Hasta el próximo 31 de diciembre tienen las comunidades campesinas de estas zonas protegidas para acatar la orden dada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) de trasladar a otras áreas o a plantas de beneficio las cabezas de ganado que posean. La medida aplica para animales que pasten en Puntos Activos de Deforestación. La incertidumbre ronda en el sur de Meta.

“Y donde el ICA no vuelva a vacunar, ¿qué haremos?”, se preguntó Rogelio, un campesino arraigado hace más de 40 años en el municipio de La Macarena ante la decisión de esa entidad agropecuaria estatal de no vacunar ganado bovino y bufalino contra la fiebre aftosa y la brucelosis desde enero de 2023, en aquellos puntos activos de deforestación identificados en los parques naturales nacionales y regionales del país.

El temor de este labriego no es infundado. Hace siete años compró una finca de 100 hectáreas, de la cual no tiene escritura porque está dentro del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena y la titulación formal es prohibida en estas áreas protegidas. Solo cuenta con un documento de compraventa, que no tiene ningún valor ante las oficinas de registro.

Tras adquirir el predio, tumbó y quemó una gran extensión de bosque para sembrar pasto y criar ganado. Las evidencias de esas acciones contra el medio ambiente aún están a la vista: árboles caídos y ennegrecidos rodean la casa de madera que habita con su esposa y sus tres hijos, todos ellos menores de edad.

Esta finca está partida en dos por una trocha carreteable de por lo menos 150 kilómetros construida en 2003 por la extinta guerrilla de las Farc para unir los municipios de La Macarena y Vistahermosa.  Se trata de una inmensa cicatriz que tiene el Parque Natural Sierra de La Macarena, a lo largo de la cual es palpable la deforestación para fines ganaderos.

Rogelio no sabe si su finca está situada en un Punto Activo de Deforestación, entre otras razones porque ningún funcionario del ICA, ni de otra entidad estatal, ha pasado por allí para aclararle el asunto. “Aquí la mayoría de la gente vivimos del ganado, si nos lo quitan, entonces qué hacemos, de qué vamos a vivir”, vuelve y se pregunta. Las respuestas no son claras.

Sus inquietudes son las mismas de las de cientos de campesinos y campesinas que, actualmente, se dedican a la explotación ganadera y viven dentro de los parques naturales Sierra de la Macarena, Tinigua y Cordillera de Los Picachos, en el sur del departamento de Meta.

Esa incertidumbre comenzó a gestarse el pasado 2 de mayo cuando el ICA expidió la Resolución 00007067, mediante la cual estableció medidas dirigidas a cancelar el Registro Sanitario de Predio Pecuario (RSPP) “de los predios que desarrollen su actividad ganadera de Bovinos y/o Bufalinos dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales [y] Parques Naturales Regionales del país”.

Esa resolución está sustentada en tres peticiones: la primera proviene de la Corte Suprema de Justicia que, a través de la Sentencia STC-4360 del 5 de abril de 2018, les ordenó a varias entidades estatales tomar medidas, de corto, mediano y largo plazo, para frenar la deforestación en la Amazonía.

La segunda decisión, basada en la anterior, se consignó en la Directiva Presidencial N. 10, del 23 de noviembre de 2018, que le ordenó al ICA establecer “mecanismos dirigidos al control de la expedición de guías de movilización y vacunación de ganado procedentes de áreas objeto de deforestación”.

Y la tercera fue emitida por la Procuraduría General de la Nación a través de la Directiva 006 del 7 de abril de este año, en la que exhortó al Instituto a cancelar el RSPP, especialmente en predios que posean más de 80 cabezas de ganado, utilizando las prerrogativas legales para contrarrestar la deforestación, que fueron fijadas hace poco más de 38 años, así como a tomar otras medidas para frenar la actividad ganadera en áreas protegidas.

El ICA tomó entonces cuatro decisiones para responder a esas órdenes: identificación precisa de las veredas y los predios que se encuentran en parques nacionales y regionales dedicados a la explotación ganadera; registro de la cantidad de animales que pastan en esas zonas; bloqueo permanente de esas veredas y de los predios en el Sistema de Información Oficial para el Control de la Movilización; y exclusión de esas áreas de los ciclos de vacunación obligatoria contra fiebre aftosa y brucelosis.

Para no causar excesivos traumatismos, se estableció un periodo de 90 días, a partir del 6 de mayo, para que las personas afectadas con las medidas retiraran los animales de las áreas protegidas y los llevaran a plantas de beneficio autorizadas o a predios que estuvieran por fuera de los parques naturales y contaran con el RSPP.

Enteradas del asunto, las comunidades campesinas y las organizaciones sociales que tienen injerencia en los parques naturales Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de Los Picachos, se inquietaron con esas medidas y con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), se reunieron con funcionarios del ICA y Parques Nacionales Naturales (PNN) para revisar la resolución del ICA y buscar alternativas a las medidas adoptadas.

Fruto de esas conversaciones y de revisar los términos de las decisiones, la PGN aclaró el ámbito de aplicación de la Resolución 00001706 mediante el Memorando 35, fechado el pasado 5 de julio.  En ese documento, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales precisó que el exhorto de abril pasado se refería “a las actividades ganaderas localizadas en Puntos Activos de Deforestación en el país” y no a toda a toda la zona de parques naturales, nacionales y regionales.

Hecha esa aclaración, el ICA modificó, en parte, su decisión y mediante la Resolución 00014444, del 5 de agosto pasado, determinó que la cancelación del RSSP, así como la exclusión de futuros ciclos de vacunación, aplicarán para quienes desarrollen actividades ganaderas solo en los llamados Puntos Activos de Deforestación y amplió el plazo para sacar los animales hasta el 31 de diciembre de este año.

VerdadAbierta.com visitó la zona de La Macarena con el fin de palpar las tensiones que han generado estas medidas y encontró una sensación de confusión porque dicen desconocer dónde están los Puntos Activos de Deforestación y también de incertidumbre porque, por el momento, no hay claridad sobre las alternativas que ofrece el Estado para reemplazar la actividad ganadera.

Colonos, inversionistas y disidencias

Luego de la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, llegaron a La Macarena decenas de colonos provenientes de diversas partes del país en busca de tierras. Foto: Juan Diego Restrepo E.

En la región de La Macarena reconocen que la extinta guerrilla de las Farc impulsaba la protección de los parques naturales imponiendo su autoridad y estableciendo reglas a través de los llamados “manuales de convivencia”, en los que se consignaban las normas y sus respectivas sanciones a quienes se atrevieran a violarlas. Entre ellas estaban las de no causar afectaciones a los bosques y los ríos.

“Voy a decirlo con toda la amplitud: quienes realmente hacían posible que se cuidaran estos bosques tropicales, estas selvas, eran las Farc”, resaltó Octavio, un reconocido líder social, quien ha trasegado por décadas en La Macarena, enfrentando, incluso, situaciones de riesgo por defender el medio ambiente.

En un extenso diálogo con este portal, recordó que el Estado colombiano fue incapaz de gobernar aquellas zonas selváticas y que ese vacío lo llenó la insurgencia armada, representada, en el pasado, por las antiguas Farc. “Lo que finalmente hacíamos las organizaciones sociales era socializar, sensibilizar, en buena manera a los campesinos, pero el que hacía el estricto cumplimiento de las normas era el que tenía esa gobernabilidad”, insistió.

En esa explicación coincidió Alberto, otro líder campesino: “Antes del Acuerdo de Paz, las Farc eran los que defendían la selva, regulaban las acciones sobre el territorio: no se podía talar sin el permiso de ellos y si le daban permiso, era para una o dos hectáreas, máximo, para que sembrara comida”.

Según estos dos líderes regionales, una vez firmado el Acuerdo de Paz con las extintas Farc, en noviembre de 2016, hubo una llegada masiva de nuevos colonos, provenientes de diferentes zonas de Meta y del resto del país, que se asentaron en los parques naturales de la Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de Los Picachos.

“Vino gente de la Costa, los Santanderes, Valle del Cauca, Huila, Tolima. Aquí tenemos un mosaico de nuevos colonos”, detalló Octavio. “No se someten a la gobernanza que veníamos haciendo desde las organizaciones comunitarias y no la entienden, y al no haber una institucionalidad que hubiera metido en cintura esa situación de la deforestación, estaba el terreno propicio para deforestar”.

Pero no solo han llegado colonos supuestamente con necesidad de tierra para trabajar y vivir de ella. También llegaron empresarios e inversionistas que pretenden acaparar predios y lucrarse con la expansión ganadera.

“Cebar ganado, criar ganado en muy fácil, y es muy rentable. Aquí un tipo se va y le dedica un año a la selva, tala 200 hectáreas de selva, y al tercer año tiene devuelta su plata porque cebó 200, 300 novillos. Le devolvió todos sus gastos”, explicó Octavio.

Por ello es que detrás de la deforestación de los parques naturales del sur de Meta hay una economía que la impulsan ganaderos, comerciantes de semovientes e inversionistas de varios lugares del país. “Sobre eso no se le ha puesto el ojo”, afirmó el vocero campesino.

Otro de los líderes consultados aseveró que en esas actividades contra el medio ambiente “hay recursos de dudosa procedencia que han entrado a hacer ese gran daño de la deforestación, que de golpe tumbaron hasta 600 hectáreas. Nos enfrentamos a un tipo poderoso que, si tuvo recursos para mandar tumbar todas esas hectáreas, pues también tiene recursos para pagar sicarios”.

¿Y quienes son esos ganaderos, comerciantes de ganado e inversionistas? Nadie en La Macarena responde esa esa pregunta porque dicen no conocer a las personas que pagan por deforestar. “En las veredas no van a decir quién tumbó; de pronto el gobierno toma unos puntos para mirar quiénes viven en esas veredas, de pronto los localizan, pero que la vereda diga fue fulano el que taló, nunca lo van a encontrar ni quién pagó por talar”, afirmó un conocedor de la región.

Una autoridad regional consultada al respecto, complementó: “El que está en las fincas es un mayordomo, un contratista. Usted va a donde están haciendo talas y la persona que encuentran dice que está haciendo un contrato de 50, 80 hectáreas de tumba, pero no precisa para quién trabaja”.

Y cuando la finca ya tiene el ganado pastando, la afirmación es similar: “Dicen que los animales son de unos, que otra parte es otros, es ganado a utilidades. En otros casos dicen que es de ‘un patrón’, pero que no se sabe quiénes son”.

Actualmente, están siendo procesadas por lo menos 95 campesinos, a quienes la Fiscalía responsabiliza de daños ambientales. Las capturas se produjeron durante la ejecución de la Operación Artemisa, una estrategia militar implementada a finales de abril de 2019 como parte de las tareas de control contra la deforestación que fue suspendida por el actual gobierno nacional. Ante el ente acusador, los inculpados tampoco dicen quiénes son los que financian la gran deforestación.

Pero la presión sobre la comunidad campesina no solo proviene de las autoridades ambientales y judiciales. Desde pocos meses después de la firma del Acuerdo de Paz, se posicionaron en la región de La Macarena las llamadas disidencias de las Farc, integrada por guerrilleros que decidieron no acogerse a lo pactado en La Habana, Cuba.

De acuerdo con campesinos que conocen esa dinámica armada ilegal, las disidencias operan con tres frentes así: el Frente 7 controla la zona que va del municipio de La Macarena a San José del Guaviare (Guaviare); el Frente 23, abarca la región del parque natural Sierra de La Macarena, que comprende un corredor entre el municipio de Vistahermosa y La Macarena, controlando la movilidad por la llamada trocha ganadera; y el Frente 40, que se mueve entre la población de La Macarena y San Vicente del Caguán (Caquetá).

Esas disidencias se convirtieron en el poder de facto de la región. “Nada se mueve sin que ellos no lo autoricen”, dice un campesino que vive en una de las veredas que atraviesa la trocha ganadera. De hecho, es notoria la presencia de hombres vestidos de civil y armados con pistolas en varios sitios estratégicos de esa vía carreteable.

Esa estructura armada también reaccionó a las decisiones del ICA. Mediante un comunicado fechado el 15 de mayo pasado, remitió un conjunto de 23 instrucciones a las comunidades campesinas asentadas en los parques naturales La Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de Los Picachos, entre ellas prohibir la entrada de funcionarios de PNN y de Cormacarena a las áreas protegidas, tumbar montaña y coger terrenos baldíos. (Ver comunicado)

Ante esas restricciones y la presencia armada en la región, las comunidades campesinas se preguntan cuál será el mecanismo que el ICA piensa adoptar para respaldar a aquellos funcionarios que tendrán funciones de Inspectores de Policía Sanitaria para verificar el cumplimiento de la Resolución 00014444, pese a que la norma plantea que “gozarán del apoyo y protección de las autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones”.

Tragedia ambiental en datos

La quema de bosques y de superficie vegetal para generar pastizales es una de las actividades que mayor daño ocasiona al ecosistema de parques naturales en La Macarena. Foto: Juan Diego Restrepo E.

¿Cómo impactó a La Macarena esa llegada de nuevos colonos? Para establecer esa afectación se revisaron las bases de datos del ICA correspondientes a los censos bovinos de 2016 a 2021, en el que se identifican el número de cabezas de ganado vacunado por año y por fincas. Y se tomaron como referencia los municipios que tienen injerencia en los parques Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de Los Picachos – La Macarena, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Rico, San Juan de Arama, Uribe y Vistahermosa –.

Así las cosas, los datos revelan un aumento significativo de cabezas de ganado y fincas en estos municipios. Entre ellos, se destaca La Macarena, que es el que reporta mayores más incrementos: pasó de 44.871 cabezas de ganado en 2016 a 224.547 en 2021, lo que significa un aumento del 500,4% de población bovina en seis años; y de 493 fincas en 2016 a 2.017 en 2021, con un aumento del 409,1%.

El segundo municipio con altas cifras es Uribe. Las cabezas de ganado pasaron en 2016 de 26.000 a 79.430 a 2021, con un aumento del 305,5%; y en cuanto a las fincas, pasaron de 255 a 904, incrementándose en 354,5%.

Funcionarios del ICA consultados al respecto reconocieron esos incrementos y explicaron que se deben a varias razones: fraccionamiento de predios extensos en lotes más pequeños; conversión de predios agrícolas en pecuarios; una actitud más receptiva de los ganaderos a la vacunación ante eventuales sanciones; y la firma del Acuerdo de Paz rubricado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, que ha permitido el acceso a zonas donde antes no se podía por alteraciones del orden público y control insurgente.

No obstante, precisaron que, por la actual dinámica de vacunación, el ICA no tiene manera de saber si los predios donde se inyecta al ganado contra la fiebre aftosa o la brucelosis están en áreas protegidas y mucho menos están incluidos en los Puntos Activos de Deforestación.

Pero en La Macarena tienen una explicación más sencilla: “Llegó más gente, abrió más selva y metió más ganado”. Los nuevos colonos irrumpieron desde mediados de 2016, según uno de los líderes consultados, aprovechado la salida de cientos de guerrilleros que se acogieron al Acuerdo de Paz.


De acuerdo con cifras del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) aportados para este artículo, entre 2017 y 2021 se deforestaron en jurisdicción del municipio de La Macarena 69.736 hectáreas, siendo el año 2018 el de mayor actividad, pues se registraron 18.680 hectáreas deforestadas, equivalentes al 26,7% del total.

La situación se torna más crítica si se revisan los datos del Sistema de Información Ambiental Territorial para la Amazonia Colombiana (SIAT-AC), que hace parte del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI). A través de monitoreo satelital se identifican lo que técnicamente se describe como Cicatrices de Quema, que se definen como las huellas que quedan en una superficie después de la combustión de la vegetación.

Una revisión de esos datos permite establecer que entre 2017 y 2021, en el área de parques nacionales naturales en jurisdicción del municipio de La Macarena, que corresponde a la Sierra de La Macarena y Tinigua, se identificaron 3.268 cicatrices, que comprometieron 21.755 hectáreas de bosques. De lejos es zona más afectada por posibles efectos de deforestación, lo que podría explicar la cantidad de fincas abiertas en los últimos cinco años. Lo siguen los municipios de Puerto Rico, Uribe, Vistahermosa, Mesetas, Puerto Concordia y San Juan Arama.


Un experto del Instituto Sinchi consultado para este reportaje explicó que las Cicatrices de Quema se hacen con imágenes satelitales que se toman cada quince días y de esa manera se ha establecido que la mayor actividad de afectación a la superficie boscosa coincide con los meses de menos lluvias, que van de enero a marzo.

Con respecto a la relación que podría existir entre las Cicatrices de Quema y la creación de fincas para actividades ganaderas extensivas, el experto reconoció que hay una dinámica con un patrón de rompimiento de la conectividad de los bosques nativos que es palpable a través de los monitoreos que hace el Sinchi entre el sur de Meta y el nororiente caqueteño, afectando los parques Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de Los Picachos.

“No tenemos estudio de terreno específicos y eso es parte de lo que es necesario hacer para saber qué es lo que está pasando”, reconoció el experto. “Esa dinámica de ampliación se está dando desde hace más de tres décadas y, en este caso, hay una clara intención de generar un rompimiento común de las áreas de bosques para sembrar pastos para la ganadería extensiva”.

¿Y dónde aplicarán las medidas?

Las autoridades ambientales y agropecuarias aplicarán las medidas para contener la actividad ganadera en los Puntos Activos de Deforestación dentro de parques naturales, nacionales y regionales. Foto: Juan Diego Restrepo E.

La Resolución 00014444 del ICA, actualmente vigente, precisa que la cancelación de los RSPP y la suspensión de la vacunación, aplica para “las personas naturales o jurídicas que desarrollen sus actividades ganaderas de bovinos y/o bufalinos dentro de los puntos activos de deforestación al interior de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y los Parques Naturales Regionales ubicados en el territorio nacional”.

Los Puntos Activos de Deforestación son definidos en esa resolución como “áreas de alta densidad de deforestación histórica identificados en ventanas temporales con frecuencias de un año o mayor”. No obstante, de acuerdo con documentos conocidos por este portal y fuentes estatales consultadas, por el momento no se sabe con precisión dónde están esos lugares. Por eso en La Macarena reina la confusión entre comunidades campesinas.

Y esa falta de precisión es compleja si se tiene en cuenta que el ICA, que requiere la información para identificar en qué predios debe aplicar su resolución, aún no la tiene con detalle. Por lo pronto ha sido informada por las corporaciones ambientales y PNN que dentro de los parques naturales nacionales y regionales se tienen identificados 1.406 predios con una población bovina de 53.934 animales, lo que correspondería al 0,17% del inventario de cabezas de ganado del país.

Adicionalmente, la autoridad agropecuaria también fue enterada de que por lo menos 162 predios, de los 1.406 identificados, registran una población bovina de más de 80 cabezas de ganado, siendo Caquetá, con 69 predios, el que más tiene, seguido por Meta con 38 predios.

Por su parte, PNN estimó que en las actividades ganaderas afectan en mayor medida áreas protegidas de los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta. De acuerdo con datos conocidos por este portal, se calcula que en las 27 áreas protegidas del país hay por lo menos 36.752 cabezas de ganado de propiedad de 527 ganaderos.

Al cruzar datos con el ICA y los núcleos de alta deforestación en PNN determinaron que por lo menos 174 predios fueron ubicados en los parques nacionales Tinigua (72), Sierra de La Macarena (59) y Cordillera de Los Picachos (43). La documentación conocida no establece la extensión de cada uno de esos predios, tampoco la cifra global.

Si bien las entidades involucradas en aplicar controles a los ganaderos que ocupan predios en zonas protegidas tienen cifras generales, por el momento no hay una línea base que le permita al ICA identificar los predios pecuarios en los que se deben aplicar las medidas restrictivas.

“Dependemos de que Parques nos reporte cuáles son los predios ubicados en esos puntos (Puntos Activos de Deforestación) para aplicar la norma”, sostuvo un funcionario del ICA consultado al respecto, quien agregó que, por lo menos hasta el cierre de este reportaje, la autoridad agropecuaria desconocía “cuáles son los predios que están en esos puntos y cuáles son sus características”.

Esa preocupación también la tienen las autoridades regionales de Meta, quienes han solicitado mayor claridad en la identificación de los predios pecuarios, tarea que deben hacer el ICA con el apoyo de PNN, tal como lo han sugerido las directrices de la Procuraduría y que quedaron consignadas en la resolución vigente.

A la par de las autoridades regionales, los campesinos están a la expectativa de que las autoridades agropecuarias y ambientales identifiquen con claridad los predios que serán afectados por las medidas contra la deforestación.  Muchos, como Rogelio, también requieren información precisa para qué camino tomar, junto con su familia.

Concertar alternativas

Lìderes campesinos de La Macarena proponen que la actividad ganadera pueda modernizarse, incluso genétenicamente, para que los efectos sobre los parques naturales sea mínimo.

“La ganadería es uno de los principales motores de la deforestación en el país”. Así lo consideran autoridades agropecuarias y medioambientales en varios de los documentos para sustentar las medidas tomadas por el ICA contra aquellas personas y empresas que depredan bosques para acaparar tierras y luego llenarlas de cabezas de ganado lechero y de carne.

Esa actividad viene desde décadas atrás. Incluso, en la región de La Macarena recuerdan que fue el mismo Estado el que propició el poblamiento de esas selvas del sur de Meta en los años sesenta, a donde llegaron centenares de familias huyendo de la guerra entre liberales y conservadores que desolaba los campos del centro del país.

Alberto, el líder campesino entrevistado para este reportaje, cuestionó al Estado porque si bien ahora quiere controlar las áreas protegidas, dijo que, en el pasado, legitimó a sus pobladores autorizándoles Juntas de Acción Comunal y otorgándoles personería jurídica, construyéndoles escuelas y asignándoles maestros.

Una muestra de esa paradoja es la trocha ganadera que atraviesa un extremo de la Sierra de La Macarena: en su trayecto hay siete escuelas.  “Eso hizo que los campesinos se sintieran como en su casa, y se fueron empoderando de esas tierras”, explicó Alberto. “Ahora que vino la pacificación se dieron cuenta que los campesinos que están ahí se convirtieron en un problema”.

Además, antiguos pobladores de La Macarena, de aquellos que llegaron a comienzos de la década de los años setenta, reclamaron lo que ha sido una especie de letanía en la región: los Parques Naturales se crearon después de que llegaran las familias campesinas. “Nunca tuvieron en cuenta eso y ahora nos quieren sacar”, reclamó Marino.

Una revisión de las fechas de declaración de los tres parques naturales nacionales del sur de Meta le da la razón a la apreciación de este campesino: Cordillera de Los Picachos fue declarado en 1997; Tinigua y la Sierra de La Macarena, en 1989.

Pero, ¿qué salidas hay? Para la actual coyuntura, la Procuraduría ha insistido en la suscripción de acuerdos con las comunidades campesinas vulnerables asentadas en parques nacionales y regionales “que deriven su subsistencia de usos tradicionales y artesanales”, y precisó que fueran incluidos aquellos que tienen menos de 80 cabezas de ganado.

Esos acuerdos los deben suscribir las comunidades con PNN, como una medida para garantizarles sus derechos y evitar el escalamiento del conflicto social que podría significar la aplicación de las medidas del ICA contempladas en la Resolución 00014444.

Desde el pasado 16 de agosto, y de manera insistente, se buscó una entrevista con PNN, especialmente con Édgar Olaya Ospina, director regional para la Orinoquía, que tiene autoridad sobre La Macarena, para profundizar en el tema de los convenios, pero de acuerdo con su oficina de prensa, las múltiples actividades del funcionario impidieron que nos atendiera.

Sin embargo, sobre la mesa no solo están ese tipo de acuerdos. Las organizaciones campesinas del sur de Meta han presentado diversas propuestas para buscarle salidas a los problemas generados por los asentamientos humanos en zonas protegidas. Entre 2014 y 2017 estuvieron sentados con diversas entidades del gobierno nacional, pero “resulta que nada de lo que se planteó tuvo eco”, enfatizó Octavio.

Resultado del estallido social de 2020, al cual se vincularon los campesinos de Meta, se construyó una agenda ambiental de 13 puntos con el fin de continuar buscando alternativas para quienes llevan décadas en los parques naturales nacionales, una de cuyas propuestas es la de reconocer parques con campesinos, pero no la única.

Líderes campesinos de La Macarena sugieren abrir las opciones y pensar en alternativas para las comunidades que les ofrezcan posibilidades de trabajo que, además de generar vida digna, eviten el daño medioambiental. Integrarse al mercado de bonos de carbono, construir una embotelladora de agua y otorgar licencias de aprovechamiento forestal con el acompañamiento de las autoridades ambientales, por ejemplo.

“Todo eso sería posible si se trae educación ambiental al territorio, eduquemos a la gente”, insistió Octavio. “Llevemos la catedra ambiental a La Macarena, para que aprendamos a cuidar lo que tenemos”.

“Hay una cantidad de cosas que podemos hacer – agregó –, pero se necesitan políticas públicas que lleguen a la gente. Con este nuevo gobierno lo que queremos es sentarnos a conversar, crear líneas que nos permitan minimizar los impactos de la ganadería en Parques”.

Otra de las peticiones es que las autoridades ambientales y agropecuarias puedan caracterizar a la población campesina que habita en los parques del sur de Meta y dejen de “meter en el mismo saco” a quienes llevan varias décadas trabajando de manera organizada y a quienes son los nuevos colonos.

Desde el Congreso de la República también se buscan soluciones. Desde comienzos de agosto, senadores y representantes a la Cámara, varios de ellos del Partido Comunes y quienes fueron antiguos guerrilleros de las Farc, presentaron el Proyecto de Ley 44, mediante el cual plantean la creación de un régimen especial “de Parques con Campesinos”, para solucionar parte de los problemas que enfrentan las comunidades en áreas protegidas.

Mientras en Bogotá se tramitan alternativas y los campesinos insisten en que los escuchen, en La Macarena ya piensan en soluciones drásticas, una de ellas es volver a cultivar hoja de coca para uso ilícito, como ocurrió en el pasado. La paradoja es que muchos campesinos dejaron esos sembradíos ilícitos por actividades ganaderas.

Un líder local planteó que las soluciones que se concreten “no pueden quedar a medias, pues, como dicen por aquí el campesino después de criado no se deja morir de hambre jamás”.

(*) Los nombres de las fuentes fueron cambiados u omitidos por razones de seguridad.

Este artículo fue realizado gracias a la Beca de Periodistas contra la Deforestación, que hace parte de la iniciativa Unidos por los Bosques liderada por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Embajada de Noruega, con el apoyo de las embajadas de Reino Unido y la Unión Europea, así como Andes Amazon Fund y Rewild.