La disputa por la tierra ha sido uno de los focos históricos de conflictos sociales, políticos y armados en Colombia, y al actual gobierno nacional pareciera que le está reventando por todos lados. Familias rurales sin tierra o con muy poca han tomado vías de hecho para presionar por una titulación que reclaman desde hace décadas y también para denunciar que muchas de las propiedades ocupadas fueron apropiadas de manera irregular por terratenientes, narcotraficantes, paramilitares e inversionistas de dudosa procedencia.

Pero varias de esas ocupaciones de predios rurales privados no son nuevas, algunas, incluso, llevan varios años sin que el Estado resuelva de manera efectiva y clara su situación. De hecho, según la ministra de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, hay solicitudes que llevan más de diez años sin atender.

“La Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene más de 30 mil procesos de petición de solución de temas de tierras. Ha habido una acumulación que lleva años porque, claramente, no había la decisión política de resolver el tema de tierras”, afirma López, en conversación con este portal.

¿Y por qué se acumularon esas peticiones? De acuerdo con la funcionaria, porque “las agencias fueron manejadas muchas veces desde Palacio, sobre todo la ANT, con un mandato claro de no hacer reforma agraria”.

Las demoras en la resolución de esos casos y los intereses de sectores legales, aliados con ilegales, ha generado todo tipo de violencias contra líderes y lideresas sociales, incluido el asesinato de varios de ellos. El más reciente fue el de Luis Quiñones, ocurrido el pasado 2 de agosto, en el municipio de Tamalameque, en Cesar. (Leer más en: Disputas por tierras en Cesar rodean asesinato del líder social Luis Quiñones)

Es por ello que desde diversas organizaciones campesinas les piden a las autoridades agrarias no generalizar los señalamientos contra las comunidades rurales que solo pretenden un pedazo de tierra propio para vivir en paz.

Pero las tensiones también provienen de comunidades campesinas asentadas desde hace décadas en áreas protegidas, especialmente en parques naturales, regionales y nacionales. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) emitió una resolución el pasado 5 de agosto a través de la cual se busca regular la actividad ganadera en áreas protegidas, lo que tiene en alerta a los productores en el suroriente del país. (Leer más en: Confusión en La Macarena por exigencia de sacar ganado de parques nacionales)

Y como si fuera poco, el tema de los baldíos también genera inquietudes entre aquellos que, apelando a medios legales e ilegales, se apropiaron y acapararon cientos de hectáreas de manera irregular que son propiedad de la Nación. Sobre ellos, la Corte Constitucional anunció nuevas reglas para su apropiación mediante sentencia proferida el pasado 18 de agosto, aunque aún no se conoce la totalidad del fallo. (Ver especial periodístico Tras los baldíos de la Nación)

Este portal conversó sobre esos y otros temas con la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural con el fin de conocer la posición del actual gobierno nacional respecto a ellos y cuáles serán las directrices y metas para solucionar gran parte del desarreglo agrario en el país.

Invasiones y ocupaciones

VerdadAbierta.com (VA): ¿El Ministerio tiene ya caracterizadas las invasiones y las ocupaciones que se registran en diversas regiones del país?

Cecilia López (CL): Tenemos claro que hay una heterogeneidad en el tipo de problemas que hay con la tierra. Hay una parte de esas ocupaciones de tierras que el gobierno ha denominado invasiones, que son aquellos casos en los cuales hay intereses ilegítimos, hay intereses comerciales, hay tierreros, hay entrada de grupos al margen de la ley, eso estamos viéndolo, no tenemos los casos tan precisos, pero se está analizando ese caso.

Hay, inclusive, intereses políticos, que algunos campesinos nos habían denunciado sobre todo en la costa Atlántica. Ahí la decisión del gobierno es obvia, entrar con todos los instrumentos que la ley permite para proteger los derechos de propiedad.

Pero hemos separado ese tipo de situaciones de otras que llamamos ocupaciones, que se refieren más a la situación de campesinos, indígenas y afrodescendientes que reclaman algunas de las promesas que se le han hecho a través de la historia y no se han cumplido, y otros que hablan hasta de derechos ancestrales. Ahí la situación es bastante más compleja y la forma como el gobierno ha venido actuando con esos sectores es a través del diálogo.

El caso de Cauca es el caso más protuberante en el que actuamos de inmediato. Desde el tercer día de estar en el gobierno fuimos con la vicepresidenta Francia Márquez y con el ministro del Interior, Alfonso Prada, para iniciar esos diálogos, que avanzan con dificultades, pero ahí van. La idea es lograr que con el diálogo desalojen; si no, está el derecho que nos da la Policía.

VA: ¿En el Ministerio han tenido la oportunidad de revisar si los derechos de propiedad de algunos predios ocupados en diversas regiones del país fueron legalmente adquiridos?

CL: Otros sectores del gobierno lo están haciendo. A lo que nosotros nos comprometimos es a dar una señal positiva, inmediata, de que la reforma agraria, la entrega de títulos de propiedad, se iniciaba de inmediato. La estrategia que el Ministerio de Agricultura ha adoptado, mientras otros sectores del gobierno están haciendo esa tarea, es acelerar ese proceso y ponerse al día.

Lo iniciamos con la entrega de 681.372 hectáreas que se legalizaron. Ahí hay una pequeña proporción de tierras nuevas. Con esta decisión se beneficiaron 12.600 familias a las que se le entregaron 11.295 títulos y acceso a lo que ofrece la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que es todo el apoyo para hacer proyectos productivos.

Entonces la señal que queríamos dar muy rápido era: aquí se inició rápidamente y con resultados una política pública del gobierno, de tal manera que es fundamental que eso se interprete para que se frenen esas invasiones, o esas ocupaciones mejor, y nos den el espacio político para cumplir con lo que prometió este gobierno.

VA: ¿Esas tierras que se legalizaron son solicitudes que se presentaron hace cuánto tiempo?

CL: Hay solicitudes de hace más de diez años. Mire, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene más de 30 mil procesos de petición de solución de temas de tierras. Ha habido una acumulación que lleva años porque, claramente, no había la decisión política de resolver el tema de tierras.

VA: En ese sentido, ¿cuál es la directriz que le ha dado el Ministerio al nuevo director de la ANT?

CL: En los últimos años el Ministerio se dedicó, en vez de hacer políticas, a ser ejecutor, a entregar subsidios no siempre a los sectores más necesitados, y hubo una desconexión con los que deben ser los ejecutores, que son las agencias. Y ahí las agencias fueron manejadas muchas veces desde Palacio, sobre todo la ANT, con un mandato claro de no hacer reforma agraria, para serle sincera. Parte de los títulos que estamos entregando habían avanzado hasta cierto punto y no se entregaron. Y nosotros en muy poco tiempo logramos acelerar ese proceso.

Lo que nosotros estamos haciendo es cambiar totalmente. El Ministerio está dejando su papel de ejecutor para dedicarse a diseñar las políticas, y los ejecutores son las agencias (ANT, ADR y URT), bajo la directriz del Ministerio. Hay un mandato de acelerar los procesos.

Los directores la ANT (Gerardo Vega) y de la Agencia de Desarrollo Rural (Diego Bautista) se acaban de posesionar y mire que en tan poco tiempo muestran resultados. Eso quiere decir que han interpretado cabalmente que tienen que ejecutar muy rápidamente.

VA: ¿Qué decirle a un grupo de 20, 50, 100 familias que desde hace varios años ocupan tierras de propiedad privada y que reclaman, bajo distintos argumentos, su titulación?

CL: El mensaje es: ¿por qué no esperan? Muy rápidamente les van a llegar o tierras o legalización de los predios. Si tienen demandas en la ANT ellos son objeto de esta legalización que estamos haciendo. ¿Qué sacan con invadir predios si esa posesión no es legal y no pueden acceder a todo lo que el gobierno ofrece?

VA: Y mientras esperan esas decisiones del gobierno, que en el pasado no han sido las más eficientes, ¿qué les sugiere hacer entonces?

CL: Estamos tomando decisiones a una velocidad increíble. Pues mire, estamos entregando 681.372 hectáreas, eso el país no lo había visto. Y se van a entregar en dos meses. Seguimos trabajando para anunciar legalizaciones.

Hay diez resguardos indígenas que se van a beneficiar, lo mismo que tres consejos comunitarios, con estos primeros títulos. Es decir, aquí hay una señal de que estamos actuando a una velocidad que el país no estaba acostumbrado a ver en el Estado.

(Este portal quiso conocer los nombres de los resguardos y los consejos comunitarios, razón por la cual se le preguntó a Gerardo Vega, director de la ANT, y no respondió el mensaje)

Baldíos y zonas protegidas

VA: Pensando en ese diseño de políticas públicas desde el Ministerio, ¿cuál es la visión que tiene su despacho sobre las tierras baldías de la Nación y cómo piensan resolver su ocupación, acumulación y explotación irregular por parte de grandes terratenientes?

CL: Estamos a la espera de la sentencia de la Corte Constitucional. Es el marco con el que tenemos que actuar. De esa sentencia tenemos hasta ahora solo un boletín de prensa, pero nuestros abogados están atentos al tema. Eso le traerá al Ministerio y a la ANT un trabajo inmenso, que va a causar mucho ruido. Lo que alcanzamos a ver en ese boletín es que habrá unos esquemas complicados de devolución de baldíos que tenemos que entregar a los beneficiarios de reforma agraria.

Pero no podemos actuar con un boletín de prensa. Necesitamos la sentencia y aún no ha salido. Mientras tanto, estamos preparados con el equipo de abogados para tomar una decisión clara de cuál será la política del gobierno que obedezca y siga los lineamientos de la Corte sobre el tema de baldíos, que es uno de los temas críticos que se ha postergado durante décadas en el país.

VA: El ICA ha venido expidiendo una serie de resoluciones para contener la deforestación en parques naturales nacionales y regionales por culpa de la ganadería, siguiendo otra sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, ¿qué se viene planteando desde el Ministerio en este tema?

CL: El tema de la deforestación lo estamos agendando para discutirlo con la ministra del Medio Ambiente. Hemos estado hablando con los ganaderos, quienes están empezando a hacer propuestas que son interesantes. A raíz de la discusión que hubo en el Congreso de la República, en donde había una iniciativa de congresistas para suspender la exportación de ganado, se creó una comisión que está empezando a organizarse para mirar el tema. Eso ha bajado un poco la tensión y abrió la oportunidad de hacer un diálogo.

La ganadería en bosques y en páramos tenemos que abordarlo con el Ministerio del Medio Ambiente, que es el que, finalmente, nos dice dónde puede haber explotación agrícola sostenible y dónde no. Es un tema que está sobre la mesa y esperamos tomar decisiones conjuntas.

VA: A usted Ministra, ¿le gusta la idea de tener parques naturales con campesinos, como lo plantea un proyecto de ley presentado en la actual legislatura?

CL: El Presidente ha sido muy claro en ese tema desde su posesión y que ratificó en la Asamblea de Naciones Unidas: tenemos que proteger la Amazonía. La Amazonía es el centro del debate de desarrollo sostenible en Colombia que le dará un liderazgo en América Latina. En ese contexto es que tenemos que analizar cuál es el tipo de explotación que se puede dar.

VA: ¿Realmente el catastro multipropósito es la solución a buena parte del problema de tierras en el país?

El catastro multipropósito que, en el caso de Colombia, es de una complejidad inmensa, pero arroja información muy valiosa, se ha vuelto muy lento y costoso. Ahí estamos trabajando con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que son financiadores importantes.

Pero ya que se nombró directora en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (se trata de Ana María Aljure Reales), esta entidad, junto con la Universidad Nacional y el Ministerio de Agricultura tienen que reunirse a ver qué hacemos, cómo lo aceleramos y por dónde empezamos. Creo que hay algunas zonas donde ya se ha estado trabajando.

El punto crucial del catastro multipropósito es acercar el valor de la tierra rural a su valor comercial, y una vez eso suceda, así los municipios sigan con las tarifas que han tenido siempre, se aumentarían los impuestos, sobre todo en las zonas que han tenido valorización, que no son zonas de pequeños agricultores. Las zonas de valorización son aquellas donde han pasado las autopistas 4G y 5G, donde ha habido conectividad.

Allí donde hay grandes extensiones que son subutilizadas, el impuesto va a obligar a los dueños a tomar decisiones económicas. Si les alcanza lo que producen para pagar el impuesto y les da un excedente, se quedan así; pero si no, tendrán un estímulo para que hagan una producción mucho más rentable; o que sometan su predio a las decisiones del mercado, donde el Estado va a competir con el sector privado para la compra de esas tierras y poderlas distribuir.

VA: ¿En este gobierno hasta dónde se piensa avanzar en ese sentido?

CL: Esas son decisiones del mercado. Lo que nosotros sí tenemos son unas metas que no sé si las podemos alcanzar en cuatro años que son las del Punto 1 de La Habana (Acuerdo de Paz), que es el marco en el que nos estamos moviendo. Entiendo que son 7 millones de hectáreas tituladas y legalizadas, y 3 millones de hectáreas distribuidas. Vamos a ver cuánto podemos hacer de eso.

VA: ¿Qué presupuesto tiene su Ministerio para lograr cumplir con ese acuerdo, pactado con la extinta guerrilla de las Farc, y beneficiar a campesinos, indígenas y afordescencientes sin tierra o con poca tierra?

CL: En el presupuesto del año entrante tenemos 4 billones de pesos, eso no lo había el Ministerio de Agricultura y sus entidades hace 15 años. Ahora, ¿cuánto es para tierras? No podría decirle en este momento, pero es una parte significativa.

Este es un Ministerio que ha estado durante décadas con una participación del presupuesto nacional del 1 por ciento, no ha sido prioridad y ha ido a una lentitud impresionante. El problema ahora no es plata, el problema es cómo ejecutamos de manera eficiente.

Potencia agroalimentaria

VA: Mucha tierra está en manos de narcotraficantes, exparamilitares, y de testaferros de unos y otros. Al respecto, ¿cómo piensa proceder el Ministerio y sus agencias para clarificar esas propiedades?

CL: Parte de esas tierras se están analizando con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para saber cuáles están listas para ser distribuidas. Ahí puede que haya tierra que se le arrendó a gente que no toca. Lo que se está analizando es cómo se retira eso y se la

arriendan a las personas que sí son sujetos de reforma agraria que no están asociados a ese tipo de acciones ilegítimas. La prioridad serán las organizaciones campesinas para que produzcan alimentos y conviertan a Colombia en potencia mundial agroalimentaria.

VA: En ese propósito de convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria, ¿cómo piensa articular el Ministerio a grandes sectores agroindustriales con pequeños productores campesinos, indígenas y negros?

CL: Tenemos que trabajar con lo que yo llamo la agricultura moderna. Y para eso hemos establecido puentes. Este gobierno no va a desconocer que sectores como la palma, la caña y muchos otros, han contribuido al desarrollo, generan empleo, generan exportaciones, pero lo que sí es claro y lo que se ha venido diciendo de las cadenas productivas del maíz, la soya, la leche y amuchas otras, es que la pequeña producción no puede mirarse con benevolencia.

El mandato de este gobierno es que esos pequeños productores entren a las cadenas productivas como parte de la producción. ¿Qué se necesita? Asociarlos, hacer crédito para cooperativas, de manera que tengan el tamaño necesario para poder producir de manera más eficiente. Nada de fundaciones que les entreguen libros a los niños, aquí lo que necesitamos es que esos sectores sean productivos, que generen ingresos para una vida digna.

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Hernando Londoño, director nacional del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito,  expuso algunas restricciones que impone Parques Nacionales Naturales para su implementación y, de paso, hizo fuertes críticas a la manera cómo se concibió esta iniciativa en el Acuerdo de paz. Comunidades campesinas también se quejan.

“En vez de mejorar, nos tiene jodido el Acuerdo de Paz”, sentencia Jennifer Martínez, lideresa de la vereda San Miguel, del municipio de Mesetas, departamento de Meta. Hace cinco años, ella empezó a incentivar a las comunidades de su vereda para que se recogieran en el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc, pero cuando empezó a ver las falencias de la implementación, se alejó de los espacios de seguimiento porque prefería “estar bien con su comunidad”.

Una de las iniciativas pactadas para ofrecerle una salida a miles de campesinos, indígenas y afros, sacarlas de la ilegalidad y comenzar a superar el problema de las drogas ilícitas en el país, es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Si bien se concibió como una alternativa esperanzadora, con el paso del tiempo surgieron los tropiezos en su implementación y campesinas como Jennifer Martínez comenzaron a perder la fe en los resultados, sobre todo cuando se valoran las dificultades que afrontan las comunidades que habitan áreas protegidas, como los parques nacionales naturales de los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta.

En estos tres departamentos se encuentran los parques Chingaza, Serranía de Chiribiquete, Tinigua, Cordillera de los Picachos, Sierra de la Macarena y Sumapaz (Meta); Serranía de Chiribiquete, Cordillera de los Picachos, Alto Fragua Indi Wasi, Serranía de los Churumbelos Auka Wasi y Cueva de los Guácharos (Caquetá); y Serranía de Chiribiquete, Sierra de La Macarena y la Reserva Nacional Natural Nukak (Guaviare).

En total, se estima que abarcan 6,4 millones de hectáreas y de acuerdo con estimaciones estatales, que surgen de una caracterización sobre uso, ocupación y tenencia de tierras en los parques, son habitadas por 700 familias, compuestas por 2.385 personas.

Los problemas de las comunidades surgen porque Parques Nacionales Naturales (PNN), la entidad encargada de tutelar esas extensas reservas naturales, adoptó políticas de conservación ambiental que ahora riñen con la implementación del PNIS, situación de la que se quejan las comunidades y que intenta resolver el director nacional del Programa, Hernando Londoño.

Para precisar qué pasa con la implementación del PNIS en zonas de reserva, VerdadAbierta.com conversó con Londoño, quien desde hace tres años lleva sobre sus hombros la responsabilidad de cumplirle a las 99.097 familias que han decidido erradicar de manera voluntaria sus sembradíos de hoja de coca para uso ilícito en los 14 departamentos donde tiene presencia esta iniciativa y en el que se han invertido 1,7 billones de pesos,  según datos del gobierno nacional.

VerdadAbierta.com (VA): ¿Cómo califica, en general, la implementación del programa en esta subregión Guaviare y sur de Meta, donde hay presencia de comunidades en zona de reserva?

Hernando Londoño (HL): Yo llego hoy a La Macarena y quiero implementar el PNIS y el director del Parque me dice: ‘qué pena, usted no puede traer abejas porque las abejas son una especie introducida y usted no puede meterla al Parque’, entonces me frena el PNIS.

En términos generales, si a uno le preguntan cómo va el PNIS en esos territorios uno dice: hemos hecho un esfuerzo por cumplirle a las familias y las cifras no lo contradicen, las cifras nuestras son inmensamente significativas. Pero si uno va a mirar por qué no hemos implementado proyectos, hombre, porque Parques [PPN] no nos deja entrar.

Yo tengo problemas con los operadores que no pueden implementar el proyecto productivo porque Parques no me permite entrar, ni siquiera a mí como gobierno. O sea, Parques no ha entendido que el punto 4 del Acuerdo de Paz es constitucional, es una obligación constitucional del Estado. El presidente Duque quiere cumplirle a las 100 mil familias, quiere entregarle los recursos.

Pero no puedo entrar porque, obviamente, hay restricciones ambientales y porque el PNIS no se pensó para Parques. El PNIS se pensó como si fuéramos a sustituir cultivos ilícitos en el Valle, en el Magdalena Medio donde se puede titular o donde no hay problemas. Y así no funciona.

Las familias están en territorios muy complejos, las familias que cultivaban coca y que resolvieron voluntariamente erradicar los cultivos no están en la Sabana de Bogotá, están en unos territorios complejos donde no hay accesos, donde no hay vías, donde no hay títulos. Están en el territorio donde, además, hay factores que están permanentemente presionando a las familias para que retornen a la ilegalidad.

VA: ¿Cómo va el Programa en Guaviare?

HL: Los cinco componentes del programa de sustitución son: el primero, la asistencia alimentaria, que son los pagos de los 12 millones de pesos en efectivo que le entregan a cada familia. El segundo componente es el de la asistencia técnica integral que son 24 meses de asistencia técnica. El tercer componente es el de los proyectos productivos de huertas caseras. El cuarto componente es el de proyectos productivos de ciclo corto. Y el quinto es el de proyectos productivos de ciclo largo. Todo eso sumado da 36 millones de pesos por familia.

En Guaviare, en pagos, vamos en el 88 por ciento de la asistencia alimentaria; el 93 por ciento de las familias tienen asistencia técnica; el 89 por ciento tiene proyecto de huerta casera; el 85 por ciento de los recolectores están atendidos y es la cifra más alta del país, porque en el resto del territorio tengo el 40, el 35, el 20. Y el 4 por ciento de las familias ya ingresaron a los proyectos productivos de ciclo corto.

VA: ¿Y por qué tan bajo ese 4 por ciento?

HL: Lo primero que hacía el programa era atenderlos en asistencia alimentaria, después en asistencia técnica, huertas caseras y después proyecto productivo ciclo corto, o sea, es secuencial. Ahora, si a uno le dicen que ‘¿por qué está tan atrasado?’, pues porque esto valía 3.6 billones de pesos y el gobierno no los tenía. Si nos hubieran dejado la plata, pues reclámenme y diganme por qué no ha avanzado teniendo la plata, pero a mí me dan la plata puchitos. Ha habido años en que me dan 300 mil millones de pesos, habiendo solicitado 1.1 billones.

Son 7.200 familias sólo en Guaviare a las que el programa les ha entregado 96.969 millones de pesos en tres años. ¿Sabe cuánto se tardaría la Gobernación de Guaviare para llevar 96.969 millones a todo el sector agropecuario del departamento? 50 años, porque el presupuesto de inversión para todo el sector agropecuario de la Gobernación de Guaviare es de menos de 2.000 millones de pesos al año, no para 7.200 familias, sino para las más de 40 mil o 50 mil que hay en Guaviare.

Entonces, no pueden decir que el gobierno no está cumpliendo, no pueden decir que no se ha hecho un esfuerzo inmenso. Es una realidad. Yo digo, venga, esto sólo va para los cultivadores que dejaron la coca, ¿cuándo le regalan un peso al que nunca ha sembrado coca? A ese pobre señor le toca ir al banco al que le presten al DTF + 2 (una tasa de interés variable) porque regalado no le dan ni un tinto en el banco, después se lo cobran en los intereses.

Cuando salen los cultivadores de coca allá a decir que es que el gobierno no les ha cumplido, que es que el gobierno no les ha llevado, ¡hombre, de por Dios! Algo nos está faltando de pedagogía en los territorios porque no se ve la realidad.

VA: ¿Y cómo va en Meta?

HL: En Meta es similar. Vamos en el 95 por ciento en pagos, o sea más alto; en el 98 por ciento en asistencia técnica; en el 95 por ciento en huertas caseras; y en el 7 por ciento en proyectos productivos. Sin embargo, en recolectores no voy sino en el 17 por ciento, pero a las 9.644 familias de Meta vinculadas al PNIS ya se les han entregado 114.855 millones de pesos.

El presupuesto de la Secretaría de Agricultura, todo, incluida nómina, de los últimos tres años, tendría que multiplicarse por 17 veces para llegar a 114 mil millones, es decir, sería en 52 años.

VA: Y en términos de sustitución voluntaria, ¿cómo van en ambos departamentos?

HL: En Meta se ha sustituido 4.130 hectáreas y en Guaviare 3.394. Hemos entregado una cantidad de plata impresionante. Si yo te digo cuánta plata voy a invertir en lo que resta del año en Meta y en Guaviare pues las cifras son inmensas. En Guaviare, son más de 50 mil millones de pesos y en el Meta son casi 70 mil millones.

VA: ¿Cómo se aseguran de que en esta región no vayan a volver a cultivar si la mayoría de los habitantes de esta región no poseen títulos de propiedad de los predios?

HL: Aquí hay dos temas que son fundamentales: uno, las zonas no titulables por ser Parques, que eso me parece perfecto, pero también las zonas no titulables porque son zonas de reserva forestal de la Ley 2 de 1959.

Después de una lucha muy grande este gobierno se dio la ‘pela’ de tramitar el Acuerdo 58, que es el de los Contratos de Conservación Natural y Derechos de Uso, y es otorgarle un derecho de uso a una familia que está en Ley 2 de 1959, que no es titulable, pero permitirle tener ese derecho de uso por 10 años, prorrogable y heredable, que es como otorgarle un título, lo único que le pide es que suscriba un contrato de conservación natural donde se le pide a la familia que conserve las condiciones en las cuales están los territorios.

Con ese contrato de conservación y ese derecho de uso, la familia puede, en primer lugar, implementar el PNIS porque yo puedo invertir recursos en una área que está formalizada, lo que no puede el Estado es implementar el PNIS donde la familia no tiene formalizada la propiedad o el uso del suelo.

Eso es excelente porque le permite a las familias que toda la vida han peleado por los títulos en zona de reserva forestal, está bien, no le titulan el baldío porque es reserva forestal, pero le otorgan un derecho de uso para que se puedan quedar en ese territorio, entonces es bueno.

Pero la gente no aprecia eso y dice: ‘yo llevo aquí 30 años, ¿cómo así que ahora me van a dar el derecho a usar esto y fuera de eso me descuentan dos millones de pesos?’ Yo le digo: ‘no, es que esto no vale dos millones, lo que vale dos millones de pesos es el trámite, es el topógrafo, es la georreferenciación, es hacer todo el trámite con la Agencia Nacional de Tierra’.

De hecho, yo no fijé esas tarifas. A mí la Agencia Nacional de Tierras me dijo que valía dos millones y medio, pero pues yo llegué a un acuerdo en que no pago más de dos millones de pesos por ese trámite porque no me parece descontarle a la gente tanta plata.

¿Por qué se da tanta presencia de cultivos ilícitos en esos territorios? Porque a quien le encuentren un cultivo de coca no le pueden quitar nada porque no es dueño de nada, por eso la presión de los grupos al margen de la ley está sobre aquellos territorios donde no se puede titular.

VA: ¿Qué pasa en el caso específico de las comunidades de Tercer Milenio, Puerto Cachicamo o Nueva Colombia, que se encuentran dentro del Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena?

HL: Efectivamente, una de las dificultades que ha tenido el PNIS, por los problemas de planificación en su implementación desde el principio, es que no se concibió que sustituir cultivos ilícitos en áreas de manejo especial tales como parques nacionales requiere la autorización de la autoridad ambiental, que en este caso es la Unidad de Parques.

En virtud de que se requiere una autorización, PNN ha dicho que los lineamientos técnicos para sustituir cultivos tienen que enmarcarse en los lineamientos del manejo del parque, en este caso es la restauración, la recuperación; y que no hay posibilidades de adelantar actividades económicas productivas diferentes a lo que se pueda obtener con negocios verdes provenientes de productos no maderables del bosque y otras actividades como ecoturismo y de ese tipo.

Hasta tanto la autoridad nacional que tiene que ver con el manejo de los parques no nos dé los lineamientos, ejecutar el PNIS con estas familias que decidieron sustituir voluntariamente cultivos ilícitos, pues, no se ha podido adelantar. Venimos manejando mesas de trabajo con ellos y hemos llegado a acuerdos, pero igualmente la gente que está dentro de los parques tiene que entender que el cultivo de coca es ilícito y que la sustitución sólo puede darse en virtud de una restauración y recuperación de las áreas ambientales.

Entonces, esa dificultad que hemos tenido desde la dirección de sustitución de cultivos, ha atrasado la implementación y la ejecución de esa sustitución especialmente a familias que están dentro de los parques nacionales naturales.

Eso se da en esas veredas que he mencionado porque es donde, hoy por hoy, tenemos más inconvenientes en la implementación, pero no solamente porque tengamos familias dentro de parques que suscribieron acuerdos de situación voluntaria de cultivos, sino porque son las veredas donde más cultivos se están presentando actualmente y donde ha habido más problemas con la Fuerza Pública cuando llega a erradicar.

VA: Cuando un equipo periodístico de este portal estuvo con comunidades de Tercer Milenio, Puerto Cachicamo o Nueva Colombia, que se encuentran dentro del Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena, que no tienen títulos, recogió testimonios de familias que aseguraban que aun así eran beneficiarias del PNIS, ¿es así?

HL: Sí. En primer lugar, a la gente se le pagó los 12 millones. La gente hubiera podido con esos 12 millones salir a buscar un predio afuera porque tenían una plata en efectivo, pero la gente no lo hizo.

A la gente también se le dio asistencia técnica, a la gente también se le han llevado los apoyos de las huertas, porque Parques cedió y nos entregó lineamientos para la implementación de la seguridad alimentaria, entendiendo que la gente tiene que comer.

Pero vamos llegando ya al componente de proyectos productivos y ahí sí estamos mal.

VA: En estas regiones, las familias dicen que 12 millones no es una cifra que asegure que una familia de cinco personas sobreviva, de cara además de los incumplimientos en los pagos. ¿Qué responde a esta crítica?

HL: Pero el salario mínimo mensual rural puede estar por los 500 mil, o sea, son dos años de salario mínimo, además la gente no tiene solo coca, la gente tiene otras actividades. Eso lo hemos detectado en todos los casos.

Lo fácil es decir: ‘sí, es que 12 millones no alcanzan para nada’, pero ¿a cuál campesino que no ha sembrado coca le han regalado 12 millones? Recordemos que ellos vienen de una actividad que mal que bien es ilegal.

Sí, el programa está atrasado, pero, primero, crearon un monstruo de 3.7 billones sin tener un peso; segundo, crearon un programa para atender de una manera que no se podía porque estaba en territorio donde no se podía hacer el PNIS como estaba, o sea, le faltó toda la planeación del mundo. Y, tercero, se pusieron a entregar una cantidad de incentivos que lo que hace es motivar a que los vecinos se pongan a sembrar coca. Es un incentivo perverso.

Esa suma de cosas está generando ese caos social en los territorios. La gente todavía no ha entendido que esta fue una oportunidad que le dio el Estado, que le dio el gobierno, para que dejara los cultivos y que se pusieran de acuerdo y cogieran lo poquito o mucho que les da el gobierno y hagan algo propositivo. La gente vive peleando porque no le damos. Yo le digo, pero venga, ¿cuánto se les ha dado? Me parece injusto en esos territorios con los que no han sembrado coca.

VA: Todo esto resume un poco el problema agrario en Colombia.

HL: No se puede pensar que un programa de sustitución voluntaria vaya a solucionar los problemas del campo. Este es un componente, pero acordémonos que el punto uno del Acuerdo tiene la Reforma Rural Integral En últimas no podemos pretender que el PNIS solucione todos los problemas. El PNIS está enfocado en sustituir cultivos ilícitos, no a solucionar problemas de tierras, no a solucionar problemas ancestrales de otros componentes de la reforma,  como vías terciarias, infraestructura productiva, comercialización y mercadeo. Si le pedimos todo eso a un sólo programa, pues obviamente esto será un fracaso.

Si esto lo volvemos integral dentro del PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque  Territorial) y de la Reforma Rural Integral, seguramente vamos avanzando, pero pedirle todo al PNIS es un error..

VA:¿Desde su perspectiva, usted cree que hoy en día la gente le cree al PNIS?

HL: El PNIS ha venido cumpliendo al ritmo que los recursos del Estado le permiten porque, además, nos llegó la pandemia, la plata se fue para otras cosas porque la pandemia exigió otras prioridades y otras obligaciones. Sin embargo, este año el gobierno dijo: ‘oiga, hay que cumplirle a las familias PNIS’ y este año me dieron 700 mil millones de pesos. Esa es la plata que tiene el Ministerio de Agricultura para hacer inversión en todo el país. Yo estoy en 56 municipios y el país tiene 1.130 municipios.

Yo tengo 700 mil millones sólo para invertir en 100 mil familias. No son ni el 5% de las familias del sector rural y le estoy entregando el 70% del presupuesto del Ministerio de Agricultura.

Que crean en el PNIS o no crean en el PNIS casi que, como dijo un amigo, ya me tiene sin cuidado. A la gente se le está cumpliendo con los pagos, a la gente se le está cumpliendo con la asistencia técnica, a la gente se le está cumpliendo con las huertas caseras y a la gente se le están contratando los proyectos productivos de ciclo corto.

Programa alternativo

VA: Desde el año pasado, el gobierno propuso Hecho la Medida, una estrategia para las familias que no estaban en el PNIS. ¿En qué va esa estrategia?

HL: PNIS es una obligación que tiene el gobierno con 100 mil familias, que se lo dejaron heredado, pero eso no puede desviar la atención de que hay en Colombia otras 140 mil familias que hoy tienen coca.

Las 100 mil familias de PNIS ya cumplieron y dijeron: ‘listo, acabamos 44.185 hectáreas’, pero hoy hay otras 140 mil familias que tienen cultivos ilícitos. Y, ¿qué se les puede ofrecer a ellas que no sea PNIS?

Hecho a la Medida no es a la medida del gobierno, es a la medida del territorio y construido con los territorios, en los territorios y con las comunidades. Cada territorio tiene una medida especial, cada comunidad tiene una medida especial. Es una construcción colaborativa, donde pone la Gobernación, pone la Alcaldía, pone la gente, ponemos nosotros, pone la cooperación internacional.

Vamos a una comunidad, por ejemplo, la vereda El Indio. Hay 300 familias de las cuales hay 100 que tienen coca y dicen ‘vengan, nosotros queremos acabar la coca de toda la vereda, ¿por qué no nos ayuda con un proyecto?’. Nos vamos, decimos, ‘venga, miremos aquí el uso del suelo qué nos permite, miremos aquí como están las condiciones de tenencia de la tierra, miremos a ver aquí qué es lo que podemos producir y se pueda comercializar y vender’.

Y entre todos construimos una propuesta que tenga un componente de formalización de la propiedad, que tenga un componente ambiental, que tenga un componente de ciclo corto productivo para generar seguridad alimentaria, ingresos cortos y que tenga un proyecto de mediano y largo plazo asociativo, colectivo, territorial, que podamos apalancar con un privado que esté dispuesto a absorber la cosecha.

Pero a la gente no le gustó, ¿por qué? Porque no eran los 36 millones de pesos. La gente ahora lo que dice, es: ‘No a mí deme los 36 millones, si no me da eso, yo no voy a arrancar’. Entonces ahí tenemos un problema y es que cuando llega el momento en que le dice a las familias, suscríbame el acuerdo de erradicación voluntaria para poder iniciar el proyecto le dicen: ‘Ah, no. Si no me trae la plata, no’. Entonces es como si estuviéramos comprando cultivos de coca y el Estado no compra cultivos de coca.

VA: Pero según eso, ¿Hecho a la Medida no se ha implementado en el país?

HL: Sí, claro. Tenemos un proyecto en Vichada; en Arenales y Morales, Sur de Bolívar;  en Sardinata, Norte de Santander, con la Gobernación y la Alcaldía; tenemos uno de miel de abejas, que creo que estamos montando también en el Norte de Santander; tenemos uno en Valdivia, Antioquia, que ya tiene el concepto de viabilidad sectorial; tenemos uno en Timbiquí con la alcaldesa para coco; tenemos uno, inclusive, con el alcalde de Barbacoas, para sustituir coca mediante un título de minería artesanal, con un título formalizado.

Estamos construyendo uno en Meta que es ambiental para atender familias no PNIS también en Parques que se está construyendo con la Gobernación y con el Ministerio de Ambiente. Estamos avanzando.

VA: Tal como lo evidenció la masacre de la comisión de tierras en Mesetas, ¿funcionarios del PNIS han tenido problemas en territorio con actores armados ilegales?

HL: Sí, hemos tenido amenazas. En Meta, nuestra profesional en el municipio de Mesetas está amenazada. Está amenazado obviamente el coordinador. En Guaviare sí que están amenazados allá en Calamar. Están amenazados ahí en la zona de Puerto Concordia y en esa zona que es limítrofe, Meta-Guaviare, ahí también tenemos problema. Tenemos amenazas en Caquetá, tenemos amenazas en Putumayo, tenemos amenazas en Tumaco; amenazaron a varios.

Esto no es fácil, porque uno está tratando de que la gente se retire de una actividad ilícita que afecta a los intereses de los grupos al margen de la Ley.

VA: ¿Qué les dicen en estas amenazas?

HL: Que no nos quieren volver a ver en el territorio, que no pueden ir. ‘Dígale a fulano que no aparezca por acá, porque aquí no queremos verlo’.

VA: ¿Y cómo se están protegiendo los funcionarios del PNIS?

HL: Nosotros tenemos, en el marco del programa de sustitución y lo que hace la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, la estrategia de protección de líderes, que es clarísima, y la ruta de protección de líderes y cómo debe seguirse esa ruta para que cualquier alerta tenga una rápida reacción de las entidades para brindarles protección.

Lo mismo sucede con los funcionarios nuestros, que no tienen el carácter de líderes porque la Unidad Nacional de Protección no nos brinda protección a los funcionarios, pero sí por lo menos ante Fiscalía y ante las autoridades de Policía de cada uno de los territorios se deja expresa evidencia de la amenaza para que determinen las acciones que se requieran tomar con los funcionarios.

VA: ¿Y esto ha hecho que no vayan a terreno?

HL: Pues yo tengo que cumplirle a las familias. Yo tengo contratistas que están ejecutando entregas esta semana en Uribe, entregan lo de seguridad alimentaria y están entregando lo del proyecto de ciclo corto. Toca con seguridad y tratando que ellos vayan con protección, pero no es fácil.

Las familias no pueden ser las que resulten afectadas porque los funcionarios estén amenazados. Ahí lo que nos toca es tener muchísimo cuidado de cómo hacemos esa atención para que no vaya a suceder lo que le pasó a la gente de la Unidad de Restitución de Tierras.

VA: Por último, ¿cuáles son las zonas más retadoras para implementar el PNIS?

HL: En Colombia hay hay seis enclaves de cultivos ilícitos, seis sitios donde se está generando la mayor producción, la mayor transformación y el mayor desarrollo de la actividad ilícita alrededor de los cultivos de coca y son en Nariño, son en Argelia y El Tambo en Cauca, son en Puerto Asís en Putumayo, son en el Catatumbo, son en el sur de Meta y norte de Caquetá y Guaviare, y Nordeste antioqueño y sur de Córdoba.

En esos sitios, donde se está concentrando la mayor producción y productividad de cultivos ilícitos, quiere decir que hay todavía mucho por hacer, mucho por avanzar, pero en términos generales en el Meta y en Guaviare ha habido buena respuesta y se ha podido avanzar, digamos que no todo es tan difícil ni tan malo.

Esta entrevista surgió de una misión de prensa a los departamentos de Guaviare y Meta coordinada por el Programa Somos Defensores.

* Foto de portada Proclama del Cauca.

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Foto: Ricardo Cruz.

De acuerdo con el más reciente informe sobre la presencia de cultivos ilícitos en el país, elaborado por la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la región conocida como Nudo de Paramillo, ubicada en los límites de los departamentos de Antioquia y Córdoba, donde además se encuentra el Parque Nacional Natural Paramillo, está inundanda de hoja de coca. (Ver informe SIMCI 2016)

Tras analizar los datos consignados en el Informe, donde se advierte un incremento del 52 por ciento en las hectáreas sembradas con hoja de coca en todo el país, al pasar de 96 mil ha en 2015 a un total de 146 mil ha detectadas en 2016, se observan también preocupantes aumentos en las áreas de cultivos ilícitos en los municipios antioqueños y cordobeses que conforman esta región.

Así, por ejemplo, Antioquia registró un exorbitante incremento del 269 por ciento en el número de hectáreas sembradas con hoja de coca, al pasar de 2.402 monitoreadas en 2015 a un total de 8.855 al finalizar 2016. Lo anterior se explica por el auge que nuevamente está experimentando la hoja de coca en municipios del Norte y Bajo Cauca antioqueño como Tarazá, Cáceres y Valdivia. Allí se concentra el 63 por ciento de los sembradíos del departamento. A esto se suma que localidades como Ituango, Caucasia, Chigorodó (Urabá) y Anorí (Nordeste), también registraron incrementos en la presencia de cultivos ilícitos.

Con relación a Córdoba, el informe reseña que este departamento pasó de contar con 1.363 hectáreas de cultivos ilícitos en 2015 a 2.668 en 2016. Este aumento se concentró principalmente en los centros poblados de Juan José, en Puerto Libertador; Frasquillo, en Tierralta; y Tierradentro, en Montelíbano, todos ellos territorios limítrofes con el Bajo Cauca, el Norte y el Urabá antioqueño. El Parque Nacional Natural Paramillo también registró incrementos en las hectáreas sembradas con hoja de coca, pues pasó de 772 en 2015 a 1.301 en 2016, siendo el tercer parque con mayor presencia de cultivos ilícitos luego de La Macarena (2.386) y Nukak (1765).

La preocupación no es solo por el aumento de los sembradíos de hoja de coca. Estas localidades registran actualmente una intensa actividad criminal por parte de grupos armados herederos del paramilitarismo. Informes de Riesgo elaborados por el Sistema de Alerta Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, como el No. 037-16 de Inminencia del 23 de noviembre de 2016 y el No. 007-16 del 8 de marzo de 2016, permiten establecer que las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también llamadas Clan del Golfo, ya consolidaron su poder ilegal en el Urabá antioqueño y ahora buscan cruzar las serranías de Ayapel y Abibe, que nacen justamente en el Nudo de Paramillo, para expandir su dominio territorial al Occidente, Norte y Bajo Cauca antioqueño así como al sur de Córdoba.

Tensión en el Paramillo por avance gaitanista

Con ello consolidarían un importante corredor para el tráfico de drogas que se extendería desde las costas de Turbo, Necoclí, Arboletes y San Juan de Urabá, en el Urabá antioqueño, hasta las riberas del río Cauca en Cáceres y Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Todo ello motivado, además, por la salida de la guerrilla de las Farc de la región. En efecto, durante décadas este grupo insurgente convirtió el Nudo de Paramillo en uno de sus bastiones inexpugnables. Allí, los frentes 58, 18, 36 y 54 de las Farc mantuvieron un férreo control del territorio, la población y la economía local que, en su mayoría, giró en torno a la hoja y la pasta de coca.

Era este grupo guerrillero el que compraba la pasta de coca a los campesinos, regulaba el ingreso de compradores de pasta a las regiones cocaleras y cobraba tributo a los narcos que procesaran o transportaran clorhidrato de cocaína en sus territorios. Pero, sin las Farc en el escenario, muchos analistas se preguntan qué cambios experimentará esta actividad económica ilegal y si dichas transformaciones serán traumáticas y violentas.

Briceño, ante el reto de construir paz sin cultivos ilícitos

En el centro de todo este debate se ubican las iniciativas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos suscritas en el marco del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, que ya comienzan a ser observadas con lupa, pues su efectividad o fracaso determinará en buena medida el rumbo de la política antidrogas en el país y la implementación del Punto Cuarto del Acuerdo de Paz.

Briceño ya comenzó a arrancar sus matas

Foto: Ricardo Cruz.

Precisamente, muy cerca del Nudo de Paramillo, en el municipio antioqueño de Briceño, se desarrolla el “esfuerzo conjunto para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”, una de las experiencias piloto en el país para desincentivar la siembra de hoja de coca gracias a una intervención integral por parte de los gobiernos nacional, regional y local; la participación activa de las comunidades campesinas y el acompañamiento permanente de delegados del gobierno nacional y las Farc.

Este plan piloto fue anunciado en un concurrido acto público que tuvo lugar el 16 de julio de 2016 en la escuela del corregimiento Pueblo Nuevo. Allí estuvieron presentes Rafael Pardo, ministro para el Postconflicto; y Félix Antonio Muñoz, conocido como ‘Pastor Alape’, delegado plenipotenciario de la guerrilla de las Farc, quienes presentaron la iniciativa como una “medida de construcción de confianza de carácter humanitario”.

“El Esfuerzo conjunto” planteó una hoja de ruta para sustituir voluntariamente los cultivos ilícitos en 11 de las 35 veredas del municipio. El rol protagónico de todo el proceso lo tienen las comunidades campesinas cocaleras, quienes, a la fecha, han realizado un intenso ciclo de reuniones y asambleas cívicas para concertar proyectos productivos, sociales y de infraestructura para sus territorios como paso fundamental para iniciar la sustitución. Todo ello con el acompañamiento permanente de voceros del gobierno nacional y las Farc.

Los encuentros también permitieron elaborar un diagnóstico más preciso sobre el grado de dependencia económica de los labriegos al cultivo ilícito. En Briceño, donde la hoja de coca está presente en 30 de sus 35 veredas y el 90 por ciento de la frágil economía local gira en torno a esta mata, se pudo determinar que un campesino obtiene recursos mensuales superiores a los 900 mil pesos, ya sea productor o raspachín, y que solo en las veredas priorizadas existen unas 450 hectáreas con la hoja.

Aunque este procedimiento ha sido fuertemente criticado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, al calificarlo de ‘picaresco’, funcionarios locales y labriegos del municipio consultados por VerdadAbierta.com defienden el proceso y destacan los avances que ya comienza a arrojar el “Esfuerzo conjunto”.

Según Jader Sucerquia, coordinador de la Oficina de Paz del municipio de Briceño, “aunque inicialmente el plan era solo para las once veredas priorizadas, al final las otras 24 decidieron sumarse a la iniciativa, lo que muestra la confianza de la comunidad en este proceso”. De acuerdo con el funcionario, “serán 1.138 familias beneficiadas quienes recibirán por espacio de un año dos millones de pesos. De ese número ya se tienen verificadas e inscritas unas 808 y ya se les realizó pagos a 643 familias productoras el pasado 13 de junio”.

El coordinador de la Oficina de Paz explicó que “aún queda pendiente el tema de los recolectores –raspachines-. Ellos recibirán un auxilio de un millón de pesos mensuales durante un año y ayudarán no solo a arrancar las matas de coca sino a sembrar los proyectos productivos. Estamos afinando la figura mediante la cual se les vinculará a este proceso y se les pagará. Lo cierto es que para finales de este año esperamos que más de la mitad de los cultivos ilícitos ya sean historia en el municipio”.

En veredas como El Pescado, los labriegos ya comenzaron a arrancar las matas de coca. Dayron Lopera, presidente de la Junta de Acción Comunal de esta vereda, señala que allí serán por lo menos 80 las familias impactadas con la iniciativa. “La gente está cansada del conflicto, de todo lo que trae detrás esos cultivos. Y como a la gente ya le comenzó a llegar la plata entonces ya comenzaron a arrancar los ‘palos’ de coca. Lo que todavía no llegan son los proyectos productivos. Tampoco hay entrega de títulos de tierra, cómo habían dicho que iba a pasar. Pero a pesar de eso, la gente está animada y está creyendo en el gobierno”.

Buena parte de la credibilidad que hoy goza el gobierno nacional radica en la entrega obras de infraestructura que se habían convertido en demandas históricas de los briceñitas. Una de ellas era el puente sobre la quebrada El Pescado, que mejorará la conectividad del corregimiento Pueblo Nuevo con la cabecera municipal. La obra tuvo un valor de 4.600 millones de pesos. A esto se suma la entrega de una nueva escuela en la vereda El Orejón, donde se desarrolló un desminado humanitario recientemente.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Desde las localidades vecinas de Ituango y Valdivia llegan informaciones que hablan de que los denominados ‘gaitanistas’ están presionando a las comunidades campesinas para que continúen con los cultivos ilícitos, que su presencia en el territorio es cada vez más notoria. De no atenderse esta situación por parte de las autoridades militares y de Policía, el Nudo de Paramillo terminará convertido en despensa cocalera y muy seguramente los esfuerzos de paz se echarán al traste.

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Los campesinos, que han vivido en zonas declaradas Parques Nacionales, consideran que la propuesta del Gobierno no debe limitarse a vincularlos en programas de conservación. También en ofrecerles garantías de acceso a tierras y calidad de vida. Foto: archivo Semana /Ministerio de Agricultura.

A la inconformidad expresada por los indígenas y las Farc sobre cómo el gobierno nacional ha formulado proyectos normativos para implementar el acuerdo de paz alcanzado con la guerrilla de las Farc, se suman los campesinos que han vivido en dentro de algunos de los parques nacionales naturales del país. La razón: el Ministerio de Ambiente no acogió sus propuestas en un nuevo proyecto de Decreto Ley que venían planteando desde 2012 (Lea el Acuerdo de Voluntades)

Durante esta semana delegados campesinos ante la Mesa de Concertación Nacional y funcionarios de Parques Nacionales, institución que dependen de ese Ministerio, han sostenido varias reuniones para llegar a un consenso sobre dos borradores de Decreto, uno propuesto por esta cartera y el otro por los campesinos. El sólo título revela el enfoque de cada uno: mientras el Ministerio se refiere a “medidas para el manejo de conflictos socioambientales generados por el uso, ocupación y tenencia en las áreas del Sistema de Parques Nacionales”; el de las comunidades propone “medidas tendientes a solucionar conflictos territoriales en áreas habitadas por comunidades campesinas declaradas parte del sistema de Parques Naturales”. (Lea propuesta del Gobierno y la propuesta campesina)

Según la delegación campesina ante la Mesa de Concertación Nacional, su desacuerdo está en que el gobierno nacional plantea una propuesta de “Parques sin campesinos”, exigiendo su salida de las áreas protegidas y vinculándolos a procesos de conservación y recuperación, pero sin “reconocerles derechos asociados a la tierra”. Los labriegos explican que su situación es crítica; primero, porque muchos de los parques fueron creados sin tener en cuenta los colonos que previamente vivían allí; y segundo, porque han sido víctimas del conflicto armado.

Sobre las áreas declaradas Parques Nacionales Naturales, según la Ley 2 de 1959, está prohibido adjudicar baldíos, vender tierras y realizar actividades industriales o de alto impacto que afecten la fauna y flora de esas zonas. Los campesinos reconocen que en algunas de ellas la intervención del ser humano ha afectado los ecosistemas, pero que sus comunidades han demostrado compromiso real en la preservación y conservación de la riqueza natural. “Pero el decreto propone sacar a los campesinos sin plantear soluciones. Propone medidas que ha incumplido por años y que superan su capacidad institucional”, indican los campesinos.

VerdadAbierta.com recopila algunas historias de comunidades que han vivido en Parques Nacionales Naturales, y que llevan décadas esperando un reaseantamiento o una indemnización. Algunas no han podido volver por la restricción que existe sobre estas áreas; pero también por la presencia de segundos ocupantes o grupos armados ilegales.

Siguen esperando

Adolfo Lafaurie es el presidente de la Asociación Ecológica de Caño Clarín Viejo, una organización campesina que reúne a 23 familias sobrevivientes del conflicto armado en la Costa Caribe. Inicialmente eran 32 y vivían en una porción de lo que el gobierno nacional declaró en 1964 como Vía Parque Isla de Salamanca, un área de 56 mil 200 hectáreas en el departamento de Magdalena, donde confluyen las aguas del río Magdalena y del Mar Caribe. Lo bautizaron “vía” porque el área recorre justo la carretera que comunica a Santa Marta con Barranquilla.

Lafaurie relata que las familias campesinas llegaron a esta zona en 1947 y pese a la declaratoria de Parque veinte años después, las familias venían preservando el lugar. El líder cuenta que para 1998 el director de Parques Nacionales era Juan Vergara Yepes y el ministro de Ambiente, Eduardo Verano de la Rosa, actual Gobernador del Atlántico: “El gobierno nos pidió que levantáramos las alambradas que dividían las parcelas porque nos ofrecían una reubicación directa. Inocentemente les creímos, pero desde ese año seguimos esperando el reasentamiento”.

Mientras esperaban soluciones, la violencia paramilitar los desplazó. Como fue documentado en los tribunales de Justicia y Paz, el 22 de noviembre de 2000 por lo menos 70 paramilitares del Bloque Norte de la Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) recorrieron en seis lanchas el Caño Clarín y cometieron una masacre en el corregimiento de Nueva Venecia que, según datos oficiales, dejó 39 muertos. La comunidad estima que fueron por lo menos 50 campesinos entre los asesinados y desaparecidos. Las poblaciones de la Ciénaga Grande se desplazaron tras ese acto de barbarie. (Leer más en: Masacre de Nueva Venecia)

En 2008, dos años después de concluir el proceso de desmovilización de las Auc acordado con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), los campesinos de Caño Clarín retornaron, pero se encontraron con unas tierras desoladas por la guerra. “Ya ni había Caño. Estaba todo sedimentado. Cuando nosotros estábamos lo manteníamos activo”, recuerda Lafaurie.

A la falta del prometido reasentamiento, las familias intentaron levantar de nuevo los ranchos, pero Parques Nacionales insistió en que ellos no podían habitar en esas tierras. En varias oportunidades, los ranchos y alambradas fueron removidos.

Ahora, su esperanza está en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que les pidió que buscaran predios, porque, según les explicaron, el gobierno nacional puede comprar tierras para reubicarlos. “Ya buscamos los predios y radicamos la documentación en la Agencia. Esperamos que esta vez nos cumplan. Nosotros no somos invasores; queremos tierras para sobrevivir”, reitera Lafaurie.

En la actualidad existen dos borradores de Decreto Ley sobre Parques Nacionales: uno del Gobierno y otro campesino. Los últimos relatan cómo durante décadas el Estado les ha prometido reasentarlos y a la fecha, siguen esperando. Foto: archivo Semana /Ministerio de Agricultura.

Una historia similar es la de los campesinos del Nudo del Paramillo, un área montañosa de 460 mil hectáreas entre los departamentos de Córdoba y Antioquia declarada Parque Natural Nacional en 1977. El lugar ha sido escenario de la guerra durante varias décadas. Por allí han pasado el Epl, las Farc, Las Auc y, en la actualidad, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. (Lea: Tensión en el Paramillo por avance ‘gaitanista’)

Humberto Arcia es líder de las familias desplazadas que vivían en los aldedores de los ríos Tigre y Manso y que fueron desplazadas por paramilitares en 1998. Según relata, la guerra terminó fragmentando a las 462 familias que estaban organizadas en 16 comunidades: “unas están ahora en Carepa; otras en Tierra Alta; unas más en Montelíbano y otras en San José de Uré.  Del total, solo 38 fueron reubicadas por el gobierno”, indica. Las demás tratan de sobrevivir buscando dónde cultivar alimentos y en otras actividades. “Es difícil ver que no tenemos nada, muchos ‘viven’ de vender chance, rifas, y los jóvenes, del ‘mototaxismo’”, agrega.

Arcia explica que ellos son colonos que llegaron al territorio en 1963 y que el gobierno nacional lo declaró Parque 14 años después, sin tener en cuenta que ellos vivían allí y sin ofrecerles una alternativa. Aunque algunos sobrevivieron a los embates de la violencia, ni siquiera se atreven a volver porque el conflicto persiste. “Nosotros queremos es una indemnización para comprar alguna tierra y cultivar. La indemnización que ofrece la Unidad de Víctimas no es suficiente. Dígame uno que hace con 16 millones de pesos si el núcleo familiar son ocho personas y lo hemos perdido todo”, pregunta. (Lea: El Paramillo, un nudo difícil de deshacer).

En Putumayo hay otra comunidad campesina que sigue esperando un reasentamiento. Esta corresponde a unas 150 familias que vivían en el territorio declarado en 1984 como Parque Nacional Natural La Paya, en Puerto Leguízamo, con 422 mil hectáreas. Marleny Marulanda Correa, líder de la Junta de Acción Comunal de La Paya, explica que las familias llegaron a este territorio en la década del cincuenta durante la violencia política y que por tanto son nativos del río Caucayá.

“En 1994 el gobierno nos pidió que saliéramos del Parque, que ellos se comprometían a reasenatarnos en tierras productivas, con vivienda digna y proyectos productivos. En nuestro compromiso fuimos los primeros que erradicamos manualmente los cultivos ilícitos y llevamos 23 años sin que nos ofrezcan una solución”, dice la líder.  Lo complejo, apunta, es que la zona está ocupada por particulares. “No es justo. Nosotros cumplimos, pero el gobierno no. Estamos pasando hambre porque no tenemos tierra”, reitera Marulanda.

Puntos de debate

El concepto de Parque Nacional Natural fue definido desde 1959 mediante la Ley 2 y el primer territorio en ser protegido bajo esta figura fue el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, de 9 mil hectéras, en el Huila. A la fecha el país cuenta con 59 áreas protegidas bajo esta figura, que suman unas 12 millones 718 mil hectáreas

Clic en el mapa para ver el mapa ampliado

En su propuesta de Decreto Ley, el Ministerio de Ambiente señala que más del 60 por ciento de estas áreas “presentan situaciones de usos no permitidos de la tierra, ocupación y tenencia de predios en su interior por parte de comunidades campesinas”. El documento indica que los ecosistemas naturales han sido transformados por las actividades agrícolas, pecuarias, cacería, leñateo, extracción de madera, cultivos de uso ilícito, turismo no regulado, extracción ilícita de minerales y pesca, principalmente.

Al respecto, en esta cartera consideran que de cara a la implementación del punto 1 agrario y el punto 4 de solución del problema de drogas ilícitas del Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre en Bogotá con la guerrilla de las Farc, puede haber expectativas sobre estas áreas protegidas, haciéndolas vulnerables a un incremento de la deforestación y degradación. Para el gobierno nacional, esta es la razón que lo motiva a presentar un Decreto Ley que caracterice el uso, ocupación y tenencia de esas áreas, y se tomen otras medidas.

Por ejemplo, el Artículo 3 propone “acuerdos transitorios con población campesina para mantener el estado de conservación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales”, pero en el tercer parámetro aclara que la celebración de esos acuerdos “no implicará el reconocimiento por parte del Estado de derechos asociados a tierra”.

Aunque en otros apartes el gobierno nacional asegura que las instituciones competentes adelantarán programas de reubicación, estabilización socioeconómica y atención integral a la población campesina, los campesinos de los parques Vía Parque Isla de Salamanca, Paramillo y La Paya reiteran que es lo que llevan prometiéndoles hacen 20 años.

Por su parte, la propuesta de la delegación campesina insiste en que el gobierno nacional debe buscar una solución concertada, como se comprometió desde 2012 con el diseño de una política pública que genere alternativas para la recuperación y restauración de los Parques, pero que también garantice el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos. En su proyecto, los campesinos le hacen ver al gobierno nacional que llegaron a estos territorios tras ser expulsados por la violencia de otros lugares, y que muchas otras también se asentaron allí por procesos de poblamiento que el mismo Estado impulsó de forma previa a la declaratoria de Parques.

Los campesinos reiteran su disposición de conservación y alternativas sustentables, proponiendo en el Artículo 2 mecanismos de “resolución de conflictos de propiedad, uso, ocupación y tenencia que permitan el fortalecimiento de la producción alimentaria”. También el cierre de la frontera agrícola, la protección de las zonas de reserva y la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Parques Nacionales Naturales. Pero insisten en que todas estas medidas deben contar con su participación, en función del bienestar y buen vivir de las comunidades rurales.

“Hay que preservar y restaurar”: expertos

Rodrigo Botero, especialista en áreas protegidas y quien trabajó durante 10 años en Parques Nacionales en la Dirección Territorial del Amazonas, explica que el debate tiene sus matices, y que requiere de la voluntad de distintas instituciones del Estado, pero también de consenso con comunidades porque, en efecto, “el actual modelo de ocupación campesina en los Parques no es sostenible”.

El experto comenta que los Parques Nacionales Naturales son una expresión de lo sagrado, porque contienen alta biodiversidad, vestigios arqueológicos y pueblos étnicos pero también porque, como ocurre con los chacras del cuerpo humano, es allí “donde se deposita y descansa la salud ambiental del país”. En ese sentido, Botero explica que las áreas protegidas son un sistema, con una funcionalidad conectada, por lo que tomar una decisión general sobre una de éstas puede afectar a todo el conjunto.

Sobre esto último, se refiere a los casos de ocupación campesina. De los 59 Parques Nacionales que existen, “las ocupaciones campesinas están focalizadas en unos 10”, por lo que propone plantear una solución para cada caso. Frente al tema de la ocupación campesina, Botero plantea varias reflexiones: la primera, que permitir los asentamientos dentro de Parques va en contravía de la protección de lo sagrado, pero además no puede garantizarles calidad de vida a los campesinos. Una vez una comunidad se establece, el Estado debería garantizarle vías, mecanización, puesto de salud, infraestructura y todas estas decisiones afectarían aún más los ecosistemas.

La segunda, es que las comunidades deberían ser reasentadas en las Zonas de Amortiguamiento, es decir, en áreas adyacentes fuera de los límites de los Parques. Pero el especialista reconoce que cuando adelantaron este proceso en los Parques Tinigua y Macarena, “las distintas agencias del Gobierno que debían participar no terminaron el proceso”, de manera que la tarea de los reasentamientos no depende solo de la Dirección de Parques Nacionales Naturales sino de varias instituciones del Estado.

Sin embargo, agrega que también en estos procesos debe haber conciencia y voluntades de las comunidades. “Puedo dar fe de algunos casos en que un campesino tiene en la zona de amortiguamiento una finca y adentro [en el Parque] un cocal o un proyecto de ganadería. Las cosas hay que hablarlas como son”, apunta.

Otra de las reflexiones de Botero es que “las áreas protegidas no pueden ser el banco de tierras de la reforma agraria”, insistiendo que el Estado debe buscar y recuperar los predios que sí son aptos para la despensa agrícola. La necesidad de acceder a tierras no puede salir de las áreas protegidas, “que deben ser conservadas y restauradas”, concluye.

La solución de acceso ya está formulada en el punto 1 del Acuerdo de Paz. Como lo han advertido la Corte Constitucional, la Contraloría y Procuraduría Delegadas para el Sector Agrario, el gobierno nacional no ha recuperado el millón 200 mil hectáreas de baldíos que le fueron despojadas, y que podían ser tituladas a estas comunidades

El lío de organizar los baldíos en Colombia).

Para Yamile Salinas Abdala, exsecretaria general del Ministerio de Ambiente e investigadora, las iniciativas legislativas en discusión deben ajustarse a lo previsto en la Constitución de 1991 que declaró los Parques Nacionales Naturales, al igual que a los territorios colectivos de los grupos étnicos, imprescriptibles, es decir que no es posible alegar su ocupación para adquirirlos; inalienables (no se pueden vender) e inembargables (no pueden ser objeto de embargo). Además en 1997, la Corte declaró inexequibles las normas que permitían la sustracción de áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (Sentencia C-649 de 1997).

Lo anterior en razón de que los Parques son áreas que por sus características naturales, culturales e históricas deben protegerse y conservarse. Comparte con Botero que hay que buscar soluciones para los campesinos que habitan en ellos, en las que deben participar entidades como la Agencia Nacional de Tierras y las encargadas de la provisión de servicios públicos, salud, educación, vivienda, entre otros.

Al respecto, recuerda que los procesos de reasentamiento adelantados en los Parques Naturales Tinigua, Macarena y La Paya, en el marco de la Política de Parques con Gente del exministro Juan Mayr Maldonado, se abortaron por el incumplimiento de las otras entidades del Estado.

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Lograr una Reforma Rural Integral, como lo promete el primer punto del Acuerdo Final de Paz, tendrá como retos la coherencia en la política agraria, voluntad institucional y cerocorrupción. La implementación tendrá que superar el papel. Primera entrega de cinco artículos de análisis sobre los puntos acordados entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc.

El Acuerdo sobre el tema agrario promete una Reforma Rural Integral (RRI) con base en tres pilares: el acceso y uso a tierras, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes Nacionales para la RRI. Foto: archivo Semana.Quien lea las 22 páginas del punto agrario del Acuerdo Final de Paz encontrará que la reforma rural es una promesa que data de por lo menos hace 55 años y que su necesidad está confirmada en los principios de la Constitución Política de 1991. La ‘novedad’ es que esta vez será “integral”, es decir, que no bastará con el gobierno le entregue el título de propiedad a un campesino o comunidad étnica carente de tierra, afectada por el conflicto armado, sino que le garantizará los medios, la infraestructura y la asistencia para progresar en el campo. (Lea páginas de la 8 a la 29 del Acuerdo)

El Acuerdo reconoce que para lograrlo debe garantizar tres aspectos: acceso y uso a tierras, formulación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral. En los municipios donde hay cultivos de coca, esos planes deben armonizarse con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, como está consignado en el cuarto punto del Acuerdo. (Lea páginas 88 a 105)

Además, esos planes no pueden ir en contra de la seguridad jurídica de las tierras y territorios reconocidos o no a las comunidades étnicas, y en su formulación e implementación debe garantizarse la participación libre, previa e informada, y “el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición”, tal y como se acordó en La Habana. (Lea páginas 178 a 183 del Acuerdo)

Para asegurar el acceso y uso a tierras, se crea un Fondo de Tierras de distribución gratuita de 3 millones de hectáreas durante sus primeros 10 años, así como seguir impulsando la formalización de 7 millones de hectáreas y continuar con la restitución. Los Programas de Desarrollo y los Planes Nacionales buscan de forma paralela garantizar el desarrollo de la economía campesina y el “buen vivir de la población rural”, en la medida en que el Estado les asegure salud, educación, vivienda, infraestructura, estímulos a la producción agropecuaria y comercialización de sus productos.

En el papel, el camino que anuncia un nuevo campo colombiano es prometedor; pero la realidad plantea dos grandes obstáculos en su implementación: la real voluntad institucional para recuperar los baldíos indebidamente ocupados o adjudicados irregularmente y el choque de políticas públicas que contradicen precisamente el impulso de la economía campesina y la autonomía de las comunidades rurales. Verdadabierta.com presenta un panorama de la tarea titánica que tiene el Gobierno para cumplir con este puntodel Acuerdo.

Recuperar baldíos: velocidad cero

Para lograr una Reforma Rural Integral, el Acuerdo de Paz promete durante los primeros diez años 10 millones de héctareas: 3 millones que constituirán el Fondo de Tierras para titulación y 7 millones en formalización de propiedad rural. Foto: archivo Semana.Los baldíos son las tierras de la Nación. En 1961, cuando el presidente Carlos Lleras Restrepo reconoció que la distribución de la propiedad rural era desigual y que era urgente titular tierras a campesinos carentes de ellas, su gobierno dispuso hacer la reforma agraria y tituló baldíos. Así, el antiguo Incora/Incoder (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria/ Instituto para el Desarrollo Rural) intervino unos 56 millones de hectáreas, de las cuales 19 millones fueron tituladas a colonos y parceleros, principalmente en las regiones del Urabá antioqueño, Montes de María y el Magdalena Medio. (Ver cuadro).

Con el paso del tiempo, los procesos de justicia transicional en Colombia evidenciaron que reforma agraria como tal no hubo. Más bien fue al revés, hubo una contra-reforma. La falta de incentivos agrícolas e infraestructura, la alta informalidad en la propiedad [el 48% no tiene títulos y el Estado no garantizó la inscripción de los títulos en el registro] sumado al desplazamiento y las masacres, promovieron que campesinos vendieran sus tierras a bajos precios, las abandonaran y/o les fueron despojadas. (Ver: Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Colombia: Una Nación Desplazada)

El resultado: en muchos casos estas tierras pasaron a manos de terceros y esos a su vez la vendieron a otros particulares y empresas que concentraron la propiedad. (Lea: ‘Cortinas de humo’ en el tema agrario)

En el intento por reconocer la propiedad rural, los indígenas y los afrodescendientes seguían por fuera. Su situación cambió con la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993. El Estado les reconoció a las comunidades étnicas 37 millones de hectáreas con títulos colectivos en resguardos y consejos comunitarios. Pero como dilucidó también la justicia transicional, sus derechos territoriales fueron violentadosdurante los últimos 30 años no solo porque los actores armados los confinaron o expulsaron, sino porque algunas porciones de su territorio fueron concesionadas a empresas mineras y agroindustriales. (Lea: Las contradicciones de Santos con la restitución y Zona para las Farc: condimento de líos de tierras en Tumaco)

En 1994 el Gobierno intentó ponerle pies a la reforma rural y puso en marcha la Ley 160 que fijó las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), las extensiones de tierra que -según la riqueza del territorio- permiten a una familia campesina sobrevivir y progresar. De esta forma, la adjudicación de baldíos tuvo como base la UAF, prohibiendo que una persona excediera en más de una Unidad para frenar la contra-reforma. La Ley 160 además creó las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) para impulsar la economía campesina, pero desde esa época solo han sido constituidas seis, mientras otras 24 siguen en trámite. (Lea: Puerto Matilde: la vida en una zona de reserva campesina)

En 2003, el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) liquidó el Incora y dio paso al Incoder, comprimiendo en una sola institución las funciones que hacían diversas entidades agrarias. Pero en 2015 el gobierno Santos lo suprimió “por incompetente”. Tal como lo evidenció la Procuraduría Agraria y la Contraloría en informes de ese año, el Instituto no fue diligente en sus funciones misionales como recuperar baldíos, además de haber sido cómplice en muchas regiones de la legalización del despojo. (Lea: Procuraduría Agraria, a la ‘yugular’ del Incoder e Incoder, presunto detrimento patrimonial por no recuperar baldíos)

Hacia un nuevo campo colombiano es el título del acuerdo agrario, que constituye una apuesta no solo por titular tierras a comunidades rurales carente de ellas y afectadas por el conflicto armado, sino acceso a salud, educación, vivienda, infraestructura, estímulos a la producción agropecuaria y comercialización de sus productos. Foto: archivo Semana.El Ministerio de Agricultura aceptó en 2010 que el uso de la propiedad rural era desproporcionado: se usaban 4.9 millones de hectáreas para actividades agrícolas; cuando debería hacerse sobre 21.5 millones; mientras que en ganadería se destinaban 38.6 millones de hectáreas, cuando solo 20 millones eran aptas para tal uso. En 2011 el Dane indicó el ‘abismo’ en la distribución de las tierras: 46% de la tierra rural está en manos del 0.4% de propietarios que tienen más de 500 hectáreas y 70% de los propietarios de terrenos dehasta 5 hectáreas están en el 5% del territorio.

Lo anterior fue confirmado por el Informe de Pnud del mismo año afirmando que Colombia “está entre los países con mayor índice de desigualdad en la distribución de la propiedad”, permitiendo concluir que el modelo de desarrollo es inequitativo y concentrador.

Un año más tarde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) publicó el Atlas de Distribución de la Propiedad Rural señalando que el Gini en Colombia es 0,874 para tierras y 0,886 para propietarios. El Gini es un coeficiente que mide la desigualdad y que advierte esta situación cuando el resultado se acerca a uno. Los datos muestran entonces que en el país hay una alta concentración de la propiedad, de manera que muchostienen poco y pocos mucho.

En 2014, la Corte Constitucional por medio de la Sentencia T-488 ordenó la implementación de un Plan Nacional de Clarificación y Recuperación de Tierras Rurales, pero el Incoder no avanzó en esa tarea, como lo advirtió la Procuraduría. (Lea: Recuperación de baldíos: un año en blanco y Un llamado de emergencia a la recuperación de baldíos)

Ahora la función recae en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), institución creada en diciembre de 2015 a través del Decreto 2363, y cuyo director, Miguel Samper, fue nombrado en abril de este año. Hace apenas un mes presentó los retos de esta entidad en la Política de Desarrollo Agrario Integral.

El inventario de baldíos es un insumo clave del catastro multipropósito, otro compromiso acordado en La Habana con el que se busca regularizar y hacer visible la propiedad y uso de la tierra, así como aumentar el recaudo predial, que a su vez es una fuente de ingresos de los municipios en los que se implementará la Reforma Rural Integral.

El Gobierno asegura que el Fondo de Tierras se constituirá en gran parte con la recuperación de baldíos. Esta es una tarea que no hizo con diligencia ni el antiguo Incora ni el Incoder (en liquidación), y será un reto para la nueva Agencia Nacional de Tierras. Foto: archivo Semana.El Acuerdo Final indica que la Reforma Rural Integral se realizará durante los próximos diez años con 10 millones de hectáreas: 3 millones que constituirán el Fondo de Tierras y otros 7 millones que esperan lograr con procesos de formalización de la propiedad. Como lo ha documentado Verdadabierta.com, el Fondo es todo un reto, pues este se nutrirá en gran parte de la recuperación de baldíos y predios en extinción de dominio del narcotráfico y otras actividades ilegales. Y en ambos casos ha habido falta de voluntad política y tropiezos administrativos o judiciales. (Lea: El difícil horizonte del Fondo de Tierras para la Paz y Ultimátum de la Corte a ‘procesos eternos’ de extinción de dominio).

Sobre la formalización de la propiedad rural, Samper aseguró en una rueda de prensa realizada el 19 de agosto que para ello suscribirá un Pacto por la Tierra con los 32 gobernadores del país, de manera que regionalmente exista un plan estratégico para entregar títulos a campesinos que ya tienen tierras, pero carecen de los documentos que legalizan su propiedad.

“Vamos a salir a buscar a los campesinos para otorgarles los títulos de propiedad en un proceso riguroso nunca antes visto en el país. Les entregaremos la llave de su futuro, de su progreso, de la productividad”, dijo el funcionario y agregó que la titulación irá acompañada de créditos, subsidios, asistencia técnica e infraestructura.

Sin embargo, no es claro con qué recursos la Agencia cumplirá esta meta, pues el Departamento Nacional de Planeación (DNP) le asignó para la vigencia del próximo año 96 mil 100 millones de pesos, una cifra que solo representa 21% de lo que solicitó, que era 454 mil millones de pesos. Este medio intentó entrevistar Samper sobre los retos del Acuerdo, pero su oficina de comunicaciones dijo que, por el momento, no era posible hablar con el funcionario.

Ante la falta de la jurisdicción agraria establecida en la Ley 200 de 1936 y reglamentada en 1989 con el Decreto 2303, uno de los puntos del acuerdo sobre el tema agrario, el de la formalización de la propiedad, ha tenido como escenario principal los procesos de restitución de tierras. Son los jueces quienes ordenan al Incoder la adjudicación y a otras entidades acciones complementarias para el retorno digno de los campesinos y comunidades étnicas.

Choque: ¿RRI o Zidres?

El punto agrario acordado asegura la promoción de la economía campesina. En el acceso y uso a tierras, el Gobierno promete que continuará con la constitución de las Zonas de Reserva Campesinas. Desde 1994 a la fecha, solo han sido creadas seis. Foto: archivo Semana.El segundo reto de la implementación del acuerdo agrario es la incoherencia en las políticas públicas en el sector rural. El gobierno de Santos impulsó y sancionó la norma que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres). Según la Ley 1716 de 2016 o Ley Zidres, estas se desarrollarán en zonas apartadas, de baja densidad poblacional y poca infraestructura para promover “proyectos asociativos” agroindustriales y forestales.

En octubre de 2015 la Superintendencia de Notariado y Registro informó que las Zidres estaban proyectadas sobre 2 millones 975 mil hectáreas en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Arauca y en mayor volumen, en Vichada. La preocupación es que precisamente sobre estos territorios hay reclamaciones históricas de recuperación de baldíos, constitución de territorios étnicos, Zonas de Reserva Campesina, acumulación de UAF [Unidades Agrícolas Familiares] y múltiples problemas agrarios que no resolvió ni el Incora ni el Incoder, y se desconoce cuál es el plan al respecto de la nueva Agencia Nacional de Tierras.

La Ley Zidres deja sin efecto por lo menos dos aspectos de la Ley 160 y no es clara sobre lo que sucederá conlas acumulaciones de las UAF. El primero es que permite la entrega de baldíos a “título no traslaticio del dominio”, es decir, sin que salgan de propiedad de la Nación, en extensiones que superan las UAF. Esto para la implementación de proyectos agroindustriales de palma o cereales, y proyectos forestales de caucho, teca y acacia, que requieren de grandes extensiones de tierra y músculo financiero.

El segundo consiste en sanear las situaciones imperfectas. Esto es, reconocerles derechos a las personas que han ocupado de manera indebida baldíos o a las que se los adjudicaron indebidamente. Un ejemplo de lo primero es el caso de La Venturosa-Pinoquia, en La Primavera, Vichada, correspondiente a 72 mil hectáreas que el Estado no ha querido recuperar, pese a que desde 2008 la Unidad Nacional de Tierras (UNAT) anunció tal decisión. (Lea: Las situaciones imperfectas de la Ley Zidres)

Sobre la recuperación de baldíos indebidamente ocupados, el ejemplo más reciente es el caso de la antigua hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar, que ha dejado en evidencia la falta de sintonía entre las instituciones del Estado. El 12 de mayo de este año la Corte Constitucional profirió la Sentencia SU-235 dándoles la razón a los campesinos de la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), desarraigados de tus tierras por la violencia paramilitar de los años noventa y reclamantes de 1.200 hectáreas de predios baldíos que hay dentro de la hacienda. (Lea: Campesinos ganan la ‘batalla’ por la Bellacruz en la Corte)

En esa sentencia, el Alto Tribunal ordenó a la Superintendencia de Notariado y Registro cancelar los registros de propiedad de M.R. Inversiones sobre los predios declarados como baldíos según varias resoluciones del antiguo Incora y del Incoder. Esta acción administrativa es clave para reactivar el proceso de recuperación de baldíos sobre el que falló la Corte. Sin embargo, Marcos Haer Parra, asesor jurídico de la Superintendencia, le envió una carta al Alto Tribunal indicándole que no podía cumplir con tal orden, en parte, porque las resoluciones no son claras con los linderos.

Un reto en la implementación del Acuerdo será la incoherencia en la política agraria. En la Corte Constitucional, cursan varias demandas de inconstitucionalidad contra las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), señaladas de legalizar la acumulación de baldíos. Foto: archivo Semana.“Esta Superintendencia de manera respetuosa le solicita a la Honorable Corte Constitucional aclarar el contenido y alcance de la sentencia”, indica el Asesor Jurídico. Este tipo de actuaciones dejan entrever la demora en los procesos administrativos cuando el máximo Tribunal decidió sobre un caso que tardó 30 años en resolverse.

En lo que atañe a la recuperación de baldíos sobresalen los casos en trámite ante el Incoder en Vichada y Meta, como la titulación a miembros de la Unidad Técnica Legislativa del exsenador Habib Merheg.

Otro caso emblemático es de El Porvenir, en Puerto Gaitán, Meta, del fallecido esmeraldero Víctor Carranza, donde una comunidad campesina exige la titulación de 27 mil hectáreas. Sin embargo, el Incoder dilató su recuperación, pese a reconocer desde 2014 la acumulación irregular de baldíos. Ahora los campesinos esperan que la ANT las recupere materialmente, el fallo de la Corte y una respuesta oficial del gobierno nacional, dado que sobre ese predio el Ministerio de Agricultura ha proyectado el primer piloto de la “nueva” administración de baldíos previsto en la Ley Zidres. (Lea: Líder campesino de Meta exige respuestas en la recuperación de baldíos)

La acumulación de UAF ha sido ampliamente descrita y probada en debates en el Congreso de la República e informes de la Contraloría Agraria, el Ministerio de Agricultura y la Supernotariado. Todos han advertido que varias empresas nacionales y foráneas, con asesoría de prestigiosas oficinas de abogados, crearon varias Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) o utilizaron fiducias para concretar UAF en la Altillanura-Orinoquía.

A diciembre de 2015, el Incoder sólo había presentado seis demandas, solicitando la nulidad de la concentración de UAF por parte de los grupos Poligrow, Mónica Colombia y Wood/Timberland Holdings Limited, Helm Trust S.A. y otros (El Brasil), Cargill, Agroindustrias El Guarrojo S.A. y Pablo Valencia Iragorri. Están en estudio otras, entre ellas, la de Aceites Manuelita, en Orocué y San Martín, la Organización Luis Carlos Sarmiento y la familia Aguel Kaffruni. (La otra cara de las tierras acumuladas por empresas y Lupa a tierras que explota Aceites Manuelita en Casanare).

Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres) están proyectadas sobre la Altillanura-Orinoquía, donde el Gobierno ni si quiera ha resuelto reclamaciones históricas de recuperación de baldíos y constitución de territorios étnicos. Foto: archivo Semana.Sobre la acumulación de UAF en la Orinoquía, José Antonio Ocampo, quien firmó como Ministro de Agricultura la Ley 160 y coordinó la Misión para la Transformación del Campo creada por Santos, señaló la conveniencia de sanear varios “proyectos  empresariales de gran interés, pero cuya seguridad jurídica está hoy en entredicho”, a través de la creación de Zidres, que involucren a pequeños, medianos y grandes productores. ( Lea página 36 del informe Misión para la Transformación del Campo)

El modelo de asociatividad entre empresarios y pobladores rurales ha sido altamente cuestionado, entre otras razones por crear relaciones asimétricas a favor de la agroindustria. Por ello la Asociación Colectivo Mujeresal Derecho y 12 organizaciones más demandaron por inconstitucional la Ley Zidres ante la Corte Constitucional. El caso fue admitido en agosto pasado y aún está en estudio.

Aún no se sabe cuáles son las UAF acumuladas en la Altillanura. A las 250 mil hectáreas identificados por la Contraloría en 2012, en esa región se suman por lo menos otras 100 mil hectáreas en esta misma situación, entre ellas, las 52 mil hectáreas atesoradas por Major International, empresa del grupo Pacific, en Puerto Gaitán, denunciadas por el senador Alberto Castilla. (Lea: Se denunciará presunta acumulación ilegal de predios por parte de la petrolera Pacific)

El asunto es que según el Conpes 3797 de 2014, titulado Política para el desarrollo integral de la Orinoquía: Altillanura–Fase I, en esa región está pendiente la creación de 18 resguardos, la ampliación de 22, el saneamiento de otros 7, así como asegurar el respeto a los derechos territoriales de las comunidades indígenas de Kanalitojo y Kawinanae, que ya cuentan con medidas cautelares decretadas por los jueces de restitución. También está pendientes las decisiones de la Corte Constitucional en torno a cuatro demandas de inconstitucionalidad. (Lea: Nuevo reto para la Corte Constitucional en el tema agrario)

Verdadabierta.com preguntó en varias oportunidades a la Agencia Nacional de Tierras sobre casos puntuales sobre acumulación de UAF, pero la institución respondió que el Incoder (en liquidación) no había querido permitirles el acceso a los archivos. Este medio intentó comunicarse a su vez con el Incoder sin obtener respuesta. En ocasiones anteriores, la Oficina de Comunicaciones del Incoder reiteró que no estaba disponible a suministrar información sobre procesos agrarios porque sus funciones se limitaban ahora a las propias de una entidad en liquidación.

De pasar el plebiscito y comenzar la implementación del Acuerdo Final, el tema agrario exigirá por lo menos que haya una verdadera voluntad en cumplir los cometidos de la Constitución de 1991, lo que exigirá, como mínimo, la articulación de las instituciones del Estado para que haya una real decisión de recuperar baldíos, titular, formalizar y restituir tierras, y poder aplicar los programas del Acuerdo Final de La Habana. De no ser así, el objetivo de caminar “Hacia un nuevo campo colombiano”, como indica el documento final firmado el pasado lunes en Cartagena, se quedará en el papel y se perderá un nuevo intento de superar la brecha entre lo rural y lo urbano.

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