El viernes pasado se instaló en la cárcel de alta y mediana seguridad de Itagüí, Antioquia, la segunda fase de conversaciones entre el gobierno nacional y los representantes de un grupo de estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Las expectativas se mueven en la incertidumbre, pues aún no hay claridad jurídica ni metodológica.
Se sentaron a la mesa con rostro adusto, ojos observadores, actitud desconfiada y silenciosos. Sobre ellos recaían muchas miradas, expectantes. Se trataba de ver por primera vez juntos, en público y bajo los lentes de las cámaras, a quienes, por décadas, han afectado de múltiples maneras la vida de miles de personas.
Se trataba de 18 hombres recluidos en el penal de Itagüí y otro más con prisión domiciliaria, de orígenes diversos y en representación de algunas estructuras criminales, que han operado en distintas comunas de la capital antioqueña y su área metropolitana, y con tentáculos en varias zonas del departamento y del país. Para verlos allí sentados se requirió de un proceso de más de nueve meses liderado por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y un grupo de intermediarios, respaldados por la política de Paz Total impulsada desde el gobierno nacional.
“Aceptamos la invitación del gobierno del presidente Gustavo Petro y se la extendemos a la comunidad internacional, para dialogar sobre una ruta en la construcción de la paz urbana”, leyó en una breve intervención Sebastián Murillo Echeverri, uno de los representantes de las estructuras criminales.
En su mensaje, leído con pausa y que interpretaba el sentir de quienes estaban sentados a su lado, reconoció que “el camino trasegado hasta la fecha no ha sido fácil, son muchos los interrogantes que rodean este espacio dialógico”. Y expuso uno de los puntos críticos en este proceso: “No es un hecho desconocido para los participantes de este encuentro y toda la sociedad colombiana que estos diálogos inician sin que exista aún el marco jurídico para resolver las situaciones sociojurídicas de los miembros de estas estructuras”.
La crítica a esa falta de marco jurídico ha sido una de las grandes dudas de este proceso y, en general, de la política de Paz Total. Para respaldarla, el gobierno nacional, a través de los ministerios del Interior y de Justicia, presentó el 15 de marzo de este año ante el Congreso de la República el proyecto de ley de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición, y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, que cobijará el proceso iniciado en Itagüí y otros más que están en espera.
El problema es que apenas el pasado 30 de mayo se radicó la ponencia ante la Comisión Primera del Senado para iniciar la discusión de esta iniciativa. Una de las preguntas es si logrará surtir todos los debates, cuatro en total, hasta su aprobación, sobre todo cuando se ha podido establecer que sectores de oposición se encuentran trabajando en una especie de “plan tortuga” y no alcanzarán a evacuar los proyectos en la legislatura que acaba el próximo 20 de junio.
Ante esa situación, el Alto Comisionado para la Paz ha reiterado en distintos escenarios, entre ellos en la cárcel de Itagüí el pasado viernes, que para ello cuenta con el artículo 22 de la Constitución Política, que dice que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Además, se respalda en la Ley 2272 de noviembre de 2022, que define “la política de paz como una política de Estado”.
En su intervención ante los representantes de los grupos criminales, Rueda insistió en esa idea: ”Podemos esperar a que el Congreso legisle, a que pase el examen de constitucionalidad de los proyectos de ley que sean, pero el clamor del pueblo de Antioquia, el clamor del pueblo de Medellín y sus comunas, que hemos visitado; el clamor de la gente del Valle de Aburrá, es que se pare la violencia, que se paren las violencias armadas, y ese clamor no está supeditado a esperar a que tengamos el marco jurídico. Necesitamos avanzar”.
Y agregó: “Entonces nos dicen: ‘Es que esto está en la locura y el caos’. No. Estamos aplicando el artículo 22 de la Constitución Nacional. Respetamos la autonomía de los poderes, pero tenemos que responder a la voz ciudadana”.
No es la primera vez que se inicia un proceso de esta magnitud sin marco jurídico. Así comenzó hace poco más de nueve años la desmovilización colectiva de las distintas estructuras asociadas a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que suscribieron pactos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Para cuando se rubricó la Ley 975, el 25 de julio de 2005, se habían desmovilizado cerca de 2.700 integrantes de 12 bloques y frentes paramilitares.
El encuentro del pasado viernes también dejó en evidencia que este proceso aún no tiene una metodología definida que estructure las conversaciones que se sostendrán luego de instalada la mesa ni cuánto durarán; tampoco se conocen la frecuencia de los encuentros entre las comisiones; los procesos de toma de decisiones; los mecanismos de verificación y de seguimiento de los compromisos; las estrategias de resolución de crisis; la articulación con los integrantes de las bandas que están en las calles; y los mecanismos de participación ciudadana.
¿A quiénes representan?
Por sus características y objetivos, el proceso iniciado en la cárcel de Itagüí está rodeado de situaciones particulares, como, por ejemplo, a qué bandas representan las 19 personas que están sentadas a la mesa con el gobierno nacional.
Pese a la insistencia en ese punto de los periodistas que asistieron al evento en Itagüí, ni el comisionado Rueda ni los voceros del gobierno nacional, entre ellos la senadora Isabel Cristina Zuleta y el exsecretario de Gobierno departamental, Jorge Mejía Martínez, respondieron las preguntas de manera clara y fueron evasivos para nombrarlas.
Al respecto, Martínez aseveró que en la mesa “estaban los que son y son los que están. Las grandes estructuras delincuenciales armadas del Valle de Aburrá están presentes en este proceso, todas, todas. No hay ninguna gran estructura que esté por fuera. La última, que ustedes saben cuál fue que manifestó su disposición, allí tenía un vocero”.
La senadora Zuleta, por su parte, dijo que “nosotros lo que les pedimos a ellos es que se presentaran como desearan, más allá de eso no podemos ir. Y le hemos pedido a algunos periodistas que entiendan el proceso interno y el proceso de la mesa. Con esos nombres ustedes pueden hacer la tesis doctoral necesaria para esas respuestas”. Y resaltó que el hecho de que se presentaran con sus nombres propios refleja un largo proceso de construcción de confianza.
Contrario a lo dicho por Martínez, la Senadora admitió que no estaban representadas el cien por ciento de las bandas asentadas en la capital antioqueña y los municipios que hacen parte del área metropolitana por cuanto en este amplio territorio también tenían presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), con las que se espera una mesa aparte.
¿Y quiénes estaban en la mesa y se presentaron con sus nombres propios como lo dijo Zuleta? El grupo se dividió en dos. Los voceros principales son Jorge Vallejo Alarcón, quien fungirá como secretario de la mesa en representación de las estructuras criminales, Albert Henao Acevedo, Camilo Rendón Castro, Carlos Mesa Vallejo, Freyner Ramírez García, Gustavo Pérez o Rodrigo Rodríguez y Mauricio Morales Múnera.
Como voceros suplentes estarán Andrés o Edilberto Oliveros (dos identidades), Carlos Correa López, Elder Zapata Rivera, Iván Suárez Muñoz, Jesús Hernández, John Yepes Hoyos, Juan Fernando Álvarez, Óscar Salazar Gutiérrez, Rodrigo Henao Acevedo y Sebastián Murillo Echeverri.
¿Por qué es importante esa relación entre los voceros que están sentados en la mesa de conversaciones y las estructuras criminales que representan? El proyecto de ley que está a discusión en el Senado contempla la suscripción de actas colectivas de sometimiento, un requisito clave para obtener los beneficios jurídicos, entre ellos penas efectivas de cárcel de 6 a 8 años.
Se espera que, con el avance de las conversaciones y la concreción del marco jurídico, se definan a qué estructuras criminales realmente representarán y precisen cuántos hombres y mujeres bajo su mando estarán dispuestos a acogerse de manera individual a las normas de sometimiento y, por esa vía, reintegrarse a la vida legal.
Las expectativas
“Desde el primer momento este proceso tendrá como criterio central para la toma de decisiones el respeto por las comunidades afectadas por la violencia y la decisión de las garantías de no repetición”, anunciaron las estructuras criminales sentadas en la mesa a través de un comunicado conjunto leído por Andrés Millares, coordinador del área de Justicia de la MAPP-OEA.
Al respecto, Julio César Rengifo, defensor de derechos humanos del corregimiento Altavista, una de las zonas golpeadas por la violencia, se mostró esperanzado en que el marco jurídico se apruebe pronto para aclarar el camino que se empezó a transitar desde el viernes pasado.
Con respecto a su zona, donde dos grupos criminales, ‘Los Pájaros’ y ‘Los Chivos’, han mantenido ciclos de violencia letal implicando a las comunidades, reconoció que, si bien los índices de homicidio se han reducido, hay otros fenómenos como la extorsión, el narcotráfico, la desaparición forzada y el reclutamiento de menores que continúan, por lo que deben discutirse en la mesa de conversaciones, en la que sólo tienen presencia ‘Los Chivos’, la otra aún no se ha definido.
Una mirada más optimista expuso María Gisela Quintero, lideresa social y vocera del gobierno nacional en este proceso: “Este es un paso que todo Medellín, toda Antioquia, debe dar, por supuesto Colombia. Para las víctimas ya fue suficiente este derramamiento de sangre. Hoy me doy cuenta que esta guerra ya nos está cansando. Por eso es necesario conversar”.
En ese sentido se expresó Murillo Echeverri, uno de los voceros de las estructuras criminales: “Los que estamos aquí presentes hemos visto la cara de la guerra y sabemos hasta dónde nos conduce este camino transitado con dolor. Por eso queremos transitar un sendero distinto, el de la paz, el del perdón y la reconciliación”.
Y propuso que ese camino iniciado “debe pasar por la transformación de las comunas del Valle de Aburrá, que tiene que traducirse en oportunidades, para la gente, en equidad, educación, salud y cultura”.
Además, hizo un llamado al sector productivo, uno de los más golpeados por las prácticas extorsivas de las estructuras criminales, “para que reflexione en torno a su lugar como constructores del desarrollo de la ciudad y cómo pueden aportar en la viabilidad de una ruta para que ese desarrollo pueda llegar al barrio, a las montañas del Valle de Aburra, donde los pelaos y sus familias se encargan de resolver el día a día”.
Por el momento sólo hay grandes expectativas y varios interrogantes que gravitan sobre el futuro de por lo menos 14 mil personas, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, que esperan obtener beneficios con su sometimiento a la justicia, si se logra aplicar un marco jurídico que les genere confianza a los representantes de las estructuras criminales y sea un incentivo para dejar sus armas y sus lucrativos negocios ilegales.
De no lograrse, será una oportunidad perdida y quedará demostrado que es insuficiente un artículo de la Constitución Política para enfrentarse a un fenómeno que lleva décadas desangrando la vida y la economía del Valle de Aburrá.
