búsqueda de personas que se encuentran en ese sitio”.

Arcila, por último, propuso que este proceso se traslade a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada tras la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, para que el proceso no sólo sea en clave judicial, sino humanitaria, y se tome la decisión, tal como lo han pedido las víctimas, que se tomen medidas de protección de este lugar.

Los lugares a proteger

Haga clic en cada uno de los recuadros para desplegar la información correspondiente.

Hidroituango

Sobre este caso, el informe consigna que «el Movimiento Ríos Vivos Antioquia está conformado por asociaciones de barequeros, pescadores, agricultores, arrieros, mujeres y jóvenes que habitan en el Cañón del río Cauca y sus zonas aledañas, en comunidades afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango.

Desde el año 2009 cuando se gestaba el movimiento, las comunidades identificaron que uno de los impactos de la mega obra era la afectación de sitios de enterramiento, fosas comunes, cementerios veredales e informales, iconos religiosos referentes de los sitios de los últimos lugares en donde se vio a los seres queridos o en donde fueron asesinados, lugares de duelo y memoria como los puentes Pescadero (entre Ituango y Toledo), La Garrucha (Entre Sabanalarga y Peque) y Puente Viejo (en Puerto Valdivia) que cruzan el río Cauca en donde ocurrieron masacres y han sido sitios recurrentes de sacrificio de personas arrojadas al río.

La misma Fiscalía General de la Nación ha reconocido la gravedad de las personas dadas por desaparecidas en esta región, por ello en el año 2015 el entonces director de Exhumaciones de la Unidad de Justicia Transicional informó que “se tienen numerosas denuncias que sostienen que, a orillas del río Cauca, los paramilitares enterraron a centenares de víctimas. Ahora, antes de que esa área quede bajo las aguas por la construcción de la hidroeléctrica, el tiempo apremia” . Por tal razón habían decidido priorizar las exhumaciones en la zona donde se adelanta el megaproyecto de Hidroituango. Sin embargo, se adelantó un proceso sin participación de los familiares y las organizaciones y la fecha no se cuenta con un plan de búsqueda para las víctimas en esta zona afectada por el megaproyecto.

En enero de 2018, Ríos Vivos convocó la misión no gubernamental “Observación y verificación sobre las condiciones de búsqueda de personas desaparecidas y preservación de las zonas donde se presumen están inhumados los cuerpos sin identificar a lo largo del cauce del cañón del río Cauca, Antioquia, Colombia” , que recorrió parte del territorio y confirmó, entre otros aspectos que: “Los testimonios dan cuenta de la existencia de sitios de inhumación de personas sin identificar, víctimas de desaparición forzada, en la ribera del río Cauca. Los cuerpos fueron inhumados por personas de la comunidad, atendiendo a sus convicciones éticas y espirituales.” Además que “siguen llegando por el río cuerpos producto de muertes violentas; que subsisten las amenazas e intimidación a los pobladores que se animan a denunciar o colaborar con la visibilización de esta situación y que subsiste la presencia de paramilitares en la zona.”

En los municipios de estudio, la UARIV reporta 629 casos (1985-2016) de desaparición forzada, aunque sólo a la estructura paramilitar Bloque Mineros se le imputa 1.150 desapariciones en la zona Norte y Bajo Cauca, donde tuvo influencia, lo que evidencia el subregistro por la falta de investigación y seguimiento de los casos. Las comunidades han denunciado estos hechos y los integrantes de los grupos paramilitares lo confirmaron durante las audiencias de versión libre en el marco del proceso de Justicia y Paz, sosteniendo que en ocasiones miembros de la fuerza pública les solicitaron disminuir el número de asesinatos y para ello emplearon la desaparición forzada .

Muchos cuerpos han sido encontrados en la zona de influencia del megaproyecto: en 2011 en el municipio de Toledo 10 cadáveres fueron encontrados mientras se iniciaba la construcción de un campamento de la obra, en 2013 cinco cadáveres de la masacre en Oro Bajo ocurrida en 1998 en un corregimiento que quedará bajo el agua fueron exhumados y en noviembre de 2014 la Fiscalía halla siete cadáveres más en las riberas del río Cauca en jurisdicción del municipio de Sabanalarga. La Fiscalía reporta la exhumación de 159 cuerpos esqueletizados, labores que se realizaron en el marco de la Jurisdicción de Justicia y Paz, de los cuales se han identificado y entregado a sus familias alrededor de 50.

En 2013, Empresas Públicas de Medellín y la Fiscalía General de la Nación celebraron un contrato para el proceso de localización de posibles lugares de inhumación; la firma SOCYA fue la encargada de realizar dicho trabajo que fue entregado posteriormente a la Fiscalía, para que esta adelantará su labor. Esta empresa es el operador social del proyecto, privatizando una labor que es de competencia de las entidades oficiales y que tenía como propósito legitimar el desarrollo de la obra por encima de las exigencias de las víctimas. Una irregularidad más de otras tanto que se han evidenciado en los últimos meses, que se suma el hecho de que se realizó sin un plan de búsqueda y sin la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones».

Comuna 13 de Medellín

Sobre ese sector de la capital antioqueña, el Movice indica que «ha sido escenario de graves violaciones a los derechos humanos cometidos contra su población en el marco y en razón del conflicto armado. Durante el año 2002 se realizaron en esa Comuna al menos 19 operaciones militares cerrando con la Operación Orión que inició el 16 de octubre y se prolongó por varios meses. Dichos operativos contaron con el apoyo y participación del Bloque paramilitar Cacique Nutibara de las AUC.

La consolidación paramilitar en la comuna se realizó con el apoyo y connivencia de la fuerza pública, como ha sido reconocido por el propio jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano —alias don Berna— quien reconoció los múltiples crímenes que se cometieron contra la población civil, particularmente la desaparición forzada de personas, constituyéndose en un caso dolorosamente emblemático del país . A la fecha, las organizaciones que hacen parte del Movice Antioquia han documentado cerca de 200 casos de personas dadas por desaparecidas, sin embargo, la falta de investigación no permite tener certeza sobre el número de víctimas.

Desde el año 2002 comenzaron las denuncias sobre casos de desaparición forzada y se dio a conocer a las autoridades competentes que muchas de las víctimas estaban siendo asesinadas e inhumadas clandestinamente en diversos lugares de la comuna, entre ellas algunas escombreras activas en la zona, una arenera y otros sectores de la montaña. Pese a ello, a la fecha no se ha logrado que exista un plan de búsqueda que permita avanzar en la búsqueda, localización y exhumación de las posibles víctimas.

En el 2003, en la vereda La Loma, sector rural circundante a la Comuna 13, integrantes del Batallón Pedro Nel Ospina hallaron dos fosas con 13 cadáveres de víctimas reportadas meses antes como desaparecidos. En su momento las autoridades civiles manifiestan tener un reporte parcial de aproximadamente 65 personas desaparecidas en este sector de la ciudad. Además, en otros lugares cercanos también han sido encontrados restos esqueletizados de posibles víctimas que aún no han sido identificadas.

Diego Fernando Murillo Bejarano sostuvo en las audiencias de Justicia y Paz que sus subalternos le han informado sobre la existencia de once fosas en las cuales, le manifiestan, pueden estar sepultadas trescientas personas.

Por su parte, Juan Carlos Villa Saldarriaga —ex integrante paramilitar y hoy privado de la libertad en la cárcel La Picota— en entrevista realizada el día 27 de abril de 2010, refiere a la manera como inhumaron varios cadáveres en la Escombrera localizada en el Barrio San Javier de la Comuna Trece, afirma que “se ponía a escarbar un poquito la pala, el brazo de la retro, por ahí un metro de profundidad (…) se tiraba el cuerpo, y después con la pala de la misma retro, se volvía a tapar (…) No están desmembrados, estaban enteros. No estoy seguro si hay fosas en donde haya más de dos personas, pero las puede haber”.

Esta misma persona, en inspección judicial realizada el 31 de agosto de 2014 en el sector de La Arenera señaló tres sitios (dos en la Arenera y uno en la Escombrera Agregados San Javier) donde dice se encuentran inhumadas alrededor de 50 víctimas. Estos lugares fueron señalados por la Fiscalía General de la Nación como polígonos uno, dos y tres. En el primero de ellos se realizaron excavaciones con fines judiciales entre el 4 de agosto y el 15 de diciembre de 2015, sin ningún hallazgo.

A la fecha no se ha avanzado en la búsqueda en ninguno de los sectores de La Arenera, ni de la Escombrera, afectando la salud física y emocional de los familiares de las víctimas, especialmente de las mujeres y desconociendo sus derechos a la búsqueda, localización, exhumación y entrega de sus seres queridos.

El sitio denominado como La Escombrera es un lugar ubicado en un amplio corredor montañoso que va desde el barrio El Salado de la Comuna 13 – San Javier hasta los límites con el corregimiento San Cristóbal, un área de aproximadamente 15 hectáreas, el cual, a partir de un estudio interno de Empresas Varias de Medellín – EEVV, realizado en 1999, inicia como un botadero de almacenamiento de materiales inertes, en el marco del proyecto denominado “Manejo Integral de los Escombros de la Ciudad de Medellín”. Este amplio sector realmente incluye tres lugares diversos: 1. La escombrera El Salado, administrada por Bioparques S.A.S. que actualmente se encuentra suspendida 2. La Arenera, cantera explotada por El Cóndor S.A. empresa privada que tiene los permisos de explotación y comercialización 3. Escombrera Agregados San Javier, la cual lleva más de una década inactiva.

En diversas ocasiones las víctimas y sus organizaciones han solicitado el cierre inmediato de estos lugares, como una forma de preservar el sitio y garantizar una búsqueda que sea eficaz. Sin embargo la petición no ha sido escuchada por las autoridades administrativas y judiciales encargadas. Dicha petición sí fue respaldada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que el Auto del 4 de septiembre de 2013 señaló: “La situación de La Escombrera, donde se ocultaron y enterraron los cuerpos de centenares de desaparecidos en Medellín, como lo tiene establecido la Sala, constituye una afrenta a las víctimas y una grave violación de los compromisos y deberes del Estado, cuya aplicación e interpretación deben guiar a esta Sala. Continuar arrojando escombros sobre los desaparecidos viola el más elemental sentido de humanidad y la Alcaldía tiene la responsabilidad y los instrumentos para superar esa situación. La Sala no puede ser indiferente ante el sufrimiento de las víctimas que reclaman unas mínimas medidas de reparación. Por tanto, se exhortará al Alcalde de Medellín para adoptar y tomar las medidas y acciones que pongan fin a esa flagrante violación.”

Los mecanismos de búsqueda y protección de los desaparecidos son un compromiso internacional y un deber del Estado. Las autoridades como la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal de Medellín deberán implementar los mecanismos eficaces para garantizar el cumplimiento de ese deber, pues los dispuestos hasta ahora han sido ineficientes y son básicamente un registro o base de datos, pero no incluyen instrumentos efectivos de búsqueda y protección».

Betulia

Sobre este municipio, ubicado en la región del Suroeste de Antioquia, cuenta con una población aproximada de 18 mil habitantes, el Movice reconstruye que «fue una región fuertemente azotada por la violencia derivada del conflicto armado, lo que ocasionó que cerca del 60% de su población sufriera el desplazamiento forzado, además de las demás agresiones, entre ellas las desapariciones forzadas. Los corregimientos de Altamira y Luciano Restrepo fueron las comunidades más afectadas y la población ha denunciado la existencia de sitios utilizados como zonas de enterramiento clandestino de personas víctimas de desaparición forzada. Si bien el Registro Único de Víctimas solo reconoce 38 desapariciones forzadas, los familiares señalan que fueron muchos más y que aún existe miedo de denunciar.

En el corregimiento de Altamira, la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas ha manifestado que en las veredas Guadual y el sitio conocido como La Lechería inhumaron clandestinamente a muchas de las víctimas. Incluso en el lugar ya han sido recuperados cuerpos por parte de la Fiscalía General de la Nación.

En el corregimiento Luciano Restrepo, los sitios mayormente utilizados fueron las veredas La Mina y la Quiebra, además del moro Cuarenta Lunas en los límites con los municipios de Urrao y Anzá».

Puerto Berrío

Sobre este municipio antioqueño, el informe indica que «se conoce que las personas desaparecidas por los grupos armados eran arrojadas al río o enterradas en el cementerio municipal. Esto fue confirmado con declaraciones en versiones libres que dieron distintas personas desmovilizadas de los grupos paramilitares.

Según testimonios, se han dado múltiples formas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes: “Los amarraron, les vendaron los ojos, les golpearon con palos y luego los desmembraron con una motosierra para enterrarlos en una finca cercana al río”, relata Dalgy Delgado sobre la desaparición de su marido el 1 de junio de 1992. El hombre salió con otros tres compañeros en coche y nunca regresó. Semanas más tarde un lugareño de otro pueblo le contó lo sucedido: “la Policía los había detenido en un retén y los había entregado a ‘Los Galvis’, banda paramilitar que controlaba la zona” .

Se conoce que cuando los cuerpos aparecían flotando en el río, los habitantes de la zona los sacaban y los enterraban posteriormente en el cementerio, sin identificar, como forma de dignificación de su memoria, en otros casos les daban nombres para adoptarlos. Sin embargo, esta práctica solidaria de dar humanidad a las víctimas se ha convertido en un obstáculo para su identificación. El Instituto Nacional de Medicina Legal ha informado que tiene cerca de 160 registros de personas no identificadas que podrían corresponder a víctimas de personas desaparecidas forzadamente o dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto. No obstante, el proceso de exhumación e identificación ha sido demasiado lento y el conflicto armado sigue azotando a esta región, lo cual pone este cementerio en riesgo ante el temor de los victimarios de que se efectúen las acciones para poder realizar la debida entrega a los familiares.

Pese a que la Fiscalía General de la Nación ha hecho intervenciones, incluso ha prohibido la práctica de afectar los osarios, en realidad no se cuenta con un mecanismo efectivo y una ruta de intervención sistemática del lugar, lo que representa uno de los desafíos que deberá afrontar la UBPD. Por ello es importante que, mientras se establece dicha ruta, el lugar sea protegido para evitar que existan nuevas intervenciones o manipulación de los cuerpos esqueletizados que allí se encuentran».

Vereda Pradera, Victoria

El informe señala que «en el municipio de Victoria, vereda Pradera, se presume que exista una fosa común donde están los restos de personas dadas por desaparecidas por grupos paramilitares en esa región .

En ese mismo municipio, en el nacimiento de la quebrada Doña Juana ya se han realizado algunas exhumaciones. No se sabe cuántos cuerpos han sido extraídos de la fosa común. Sólo se ha identificado un cuerpo.

Alberto José Ospina, coordinador de la mesa municipal de víctimas de Victoria (Caldas) y líder de la Asociación de Familias Desplazadas de La Dorada, recuerda que entre el 2000 y el 2002 se empezaron a ver casos esporádicos de cadáveres arrojados al río La Miel. “No me acuerdo el año, pero a unas niñas que trabajaban en la zona de tolerancia, supuestamente, las tiraron al río La Miel, no me acuerdo si las encontraron”.

En las sentencias de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá del 2014 y del 2016, a la que se acogió Ramón Isaza, se relatan los siguientes casos de cadáveres que fueron lanzados al río La Miel, que desemboca en el río Magdalena, después de recorrer los municipios Samaná, Pensilvania, Marquetalia, Manzanares, Victoria, Norcasia y La Dorada».

Resguardo indígena de San Lorenzo, Riosucio

El Movice consigna que en «el municipio de Riosucio, Caldas, en el Resguardo Indígena de San Lorenzo se estima la presencia de 18 fosas comunes. De acuerdo con las investigaciones se tienen indicios de la posible ocurrencia de hechos violentos entre los años 1990 y 2007 .
10.5.2. En el año 2016 fueron halladas 18 fosas comunes con restos de humanos dentro del territorio de la comunidad indígena durante el estudio de caracterización de afectaciones realizado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

La Fiscalía, con pruebas científicas y topografía forense, reconoció al menos 12 en sitios como Sisirra, Cerro El Tigre, Hermita, Costa Rica, La Quiebra, La Línea, Bermejal, entre otros».

Vereda Cimitarra, Norcasia

La organización de víctimas señala que en «el municipio de Norcasia, vereda Cimitarra, se realizó la exhumación de dos cuerpos y se presume que fueron desaparecidos en el año de 1989 en medio de los combates entre el cartel de Medellín y las ACMM . Según testimonios de las víctimas y familiares, se presume que es posible que en otras veredas existan más víctimas de desaparición forzada.

“Giovanny Saldaña Escobar, 21 años, regresaba del balneario Los Barrancos en el río Doña Juana en La Dorada (Caldas), en compañía de unos amigos, momentos en los que fueron abordados por cinco hombres armados que se desplazaban en una camioneta. Saldaña Escobar trató de huir, lo alcanzaron, lo golpearon, lo subieron al carro y tomaron la vía a Norcasia o San Miguel, donde fue asesinado con arma de fuego y su cuerpo arrojado al río La Miel. Lo señalaban de ser consumidor de estupefacientes y dedicarse al hurto” .

Vereda La Cristalina, Samaná

El documento indica que «en el municipio de Samaná, Vereda La Cristalina, se han realizado exhumaciones en el año 2003, en las cuales se identificaron restos de cuatro personas dadas por desaparecidas. Por los hechos vividos en este municipio, se considera que es posible que existan más fosas comunes en esta vereda y se requiere la protección de esos lugares.

La mayoría de los casos ocurrieron entre 2000 y 2007, siendo 2002 el año con más desapariciones, cuando ocurrieron 24; que la mayor causa de desaparición sería el reclutamiento forzado de menores de edad; que tampoco se conoce el paradero de 27 jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 25 años .

El Magdalena Caldense, que incluye municipios como Dorada, Victoria, Norcasia y Samaná, fue un territorio de consolidación paramilitar a partir de los años 1990 y la primera década del 2000. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio tuvieron el control territorial de la Dorada, Victoria y Norcasia, y le disputaron a los frentes 9 y 47 de las FARC-EP el control del municipio de Samaná. Magdalena Caldense es la subregión más afectada del departamento de Caldas por el hecho victimizante de la Desaparición Forzada, se reportan según el Registro Único de Víctimas en total entre víctimas directas e indirectas 1.827 víctimas -Dorada 1.028, Norcasia 119, Samaná 551, Victoria 129- según testimonios de las víctimas en múltiples ejercicios de reconstrucción de memoria y como lo evidencian los reportes de hallazgo y exhumación en esta parte del territorio caldense se dispusieron múltiples lugares de enterramientos para la disposición de cuerpos de víctimas de desaparición forzada por parte de los grupos armados ilegales.

El riesgo frente al cuidado y preservación de los lugares en los cuales han sido dispuestos los cuerpos, está relacionado no solo con las intenciones de agentes del Estado e integrantes de los grupos armados para desaparecer cualquier indicio o prueba que los pudiera vincular a procesos de investigación y juzgamiento en el mediano y largo plazo, sino con la priorización de gran parte del Oriente Caldense y parte del Occidente para la ejecución de grandes proyectos hidroeléctricos y mineros, que podrían nuevamente desaparecer a los desaparecidos.

Cementerio municipal, Aguachica

El Movice señala que «se presume que el cementerio municipal de Aguachica, departamento del Cesar, es uno de los lugares donde existen personas inhumadas sin identificar, dado que los familiares y habitantes de la zona han informado en distintos ejercicios de memoria desarrollados por el MOVICE que allí se han “adoptado” algunas tumbas sin nombres.

Recientemente este sitio se encuentra en riesgo dado que el terreno del cementerio es, según un ciudadano, propiedad de él, y quiere iniciar un proceso de adjudicación del predio a su nombre, para después construir allí una edificación propia, lo cual pondría en riesgo los restos de las víctimas, e impediría su búsqueda».

Vereda Muzanda, Lebrija

El Movice indica que en «la vereda la Muzanda, ubicada en el municipio de San Rafael de Lebrija, departamento de Santander, se presume que existen fosas comunes. Hay declaraciones de paramilitares del bloque Central Bolívar que confesaron la existencia en las audiencias de Justicia y Paz de fosas comunes en este lugar en las cuales ellos mismos enterraron a sus víctimas.

Los testimonios presentados por los victimarios como alias “Chino Niño”, “Buche Gato”, “Picúa” y “Chicala” narran donde fueron enterradas clandestinamente las personas víctimas de la masacre 16 de mayo, entre otros hechos, cometidos en Barrancabermeja.

En la vereda de la Muzanda, estos restos se encuentran en riesgo por la acidez de los suelos, la humedad, el tiempo y la presencia armada de los paramilitares que aún siguen operando en estos sitios. Además, se caracteriza por ser una zona de cultivos de palma, lo cual puede deteriorar aún más la estructura ósea de los cuerpos, afectando la posibilidad de que sean posteriormente identificados y entregados a sus familias.

Según el paramilitar “Picúa”, varias de las víctimas fueron asesinadas por él y otro paramilitar conocido como “Macarrón”, y enterradas en fosas comunes ubicadas en el corregimiento de San Rafael de Lebrija, Santander».

Hoyo Malo, San Vicente de Chucuri

El informe consigna que en «el sitio conocido como Hoyo Malo, en el municipio de San Vicente de Chucuri, es conocido por la comunidad como una fosa común. Según se ha conocido por personas habitantes de la zona, en este sitio los grupos guerrilleros y paramilitares tienen una fosa común en la cual enterraron a sus víctimas. Los habitantes de este pueblo, en ejercicios de memoria que hemos hecho, cuentan lo aberrante que fue la actuación de los grupos armados tirando las personas a este sitio para desaparecerlas. Este sitio es de difícil acceso, conocemos la información de la mano de personas que han trabajado como rescatistas de la defensa civil y nos han llegado con esta información, aparte de la que las comunidades cuentan.

Los restos de más de 50 personas, en su mayoría campesinos, están sepultados probablemente en una enorme fosa común descubierta en la región de San Vicente de Chucurí, en el Magdalena Medio colombiano. Familiares de dos muchachos desaparecidos hace unos meses hicieron el macabro hallazgo. En una profunda hondonada, de 70 metros de diámetro y 200 de profundidad, conocida con el nombre de Hoyo Malo, encontraron los cadáveres de sus seres queridos. Al rescatarles, con la ayuda de miembros de la Defensa Civil y de la policía, comprobaron que allí se encontraban sepultadas muchas personas más. Hasta el momento se han rescatado ocho cadáveres.Tres de ellos, como afirmó Álvaro Pico, alcalde de San Vicente de Chucurí, ya fueron identificados. Eran campesinos que desaparecieron de sus casas a comienzos de este año.

A pesar de que este hallazgo fue en 1.989, aún no se han desarrollado las acciones de exhumación, identificación y entrega. Lo cual no solo pone en vilo y tortura a los familiares que continúan con la búsqueda de sus seres queridos, sino que afecta la preservación de los cuerpos esqueletizados de los desaparecidos».

Cementerio Colombia, Cimitarra

Para la organización de víctimas, «el cementerio Colombia de Cimitarra, Santander, es otro de los lugares en los cuales se presume la existencia de personas enterradas sin identificar. Esta información se conoce, también, por las declaraciones de paramilitares que confesaron en las audiencias de Justicia y Paz. Este es uno de los lugares que hace parte del Plan Cementerios, sin embargo, según habitantes de la zona, el proceso de exhumación e identificación ha sido demasiado lento, y existe riesgo de que no se logre identificar a las personas por el deterioro propio del tiempo».

72 cuerpos de personas desaparecidas fueron hallados en bóvedas y fosas comunes en Cimitarra, Santander. Algunos de ellos, en el cementerio de Cimitarra. Hasta la fecha no se han emprendido las acciones para iniciar el plan de exhumación e identificación».

Cementerio del corregimiento de Rincón del Mar, San Onofre

El informe reseña que «en el proceso de Justicia y Paz varios desmovilizados afirmaron que en el cementerio del corregimiento de Rincón del Mar del municipio de San Onofre hay varios cuerpos enterrados como sin identificar. Exmiembros de los bloques de las AUC indicaron que cerca al cementerio de esa población hay enterradas varias víctimas del paramilitarismo.

“Un silencio largo parece cernirse como una nata espesa e invisible sobre las 2.860 hectáreas de El Palmar, la más grande hacienda entre el casco urbano de San Onofre y su corregimiento costero de Rincón del Mar (Sucre), convertida por los ‘paras’ en un cementerio de sus víctimas”».

Finca la Alemania

Según testimonios de víctimas de la finca la Alemania del municipio de San Onofre, recabados por el Movice, «existen cuerpos que fueron llevados allí y enterrados. Esto, fue documentado a través de la Comisión ética que tuvo acompañamiento MOVICE Sucre y de la Comisión intereclesial de Justicia y Paz.

El 24 de marzo de 2002, paramilitares asesinaron a Alejandro Barón, hijo de un socio de la Empresa Comunitaria. Un año después, el 27 de marzo de 2004 los ‘paras’ asesinaron a otro socio, Alacil Baena Mejía. Al parecer el cuerpo de Alacil también se encuentra enterrado en una de las fosas comunes que aún no se han descubierto en La Alemania.

En 2008, Rogelio Martínez, líder del MOVICE, y otras familias decidieron volver bajo su propio riesgo a la vereda La Alemania, sin embargo allí aparecieron nuevas amenazas. El 24 de diciembre de ese año, en San Onofre, Rogelio fue abordado por un desmovilizado del Bloque de los Héroes de los Montes de María, conocido como ‘El Garrapata’ o ‘El 15’, quien le dijo que estaba incomodando a los paramilitares con la información sobre las fosas comunes y el robo de tierras».

Cementerio central, San Onofre

En testimonios de víctimas entregados a los comisionados que conformaron la comisión ética del MOVICE, indicaron que hay cuerpos en el Cementerio central de San Onofre.

Al respecto, el documento señala que «desde el año 2006, cuando comenzaron las excavaciones han sido descubiertos 149 restos de personas que habrían sido asesinadas por los paramilitares en la región de los Montes de María. Gran parte de estos cuerpos en el Cementerio Central de San Onofre donde hallaron 3 cadáveres. Sin embargo, no se continuó con el proceso de exhumación de las fosas comunes».

Finca el Palmar, San Onofre

La organización de víctimas indica que «en la Finca el Palmar en el municipio de San Onofre, lugar del actuar del grupo paramilitar Héroes de los Montes de María se han dado exhumaciones de cuerpos. 78 fosas fueron halladas y las víctimas afirman que como es un lugar extenso hay más sitios dentro del predio por exhumar .

Los lugares antes ubicados fueron lugares donde el accionar paramilitar tuvo asentamiento desde el año 1995 hasta 2015 y obedecía a acciones de controles territoriales para el narcotráfico, salida de droga y entrada de armas.

Buena parte de las fosas comunes halladas se han dado en predios privados, los cuales en su mayoría fueron despojadas por los paramilitares y hoy en su mayoría están en manos de particulares, en proyectos de ganadería extensiva, monocultivos de palma aceitera y teca, esta última ligada al proyecto de reforestación de la multinacional Argos».