Más de 10 millones de víctimas y una reparación que sigue sin llegar

Aunque en los últimos dos años hubo avances normativos en la reparación de víctimas del conflicto, persisten brechas en la reglamentación, la articulación institucional y la financiación que impiden convertir esos cambios en garantías efectivas.

En Colombia, al menos 10,2 millones de personas han sido víctimas del conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas. Sin embargo, la arquitectura institucional creada para garantizar sus derechos sigue siendo insuficiente para responder a una realidad que no deja de crecer, según el sexto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

«Tenemos un marco jurídico muy fuerte, pero una infraestructura institucional que hoy está colapsada. El gran reto es lograr el equilibrio entre el marco normativo y los recursos para su implementación», explicó Julia Cogollo, presidenta del Comité de Verificación y Seguimiento.

El sexto informe llega a semanas de que asume la presidencia de Abelardo de la Espriella, quien, según el Comité, recibirá una política de víctimas con avances importantes, pero también con desafíos estructurales en un contexto en el que el conflicto armado persiste. Sólo en 2025 fueron asesinados 187 líderes y lideresas sociales. Según la Fundación Ideas para la Paz, ese fue el año con más disputas armadas en la última década.

Una reparación que avanza más lento que la guerra

La política de reparación avanza, pero no al ritmo que exige el conflicto. Entre 2023 y 2025 el Gobierno superó las metas del Plan Nacional de Desarrollo al entregar más de 649.000 indemnizaciones administrativas. Sin embargo, el comité advierte que ese avance apenas cubre una fracción de la deuda histórica: desde la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas, en 2011, sólo el 19 por ciento de las personas elegibles para  recibir una indemnización la han obtenido.

Eso significa que cuatro de cada cinco víctimas siguen esperando una reparación económica. Según las estimaciones de la Contraloría General de la República, el déficit para cubrir únicamente esta medida oscila entre 63,6 y 81,8 billones de pesos. Al ritmo actual de asignación presupuestal, el Estado tardaría 62 años en indemnizar a las personas pendientes, sin contar las nuevas víctimas que siguen ingresando al Registro Único de Víctimas.

Para Cogollo, el problema no es únicamente financiero, sino que el conflicto sigue produciendo nuevas víctimas. «Podemos indemnizar hoy a diez personas, pero producimos quince víctimas nuevas. Las cifras no disminuyen en temas de reparación, sino que van aumentando», afirmó.

El costo de la política se presenta como un desafío, ya que la Contraloría proyecta que la cifra original, establecida en el Conpes 3712 de 2011, actualmente es cinco veces mayor. Mientras que en un principio se estableció que se necesitaban 54,9 billones, diez años después se actualizó, por medio del Conpes 4031 de 2021, a 142 billones. El ente de control afirma que actualmente se necesitan 303,9 billones. Este incremento se debe a que el Registro Único de Víctimas (RUV) pasó de los cálculos iniciales a superar los 10,2 millones de personas en 2026.

El rezago también se observa en la reparación colectiva. De los sujetos de reparación colectiva, que incluyen comunidades y organizaciones víctimas, notificados desde 2013, apenas el 8 por ciento ha logrado implementar sus planes. El informe atribuye este estancamiento a la alta rotación de funcionarios de la Unidad para las Víctimas, la desarticulación entre entidades responsables de medidas como vivienda, tierras y proyectos productivos, y las restricciones presupuestales. Entre ellas, menciona que el presupuesto para los sujetos colectivos no étnicos se redujo en un 30 por ciento para 2026.

Los efectos de esas demoras recaen sobre las comunidades. Por ejemplo, los integrantes de Casa Diversa en Medellín, denunciaron en el informe que en seis años han tenido que trabajar con ocho profesionales distintos de la Unidad para las Víctimas, lo que los ha obligado a reconstruir una y otra vez su historia para mantener vivo el proceso de reparación.

Las normas avanzan, la implementación no

En materia normativa, el comité destaca como uno de los principales avances la protocolización de la reglamentación de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 que buscan fortalecer la reparación integral de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y el pueblo Rrom.

Además, el informe resalta la expedición de la Ley 2421 de 2024, que prorrogó y modificó la Ley de Víctimas. Sin embargo, advierte que, a casi dos años de su entrada en vigencia, al menos 30 artículos siguen pendientes de reglamentación. Para el Comité, esta situación limita la implementación de varias de las medidas previstas en la reforma y evidencia que los avances legislativos no siempre se traducen en cambios efectivos para las víctimas. El reto, concluye, ya no es únicamente expedir nuevas normas, sino garantizar su aplicación en los territorios.

A esas dificultades se suma la fragmentación y deficiencia institucional. La arquitectura institucional diseñada en 2011 no ha logrado adaptarse a un universo de víctimas que se duplicó en apenas 15 años. En ese contexto, advierte, la reparación corre el riesgo de convertirse en una promesa que se aplaza indefinidamente para millones de personas.

El Comité advierte que la falta de articulación entre las entidades del Sistema Integral de Paz ha generado una «migración de la confianza». Ante las dificultades para acceder a las medidas de reparación administrativa, muchas víctimas han trasladado sus expectativas hacia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, entidades cuyos mandatos responden a objetivos distintos.

Además, cerca del 43 por ciento de las personas acreditadas ante la JEP no aparecen en el Registro Único de Víctimas. En la práctica, esto significa que miles de personas que ya demostraron su condición de víctimas ante un tribunal de justicia transicional siguen sin poder acceder a medidas de reparación administrativa, como indemnizaciones, subsidios o restitución de tierras, porque los sistemas de información no interoperan.

Pese a las dificultades de la política de reparación, Cogollo insistió en que las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz deben mantenerse: «Lo que no le podemos quitar a las víctimas es la esperanza. La JEP y la Unidad de Búsqueda hacen parte de esa esperanza para garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas».

Para el Comité, estas fallas evidencian que el reto no pasa únicamente por fortalecer cada institución por separado, sino por lograr que el sistema funcione de manera articulada para responder a la magnitud del universo de víctimas.

Las víctimas que siguen quedando por fuera

El informe advierte que los avances de la política de víctimas siguen siendo desiguales y que algunos grupos continúan enfrentando barreras específicas para acceder a la reparación y a las medidas de protección.

En el caso de las mujeres, no se presenta paridad en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Para el periodo 2026-2030 fueron elegidas sólo cinco mujeres en los 16 escaños. A ello se suma que los esquemas de protección siguen respondiendo en su mayoría a enfoques diseñados para hombres. 

La población LGBTIQ+ también enfrenta lo que el comité denomina una «invisibilización estructural». Aunque representan apenas el 0,31 por ciento de los sujetos de reparación colectiva, persisten fallas en los sistemas de información que dificultan el reconocimiento de las violencias sufridas. 

Por ejemplo, el informe alerta sobre un «apagón estadístico» que afecta de manera particular a las personas trans. El Comité documenta que, cuando una persona actualiza el componente sexo en su cédula, la Unidad para las Víctimas puede desvincular su historial previo del sistema. Como consecuencia, su trayectoria desaparece de los registros administrativos, pese a que su condición de víctima ya había sido reconocida.

Aunque la Ley 2421 de 2024 introdujo cambios a la política de víctimas, el exilio continúa sin ser reconocido como un hecho victimizante autónomo, por lo que miles de colombianos que salieron del país a causa del conflicto siguen enfrentando obstáculos para el reconocimiento pleno de sus derechos.

Pese a todo lo anterior, mientras la reparación avanza con lentitud, las víctimas siguen siendo el principal motor de los procesos de memoria, búsqueda y exigencia de justicia. Para el comité, son ellas quienes han sostenido durante años iniciativas para encontrar a sus familiares, reconstruir la verdad y reclamar el cumplimiento de sus derechos, incluso en contextos marcados por la persistencia de la violencia.

¿Qué sigue para las víctimas?

De cara al próximo cuatrienio, el Comité plantea que la política de víctimas requiere un rediseño institucional y financiero acorde con la dimensión actual del conflicto. Entre sus recomendaciones figuran la formulación de un plan plurianual de indemnización con metas verificables, garantizar una financiación sostenible para la política de víctimas y fortalecer la articulación entre las entidades responsables de su implementación.

Para Cogollo, el próximo Plan Nacional de Desarrollo deberá convertir el fortalecimiento institucional y presupuestal de la política de víctimas en una prioridad. Sin embargo, advierte que ninguna reforma será suficiente mientras la violencia siga produciendo nuevas víctimas. «A este ritmo no hay ni presupuesto ni tiempo que alcance para hacer la reparación integral de las víctimas. Lo que realmente necesitamos es poner en el centro la vida y disminuir los hechos victimizantes para no seguir produciendo víctimas en este país», dijo la presidenta del Comité.

Con un universo de más de 10,216.759 millones de víctimas reconocidas, el comité sostiene que el principal desafío del próximo gobierno no será solo cumplir las promesas pendientes de reparación, sino evitar que esa deuda continúe creciendo. Sin una política con capacidad institucional, recursos suficientes y una reducción efectiva de la violencia, la reparación integral seguirá alejándose del alcance de quienes esperan justicia, verdad y garantías de no repetición.