Debido a su insistencia, las amenazas continúan contra Miguel Briceño, quienreclama soluciones a predios de la inspección de El Porvenir, en Puerto Gaitán, Meta. La comunidad campesina pide diligencia del Estado en su protección y la prometida titulación.
En 2014, el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) determinó que debían recovarse los títulos que el antiguo Incora había entregado sobre 27 mil hectáreas en Puerto Gaitán. El Instituto ordenó la recuperación de los baldíos pero esto quedó en el papel. Foto suministrada Corporación Claretiana.“No crea y verá que lo veremos llorando lágrimas de sangre cuando usted o un familiar esté amarrado”. Esa fue la amenaza más reciente que recibió Miguel Briceño a su teléfono celular a mediados de agosto de 2016. No ha sido la única, desde 2014 su vida corre peligro “porque consideran que soy una piedra en el zapato”, dice el líder campesino, refiriéndose a quienes no quieren que él ni 75 familias logren que el Estado recupere y les titule las 27 mil hectáreas que han trabajado por casi cuatro décadas. (Lea: El oscuro pasado de El Porvenir)
La historia de estas tierras está atravesada por el conflicto armado y la dilación de los procesos agrarios. Como documentó VerdadAbierta.com, y como lo confirmóluego el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), las 27 mil hectáreas conocidas como el viejo Hato Cabiona fueron acumuladas de forma irregular por foráneos y luego explotadas por la Ganadería La Cristalina, de propiedad de un hijo y esposa del fallecido esmeraldero Víctor Carranza.
Desde los años setenta estas tierras han sido trabajadas por campesinos y en su espera de títulos se vieron sometidos a la violencia generada por grupos armados ilegales como ‘Los masetos’ y las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, conocidas como ‘Los carranceros’.
La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario advirtió desde 2012 que El Porvenir hace parte de los 14 casos de acumulación de tierras baldías en la región de la Altillanura, principalmente Meta, Casanare y Vichada, donde foráneos y empresas violaron la Ley Agraria 160 de 1994 y acapararon predios que debían destinarse para la reforma agraria. Estos casos suman unas 215 mil hectáreas que el gobierno prometió distribuirlas entre familias que carecen de tierra. (Lea el documento aquí)
A este llamado se sumó la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios que, en julio de este año, envió un oficio a la Corte Constitucional, advirtiendo que procesos agrarios como El Porvenir estaban paralizados, situación que venía ya ocurriendo bajo la responsabilidad Incoder y que se atizó con su liquidación y transición a la nueva institucionalidad, ahora, la Agencia Nacional de Tierras (ANT). (Lea: Un llamado de emergencia a la recuperación de baldíos)
El organismo del Ministerio Público advirtió, incluso,que la nueva Agencia corría el riesgo de repetir los errores de sus instituciones antecesoras, de no contar con suficiente personal, asignar una gran parte de los cargos a contratistas y no actuar con prontitud frente a las reclamaciones que hacen comunidades campesinas y étnicas. (Lea informe)
Para Miguel Briceño, la recuperación de las 27 mil hectáreas de baldíos y su titulación tiene ver con la paz. El acuerdo final para la terminación del conflicto armado, firmado el 24 de agosto de 2016 entre las Farc y el gobierno nacional, promete que garantizará una Reforma Rural Integral (RRI), es decir, el acceso a la tierra a comunidades que carecen de ella y que la necesitan para hacerla productiva. En ese sentido, se anuncia la creación de un Fondo de Tierras, que se alimentará con los predios de extinción de dominio y la recuperación de baldíos indebidamente apropiados u ocupados. “Los campesinos necesitamos tierra para trabajar”, reitera Briceño.
El líder campesino indica que la falta de actuación del Incoder en 2014, cuando anunció la revocatoria de los títulos de las 27 mil hectáreas para su recuperación, favoreció la invasión de los predios por parte de foráneos, quienes presuntamente llegaron al territorio generando tensión y cobrando dinero para acceder a las tierras de El Porvenir.
Por lo menos 75 familias reclaman la recuperación y titulación de las 27 mil hectáreas que el Gobierno debe recuperar en Puerto Gaitán. Ellos esperan que un próximo fallo de la Corte Constitucional los proteja y les dé la razón. Foto suministrada Corporación Claretiana.“En estos años la violencia no ha parado. Le pedimos a la Fiscalía que investigue. Nos dedicamos a la ganadería del sustento y hemos perdido las reses, algunas porque nos la mataron y otras, porque no las robaron”, se lamenta el líder amenazado.
Briceño y quienes integran la Asociación Campesina e Indígena Víctima del Conflicto Armado guardan fe en un fallo que está por emitir la Corte Constitucional. El máximo tribunal, que garantiza el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Política, estudia una tutela que exige por lo menos ocho decisiones que protejan la vida digna y el derecho al territorio de los campesinos originarios de El Porvenir.
A través de ese mecanismo se pide amparar los derechos a la justicia y al acceso progresivo a la propiedad que tienen los campesinos mediante la adjudicación de baldíos; también que los Jueces Especializados en Restitución ordenen el desalojo de bienes y semovientes de la Ganadería La Cristalina, pues los baldíos son propiedad de la Nación; asimismo, que compulse copias a la Fiscalía para investigar a las personas y organizaciones que “presuntamente estarían cobrando aportes a los desplazados a cambio de entregarles tierras en El Porvenir”, así como a varios funcionarios del antiguo Incoder que no actuaron con diligencia en el cumplimiento de sus funciones públicas.
Otras de las peticiones de la tutela es la adjudicación de los predios de El Porvenir a los campesinos que han ocupado esas tierras durante décadas y que la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras determine la viabilidad de realizar un proceso de restitución étnica con los indígenas Cubeos, quienes advirtieron lugares sagrados en ese territorio.
Asimismo solicita que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), el Departamento Nacional de Planeación (Upra) y el Consejo de Ministros que no implementen la figura de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres) en El Porvenir, mientras “tanto no se resuelvan los conflictos sobre el despojo”.
Esto último es sobre lo que más llama la atención Miguel Briceño. Las Zidres fueron aprobadas por la Ley 1776 de 2016 y están proyectadas en regiones “pobres y aisladas” donde empresarios se asociarán con campesinos para trabajar tierras de origen baldío ya tituladas a los labriegos, baldíos que todavía son de la Nación o predios privados. Esta se convierte en una excepción a la Ley 160 de 1994 que prohíbe la acumulación de más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) cuando la tierra es de origen baldío o es aún de la Nación. (Lea: Las potenciales regiones para crear Zidres)
Las Zidres están demandas ante la Corte Constitucional, pues a juicio de los demandantes esta ley “amplía la brecha entre ricos y pobres”, profundizando las desigualdades existentes, ya que al campesino le impondrán más obligaciones, recibirá pocos beneficios y estará en desventaja, perdiendo la autonomía que debería partir de qué es lo que en realidad él quiere cultivar. Esto porque los proyectos Zidres serán de tipo extensivos, como los agroindustriales, de ganadería o forestales. (Lea: Nuevo reto para la Corte Constitucional en el tema agrario)
La Altillanura está en los planes del gobierno y las Zidres. Así quedó expuesta en la presentación realizada por el Superintendente de Notariado y Registro en 2015, que señala parte del Meta y Vichada entre las 2 millones 975 mil hectáreas visualizadas para estos proyectos. “Pero a nosotros ni siquiera nos han contado qué planes tienen para acá. Queremos es que nos titulen la tierra porque llevamos años trabajándola. No es justo que se la vayan a entregar a un empresario”, dice Briceño, recordando que su reclamación y de la de otras 74 familias sigue sin respuesta. (Ver la presentaciónde la Superintendencia acá).
Desde que comenzaron las amenazas en 2014, Briceño tuvo que solicitar medidas de protección. Ya hasta temor siente de contestar el teléfono. “Estamos en el derecho de reclamar. Es una tierra que hemos trabajado durante muchos años”, repite el campesino.
