Escrito por: Jairo Padilla González – @jairopadillag

Los miembros de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar) del sur del Cesar, llevaba décadas buscando hacerse de unas tierras luego de haber sido despojados de predios otorgados por la autoridad de tierras en una incursión paramilitar en los años 90. 

Al fin, en 2024 la Asociación logró obtener el derecho provisional a la administración y usufructo de la hacienda El Amparo, cerca de donde habían sido despojados, que está en proceso de extinción de dominio en contra de Luis Alberto Urrego Contreras, quién pagó una condena por narcotráfico en Estados Unidos.

Pero una orden de la Fiscalía 50 de Extinción de Dominio del 19 febrero de 2025 estuvo a punto de  frustrar los sueños de los campesinos. La Resolución 10658 levantó la medida de administración de la hacienda El Amparo entregada a Asocadar por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en noviembre de 2024.

Un mes después, ante objeciones de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierra revocó la orden que favorecía a la familia Urrego Contreras, en detrimento de los intereses de la comunidad de Asocadar, como confirmó la SAE en su cuenta de X. 

“La Fiscalía ha revocado la decisión de levantar el embargo sobre el bien en proceso de extinción de dominio (…) Este es un paso crucial hacia la reparación y el reconocimiento de las víctimas. Nuestro compromiso con su dignidad y sus derechos es firme” dijo la SAE.

La revocatoria se dio ocho días después de que Amelia Pérez Parra, presidente de dicha entidad hiciera la solicitud formal. “Luis Alberto Urrego Contreras, condenado narcotraficante, busca retomar el predio mediante acciones intimidatorias y jurídicas, revictimizando a las comunidades que habitan la hacienda entregada por la SAE”, dijo la entidad en su cuenta de X. 

Harman Felipe, director Nacional de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se pronunció en el mismo sentido. “La disposición del Plan Nacional de Desarrollo es clara: los bienes de la mafia pasan a manos campesinas (…) Las víctimas del caso Bellacruz allí reubicadas pueden seguir trabajando el predio”. 

“No hay una claridad de las instituciones del Estado que nos llamaron, nos posesionaron y ahora prácticamente ellos mismos nos (estaban) desplazando porque yo considero que a nosotros no nos está desplazando el señor Urrego”, dice Adelfo Rodríguez, presidente de Asocadar.

Una notificación inesperada

El 20 de febrero de 2025 llegó a los predios el abogado de Urrego Contreras, quien se identificó como Edwin Alberto Álvarez Garcés, con la orden de notificación de la Fiscalía 50, en la que le devolvía la administración de los predios a la familia de su representado.

A pesar de que aseguró que no iba ese día a hacer un desalojo, estuvo acompañado de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal de la Política Nacional, quienes iban fuertemente armados con fusiles de asalto, utilizados usualmente en operaciones especiales. 

Las familias campesinas, que ya habían empezado a adecuar el terreno para poder desarrollar sus proyectos productivos, quedaron desconcertados. 

Al respecto, desde la Comisión Colombiana de Juristas señalaron que “ los campesinos, muy asustados ante el proceder también un poco abrupto y que tiene unas formas ilegales en el sentido en que el abogado manifiesta que va a notificar una resolución y las vías de notificación formal no son esas, tampoco llega una orden judicial como tal. Este abogado llega con una resolución que tiene una firma pero que no se establece muy bien qué tipo de resolución es, ni exactamente quién la expide ni nada”.

A pesar de que el abogado de Urrego aseguró que no se trataba de un desalojo, poco después de su inesperada visita, empleados contratados por la familia Urrego ingresaron a los predios con tractores, desarmando las viviendas que había construido la comunidad, cuentan los campesinos. También invadieron los terrenos con ganado de su propiedad y aunque miembros de la comunidad sacaron las vacas, a los pocos días se percataron de que nuevamente habían sido introducidos. 

Al respecto, Adelfo Rodríguez, considera que hay algún tipo de acuerdo entre las autoridades ya que, como él dice: “El tractor entra y uno le avisa a la Policía. La Policía dice, ahora vamos y, por ahí, a las 3 o 4 de la tarde es que llegan, pero cuando ya la máquina está saliendo”.

Posible frenazo para otros campesinos

El impacto de la resolución de la Fiscalía va más allá del departamento de Cesar. Deja en zozobra miles de víctimas del despojo que aceptaron la invitación del presidente Gustavo Petro a aceptar otras formas de recuperar tierras. 

Con el precedente fijado por la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), que crea a la ANT, y posteriormente con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, con la promesa de una reforma rural integral, se revitalizó la agenda reivindicativa de los derechos y las demandas de acceso a la tierra por parte del campesinado víctima de despojo en el marco del conflicto armado.

En ese escenario, el gobierno les propuso a los campesinos sin tierra o que habían sido víctimas, la posibilidad de acceder a ellas por medio de distintas figuras jurídicas. Los incentivó a ir adquiriendo tierras de distintos modos, no sólo como propietarios, sino también a través de la tenencia o administración de predios, mientras buscaban la manera de adjudicarlos.

Asocadar se acogió a ese llamado, solicitando formalmente ante la SAE para acceder a tierras confiscadas por el Estado en razón a su relación con el narcotráfico. 

La institución le propuso a Asocadar un traslado de tierras que consistió en reubicarlos en otros predios mientras se resolvía su solicitud de restitución de predios de la antigua hacienda Bellacruz, hoy hacienda La Gloria, en manos de un conglomerado de empresarios entre los que figura German Efromovich (antiguo dueño de Avianca) y una fiducia del banco Davivienda. (Leer más : Yo tutelo, él tutela, ellos tutelan… el caso Bellacruz). 

Pero la resolución de la Fiscalía deja claro que estas figuras jurídicas de destinación provisional “no blindan al campesinado frente a esos nuevos despojos que se pueden dar en relación con las actividades campesinas que se vienen desarrollando en esos predios”, como subraya la abogada de la Comisión Colombiana de Juristas.

La situación ha dejado desesperanzados a la Asocadar a tal punto que no quieren trabajar más esa tierra, ante la incertidumbre de no saber qué pueda pasar con la destinación de esos predios. Se preguntan por qué el gobierno y las instituciones los llamaron para después dejarlos solos en esta lucha por la tierra. 

La historia de Bellacruz

La Asocadar representa a familias que fueron desplazadas de los predios de la hacienda Bellacruz que ocupaban y cultivaban esos predios con la esperanza de que el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) les titulará esas tierras.

Pero ya cuando todo estaba listo, y el Estado había  comprado los predios a la poderosa familia Marulanda Ramírez, esa promesa se vio truncada el 14 de febrero de 1996 con la llegada a sangre y fuego del frente paramilitar Héctor Julio Peinado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por Juan Francisco Prada Marqués, alias ‘Juancho Prada’.

Con el arribo de los paramilitares, que numerosas investigaciones judiciales, académicas y periodísticas han evidenciado fue promovido por los hermanos Marulanda Ramírez, los campesinos se vieron obligados a desplazarse hacia otros municipios y departamentos. Algunos incluso se vieron forzados a exiliarse en el exterior tras el asesinato de varios de sus líderes.

Durante años reclamaron sus tierras. Pero cada vez que el extinto Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) les restituía los predios, la situación de seguridad en la región y la contínua presencia de los paramilitares en la zona impedía que  los reclamaran. Posteriormente, funcionarios del Incoder certificaron que los campesinos no habían ocupado los predios y revocaron las órdenes de restitución. Estos predios nuevamente pasaron  a formar parte de la hacienda Bellacruz, hoy conocida como hacienda La Gloria, como lo ha venido revelando VerdadAbierta.com desde 2011 (Leer más: Tierra prometida en la Bellacruz).

Los mecanismos mediante los cuales funcionarios públicos de instituciones estatales como el Incoder y las notarías de registros públicos legalizaron las tierras despojadas a víctimas campesinas del paramilitarismo en favor de terratenientes están documentados por académicas como Rocío del Pilar Huertas, profesora de la Universidad del Rosario. (Entre la legalidad y la crimilegalidad: el papel de los notarios en el sistema (i)legal colombiano).

Restitución de predios vía la SAE

Las 150 familias que conforman la asociación campesina de víctimas empezaron a celebrar el fin de su diáspora cuando la SAE y la ANT les otorgaron la administración de la hacienda El Amparo.

La ruta que siguió la asignación de predios a la asociación consistió en la entrega de las parcelas por parte de la SAE a la ANT. La recepción de estas por parte de la agencia de tierras se hizo con base a una promesa de compraventa que existía de antemano, como lo confirmó la Comisión Colombiana de Juristas, que representa legalmente a Asocadar. 

“La ANT realiza jornadas presenciales de entrega de los predios y suscribe unas actas de entrega… a los campesinos de Asocadar y les dice: ‘Mire, les estoy entregando la tenencia de estos predios porque yo los voy a comprar, ya hay una promesa de compraventa, ya hay un certificado de disponibilidad presupuestal, está aprobado’”, recuerda una abogada de la Comisión Colombiana de Juristas. 

Con este compromiso presente, los predios El Amparo, El Porvenir y San Ignacio, ubicados en el municipio La Gloria, justo al lado de la hacienda La Gloria (antigua Bellacruz), son entregados a Asocadar. Esto se hace mediante la figura jurídica de destinación provisional de los predios que le da la potestad de administrarlos y usufructuar de ellos en función del bienestar colectivo. 

Esto es así porque los predios aún están en proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía en contra de Luis Alberto Urrego Contreras, quién pagó una condena por narcotráfico en Estados Unidos debido a su participación en la red de transporte aéreo de cocaína liderada por el entonces narcotraficante Fabio Ochoa Vásquez, integrante del extinto Cartel de Medellín.

La SAE le hizo asignó temporalmente los predios a Asocadar en septiembre de 2023, mediante la resolución 720 de 2023 que queda anotada formalmente en los folios de matrícula inmobiliaria. 

Según una asesora jurídica de los campesinos que pidió anonimato, “cualquier persona que tenga un interés en ese predio tiene la obligación de ir al folio de matrícula inmobiliaria y revisar la hoja de vida de ese predio y ahí se puede dar cuenta cuál es el la historia de ese predio, de quién era, si se vendió, si no se vendió, si se arrendó, si se dio en destinación provisional y en ese momento en el folio de matrícula inmobiliaria eso consta ahí”.

Posteriormente, en acto público celebrado el 22 de noviembre de 2024, poco más de un año después de la resolución de la SAE, la ANT le entregó las tierras a la asociación en un proceso que buscaba tanto restituir los predios como los derechos al campesinado víctima del despojo paramilitar.

Los tres predios entregados a Asocadar suman 1.066 hectáreas, una quinta parte de la hacienda La Gloria, compuesta por poco más de 5.000 hectáreas (casi dos veces el área metropolitana de la ciudad de Bogotá), y la cual aún está en una larga disputa que parece no acabar.  (Leer más: La historia sin fin de La Bellacruz)

Revictimización del campesinado

La resolución expedida por la Fiscalía 50 indica que al señor Luis Urrego Contreras y a su madre de 80 años se les están vulnerando sus derechos fundamentales a la vivienda digna y el mínimo vital, ya que ella depende económicamente de él y no cuenta con un lugar de vivienda digna. 

Así, favorecería a una familia ligada al narcotráfico en detrimento de más de 100 familias conformadas por adultos mayores, mujeres y niños, víctimas de la violencia y el despojo. Como tal, son sujetos especiales de derechos y protección, según la Corte Constitucional. 

El paso del tiempo y la falta de respuestas por parte de las instituciones encargadas han desgastado a la comunidad. “Desde que fuimos desplazados en el 96 a esta fecha ya han corrido 30 años, entonces la mayoría de la gente pues ya éramos adultos y con toda esa recopilación de años ya somos prácticamente muchos ya correspondidos a la tercera edad y muchos también ya se fueron adelante porque en tanta espera, en tanta cuestión y para allá y para acá, la gente se nos fue yendo y así ha ido sucediendo poco a poco y son bastantes los que ya se han despedido”, dice Rodriguez, el líder de Asocadar.

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Miles de desplazados en el Catatumbo, policías y militares secuestrados durante 40 horas en el departamento de Cauca, paros armados en Chocó, 41 víctimas de masacres en todo el país. Todo esto ha ocurrido desde comienzos del 2025 y todo, de alguna forma u otra, está relacionado con el narcotráfico.

Y a pesar de los miles de millones de dólares invertidos en erradicación e interdicción, y los miles de muertos en disputas por territorio y control de rutas, el monitoreo de las Naciones Unidas muestra que el cultivo de coca en Colombia se cuadriplicó en la última década, mientras que la producción mundial de cocaína se duplicó.

Por eso, y ante nuevas presiones desde Estados Unidos para insistir en un enfoque prohibicionista en la “guerra contra las drogas”, el gobierno de Gustavo Petro busca darle un nuevo aire a su estrategia contra el narcotráfico tanto a nivel interno como en el plano nacional.

El gobierno estadounidense, en cabeza del presidente Donald Trump, está utilizando sanciones arancelarias, o la amenaza de ellas, para exigir mayores esfuerzos de Canadá y México para detener el flujo de drogas —principalmente fentanilo— hacia el mercado de Estados Unidos. Algunos sectores políticos colombianos temen que, ante el incremento de cultivos de coca y de producción de cocaína en el país, el país del norte podría imponer sanciones similares a Colombia o exigir que se retome la política de fumigación.

Incluso podría “descertificar” a Colombia en su proceso anual de evaluar los esfuerzos antinarcóticos de países de producción o de tránsito de drogas ilegales alrededor del mundo, lo que significaría una suspensión de fondos de cooperación, que ya se han visto afectados por el cierre de programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). (Leer más: Cooperación en vilo mientras Colombia atraviesa crisis humanitaria)

El gobierno colombiano defiende su enfoque de centrarse en las mafias que transforman el producto natural de la coca en cocaína, en lugar de en los productores campesinos.

La estrategia antinarcóticos, presentada en 2023, tiene dos pilares fundamentales que el gobierno ha denominado “oxígeno” y “asfixia”. Bajo el pilar de “oxígeno”, el énfasis está en aliviar la presión sobre los objetivos tradicionales de la ley, como los pequeños cultivadores de coca y los consumidores de drogas. Esto implica fomentar la sustitución voluntaria de cultivos de coca por alternativas legales y promover un enfoque de salud pública en el consumo de sustancias narcóticas.

Por otro lado, la estrategia de “asfixia” adopta una postura más agresiva, confrontando directamente las redes de narcotráfico a gran escala de Colombia en los eslabones más altos de la cadena. Este enfoque implica interceptar envíos, desmantelar laboratorios, incautar precursores químicos e investigar las actividades asociadas al lavado de dinero.

En un consejo de ministros el 10 de marzo, Petro señaló que su gobierno se seguirá oponiendo a la estrategia de fumigación. “Nos van a decir que fumiguemos, y no nos certifican, y fumigar es matar a los campesinos”, indicó. “Es una política de dominación”. “Queremos ayudar a resolver problemas (…) y la respuesta es ‘síganse matando’”.

Violencia del narcotráfico se expande

En un nuevo estudio, el centro de estudios International Crisis Group dice que es la competencia entre grupos criminales para controlar las ganancias del narcotráfico lo que provoca mayor violencia no sólo en Colombia, sino en toda América Latina.

Las dinámicas de violencias relacionadas con el narcotráfico se han regado por casi toda América Latina “a pesar de décadas de campañas de seguridad basadas en acciones policiales y militares”, dice el informe Mitigar la violencia en los centros de narcotráfico en América Latina.

Mientras la represión militar y las capturas de alto nivel generan victorias a corto plazo, “una y otra vez alimentan nuevas olas de violencia y provocan reconfiguraciones en las estructuras criminales”, indica el informe.

“La región sufre una cruel ironía, en la que más acciones de fuerza, más incautaciones y una prohibición más estricta, tienden a elevar el precio de las drogas y, por lo tanto, las ganancias de los traficantes”, dice el centro de estudios.

“Aunque el contexto político preponderante, particularmente en Washington, presionará a la región a continuar con la ‘guerra contra las drogas’, América Latina debe aprender de sus éxitos y fracasos”, dice Elizabeth Dickinson, Analista Senior, Los Andes, Crisis Group. “La experiencia sugiere que una combinación de enfoques, incluidas intervenciones policiales más inteligentes y una política social robusta, es la estrategia más adecuada”.

Internamente, la estrategia del gobierno de Petro le apuesta a la erradicación voluntaria, a pesar del fracaso del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), creada como uno de los pilares del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc en 2016. (Leer más:  PNIS: ¿Qué salió mal y cómo se podría enmendar el camino hacia una verdadera sustitución?)

Es la oferta que se ha hecho a los campesinos cocaleros del Catatumbo, luego del estallido violento en esa región de Norte de Santander en enero de 2025 por la disputa entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de la Farc por el control de las 53.000 hectáreas de coca en la región, y las rutas de cocaína hacia Venezuela. (Leer más: Crisis en el Catatumbo: el pueblo en el medio de una guerra anunciada)

Algo similar tiene en mente para el Cañón del Micay, en Argelia, Cauca, en donde 29 miembros de la fuerza pública fueron secuestrados por más de cuarenta horas, que el mandatario colombiano llamó “una zona de producción cocainera de las más grandes del mundo”.

A nivel internacional, la canciller, Laura Sarabia, planteó ante la reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND, por sus siglas en inglés) en Viena, que se elimine a la hoja de coca del listado de estupefacientes prohibidos.

“La evidencia es contundente: el narcotráfico ha frenado el desarrollo de nuestro país, ha victimizado a millones de campesinos, ha financiado grupos terroristas y ha devastado ecosistemas esenciales como la Amazonía (…) La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud. Solo podremos arrebatársela a los narcotraficantes si aprovechamos su potencial en usos industriales, como fertilizantes y bebidas”, dijo Sarabia.

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Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

Además del revuelo que han alcanzado los procesos de Salvatore Mancuso en la justicia transicional —donde le han dictado tres sentencias y se sigue a la espera de decisiones sobre  65.067 hechos, por los que se esperan emitir 45 sentencias parciales transicionales—, aún le queda un pendiente en la justicia ordinaria.

Se trata de una investigación por lavado de activos agravado y concierto para delinquir agravado, en hechos que presuntamente ocurrieron después de su desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y dejación de armas que Mancuso inició el 10 de diciembre de 2004 en el Catatumbo.

El proceso hoy está en manos de Efraín Vargas Márquez, juez Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena. La investigación regresó a su despacho después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) quedara sin competencia para juzgar a Mancuso, tras la solicitud de sometimiento que el exjefe paramilitar había realizado a este tribunal, y lo cual había causado la suspensión de los procesos que se cursaba contra él en la justicia ordinaria.

Recientemente, la investigación por lavado de activos se reactivó. El 25 de febrero se instaló una audiencia preparatoria, antesala al juicio sobre el caso, pero pocos de los 15 imputados asistieron. Por eso, el juez tuvo que ordenar una nueva fecha, mientras el tiempo para dictar una sentencia en firme, se agota.

A pesar de que la pena de lavado de activos agravada puede comprender entre 13 a 60 años y la prescripción de la acción penal se alcanza habiéndose cumplido la mitad del tiempo de la pena máxima mientras se llega a condena, el artículo 86 de la Ley 599 de 2000 señala que si se interrumpe el proceso —como ocurrió mientras estuvo en manos de la JEP—, el tiempo para que se extinga la acción penal es de máximo 10 años.

En el proceso judicial hay, al menos, tres escritos de acusación. Uno de ellos corresponde específicamente al que pesa contra Mancuso. VerdadAbierta.com tuvo acceso al documento en el cual se precisa que la imputación contra el exjefe paramilitar se realizó el 16 de junio de 2015. Así, en poco más de cuatro meses, podría prescribir el proceso.

En la reciente audiencia preparatoria, uno de los ausentes fue el exjefe paramilitar. Marcela Valbuena Useche, quien representó a Mancuso dentro de este proceso, envió un correo al despacho un día antes de la cita en el que aclaró que ya no hacía parte de la bancada de defensa del desmovilizado paramilitar y no dio datos sobre su actual representación legal.

Previendo dificultades o renuencia de los imputados frente al cumplimiento del proceso, el Ministerio Público intervino al final de la audiencia para poner en consideración del juez la posibilidad de realizar la ruptura de la unidad procesal que permita que los procesados puedan responder por separado a la justicia.

Lo anterior, “en vista de que estamos ad portas de la actualización del fenómeno de la prescripción”, señaló en audiencia la vocera de la Procuraduría, Diana Niño. “Sobra precisar que se trata de una actuación de altísima importancia para el sistema de Justicia y Paz y por supuesto para la administración de Justicia en general”, resaltó.

De ser hallado culpable, podría iniciarse el proceso que resulte en la expulsión de Mancuso como postulado de Justicia y Paz, y esto repercutiría en los beneficios de libertad a prueba que le han sido concedidos. En caso de una exclusión el proceso puede enredarse, pero la reparación a estas víctimas debe continuar con o sin el postulado.

Reconociendo la carencia de información que posee ese despacho a raíz del camino que siguió el proceso por la búsqueda de beneficios de la JEP de varios de los acusados dentro del juicio, el juez Efraín Vargas reprogramó la audiencia, ordenó citar a todos los que se encuentren en los escritos de acusación del proceso para que pueden exponer su situación.

‘La Gata’ y el caso de blanqueamiento de capital

Cerca de 10 años atrás, Mancuso fue llamado en un caso de lavado de activos que se relaciona con 14 personas más, entre ellas, la difunta empresaria del chance Enilce del Rosario López, alias ‘La Gata’. La investigación inició en 2011, cuando la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) suministró una información a la Fiscalía que le había llegado por una fuente humana: empresas de ‘La Gata’ habrían recibido dinero del paramilitarismo entre 2000 y 2010.

Para 2014 la Fiscalía formalizó la acusación contra López y su círculo, donde llegó a concluir que a través de seis compañías de chance de su propiedad se habrían blanqueado capital a favor del grupo paramilitar. Los nexos de la empresaria y ganadera sucreña con el grupo ilegal habían sido establecidos por la justicia desde 2011, en particular con el Bloque Héroes de los Montes de María. (Leer más en ‘La Gata’, condenada a 40 años de cárcel)

Dentro del proceso de lavado de activos se relaciona a las empresas Uniapuestas S.A., Aposmar S.A., Aposucre, Unicat S.A., Seguridad 911 y Uniproducciones sobre las que la Fiscalía detectó irregularidades contables como registros paralelos, entrega de premios a ganadores fantasmas, supuestos préstamos a socios o empleados, u ocultamiento de las contabilidades. Al parecer, estas acciones buscaron cubrir el ingreso de dineros ilícitos del Bloque Norte de las AUC, comandado por Mancuso. Así, el exjefe paramilitar fue acusado formalmente dentro del proceso hasta el 9 de octubre de 2015.

El ente investigador, al estudiar los patrimonios de los judicializados, estableció que se creó un emporio empresarial dedicado a actividades de juegos de azar para que la familia Alfonso López y sus empleados permitieran el ingreso de grandes sumas de dinero producto de actividades delictivas.

La acusación incluye también los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito y vincula a cuatro familiares de ‘La Gata’: su esposo, Héctor Julio Alfonso Pastrana; sus hijos Jorge Luis y José Julio Alfonso López; y su hermano, Arquímedes Segundo García Romero. (Leer más en Por qué los familiares de ‘La Gata’ están acusados de lavar plata a los paramilitares)

También incluye a directivos, contadores, tesoreros y otros empleados de sus empresas, entre ellos, Carmelo Erazo Tous, Lisandro López Pastrana, Omar Alberto Patiño Rondón, Raúl Antonio Montes Flores, Omar de La Cruz Perdomo Fonseca, Marisol Moreno Cárdenas, Aleida Salazar Sepúlveda, Felix Manuel Díaz Bobadilla y Armando Arturo Carbono D’acunti.

Así mismo, resultó imputada la exesposa de Mancuso, Martha Elena Dereix Martínez. En los registros que años atrás incautó la Fiscalía resalta que Uniapuestas tuvo como accionista a la exesposa de Mancuso entre los años 2003 y 2009. En su momento la fiscal del caso aseguró que hasta el 2005 Dereix Martínez tuvo las acciones a su nombre y después quedaron a nombre de terceros; además, su valor tuvo un extraño incremento: el paquete de acciones pasó de costar 38 millones de pesos a casi de 1.300 millones entre el 2005 y 2009.

Los hermanos Deibys y Leonardo Rojas Zabala, quienes se desempeñaban como escoltas de esa familia, fueron los testigos estrella de la Fiscalía en el caso. Ambos aseguraron estar presentes cuando sus patrones llenaban tulas en la sede de la empresa Unicat en montos que oscilaban entre 500 y 2.500 millones de pesos. Según ellos, el dinero paraba en las arcas de Mancuso. Así, con esas declaraciones, iniciaron las capturas.

A finales de 2021, la defensa de Mancuso, en cabeza de Jaime Paeres, presentó a un testigo para poner en duda la veracidad del testimonio de los hermanos Roja Zabala. Se trata de Daniel Guerrero Bayona, otro de los escoltas de la familia que supuestamente llevaba los dineros enviados por ‘La Gata’ a Mancuso. Sin embargo, según la declaración del 13 de mayo de 2014 que rindieron los hermanos escoltas, Guerrero Bayona había sido asesinado por orden del exjefe paramilitar en el año 2009. La presencia del supuesto asesinado en una diligencia ante la Fiscalía mostró lo contrario.

Aún quedan varios asuntos por deliberar dentro del proceso, entre ellos, empezar por algunos elementales que siguen en mora: el juzgado debe precluir la pena para el caso específico de Enilce López, por su fallecimiento en un hospital de Barranquilla el 13 de enero de 2024.

Se reactiva el proceso

Salvatore Mancuso fue extraditado el 13 de mayo de 2008 a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico y allá, recluido en una prisión federal, se enteró del proceso en su contra por blanqueo de capitales en Colombia.

Una década después, en octubre de 2018 y aún estando recluido en Estados Unidos, Mancuso tocó las puertas de la JEP para contar ‘nuevas verdades’ y ser aceptado como tercero civil, con los beneficios de ese tribunal. A pesar de una primera respuesta negativa en 2020, la JEP aceptó su sometimiento de manera excepcional en noviembre de 2023 y lo hizo bajo la figura de bisagra, es decir, un miembro de las AUC incorporado material o funcionalmente a la Fuerza Pública.

El 27 de febrero de 2024, Mancuso fue deportado desde Estados Unidos hacia Colombia por haber cumplido la pena por narcotráfico en ese país y 20 días después la JEP resolvió aceptar completamente al exjefe paramilitar, justo cuando se debatía la libertad a prueba del exjefe paramilitar en Justicia y Paz. (Leer más en Por ahora, Mancuso no recuperará su libertad y  “No es una cuestión inmediata”: magistrado Roberto Vidal sobre la libertad de Salvatore Mancuso)

Tal decisión auguraba que la JEP tendría competencia prevalente sobre otros tribunales para juzgar al exjefe paramilitar y Mancuso sería beneficiario de la libertad por contribuir con ese tribunal. Sin embargo, la última palabra la dio la Corte Constitucional en el Auto A-1319-24, mediante el cual resolvió el conflicto de jurisdicciones y determinó que Mancuso debía ser investigado, juzgado y sancionado por los crímenes con los que se le relacionan en el marco del conflicto armado interno por su juez natural: las salas de Justicia y Paz.

La JEP se vio en la obligación de devolver los expedientes de los procesos, entre ellos, los que se debatían en la justicia ordinaria, tal y como quedó plasmado en la Resolución 3953 del 23 de diciembre de 2024 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Sin embargo, al igual que el exjefe paramilitar, otros de los acusados en el proceso que se cursa por lavado de activos también buscaron cupo en la JEP.

Mientras Lisandro López Pastrana y Jorge Luis Alfonso Lopez fueron rechazados por ese tribunal; Omar de la Cruz Perdomo, José Julio Alfonso, Aleida Salazar Sepúlveda, Armando Arturo Carbono, Martha Elena Dereix, Carmelo Erazo Tous, Félix Manuel Díaz y Raúl Antonio Montes, aún esperan respuesta de la JEP.

Sin embargo, es una información que aún se espera esclarecer para retomar el proceso, pues dado que la situación jurídica de algunos de los procesados sigue a la expectativa de la JEP y este no les ha comunicado el avance de las actuaciones, el juicio en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena ha quedado quieto.

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Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc 2016, se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) con el objetivo de ofrecer alternativas de desarrollo socioeconómico a las comunidades afectadas por las economías de las drogas ilegales, promoviendo la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos. Sin embargo, el programa ha presentado deficiencias en la articulación institucional y el incumplimiento, por lo que se generan dudas en la efectividad de la planeación e implementación del programa. 

Con la creación del PNIS, mediante el Decreto 896 de 2017, se esperaba generar condiciones de bienestar para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular, para las comunidades campesinas en situación de pobreza. Junto con el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se buscaba priorizar el desarrollo económico, social y ambiental en las zonas más afectadas por el conflicto armado interno y solucionar uno de los principales problemas que causan el conflicto armado en Colombia: la falta de alternativas económicas en las zonas rurales del país. 

Los resultados no han sido los esperados, pues se encontró que el anuncio del programa aumentó los cultivos de coca y la deforestación, tanto en los lugares donde hay beneficiarios, como en sus vecinos, de acuerdo con el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de Los Andes. Además, en la mayoría de los casos, los pagos a las familias participantes fueron inoportunos o demorados, según cuentan algunos campesinos.

Por eso, los cambios que se han anunciado desde la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) en el actual gobierno de Gustavo Petro serán clave para el cumplimiento de los objetivos del programa, asegurar que las comunidades reciban los beneficios prometidos hace ocho años, y facilitar su integración a las economías lícitas.

Las fallas en la implementación

El PNIS se planeó con un enfoque familiar. Cada beneficiario podía ser un hogar que tuviera cultivos ilícitos; un hogar que no tuviera cultivos ilícitos pero que habitara en zonas afectadas por este fenómeno; o un hogar que se dedicara a la recolección de hoja de coca.

En el programa se registraron 99.097 familias ubicadas en 56 municipios de 14 departamentos, en los que se concentra el 65 por ciento de los cultivos ilícitos del país según el censo del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). 

A lo largo de estos ocho años, se han retirado 12.612 beneficiarios, según la DSCI. Desde la entidad, se asegura que no tienen registradas las razones específicas. Actualmente, los cinco departamentos con mayor cantidad de familias inscritas al programa son: Putumayo con 16.307 familias; Nariño con 15.846 familias; Caquetá con 12.051; Antioquia con 9.615 y Meta con 8.918.  

“Nosotros firmamos ese acuerdo en enero del 2017 y, hoy, en noviembre de 2024, no se le han cumplido las expectativas a la gente (…)”, declara un líder social campesino del Caquetá, que prefiere mantener su identidad oculta por seguridad. “¿Qué proyecto productivo puede haber cuando esos ingresos de 36 millones de pesos [prometidos] a la gente se lo dieron a cuentagotas?”, agrega.

Al inicio, el Estado le prometió 36 millones de pesos a cada familia inscrita que se entregarían mediante el Plan de Atención Inmediata (PAI) ruta familiar. El PAI tiene cinco componentes: Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI), Asistencia Técnica Integral (ATI), Proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (SA), Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC) y Proyectos Productivos de Ciclo Largo (PPCL). 

El objetivo era ejecutar todos los componentes y realizar todos los pagos en dos años. Sin embargo, ocho años después, no se ha completado. Según Gloria Miranda, actual directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, la entidad registra el siguiente porcentaje de cumplimiento:

Miranda aclara que, a pesar de estos avances, dentro de estos mismos hubo fallas, por lo que hay componentes que se implementarán “desde cero”. 

• Pagos demorados

“El peor mal que le hicieron al programa es que nosotros sustituimos inmediatamente. Erradicamos el cultivo y nos quedamos manicruzados esperando la atención del gobierno y el primer pago lo recibimos a los 16 meses. Todos esos cultivadores y no cultivadores, ¿qué hacíamos? Esas familias quedaron a la deriva, sin ninguna alternativa de un proyecto productivo o de un empleo”, continúa el líder campesino del Caquetá. 

Las familias que se inscribían en el PNIS debían erradicar voluntariamente los cultivos de coca antes de recibir los beneficios del programa. Este compromiso incluía el cumplimiento de una fase inicial en la cual eliminaban los cultivos ilícitos como requisito para acceder a los pagos de apoyo económico y la asistencia técnica en proyectos productivos. 

En la Evaluación Institucional de Resultados y de Impacto del PNIS de el Cesed, que tiene corte hasta diciembre de 2022, se explican las consecuencias que vivieron las familias debido a la ineficacia de la aplicación de cada componente: 

1. La Asistencia Alimentaria Inmediata era el pago de un millón de pesos mensuales durante 12 meses, como remuneración económica por adelantar actividades de apoyo a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, adecuación y preparación de tierras para siembras legales y trabajos de interés comunitario. El Cesed reporta que los retrasos en los pagos de la AAI añadieron presión a los hogares, pues no recibieron los beneficios prometidos a tiempo, aunque ya habían erradicado sus cultivos de coca. Esto afectó especialmente a los hogares más vulnerables, que dependían económicamente de esta ayuda tras la eliminación de sus cultivos ilícitos.

2. La Asistencia Técnica Integral era un servicio profesional y técnico para acompañar a las familias en la implementación y/o fortalecimiento de sus actividades productivas lícitas mediante asesoría en buenas prácticas agrícolas, gestión financiera y comercialización. También promovía asociatividad, economía solidaria, educación nutricional y participación comunitaria para un desarrollo sostenible. El pago era de 3,2 millones de pesos. Según el Cesed, la ATI fue el componente con los menores niveles de ejecución de todo el programa. Y lo que logró ejecutarse no fue exitoso. 

XXXX [Gráfico del número de familias que recibieron atención técnica por departamento]

Desde la DSCI tienen registro de que se gastaron más de $117.364 millones para ofrecer asistencia técnica en los 56 municipios del programa. Sin embargo, la misma entidad reconoce que no se hizo lo prometido. “Este fue uno de los escándalos de los operadores. Ellos decían que sí se había la asistencia técnica, pero tú ibas a preguntarle a las familias y decían: “No, acá solo vinieron y nos obligaron a firmar un acta” o “nos dieron una charlita y ya”, afirma la directora Miranda. 

3. Los Proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (SA) consistían en pagos de 1,8 millones de pesos. Estos proyectos buscaban asegurar un suministro estable y adecuado de alimentos, así como su acceso y consumo regular, seguro y de calidad para toda la población. El Cesed asegura que no se observaron mejoras socioeconómicas en los hogares que recibieron este beneficio, debido a la baja calidad o la falta de adecuación de los insumos entregados. 

Hasta 2022, el 96.47 por ciento de los hogares recibió el pago por SA, pero solo el 7.3 por ciento calificó los insumos como de excelente calidad, mientras que el 27.25 por ciento los consideró deficientes. Los beneficiarios señalaron que estos insumos, incluidos animales en mal estado y productos agrícolas inadecuados y costosos no respondían a sus necesidades reales.

4 y 5. Los Proyectos Productivos de Ciclo Corto y Proyectos Productivos de Ciclo Largo tenían un valor de 9 millones y 10 millones de pesos, respectivamente. Su objetivo era fortalecer la economía local y regional a corto, mediano y largo plazo, promoviendo ingresos estables mediante alternativas agrícolas, pecuarias, forestales, de transformación y servicios, seleccionadas con base en el análisis agroecológico del territorio. Estos componentes eran muy esperados por las familias, ya que ofrecían una vía hacia actividades económicas lícitas. Aunque se estableció una distinción entre ambos componentes por los plazos, la entrega no fue diferenciada y no hubo lineamientos para separarlos. El componente no alcanzó sus objetivos debido a retrasos en su implementación, sobrecostos, productos de mala calidad, y la discrepancia entre lo solicitado y lo entregado, además de la imposición de proyectos productivos. El inicio tardío de la implementación y la falta de asociatividad también impidieron el cumplimiento de sus metas.

• Seguridad en las zonas

La exdirectora del Cesed, María Alejandra Vélez, explica que en algunos lugares donde sí funcionó el programa, se vio afectada la seguridad. “Para quienes recibieron el programa hubo una disminución pequeña de pobreza multidimensional del 6 por ciento, y eso es positivo, pero a un costo muy grande, porque también se aumentaron los cultivos en un porcentaje importante, se aumentó la deforestación y se aumentó el asesinato de líderes sociales”, afirma Vélez. 

Los líderes sociales fueron los encargados de convencer a sus comunidades de ingresar a este tipo de programas, y, al no funcionar, algunos campesinos los culparon. “Que por culpa de nosotros ellos habían arrancado la coca entonces por culpa de nosotros ellos estaban aguantando hambre (…), pues nosotros no habíamos robado la plata”, cuenta Maydany Salcedo, la presidenta de la Asociación Municipal Campesina de Trabajadoras y Trabajadores de Piamonte, Cauca (Asimtracampic). “El programa también llevó a que el proceso organizativo recibiera muchas amenazas”, agrega. 

La Unidad Nacional de Protección (UNP), en el marco del programa, tuvo 1.978 beneficiarios de medidas de protección, que, entre otras cosas, incluían chalecos de protección, botones de apoyo, entrega de vehículos convencionales y entrega de vehículos blindados. Pero eso no fue suficiente. 

En el análisis ¿Qué hacer con el PNIS?, hecho por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se explica que cuando comenzó el programa, la tasa de homicidios en los municipios que hacen parte del PNIS era de 56 por 100 mil habitantes. En 2018 llegó a 73 y en 2021 se encontraba en 60. Lucas Marín, economista, estima que la tasa de asesinatos de líderes sociales aumentó en un 481 por ciento y la probabilidad de un asesinato, en un 122 por ciento. 

También se revela que hay un mayor efecto donde los líderes sociales se oponen a la expansión de cultivos ilícitos y hay presencia de grupos armados ilegales. Aunque con la firma del Acuerdo se fueron las extintas Farc, el Estado no llegó a tiempo a los territorios, por lo que llegaron otros grupos armados ilegales a controlar las zonas. 

Los cambios necesarios

Después de todas las fallas en el programa, tanto campesinos como organizaciones y expertos expresan que para terminar de desarrollar este programa con éxito y para la creación de otros programas en el futuro que tengan el mismo objetivo, se deben implementar cambios. 

“Consideramos que se debe partir de construir con la gente, no de llegar a imponer qué tipo de cultivo deben sembrar. Nadie mejor que la gente, que conoce el territorio y sabe lo que mejor se produce en él, para que se desarrollen los proyectos”, dice la lideresa Sánchez. 

La investigadora Vélez destaca cuatro sugerencias para las principales fallas del programa. La primera es que este tipo de programas se debió -y se debería- hacer con un enfoque ambiental. Para el PNIS no se tuvo en cuenta que el 50 por ciento de la coca está en zonas que deberían ser protegidas en términos ambientales y se llegó a estas zonas con un modelo agropecuario. 

La segunda es que hay que enfocarse en solucionar no solo el problema del cultivo de coca, sino también los problemas estructurales de las regiones. Debido a la falta de articulación institucional “el programa no tuvo un enfoque regional, sino que simplemente era sustituir un producto por otro y eso fue una falencia”, dice Vélez. 

La tercera es que no se tuvo en cuenta la visión de cadenas de valor, de acceso al mercado, de comercialización. “A la gente no le basta con cambiar de un producto a otro. Se necesita también acceso a los mercados, que es una de las cosas que la coca siempre tiene” explica Vélez. 

Implementación del gobierno actual

A pesar de todas las fallas y de las expectativas que no se cumplieron, hay campesinos que no se arrepienten de haber ingresado al programa, pues agradecen no seguir dependiendo de las economías ilícitas. 

“Para nosotros, el sostenimiento de esos cultivos de coca no era viable. Nos dimos cuenta de el daño que le estábamos haciendo a la a la sociedad, a la gente, cuando nosotros producíamos eso, el tema del (im)pacto ambiental que generamos, qué mensaje le mandamos a nuestros hijos”, cuenta el líder del Caquetá. Agrega que, con o sin ayuda del Estado, ahora se dedican a economías legales, como la ganadería. 

Aunque se sienten decepcionados del programa en general, “fue una ayuda muy significativa porque se adquirieron maquinarias, como máquinas de ordeño, guadañas, motobombas, electrobombas, entre otros, y esto ha logrado reducir costos en trabajos en nuestras fincas”, cuenta una lideresa del Caquetá, que pide que no se revele su identidad en secreto por motivos de seguridad. 

La lideresa siente que con la llegada del gobierno Petro, se ha reflejado el avance del programa PNIS en su departamento, por lo que tiene esperanza de que siga siendo así. 

Desde que Miranda llegó a la dirección de la DSCI en mayo del 2024 ha reconocido que se deben corregir varias estrategias para la implementación, por lo que se decidió plantear una nueva ruta para terminar de cumplir el PNIS y llevarlo hasta el cierre, con el respectivo cumplimiento, en 24 meses. 

“El PAI, que son los famosos 36 millones, lo vamos a cumplir en un plazo de 10 meses”, dice Miranda y agrega que van a corregir varios errores, como la “planeación deficiente y la falta de presupuesto”. Asegura que ahora sí se cuenta con el dinero para cumplir lo que se les prometió a los beneficiarios: tanto los insumos para sus proyectos productivos como la asistencia técnica para que los proyectos se desarrollen con éxito. 

Según la directora, a diferencia de antes, ahora sí se va a contemplar el encadenamiento productivo. “La siembra muy chévere, pero ¿y el resto de cosas qué? Necesitamos hablar de agregación de valor a los productos, o sea, transformación, y necesitamos hablar de garantizar vinculación de la gente al circuito de mercado”, explica. También van a cambiar el enfoque familiar por uno territorial para que sea posible tener procesos de agroindustria: “Vamos a tomar núcleos veredales completos y en cada núcleo veredal vamos a escoger tres líneas productivas grandes”. 

Finalmente, Miranda asegura que el PNIS se articulará con la Reforma Rural Integral para garantizar otros derechos fundamentales de las comunidades. 

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“La herencia de Pablo Escobar nos enseñó que la criminalidad era una forma de vida y la mayoría de la gente en las comunas aceptó eso”, dice uno de los voceros de las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá que adelanta conversaciones con el gobierno nacional bajo la iniciativa de Paz Total para buscarle una salida a la conflictividad armada urbana que agobia a sus pobladores desde hace más de cuatro décadas.

Y no sólo en “las comunas”, referidas a las zonas deprimidas de una urbe en la que reverberan diversas actividades ilícitas; esa “herencia” también se refleja en las zonas de clase media y alta, donde pulula la ilegalidad y el dinero circula a manos llenas y la ostentación es cada vez más visible.

A nivel nacional la situación no es muy distinta. En declaraciones entregadas a un medio regional hace poco más de un año, el recién posesionado director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, estimó que “el 50 % de la economía de Colombia se mueve con capitales ilegales, muchos de ellos apalancados por funcionarios corruptos”.

El desarrollo de la capital antioqueña y de algunos municipios vecinos, así como de varios destinos turísticos regionales, son ahora unos imanes para miles de extranjeros provenientes de diversos continentes, muchos de los cuales llegan con monedas fuertes a alimentar los mercados de la droga y la prostitución, actividades controladas por grupos armados ilegales.

Los voceros de las bandas criminales que están sentados a la mesa con el gobierno nacional para desescalar la violencia y lograr el sometimiento, desarme y reintegración a la vida legal de por lo menos 12 mil jóvenes que hacen parte de esas estructuras armadas ilegales, saben que la sustitución de esas economías es un reto mayúsculo para concretar una paz urbana integral, pero ¿qué proponen?

VerdadAbierta.com se reunió en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Paz, de Itagüí, Antioquia, con cuatro de los 19 voceros de esos grupos cobijados bajo la llamada ‘Oficina de Envigado’ para conocer cómo va el proceso de la Paz Total Urbana, luego de tres meses de diálogos con el gobierno nacional, y uno de los temas abordados justamente fue el de las actividades ilícitas.

Bajo un acuerdo de confidencialidad, los nombres de las cuatro personas que dialogaron con VerdadAbierta.com permanecerán bajo reserva, con la garantía de que, en lo esencial, el grupo de 17 voceros piensa igual, aunque, en algunos casos, hay alusiones a experiencias personales.

Economías ilegales

VerdadAbierta.com (VA) Con respecto a las economías ilegales, ¿qué se ha planteado en la mesa para lograr ese tránsito a economías legales?

(*) Ese tema es complejo y merece un análisis profundo. La mayoría de los muchachos, con una oportunidad, se alejan de la criminalidad. Tenemos muchas propuestas de sustitución de esas economías, por citar algunas, con el tema del cannabis, con el tema de la vigilancia, con el tema de crear mercados populares.

La economía es un monopolio en el país, todos los productos de primera necesidad, antes de llegar a los barrios, pasan por cinco y seis manos, y eso incrementa el costo, entonces hay propuestas para que nosotros, de la mano con comunidades rurales, empecemos a llevar los productos a los barrios, con madres cabeza de familia, con Juntas de Acción Comunal. Sabemos que hay muchachos que se ganan hasta 5 millones de pesos semanales, y es difícil que se acostumbren a un millón mensual, pero les va a tocar.

(*) También estamos buscando proyectos sociales, inversión social, obviamente de la mano del gobierno y del empresariado, y de todo el que se quiera sumar a esto. Y es que esos muchachos que ahora están acostumbrados a ganarse algo, puedan tener oportunidades de ganarse algo parecido o hasta mejor en la legalidad. Hay rentas licitas que pueden ser buenas y es necesario, además, empezar desde ya con el tema de la educación. No podemos dejar que todos los jóvenes piensen que se tienen que ganar cinco y diez millones de pesos, es un tema cultural.

(VA) ¿El punto es cómo romper esa cultura del dinero fácil?

(*) Ahí hemos sugerido los foros pedagógicos. Y es que dependiendo de la persona que te diga las cosas, las entendés. A mí me pasó cuando era más joven: si alguien me decía ‘no hagas esto que te puede llevar a la cárcel o vas a cometer un error’, yo podía responder ‘vos no sabes de qué estás hablando’. Pero si ahora me lo explica una persona que lo hizo, que lo padeció, que lo pagó y que afronta mil consecuencias, le creeré más.

(VA) Pero a pesar de esos consejos, hay jóvenes dispuestos a correr todos los riesgos…

(*) Se requiere mucha pedagogía, porque eso no se logra de la noche a la mañana. Se logra con pedagogía e intervención en las comunidades. Y no lo vamos a lograr nosotros solos.

(VA) ¿Cuál es la ascendencia de ustedes sobre los jóvenes de las bandas? ¿Ustedes mandan sobre ellos? ¿Cómo es su poder de convencimiento?

(*) Los que mandan son los que están en la calle, lo que nosotros tenemos es una vocería de unos exjefes, excabecillas, que están pagando condena, que están aplicados haciendo su proceso de resocialización, incluso, con el mismo proceso de paz que estamos adelantando. Se respeta sí, a las personas que han estado siempre en las calles.

(*) El respeto nuestro se ganó en las calles. Empezamos como los muchachos hoy en día: delinquiendo, robando, en guerra, todas esas cosas. Cuando nos vieron allá afuera, haciendo lo que hacíamos, nos ganamos un nombre, fuimos líderes, fuimos jefes, entonces ellos ponen cuidado a lo que les decimos desde aquí. Ya caímos a la cárcel y los muchachos siguen con sus estructuras, con sus cosas, pero lo escuchan a uno como un abuelo.

(*) Ese liderazgo no se ha ganado a punta de reclutamientos forzados o de miedo, de terror; ese liderazgo se ha ganado durante el tiempo que se estuvo compartiendo en la calle. Ese respeto se ganó por las cosas que hicimos en los barrios. No sólo somos líderes por cosas negativas, o por delitos que se cometieron; también somos líderes porque, en su momento, le ayudamos a la señora que lo necesitaba, a la viuda, al que estaban robando, al que estaban estafando, al que despojaron de sus cosas, al que querían asesinar. Por eso es que ahora, siendo exjefes, nos escuchan, porque saben que es un consejo de una persona que ha vivido, que mostró que puede dar buenos consejos y hacer buenas sugerencias.

(*) Ahora hay un liderazgo de doble vía: el liderazgo que nos dan los muchachos que están afuera para que nosotros seamos su voz, y el liderazgo que nos da el gobierno para escucharlos. Pero siempre ese liderazgo va enmarcado en la forma cómo podemos incidir para romper esos ciclos de violencia y entrar en la comunidad con un liderazgo positivo que nos permita, entre todos, construir la paz.

(VA) Ustedes estudian y reflexionan aquí adentro, pero los muchachos siguen en las calles con sus actividades ilegales. En ese sentido, ¿cómo les llega a ellos ese conocimiento y experiencia para que hagan su propio proceso, reflexionen y acepten los cambios requeridos para lograr una paz urbana?

(*) Nuestra incidencia es muy intermitente por las fallas que podemos tener en comunicaciones. Es muy diferente incidir en una persona enviándole una razón que incidir en una persona o una comunidad que te vea. Cuando una persona con el liderazgo de algunos de nosotros pueda llegar a la comunidad y a sus jóvenes, puede tratar de incidir, o guiar, en lo que se está adelantando en temas de paz, eso es muy diferente a que si se manda una razón. Y los muchachos no pueden venir porque la mayoría tienen orden de captura.

(*) Ahí es importante un tema que hemos sugerido, pero que, lastimosamente, hay personas que les parece malo. Se trata de los foros pedagógicos, de los acercamientos directos con las comunidades, para tratar de visibilizar esas experiencias de vida y que los errores que se han cometido, los jóvenes vean que tienen consecuencias y que son consecuencias graves. Es que la cárcel no es un paseo, el que te puedan matar, que maten a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, no es un paseo, es una historia de vida real, por eso es importante exponerles todo lo que se ha vivido y se está viviendo, los problemas que se han tenido.

(*) Nosotros no es que amenacemos, o ‘braviemos’, o nos tienen que ‘copiar’ porque si no les hacemos algo malo. En diciembre hubo un conflicto en la Comuna 7 y la gente del gobierno habló con nosotros para ver si podíamos mediar y se acabara ese problema. ¿Qué hicimos? Les dijimos, ‘muchachos, dejen ese problema, ahí no va a ganar nadie, sólo va a ver pérdidas, muertos y detenidos, se les van a dañar los negocios’. Así se habla con ellos. Nosotros estamos en la cárcel y si uno fuera el jefe de la banda, desde aquí qué les puede hacer.

(VA) Pero no es un secreto que desde las cárceles, sobre todo en Medellín, se maneja la ciudad. Los internos tienen sus hombres de confianza afuera, se comunican con ellos por múltiples canales…

(*) Cuando empezaron con esa ola de capturas en contra de nosotros (en 2017), la ciudad se volvió un caos, nos llevaron a distintas cárceles – Valledupar, Bogotá, Palmira – y nos dejaron incomunicados. Entonces los muchachos quedaron en el aire. Es que nosotros tenemos una ideología: la ideología de nosotros es cuidar la comunidad.

Cuando yo empecé en esto, a pelear con las milicias, fue porque ellas se querían apoderar del barrio de nosotros, y yo me puse a pelear con ellos, y sacamos las milicias y las guerrillas de Medellín. Entonces llegan y nos encanan a los que tenemos una ideología y nos separan, y las mismas fuerzas del Estado empiezan a meter chismes para que pelemos entre nosotros. Y por arte de magia nos juntan y baja más del 40% el homicidio en la ciudad, ¿qué más tenemos que explicar?

(VA) A propósito, hace pocas semanas el orden público se altero en el barrio Manrique y dejó varias personas asesinadas. ¿Ustedes saben qué pasó y cómo ha evolucionado el asunto?

(*) Fue un tema personal y de intolerancia entre los jóvenes del barrio, no de bandas. Y desde la mesa se está tratando de incidir para que las personas que tuvieron ese hecho de intolerancia se acojan a la justicia.

(*) A eso fue a lo que nos comprometimos, a ejercer un liderazgo positivo, a que la ciudad marche, a que todas estas cosas en las que nosotros podamos buenamente incidir, las arreglemos, sin ninguna contraprestación, porque hasta ahora no la hemos pedido.

(VA) Volviendo al tema de las economías ilegales, ¿cuál es el impacto que tiene en los barrios, sobre todo en las zonas más deprimidas de la ciudad?

(*) Cuando lleguemos a ese punto en la agenda en la mesa se va a destapar cómo subsisten las comunidades, se va a destapar cómo la economía ilegal va saneándose para volverse legal. Eso va a ser muy difícil porque si en algún momento se quieren sustituir o acabar ciertas economías ilegales, va a ser mucha la gente que va a quedar sin sustento. Y no necesariamente soldados u orgánicos.

(*) Lo que nosotros necesitamos es que nos escuchen para mostrarle a la gente la realidad de las estructuras. En un barrio, la mitad del barrio es nuestra familia. Si son cien muchachos los de las bandas de un barrio o de una estructura de un barrio, ahí hay mil familiares, la señora de la tienda, del taxi, entonces no es como dicen por ahí que nosotros llegamos reclutando niños, como si fuéramos el diablo, no, es una forma de vida, y la ciudad es así. Medellín es particular porque la herencia de Pablo Escobar nos enseñó que la criminalidad era una forma de vida y la mayoría de la gente en las comunas aceptó eso. Entonces nosotros queremos romper ese ciclo porque conocemos desde dentro cómo lo podemos hacer.

(VA) ¿Qué ha pasado con el negocio del fentanilo en la ciudad, asunto sobre el cual ustedes se comprometieron a tratar en esta mesa y en la ciudad?

(*) Hacemos un llamado a la comunidad para que se tome en serio el tema del fentanilo. Según investigaciones que hemos hecho, y que estamos aportando al gobierno sobre ese tema, eso está muy regado, y desde los mismos centros hospitalarios se están robando esas ampolletas para venderlas. Eso es real y está sucediendo. Esas drogas sintéticas están haciendo un daño terrible a la sociedad. Estamos muy comprometidos en ayudar a prevenir ese tema, pero entonces no es sólo lo que nosotros hagamos, sino de la mano del gobierno municipal y nacional tenemos que buscar las estrategias para eso.

(VA) ¿Prevenir es que los grupos sobre los cuales ustedes tienen influencia no vendan fentanilo?

(*) Exactamente. Y más allá, estamos buscando quién lo está trayendo para darle la información al gobierno, porque no podemos dejar que llegue a la ciudad; por los medios de nosotros, también estamos investigando.

¿Estigmatizados?

(VA) El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, José Gerardo Acevedo, declaró hace poco: “Delincuente es delincuente. De la palabra de ellos no depende la seguridad de una ciudad. La seguridad en una ciudad depende de las autoridades elegidas y las que están compuestas constitucionalmente, en este caso la Alcaldía de Medellín y Policía Nacional”. ¿Qué opinan de esas declaraciones?

(*) Cada uno tiene su percepción de las cosas. Pienso que lo primero es tratar las cosas como son, y tratar de delincuentes a personas que están en la cárcel no es el mejor trato, porque se supone que, independiente de cada caso, aquí hay personas que cometieron delitos y otras que no cometieron delitos, porque la justicia es muy amañada.

Pero se supone que la mayoría de las personas que estamos aquí ya llevamos más de cinco años de cárcel, ya lo estamos pagando, entonces llamarnos delincuentes es empezar a estigmatizar a alguien que no es necesario hacer. Muchos dicen exdelincuentes, que es otra forma peyorativa de llamarnos. Nosotros decimos voceros, y somos voceros porque le estamos prestando la voz a estas personas que están en las comunidades y que nunca han tenido voz, y se las prestamos porque el gobierno y las estructuras dijeron que seríamos nosotros.

(VA) La aseveración del funcionario sugiere que ustedes siguen delinquiendo desde esta cárcel. ¿Cómo convencerlo a él, a la ciudad y al país que ustedes no siguen delinquiendo, que ya no son capos ni patrones, y no mandan en las calles?

(*) Yo creo que eso es muy difícil, sobre todo cuando uno se creó una fama. Tratar de la que gente no diga o diga cosas pues eso es imposible. Uno en su conciencia sabe lo que está haciendo. Y sabemos lo que queremos para nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades. Después de ver morir tanta gente, y de sobrevivir a tantas cosas, uno hace un acto de reflexión aquí en la cárcel, uno cambia, y siente mucho pesar cuando los ‘pelaos’ se mueren jóvenes. Cuando estuvimos en esos tiempos de tanta guerra, nosotros propiciamos algunas de ellas porque nos teníamos que defender, pero ya vemos con otra perspectiva las cosas. Por ejemplo, si el general dice que “delincuente es delincuente”, entonces también podríamos decir que policía es policía, y sería muy fácil estigmatizarlos.

(*) Este es un ejercicio que quiere manejar las cosas sin un lenguaje desobligante, sin odio, porque nosotros no le hemos hecho nada a ellos y no tienen por qué tener rencor contra nosotros. Fuera de eso, estamos en un sistema penal donde se está pagando la condena que nos impusieron, se supone que la cárcel es para resocializar.

(*) Una parte importante de esta mesa es tratar de mostrarle a las personas que nosotros no somos ni capos ni jefes, fuimos de pronto jefes en su momento, pudimos haber sido líderes negativos, pero ahora lo que queremos es convertirnos en unos líderes positivos, purgamos las condenas por los delitos que cometimos, y lo que pretendemos es que la gente no siga diciendo que el delincuente siempre va a ser delincuente. Hay personas a las que se les da su segunda oportunidad y la aprovechan, ejemplo de ello es el presidente Gustavo Petro.

(VA) ¿Y ustedes cómo se sueñan esa segunda oportunidad?

(*) En este momento de nuestra vida lo que buscamos es no desgastarnos, no seguirle el juego a los políticos que quieren utilizar esto para sus propios fines. Tenemos la convicción de querer hacer algo bien. ¿Cómo lo soñamos? Que todo salga bien, estar en el barrio, tratar de acabar las extorsiones, nosotros mismos cuidar los barrios, cuidar la ciudad con radios del gobierno, no necesariamente con armas, estaríamos sustituyendo economías ilegales por seguridad.

Ahora, cuando uno ha estudiado, concluimos que nos enseñaron a odiar una gente que ni conocíamos, que porque eran de izquierda. Lo curioso de todo esto es que el Presidente, que por ser de izquierda fue nuestro enemigo, es el único que está dando la oportunidad de que se puedan enderezar las cosas.

(*) Acá la paz no la hacemos nosotros solos, aquí toca desarmar muchos corazones, y el corazón del secretario Acevedo es uno que hay que desarmar. ¿Y por qué hay que desarmarlo? Porque, así como nosotros podemos recibir que nos diga que delincuente es delincuente, esa puya también pudo ser para el Presidente de la República. Entonces, no nos lo vamos a tomar personal, pero sí queremos que nos tengan en cuenta que estamos haciendo un proceso juicioso de resocialización, que estamos cumpliendo con nuestras fases, con nuestros talleres, con nuestras labores acá. Esta mesa es un trabajo transversal que nosotros le hacemos a nuestra resocialización.

(VA) ¿Y qué va a pasar con aquellos que no se acojan y persistan en la criminalidad?

(*) El gobierno tiene que hacerse cargo de eso. Nosotros estamos tratando de que todo esto salga bien, de que no se roben la plata que va a las comunidades. Si aquí llegara la plata y hubiera oportunidades, economía solidaria, por ejemplo, se acababa mucho el robo, entonces es tratar desde nuestro conocimiento, erradicar la mayor parte de la criminalidad, es imposible acabarla, hasta en los países más industrializados existe el crimen, pero es que hay que controlarlo. Nosotros queremos llegar al barrio sin ningún tipo de estigma.

(VA) Eso me lleva a preguntarles por las garantías de seguridad para para ustedes, sus familias, sus allegados, sus amigos y quienes los rodean, de concretarse este camino de la Paz Total Urbana. ¿Han hablado al respecto en esta mesa?

(*) La verdad, no hemos hablado nada de eso. Obviamente uno se preocupa por su vida, pero la verdad no es como la principal preocupación de nosotros.

(*) Es un tema que, en este momento, no lo tenemos claro, pero sí sabemos que lo tenemos que tocar y pensar en soluciones.  Nosotros no somos hombres de temor, pero sabemos que es un camino difícil y estamos dispuestos a enfrentarlo. Y aquí es donde, obviamente, como en otros temas, necesitamos el acompañamiento del Estado y del gobierno, necesitamos que ejerzan ese poder y esa seguridad que deben ejercer para todas las personas, y que si estamos en este camino de los liderazgos positivos, que salimos el día de mañana y que sabemos que no tenemos grupos armados bajo nuestro mando, pues el Estado nos tendrá que brindar la seguridad.

Consulte las entregas anteriores de esta entrevista aquí:

– “Es el momento de la paz total urbana”: Voceros de la ‘Oficina de Envigado’

– ¿Verdad sin delación? El dilema del proceso de paz total urbana en Medellín

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En las últimas dos décadas, las víctimas del conflicto armado colombiano han cobrado fuerza porque su voz comenzó a ser escuchada en todos los rincones del país reclamando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de la violencia. Sus llamados los han escuchado exparamilitares, exguerrilleros y agentes de la Fuerza Pública en los tribunales de Justicia y Paz, y en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Pero a esos reclamos le hacen falta otros actores, justamente aquellos que han promovido, financiado y actuado en cruentas guerras urbanas que luego derivaron en imposición de controles sociales y territoriales, “tributos” de manera masiva y pactos criminales con sectores estatales, económicos y políticos.

La posibilidad de esa nueva conversación entre víctimas y victimarios podría estar cerca si los diálogos sociojurídicos que adelanta el gobierno nacional a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz avanzan como se han proyectado en Medellín, Buenaventura y Quibdó con un grupo de bandas criminales comprometidas con la política de Paz Total Urbana.

Y valga decirlo, ese compromiso se mantiene pese a la falta de marco jurídico que abra las compuertas de un ofrecimiento de garantías jurídicas a cambio del desarme y la reintegración a la vida legal de miles de jóvenes de esas tres ciudades.

Para conocer lo que están pensando los voceros de las bandas que proliferan en Medellín y el Valle de Aburra adscritas a la llamada ‘Oficina de Envigado’, este portal sostuvo una conversación con cuatro de sus representantes recluidos en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Paz, de Itagüí, en Antioquia, y que tienen asiento en la mesa instalada formalmente hace tres meses con el gobierno nacional. (Leer más en: Paz urbana en Medellín: por ahora sólo es un catálogo de interrogantes)

Bajo un acuerdo de confidencialidad, los nombres de las cuatro personas que dialogaron con VerdadAbierta.com permanecerán bajo reserva, con la garantía de que, en lo esencial, el grupo de 17 voceros piensa igual, aunque, en algunos casos, hay alusiones a experiencias personales.

En la entrega anterior, los voceros de las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá le aseguraron a este portal que su compromiso con la paz es ineludible: “Hubo momentos de guerra, de mucho conflicto y mucha violencia, y creemos que ahora es el momento de la paz”. (Leer más en: “Es el momento de la paz total urbana”: Voceros de la ‘Oficina de Envigado’)

Durante el diálogo sostenido con los cuatro voceros surgió el tema de la verdad reclamada por las víctimas sobre hechos ocasionados por una confrontación urbana que, por épocas, fue una extensión de la guerra rural que enfrentaba a guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública, y en otras, por el reacomodo de poderes internos y disputas por el poder territorial.

Y es que la política de la Paz Total, que incluye un componente urbano que busca, en principio, reducir los índices de violencia, para continuar con una conversación nacional sobre cómo superar la guerra que involucra a las ciudades, requiere una alta dosis de verdad para dignificar a las víctimas y evitar el reciclaje de la criminalidad, pero en el caso de Medellín, afloran disyuntivas por superar y al parecer tiene enemigos en la sombra.

Los dilemas

VerdadAbierta.com (VA) Ustedes han dicho que no están dispuestos a abrir otro capítulo de delaciones, negándose a traspasar una puerta como la de Justicia y Paz, que ha procesado y juzgado a exparamilitares. En ese sentido, ¿cómo obtener beneficios sin verdad?

(*) Nosotros partimos de que toda justicia transicional tiene unos pilares: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Eso lo tenemos claro. Cuál vaya a ser la que nos apliquen es todavía prematuro decirlo, porque no lo sabemos. No nos han dicho de qué forma las personas que están con problemas en las calles se van a acoger. El tema semántico de acoger y de someter tiene una particularidad importante: el acogimiento te acoge como ser humano y el sometimiento te somete, y con el sometimiento la verdad va a empezar a faltar.

(*) En este proceso tenemos muy presentes las fortalezas y debilidades de procesos anteriores. Nosotros no queremos cometer los errores que se cometieron en el pasado, uno de ellos puede ser éste. Por eso estamos trabajando en cómo se van a escuchar a las víctimas y se va a decir la verdad.

(VA) Entonces, para ustedes es importante una ley que tenga algunas características similares a Justicia y Paz, pero que vaya más allá en relación con la verdad…

(*) De la mano de esa ley tiene que venir cierto tratamiento pedagógico. Sentarnos con las víctimas cara a cara, no como hicieron con las Farc o con las Auc, que las llevaron para que se desahogaran con ellos. Nosotros queremos algo más profundo porque la verdad es mirarte a los ojos, empezar a buscar un camino donde podamos lograr un perdón, sin evadir nuestra responsabilidad. Entonces, lo que queremos es que sepa la verdad, pero tampoco queremos que esa verdad se vuelva un tema político, que polarice más a la ciudad y al país.

(VA) Pero cuando dicen ‘vamos a hablar la verdad’ supongo que tocarán a sectores que están en la legalidad y que podrían involucrar a la Fuerza Pública, empresariales, políticos…

(*) Esa verdad ya la han dicho 50 veces y no trasciende. Nosotros vamos a ratificar lo que ya ha dicho mucha gente en Justicia y Paz, y en denuncias públicas. Nosotros vamos a decir lo que hicimos. Y vamos a abrir un camino en el que, por obligación, vuelven a entrar esos señores de las autodefensas, porque lo que vamos a contar tiene que ver con ellos.

(VA) A propósito de ese tema, hay sectores cercanos al proceso de la Paz Total Urbana que piden la repatriación de Diego Fernando Murillo Bejarano (alias ‘Don Berna’). ¿Ustedes creen que su presencia en el país fortalecería este proceso?

(*) Nosotros, como voceros de las estructuras armadas del Valle de Aburrá, recibimos información de que sus integrantes reconocen a ‘Don Berna’ como un vocero. Y se le solicitó al gobierno por escrito.

(*) Una de las fallas grandes fallas que tuvo en su momento el Estado con el proceso de las Auc en Justicia y Paz fue la falta de compromiso en cumplir con lo pactado y proteger la verdad. ¿Cómo no protegió la verdad? Con la extradición de los jefes.

(VA) ¿Y qué ha pasado con esa solicitud?

(*) Estamos esperando respuesta.

(VA) Ustedes tienen una verdad que, de pronto no se ha dicho. Se conoce la verdad de los integrantes de los bloques paramilitares Héroes de Granada y Cacique Nutibara, y de algunos exparamilitares, pero la ‘Oficina’ como tal nunca ha hablado de verdad, tienen un conocimiento acumulado sobre hechos que no se conocen y acabaría de completar el rompecabezas del conflicto urbano…

(*) El problema es que a ese rompecabezas le han robado varias fichas.

(VA) ¿Y cómo se las robaron?

(*) Esas fichas ya las contaron y la verdad que contenían para armar el rompecabezas muchas veces la han desvirtuado, y la han desvirtuado los poderes que han estado involucrados.

(VA) Ustedes han dicho que se quieren ver cara a cara con las víctimas. Y allí puede surgir la siguiente escena: una víctima pide que le cuenten la verdad del homicidio de su esposo y resulta que ustedes ordenaron matar a esa persona porque, por ejemplo, un político o un empresario, les pagó por ello. ¿Qué van a contestar entonces?

(*) Uno qué se va a preparar para eso.

(VA) Pero se deben ir preparando…

(*) ¿Qué va a decir uno ahí? Ah sí, este señor me pagó para que hiciéramos eso. A lo bien, eso no es de hombres. Uno asume la responsabilidad, pero sin llevarse al otro.

(VA) Muchos crímenes cometidos por paramilitares o guerrillas, por ejemplo, fueron asumidos en tribunales transicionales por sus comandantes por responsabilidad de mando, pero ese reconocimiento ya no satisface a las víctimas.

(*) Ningún muerto es malo. Entonces, qué va a decir uno: lo mataron por ladrón o porque hizo un daño. La víctima no va a aceptar eso. ¿Y si esa es la verdad, qué?

(VA) ¿Y cómo resolver esa situación de manera que se dignifiquen a las víctimas y a sus familias?

(*) El asunto es tratar de restaurar a la víctima, tanto en su dignidad como en su moral, y parte de eso sí es la verdad. Nosotros entendemos que muchas víctimas no quieren una reparación económica, ellas quieren que las reparen digna y moralmente, con verdad. Esos son temas que se deben trabajar puntualmente.

(VA) Ustedes construyeron unas redes para protegerse y algunas de esas redes se extendieron a la legalidad, por tanto, ¿si alguien está en esa red debería preocuparse por este proceso?

(*) En ese sentido, la mayor parte de las personas que van en contra de la paz y de este tipo de procesos, son personas que de pronto tendrán algún temor.

(*) Se sienten atemorizados, pero justo el mensaje es ese: nosotros aquí no estamos para delatar a nadie, ni para decir ‘éste hizo esto con nosotros’. El día que nosotros tengamos que decir la verdad, vamos a dar la verdad verdadera, sin tener que estar delatando a nadie. Es que eso casi todo ya está dicho.

(*) Nosotros sabemos cuáles son nuestros enemigos potenciales, y esos enemigos potenciales pueden estar esperando que nosotros lleguemos a las comunidades para matarnos, pero ahí es donde llegamos con el trabajo social que hemos hecho, con el liderazgo positivo que estamos empezando a ejercer, con el cambio de percepción en las comunidades.

(VA) Si miramos en retrospectiva otros procesos, ese era el discurso, por ejemplo, de la Corporación Democracia y de los jefes desmovilizados de las Auc en Medellín. ¿Y qué pasó?

(*) La Corporación Democracia la manejaba Daniel (Daniel Mejía, alias ‘Danielito’) y está desaparecido. Con él hay un poco de cosas, temas puntuales, cosas que se hicieron y sólo él sabe por qué las hizo. Un ejemplo claro, lo ocurrido en la Comuna 13 con la Operación Orión: de las autodefensas que estuvieron en eso, la mayoría están muertos. Entonces el día de mañana van a preguntar por ese caso y uno va a decir la verdad, pero van a creer que no es la verdad.

(VA) Sobre el tema electoral también habría reclamos de verdad. ¿Qué tanto han incidido en las elecciones locales durante las últimas décadas?

* No digamos que las estructuras indicen, inciden las comunidades, pero no es porque haya un direccionamiento de votos, ni presión. Somos esos líderes que la comunidad escucha y si vos decís ‘es que a mí parece que esta persona puede ser alcalde por esto, esto y esto’, la comunidad presta atención a eso y dice que si a uno le parece que es un buen líder, que va a ser un buen alcalde, la gente escucha.

Impactos

(VA) Las cifras de homicidios en la ciudad han disminuido y desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se afirma que se debe, en mucha parte, al trabajo que se hace en esta mesa. ¿Ustedes cómo perciben el tema desde este espacio?

(*) Las comunas hoy en día pueden estar más contentas de que no haya homicidios, pero de pronto, para la gente de El Poblado, es irrelevante que no haya tantos muertos. A ellos los beneficia más que no haya más robos. Al que está arriba en la comuna, a ellos no les va a ir a robar un Rolex, pero cuando estallan los conflictos, hay dos o tres muertos a la semana, al día, sí es preocupante. En las comunas de arriba ven que realmente de la mesa hay una incidencia positiva sobre los líderes para que no haya homicidios.

Pero en comunas de estrato alto, ante el aumento de los robos, utilizan esa situación para atacar la mesa, pero no están teniendo en cuenta las cifras de homicidios, sino de robos, y muchas veces, tristemente, a las personas les duele más que haya más robos que muertos.

* Las personas deberían mirar más allá y a las bases, que es donde nosotros estamos queriendo mirar. Estamos trabajando para que desde los barrios que sale esa persona a robar haya educación y oportunidades, para que esta persona no tenga que salir a robar. Le estamos apuntando a los jóvenes, para que tengan educación y oportunidades. Si tienen otra cosa que hacer para sustentar a su familia, puedo asegurar que van a mermar los robos, pero hay personas que no les interesa que llegue la educación y las oportunidades a esos sectores.

(VA) ¿Ustedes creen que hay enemigos de la paz urbana en Medellín?

(*) Sí, y sabes por qué… porque a muchos les da miedo que esto salga adelante y salgan salpicados. Por eso hago énfasis en que aquí no nos sentamos a delatar a nadie. Cada quien tiene que tener sus responsabilidades en lo que ha hecho, pero mucha gente no quiere que esto salga adelante por ese mismo miedo, porque aquí siempre hay una doble moral. Hay personas que te llaman para que les ayudes a buscar un carro que se robaron y después esas mismas personas te acusan de criminal. Así es esta sociedad. A todos nos ha pasado lo mismo: aquí llega la razón o en la calle nos llega la razón, que a tal político le robaron tal cosa, para que le ayuden, o que a un familiar se lo están amenazando, y después el mismo político habla mal de nosotros.

(*) Queremos que la gente entienda que vamos a tratar de cambiar esas bases que producen la criminalidad. Porque ahora la sociedad piensa que el que se fue a robar un reloj entonces métanlo a cárcel y denle diez años, veinte años, cincuenta años, creen que esa es la forma de cambiar esto que está pasando. Y la forma de cambiar esto que está pasando es llevar oportunidades y educación a donde hacen eso. Si los jóvenes empiezan a mirar otros caminos diferentes a la delincuencia, y miran que hay otras oportunidades, de hacer una carrera, por ejemplo, y lograr otros trabajos, estoy seguro que se reduce todo eso, pero necesitamos la ayuda del gobierno y del empresariado.

Espere mañana nuestra tercera y última entrega: Sustitución de economías ilegales, un gran reto para alcanzar la paz urbana.

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Hace tres meses, el gobierno nacional y 19 voceros de bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá instalaron formalmente la segunda fase de conversaciones bajo la sombrilla de la política de la Paz Total para avanzar en una solución a la conflictividad urbana que, por décadas, ha desangrado la capital antioqueña y varios de sus municipios vecinos.

Que los antiguos jefes de varios grupos armados ilegales dieran la cara públicamente no se logró de la noche a la mañana. Se necesitaron sendas conversaciones durante poco más de nueve meses para convencerlos de iniciar un camino que es incierto, pues no hay marco jurídico que respalde este proceso. Aún así, decidieron confiar en la iniciativa liderada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y participar en un diálogo socio-jurídico, que permita, en principio, contener la violencia en las calles. (Leer más en: Sin marco jurídico, diálogo con jefes de bandas en Medellín transita por caminos inciertos)

Sentados a la mesa con el gobierno nacional se encuentran quienes, en el pasado, integraron la llamada ‘Oficina de Envigado’, una confederación de bandas armadas ilegales que ha dominado la ilegalidad en Medellín y su área metropolitana por más de cuatro décadas. Varios de ellos son sobrevivientes de varias guerras urbanas desde la época aciaga del Cartel de Medellín, pasando por choques entre milicias guerrilleras y grupos paramilitares, así como por cruentas confrontaciones intestinas entre ellos mismos.

Tras varios intentos realizados durante la última década en busca de oídos en el Ejecutivo que les escuchara su propuesta de diálogo para ponerle fin a la criminalidad urbana organizada, por fin encontraron en el gobierno del presidente Gustavo Petro ese interlocutor que les prestara atención. Llevan tres meses sentados a la mesa y son muchas las expectativas. (Leer más en: Paz urbana en Medellín: por ahora sólo es un catálogo de interrogantes)

Por cerca de tres horas, VerdadAbierta.com conversó con cuatro de los voceros en un salón dispuesto para ellos en un rincón de la sección de máxima seguridad de la cárcel La Paz, en Itagüí, Antioquia. El objetivo era conocer los entresijos de este proceso y aclarar inquietudes que gravitan alrededor de una mesa que no tiene antecedentes en la ciudad y el país.

Se abordaron diversos asuntos, entre ellos los relacionados con el origen de la búsqueda de paz de la ‘Oficina de Envigado’; sus inquietudes sobre la política de Paz Total y el devenir de este proceso; las economías ilegales que proliferan en los barrios; las eventuales salidas jurídicas, sociales y económicas para los más de 12 mil jóvenes que dicen representar; y del futuro de la ciudad sobre un telón de fondo en el que debe prosperar la verdad para satisfacción de las víctimas.

Fue un diálogo franco y claro, con algunos asuntos que deben permanecer bajo confidencialidad, tal como se acordó con ellos. Los cuatro voceros entrevistados decidieron hablar sin mencionar sus nombres, pero con la garantía de que, en lo esencial, el grupo de voceros piensa igual, aunque, en algunos casos, hay alusiones a sus experiencias personales.

Esta larga conversación la hemos dividido en tres entregas, que estaremos publicando entre hoy y este viernes. Tratamos de ser lo más fiel posible a las palabras de los voceros de la ‘Oficina de Envigado’ con el fin de que sus respuestas incentiven una conversación de ciudad que permita allanar caminos para alcanzar una paz urbana integral e incluyente.

Les abren puertas

VerdadAbierta.com (VA): Ustedes afirman que el 80 por ciento de los que participan como voceros de las bandas en la mesa con el gobierno nacional, pronto saldrán de la cárcel por cumplimiento de condena. ¿Por qué entonces se involucran en un proceso como estos?

(*) Nos involucramos en este proceso porque, en lo personal, es lo que me apasiona. Yo ya tengo el 73 por ciento de la condena, pero trato de buscar una mejor ciudad para mis hijos, para mis nietos, para la juventud. Yo creo que es un momento muy especial que no se puede desaprovechar. Realmente queremos resarcir el mal que se hizo con bien. Todas las personas que estamos aquí, estamos convencidas de que se pueda lograr.

(*) Pensamos que hay momentos en la vida. Hubo momentos de guerra, de mucho conflicto y mucha violencia, y creemos que ahora es el momento de la paz. Es el momento en que, gracias a Dios, casi todos estamos de acuerdo en que la violencia tiene que parar. Tenemos que trabajar por la ciudad; tenemos que tratar de remediar todo el daño que se les ha hecho a las comunidades; tenemos que empezar a escuchar a las víctimas que han padecido toda esta violencia; nos tenemos que empezar a preocupar por la juventud. Somos conscientes de que hay que lograr la paz y cambiar el rumbo de la ciudad.

(VA): Ese momento llegó en un momento de debilidad institucional y sin marco jurídico. Es un poco paradójico: ganas de paz en un gobierno tan débil como el del presidente Gustavo Petro.

(*) Las ganas de paz no existen desde el gobierno del presidente Petro. Esas ganas de paz existen desde los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018) y de Iván Duque (2018-2022). Todo eso está documentado. Siempre se trató de buscar acercamientos para la paz desde las personas que estaban a cargo de la organización en determinado momento. ¿Y por qué en este momento? Porque hay una voluntad gubernamental que es buscar la paz. Y si no es ahora, ¿cuántas personas tienen que morir? ¿Cuánta sangre tiene que correr para lograr la paz?

(*) Sabemos que no es un camino fácil y no estamos haciendo un proceso dependiendo solamente del gobierno. Venimos buscando un proceso de paz hace mucho tiempo. Lastimosamente hay personas que les beneficia más que estemos en guerra o que haya un conflicto, y no les gusta escuchar, pero se viene buscando la paz hace mucho tiempo. Ahora este gobierno está presto a escuchar y a colaborar.

(*) Hay muchas personas que no quieren la paz; hay personas que quieren hacen campañas, negocios personales; son muchos los factores que dependen de la guerra y de la paz. Lo importante ahora es que pensamos que llegó el momento y no lo hacemos porque sea fácil o difícil, sino porque ahora tenemos una convicción y tomamos una decisión.

(VA): Vámonos un poco atrás, ¿qué fue lo que pasó con el gobierno de Juan Manuel Santos, que no se logró avanzar?

(*) No hubo respuesta. Había mucha intención de paz, pero muy parcializada esa voluntad de paz, sólo estaba enfocada en las Farc y la firma del Acuerdo del Teatro Colón. De pronto se excluyeron todos los actores armados que existen el país. Cuando uno quiere hacer la paz, la debe hacer íntegra, con todos, porque, quiera o no lo quiera, van a existir células durmientes, personas que van a aprovechar y copar esos espacios donde se haga la paz.

(*) El presidente Santos tenía un objetivo más específico y era cerrar un ciclo con un sólo grupo, sin mirar también tantas bases, de donde se deriva un conjunto de problemas y de conflictos de muchos grupos, de muchas bandas. Ahora es el primer proceso que se da con estructuras urbanas y estamos tratando de llegar a las bases, tratar de cambiar 40 años de un problema generacional y cultural, de una guerra urbana.

(*) Hubo misivas enviadas desde la ‘Oficina’. Todo eso está documentado, que se trató de buscar que fuéramos escuchados. Incluso, un emisario de la ‘Oficina’ viajó a Cuba con una delegación. Desde ese momento, las Farc sabían que se tenía que hacer la paz con otros actores armados que también eran muy importantes, que han sido actores reales de poder en las ciudades, para romper los ciclos de violencia.

(VA): ¿Y qué pasó en el gobierno de Iván Duque?

(*) Hubo caso omiso a las cartas, a los mensajes que se le enviaron, a los acercamientos que se trataron de hacer. El interés de este gobierno no era hacer la paz. Tenían de pronto otros intereses, otros objetivos, más importantes que la paz.

(VA): También tenemos registrado que, con gobiernos locales, entre ellos el del entonces alcalde Federico Gutiérrez (2016-2020), se intentó conversar para buscar acercamientos e iniciar unos diálogos. ¿Cómo les fue en ese intento?

(*) ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa casi siempre, que muchas veces puede existir muy buena voluntad de algunos funcionarios, pero de otros no; entonces llegan los funcionarios superiores y desacreditan el tipo de avance que se ha logrado. Pienso también que fue uno que otro error técnico-jurídico.

(*) Carecíamos de esa figura de facilitadores, con resoluciones presidenciales, ya más dedicados a estos temas, y los acercamientos se hicieron un poco más informales. Eso, de pronto, se pudo haber prestado para malentendidos.

(*) Desde la Alcaldía de Federico Gutiérrez, empezamos a hacer unos acercamientos y eso se volvió una catástrofe con lo que ocurrió con Gustavo Villegas, entonces el Alcalde decidió perseguirnos, no quiso sentarse a hablar ni sacar adelante un proyecto de paz, sino perseguirnos, entonces surgió un cartel de las recompensas. Vemos casos donde, por ejemplo, hay un testigo para 120 personas y cualquier cantidad de casos iguales que los tenemos documentados. En cierto modo, uno se va volviendo un preso político porque uno va a cumplir condena y sacan cualquier testigo y montan otro proceso; y ya va a cumplir esa, y le montan otra. Pasan por encima de las leyes.

VA: Desde su perspectiva, ¿qué estrategias podrían adoptarse para tener una mejor justicia?

(*) Los gobiernos han influido mucho en el pensamiento de los jueces. Es algo muy triste, porque se supone que el juez es una figura imparcial y autónoma, pero lastimosamente han sido manipulados por los gobiernos que van en contra de temas tan importantes como la paz. Por ejemplo: si la ley dice que con las tres quintas partes de la pena te pueden dar la libertad, por qué entre los jueces hace carrera que se debe pagar la totalidad de la pena. Es casi que un castigo del castigo. Es como si se ensañaran con las personas. Lo que hemos planteado es la necesidad de humanizar el tema carcelario, de visibilizar que somos personas.

(*) El tema que más polariza al país es el populismo punitivo. Hay quienes buscan ganar más popularidad, y en épocas electorales unos votos, a través de nosotros, o de cualquier otro delincuente, así vaya en contra de normas internacionales, incluso.

VA: Gutiérrez, ahora candidato a la Alcaldía, ha cuestionado el proceso de Paz Total Urbana y la posibilidad de que salgan a participar en algunos foros en los barrios. ¿Qué opinan de esas críticas?

(*) Federico no es un problema ni es un enemigo tampoco. Es más, queremos que él conozca de primera mano los avances de paz que podamos tener en esta mesa, y que nos conozca sin máscaras, con nombres propios y no por los alias. De pronto tiene una percepción muy diferente de lo que aquí se trabaja. Y acá no se está trabajando en nada irregular. Aquí estamos tratando de ser muy transparentes en todo lo que se habla.

Él puede utilizar como eslogan de campaña atacarnos a nosotros, pero estamos seguros que es una persona que el día de mañana se puede apersonar de la paz. Él se puede oponer a esto, pero nosotros podemos cambiar lo malo que él dice con el bien que estamos haciendo, y de pronto podemos hacer que hasta que se sonroje.

(*) Debería darse la oportunidad de conocer la nueva realidad, que no es la misma realidad de hace siete años cuando fue Alcalde. Somos unas personas totalmente diferentes, sólo pedimos que escuche, que le dé la oportunidad a la paz de la ciudad.

(*) Él sabe que su política no es efectiva porque las estadísticas durante su gobierno lo demuestran. Bajo su administración hubo muchos conflictos entre bandas por ese tipo de políticas. Esperamos que haya revisado todo eso. Parece que va a ganar, entonces lo mejor es tratar de hablar con él y le mostremos nuestro proyecto y lo que queremos hacer por la ciudad.

(VA): En su evolución, la ‘Oficina’ pasó de una estructura vertical a una estructura horizontal, corporativa, federal. En ese sentido, ¿cómo se toma una decisión como la de buscar salidas de paz?

(*) Yo pienso que empezó a pasar lo que está pasando ahora: surgió esa voluntad de paz de muchas personas que hacen parte de esta organización. Por múltiples factores, llegó el momento en que varios dicen ‘deberíamos empezar a terminar con este ciclo de 40 años de violencia en la ciudad’. Y ahí es donde se comienzan a hacer estos acercamientos, no sólo en la cabeza de una persona, sino de varias personas que se ponen de acuerdo. Y pasa lo que está pasando ahora, que hay un gobierno que escucha, que tiene la intención de hacer un acercamiento, que tiene voluntad de pensar en la paz de manera integral.

(VA): Más allá de la criminalidad, ¿en qué se encuentran tres generaciones de integrantes de la ‘Oficina’ que confluyen en esta mesa?

(*) Nos encontramos en la voluntad de paz. Todos, de cierta forma, hemos sufrido, hemos sido víctimas, hemos sido victimarios, entonces nos encontramos en ese consenso para buscar un punto de quiebre que nos lleve a la paz. Tenemos que romper este ciclo de violencia, y no podemos permitir que mañana estén otras tres generaciones en estas mismas circunstancias. Tenemos que romper ese ciclo de violencia incidiendo positivamente en las personas que vienen atrás para lograr ese cambio.

(*) A esto no se llega por la edad, se dio el momento de conciencia y de reflexión por parte de todos. Obviamente unos llevan muchos más años que otros, algunos hemos empezado jóvenes con ciertos temas, pero todos hemos perdido seres queridos, amigos, familiares. Estamos de acuerdo en que sería bueno poder compartir con los hijos, verlos crecer. Entonces creo que también nos encontramos en eso.

Fantasma paramilitar

(VA): Algunos de ustedes han sobrevivido varias guerras urbanas de los últimos 30 años. Y en esta mesa hay voceros que fueron integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). ¿Por qué no se acogieron a la Ley de Justicia y Paz promovida en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y siguieron delinquiendo?

(*) El 40 por ciento de los que se desmovilizaron volvieron a delinquir porque no se llegó a un acuerdo final. Empezando porque el gobierno no amparó constitucionalmente la Ley 975, entonces hubo un reversazo al plan que se tenía en ese tema. Yo estoy aquí sentado, en este momento, porque yo sí creo que, con las desmovilizaciones, las entregas, llámense como quiera, se aleja mucha gente del delito.

(*) Si nosotros hacemos una ley de sometimiento y pretende el gobierno dejar las zonas solas, vendrá otro grupo a coparlas, entonces la idea es que, desde este espacio dialógico, se diseñe la forma de que nosotros ya seamos unos líderes positivos en la comunidad. De hecho, hemos hecho cosas malas, pero también hemos hecho cosas muy buenas en las comunidades. La mayoría somos como una especie de Robin Hood dentro de nuestras comunidades, tampoco es vamos a decir que somos los héroes, hay cosas que se hicieron mal hechas, pero ante la ausencia del Estado, siempre estuvimos nosotros.

(VA): Algunos de ustedes han sido referidos en los tribunales de Justicia y Paz como integrantes de las Auc. ¿Son conscientes de que, con esas referencias, les pueden abrir nuevos procesos penales?

(*) De hecho, por aquí han venido fiscales de derechos humanos, de la Corte Suprema, que para hablar de reclutamientos, de apoyo a políticos, todo eso ha llegado. Hay un poco de temas que son muy espinosos que la sociedad quiere saber sobre lo que ha pasado realmente, pero nosotros no estamos dispuestos a crear otro capítulo de delaciones, a generar más odios.

Todos tenemos que hacernos cargo de lo que hemos hecho, y eso es fundamental en este proceso, tenemos que ser responsables con las acciones que hicimos, pero en nuestro parecer no debemos abrir otra puerta como la de Justicia y Paz (975 de 2005). Esa ley puede ser modificada y se puede utilizar con elementos de justicia restaurativa.

(VA): Cuando ustedes hacen alusión a elementos de justicia restaurativa, ¿exactamente a qué se refieren?

(*) Tenemos un grupo de asesores jurídicos que han estado analizando varias propuestas. Estamos claros que nos toca pagar cárcel, y que nos toca decir la verdad y que nos toca reparar, eso es ineludible. Pero la ley de sometimiento está diseñada para generar otro conflicto, entonces no es tanto porque nos den o nos den, es porque esa ley va a generar nuevas confrontaciones. ¿Y por qué? Porque los barrios quedan solos. En este momento, debido a eso, ya vemos bandas extranjeras queriendo cooptar territorios, creyendo que esos territorios van a quedar libres.

Por eso hacemos énfasis en que esa ley no sirve. Hay que buscar una ley donde nosotros tengamos nuestra responsabilidad, pero también nuestra oportunidad de seguir cuidando la zona, no como grupo armado, ni como Convivir, ni nada de eso.

(VA) Pero, en ese sentido, las experiencias del pasado en Medellín son muy frustrantes, nada más mirar lo que ocurrió con Coosercom en la década de los años noventa y con la Corporación Democracia en los acuerdos con las Auc a comienzos de la década del dos mil.

(*) El caos que hay ahora en el orden público es generado por esa política punitiva. Un caso concreto: encanan (encarcelan) a la gente y se la llevan para otra ciudad que porque en su ciudad sigue delinquiendo. Es la peor política que se inventaron. ¿Por qué? Te llevas un muchacho a otra ciudad y llega y no tiene con qué ver su familia, no tiene para pagarles los pasajes. ¿Y qué hizo? Aprendió el arte de la extorsión. Yo vengo de estar en un patio donde estaban todos los extorsionistas del país, y son muchachos que lo hacen para llevar su visita, o para los útiles de aseo. Te aseguro que si la justicia dejara a cada quien en su zona mermaba la extorsión hasta en un 60 por ciento.

Esto no es sólo la desmovilización de los grupos armados, es también una reforma en el código penitenciario. Desde esta mesa, con nuestra experiencia, tenemos que hacer que el gobierno entre en razón para cambiar ciertas políticas que antes generan más caos. A nosotros nos capturaron y la ciudad entró en caos porque no quedó quien coordinara; los muchachos perdieron la ideología, el norte, de proteger la comunidad.

(*) Por temas de política criminal, nos capturan y nos extraditan internamente, nos mandan para otras ciudades. Hay zonas que son muy difíciles para ver el hijo que viene en crecimiento, ver a la esposa y tratar de mantener el núcleo familiar estable. Al perder el crecimiento y formación de los hijos, y la visita de la esposa, el proceso de resocialización se estanca.

Cuando las personas están lejos, pierden su vínculo familiar, pierden el norte, y no les importa nada. El sólo hecho de ver a los hijos cada ocho días son momentos que permiten ajustar medidas y visualizar qué está pasando con ellos. Cuando se está lejos, todo eso se pierde. Entonces, de cierta forma, eso empieza a crear unas familias disfuncionales en un entorno difícil, en unas comunidades difíciles, y todo eso aumenta el problema.

(VA) ¿Eso quiere decir que en Medellín siempre se van a necesitar ‘patrones’?

(*) Nosotros queremos ser líderes positivos, no patrones. En ese sentido, estamos esperando que salga una tutela para rectificar a los medios de comunicación sobre el tema de capos, jefes, porque nosotros ya no lo somos. Y con eso vamos a hacerle una solicitud a los candidatos a la Alcaldía por si quieren hacer un foro aquí. Así no lo quieran aceptar, lo que estamos haciendo aquí tiene que ver con el orden público en la ciudad.

Espere mañana nuestra segunda entrega: ¿Verdad sin delación? El dilema del proceso de paz total urbana en Medellín.

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Las alertas fueron encendidas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en una decisión fechada el pasado 19 de julio. Mediante esa providencia dio a conocer “a los organismos encargados de los esquemas de protección de la Magistratura, las expresiones usadas por el postulado Salvatore Mancuso Gómez” en contra de la magistrada Alexandra Valencia, las cuales calificaron de “intimidantes y peligrosas”.

No han sido pocas las manifestaciones del exjefe paramilitar contra la togada desde su actual sitio de reclusión en el estado de Georgia, Estados Unidos, donde está bajo la tutela del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, sigla en inglés), a la espera de una decisión sobre su deportación a Italia, su extradición a Colombia o su aprobación de asilo en el país norteamericano.

En declaraciones ante jueces de la República, pasando por derechos de petición y acciones de tutela, este exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), responsable de miles de crímenes bajo el ropaje paramilitar y procesado en Estados Unidos por narcotráfico, ha insistido en cuestionar a la magistrada Valencia, una de las personas qué más conoce el paramilitarismo y sus relaciones políticas y económicas en el país.

Actualmente, la Corte Constitucional se encuentra revisando el fallo de una acción de tutela instaurada por Mancuso en abril del año pasado contra “la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que con las decisiones que le negaron la libertad, le vulneraron los derechos fundamentales a la libertad, igualdad, debido proceso (presunción de inocencia) y acceso a la administración de justicia”.

El caso fue programado por el alto tribunal en el orden del día del próximo 3 de agosto bajo el expediente T-8.912.802 a cargo del magistrado ponente José Fernando Reyes Cuartas.

La última actuación de Mancuso tiene fecha del pasado 31 de julio. Se trata de un derecho de petición remitido a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la JEP y a la Fiscalía General de la Nación, en el que previo un conjunto de reflexiones, solicitó que se le informara “si la magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, Alexandra Valencia Molina, compulsó copias para que se investigara al suscrito por haberla amenazado. En caso de ser afirmativa la respuesta, le ruego, envíe copia de la misma”.

Este exjefe paramilitar, que se vinculó al proyecto contrainsurgente impulsado por los hermanos Vicente y Carlos Castaño a mediados de la década de los años noventa, se desmovilizó en 2005 bajo los acuerdos suscritos en 2003 entre las Auc y el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y fue extraditado a Estados Unidos en 2008 junto con un grupo de exparamilitares para que respondieran por delitos asociados al tráfico de drogas ilícitas.

En marzo de 2020 acabó de pagar su condena de 15 años por narcotráfico, pero quedó en manos del USCIS, que tres años después no ha podido definir si deporta a Mancuso a Italia, tal como él mismo lo solicitó por razones de seguridad, o atiende la solicitud de extradición presentada por el Estado colombiano, o el gobierno norteamericano le otorga asilo.

A ello se suma que, en días pasados, el presidente Gustavo Petro (2022-2026) anunció que lo nombraría Gestor de Paz, para aprovechar su experiencia en la implementación de la política de Paz Total; no obstante, aún falta la resolución que oficialice ese nombramiento.

¿Pero qué pretende Mancuso con recriminar las decisiones de Justicia y Paz, y personalizarlas en la magistrada Valencia?

Cuestiona la justicia

De acuerdo con registros de audiencias conocidos por este portal, en por lo menos tres intervenciones durante su comparecencia ante jueces de la República, el confeso criminal aludió a Justicia y Paz, y específicamente a la magistrada Valencia, argumentando que las decisiones de este tribunal transicional se estaban tomando “bajo el disfraz de la ley”.

En la primera de las intervenciones, el exjefe paramilitar cuestionó la revocatoria de la libertad a prueba tomada por Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de sentencias para las Salas de Justicia y Paz en marzo pasado y que fue confirmada por la Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia de la magistrada Valencia.

“Bajo ese disfraz se revoca la libertad a prueba, se niega la libertad a prueba, la sustitución de medida de aseguramiento, y se me mantiene encarcelado tras más de 17 años con órdenes de captura de Justicia y Paz. Así que estos hechos, y el de la magistrada Valencia […]se arropan bajo ese disfraz de la ley”, declaró Mancuso.

En una segunda intervención, el extraditado fustigó a la magistrada Valencia insistiendo en que ella “interpreta la ley” y “entrega (sic) requisitos que no existen en la ley”, para volver a concluir que sus decisiones judiciales son ataques vienen disfrazados de ley”.

Y en una tercera intervención, el exparamilitar insistió en que las decisiones que han tomado en Justicia y Paz para que se mantengan las órdenes de captura en su contra y se insista en su pedido de extradición se deben a una “persecución política, jurídica, la manipulación de la justicia, para interpretar las leyes, las normas”, y de nuevo la emprende contra la magistrada Valencia, a quien señala de “colocar dentro de las leyes cuestiones que no existen en la misma ley para la revocar la libertad a prueba, o se interpretan las leyes de manera restrictiva […] en justicia transicional para evitar darme la libertad”.

Reiteran pedido

Mediante providencia difundida el pasado el 24 de julio, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión tomada el 6 de marzo de este año por el Juzgado Penal del Circuito con función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, que le negó la libertad a prueba a Mancuso.

El argumento central de esta decisión es que “la libertad a prueba, según reiteradas decisiones proferidas por las Salas de conocimiento integradas por la suscrita, así como las decisiones que dentro de este asunto fueron proferidas con ocasión a las distintas acciones constitucionales de Habeas Corpus y tutelas registradas en la jurisdicción ordinaria y la JEP, puede ser descontada una vez el postulado adquiera materialmente la libertad y se vincule a los programas de reintegración dispuestos por la ARN”, situación que no cobija al exjefe paramilitar.

Adicional a ello, la decisión detalla que Mancuso ha insistido en pedirle a las autoridades migratorias de Estados Unidos que sea deportado a Italia, país del que tiene nacionalidad, o en su defecto que sea admitido en Estados Unidos en calidad de asilado, y rechazar el pedido de extradición que ha hecho el Estado colombiano para que se pusiera a disposición de las autoridades para continuar con sus procesos penales en una prisión nacional.

Al respecto, la pretensión de Mancuso para seguir vinculado a Justicia y Paz quedó consignada en una audiencia ante jueces de la República. En esa cita judicial, insistió en la posibilidad de cumplir su proceso de reintegración en el exterior y de manera virtual. Para respaldar su petición, se apalancó en las normas que regulan las actividades de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que atiende a los desmovilizados de grupos armados ilegales.

A su juicio, “la reintegración se puede cumplir en el exterior, de manera virtual, sin ningún tipo de problema” y resaltó que la “ARN está facultada por ley” e invocó para ello la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, y la Ley 1592 de 2015, que modificó algunos de sus artículos.

En la norma que hace referencia a la “Resocialización y reintegración de postulados en detención preventiva y de condenados a la pena alternativa”, se estableció que la ARN “podrá adelantar alianzas, suscribir convenios y celebrar contratos con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras” con el fin de desarrollar e implementar “la política nacional de reintegración de personas y grupos alzados en armas, el fortalecimiento institucional y en general para el cumplimiento de sus funciones”.

Justo fue ese articulado el que invocó Mancuso para pedir un tratamiento diferenciado y en el extranjero, lo que hace suponer que insistirá en su deportación a Italia, tal como lo solicitó ante las autoridades migratorias hace ya un año, sin que su situación sea resuelta.

Con relación a la pretensión de cumplir su proceso de reintegración de manera virtual, apelando a las normas de las leyes 975 y 1592, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá precisó que “tales contratos, convenios o alianzas, se circunscriben a entidades públicas y privadas presentes en el territorio nacional, teniendo en cuenta que los procesos liderados por la Agencia de Reincorporación, entre los que se encuentra el proceso de reintegración Especial de Justicia y Paz, tiene como base la oferta institucional del Estado Colombiano, la cual se ha de entender bajo los límites del territorio nacional”.

En esta providencia también se llamó la atención sobre los reiterados señalamientos contra la Sala y, en especial, contra la magistrada Valencia. De acuerdo con la decisión, “las expresiones usadas por el postulado en la sustentación del recurso de apelación, en las que usa el nombre de quien preside esta Sala para atribuirle, entre otras expresiones, la manipulación de la justicia y poner guiones dentro de las leyes para evitar concederle la libertad, ameritan dar a conocer esta situación a los esquemas de protección a cargo de la magistratura, por encontrarlas altamente intimidantes y peligrosas frente a la función jurisdiccional que tenemos a cargo”.

Airada reacción de Mancuso

Una vez se profirió la decisión en su contra, el exjefe paramilitar remitió un derecho de petición a distintas instancias judiciales el que hace algunas claridades sobre su comparecencia a los tribunales de Justicia y Paz, y reiteró sus cuestionamientos hacia la magistrada Valencia.

“Es curioso que estas declaraciones y resoluciones surjan justo cuando el gobierno nacional me ha designado como gestor de paz. Esto no parece una coincidencia, sino una campaña mediática diseñada para influir y condicionar las decisiones de la JEP, la Corte Constitucional y del gobierno nacional”, afirmó Mancuso en su documento de petición.

La decisión del Tribunal de Justicia y Paz se conoció tan sólo un día después de que el presidente Petro anunciara su designación como Gestor de Paz, lo que desvirtúa su argumento. Este portal estableció que la decisión de la Casa de Nariño no fue consultada con los magistrados, lo que se interpretó como un desconocimiento de esa instancia judicial.

“Presumir infundadamente la magistrada Valencia, que dejarme en libertad pone en riesgo mi comparecencia y cumplimento de la aplicación de la Ley 975 de 2005 y de mis obligaciones con la justicia colombiana, demuestra un prejuicio inaceptable”, reprochó el exparamilitar, quien le cuestionó varias situaciones, entre ellas el supuesto “abandono de lugares de memoria como los hornos –de los cuales he tenido que interponer medidas cautelares para que sean intervenidos y no configuren una acción con daño–, o los procedimientos frente a las fosas en Venezuela, de lo cual hay menciones lánguidas en su sentencia del Catatumbo”.

Mancuso hace alusión a la sentencia proferida el 31 de octubre de 2014 por la Sala de Justicia de Paz del Tribunal Superior de Bogotá, cuya magistrada ponente fue Valencia. Ese intento de desacreditar el fallo es bien particular, pues en uno de sus apartes se incluye el dato de más de 200 víctimas incineradas en los hornos crematorios construidos en Villa del Rosario, Norte de Santander, y que el exparamilitar reportó como “novedoso” ante la JEP en su comparecencia de mayo de este año en busca de ser aceptado en esta jurisdicción transicional como tercero civil financiador del paramilitarismo.

Sobre las presuntas amenazas, Mancuso expresó su “consternación y preocupación”, pues, según él, “no es la primera vez que la magistrada Valencia me atribuye tal conducta irresponsable”. Y la exhortó “a que presente, sin ambigüedades, sin demora y con la claridad que la justicia demanda, las pruebas y circunstancias en las que yo, en dos ocasiones, la habría amenazado. De lo contrario, lo que se constituye es un acto de estigmatización que puede constituir una calificación penal”.

Y agregó: “Defender con vehemencia mis derechos no equivale a una amenaza. Si la magistrada encuentra o puede demostrar una amenaza de mi parte, debe obrar de acuerdo con la ley y solicitar mi exclusión de Justicia y Paz, de lo contrario, lo que se constituye es un acto de estigmatización de quienes, como yo, hemos depuesto las armas, admitido nuestras equivocaciones y buscado resarcirlas dentro de las reglas impuestas por una sociedad democrática y en un Estado de derecho”.

Ante ello, el exparamilitar aseveró que ese tipo de circunstancias lo “forzaron a solicitar protección internacional y pedir ser trasladado a Italia, para evitar que el prejuicio amparado en la justicia y la estigmatización se convierta en una herramienta de tortura y silencio, pues estando vivo le sirvo de manera más efectiva al interés de las víctimas y de la paz del país, en lugar de ser una voz silenciada o una vida arrebatada”.

Con esas acciones, es muy probable que el camino a seguir por Mancuso y su defensa sea la de construir un entorno que lo lleve a plantear una causal de impedimento para luego recusar a la magistrada Valencia y, por esa vía, evitar que siga conociendo su proceso ante los tribunales de Justicia y Paz. En caso de llegar a esas instancias, serán las altas cortes las que diriman esa controversia jurídica.

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Se sentaron a la mesa con rostro adusto, ojos observadores, actitud desconfiada y silenciosos. Sobre ellos recaían muchas miradas, expectantes. Se trataba de ver por primera vez juntos, en público y bajo los lentes de las cámaras, a quienes, por décadas, han afectado de múltiples maneras la vida de miles de personas.

Se trataba de 18 hombres recluidos en el penal de Itagüí y otro más con prisión domiciliaria, de orígenes diversos y en representación de algunas estructuras criminales, que han operado en distintas comunas de la capital antioqueña y su área metropolitana, y con tentáculos en varias zonas del departamento y del país. Para verlos allí sentados se requirió de un proceso de más de nueve meses liderado por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y un grupo de intermediarios, respaldados por la política de Paz Total impulsada desde el gobierno nacional.

“Aceptamos la invitación del gobierno del presidente Gustavo Petro y se la extendemos a la comunidad internacional, para dialogar sobre una ruta en la construcción de la paz urbana”, leyó en una breve intervención Sebastián Murillo Echeverri, uno de los representantes de las estructuras criminales.

En su mensaje, leído con pausa y que interpretaba el sentir de quienes estaban sentados a su lado, reconoció que “el camino trasegado hasta la fecha no ha sido fácil, son muchos los interrogantes que rodean este espacio dialógico”. Y expuso uno de los puntos críticos en este proceso: “No es un hecho desconocido para los participantes de este encuentro y toda la sociedad colombiana que estos diálogos inician sin que exista aún el marco jurídico para resolver las situaciones sociojurídicas de los miembros de estas estructuras”.

La crítica a esa falta de marco jurídico ha sido una de las grandes dudas de este proceso y, en general, de la política de Paz Total. Para respaldarla, el gobierno nacional, a través de los ministerios del Interior y de Justicia, presentó el 15 de marzo de este año ante el Congreso de la República el proyecto de ley de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición, y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, que cobijará el proceso iniciado en Itagüí y otros más que están en espera.

El problema es que apenas el pasado 30 de mayo se radicó la ponencia ante la Comisión Primera del Senado para iniciar la discusión de esta iniciativa. Una de las preguntas es si logrará surtir todos los debates, cuatro en total, hasta su aprobación, sobre todo cuando se ha podido establecer que sectores de oposición se encuentran trabajando en una especie de “plan tortuga” y no alcanzarán a evacuar los proyectos en la legislatura que acaba el próximo 20 de junio.

Ante esa situación, el Alto Comisionado para la Paz ha reiterado en distintos escenarios, entre ellos en la cárcel de Itagüí el pasado viernes, que para ello cuenta con el artículo 22 de la Constitución Política, que dice que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Además, se respalda en la Ley 2272 de noviembre de 2022, que define “la política de paz como una política de Estado”.

En su intervención ante los representantes de los grupos criminales, Rueda insistió en esa idea: ”Podemos esperar a que el Congreso legisle, a que pase el examen de constitucionalidad de los proyectos de ley que sean, pero el clamor del pueblo de Antioquia, el clamor del pueblo de Medellín y sus comunas, que hemos visitado; el clamor de la gente del Valle de Aburrá, es que se pare la violencia, que se paren las violencias armadas, y ese clamor no está supeditado a esperar a que tengamos el marco jurídico. Necesitamos avanzar”.

Y agregó: “Entonces nos dicen: ‘Es que esto está en la locura y el caos’. No. Estamos aplicando el artículo 22 de la Constitución Nacional. Respetamos la autonomía de los poderes, pero tenemos que responder a la voz ciudadana”.

No es la primera vez que se inicia un proceso de esta magnitud sin marco jurídico. Así comenzó hace poco más de nueve años la desmovilización colectiva de las distintas estructuras asociadas a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que suscribieron pactos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Para cuando se rubricó la Ley 975, el 25 de julio de 2005, se habían desmovilizado cerca de 2.700 integrantes de 12 bloques y frentes paramilitares.

El encuentro del pasado viernes también dejó en evidencia que este proceso aún no tiene una metodología definida que estructure las conversaciones que se sostendrán luego de instalada la mesa ni cuánto durarán; tampoco se conocen la frecuencia de los encuentros entre las comisiones; los procesos de toma de decisiones; los mecanismos de verificación y de seguimiento de los compromisos; las estrategias de resolución de crisis; la articulación con los integrantes de las bandas que están en las calles; y los mecanismos de participación ciudadana.

¿A quiénes representan?

Por sus características y objetivos, el proceso iniciado en la cárcel de Itagüí está rodeado de situaciones particulares, como, por ejemplo, a qué bandas representan las 19 personas que están sentadas a la mesa con el gobierno nacional.

Pese a la insistencia en ese punto de los periodistas que asistieron al evento en Itagüí, ni el comisionado Rueda ni los voceros del gobierno nacional, entre ellos la senadora Isabel Cristina Zuleta y el exsecretario de Gobierno departamental, Jorge Mejía Martínez, respondieron las preguntas de manera clara y fueron evasivos para nombrarlas.

Al respecto, Martínez aseveró que en la mesa “estaban los que son y son los que están. Las grandes estructuras delincuenciales armadas del Valle de Aburrá están presentes en este proceso, todas, todas. No hay ninguna gran estructura que esté por fuera. La última, que ustedes saben cuál fue que manifestó su disposición, allí tenía un vocero”.

La senadora Zuleta, por su parte, dijo que “nosotros lo que les pedimos a ellos es que se presentaran como desearan, más allá de eso no podemos ir. Y le hemos pedido a algunos periodistas que entiendan el proceso interno y el proceso de la mesa. Con esos nombres ustedes pueden hacer la tesis doctoral necesaria para esas respuestas”. Y resaltó que el hecho de que se presentaran con sus nombres propios refleja un largo proceso de construcción de confianza.

Contrario a lo dicho por Martínez, la Senadora admitió que no estaban representadas el cien por ciento de las bandas asentadas en la capital antioqueña y los municipios que hacen parte del área metropolitana por cuanto en este amplio territorio también tenían presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), con las que se espera una mesa aparte.

¿Y quiénes estaban en la mesa y se presentaron con sus nombres propios como lo dijo Zuleta? El grupo se dividió en dos. Los voceros principales son Jorge Vallejo Alarcón, quien fungirá como secretario de la mesa en representación de las estructuras criminales, Albert Henao Acevedo, Camilo Rendón Castro, Carlos Mesa Vallejo, Freyner Ramírez García, Gustavo Pérez o Rodrigo Rodríguez y Mauricio Morales Múnera.

Como voceros suplentes estarán Andrés o Edilberto Oliveros (dos identidades), Carlos Correa López, Elder Zapata Rivera, Iván Suárez Muñoz, Jesús Hernández, John Yepes Hoyos, Juan Fernando Álvarez, Óscar Salazar Gutiérrez, Rodrigo Henao Acevedo y Sebastián Murillo Echeverri.

¿Por qué es importante esa relación entre los voceros que están sentados en la mesa de conversaciones y las estructuras criminales que representan? El proyecto de ley que está a discusión en el Senado contempla la suscripción de actas colectivas de sometimiento, un requisito clave para obtener los beneficios jurídicos, entre ellos penas efectivas de cárcel de 6 a 8 años.

Se espera que, con el avance de las conversaciones y la concreción del marco jurídico, se definan a qué estructuras criminales realmente representarán y precisen cuántos hombres y mujeres bajo su mando estarán dispuestos a acogerse de manera individual a las normas de sometimiento y, por esa vía, reintegrarse a la vida legal.

Las expectativas

“Desde el primer momento este proceso tendrá como criterio central para la toma de decisiones el respeto por las comunidades afectadas por la violencia y la decisión de las garantías de no repetición”, anunciaron las estructuras criminales sentadas en la mesa a través de un comunicado conjunto leído por Andrés Millares, coordinador del área de Justicia de la MAPP-OEA.

Al respecto, Julio César Rengifo, defensor de derechos humanos del corregimiento Altavista, una de las zonas golpeadas por la violencia, se mostró esperanzado en que el marco jurídico se apruebe pronto para aclarar el camino que se empezó a transitar desde el viernes pasado.

Con respecto a su zona, donde dos grupos criminales, ‘Los Pájaros’ y ‘Los Chivos’, han mantenido ciclos de violencia letal implicando a las comunidades, reconoció que, si bien los índices de homicidio se han reducido, hay otros fenómenos como la extorsión, el narcotráfico, la desaparición forzada y el reclutamiento de menores que continúan, por lo que deben discutirse en la mesa de conversaciones, en la que sólo tienen presencia ‘Los Chivos’, la otra aún no se ha definido.

Una mirada más optimista expuso María Gisela Quintero, lideresa social y vocera del gobierno nacional en este proceso: “Este es un paso que todo Medellín, toda Antioquia, debe dar, por supuesto Colombia. Para las víctimas ya fue suficiente este derramamiento de sangre. Hoy me doy cuenta que esta guerra ya nos está cansando. Por eso es necesario conversar”.

En ese sentido se expresó Murillo Echeverri, uno de los voceros de las estructuras criminales: “Los que estamos aquí presentes hemos visto la cara de la guerra y sabemos hasta dónde nos conduce este camino transitado con dolor. Por eso queremos transitar un sendero distinto, el de la paz, el del perdón y la reconciliación”.

Y propuso que ese camino iniciado “debe pasar por la transformación de las comunas del Valle de Aburrá, que tiene que traducirse en oportunidades, para la gente, en equidad, educación, salud y cultura”.

Además, hizo un llamado al sector productivo, uno de los más golpeados por las prácticas extorsivas de las estructuras criminales, “para que reflexione en torno a su lugar como constructores del desarrollo de la ciudad y cómo pueden aportar en la viabilidad de una ruta para que ese desarrollo pueda llegar al barrio, a las montañas del Valle de Aburra, donde los pelaos y sus familias se encargan de resolver el día a día”.

Por el momento sólo hay grandes expectativas y varios interrogantes que gravitan sobre el futuro de por lo menos 14 mil personas, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, que esperan obtener beneficios con su sometimiento a la justicia, si se logra aplicar un marco jurídico que les genere confianza a los representantes de las estructuras criminales y sea un incentivo para dejar sus armas y sus lucrativos negocios ilegales.

De no lograrse, será una oportunidad perdida y quedará demostrado que es insuficiente un artículo de la Constitución Política para enfrentarse a un fenómeno que lleva décadas desangrando la vida y la economía del Valle de Aburrá.

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A falta de un marco jurídico que permita concretar acuerdos con grupos armados ilegales que carecen de estatus político, como lo son las bandas del crimen organizado que operan en Medellín y el área metropolitana, el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, invocó el artículo 22 de la Constitución Política, que dice que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, y la “buena voluntad” de los jefes de esas estructuras, para avanzar en unas conversaciones que lleven a la desmovilización de por lo menos 14 mil integrantes.

“Los asuntos no todos dependen de los marcos jurídicos”, dijo el funcionario durante una rueda de prensa realizada el pasado viernes en las afueras del Centro Penitenciario La Paz, una prisión de alta y mediana seguridad situada en el municipio de Itagüí, sur del área metropolitana, en donde están recluidos buena parte de los mandos de las estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá, varios de los cuales llegaron allí trasladados de otras cárceles para participar en este proceso.

Esa afirmación tiene que ver con el trámite iniciado desde mediados de marzo de este año, cuando los ministerios del Interior y de Justicia presentaron ante el Senado de la República el proyecto de ley de “sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición, y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, conocida como la “Ley de Sometimiento”.

El documento, de 54 artículos, se enmarca en la política de Paz Total impulsada por el actual gobierno nacional, la cual se oficializó mediante la Ley 2272 de 2022. En esa normativa se indica que podrá haber dos tipos de procesos: de un lado, negociaciones con grupos armados organizados para alcanzar acuerdos de paz; y de otro lado, acercamientos y conversaciones con estructuras armadas de crimen de alto impacto a fin de someterlas a la justicia y lograr su desmantelamiento. (Leer más en: Carácter político, la ‘zona gris’ del proyecto de ley para someter a las bandas)

Como todo proyecto de ley, esta iniciativa debe surtir un trámite tanto en Senado como en la Cámara de Representantes. Pero el gobierno nacional no tiene fácil su aprobación por cuanto los apoyos partidistas se han debilitado en las últimas semanas por cuenta de la discusión de la reforma de la salud. Es por ello que Rueda pretende iniciar las conversaciones con las bandas criminales sin ese instrumento, con los riesgos que eso implica.

“El Congreso de la Republica tendrá que discutirlo y la Corte Constitucional hará su examen para definir si eso corresponde a la Constitución y la Ley, pero no podemos esperar a que esto suceda y que haya más jóvenes vinculados en la violencia, que haya más asesinatos de ciudadanos”, precisó el Alto Comisionado en su comparecencia ante los periodistas minutos después de reunirse con un grupo de jefes de bandas recluidos en el penal de Itagüí sobre los cuales se negó a dar sus identidades.

Y agregó: “Hemos visto que hay una disposición a parar las violencias, entonces la ley no nos impide proteger la vida y no estamos haciendo ningún acto ilegal. Simplemente estamos haciendo lo que nos corresponde”.

La “buena voluntad” de la que habló Rueda fue expresada en un comunicado dado a conocer en la rueda de prensa y que fue suscrito por las “Estructuras Armadas Ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá”. El documento de seis puntos fue leído por Daniel Millares, coordinador del área de justicia de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), quien asistió a la reunión carcelaria en calidad de testigo.

Tras expresar su apoyo “al propósito del Gobierno Nacional del señor Presidente Gustavo Petro, de construir la PAZ TOTAL”, anunciaron “la suspensión de todo tipo de hostilidades, confrontación o disputas; consecuencias que serán evidentes y verificables por la ciudadanía y las autoridades, tales efectos se han empezado a evidenciar en la reducción de algunos indicadores significativos en la inseguridad del territorio”.

“Este cese de hostilidades – agregaron – es un aporte significativo a la humanización del conflicto armado urbano, que habrá de impactar el comportamiento de fenómenos como los homicidios y el desplazamiento forzado intraurbano”.

La alusión a la disminución de los niveles de violencia también fue expuesta por Rueda, quien aseveró que, aún antes de iniciar las conversaciones, “ya se han salvado muchas vidas, lo que pueden corroborar con las fuentes oficiales, pues hay una reducción de asesinatos”.

Este portal hizo el ejercicio propuesto por el Alto Comisionado de Paz para el caso de Medellín. Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía de Medellín, en lo que va corrido del año (hasta el 29 de abril) se han registrado 109 homicidios, seis menos que en igual periodo de 2022, cuando ocurrieron 115 asesinatos. Al comparar lo ocurrido en los dos últimos años, los resultados también son incipientes: en 2021, se perpetraron 405 muertes violentas, y, en 2022, cayeron a 391, con una reducción de 14 casos.

Aunque líderes barriales consultados por este portal se mostraron optimistas con el ambiente que se vive en algunas comunas de Medellín, “que ya es muy tranquilo”, dicen, queda por establecer qué va a pasar con la extorsión, de la que son víctimas miles de ciudadanos, y el narcotráfico, en toda su cadena de comercialización y de exportación, de la cual se lucran estas bandas criminales y les dejan grandes rentas.

El comunicado suscrito por las “Estructuras Armadas Ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá” es el resultado, según Rueda, de ocho meses de acercamientos que comenzaron en respuesta a varios mensajes de personas ligadas a las bandas criminales que proponían vincularse a la política de Paz Total planteada por el presidente Petro. “Hoy podemos anunciar que se ha empezado a concretar ya una expresión mucho más madura para dar un segundo paso del acercamiento a una fase dialógica”, explicó el Alto Comisionado para la Paz.

La identidad de las estructuras armadas, que según Rueda “están en un registro interno de la Oficina de Paz”, y de las de sus jefes y voceros recluidos en el penal se mantuvieron en reserva. “En su momento se conocerán, cuando se instale públicamente la mesa o el espacio de conversación sociojurídica”, reiteró el funcionario, quien precisó que son más de 16 los firmantes, que representarían a cerca del 90 por ciento de las bandas del Valle de Aburrá y que estarían integradas por cerca de 14 mil personas, que se espera se desmovilicen al final de este proceso.

Esa cifra de integrantes es bastante elevada si se tiene en cuenta que durante varios años las cifras oficiales indicaban que en Medellín y algunos municipios del área metropolitana operaban cerca de 300 bandas con un número de integrantes que no sobrepasaban las 7 mil personas. Ese salto cualitativo llama la atención.

El inicio de esa mesa de conversaciones, que aún no tiene una fecha precisa, está sujeto al acuerdo de varios protocolos que brinden garantías de seguridad a los participantes, sobre todo a quienes están en prisión, y a las personas que representarán al gobierno nacional.

Mensaje desde el exterior

En la rueda de prensa este portal le preguntó al comisionado Rueda si en desarrollo del proceso anunciado para avanzar en la Paz Total Urbana se está hablando con algunos jefes de bandas y de estructuras criminales que están presos en cárceles de diversos países, especialmente de Estados Unidos.

“Todavía no, pero es una buena idea”, respondió el funcionario. “Si todo se requiere para la paz, a partir de que hay que conversar en cárceles en el exterior, se hará con los trámites propios diplomáticos y los países a que corresponda acudir”.

VerdadAbierta.com estableció un corto diálogo vía mensajería instantánea con una persona extraditada hace varios años por solicitud de las autoridades norteamericanas y quien paga una pena por delitos asociados al tráfico de drogas. Dada su conectividad con el exterior, ya sabía de lo que estaba pasando en Medellín. Sus datos de identificación se omiten previo acuerdo para evitar sanciones en el penal donde se encuentra recluido; además, su ortografía fue corregida para hacer más claro su mensaje.

“El tema que están llevando en mi país es muy interesante y ojalá se lleve a cabo por el bien de todos. Muy bueno sería que en este proceso se tuviera en cuenta tanta gente que está por acá y que ha formado parte de dicho conflicto”, dijo la persona consultada, aunque reconoció que no es un asunto sencillo: “Sé qué es muy complicado por la política de este país y su sistema de justicia, pero sí podrían hacer algo por nosotros, al menos por las personas que podrían calificar para una repatriación porque ya han cumplido los requisitos necesarios para dichos beneficios”.

Agregó en la corta charla sostenida que personas como él, que tienen una larga trayectoria ilegal en la ciudad, pueden aportar su experiencia en este proceso: “Tengo contacto con varias personas que sí han estado involucrados en el conflicto de mi país y qué están acá. Ojalá nos tengan en cuenta. De verdad espero que este tema salga a delante por mi país, que es el más beneficiado”.

Por el momento, aseguró no tener aún contacto con los jefes de bandas que están recluidos en Itagüí por las dificultades en la comunicación, pero dijo que “todas las personas que están en este proyecto son conocidos míos”. Y agregó que espera que este proceso por lo menos les permita visibilizarse y mostrar su crítica situación carcelaria: “Al menos que nos tengan en cuenta porque de verdad nadie a hecho nada por las personas que estamos por acá, estamos muy desamparados por parte de  las personas que están a cargo de velar por nosotros en este país”.

Si bien las noticias difundidas desde la puerta del penal de Itagüí fueron celebradas por algunos sectores de la ciudad, incluso desde el exterior, lo cierto es que genera más inquietud que tranquilidad. Aspectos como la falta de una ley específica que respalde este proceso y el tratamiento que recibirán estas bandas criminales, entre otros, son resaltados por analistas consultados por este portal.

Proceso con muchas dudas

Alberto Sánchez, investigador sobre temas de seguridad y defensa, cuestionó la falta de un marco normativo de sometimiento para encarar este proceso y otros que puedan darse en el país con estructuras del crimen organizado, lo que se convierte en un obstáculo estructural en la adopción de la política de Paz Total.

“¿De qué van a hablar? ¿En qué términos? ¿Bajo qué condiciones de cumplimiento, si el marco normativo que le pone límites al gobierno, les pone condiciones a las estructuras criminales y da garantías de cumplimiento a las dos partes, obviamente no existe?”, planteó Sánchez.

A su juicio, esa carencia de marco normativo es muy delicada, “no sólo por las implicaciones formales de avance de la discusión, sino porque nos mete en un terreno muy peligroso que es el de abrirle la puerta a la negociación con el crimen organizado, que más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, es jugar a ser ambiguos frente a lo que se está haciendo con las estructuras criminales”.

Este experto advirtió un riesgo en proceso anunciado por el gobierno nacional y los jefes de bandas, y es el de una eventual fragmentación de esas estructuras armadas ilegales, que generen más violencia: “Esta discusión, ordenada o desordenada, se puede plantear más o menos en términos ambiguos en Medellín por el alto control que tienen las estructuras criminales. La pregunta es: no sólo cómo se va a garantizar que se cumplan los acuerdos, sino cómo esa decisión política no se convierta en un proceso de fragmentación autoinducida entre las estructuras criminales colegiadas de Medellín y del área metropolitana”.

El temor de Sánchez es que la manera como se llevará esta conversación genere “un incentivo estructural y transversal de fragmentación de unas estructuras que tienen un alto nivel de cohesión, lo que les permite a las cabezas de esas organizaciones hacer unas cosas y no otras”. Situación muy distinta a la de otras ciudades del país, “donde el nivel de fragmentación es muy alto, la capacidad de cohesión es mínima y la violencia no se puede controlar”.

En el afán de mostrar resultados, lo que el gobierno nacional podría provocar, sin quererlo, es un nivel de fragmentación indeseable que puede generar mayor violencia: “Puede pasar –agrega el investigador– que organizaciones muy pequeñas en otras ciudades del país intenten hablar con el gobierno para mostrarse fuertes. En ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla, puede tener un desenlace contrario y desfavorable a lo que se está buscando con Medellín. También puede pasar que se generen alianzas entre grupos no para someterse sino para negociar con el gobierno”.

Los procesos con este tipo de organizaciones son bastante frágiles cuando se carece de la cohesión que podría haber en Medellín. Ejemplo de esa situación se viene observando en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca. Desde septiembre del año pasado, en esta ciudad portuaria dos bandas del crimen organizado, conocidas como ‘Los Shottas’ y ‘Los Espartanos’, suscribieron lo que se conoció como Pacto por la Vida, que implicó compromisos “de no matar, no desaparecer, no torturar y evitar confrontaciones armadas con la fuerza pública”.

No obstante esos compromisos, esa tregua se rompió a comienzos de abril, cuando se conoció el asesinato de un hombre conocido con el alias de ‘Super’, uno de los voceros de ‘Los Shottas’, situación que generó una ruptura del pacto y que llevó a varios sectores a movilizarse para recomponer el proceso.

“Nunca ha sido claro cuál es el rol de esos grupos en esa tregua ni del gobierno en la tregua. Se rompió por la desaparición de una persona, y el gobierno tuvo que esperar a que la iglesia los sentara a charlar para saber más o menos para dónde iban”, explicó Sánchez.

Por ello es relevante el proceso que se ha iniciado en Medellín y el Valle de Aburrá. De un lado, el crimen organizado es mucho más estructurado; y de otro, porque, a juicio de este experto, “van a querer cobrar el comportamiento de la violencia, eso en otra ciudad no lo pueden hacer: en Cali van aumentando homicidios, en Bogotá van aumentando homicidios y en Barranquilla están encontrando cabezas (decapitaciones de personas), entonces no es tan fácil. Aquí lo que quieren mostrar es la reducción de violencia para mostrar que la cosa está funcionando”.

Un escenario de fondo que debe observarse con sumo cuidado son las elecciones regionales, convocadas para octubre próximo y en las cuales las bandas criminales han jugado un papel protagónico entre el electorado a favor de uno u otro candidato a la Alcaldía y al Concejo de la ciudad. Para Sánchez, el traslape de la negociación que se inicia con el proceso electoral enrarece la situación “porque hay denuncias y rumores muy graves relacionados con la gente de Quintero (Daniel Quintero, alcalde de Medellín)”.

“Esa imbricación no pasa sólo por la fuerza sino por la financiación, y de aprovechar el control social para mover a un sólo candidato, inclusive a un grupo de candidatos, que permitan la continuidad de ciertos programas y proyectos”, advierte el experto consultado.

“Por eso es muy peligroso – sugiere Sánchez – que no se aclare si van a negociar o se van a someter. Sin marco de sometimiento, lo que van a hablar es ‘carreta’. Podría pasar que luego de elecciones se rompan los diálogos. Por eso es clave ayudarle a la MOE (Misión de Observación Electoral) a mover las denuncias que puedan existir sobre coerción e intimidación”.

El abogado Alex Alberto Morales Córdoba, con amplia experiencia en este tipo de conversaciones con grupos armados ilegales y quien renunció en febrero pasado a ser facilitador de paz por diferencias con el gobierno nacional, reivindicó el diálogo como un camino adecuado para superar los conflictos. “Hay que aplaudir que exista un llamado a dialogar, constituir una mesa para el diálogo es ya un avance”, le dijo a este portal.

No obstante, reclamó mayor visibilización de los grupos armados ilegales, detalle que hasta ahora no ha trascendido oficialmente. “Que se vean los grupos y no lo que nos diga el Comisionado de Paz, que carece de credibilidad y legitimidad”, reclamó Morales y de paso advirtió que varios abogados como él, con amplia experiencia en solución de conflictos urbanos, han sido vetados por Rueda para participar en este tipo de procesos, aspecto que negó el funcionario de gobierno.

Morales también fustigó la llamada “Ley de Sometimiento”, en trámite ante el Congreso de la República: “No da confianza a los factores reales de poder que el señor Presidente y el Alto Comisionado para la Paz, de forma peyorativa, de forma discriminatoria, han calificado como delincuentes, traquetos, terroristas. Han sido indelicados por unas posturas absolutamente contrarias a la solución de un conflicto”.

Y agregó: “En este momento no hay confianza, se va a abrir una mesa, solamente para mostrarle a la opinión pública que se hizo algo en la ciudad y que es muy importante esta mesa para el orden público. Y es ahí otro error que se está cometiendo porque confunden orden público y paz total. Y es bastante complicado para las imputaciones venideras y para el desarrollo de programas de gobierno en seguridad y paz, que se le haya responsabilizado a una mesa del orden público en el área metropolitana. Bastante irresponsable el gobierno. Esperemos que esto no genere más conflictividad”.

Discusión sobre los términos

La discusión sobre el proceso iniciado en Medellín y su área metropolitana también pasa por el lenguaje empleado en el comunicado suscrito y divulgado por las “Estructuras Armadas Ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá”. Conceptos como “cese de hostilidades” fueron cuestionadas por voceros de la iniciativa Ciudadanías por la Paz, que trabaja por la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz con justicia social. Helberth Choachí, uno de sus representantes, le explicó a este portal el sentido de su debate sobre las palabras.

“Hay que decir que las estructuras criminales en Medellín no son estructuras que combaten a la Fuerza Pública ni combaten al Estado con la finalidad de derrocarlo, y eso tiene un carácter muy importante porque va a determinar, precisamente, el reconocimiento y las posibilidades que está generando el gobierno de frente a estas organizaciones criminales”, explicó Choachí.

Como no son actores que combaten contra el Estado con vocación de poder y con el objetivo de transformar la institucionalidad por la vía armada, esas bandas criminales, según este analista, no pueden ser consideradas objeto de aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario “porque no es un actor beligerante, a pesar de tener armas, control territorial y de la población, así como mandos responsables, inclusive con sus relaciones estrechas con el narcoparamilitarismo”.

A juicio de este vocero de Ciudadanías por la Paz, recurrir a expresiones como “cese de hostilidades” y que a su vez sean reconocidas por el gobierno, “le están dando un reconocimiento político igual al de las organizaciones insurgentes como la guerrilla del Eln”. Para evitar esa situación, Choachí insistió en que el camino sea “el sometimiento a la justicia, pero también la actuación de la Fuerza Pública en términos de las labores de inteligencia y contrainteligencia, para que paguen las penas efectivas y se desmantelen todas las estructuras de multicrimen que están funcionando, no sólo en Medellín, sino en sus alrededores”. (Leer comunicado)

Comisión gubernamental

En las conversaciones con los jefes de bandas, el gobierno nacional será representado por el Alto Comisionado para la Paz y un grupo de ciudadanas y ciudadanos, provenientes de diversos ámbitos de la vida local, regional y nacional. Se destacan Lucía González, excomisionada de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y con amplia trayectoria y conocimiento de las conflictividades urbanas; Jorge Mejía Martínez, un economista que ha pasado por diferentes cargos en los gobiernos municipal y departamental relacionados con convivencia y reconciliación.

Se suman a ellos Isabel Cristina Zuleta, senadora por el Pacto Histórico, quien ha tenido una amplia vida en el activismo por la defensa de los derechos humanos y es una férrea opositora al proyecto de construcción de la central hidroeléctrica Hidroituango. Y posiblemente habría un empresario y un político, pero no trascendieron sus nombres.

“Son personas que son referentes en la ciudad, en el área metropolitana. Son personas del mundo de la política, de la vida económica y de la vida social de Medellín y el área metropolitana”, explicó Rueda, quien dijo que detrás de ese proceso hay “muchas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunales, de la iglesia Católica y otras iglesias, centros universitarios y centros de pensamiento, que están aportando elementos muy importantes para que esta construcción de paz tenga los menos errores posibles y llegue a buen puerto”.

Por el momento no se conoce con precisión la agenda temática en esta fase que se ha iniciado, pero según el Alto Comisionado para la Paz, “ningún asunto que tenga que ver con los derechos de las víctimas está vetado. Todo se va a abordar”. Y sobre el tratamiento que le darán a la extorsión y al narcotráfico, aseveró que “son temas que tienen que ver con la agenda”.

“Independientemente del marco jurídico que no existe en este momento –agregó– hay aportes importantes en verdad extrajudicial que nos va a permitir, como gobierno, desarrollar las acciones que tengan que ver con el desmonte de una cierta criminalidad”.

En ese sentido, se expresaron los jefes de las estructuras criminales en su comunicado: “Manifestamos nuestra disposición para coadyudar (sic) en la lucha contra amenazas sobre toda la sociedad, como la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el Fentanilo y la Heroína”, y de plano descartaron que tuvieran algo que ver en su producción y comercialización.

Pero, ¿a qué se refieren con “coadyudar”? La respuesta la ofreció Fernando Quijano, quien acompaña el proceso en su calidad de defensor de derechos y uno de los mayores conocedores de las dinámicas criminales de la ciudad una vez finalizó la rueda de prensa y quien estuvo presente en la reunión previa con los jefes de las bandas criminales: “Nosotros entenderíamos que es pasar información. Yo no pensaría que van a eliminar una persona por eso”.

La historia de la ciudad ha demostrado que quienes no se acomoden a las intenciones de los grupos armados hegemónicos son sometidos a sangre y fuego, de ahí la advertencia que ha lanzado Sánchez, el investigador en temas se seguridad y defensa sobre una eventual fragmentación de las bandas en Medellín y el área metropolitana por cuenta del afán del gobierno del presidente Petro y de su Comisionado de Paz por mostrar resultados sin el respaldo jurídico. Son caminos inciertos los que se empiezan a transitar.

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