El senador Jorge Robledo denunció que en el Congreso cursará un proyecto de Ley que busca legalizar tierras que fueron compradas por empresas y que debían ser para campesinos. VerdadAbierta documentó que varios de estos predios tienen un pasado violento.
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| VerdadAbierta.com documentó que tres agroindustrias en Mapiripán y Puerto Gaitán, Meta, no solo violaron la Ley 160 de 1994 o de baldíos, sino que compraron tierras con un pasado violento. Foto Semana |
En el debate sobre predios baldíos realiizado en el Congreso de la República y citado por el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, las intervenciones se concentraron en denunciar la acumulación indebida de tierras baldías, es decir, en tierras que se supone deben ser explotadas por campesinos, pero que terminaron concentradas en manos de empresarios nacionales y extranjeros.
Lo que no dijeron ni congresistas ni funcionarios de gobierno es que estas empresas no solo violaron la Ley 160 de 1994, es decir, la ley que impide que las tierras baldías sean acaparadas, sino que los empresarios compraron predios en los que grupos paramilitares habían asesinado a líderes comunitarios, desplazado a campesinos y habían instalado bases de entrenamiento donde reclutaron menores y desaparecieron a sus víctimas (Lea: Tres agroindustrias compraron tierras con líos y violencia).
En el debate, el senador Robledo recordó dos casos del departamento del Meta, se trata las empresas Poligrow, que cultiva palma africana en Mapiripán, y la Fazenda, instalada en Puerto Gaitán, que produce alimentos para cerdos.
VerdadAbierta.com documentó que en el caso de Poligrow, la empresa acumuló 5 mil hectáreas que fueron abandonadas por la violencia, desatada primero por la guerrilla y luego por paramilitares. Tras la masacre de Mapiripán cometida por paramilitares en 1997, las autoridades locales ordenaron proteger esas tierras para que no pudieran ser vendidas, salvo con autorización de un comité de tierras local. Los hallazgos de este medio también despertaron sospechas sobre las posibles irregularidades en la escritura de venta entre el dueño original y quienes vendieron luego a la empresa.
En cuanto a la Fazenda, se documentó que 16 mil hectáreas, originalmente de campesinos, fueron tomadas por paramilitares que instalaron una base de entrenamiento en el lugar y que sirvió de escondite al comando contrainsurgente que cometió la masacre en Mapiripán en 1997. En el lugar han sido exhumados cinco cuerpos, dos de ellos de niños que fueron reclutados. Después de la desmovilización, los predios fueron concentrados por una empresa de la familia del esmeraldero Víctor Carranza, que enseguida le vendió las tierras al consorcio de firmas a la que pertenece la Fazenda. En estas tierras la compañía desarrolla cultivos de soya y maíz para alimentar cerdos.
Estos casos muestran que más allá de los esguinces a la Ley 160, es decir, de estrategias como crear múltiples sociedades anónimas para concentrar la tierra o de registrar socios inversionistas en el exterior para presentarse como firmas multinacionales, detrás hay un pasado violento. Eso significa que si los dueños originales reclaman ante un juez, las compras realizadas por intermediarios y empresarios podrían ser reversadas y los predios serían devueltos a los propietarios originarios de demostrarse la conexión entre hechos violentos y estas adquisiciones.
“Quieren legalizar lo ilegal”: Robledo
El senador Robledo anunció que en los próximos 15 días llegará al pleno del Senado un proyecto de Ley que, según él, “buscará legalizar estas tierras que eran de la Nación y que fueron acumuladas ilegalmente por empresarios”. De acuerdo con este congresista, el proyecto ya fue aprobado en la Comisión Quinta -la encargada del régimen agrario- y pretenderá la aprobación de dos puntos críticos: uno, que la acumulación es válida cuando no estaba expresamente anotada en los títulos de propiedad; y dos, que la acumulación no es indebida si se trata de tierras tituladas antes de 1994 cuando supuestamente no había limitaciones en la extensión de los predios a la hora de comprar.
Robledo aseguró que éstas son argucias empleadas por algunos abogados porque las prohibiciones de acumulación existen desde la Ley 153 de 1887. Sobre el segundo punto, dijo que la Ley 160 de 1994 (la más reciente que prohíbe la acumulación) “no es retroactiva”, es decir, que un abogado no puede decir que se puede acumular porque los predios comprados tienen títulos anteriores a 1994, porque la Ley es clara en señalar que a partir de la fecha no se pueden acumular tierras si su origen es baldío. Y todas las empresas compraron después de 1994.
El Senador también se refirió de forma explícita a la firma de abogados Brigard & Urrutia, asesora de la multinacional de cereales Cargill, la cual adquirió 52 mil hectáreas en el departamento de Vichada con la creación de 36 sociedades por acciones simplificadas (SAS), que sirvieron de intermediarias para comprar los predios y luego vendérselos a otras 36 SAS a nombre de la multinacional (Lea: Cuestionan 52 mil hectáreas de multinacional Cargill).
Este mismo bufete también asesoró al ingenio azucarero Riopaila, que explota 42 mil hectáreas y que utilizó un modelo similar para comprar las tierras; además, les ayudó a constituir 28 SAS que adquirieron los predios y el ingenio compró una empresa en Luxemburgo, llamada Asturias Holding Sarl, que absorbió las 28 sociedades que tenían la propiedad (Lea: Polémica por tierras explotadas por agroindustrias y mineras).
Según el congresista, Carlos Urrutia -el ex embajador de Colombia en Estados Unidos que renunció a su cargo en julio de 2013 tras las denuncias de Robledo sobre el papel de ese bufete en esas indebidas acumulaciones de tierras- fue representante de la firma abogados cuando la compañía decidió en 2009 hacer aportes a partidos políticos. Robledo aseguró que integrantes de esta firma y de la empresa Río Paila aportaron recursos a la campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República, Juan Manuel Santos. “El Presidente sabía… En su programa de gobierno, en el artículo 69, indicó que los agricultores y campesinos podían definir el tamaño de las hectáreas para desarrollar sus cultivos. Esta era la traba burocrática a las Unidades Agrícolas Familiares (UAF)”, dijo Robledo.
La UAF es la cantidad de tierra que el Estado considera suficiente para que una familia campesina sobreviva y progrese. Estos topes fueron definidos en 1996 a partir de la Ley 160 de 1994 y es lo que ha sido cuestionado a empresas nacionales y extranjeras que, habiendo una prohibición de acumular baldíos, han comprado más de una Unidad Agrícola Familiar.
El Senador indicó que además de la prohibición expresa en esta Ley, las empresas compraron pese a los pronunciamientos del Consejo de Estado y las denuncias del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la Superintendencia de Notariado y Registro.
Estas dos instituciones han detectado estas compras irregulares y las han denunciado, “y no ha pasado nada”, insistió el congresista. De 12 demandas que presentó el Incoder sobre empresas que acapararon baldíos, solo dos casos fueron admitidas. “El caso de Poligrow fue rechazado por el juez porque el Incoder dejó vencer los términos”, comentó Robledo.
El congresista concluyó que la permisividad del gobierno en la concentración de tierras de baldías y la actuación de estos bufetes de abogados atentan contra los derechos de los campesinos. “Está desapareciendo toda posibilidad de los campesinos tengan derecho a una parcela”, señaló.
“Existe campo para todos”
El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, reconoció que hay un inadecuado uso del suelo, tras explicar que de los 22 millones de hectáreas con competencia agrícola, solo 5.3 millones son explotadas; mientras que de las 15.2 millones de hectáreas que se supone son el tope para explotación ganadera, en la realidad 34.9 millones están copadas con ganado. Así mismo, aseguró que entre los principales pilares del actual gobierno está la restitución de tierras y que las instituciones están haciendo todo el esfuerzo por hacer cumplir la Ley 1448 o de Víctimas, que prometió en junio de 2011 devolver la tierra usurpada a los campesinos.
Enseguida, Estupiñán aseguró que el proyecto de Ley al que se refirió Robledo “resolverá incertidumbres jurídicas frente a la aplicación de la Ley 160 de 1994 (que prohíbe la acumulación de baldíos)”, y dijo que existía campo para todos: “grandes y pequeños propietarios tienen derecho. Los grandes están haciendo altas inversiones de tecnología”. El Ministro no respondió ninguno de los cuestionamientos expuestos en el debate.
“Hemos pisado callos y duros”
El superintendente Jorge Enrique Vélez defendió el trabajo del gobierno y aseguró que contrario a lo expresado por Robledo, el Estado se ha preocupado por documentar los casos de acumulación de tierras y de despojo. Vélez explicó que la Superintendencia sigue estudiando el registro en el país (los títulos de país inscritos en notarías y oficinas de instrumentos públicos) y ha detectado por lo menos 65 formas de despojo jurídico. Esdecir, modalidades “utilizadas por personas que conocen el derecho agrario” que lograron que las tierras que les fueron arrebatadas con violencia a campesinos quedaran a nombres de testaferros o empresas. Según el funcionario, su despacho ha presentado 60 investigaciones de carácter penal por estos hechos.
De acuerdo con Vélez, la Superintendencia tiene identificadas 7 millones de hectáreas con medidas de protección, es decir, que no pueden ser comercializadas porque los campesinos, el Ministerio Público o el Comité de Atención a la Población Desplazada advirtieron que los predios podían ser despojados tras hechos de violencia. También indicó que la Superintendencia tiene inventariadas 1 millón 500 mil hectáreas de baldíos que fueron robados. “Hemos tocado callos y duros. Pero no nos tiembla la mano para buscar esas tierras apropiadas por guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes o testaferros”, dijo.
El Superintendente aseguró que el país debe seguirse preguntando qué sucede con las tierras en Colombia si pretende cumplir con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que prometió reparar a cuatro millones de personas desplazadas y devolverles dos millones de hectáreas que les fueron usurpadas.
El funcionario advirtió que el 77 por ciento de los baldíos no están en manos de las personas originarias a las que se les tituló. Según Vélez, desde 1961 han sido titulados 517 mil predios baldíos, 336 mil antes de la Ley 160 de 1994 y 180 mil después de esta Ley, pero entre el 65 por ciento y 80 por ciento de estas tierras ya fueron vendidas. Es decir, no están en manos de campesinos como se supone debería ser el uso de las tierras de la Nación.
Vélez dijo que la acumulación de tierras supera los casos denunciados en el Congreso y medios de comunicación. “Sólo el 8 por ciento está registrado. La Superintendencia tiene identificados 12 mil predios con acumulación. Este será un asunto sobre el que tendrán que actuar las Superintendencias de Sociedades, Financieras y de Cooperativas, y por supuesto los jueces”, dijo.
Hasta ahora ningún juez en Colombia ha sentado jurisprudencia en relación con la acumulación de tierras de origen baldío. Es decir, no ha habido un fallo que por ejemplo determine que una empresa o un particular violó la Ley y le sean revocados los títulos para que estos vuelvan a la Nación o a sus dueños originarios, que se supone deben ser campesinos. El debate está lejos de cerrarse y el tema continuará esta semana en el Congreso, esta vez citado por el representante a la Cámara Wilson Arias.
