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Escrito por: Jairo Padilla González – @jairopadillag

Los miembros de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar) del sur del Cesar, llevaba décadas buscando hacerse de unas tierras luego de haber sido despojados de predios otorgados por la autoridad de tierras en una incursión paramilitar en los años 90. 

Al fin, en 2024 la Asociación logró obtener el derecho provisional a la administración y usufructo de la hacienda El Amparo, cerca de donde habían sido despojados, que está en proceso de extinción de dominio en contra de Luis Alberto Urrego Contreras, quién pagó una condena por narcotráfico en Estados Unidos.

Pero una orden de la Fiscalía 50 de Extinción de Dominio del 19 febrero de 2025 estuvo a punto de  frustrar los sueños de los campesinos. La Resolución 10658 levantó la medida de administración de la hacienda El Amparo entregada a Asocadar por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en noviembre de 2024.

Un mes después, ante objeciones de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierra revocó la orden que favorecía a la familia Urrego Contreras, en detrimento de los intereses de la comunidad de Asocadar, como confirmó la SAE en su cuenta de X. 

“La Fiscalía ha revocado la decisión de levantar el embargo sobre el bien en proceso de extinción de dominio (…) Este es un paso crucial hacia la reparación y el reconocimiento de las víctimas. Nuestro compromiso con su dignidad y sus derechos es firme” dijo la SAE.

La revocatoria se dio ocho días después de que Amelia Pérez Parra, presidente de dicha entidad hiciera la solicitud formal. “Luis Alberto Urrego Contreras, condenado narcotraficante, busca retomar el predio mediante acciones intimidatorias y jurídicas, revictimizando a las comunidades que habitan la hacienda entregada por la SAE”, dijo la entidad en su cuenta de X. 

Harman Felipe, director Nacional de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se pronunció en el mismo sentido. “La disposición del Plan Nacional de Desarrollo es clara: los bienes de la mafia pasan a manos campesinas (…) Las víctimas del caso Bellacruz allí reubicadas pueden seguir trabajando el predio”. 

“No hay una claridad de las instituciones del Estado que nos llamaron, nos posesionaron y ahora prácticamente ellos mismos nos (estaban) desplazando porque yo considero que a nosotros no nos está desplazando el señor Urrego”, dice Adelfo Rodríguez, presidente de Asocadar.

Una notificación inesperada

El 20 de febrero de 2025 llegó a los predios el abogado de Urrego Contreras, quien se identificó como Edwin Alberto Álvarez Garcés, con la orden de notificación de la Fiscalía 50, en la que le devolvía la administración de los predios a la familia de su representado.

A pesar de que aseguró que no iba ese día a hacer un desalojo, estuvo acompañado de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal de la Política Nacional, quienes iban fuertemente armados con fusiles de asalto, utilizados usualmente en operaciones especiales. 

Las familias campesinas, que ya habían empezado a adecuar el terreno para poder desarrollar sus proyectos productivos, quedaron desconcertados. 

Al respecto, desde la Comisión Colombiana de Juristas señalaron que “ los campesinos, muy asustados ante el proceder también un poco abrupto y que tiene unas formas ilegales en el sentido en que el abogado manifiesta que va a notificar una resolución y las vías de notificación formal no son esas, tampoco llega una orden judicial como tal. Este abogado llega con una resolución que tiene una firma pero que no se establece muy bien qué tipo de resolución es, ni exactamente quién la expide ni nada”.

A pesar de que el abogado de Urrego aseguró que no se trataba de un desalojo, poco después de su inesperada visita, empleados contratados por la familia Urrego ingresaron a los predios con tractores, desarmando las viviendas que había construido la comunidad, cuentan los campesinos. También invadieron los terrenos con ganado de su propiedad y aunque miembros de la comunidad sacaron las vacas, a los pocos días se percataron de que nuevamente habían sido introducidos. 

Al respecto, Adelfo Rodríguez, considera que hay algún tipo de acuerdo entre las autoridades ya que, como él dice: “El tractor entra y uno le avisa a la Policía. La Policía dice, ahora vamos y, por ahí, a las 3 o 4 de la tarde es que llegan, pero cuando ya la máquina está saliendo”.

Posible frenazo para otros campesinos

El impacto de la resolución de la Fiscalía va más allá del departamento de Cesar. Deja en zozobra miles de víctimas del despojo que aceptaron la invitación del presidente Gustavo Petro a aceptar otras formas de recuperar tierras. 

Con el precedente fijado por la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), que crea a la ANT, y posteriormente con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, con la promesa de una reforma rural integral, se revitalizó la agenda reivindicativa de los derechos y las demandas de acceso a la tierra por parte del campesinado víctima de despojo en el marco del conflicto armado.

En ese escenario, el gobierno les propuso a los campesinos sin tierra o que habían sido víctimas, la posibilidad de acceder a ellas por medio de distintas figuras jurídicas. Los incentivó a ir adquiriendo tierras de distintos modos, no sólo como propietarios, sino también a través de la tenencia o administración de predios, mientras buscaban la manera de adjudicarlos.

Asocadar se acogió a ese llamado, solicitando formalmente ante la SAE para acceder a tierras confiscadas por el Estado en razón a su relación con el narcotráfico. 

La institución le propuso a Asocadar un traslado de tierras que consistió en reubicarlos en otros predios mientras se resolvía su solicitud de restitución de predios de la antigua hacienda Bellacruz, hoy hacienda La Gloria, en manos de un conglomerado de empresarios entre los que figura German Efromovich (antiguo dueño de Avianca) y una fiducia del banco Davivienda. (Leer más : Yo tutelo, él tutela, ellos tutelan… el caso Bellacruz). 

Pero la resolución de la Fiscalía deja claro que estas figuras jurídicas de destinación provisional “no blindan al campesinado frente a esos nuevos despojos que se pueden dar en relación con las actividades campesinas que se vienen desarrollando en esos predios”, como subraya la abogada de la Comisión Colombiana de Juristas.

La situación ha dejado desesperanzados a la Asocadar a tal punto que no quieren trabajar más esa tierra, ante la incertidumbre de no saber qué pueda pasar con la destinación de esos predios. Se preguntan por qué el gobierno y las instituciones los llamaron para después dejarlos solos en esta lucha por la tierra. 

La historia de Bellacruz

La Asocadar representa a familias que fueron desplazadas de los predios de la hacienda Bellacruz que ocupaban y cultivaban esos predios con la esperanza de que el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) les titulará esas tierras.

Pero ya cuando todo estaba listo, y el Estado había  comprado los predios a la poderosa familia Marulanda Ramírez, esa promesa se vio truncada el 14 de febrero de 1996 con la llegada a sangre y fuego del frente paramilitar Héctor Julio Peinado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por Juan Francisco Prada Marqués, alias ‘Juancho Prada’.

Con el arribo de los paramilitares, que numerosas investigaciones judiciales, académicas y periodísticas han evidenciado fue promovido por los hermanos Marulanda Ramírez, los campesinos se vieron obligados a desplazarse hacia otros municipios y departamentos. Algunos incluso se vieron forzados a exiliarse en el exterior tras el asesinato de varios de sus líderes.

Durante años reclamaron sus tierras. Pero cada vez que el extinto Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) les restituía los predios, la situación de seguridad en la región y la contínua presencia de los paramilitares en la zona impedía que  los reclamaran. Posteriormente, funcionarios del Incoder certificaron que los campesinos no habían ocupado los predios y revocaron las órdenes de restitución. Estos predios nuevamente pasaron  a formar parte de la hacienda Bellacruz, hoy conocida como hacienda La Gloria, como lo ha venido revelando VerdadAbierta.com desde 2011 (Leer más: Tierra prometida en la Bellacruz).

Los mecanismos mediante los cuales funcionarios públicos de instituciones estatales como el Incoder y las notarías de registros públicos legalizaron las tierras despojadas a víctimas campesinas del paramilitarismo en favor de terratenientes están documentados por académicas como Rocío del Pilar Huertas, profesora de la Universidad del Rosario. (Entre la legalidad y la crimilegalidad: el papel de los notarios en el sistema (i)legal colombiano).

Restitución de predios vía la SAE

Las 150 familias que conforman la asociación campesina de víctimas empezaron a celebrar el fin de su diáspora cuando la SAE y la ANT les otorgaron la administración de la hacienda El Amparo.

La ruta que siguió la asignación de predios a la asociación consistió en la entrega de las parcelas por parte de la SAE a la ANT. La recepción de estas por parte de la agencia de tierras se hizo con base a una promesa de compraventa que existía de antemano, como lo confirmó la Comisión Colombiana de Juristas, que representa legalmente a Asocadar. 

“La ANT realiza jornadas presenciales de entrega de los predios y suscribe unas actas de entrega… a los campesinos de Asocadar y les dice: ‘Mire, les estoy entregando la tenencia de estos predios porque yo los voy a comprar, ya hay una promesa de compraventa, ya hay un certificado de disponibilidad presupuestal, está aprobado’”, recuerda una abogada de la Comisión Colombiana de Juristas. 

Con este compromiso presente, los predios El Amparo, El Porvenir y San Ignacio, ubicados en el municipio La Gloria, justo al lado de la hacienda La Gloria (antigua Bellacruz), son entregados a Asocadar. Esto se hace mediante la figura jurídica de destinación provisional de los predios que le da la potestad de administrarlos y usufructuar de ellos en función del bienestar colectivo. 

Esto es así porque los predios aún están en proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía en contra de Luis Alberto Urrego Contreras, quién pagó una condena por narcotráfico en Estados Unidos debido a su participación en la red de transporte aéreo de cocaína liderada por el entonces narcotraficante Fabio Ochoa Vásquez, integrante del extinto Cartel de Medellín.

La SAE le hizo asignó temporalmente los predios a Asocadar en septiembre de 2023, mediante la resolución 720 de 2023 que queda anotada formalmente en los folios de matrícula inmobiliaria. 

Según una asesora jurídica de los campesinos que pidió anonimato, “cualquier persona que tenga un interés en ese predio tiene la obligación de ir al folio de matrícula inmobiliaria y revisar la hoja de vida de ese predio y ahí se puede dar cuenta cuál es el la historia de ese predio, de quién era, si se vendió, si no se vendió, si se arrendó, si se dio en destinación provisional y en ese momento en el folio de matrícula inmobiliaria eso consta ahí”.

Posteriormente, en acto público celebrado el 22 de noviembre de 2024, poco más de un año después de la resolución de la SAE, la ANT le entregó las tierras a la asociación en un proceso que buscaba tanto restituir los predios como los derechos al campesinado víctima del despojo paramilitar.

Los tres predios entregados a Asocadar suman 1.066 hectáreas, una quinta parte de la hacienda La Gloria, compuesta por poco más de 5.000 hectáreas (casi dos veces el área metropolitana de la ciudad de Bogotá), y la cual aún está en una larga disputa que parece no acabar.  (Leer más: La historia sin fin de La Bellacruz)

Revictimización del campesinado

La resolución expedida por la Fiscalía 50 indica que al señor Luis Urrego Contreras y a su madre de 80 años se les están vulnerando sus derechos fundamentales a la vivienda digna y el mínimo vital, ya que ella depende económicamente de él y no cuenta con un lugar de vivienda digna. 

Así, favorecería a una familia ligada al narcotráfico en detrimento de más de 100 familias conformadas por adultos mayores, mujeres y niños, víctimas de la violencia y el despojo. Como tal, son sujetos especiales de derechos y protección, según la Corte Constitucional. 

El paso del tiempo y la falta de respuestas por parte de las instituciones encargadas han desgastado a la comunidad. “Desde que fuimos desplazados en el 96 a esta fecha ya han corrido 30 años, entonces la mayoría de la gente pues ya éramos adultos y con toda esa recopilación de años ya somos prácticamente muchos ya correspondidos a la tercera edad y muchos también ya se fueron adelante porque en tanta espera, en tanta cuestión y para allá y para acá, la gente se nos fue yendo y así ha ido sucediendo poco a poco y son bastantes los que ya se han despedido”, dice Rodriguez, el líder de Asocadar.

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Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

A pesar de las decenas de sentencias de restitución proferidas por la justicia, pocas víctimas han podido volver a la zona conocida como Tulapas, en el Urabá antioqueño, para aprovechar las tierras que les fueron despojadas. 

Aún la justicia busca determinar cuántas hectáreas fueron afectadas por el patrón criminal de despojo de tierras por paramilitares y la compra masiva por parte de empresarios del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC) y Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño. 

Las decisiones judiciales han determinado que se trató de un plan sistemático. Una vez las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desplazaron a las familias de la zona durante la segunda mitad de la década de los noventa, se fraguó una cacería de campesinos desplazados por parte de comisionistas y Sor Teresa, que fueron forzados a firmar los contratos de compraventa por precios irrisorios. Incluso, algunos predios fueron comprados aunque se trataran de baldíos de la Nación o estuvieran en proceso de adjudicación por parte de la autoridad de tierras de la época. Así fue como las fincas fueron adquiridas por el Fondo Ganadero de Córdoba entre los años 1997 y 1998 y en donde hoy se erigen complejos caucheros, madereros y ganaderos.

Según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en las 58 veredas de los tres municipios que comprende la región de Tulapas (San Pedro de Urabá, Necoclí y Turbo), a la fecha se han proferido 49 sentencias, a partir de las cuales se ha ordenado restituir 1.596 hectáreas en esa región. De estas, la URT ha entregado 1.500 y tiene pendiente dos predios por entregar. “Además, la Dirección Territorial Apartadó ha presentado 132 demandas a la justicia especializada y avanza en el estudio de 93 casos” que están en etapa administrativa, explica la URT.

Durante muchos años el proceso de restitución de tierras se vio obstaculizado por la persistencia de actores armados en la región, pero según explica la URT desde este año la entidad ha ingresado a la región de la mano de organizaciones sociales y organismos de seguimiento al Acuerdo de Paz para realizar varias entregas materiales de predios. En este proceso, la URT conoció que desde años atrás varias víctimas habían retornado por su cuenta y sin garantías. 

La más reciente entrega de tierras tuvo lugar a mediados de este año, cuando las familias de Abelardo Mendoza, Francisco Tordecilla y Judith Márquez recibieron de parte de la URT los predios que les fueron arrebatados por paramilitares y el FGC en Tulapas. Además de la tierra, la institución los acompañó para implementar un proyecto productivo agropecuario que garantice la sostenibilidad económica a través de capacitaciones y el giro de recursos por más de $150 millones de pesos, para el buen uso y aprovechamiento de la tierra.

A pesar de estas acciones, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha señalado que la presencia de los grupos armados sigue impidiendo  la restitución efectiva y el goce y disfrute de las comunidades campesinas. Es así como, después de tantos años, continúa la impunidad. ”Ha sido favorable para quienes están explotando, posiblemente de manera ilegítima, algunas de estas fincas”, señaló en entrevista con este portal Nadiezhda Natazha Henríquez, magistrada relatora del Caso 04 de la JEP, el cual investiga la situación territorial de la región de Urabá. 

Por eso el tribunal de justicia transicional se ha ocupado en investigar este capítulo de despojo. A la fecha, seis civiles han sido aceptados en el Caso 04 , todos exdirectivos o miembros del Fondo Ganadero de Córdoba: Benito Molina Velarde, Benito Antonio Osorio Villadiego, Jaime Augusto García Exbrayad, Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Marco Fidel Furnieles Salgado. (Leer más en Directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, a responder por despojo de tierras)

Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño, también buscó cupo en este tribunal, pero a mediados del 2023 la JEP rechazó su solicitud al concluir que sus testimonios revelaron poca intención de hacer nuevos aportes de verdad. (Leer más en Sor Teresa Gómez y la ambición por la tierra)

“Parece increíble, pero así es: no sabemos qué hay allá”, reflexiona la magistrada Henríquez al referirse a Tulapas. Para llenar los vacíos de información, el 1 de octubre, la magistratura profirió medidas cautelares contra el aprovechamiento forestal en la región, para evitar que se corte principalmente teca, ya que esto debe ser usado para la reparación de las víctimas por parte del Fondo de Reparación para las Víctimas en el marco de las sentencias de Justicia y Paz. 

Una de estas empresas es la Reforestadora Integral de Antioquia S.A. (RIA), una compañía industrial y comercial del Estado del orden departamental que en septiembre de 2006 firmó un contrato de usufructo con el FGC por una duración de 25 años. (Leer más en Lejos de todas partes, cerca del infierno)

Además de frenar las acciones forestales de empresas como RIA, la magistratura dispuso crear una comisión interinstitucional para que  se pueda caracterizar la tierra e inspeccionar la región de Tulapas, la cual permanece bajo el poder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y al fin conocer quién tiene qué en esta región.

Conocer en manos de quién está la tierra

VerdadAbierta.com (VA): ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la reciente decisión de cautelar los predios despojados de Tulapas que quedaron en manos de empresas privadas? 

Nadiezhda Natazha Henríquez (NNH): Tenemos un plan (de) los alcances de la caracterización. Se le ha dado unos términos a las instituciones, el primero es una reunión para aclarar los alcances de las medidas, qué es lo que se espera desde el despacho que se haga o qué no se haga, y tener más claridad sobre las temporalidades exactas y los recursos necesarios de estas instituciones y las posibilidades institucionales para avanzar en esta caracterización y un seguimiento frecuente para el cumplimiento. Son órdenes muy específicas muy concretas en el que de una manera colaborativa interinstitucional se espera lograr lo que aisladamente las instituciones no han podido avanzar. 

Los tiempos necesariamente son cortos y la primera parte de esa decisión está mediada por la adecuada caracterización de qué predios estamos hablando, de qué zonas estamos hablando, de cuántas hectáreas en concreto, en qué lugares y con qué características estamos hablando.

VA: ¿Qué espera la JEP? – Ver video

Es que pareciera curioso, pero es la base de todo y ha sido el límite fundamental de las instituciones: de no saber en concreto y materialmente de qué estamos hablando y eso por supuesto que tiene un componente del conflicto actual en la región, de la presencia actual de actores en la guerra, actores con los cuales hay unos acercamientos, limitados pero hay unos acercamientos

Parte de la construcción de paz está en ‘aclaremos qué es lo que está pasando aquí’ y es el objetivo fundamental de estas medidas cautelares. 

VA: ¿Cuáles han sido los hallazgos de la JEP en el caso de Tulapas? – Ver video

NNH: Nosotros hicimos unas medidas cautelares a la a documentación de todo lo que estaba teniendo se en liquidación del Fondo Ganadero, no solamente lo que está en el proceso judicial de la ordinaria, sino en toda la documentación para conservar, para ubicar, para identificar para caracterizar el archivo y para encontrar documentos que podrían estar en riesgo de pérdida o deterioro.

Eso nos permitió llegar a nuevos documentos que no estaban en el expediente. Esto es lo que nos llamó la atención: se citaba o se nombraban o los mismos comparecientes hablaban de documentos que luego no encontrábamos en los expedientes.

Y nuevamente: es muy importante para nosotros la identificación de cómo el plan criminal se da desde los momentos del desplazamiento forzado hasta el actual usufructo de la tierra.

VA: ¿Sobre esto último, se profirieron las últimas medidas cautelares? – Ver video 

NNH: Es así como llegamos a las medidas cautelares. En este momento hay que proteger la tierra, hay que proteger los recursos naturales que están en la tierra. en este momento. Hay que buscar las condiciones para que la tierra vaya a sus legítimos propietarios en una maraña muy compleja de titulación, de protección, de levantamiento de escrituras, de registros en tres municipios diferentes en el que esta situación de ‘cuál es la realidad material de la tierra’ ha sido, primero una gran deuda de todas las instituciones. 

Desde muchos años, la Agencia Nacional de Tierras ha intentado caracterizar cuáles son los predios baldíos, cuáles son las posesiones, cuáles son los predios del Fondo Ganadero que se compró en ese momento; de esos predios, cuáles eran baldíos, cuáles tenían títulos, cuáles fueron los englobes y la realidad material de estos predios y ha sido imposible para ellos llegar a las mediciones y caracterización de qué es lo que hay allá.

Y lo que vemos es que sale y sale teca de Turbo, sale teca de San Pedro, sale teca de Necoclí y no hay un doliente; no hay un responsable frente a ello de tierras que, desde decisiones judiciales, no solamente frente a condenas penales, sino decisiones judiciales de restitución de tierras y una actividad institucional respecto a la recuperación de baldíos y la regularización de la propiedad rural en estos tres municipios, en este inmenso territorio en el que no se sabe qué hay ni de quién es.

VA: ¿Cuáles han sido esos obstáculos para saber cómo y quién tiene la tierra de la región? 

NNH: El orden público es clave. En eso fue para mí muy significativo una frase de ‘Otoniel’, Dairo Úsuga, cuando se entrevistó como testigo, antes de su extradición, en la que tranquilamente dice ‘quién se presente con una sentencia judicial, le devolvemos la tierra, el que no, no’. Es decir, condicionando las posibilidades de los campesinos de retornar al territorio de que se mejoren las condiciones y se devuelva a la civilidad y a sus legítimos dueños en esta situación de testaferros que se da en este momento en esa región tan compleja de no poder tener claridad de qué es lo que hay, de quién es, por el control que se tiene de las AGC sobre esas tierras. 

La JEP investiga despojo de Tulapas

VA: ¿Por qué la Sala de Reconocimiento empezó a investigar el caso de despojo de tierras en la región de Tulapas?

Nadiezhda Natazha Henríquez (NNH): De cara a la búsqueda de escenarios de paz territorial, investigamos los diferentes actores involucrados. En nuestro caso, por competencia, investigamos tanto a Farc como fuerza pública y los terceros civiles que han solicitado voluntariamente presentarse a la JEP.

Entonces, desde el principio hemos identificado quiénes son los solicitantes en la región de Urabá, Darién y Bajo Atrato, que son las regiones geográficas de competencia del Caso 4. Son 10 municipios en los que se da una disputa territorial principalmente alrededor de la carretera Panamericana, la carretera al mar y sobre el río Atrato, hasta su desembocadura. 

Es donde vemos unas lógicas de la guerra y una participación de frentes de unidades militares de la fuerza pública y por supuesto también hay un grupo de terceros civiles, empresarios en este caso, que solicitaron ser admitidos a la JEP y sobre los cuales se empezó a trabajar desde 2019 en el llamamiento a versión voluntaria. 

Inicialmente se vincularon nueve personas solicitantes voluntarios, en un primer análisis de su participación. Esto es muy importante porque en los procesos judiciales de la justicia ordinaria hay más personas vinculadas, pero solamente podemos asumir competencia sobre los que han solicitado voluntariamente ser admitidos. 

Y luego de ello, quiénes son los que han tenido una participación determinante en los crímenes. Entonces, no solamente en los despojos o la apropiación de tierra o el cambio del uso del suelo, sino en los crímenes graves a los cuales está asociado ese despojo, vinculados a los desplazamientos forzados que hayan tenido que ver con el plan criminal, el concierto criminal, para poder llegar al punto de apropiación de la tierra.

VA: ¿Cuáles han sido los desafíos para investigar lo que pasó en Tulapas? – Ver video

NNH: El tema financiero. Todo lo que tiene que ver con esa información del Fondo Ganadero en liquidación: quién es el liquidador, quién tiene la información, quién tiene la competencia de darla, qué tipo de información solicitamos, cuál es la relevante para el caso.

Realmente esta experiencia sobre el análisis de las finanzas, de los documentos contables, de la información institucional de las empresas es una información, primero, difícil de conseguir, difícil de encontrar y, luego, frente a su análisis, requiere unos niveles de conocimiento de la dinámica de cómo funciona el sistema financiero para entender allí cómo conectar los crímenes de desplazamiento, los actores de la guerra armados con estas sutilezas que tiene que ver con los negocios privados, los negocios comerciales y empresariales que van vinculando y que van definiendo más claramente la responsabilidad en particular de los miembros del Fondo Ganadero de Córdoba.

VA: ¿Cuáles han sido las deudas que dejó la justicia ordinaria y Justicia y Paz para el esclarecimiento de la verdad de estos hechos?

NNH: En la justicia ordinaria hay mucha información. Hay ya decisiones judiciales y hay sentencias iniciales con respecto a varios de los miembros del Fondo Ganadero, de la junta directiva. 

Hay vinculaciones penales y sentencias también sobre notarios, registradores y otros civiles que participaron en el plan criminal. La información es muy voluminosa. 

En un primer momento, la JEP estaba investigando estos hechos y se buscaba el trabajo armónico con la Fiscalía, con la investigación de la justicia ordinaria. Sin embargo, hubo unas decisiones que planteaban la suspensión de los procesos judiciales en la justicia ordinaria, los procesos penales, mientras que la JEP tomaba su decisión y eso dejó durante bastante tiempo los procesos inactivos.

En este momento tenemos unos acercamientos y unos acuerdos muy importantes con la Fiscalía para continuar conjuntamente las investigaciones de forma que podamos trabajar armónica y colaborativamente en la obtención de la verdad y por supuesto de justicia, tanto de quienes nosotros caracterizamos como máximos responsables, que se presentan voluntariamente a la Jurisdicción, y aquellos no máximos responsables que siguen de competencia bajo la cuerda procesal de la justicia ordinaria.

VA: Han pasado más de 20 años desde los hechos de despojo en Tulapas. ¿Cree que el Estado ha sido  lento en impartir justicia para las víctimas?

NNH: Hay un contexto difícil frente a graves violaciones de derechos humanos, para perseguir crímenes como el desplazamiento, para perseguir el despojo de tierras en este país. Hay una lógica de encubrimiento, de amenaza muy compleja, en la que a un crimen se suma otro crimen. Hay que mirar los sistemáticos incendios a oficinas del Incora y del Incoder en diferentes partes del país en el que la información también ha sido eliminada y es un contexto de guerra que es complejo y convivente con estos crímenes y con el mantenimiento de la impunidad de estos crímenes.

Es un escenario en el que la justicia ordinaria no tiene las herramientas para investigar estas graves, masivas, sistemáticas violaciones orquestadas por aparatos complejos criminales.

El que existan tribunales especializados y sobre todo con base en acuerdos de paz, con las dificultades y con los errores y con las críticas que pueda tener cada uno de los procesos de paz, como el de Justicia y Paz, como el nuestro mismo; han permitido abordar este tipo de criminalidad de una forma diferente a como la ha podido hacer la justicia ordinaria y de esta manera tener unos avances en la verdad y por supuesto los esclarecimientos y niveles de Justicia mayores, en los que se requiere entonces una articulación más clara con la justicia ordinaria.

Yo pienso que en este caso ha habido avances significativos que no ha habido en otros casos de despojo y apropiación ilegal de tierras en muchas regiones del país. Es también parte de por qué estos comparecientes se presentan voluntariamente y porque otros no.

Explotación de empresas

VA: ¿La agroindustria ha imposibilitado la caracterización de este territorio?

NNH: Ahí más bien hay que hacer una pregunta porque el territorio es totalmente desconocido y no sabemos bien a qué nos referimos con la agroindustria, porque hay muchas empresas, pequeñas y grandes empresas, que están haciendo uso y goce del territorio. 

¿Cuál territorio? ¿En qué condiciones? ¿Qué tipo de propiedad? ¿Qué tipo de negocios jurídicos hay allí si los predios que fueron comprados por el Fondo Ganadero fueron revertidos y los folios de matrícula están a nombre de sus originales propietarios antes de que ocurrieran todos estos fenómenos de compras y de despojo materiales y despojo jurídico? 

No hay claridad de quién tiene qué, así que no podemos decir en este momento si hay un uso ilegítimo o no. No sabemos si pueden estar los más de 100 predios comprados por el Fondo Ganadero a través de Sor Teresa Gómez. No podemos decir en este momento en qué condiciones de explotación están. 

VA: ¿El hecho de que existan estos cultivos de teca y otros árboles maderables ha obstaculizado el trabajo de caracterización de la tierra?

NNH: ¿Qué posibilidades tienen las instituciones de entrar al territorio para saber qué hay? Parte de las medidas cautelares es poder entrar entre varias instituciones y poder ir, progresivamente, caracterizando ese terreno.

Nosotros no lo vemos como una dificultad, sin embargo, es un escenario desconocido y se tiene que tomar las medidas de protección tanto por fuerza pública, por Policía, por Ejército.

Esta pregunta que parte de una afirmación y es ‘no se puede’, es ‘qué es lo que no se puede, si no lo hemos hecho’.

VA: Después de la cruenta manera en que las víctimas fueron despojadas de esas tierras, ¿Quiénes son actualmente los propietarios y quienes los están usufructuando?

NNH: Tenemos una cantidad de predios, tenemos una cantidad de títulos, tenemos una cantidad de territorio baldío, tenemos una cantidad de predios restituidos con sentencia judicial, tenemos una cantidad de predios que están en etapa administrativa sobre los cuales no se sabe dónde están y qué tamaño tienen ni qué está pasando en ellos.

VA: Y sobre algunas empresas de la región, ¿qué se ha logrado identificar? – Ver video

NNH:  Hemos identificado que hay un contrato de usufructo entre la Reforestadora de Antioquia y el Fondo Ganadero de Córdoba, que es el que conecta directamente lo ocurrido en el marco de las actividades del Fondo Ganadero de Córdoba con el actual usufructo sobre predios y que vincula específicamente a la Reforestadora de Antioquia. Es la explotación de la teca y de los diferentes recursos maderables que se suspendió hasta tanto se aclare qué está pasando en los predios.

VA: Magistrada, ¿se sabe por qué antes no se hizo nada frente a esos contratos de usufructo que este portal había denunciado desde 2012 y que involucraban a la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA), a la Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá y a la Compañía Productora de Caucho de San Pedro S.A (Procaucho)?

NNH:  Se hace con las formalidades correspondientes sobre unos terrenos sobre los que no está claro cuál es su situación jurídica. En una gran extensión de tierra, mucha con predios que no están conectados entre sí, sino que son predios aislados, pero relacionados con un fenómeno criminal, una dinámica del conflicto, una presencia de actores que no se investiga de una manera unificada, sino que se investiga uno a uno, hecho a hecho, fica por finca, demanda por demanda de cada una de las víctimas. 

Esto dificulta mirar de una manera integral y como región lo ocurrido allí.

Responsables, dentro y fuera de la JEP

VA: ¿En la revisión de los informes entregados por la Fiscalía y las organizaciones de víctimas se han identificado personas que no han sido llamadas por la justicia?

NNH: Con respecto a Tulapas, los escenarios de justicia, en este momento están bastante avanzados. La justicia ordinaria y Justicia y Paz han sido bastante amplias en esta caracterización. ¿Qué falta? Falta entender qué es lo que está pasando con la tierra, a partir de las medidas cautelares, (y) los procesos administrativos que se están propiciando a través de ellas. 

Hay unos permisos; ¿estos permisos sobre qué predios están? ¿Cuál es la calidad jurídica de esos predios? (Necesitamos) poder diferenciar entre los predios que deben ser entregados materialmente a sus legítimos dueños junto con la riqueza que hay en ellos. Entonces estos deben ser revertidos y a quien le pertenece es a las víctimas, a quienes se les debe entregar materialmente la tierra. 

VA: ¿Cuántas personas ha vinculado la JEP a la investigación por el caso de Tulapas? – Ver video

NNH: Son seis personas vinculadas formalmente al caso, todos miembros del Fondo Ganadero de Córdoba que nos han dado unos aportes a la verdad desde su posición de directivos, es decir, con una gran capacidad de decisión: directivos del Fondo Ganadero y sus gerentes. Estas personas están contribuyendo a la verdad desde su participación en estos escenarios de poder en ese momento en el Fondo Ganadero de Córdoba. Esto para nosotros es determinante, es diciente de lo ocurrido, pero también de las responsabilidades sobre las cuales ellos están aportando verdad. 

En ese sentido, en calidad de testigo, tuvimos otras personas también presentándose a la JEP y aportando información, como han sido personas procesadas o vinculadas por los procesos de Justicia y Paz como Sor Teresa Gómez, como ‘El Alemán’, como ‘HH’, como el mismo ‘Otoniel’ que (fue), en su momento, parte de las AUC y luego de las AGC, pero también su papel relevante puesto que fue miembro del EPL antes de ello, entonces tiene muy claro todo el escenario de guerra de esa región del país.

Y por supuesto las otras personas que desde sus versiones voluntarias en Justicia y Paz y los testimonios brindados a la Jurisdicción en pequeños puntos sobre los cuales teníamos dudas, a partir de sus versiones voluntarias, hemos logrado una información bastante relevante que se contrasta con la información tanto judicial, como la de las versiones voluntarias y las que se presentan en los informes por las víctimas.

Es decir, hay un nivel de contrastación de información muy sólido respecto a qué pasó alrededor de las tierras de Tulapas. 

VA: ¿Qué pasó con Sor Teresa? ¿por qué no fue aceptada?

NNH: La JEP tiene, y esto se mezcla con la reciente decisión sobre Salvatore Mancuso, su competencia natural sobre los firmantes del Acuerdo de Paz, las extintas Farc-EP, miembros de la fuerza pública y los funcionarios públicos no miembros de la fuerza pública y terceros civiles que se presentan voluntariamente a la jurisdicción.

¿Qué pasa con aquellas personas que han sido juzgadas, procesadas por la justicia especial de Justicia y Paz? se mantienen en la cuerda procesal de su juez natural: Justicia y Paz.

Lo que se ha entendido con Sor Teresa desde el principio porque se llamó como en calidad de testigo, a pesar de tener una solicitud formal de ser vinculada a la JEP, lo mismo que Mancuso cuando se recibió su aporte a la verdad, era también esclarecer muchas de las situaciones, pero dar elementos a la sala de definición de situaciones jurídicas para que valore los compromisos de Sor Teresa con la verdad, para que valore la calidad del aporte de esta persona en términos del lleno de los requisitos para que sea admitida o no a la jurisdicción en calidad de civil.

Esto muy de cara a cuáles son las decisiones de la Sección de Apelaciones de cómo se estaba moviendo el escenario jurídico alrededor de cuál es el futuro de los terceros civiles de los antiguos miembros de las AUC en la JEP y esa decisión fue muy reciente y mientras estábamos en unos debates jurídicos que no estaban resueltos. Entonces al llamar a Sor Teresa como testigo avanzamos en la verdad, pero también en las posibilidades que se pueda dar, desde las competencias de la Sala de Definición, para que admita o no a Sor Teresa y la decisión que se tomó fue de no admitirla. 

Luego sale la sentencia de la Sección de Apelaciones en las que habla de personas material y funcionalmente vinculadas a la fuerza pública, situación que se avanza específicamente con Salvatore Mancuso y con la decisión de la Corte Constitucional que recientemente conocemos. 

Entonces con Sor Teresa la decisión fue más temprana y fue en lógica de su juez natural y su calidad de miembro de las AUC.

VA: ¿Sor Teresa podría volver a presentarse bajo esta figura de bisagra o la Corte Constitucional cerró esa puerta? 

NNH: La figura de bisagra sigue en debate. A pesar de la decisión sobre Mancuso, la Sección de Apelación y la JEP sigue insistiendo en manejar una figura de bisagra. Para mí es una decisión contundente la de la Corte Constitucional. A ver qué sucede. Todos estamos expectantes de si es efectivamente la última decisión

VA: ¿Con Benito Osorio por qué ocurre lo contrario? 

NNH: Benito Osorio es empresario gerente y su condición de civil es más clara. Sor Teresa, su condición de miembro de las AUC estaba definida desde hace mucho. 

El punto de diferenciación entre uno y otro es si pertenecía al grupo armado ilegal o no. Y haber sido colaborador del grupo armado ilegal desde su posición de gerente, de su posición de tercero civil es una situación que lo diferencia de Sor Teresa.

Ahí sigue habiendo dudas porque creo que no ha habido una adecuada representación judicial de Sor Teresa ni en Justicia y Paz en la ordinaria. Analizando los expedientes, ha habido debilidades digamos en su defensa y en su participación en estos procesos judiciales. 

Entonces la decisión de la Sala de definiciones es que está probado que fue un miembro activo de las Autodefensas Unidas de Colombia en calidad de armada y es una decisión del órgano de justicia competente para tomar esta decisión. Nuestro papel como Jurisdicción es el aporte a la verdad de estas personas, no definir su calidad jurídica.

VA: ¿La JEP ha compulsado copias a la justicia ordinaria para investigar responsables que no están en el radar?

NNH: Estamos en un momento de medidas cautelares, un momento importante de la investigación en la cual vamos a tomar unas decisiones sobre la determinación de las responsabilidades respecto a este caso. Estamos en un momento de trabajo muy riguroso con quienes se han presentado a la Jurisdicción, de quienes son los competentes para nosotros, a quienes pudimos llamar. Hay una decisión pendiente respecto a la determinación de hechos y conductas frente a los que son competentes y quienes fueron nombrados por ellos.

Nuestra decisión alcanza a quienes se presentan voluntariamente. Respecto a quienes no se han presentado voluntariamente es competencia de la justicia ordinaria y como dije en un primer momento estamos llegando a un trabajo colaborativo entre la justicia ordinaria y la JEP.

Criticas a la justicia transicional

VA: ¿Considera acertada la afirmación del presidente Gustavo Petro sobre que ha existido un fraccionamiento de la verdad especialmente frente al fenómeno paramilitar? 

NNH: Hay una justicia ordinaria que habla de quiénes son competentes en estos crímenes, respecto a los terceros civiles. Hay una Justicia y Paz que no asumió, sino que compulsó una gran cantidad de copias que tienen unos avances limitados hasta este momento en la justicia ordinaria. Hay unas decisiones respecto a los partícipes desde las AUC. Hay unas investigaciones en JEP respecto a las extintas Farc, respecto a funcionarios públicos y terceros que se presentan voluntariamente, hay una competencia sobre la fuerza pública. 

Hay diferentes tribunales, diferentes jueces, diferentes formas de conocimiento que abordan, además de conductas específicas y hechos específicos, lo que puede entenderse como varios planes criminales que involucran diferentes actores, que involucran diferentes conductas y que esto no se está investigando de esta manera en general en ningún tribunal.

VA: ¿Entonces tendría lógica la propuesta de crear un tribunal de cierre que agrupe a todos los actores involucrados en el conflicto incluidos terceros civiles?

NNH: Lo que está proponiendo el presidente es lógico. 

VA: Además de la persistencia del conflicto y de no poder identificar quién tiene la tierra y dónde está, ¿hay algún otro factor para que este despojo persista? – Ver video

NNH:  Sabemos que hay contratos de usufructo. Sabemos lo que dice Otoniel en su testimonio. Sabemos que está saliendo teca de este territorio, sabemos que hay unos predios que están en sentencia y que están en demanda y que están en fase administrativa en restitución. Sabemos que hay unos baldíos que están bajo estudio de la Agencia Nacional de Tierras. 

¿Qué más sabemos? No sabemos más. Eso es lo que queremos aclarar con la medida cautelar. Es, primero, limitar que siga habiendo una explotación de los recursos naturales que ahí estén, sea de quien sea, poder caracterizar y entender qué es lo que hay, de quién es lo que hay, en qué características y en qué condiciones y quienes estén allí.

VA: ¿Qué pueden esperar las víctimas de despojo en la región de cara al control que las AGC tienen en el Urabá?

NNH:  Estamos haciendo un seguimiento, un balance permanente, un monitoreo frecuente de cómo está la situación de orden público, la presencia de actores, cómo se están moviendo los actores, cuáles son los acercamientos del Estado con respecto a esos actores, cuáles son los mensajes que se pueden intercambiar con estos actores para poder avanzar en esta caracterización.

Estamos muy optimistas en tener un escenario político favorable para la realización de estas actividades.

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Justo cuando la autoridad de tierras accedió a proteger los derechos de ese pueblo originario sobre sus tierras ancestrales en Puerto Gaitán, Meta, decenas de familias perdieron sus casas esta semana tras un operativo cuestionado de la Inspección de Policía.

A las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá llegaron 54 personas esta mañana desde Puerto Gaitán, en respuesta al desalojo de la comunidad indígena de Barrulia. “En Puerto Gaitán ahorita hay un desastre”, señaló Rubén Vicente Aguilar, presidente de la Asociación Índigena Unuma. “Sacaron a todas esas familias y la Alcaldía las trasladó a la sede de Unuma”, instalaciones de la organización indígena en el casco urbano del municipio en la que por ahora cerca de 700 personas permanecen hacinadas.  

“Si hay tierras baldías y tierras en manos de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), que nos las entreguen. Hay solicitudes de constitución de resguardo y ampliación de resguardo que llevamos años esperando”, expresó Aguilar. Por eso se movilizaron hasta la capital con el objetivo de hablar con el director de la autoridad de tierras y la ministra de Agricultura sobre la extranjerización de la tierra y la regulación de los territorios ancestrales en su municipio. 

Sin embargo, personal de la ANT le dijo a la comunidad que iban a tratar de sacar agenda porque no había disponibilidad.

“Nosotros no estamos reclamando predios, nosotros venimos a reclamar un derecho fundamental que nos dejaron nuestros ancestros”, expresó Héctor Estrada, líder de la comunidad de Barrulia desde las llanuras de su municipio, mientras contiene la situación humanitaria que atraviesa su comunidad. Esas tierras, extensas llanuras de la zona rural de Puerto Gaitán, donde se asentó el pueblo indígena, ahora son propiedad privada. “Llevamos nueve años luchando por la tierra ante el Estado y aquí estábamos posesionados hace tres años”, dice Estrada.

Desde 2017, la comunidad de Barrulia buscó la manera de recuperar las tierras que señalan como su territorio ancestral y de las que salieron desplazados a mediados del siglo pasado. Por eso, el 6 de abril de 2021, se asentó en varios predios de la vereda La Cristalina con el objetivo de que la autoridad de tierras le protegiera su posesión e iniciara el proceso de la constitución del resguardo. 

En la mañana del pasado miércoles 12 de junio, ante la noticia de que  la comunidad de Barrulia iba a ser desalojada, varias comunidades indígenas del municipio se organizaron sobre la vía que va de la cabecera municipal hacia San Pedro de Arimena, en un punto conocido como Alto Neblinas. Su propósito era impedir que pasara una comitiva de la Alcaldía municipal y la Fuerza Pública, pero no pudieron retenerlos.  

“Les tocó coger la vía más larga: la vía hacia Rubiales, una vía completamente destapada”, relata Zulma Forero, consejera de la Asociación Indígena Unuma. Cerca de las cuatro de la tarde, los funcionarios de la alcaldía y los miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antes ESMAD) lograron arribar a Barrulia para el desalojo.

En algunos videos que conoció este portal, el inspector de policía de Puerto Gaitán, Eduardo Chicué, otros funcionarios de la Alcaldía, y efectivos de la policía buscaron persuadir a la comunidad para que abandonara el predio en el que había estado asentada. Si se resistían, los iban a sacar por la fuerza, les dijeron. 

“El día de hoy venimos con el objetivo de recuperar el predio. Tenemos entendido que más de uno de ustedes está censado a través del Ministerio del Interior a través de diferentes resguardos. Si ustedes lo consideran, nosotros tenemos todo el apoyo logístico para trasladarlos a los lugares donde se encuentran censados, o en su defecto donde ustedes lo manifiesten”, señala Chicué en una de estas grabaciones. 

La comunidad prefirió evitar confrontaciones. Se quedó, viendo cómo lo que por años habían construido en esas tierras se iba abajo. Trabajadores contratados por la Inspección de Policía, con dos tractores y una cadena, tumbaron las viviendas de cerca de 170 familias, que incluían  75  niños y 40  adultos mayores con problemas de salud, según precisó Estrada.

Aún sin casa, la comunidad se resistió a abandonar su territorio ancestral. “Las familias la noche del miércoles durmieron en el monte, en las moricheras con los niños, las mujeres embarazadas, las señoras y los ancianos”, cuenta Forero. La fuerza pública acampó cerca del predio y al día siguiente continuó con el desalojo. En los últimos tres años, las comunidades recuerdan más de ocho intentos de desalojo, pero solo hasta ahora fue exitoso.

#ATENCION Desde @ONIC_Colombia DENUNCIAMOS y RECHAZAMOS intervención del #ESMAD de la @PoliciaColombia junto con @COL_EJERCITO contra comunidad Barrulia de Puerto Gaitán-Meta. Desalojan de nuestros territorios ancestrales Sikuani a pesar de medida de protección de @AgenciaTierras pic.twitter.com/hjX2E9bZzP

— Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC (@ONIC_Colombia) April 21, 2022

Proceso de desalojo veloz

El proceso policivo contra el asentamiento de Barrulia inició en el 2021. La disputa se había iniciado por, supuestamente, estar ocupando el predio Los Cocuyos. Durante años se llevó el caso en relación a este predio y se realizaron más de 20 intentos de caracterización (censos) de la comunidad. Sin embargo, tiempo después los líderes de Barrulia descubrieron que en realidad su asentamiento se encontraba en un predio que catastralmente tenía el nombre de Villa Esperanza y que estaba relativamente cerca a Los Cocuyos. 

“El año pasado, como para agosto o septiembre, mediante una acción de tutela, la señora Alba Rubiela —lideresa de la comunidad— manifestó que ellos nunca han estado ocupando el predio Los Cocuyos y por tanto no procedía ese proceso de desalojo”, cuenta Xiomara Cruz, abogada de la Asociación Indígena Unuma. En respuesta, un juez ordenó que se realizara la georreferenciación sobre el predio en el que se encontraba la comunidad indígena y finalmente se confirmó que estaba en el predio Villa Esperanza.

Según un certificado de propiedad, ese predio le pertenece a Magda Esperanza Rojas Gutiérrez, tras haberle sido entregado por el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) en 1994. Esta mujer, según explican los lugareños, es familiar de Pablo Antonio Roja Rivero, un terrateniente que acumuló miles de hectáreas en el municipio. 

“El predio denominado Cocuyos fue adjudicado por el otrora Incora mediante resolución 0563 del 31 de mayo de 1994, (…) esta adjudicación se hizo al señor Pablo Antonio Rojas Riveros”, señala un estudio de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) que respalda la versión de las comunidades. El estudio concluye que Rojas Rivera excede el límite de la Unidad Agricola Familiar (UAF) en la zona, que es de 920 hectáreas, al tener 2.917 hectáreas acumuladas.

“Casi tres años duró el proceso del predio Los Cocuyos y nunca llegó a la materialización del desalojo. El proceso policivo del predio Villa Esperanza se materializó de una forma muy rápida a comparación del proceso anterior”, señaló Cruz, y advierte que nunca se notificó a la comunidad y por eso no pudieron asistir a las audiencias y hacer uso del derecho a la defensa. “La inspección ni siquiera les notificó formalmente el acta de desalojo a la comunidad”, reprochó.

Líderes de Barrulia dicen que  supieron de la diligencia a través de algunas organizaciones indígenas que acompañan a esta comunidad, las cuales conocieron hace un par de semanas un documento titulado Plan de acción y contingencia para materialización de fallo policial – Predio Villa Esperanza. Aunque a principios de junio, los líderes de Barrulia solicitaron copia del expediente a la Inspección de Policía, a la fecha nunca recibieron la documentación.

Para la Asociación Indígena Unuma y la CNTI, la Inspección de Policía y el Ministerio Público faltaron al debido proceso y vulneraron a la comunidad de Barrulia, pues con el desalojo desconocieron medidas de salvaguarda para protección de los derechos de la comunidad indígena, como por ejemplo, a dónde iban a ser reubicados.

Según una abogada de la Secretaría Técnica de la CNTI que acompaña a estas comunidades, hace poco tiempo habían tenido un espacio de interlocución con la Inspección de Policía.  “Sin embargo, los inspectores de policía fueron muy reacios en decir: ‘Lo que yo tengo que proteger es la propiedad privada, porque no puedo estar defendiendo expectativas como lo son los territorios ancestrales”, cuenta la jurista.

Por varios medios, VerdadAbierta.com buscó entrevistar a los dos inspectores rurales de Policía de Puerto Gaitán, Jhon Contreras y Eduardo Chicué, para contrastar las anomalías que advierten las dos abogadas de las organizaciones indígenas, pero a la fecha de esta publicación no se obtuvo respuesta.  

Según explica la experta de la CNTI, la Inspección de Policía argumentó ser autónoma para determinar si suspenden o no los procesos policivos que solicite la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dado que priorizan las órdenes judiciales. “Nos parece grave dado que desconoce el Decreto 2333 de 2014, que establece en su artículo 5 que la ANT puede solicitar la suspensión de acciones policiales cuando se adelante procesos de protección, constitución de resguardos, saneamiento y reestructuración que se adelanten en tierras pretendidas por esos procesos hasta tanto no se culmine el proceso de titulación”, explica la abogada.   

Tardía protección de la ANT

En mayo de 2022,  la ANT había decidido no conceder la medida de protección provisional sobre la ocupación del territorio que la comunidad indígena de Barrulia considera como ancestral, trámite que había empezado desde 2017. Sin embargo, tras la falta de respuesta de la ANT, desde hace cerca de cuatro años, varias familias de la comunidad se habían tomado los terrenos.

Según explican líderes de ese asentamiento, esta comunidad por años habitó esas llanuras de manera seminómada, dirigidos por la autoridad tradicional Ramón Gaitán, hasta que a mediados del siglo pasado fue desplazada por las incursiones de las tropas de Guadalupe Salcedo, líder de las guerrillas liberales del Llano. Luego, en los setenta, vendría las cacería de ‘indios’ o ‘guahibiadas’, una arremetida violenta de ganaderos por quedarse con las tierras de estos pueblos.

“Ramón Gaitán, capitán único de nuestro territorio, vivía acá con sus hijos y nietos. En época de La Violencia se fueron de aquí. A nadie vendió y dejaron todo botado. En ese momento llegaron otras personas que no eran indígenas, se adueñaron, hicieron títulos y dijeron que estas tierras eran de ellos”, relató Jairo Ortiz, un comunero de Barrulia.

Las comunidades de Barrulia, Witsulibo, San Rafael Warrojo y Tsawilonia presentaron, junto a la Unidad de Restitución de Tierras, una medida cautelar para proteger las 102.000l hectáreas que reclaman como territorio ancestral. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Villavicencio aceptó la solicitud de protección, pero hasta la fecha no ha fallado.

Habiendo retornado a su territorio ancestral, la comunidad de Barrulia esperaba que la autoridad de tierras cuidara el derecho del pueblo indígena al territorio sobre 58.000 hectáreas, y se protegiera su vía jurídica y empezará el proceso de construcción de resguardo como ampara la ley. “Desconocieron la ocupación territorial e historia que ha hecho la comunidad de Barrulia, porque en el estudio argumentaron que la comunidad no ha ejercido una ocupación permanente y continua en este territorio; desconociendo que son seminómadas”, señala la abogada de la CNTI.

Por eso, al considerar que el acto desconocía la cultura y tradiciones del pueblo Sikuani, unos meses después los líderes de la comunidad y organizaciones indígenas presentaron una solicitud de revocatoria directa contra la decisión de la autoridad de tierras, buscando que quedara sin efecto esta decisión y se protegiera su asentamiento. 

El pasado viernes 7 de junio finalmente se conoció la nueva resolución en la que la ANT resolvió proteger el territorio de la comunidad Barrulia, pero no en su totalidad. De los 42 predios que pedían proteger, sólo les otorgaron esas medidas sobre dos, conocidos como Cuba Libre y Campo Alegre. Ambos suman alrededor de seis mil hectáreas.

“¿Por qué se designa la protección únicamente para esos dos predios? Porque son los que, en principio, son baldíos”, explica la abogada de la CNTI. Con el resto de tierras, la situación es más complicada porque terceros las ocupan argumentando ser propietarios. Según lo ha investigado Rutas del Conflicto, entre esos vecinos se encuentran una colonia menonita que llegó en 2014 desde México; la empresa productora de carne de cerdo Agropecuaria Aliar S.A., más conocida como La Fazenda; y otros empresarios y terratenientes.

La comunidad de Barrulia se sentía bastante presionada por esos terceros ocupantes. Las dos vías de acceso para llegar a las tierras donde se había establecido el asentamiento tenían portones privados sobre los que sus vecinos disponían el paso a su antojo. El otro punto de atención eran las afectaciones ambientales, principalmente de la colonia menonita que deforestó miles de hectáreas para su imponente tecnificación del campo. “Se apropiaron de esas tierras, dañando a la madre tierra, capas hídricas, morichales; realizando quemas. Estamos perdiendo plantas ancestrales: palos de yopo, palo de machaco, malagueto; medicina ancestral que usamos nosotros”, precisó Héctor Estrada.   

Y fue precisamente uno de los predios que no fueron protegidos en donde las comunidad alzaron su casas para vivir y del que finalmente fueron desalojados: Villa Esperanza.

Aunque este lote queda a más de seis kilómetros en línea recta de Campo Alegre, la comunidad de Barrulia había contemplado la posibilidad de reubicarse en los dos predios baldíos sobre los que la ANT le otorga medidas provisionales de protección, pero esperaban que la autoridad de tierras les entregue materialmente esos lotes. 

“La comunidad ha planteado reubicarse en razón de la integralidad misma de la comunidad, pero eso no quiere decir que desconozcan que su territorio ancestral es más grande”, dice la abogada de la CNTI. 

Esta decisión se la hicieron saber a la Inspección de Policía el pasado lunes. Le pidieron tiempo para que la ANT les entregara los dos predios, se pudieran reubicarse y la comunidad pudiera gestionar la desocupación del predio Villa Esperanza de manera voluntaria, pero, según explican voceros de la comunidad, nada detuvo la determinación de la Alcaldía de Puerto Gaitán por desalojar a estas familias indígenas.

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Nadie dijo que sería fácil. Desde que se planteó la restitución de tierras arrebatadas o abandonadas en medio del fragor del conflicto armado en la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, eran pocas las probabilidades de alcanzar la meta de 6,5 millones de hectáreas restituidas dentro de 10 años.

Pero al ritmo actual en que van los procesos de restitución, tomaría unos 109 años para alcanzar la meta, según la Fundación Forjando Futuros, que monitorea los casos de restitución.

A 13 años de la aplicación de la ley se ha alcanzado poco más del 10 por ciento de los 6,5 millones de hectáreas proyectadas: al 18 de abril 2024 sólo se ha logrado restituir 668,560 hectáreas en todo el país. (Leer más en: Agridulce ha sido la restitución de tierras en Colombia)

“No podemos seguir así,” dijo Nora Saldarriaga, directora de Forjando Futuros al presentar las cifras de la investigación sobre el proceso de restitución. “Los campesinos no pueden esperar 109 años para que la restitución sea una realidad.”

Saldarriaga destacó que en los primeros 17 meses del gobierno del presidente Gustavo Petro se ha restituido sólo 71.000 hectáreas comparado con 161.000 hectáreas en los últimos 17 meses del expresidente Iván Duque, aunque el número de familias beneficiadas ha sido mayor durante el actual gobierno (2.250 vs. 1.757).

Saldarriaga dijo que la solución del estancamiento en el proceso pasa por la aprobación en el Congreso de la República del Proyecto de Ley 280 de 2022, que busca darle facultades a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para adelantar el proceso de restitución de tierras por vía administrativa en casos en donde hay un sólo reclamante.

Actualmente el proceso de restitución tiene dos fases: la primera, administrativa, en manos de la URT; y la segunda, judicial, a cargo de los Tribunales de Restitución de Tierras. Una vez la URT aprueba la solicitud de restitución pasa a los tribunales que tienen un plazo de 120 días para resolver. Sin embargo, según Ilhan Can, investigador de Forjando Futuros, ese plazo se ha cumplido en menos del uno por ciento de los casos.

“En la fase judicial hay una tremenda sobrecarga. Los procesos se están demorando años y años,” dijo. El promedio, añadió, es de tres años.

En el 72 por ciento de los 16.085 casos resueltos judicialmente no ha habido oposición, lo que significa que la víctima es el único reclamante. “Estos podrían ser restituidos sin la intervención de un juez,” dijo Can.

Extrapolando las cifras de los casos ya resueltos, Forjando Futuro calcula que por vía administrativa se podrían restituir 3,6 millones de hectáreas —el 64 por ciento de la meta inicial de restitución—.

Al liberar a los tribunales de los casos no controversiales, “se abriría un espacio para acelerar el proceso de la restitución de los casos más complejos; por ejemplo, casos de despojo por empresarios”, dijo Can. “De esa forma se saca el despojo de la impunidad haciendo justicia”.

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La inmensa finca al sur de Cesar ha sido objeto de disputa judicial entre familias desplazadas por la violencia paramilitar y empresas de palma africana controladas por el empresario Germán Efromovich. La semana pasada, a 150 familias les otorgaron provisionalmente predios de extinción de dominio, mientras el proceso de restitución sigue cursándose lentamente en los tribunales.

Unas 175 familias llevan décadas luchando por tierras en el sur de Cesar que hacen parte de la finca conocida como Hacienda Bellacruz. Dos veces han ganado sus reclamos ante instituciones del Estado. Pero a pesar de haber ganado en papel, no han podido disfrutar las victorias en el terreno. 

A mediados de los años 90, las autoridades de tierras les adjudicaron una sección de la inmensa hacienda que estaba en las manos de la familia del exministro y exembajador Carlos Arturo Marulanda, al descubrir que una parte eran baldíos de la Nación. Poco tiempo después, el 14 de febrero de 1996, paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) desplazaron al centenar de familias que ocupaban el predio e instalaron allí una base de operaciones que funcionó hasta su desmovilización en 2006.

En 2008, esas tierras fueron adquiridas por varias empresas que cultivan palma de aceite africana y cuyo socio mayoritario es German Efromovich, anterior dueño de la aerolínea Avianca. La compañía rebautizó el predio bajo el nombre de La Gloria. (Leer más en: Tierra prometida en Bellacruz)

Desde entonces las víctimas han librado disputas judiciales por la restitución de la parte de esas tierras que les había sido adjudicada en los noventa. En 2016, parecía que habían ganado nuevamente: la Corte Constitucional falló a favor de los campesinos y ordenó activar acciones de restitución, lo que derivó en que la disputa se trasladara a tribunales de restitución de tierras.

Desde hace seis años el reclamo de los campesinos en contra de las empresas yace ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja.

Nury Martínez, coordinadora de tierras y derechos territoriales de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a 40 de los solicitantes, explica que la restitución ha atravesado muchas dificultades para integrar a todas las familias desplazadas y fallar colectivamente. Esto incluye que dentro del proceso se caracterizaron familias que no fueron víctimas directas del desplazamiento de Bellacruz, pero sufrieron los estragos del paramilitarismo en la región.

“Han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos —cuenta Martínez de la CCJ—, y por ello, actualmente son demandantes en un proceso de restitución de tierras que les repare integralmente los daños causados.”

Pero el proceso ha sido largo y, las maniobras legales de las empresas de Efromovich lo han alargado aún más. A inicios de 2024, la sociedad M.R. de Inversiones S.A.S., contraparte en el proceso, instauró una tutela contra el juzgado de restitución de Barrancabermeja que tiene el caso, argumentando que se había omitido la práctica de algunas pruebas. El 6 de febrero, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta denegó el mecanismo judicial. (Lea la sentencia sobre la tutela)

La CCJ considera que la tutela interpuesta por M.R. de Inversiones demuestra su interés en dilatar el proceso y truncar la reparación de las víctimas. “La comunidad campesina de la Hacienda Bellacruz (…) exige celeridad en su proceso de restitución después de seis años de litigio”, señaló la organización en un comunicado.

Así lo manifiesta Isaí Cañizares Navarro, líder de la Fundación Tierra y Vida que representa a 90 familias desplazadas por los paramilitares de Hacienda Bellacruz: “Esa es una forma de dilatar y que la gente se canse. Todos estamos cansados con este proceso”, asegura.

Las empresas M.R. de Inversiones,  Frigorífico La Gloria S.A.S, la Dolce Vista Estate Inc., y el Grupo Agroindustrial Hacienda la Gloria S.A. —todas controladas por la misma casa matriz— mantienen las tierras de la Hacienda Bellacruz cultivadas con palma de aceite. (Leer más en Campesinos de la Hacienda Bellacruz, esperanzados en la justicia)

“Empezaron a cambiar el paisaje de esas tierras, la transformaron para poder sembrar palma de aceite africano”, recuerda Adelfo Segundo Rodríguez, líder de una de las organizaciones de víctimas de este caso que, extenuada de la larga lucha, busca dialogar con el gremio palmero y encontrar soluciones.

Por su parte, Hubernel Palencia, representante legal de Asobellacruz, organización que representa a 37 familias desplazadas de la hacienda, resalta el abandono institucional en el que se encuentran las familias reclamantes. “La restitución de Bellacruz ha venido caminando lentamente. Hoy es un día muy importante para nosotros, se cumplen 28 años de haber sido desplazados”, recuerda. 

Por eso, tras años de lucha, varias víctimas han buscado soluciones para su situación, incluso buscando acceder a tierras por otros lados. 

Tierra sí, pero sin restitución

Hoy, luego de décadas de espera, el sueño de los campesinos de tener tierra para trabajar se ha hecho realidad para algunos, aunque no de la forma esperada.

A mediados de diciembre de 2023, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) le entregó provisionalmente, mediante la Resolución 720, a la Asociación Campesina de Desplazados al Retorno (Asocadar), tres lotes que suman más de mil hectáreas que habían sido confiscados en procesos de extinción de dominio. Paradójicamente, están junto a la Hacienda Bellacruz.

La solicitud a la SAE la realizaron las 150 familias que conforman la asociación, que no sólo reúne familias desplazadas del predio Bellacruz, sino a otras familias que son aspirantes de tierras en la región. 

La entrega se dio oficialmente el pasado jueves 8 de febrero. Rodríguez, líder de Asocadar, habla con emoción de este capítulo en la lucha por acceso a la tierra que han llevado. La apuesta de su organización es cuidar los predios, hacer empresa y, si la oportunidad se da, que la restitución sea ahí mismo y puedan terminar su lucha con las empresas de palma. (Leer más En La Bellacruz hay 1.200 hectáreas de baldíos y deben restituirse)

“Las tierras que nos entregó la SAE son muy adecuadas a nuestras pretensiones: óptimas y con vías de comunicación. Lo único que se necesitaría es legalizarla, tanto para las familias que están en proceso de restitución, como aquellas que están en proceso de acceso a tierras con la ANT (Agencia Nacional de Tierras)”, expresó Rodríguez. Pero saben que no será fácil.

Campesinos que ya ocupaban esos predios de la SAE, así como otros labriegos del corregimiento de Ayacucho (La Gloria, Cesar) y Guamalito (El Carmen, Norte de Santander) se oponen a que los miembros de Asocadar tomen tenencia de esas tierras. Menos de una semana después de la entrega por parte de la SAE, los de Asocadar ya han sido amenazados.

“No nos hemos dejado provocar, ni nada por el estilo, pero sí nos están haciendo muchos desmanes y han utilizado medidas muy amenazantes”, cuenta Rodríguez. “Lo más absurdo es que entre los campesinos haya confrontación”, cuenta. El vocero de la organización de víctimas lamenta que no respeten su derecho a la tierra y asegura que su organización no busca más tensiones con ningún sector.

“Si nos legalizan acá —las tierras entregadas provisionalmente por la SAE—, quedaríamos muy satisfechos. Eso sí, no sería el mismo número de hectáreas de las que teníamos antes del desplazamiento”, señala Rodríguez.  

Las familias de la Fundación Tierra y Vida también le han solicitado tierra a la SAE, pero no por ello quieren dejar la disputa de restitución: “Eso es legitimar que la tierra siga en la manos de los terratenientes que despojaron a las familias, porque ya con eso muere la lucha de nosotros y no se hace justicia social con lo que pasó en Bellacruz”, dice Isaí Cañizares, líder de la organización.

Por eso, varias de las organizaciones de víctimas de este caso están planeando realizar un plantón, en los próximos meses, en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Bogotá para presionar al Estado a que les dé respuestas en el proceso de restitución.   

Años de lucha

En agosto de 2011, VerdadAbierta.com documentó la reclamación de los campesinos desplazados de la hacienda, después de que en versión libre Alfredo Ballena, alias ‘Rancho’, desmovilizado del Frente Héctor Julio Peinado de las Auc, le confesara al Fiscal 34 de Justicia y Paz su participación en el desplazamiento de los labriegos. (Leer más en El pistolero de los paramilitares en Aguachica)

Según reveló Ballena, en audiencia del 3 de abril de 2010 ante el Fiscal de Justicia y Paz en Bucaramanga, Francisco Alberto Marulanda, quien argumentaba la propiedad de esas tierras, y el administrador general de la finca, en 1996 contrataron al jefe paramilitar Manuel Alfredo Rincón, alias ‘Paso’ o ‘Manaure’, para que el Frente Héctor Julio Peinado de las Auc desplazara a las familias que ocupaban una parte del predio.

Según precisa la Comisión Colombia de Juristas en su informe Silencio e impunidad del despojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) describe la Hacienda Bellacruz como un latifundio que en 1934 se constituyó con una extensión de 7.106 hectáreas. “Fue incrementándose en las siguientes décadas hasta alcanzar las 23.000 hectáreas en 1969”, llegando a abarcar tierras de los de Pelaya, Pailitas, La Gloria y Tamalameque. Las familias campesinas que se habían posesionado de una parte de esas tierras  señalaban que buena parte era baldíos de la Nación apropiados por los Marulanda. (Consulte línea de tiempo)

El 20 de abril 1994 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) emitió el resultado de una inspección ocular sobre la inmensa hacienda, concluyendo que los Marulanda no tenían cómo acreditar la propiedad de 1.500 hectáras; entre ellas los predios Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel, ubicados dentro de la Hacienda Bellacruz. En ese momento, los campesinos le recordaron al gobierno nacional lo que venían advirtiendo desde finales de los años ochenta, pidiendo la titulación de esos baldíos. (Ver Resolución del Incora sobre baldíos)

Sin embargo, en 1995, el Incora decidió no recuperar esas tierras sino comprarles a los Marulanda 2.060 hectáreas. Justo cuando las tierras ya estaban listas para la adjudicación, paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado ingresaron a los predios y el 14 de febrero de 1996 desplazaron a los campesinos, después de violar a varias mujeres, robarles sus pertenencias y quemarles los ranchos y los cultivos de pancoger.

Según contaron varios de los labriegos, los paramilitares instalaron una base en Rompedero, que hacía parte del predio San Carlos y otra en la casa principal de la hacienda. Las tierras fueron ocupadas por los paramilitares hasta su desmovilización el 4 de marzo de 2006, cuando 251 de sus integrantes entregaron sus armas en el municipio de San Martín, Cesar.

Incluso antes de la desmovilización, en julio de 2003, la justicia ordinaria condenó en primera instancia, a 18 años de prisión a Francisco Alberto Marulanda; a Édgar Rodríguez, alias ‘Caballito’; y a Martín Velasco Galvis, alias ‘Jimmy’, por la conformación de grupos paramilitares. 

En una carta enviada a este medio en el 2011 como respuesta a una investigación sobre ese caso, Carlos Arturo Marulanda —exministro de Desarrollo del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y hermano de Francisco—, explicó que la familia apeló dicha decisión y que el Tribunal de Cartagena absolvió a su hermano en segunda instancia. (Ver Carta de Carlos Arturo Marulanda)

Como lo documentó este portal, en 2008 La Dolce Vista Estate Inc. compró a los Marulanda sus firmas M.R. Inversiones Ltda. y Frigorífico La Gloria S.A., que tenían propiedad sobre la Hacienda Bellacruz. La Dolce Vista, registrada en Panamá, había sido creada en febrero de 2006.

“Después del desplazamiento y del despojo de tierras en la Hacienda Bellacruz, la sociedad M.R. Inversiones S.A.S realizó la transferencia del dominio de la hacienda al Fideicomiso Dolce Vista y con esto se inicia la implementación del proyecto agroindustrial de palma de aceite, creando la firma extractora La Gloria S.A.S e iniciando la construcción de una planta extractora, así como la puesta en marcha de una zona franca para la producción y exportación de aceite de palma”, precisa sobre este caso la CCJ en su informe.

En 2009, la Dolce Vista registró la finca que compró a los Marulanda y la rebautizó como Hacienda La Gloria, con 5.833 hectáreas, donde desarrolla un cultivo de palma de aceite. En una entrevista con este medio en 2011, Germán Efromovich aseguró que la inversión para el proyecto de palma estaba proyectada en 160 millones de dólares y que compró la Bellacruz después de haber contratado un estudio de títulos, sin identificar problemas. (Leer más en: “La tierra no violó los derechos humanos”)

Los campesinos siguieron en su reclamación e interpusieron una acción de tutela, esperando avances de la justicia. En abril de 2013 el entonces Incoder emitió una resolución que confirmó el pronunciamiento del Incora de 1994, indicando que dentro de la antigua Bellacruz hay 1.200 hectáreas de predios baldíos y que debían recuperarse. El 12 mayo de 2016, la Corte Constitucional resolvió la acción de tutela, presentada por las familias, a su favor.

El alto tribunal les dio la razón a las víctimas en la Sentencia SU-235  y ordenó a la Agencia Nacional de Tierras terminar el proceso de recuperación de baldíos que quedó frenado en el Incoder, así como estudiar los beneficiarios de su posible adjudicación. A la Unidad de Restitución de Tierras le ordenó comenzar los procesos para “microfocalizar la zona”, es decir, que esta tuviera los avales de seguridad necesarios para adelantar procesos de restitución. (Lea: Campesinos ganan la ‘batalla’ por la Bellacruz en la Corte)

Ocho años después las víctimas del despojo de la Hacienda Bellacruz siguen esperando. “¡Camina más un morrocoy que la restitución!”, asegura Hubernel Palencia que le ha dicho a las instituciones del Estado encargadas de devolverles sus tierras.

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Un entuerto jurídico creó la Agencia Nacional de Tierras (ANT): no sólo despojó a su legítima propietaria de un predio de 309 hectáreas, sino que ahora tiene a decenas de familias campesinas en riesgo de desalojo, lo que podría generar un drama social y económico para quienes están allí desde hace poco más de 20 años.

El inicio de esa maraña se dio en el corregimiento Batata, del municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, y lo generaron paramilitares que, en 2003, obligaron a sus legítimos dueños a abandonar el predio, conocido como Puerto Rico, para entregarlo a 45 familias campesinas que carecían de tierra para trabajar.

Esa arbitraria “micro reforma agraria” la lideró Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ con hombres bajo su mando que hacían parte del Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Esa fue una estrategia de control social que emplearon diversos grupos paramilitares. (Leer más en: Los Castaño donaron tierra usurpada y luego usurparon la tierra donada)

La trama de Puerto Rico se ha enredado aún más por la poca eficiencia de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en resolver una solicitud de restitución presentada desde el 21 de junio de 2012, pese a que el predio fue inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, y su propietaria como persona despojada.

Y todo acabó de complicarse a finales de 2019 cuando la ANT calificó el predio como un baldío de propiedad de la Nación y, con base en esa decisión, suscribió y formalizó 26 contratos “de otorgamiento de derechos de uso sobre predio baldío inadjudicable” por diez años con las familias ocupantes e inició el proceso con 19 más, que conforman el grupo de labriegos que llevó allí alias ‘Don Berna’.

Esos 26 contratos fueron firmados entre el 29 de enero y el 9 de febrero de 2021. Por la ANT los rubricó Campo Elías Vega Rocha, quien, para ese año, ocupaba el cargo de Subdirector de Administración de Tierras de la Nación.

El desorden institucional es de tal magnitud que la ANT desconocía que la tradición de la propiedad de la hacienda Puerto Rico se remontaba a 1963, cuando la Gobernación de Córdoba le adjudicó 185 hectáreas a Luis Antonio Rodríguez García, mediante la Resolución 00021 del 20 de agosto de ese año. Y que, posteriormente, el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), mediante la Resolución 00591 del 28 de febrero de 1973, le adjudicó 124 hectáreas más.

De esa manera se constituyó un globo de tierra de 309 hectáreas (aunque la escritura registra 304 hectáreas) que fue registrado el 25 de agosto de 2008 en la Notaría Segunda de la ciudad de Montería por el entonces propietario Rodríguez García. Para ese año, el predio ya estaba ocupado por medio centenar de familias de escasos recursos que llegaron allí auspiciadas por grupos paramilitares.

Ante la muerte del propietario, el 12 de mayo de 2016, su esposa, Gabriela Solano, y su hija adoptiva, Adriana Isabel Gómez Echenique, heredaron el predio en partes iguales. En julio de 2018, la hija adquirió la parte de su madre y quedó como propietaria única de la hacienda.

En diversas comunicaciones dirigidas a la ANT el año pasado, Gómez Echenique le solicitó a esa agencia estatal que le explicara por qué se estaban adelantando “procesos misionales” en su propiedad, lo que a todas luces era arbitrario e ilegal, y reiteraba que se estaba cometiendo un grave error al catalogar su finca como un baldío, configurándose así un despojo estatal que la autoridad agraria enmendó, pero con impactos indeseados en los actuales ocupantes.

Mediante un oficio fechado el 8 de septiembre de 2022, el último que recibió la dueña del predio sobre sus reclamaciones, la ANT admitió que la hacienda Puerto Rico “efectivamente es de propiedad privada y dicho derecho real de dominio se encuentra en cabeza de la peticionaria”.

Con base en esa aclaración, el 21 de noviembre del año pasado los abogados de Gómez Echenique le enviaron una carta al nuevo director de la ANT, Gerardo Vega, designado por el presidente Gustavo Petro, solicitándole una audiencia para hablar del tema y buscar soluciones, pero pasados más de cinco meses no ha habido respuesta alguna.

Asediados por la guerra

Rodríguez García y su familia se dedicaban al trabajo agropecuario en su finca: sembraban maíz y arroz, aprovechaban la madera, y criaban cerdos, vacas y caballos. De eso vivían. No obstante, llegó la guerra a aquellas montañas cordobesas y todo cambió.

Desde finales de la década de los años ochenta comenzaron a ser acosados por diversos grupos armados ilegales, que los han obligado a desplazarse de su predio de manera forzada. El primer caso ocurrió en 1988. Para ese año, fueron amenazados de manera reiterada por guerrilleros de Epl que trasegaban por el departamento de Córdoba, situación que los obligó a abandonar el predio por unos años.

Tras volver para recuperar su hacienda, fueron víctimas de robo de muebles, enseres y ganado en 1999 por hechos perpetrados por guerrilleros de las extintas Farc, ocasionando de nuevo su desplazamiento y dejando tras de sí años de labores agropecuarias.

El recrudecimiento de la guerra y el posicionamiento de grupos paramilitares en Córdoba obligaron a muchos dueños de fincas a abandonarlas, lo que generó prácticas de apropiación ilegal impuestas por los jefes de esas estructuras armadas ilegales, entre ellos el predio Puerto Rico, que cayó en manos de alias ‘Don Berna’, quien lo parceló para entregar los lotes, 45 en total, a familias campesinas de la región.

De ese despojo supo la Fiscalía el 26 de diciembre de 2006, cuando Rodríguez García puso en conocimiento del ente investigador lo ocurrido. La víctima narró que meses después de la ocupación del predio, su hija Adriana Isabel acudió con su esposo a una reunión citada por ‘Don Berna’ y le pidió explicaciones de por qué les habían quitado la finca y le solicitó que se las devolviera. “En respuesta, aquél la insultó, le dijo que necesitaba el terreno y la amenazó con matarla”, se lee en documentos judiciales.

Esa apropiación ilegal fue coordinada por el paramilitar Jesús María Rivera Pico, conocido con el alias de ‘Fernando Pico’, y de ella dio cuenta alias ‘Don Berna’ ante fiscales de Justicia y Paz el 9 de septiembre de 2014. En audiencia de versión libre, explicó “que dicha finca estaba abandonada y con el respaldo del grupo armado ilegal bajo su mando fue ocupada por campesinos que comenzaron a trabajarla”.

Por decisión de la Corte Suprema de Justicia, fechada el 7 de julio de 2021, el predio fue protegido por una medida cautelar solicitada por la Fiscalía General de la Nación en desarrollo del proceso transicional que se sigue contra exintegrantes del Bloque Héroes de Tolová, lo que significa que está por fuera del mercado de tierras.

De acuerdo con el alto tribunal, “si se comprueba que quien solicita la restitución en verdad fue despojada de su predio, afectada a causa de ese hecho o le asiste derecho para reclamar, se garantizará su derecho fundamental y preferente a la restitución. Por el contrario, si se verifica que no cumple las exigencias legales para la devolución, el bien retornará a Justicia y Paz para ser cautelado con fines de reparación a las víctimas”.

Grave error estatal

En esta trama es clave un oficio fechado el 8 de septiembre de 2022 y remitido por la ANT a Gómez Echenique. El documento está firmado por Vega Rocha, el mismo funcionario que suscribió los 26 contratos “de otorgamiento de derechos de uso sobre predio baldío inadjudicable”.

En ese documento, el funcionario le explicó a la propietaria por qué catalogaron la hacienda Puerto Rico como un bien baldío de la Nación y de qué manera se suscribieron esos contratos de uso. Además, aprovechó para resaltar que la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación “actuó con pericia, probidad y buena fe duranta el desarrollo de todas las etapas procedimentales”.

Pero esa supuesta diligencia contrasta con la realidad expresada en sendos documentos de propiedad, lo que llevó a la ANT a concluir que “no está en discusión la naturaleza del predio que, luego de un análisis detallado de los documentos aportados, es evidente que se trata de un bien inmueble de propiedad privada y cuyo derecho real recae en cabeza de la señora Adriana Isabel Gómez Echenique”.

Incluso, para llegar a esa conclusión se descartó que el predio estuviera afectado por las limitaciones a la propiedad privada impuestas por el Decreto 2811 de 1974, entre ellas la prohibición de adjudicar baldíos en zonas de reserva forestal, pues la entrega de los dos predios que conformaron la hacienda Puerto Rico, y que hacen parte de la Zona de Reserva Forestal del Pacífico, se hizo en 1963 y 1973, antes de la entrada en vigencia de esa norma.

¿Pero, cómo fue que la ANT conceptuó que la hacienda Puerto Rico era un baldío? En noviembre de 2019, esta agencia estatal inició un proceso de intervención en zona rural del municipio de Tierralta con el fin de establecer si era posible otorgar derechos de uso a familias campesinas que ocuparan predios baldíos de la Nación y que, además, fueran afectados por alguna condición de inadjudicabilidad, entre ellas la de estar en zona de reserva forestal.

Los funcionarios llegaron a la vereda Puerto Rico, del corregimiento Batata, en marzo de 2020. “A partir de ahí, entre marzo del 2020 y mayo del 2021, se iniciaron cerca de 50 procesos de otorgamiento de derechos de uso, lo que significa que se caracterizaron 50 familias y se realizó el levantamiento topográfico de igual número de predios, actuaciones que son el punto de partida para el resto de las etapas subsiguientes, como los informes técnico-jurídicos preliminares y definitivos, auto de inicio y demás actos administrativos”, se lee en el oficio de la ANT.

Uno de los labriegos que aún posee contrato de uso fue consultado por VerdadAbierta.com y contó cómo fue ese proceso: “Aquí llegaron los de la ANT, nos hicieron una reunión y nos explicaron que íbamos a firmar unos contratos y nos iban a dar unos incentivos por eso del cambio climático para conservar bosques. Entonces ellos comenzaron a mediar las tierras, sin preguntar de quiénes eran”.

En su defensa, la ANT insistió en el oficio remitido a Gómez Echenique que al momento de hacer esos procedimientos no había información clara en entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que permitiera concluir que estaban frente a un predio privado. Y agregó: “Tampoco era posible saber que este predio contaba con una medida de protección por despojo a causa del conflicto armado, máxime cuando la URT no informó de ningún conflicto o medida de algún tipo”.

Este portal consultó a la agencia agraria para corroborar la información enviada en septiembre del año pasado a la propietaria de la hacienda Puerto Rico. A través de un correo remitido desde la Oficina de Comunicaciones, la entidad explicó que al momento de hacer el proceso de caracterización de las familias campesinas “la ANT no encontró ninguna oposición por parte de propietario alguno, que el propietario del predio no hace presencia en el mismo desde hace varios años y al revisar la información registral y catastral el predio no contaba con un folio de matrícula, lo cual lo constituía como baldío”.

Y reiteró la entidad que una vez se analizó “la documentación suministrada por quien se identificó como propietaria se pudo constatar que el predio era propiedad de esta persona”, con lo cual se confirma que los 26 contratos de uso firmados por los campesinos no cumplían con los requisitos para su suscripción y deben cancelarse.

Sin información y sin plata

Desde el 8 de septiembre de 2022, la ANT había establecido la ruta jurídica para atender los reclamos de Gómez Echenique: revocar los 26 contratos de uso firmados con las familias campesinas que se encuentran vigentes y darlos por terminados; y ordenar el archivo de los 19 contratos que estaban en etapa de formalización y firma. En ambos casos, el argumento es que, con el reconocimiento de propiedad privada, ya no se cumple el requisito mínimo para suscribir este tipo de contrato, que es el de que se ejecuten sobre un predio baldío de la Nación.

Si bien la decisión se produjo hace ocho meses, los labriegos que ocupan la hacienda Puerto Rico aún no han sido notificados por la autoridad agraria de la medida. Así lo constató este portal al comunicarse con varios de ellos. La noticia los tomó por sorpresa. “Llevo 18 años de vivir en la parcela y tengo muchos bosques”, dice el labriego consultado, a quien por razones de seguridad se le omite la identidad. “Y aquí nadie ha venido a decirnos que ya no tenemos contrato”.

Tanto ese campesino como otros reconocen a la señora Gómez Echenique como la dueña del predio Puerto Rico. “Nosotros no hemos tenido ningún problema con ella”, dice uno de los labriegos. De hecho, sabe que “metió papeles a eso de restitución de tierras”.

Otra dificultad que surge en todo este entuerto son los incentivos económicos que reciben por conservar los bosques. El proceso está a cargo de la Corporación Masbosques, que ejecuta un convenio suscrito con el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional del Río Sinú (CVS) a través del cual se implementó un esquema de pagos por servicios ambientales en los municipios de Tierralta y Valencia, con los cuales se pretende impulsar la protección de los bosques de zonas de reserva forestal.

Jorge Andrés Urrea García, director ejecutivo de Masbosques, le aseveró a este portal que tampoco tenía conocimiento de la decisión tomada por la ANT: “Procederemos a comunicarle dicha información al Ministerio de Ambiente y la CVS para determinar los pasos a seguir con respecto a la continuidad o no de las 26 familias incluidas en el asunto. Así mismo identificar cuáles son estas 26 familias que estarían involucradas en el asunto”.

Al cierre de este artículo, estaba en proceso una solicitud de reunión presentada por Masbosques al Ministerio de Ambiente, a la CVS y a la ANT para revisar el tema.

El más reciente encuentro de funcionarios de Masbosques con campesinos de Puerto Rico se dio el pasado 18 de abril.  “Ese día tuvimos una socialización sobre cuestiones de Masbosques”, dijo uno de los labriegos asistentes a ese encuentro, quien aprovechó el contacto con este portal para elevar una queja pública sobre el atraso en los pagos por servicios ambientales.

“Nos prometieron seis pagos de 800 mil pesos cada uno, pero en 2022 solo nos hicieron tres pagos y el convenio se venció en febrero pasado. Somos campesinos pobres que cuidamos la tierra, no podemos cultivar, no podemos quemar, por eso necesitamos el incentivo, nos deben tres pagos”, insistió el labriego entrevistado.

La dirección de Masbosques admitió la demora y así se lo hizo saber a este portal: “Me permito informarle que el convenio tuvo una suspensión, por tal motivo se interrumpieron los pagos, y este fue ampliado con el fin de cumplir con el número de pagos acordado, en el momento nos encontramos ampliando los acuerdos de conservación y en espera que el ministerio nos haga desembolso para iniciar con el cuarto pago”.

Pese a las dificultades, los campesinos ocupantes están esperanzados en la iniciativa del gobierno nacional de comprar tierras para entregarlas a labriegos que carezcan de ellas como parte de su estrategia para hacer una reforma agraria integral. El proceso lo inició la anterior ministra de Agricultura, Cecilia López, que concluyó funciones el pasado 1 de mayo. En su informe de gestión consignó la adquisición de las primeras 9.628 hectáreas. Esa tarea le ha quedado a la nueva titular de esa cartera, Jhenifer Mojica.

“Nosotros queremos quedarnos en estas tierras. Llevamos muchos años en ellas. Por eso es importante que el presidente Petro mire para esta región. Sabemos que no se pueden titular, pero por lo menos que nos dejen y nos mantengan los derechos de uso. Es lo mínimo que pedimos”, dijo uno de los labriegos que aceptó hablar con este portal.

La propietaria del predio, por su parte, pretende que la autoridad agraria le cancele el valor de la tierra a fin de que pueda legalizar la entrega que les hizo la ANT a 26 familias a través de los contratos de uso y formalizar los 19 contratos que fueron archivados.

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) prevé este tipo de transacciones cuando se trata de favorecer a campesinos sin tierra y se realizar por oferta voluntaria, pero ¿cómo hacer esa transacción si sobre esa propiedad pesa una medida cautelar ordenada por la Corte Suprema de Justicia que la saca del mercado de tierras hasta tanto la URT no tome una decisión definitiva?

Actuación preventiva

VerdadAbierta.com elevó una consulta a la Procuraduría 10 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios, con competencia en el departamento de Córdoba para establecer si conocía del enredo creado por la ANT. En respuesta, esa instancia del Ministerio Público afirmó que tuvo conocimiento del caso “por la consulta elevada por el medio de comunicación y la remisión que nos hicieron del oficio 20224301163491 que la ANT dirigió a la señora Adriana Isabel Gómez Echenique. No hemos recibido directamente queja o solicitud de intervención de la señora”.

“Una vez analizando el asunto –agregó esa Procuraduría– procedimos de manera oficiosa a abrir actuación preventiva en materia agraria (Radicado E-2023-275480), en la que se solicitará información a la Agencia Nacional de Tierras sobre el análisis de la naturaleza jurídica del predio Puerto Rico; copia de los expedientes de los contratos de uso para verificar el trámite adelantado por la ANT para el otorgamiento de los mismo dentro del polígono del predio; y los avances de la Agencia Nacional de Tierras con relación a las actuaciones que según se informó en el oficio 20224301163491 se surtirían ante la queja presentada por la señora Gómez Echenique”.

Además, se consultará a la autoridad agraria si la misma Agencia, o sus antecesoras (Incoder o Incora), “adelantaron alguna actuación con relación a la situación de ocupación del predio que ha denunciado la señora Gómez Echenique”.

Asimismo, “se dará traslado a la Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras para que adelante la actuación a que haya lugar ya que según se indica, la señora Gómez Echenique presentó solicitud de restitución de tierras ante la URT”.

De no encontrarse una solución adecuada, que favorezca tanto la propietaria del predio como a las familias que lo ocupan hace poco menos de 20 años, este nudo creado por el mismo Estado será difícil de desatar.

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El CINEP realizó una radiografía sobre diferentes factores que han perpetuado la guerra en este departamento. Los factores van desde la corrupción y la presencia de actores armados, legales e ilegales, hasta los megaproyectos y la propiedad de la tierra.

Para el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el departamento de Chocó puede ser leído como una gran paradoja. Por un lado, la enorme riqueza en recursos naturales y el aporte que hace a la economía del país contrasta con la pobreza, la discriminación, marginalidad y desigualdad en la que se encuentra sumida sus habitantes. La gran mayoría de su población es étnica: el 90 por ciento de sus habitantes pertenecen a las negritudes y el cinco por ciento a comunidades indígenas. 

“Las condiciones paupérrimas en las que viven estas poblaciones no son producto de la pobreza únicamente, sino que presentan un componente racializado”, se advierte en el informe ¿Por qué continúa la guerra en el Chocó? que presentó hoy esta organización no gubernamental.

En 2020, en promedio, una persona en Chocó vivió con 10.918 pesos colombianos diarios, que equivale a menos de la mitad del ingreso a nivel nacional. Para ese año, la situación se agravó por la crisis sanitaria que generó la expansión del Covid-19. En ese año, más del 60 por ciento de su población estaba en situación de pobreza monetaria y el 36 por ciento vivía en pobreza multidimensional, siendo más aguda la situación en zonas rurales de los municipios de Quibdó, Istmina, Carmen del Darién, Riosucio y Alto Baudó.

Chocó había puesto sus esperanzas en la paz para que sus necesidades básicas fueran atendidas, para ver crecer el campo y tener oportunidades fuera de la dinámica de la guerra. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), de 297.026 personas habilitadas para votar en ese departamento, casi el 80 por ciento de los votos (75.257) estuvieron a favor de los Acuerdo de Paz en el plebiscito de 2016. Hoy, lamentan, que sus esperanzas siguen frustradas.

Frente a la persistencia del conflicto armado en varias regiones chocoanas tras la desmovilización de las extintas Farc, distintas organizaciones sociales se articularon en agosto de 2017 alrededor de la propuesta Acuerdo Humanitario ¡Ya!, en la que identificaron los principales problemas del departamento para llevarlos a la mesa de diálogo que el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) adelantaba con la guerrilla del Eln en Ecuador. Espacio que no prosperó.

Investigadores del CINEP se concentraron en estudiar el periodo comprendido entre 2011 y 2020, que representa la primera década de vigencia de la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

El análisis se realizó con la salvedad de subregistros: uno, por el ineficiente conteo de  hechos victimizantes en territorios donde el Estado no tiene el control territorial y la institucionalidad es débil; y, dos, “aquellos hechos victimizantes que no son denunciados por las víctimas debido al temor a las represalias de los actores ilegales presentes en los territorios”.

Desangrada por la corrupción

Concierto para delinquir, prevaricato y delitos por narcotráfico son algunos de los cargos por los que han sido procesados políticos de Chocó. Los hechos muestran que entre 2010 y 2017 fueron capturados 15 concejales de los municipios de Riosucio, Nuquí, Istmina, Juradó, Litoral de San Juan y Quibdó; y que entre 2012 y 2015 hubo cuatro gobernadores, debido al rifirrafe que declaró nula la elección de Luis Gilberto Murillo Urrutia por inhabilidad para ocupar cargos públicos. 

Uno de los casos más recordados tuvo lugar a inicios de 2010, cuando el entonces gobernador Patrocinio Sánchez Montes de Oca fue condenado por peculado culposo por la Corte Suprema de Justicia. Los hechos están relacionados con un doble pago en un contrato de salud cuando fue alcalde de Quibdó (2001 – 2006). A raíz de eso, entre 2010 y 2011, el departamento tuvo cuatro gobernadores. 

El poder de la familia Sánchez Montes de Oca es ampliamente reconocido en Chocó y los escándalos no solo se han quedado en corrupción. Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, exjefe del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), aseguró que destinó grandes sumas de dinero a la carrera política de Odín Sánchez Montes de Oca. (Leer más en La paradójica figura del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca)

El poder del clan político volvió a ser cuestionado en las elecciones de las Curules de Paz, creadas por el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc para que víctimas del conflicto armado representaran a 16 regiones del país en el Congreso de la República. Según voces de la región, quien quedó en el escaño, James Hermenegildo Mosquera Torres, es cercano a la casa Sánchez Montes de Oca. (Leer más en Curules de paz: víctimas sienten que les robaron su espacio)

Según analizó el CINEP, el área de la salud es el sector en donde se presentan mayor número de casos de corrupción. En 2007 estalló el escándalo de la Lotería de Chocó que llevaba tres años presentando pérdidas sin girar recursos de ley al sector salud. 

También son recordadas las distintas intervenciones por las que ha atravesado el Hospital de Quibdó, que actualmente adeuda una suma de 17 mil millones de pesos, o la suspensión por tres meses que le impuso la Procuraduría al gobernador Ariel Palacios por presuntas irregularidades en un contrato para dar capacitaciones de prevención sobre el coronavirus por más de dos mil millones de pesos.

Le siguen los escándalos por incumplimiento en obras, uno de ellos, los siete años que ha tardado la construcción de la vía El 18-Ciudad Bolívar (Antioquia). Para 2019 se habían pavimentado 40 kilómetros de los 110 que tiene ese tramo, un promedio de 5,71 kilòmetros por año; o el detrimento de más de 19 mil millones de pesos por la no construcción del Sistema de Masificación de Gas Natural en los municipios de Tadó, Unión Panamericana, Condoto, Istmina, Certeguí, Novita, Bagadó, Andagoya y Cantón de San Pablo.

“Todo lo anterior denota la debilidad institucional, que se evidencia en el alto número de casos de corrupción que se presentan tanto en las elecciones como en la ejecución de contratos públicos, en particular en los relacionados con el sistema de salud e infraestructura”, concluye el CINEP.

Círculos de violencia

Entre 2011 y 2020, el 89 por ciento de las víctimas registradas a nivel nacional en el Registro Único de Víctimas (RUV) han sufrido desplazamiento. En Chocó, 462.550 personas han sido desplazadas forzosamente, eso equivale al 88 por ciento de la población y entre 2011 a 2020, 166.7398 fueron víctimas de este flagelo, siendo 2012 a 2014 (60.460 víctimas) el periodo con los índices más altos, mientras que 2018 (8.980) el más bajo.

En los últimos años la situación no ha mejorado. Según la organización CODHES, entre enero y noviembre de 2021, se registraron 9.857 víctimas de desplazamiento en Chocó. Muchos de esos casos están relacionados con la disputa territorial y el control de las rentas ilegales que libran el Eln , las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y, en menor proporción, las disidencias de las Farc; grupos armados que tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se lanzaron a ocupar las zonas abandonadas por las extintas Farc. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)

“En 2011 el control de las Farc-EP y de las AGC se generaba en el 83% de los municipios (25 de 30) y el ELN solo en un 40% (12 de 30). En 2021, tras 6 años de desmovilización como resultado del Acuerdo, las disidencias Farc-EP hacen presencia en un 20% de los municipios (6 de 30), las AGC siguen controlando el 80% de los municipios (24 de 30) y el ELN se ha expandido a un 80% de los municipios del Chocó (25 de 30)”, precisa el documento.

Otro asunto que llama la atención del CINEP es el fortalecimiento del Eln casi a la par de la dejación de armas de las extintas Farc. En el 2011 solo estaban presentes dos frentes: el Ernesto Che Guevara y el Resistencia Cimarrón. “En el 2021, se evidencia una presencia consolidada del Frente de Guerra Occidental conformado por 6 estructuras: el Frente Manuel Hernández “El Boche”, Frente Cacique Calarcá, Frente Ernesto “Che Guevara”, el Frente Resistencia Cimarrón, el Frente Omar Gómez y la Compañía Néstor Tulio Durán”.

En Alto Baudó (12,4%), el Litoral del San Juan (11%), Quibdó (10,7%), Riosucio (8,6%) y el Bajo Baudó (8,4%), se concentran los índices más altos de desplazamiento, esto, analiza el informe, a raíz de las constantes disputas de grupos armados legales e ilegales que han “convertido a la población negra, mestiza e indígena en objetivo militar y a sus territorios en botín de guerra aptos para el cultivo, el procesamiento y la comercialización de drogas ilícitas, la expansión de la frontera agrícola, la explotación de recursos minerales, la transformación del paisaje y la construcción de una infraestructura adecuada para atraer la inversión de capital”.

En los cinco municipios más afectados, el pico de desplazamiento ocurrió en un año distinto: En Bajo Baudó fue en 2012; Quibdó, en 2013; Litoral del San Juan, en 2016; Riosucio, en 2017; y Alto Baudó, en 2020.

Para Juan Pablo Guerrero, subdirector del CINEP y uno de los investigadores del informe, hay dos hechos claves subregionales sobre desplazamiento en Chocó: la de Bajo Atrato en septiembre de 2017 y la de Alto y Medio Atrato en marzo de 2022, especialmente en Bojayá.

En el Bajo Atrato, en las cuencas de los ríos Truandó, Domingodó, Curvaradó y Jiguamiandó, las comunidades dejaron sus tierras a razón de las confrontaciones entre Eln y las Agc por copar territorios de las antiguas Farc y controlar economías extractivas, rentas ilícitas y corredores geoestratégicos. Para este investigador, la situación del Bajo Atrato es una “crisis humanitaria sostenida” que permanece en silencio. “Pregúntale a un líder de Truandó si puede ingresar a su Consejo Comunitario. Incluso, ni la misma Iglesia puede ir. Debe solicitar permiso de uno u otro”, dice. 

Por otro lado, el año pasado, por la expansión de las Agc, las comunidades de Napipí, Pogue, Opogodó y Bojayá se vieron afectadas con el confinamiento de 3.700 personas. Sin embargo, Guerrero hace un llamado para ver la situación de Chicó como una crisis humanitaria departamental: “Acá urge de manera imperiosa convocar la Mesa Humanitaria del Chocó y sesionar a nivel subregional, convocar a variados actores y especialmente entidades públicas a examinar el qué pasa”. 

El recrudecimiento del conflicto armado pasa también por el aumento de los asesinatos. Desde el año 2011, la tasa de homicidios en este departamento ha estado por encima de la tasa nacional y presenta el mayor índice de homicidios en el país: 1.909 homicidios entre 2011 y 2020. En los últimos ocho años, Quibdó ha estado entre las tres primeras ciudades capitales con mayores tasas de homicidio en el país. Para 2020, la capital chocoana alcanzó un pico alarmante: 115,4 homicidios por cada 100 mil habitantes, casi cinco  veces la tasa nacional.

Esa aguda situación se ha reflejado en aumento del reclutamiento forzado de menores y toques de queda por enfrentamientos. Quibdó es botín de guerra del Frente Ernesto Che Guevara y la Compañía Néstor Tulio Durán del Eln; los grupos delincuenciales los “Los Mexicanos” y “Los Palmeños”; y las Agc.

Entre 2011 y 2016, las principales víctimas de homicidio en Chocó eran jóvenes entre 19 y 30 años, pero a partir de 2016 pasaron a ser adultos entre 30 y 60 años. En muchos casos, las muertes de jóvenes están relacionadas con el involucramiento en dinámicas de violencia.

De acuerdo con el estudio de CINEP, la fuga de jóvenes hacia la guerra se debe a “la desescolarización y el desempleo, que contribuyen a la vinculación de los jóvenes a grupos armados ilegales, en particular en las zonas urbanas de Quibdó, Istmina, Tadó y Riosucio”.

Cuatro municipios concentran el mayor número de homicidios: Quibdó (875 casos) que es tránsito obligatorio por parte de los actores armados; Istmina (137), caracterizado por el alto flujo económico derivado de la explotación minera; Riosucio (92), con dificultades frente a la propiedad sobre la tierra; y Bahía Solano (77), con disputas territoriales en relación a la comercialización y transporte de hoja de coca para uso ilícito.

Dentro de ese espectro, un daño contundente que recae sobre las comunidades es cuando silencian a sus líderes. Según el Programa Somos Defensores, desde 2011 hasta hoy, han sido asesinados 48 líderes y lideresas sociales en Chocó. Y según el CINEP, los “municipios donde se han presentado asesinatos a líderes/as tienen en común su ubicación costera —Bahía Solano, Nuquí, Bajo Baudó—, y su cercanía con polos de desarrollo económico y extracción minera —Alto, Medio Baudó, Nóvita, Bagadó, Cértegui y Quibdó—”.

El accionar de los grupos armados tiene patrones subregionales. En el Bajo Atrato y Darién, las Agc tienen condicionada a la población, después de haberse disputado a sangre y fuego el territorio con el Eln, por eso, esa guerrilla se replegó hacia el Alto y Medio Atrato. Esa situación ha derivado en desplazamientos forzados y el confinamiento de alrededor de cuatro mil personas en los últimos años, “siendo los indígenas los principales afectados por la situación de orden público”, y en donde los mayores afectados han sido las comunidades de Uva–Pogue, Alto Río Bojayá y Alto Río Napipi en el municipio de Bojayá–Bellavista.

En el Litoral Pacífico, las Agc y el Eln hacen presencia casi por igual, se trata de una disputa reñida. Por los intereses económicos sobre los cultivos de hoja de coca y la minería ilegal, en la subregión del Baudó, particularmente los municipios de Alto y Bajo Baudó, y el municipio del Litoral del San Juan, ambas estructuras armadas buscan del control territorial de los corredores de movilidad del narcotráfico con salida al océano Pacífico y a Centroamérica.

Mientras, en el San Juan la mayor presencia es del Eln, hegemonía disputada por las Agc y las disidencias de las Farc. La situación humanitaria se agudizó desde septiembre de 2021, cuando los ‘Gaitanistas’ rompieron el acuerdo de no agresión que había pactado con los ‘Elenos’. Desde entonces, la población negra e indígena ha sufrido fuertes confinamientos y desplazamiento, que en el último año, según el informe del CINEP, dejó más de 2.500 desplazados. (Leer más en Comunidades del San Juan vuelven a quedar entre las balas y Denuncian etnocidio en la región del San Juan)

Este centro de investigación prende las alarmas en esta región por las restricciones a la movilidad que han impuesto el Eln y las Agc, donde se obliga a las comunidades a permanecer en sus viviendas a partir de las 6 de la tarde; se condiciona el acceso a bienes y servicios esenciales; y se continúa vinculando a niños, niñas y adolescentes por parte de las estructuras armadas ilegales que controlan el territorio.

La presencia estatal a través de la Fuerza Pública se activó desde 2014 cuando entró en operaciones la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército. Sus operativos no han llenado las expectativas de las comunidades étnicas, que le han exigido mayor presencia en caseríos controlados por el Eln y las Agc. 

“Me llama la atención por ejemplo el número de Policías en Riosucio:12 para casi 40 mil personas y todos los actores armados ilegales en disputa. Por ello es que desde las 6 de la tarde están en acuartelamiento total”, señala Guerrero. “No desconozco que la Séptima División del Ejército haya generado operaciones militares donde se hayan generado bajas, capturas en flagrancia, entre otros. Pero es claro que la Fuerza Pública y la Policía no tienen la capacidad de brindar seguridad en los territorios étnicos del Chocó”. 

Frente al papel del Ejército, al investigador le llaman la atención tres puntos: uno, la connivencia entre algunos militares y miembros de las Agc para actividades relacionadas con la siembra y comercialización de hoja de coca. “Ellos saben dónde está sembrada, de dónde sale y por dónde entra”, dice el investigador de CINEP. Dos, que en territorio ha conocido testimonios que aseguran que una parte de los integrantes de las Agc son reservistas o soldados profesionales retirados. Y tres, que en variados espacios internos de seguridad se menciona que no tienen suficientes unidades.

“En últimas, en Quibdó, Riosucio o Istmina, el Ejército como la Policía conoce donde están los centros de operaciones tanto de Eln como de las Agc, saben quiénes son los ‘puntos’ y no pasa mucho”, concluye Guerrero.

Intereses sobre el territorio

El informe muestra al Chocó como un botín, en especial los territorios poblados por comunidades negras e indígenas, y revela cuatro situaciones que lo afectan: cultivos de hoja de coca para uso ilícito, minería, megaproyectos y restitución de tierras.

Los cultivos de hoja de coca para uso ilícito requieren atención bajo el entendimiento de la situación de vulnerabilidad de las comunidades, pues es en esta economía que se soportan familias enteras, aunque riña con el sostenimiento de la diversidad biológica y cultural de este departamento. 

Las cifras indican que desde 2014 el país venía experimentando un incremento en las superficies hectáreas cultivadas de coca, siendo 2016 (146 mil hectáreas) y 2017 (171 mil hectáreas), los años de mayor cultivo, tiempo que coincide con la formalización e implementación del Acuerdo de Paz. 

Al compararlo con la situación de los departamentos del Pacífico (Valle del Cauca, Cauca y Nariño), Chocó ocupó el cuarto y último puesto en cultivos de hoja de coca en ambos años.

Pero la situación cambió en los años siguientes. Según cifras del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), para 2021, el Chocó registró la más alta extensión de cultivos ilícitos en décadas: 5.060 hectáreas, posicionándolo en el tercer puesto como departamento del Pacífico en producción por encima del Valle del Cauca.

Una mirada panorámica a este fenómeno revela que entre 2011 y 2021 se cultivaron 25.175 hectáreas de hoja de coca para uso ilícito en el Chocó.  A nivel local, en el municipio de Istmina se registra más del 21 por ciento de esos sembradíos ilegales.

De otro lado, la ubicación estratégica de Chocó hace que, además, “los grupos armados ilegales usen los ríos, carreteras y la salida al mar para traficar y movilizar  la coca producida en otras regiones del país”, explica el documento del CINEP. Es el caso de Bahía Solano, en donde en los últimos 10 años no se ha registrado cultivos de coca, pero hace parte de la cadena del narcotráfico, al ser una zona de importante tránsito y comercialización.

El 70 por ciento de la hoja de coca sembrada en el departamento (15.278 hectáreas) entre 2011 y 2018 se encontraba en tierras colectivas de comunidades negras y el cinco por ciento en territorios ancestrales de pueblos indígenas (1.095 hectáreas). Hecho que ejerce poder sobre los territorios de las comunidades étnicas, “violando la autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas y afrodescendientes”.

En las comunidad negras, el primer lugar lo ocupa el Consejo Comunitario General del San Juan con 7.247 ha (47,4 por ciento del departamento), seguido del Consejo Comunitario del Río Baudó con 2.594 hectáreas (17 por ciento) y del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita con 2.295 hectáreas (15 por ciento). 

En relación con los resguardos indígenas en el Chocó, los de mayor número de hectáreas sembradas son: los Resguardos Catrú, Dubasa, Ankosó (Alto Baudó) con 298,2 hectáreas (1,3 por ciento), los Resguardos Bellavista–Unión Pitalito (Medio Atrato) con 145,59 (0,66 por ciento) y los Resguardos Ríos Torreido y Chimani (Bajo Baudó) con 124,98 hectáreas (0,5 por ciento).

Otro factor que convierte en botín al Chocó es que, literalmente, vale oro. En la actualidad, el departamento es el segundo mayor productor de oro en el país y en 2012 llegó a ser el mayor productor, según análisis del CINEP. Alto, Medio y Bajo San Juan han sido las regiones de mayor actividad aurífera y aunque desde 2012 la actividad minera por el metal precioso ha descendido en el departamento, otros minerales son codiciados.

Según el informe, el 16 por ciento del departamento está solicitado para la explotación de recursos, con un área total de 769.651,66 hectáreas: “Dentro de los solicitantes de los títulos mineros en el Chocó, la empresa Anglo American Colombia Exploration S.A. con 16 solicitudes es la que tiene mayor número, equivalente al 3,8% del total de las solicitudes con 37.387 ha; le sigue la empresa Anglo Gold Ashanti con 13 solicitudes que equivale al 3% del total de las solicitudes con 22.769 ha”.

Además, las solicitudes con mayor número de hectáreas las ha pedido Negocios Mineros S.A. con 10.282 hectáreas, localizadas en los municipios de Bagadó, Mistrató y Pueblo Rico; la empresa Alicanto Colombia S.A.S. con 10.179 hectáreas, ubicadas en el municipio del Litoral del San Juan; y a la empresa El Trapiche SOM con 10.123 hectáreas, situadas en el municipio de Carmen del Darién.

De otro lado están los títulos ya otorgados. A la fecha de publicación del informe, en Chocó había 170 títulos mineros. El 21 por ciento (36) están en etapa de construcción y montaje, el 54 por ciento (92) en etapa de exploración y el 24 por ciento (41) en etapa de explotación. Y son Exploraciones Chocó Colombia S.A.S y Anglo Gold Ashanti las empresas que tienen mayor control sobre los títulos mineros vigentes en el departamento.

VerdadAbierta.com había investigado a la empresa Exploraciones Chocó Colombia S.A.S por las tensiones que giraban en torno al antiguo proyecto Mandé Norte con la comunidad indígena de Uradá Jiguamiandó (Carmen del Darién y Riosucio). Este portal encontró que esta empresa hace parte de un grupo empresarial de cuatro corporaciones en Colombia, todas controladas por una empresa canadiense. (Leer más en: Proyecto minero inquieta a comunidades indígenas del Bajo Atrato)

“Siendo un territorio rico en recursos renovables y no renovables, la economía se ha concentrado en actividades extractivas lideradas por empresas que no han dejado capacidad instalada en la población, perpetuando así las condiciones de pobreza, marginalidad y desigualdad”, analiza el informe y concluye que los intereses sobre el territorio de las empresas pone en tensión las visiones de desarrollo de las comunidades ancestrales.

Sin embargo, la minería es una de las principales fuentes económicas de las comunidades negras de Chocó, por eso, existen 35 títulos en los que los consejos comunitarios se benefician de esta actividad, de los cuales 27 de estos están en manos del Consejo Comunitario mayor de Condoto Iró con un total de 19.918,04 hectáreas.

El caso del Consejo Comunitario de Condoto es reflejo de que la comunidad se beneficia efectivamente de la minería. En 2013 estas comunidades recibieron por parte de la Agencia Nacional de Minerías (ANM) títulos mineros para formalizar la minería artesanal, bajo esquemas de responsabilidad social y ambiental. 

“En esta zona existe el Programa Oro Verde, con certificados Fairtrade y Fairmined —sellos  que certifican oro de organizaciones mineras artesanales— para oro ecológico. Por esto, me atrevería a mencionar que se hace explotación con prácticas de preservación desde la sabiduría ancestral e identidad cultural”, dijo el subdirector del CINEP. 

El informe llama la atención sobre cuatro megaproyectos: El Puerto de Tribugá, la vía férrea hacia el Puerto de Tribugá, la Hidroeléctrica Talasá y la vía al mar Las Ánimas - Nula. En los cuatro casos de proyectos advierte riesgo de desplazamiento forzado. Sin embargo, la solicitud de concesión portuaria de Tribugá, impulsada por la Sociedad Portuaria Arquímedes S.A. (SPA), fue desestimado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en octubre de 2020. 

Comunidades en territorio, centros de investigación y organizaciones ambientales se habían opuesto a la megaobra, advirtiendo daños irreparables contra la biodiversidad pues con el proyecto se afectaba la Unidad Ambiental Costera Pacífico Norte Chocoano y el Parque Nacional Natural Utría. (Leer más en Nuquí, un paraíso donde se resiste bajo el imperio del miedo).

El Puerto de Tribugá iba a ser conectado con una vía férrea que tendría 92,43 kilómetros de longitud, 2 túneles y 7 puentes; por un costo de 34 mil millones de pesos. La vía afectaría a 400 mil personas de dos resguardos indígenas y cuatro consejos comunitarios. También se le une la vía conocida como “Las Ánimas - Nuquí”, un proyecto de 130 km que tendría los mismo impactos sociales que la vía férrea.

Sobre el proyecto que busca construir tres plantas hidroeléctricas en el río Atrato en jurisdicción del municipio Carmen del Darién, con la capacidad de producir cuatro veces la energía que hoy consume todo Chocó, conocido como Hidroeléctrica de Talasá, el CINEP señala que afectaría los territorios del cabildo El Fiera y del cabildo Sabaletas, además de la población campesina, mineros artesanales y habitantes tradicionales. 

A raíz de que la mayoría de estos proyectos cuentan con inversión extranjera, el CINEP advierte que la rentabilidad quedaría en manos de empresarios fuera del país, “y si bien cuentan con programas y proyectos para las poblaciones que los habitan, la percepción de los pobladores es que dicha contraprestación no es proporcional ni equitativa con las ganancias que podrían generar ni con los impactos que tienen sobre el medio ambiente y sus pobladores”. 

Cuando estos proyectos afectan territorios colectivos de comunidades negras o resguardos indígenas, la consulta previa es una obligación. Sin embargo, el informe ha identificado que en distintos casos, las empresas se acercan a las comunidades solo con el ánimo de cumplir con el requisito, y no abordan el derecho a la consulta previa como una garantía de participación efectiva en la discusión sobre las visiones de desarrollo sobre los territorios ancestrales.

Otro punto coyuntural es la tierra. La Unidad de Restitución de Tierras (URT) registra 128 procesos de restitución de derechos territoriales en Chocó. De los que 78 procesos (61 por ciento) son de  pueblos indígenas y 50 (39 por ciento) de comunidades negras, agrupando 39.038 familias étnicas del departamento. La subregiones del Litoral del Pacífico y el bajo Atrato han sido afectadas por estrategias de despojo violento. Allí se concentra el 67,18 por ciento de los procesos de restitución de derechos territoriales.

Uno de los casos más recordados es la Operación Génesis. En diferentes versiones dadas en los tribunales de Justicia y Paz se contó cómo a inicios de 1997 las Fuerzas Especiales 1 y Contraguerrillas 35, adscritas a la Brigada 17 del Ejército Nacional, con sede en Carepa (Antioquia), se aliaron con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) para atacar al Frente 57 de las Farc. Y en el proceso se desplazaron al menos cuatro mil personas de comunidades étnicas de Riosucio. (Leer más en Doce paramilitares fueron guías del ejército en la Operación Génesis: ‘el Alemán’ y “Vivimos en el territorio, pero no es nuestro”: mujeres del Bajo Atrato)

La extensión total del departamento de Chocó es de 4 millones 653 mil hectáreas, de las cuales 1 millón 272 mil hectáreas se han inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente en procesos étnicos. El 77 por ciento es reclamado específicamente por comunidades negras.

De estos, solo ocho casos están en posfallo y 30 en fase judicial. La mayoría (82 casos), se encuentran en fase administrativa, lo que equivale al 64 por ciento. “El hecho de que la mayoría de los procesos se encuentren en la fase administrativa, supone que la Unidad de Restitución de Tierras debe asumir el liderazgo y la responsabilidad”, explica el CINEP.

Sobre las comunidades que han sido beneficiadas con fallos de restitución hay varias anotaciones. Una de ellas es que las ocho sentencias han favorecido a pueblos indígenas, pero la que más llama la atención del CINEP es la baja implementación de las órdenes emitidas por los jueces. Las cuatro decisiones favorables que obtuvieron las comunidades Embera Katío, Embera Dobidá, Cuna y Tule en el municipio de de Unguía tienen un promedio de implementación del 35 por ciento, según otro estudio realizado por este centro de investigación.

¿Y el fin de la guerra?

Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido para el Chocó más de 30 alertas tempranas, 4 advertencias y 2 informes de riesgo. 16 de esas alertas aún están vigentes con alrededor de 400.000 personas en riesgo. 

“La Paz Total requiere mucho más que fusiles en silencio. Es necesario transformar la realidad socioeconómica y política del Chocó para alcanzar una paz estable y duradera”, considera Guerrero. “No es posible pensar en una Paz Total sin transformaciones territoriales regionales e incluso sin una real implementación del Acuerdo Farc – Capítulo Etnico. Si es así, la brisa del Atrato se llevará lejos lo construido”. 

En el marco de la Ley de Paz Total, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha adelantado diálogos con el Eln para conseguir el silenciamiento de los fusiles. Sin embargo, eso no ha llevado a la suspensión de la guerra en regiones como el San Juan, en donde las Agc y el grupo guerrillero se disputan el territorio. Alias ‘Pablo Beltrán’, segundo comandante del Eln y jefe del equipo negociador, dejó claro en entrevista con Colombia +20 que los diálogos con el gobierno nacional no significan que esa organización alzada en armas esté en cese al fuego multilateral y por tanto deje de enfrentarse a las Agc.

Según el subdirector del CINEP, La Paz Total tiene  muchas preguntas y dudas en los territorios, especialmente con las decenas de procesos sociales con quienes la organización de investigación ha trabajado por décadas. (Leer más en: Carácter político, la ‘zona gris’ del proyecto de ley para someter a las bandas)

“Un Acuerdo Humanitario, ya por decir algo, es parte fundamental del éxito, pero en concreto ¿qué significa la participación de estas organizaciones étnico-territoriales y sociales en el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese al fuego (MVMV) para la consolidación de la Paz Tota’?”, se pregunta el investigador. 

Guerrero considera que es urgente que el gobierno nacional convoque a las organizaciones sociales y las escuche: “Ahora ¿somos nosotros los que debemos convocar o el mismo Gobierno quien debería tener la iniciativa? Esa pregunta siempre me resuena. Por nuestra parte estamos dispuestos a hacerlo ¿tendremos la respuesta de ellos? Falta ver”.

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Al desplazamiento, silenciamiento y otras violencias se enfrentan decenas de mujeres reclamantes de tierra y defensoras del territorio en Carmen del Darién, Unguía y Riosucio, en Chocó. Según ellas, los lugares que habitan son dominados por grupos armados y terceros que tienen intereses en la ganadería o la agroindustria.

“Mientras uno está acá, lo llaman para decirle: ‘asesinaron a tal líder’”, expresó, con dolor e impotencia, una mujer negra de Riosucio, Chocó, que tiene un turbante en la cabeza y una sola trenza sujetándole el pelo. 

“La violencia no ha cesado —continuó—. Ahora lo hacen diferente, hay una violencia de silencio y es que tu no puedes decir nada. Si quieres estar dentro del territorio debes estar callada. Saber que se le llevaron su hijo, que le asesinaron su hijo, que le violaron a su hija… es duro no poder decir nada. Es algo que te mata desde el alma, el espíritu. ¡Es frustrante! Esa es la guerra que se está librando en los territorios: el silencio”.

Su voz se escuchó alrededor de una mandala de alimentos y plantas tradicionales del Pacífico, elaborado por un grupo de mujeres, negras e indígenas, reclamantes de tierra y defensoras del territorio del Carmen del Darién, Riosucio y Unguía, municipios del Bajo Atrato chocoano, como preámbulo a la presentación ante Nadiezdha Henriquez, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de los problemas que afrontan por los intereses de los grupos armados y económicos dedicados al acaparamiento de las tierras de la región.

Estos intereses se extendieron por las ricas tierras del Bajo Atrato desde finales de la década del noventa, cuando empresarios y ganaderos se hicieron a tierras abandonadas forzadamente por las comunidades étnicas, para llenar el territorio de árboles de teca, semovientes, banano y palma africana. 

En el caso de la palma, esas plantaciones fueron caracterizadas por la justicia como un “complejo engranaje criminal” que buscaba convertir el Bajo Atrato chocoano en la más extensa área cultivada para impulsar la extracción de aceite. Así, empresarios ponían el capital y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), conducidas por Vicente Castaño, aportaba los terrenos que habían adquirido en negocios en los que sus ejércitos ilegales imponían los precios de compra o que obtenían asesinando selectivamente y desplazando a las comunidades (Leer más en A la cárcel 16 empresarios de palma de Chocó y “Palmicultores se asociaron para delinquir”: Juez)

Sin embargo, poco se ha hablado de las afectaciones que durante tantos años padecieron las mujeres de esa zona del Pacífico y que persistieron entre 2011 y 2021, lapso en el que se cumplieron 10 años de haberse promulgado la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. (Leer más en Diez puntos clave de la Ley de Víctimas)

Curiosamente, cuando entró en vigencia ese mecanismo de reparación, las mujeres de Carmen del Darién recordaron que para esa  época ingresaron a sus territorios ‘Los Rastrojos’, un grupo armado surgido de las entrañas del narcotráfico del norte del Valle del Cauca y potenciado tras la desmovilización de las Auc. Tras ellos llegó una proliferación de amenazas contra las comunidades.

Poco más de una década después, todas coincidieron en que el territorio del Bajo Atrato, que en el pasado se disputaron las Farc y las Auc, hoy está cooptado por el grupo de origen paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (Agc).

La zona montañosa que está al occidente del municipio de Unguía “es de los armados”, afirmó, en diálogo con VerdadAbierta.com, una lideresa del municipio que prefirió mantener su nombre en reserva por seguridad. “Hay que avisarle a ellos —las Agc— cuando llega una persona distinta del territorio”, dijo otra mujer y una más complementó: “los actores armados están como primera ley, no hay garantías para representar los procesos”.

La voz de estas mujeres quedó recogida en el informe Mujeres: cuerpos y territorios despojados en el Bajo Atrato,  que le fue entregado hace un par de semanas a la JEP en un evento realizado en el municipio de Apartadó, Antioquia, y cuyo proceso de elaboración fue apoyado por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), en desarrollo del proyecto Vamos por La Paz, integrado por trece organizaciones de la sociedad civil colombiana y por diez organizaciones de la Red Francia Colombia Solidaridades (RFCS).

Las mujeres que hicieron parte del proceso de elaboración del informe ratificaron una visión innegociable: que los cuerpos de las mujeres indígenas y negras del Bajo Atrato están vinculados con sus territorios. Es ese lugar donde están los sueños, los temores o la memoria, y que se concibe de manera comunal, ancestral, para compartir y sobrevivir en la tierra.

“Las violencias contra las mujeres y sus impactos suelen ser consideradas ‘menos graves’ o simplemente parte de la experiencia de ‘ser mujer’”, llama la atención el documento. La razón, según la investigación, es que en contra de ellas se expresan formas de exclusión y marginación históricas, ejercidas “en razón de construcciones de raza y clase que recaen sobre las mujeres y sus territorios desde el proceso de colonización”.

El Bajo Atrato se debate entre territorios colectivos de consejos comunitarios de comunidades negras, resguardos indígenas y propiedad privada, en algunos casos traslapadas con territorios colectivos, lo que hace más intensa las disputas por la tierra. La investigación recalca que en esa región hay quince resguardos indígenas y veintidós consejos comunitarios conformados, muchos de los cuales se encuentran en pugna con terceros por la tierra.

“Para las mujeres —asevera el informe—, la zona cercana a la casa es, justamente, la que usan para el cultivo de pancoger, para la cría de animales de corral y la siembra de hierbas medicinales”. 

En una de las sesiones que las organizaciones realizaron para construir este documento, recogieron la voz de una mujer negra de Carmen del Darién que expresó la relación de ellas con la tierra: “La mujer, así supiera que se va a desplazar, siempre está pensando dónde sembrar la cebolla, poner su planta, así supiera que se tiene que ir pronto de ahí”.

Esta visión sobre el territorio ha sido difícil de conciliar. Según este informe, las comunidades negras han fijado más su relación con la tierra como patrimonio, mientras que los ganaderos o empresarios agroindustriales “considera las tierras de la subregión como baldíos de la Nación ineficientemente explotadas y marginadas de las tendencias del desarrollo”. En resumen es concebir a la tierra y el territorio como bienes por explotar.

Así se lo recordó una mujer negra de Riosucio a la magistrada Henriquez, para que sea tenido en cuenta en el macrocaso abierto  por la JEP a través del cual se investiga la situación territorial  de la región de Urabá, que abarca municipios de Antioquia y  Chocó: “En nuestra comunidad, la cuenca de los ríos La Larga y Tumaradó se está viviendo una violencia hacia la mujer por parte de grupos al margen de la ley y de empresarios que ven la naturaleza como un sujeto de extracción, igualmente que el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer del Bajo Atrato tiene un vínculo, un tejido muy fuerte con la naturaleza”.

“Vivimos en el territorio, pero no es nuestro”, sentenció un mujer del Bajo Atrato que pido mantener su nombre en reserva cuando piensa en los actores armados ilegales y los empresarios que ejercen poder en sus territorios ancestrales. (Leer más en: En La Larga-Tumaradó temen aumento de violencia contra reclamantes y Con búfalos ocupan tierras reclamadas por labriegos de la Larga-Tumaradó)

Mapeando el Bajo Atrato

Las investigadoras del CINEP se valieron de líneas de tiempo y cartografías sociales para recoger con las comunidades la información y hacerle frente al miedo. “El temor y la desconfianza permanentes, derivadas de la presencia de los actores armados y no armados en el territorio, hizo que los encuentros estuvieran llenos de silencios, precisiones que no se podían realizar y una sensación permanente de incertidumbre”, explica el documento.

Una de las situaciones identificadas a través de esas cartografías aplicadas en Carmen del Darién y Unguía fue que sobre los ríos y afluentes de esa región las mujeres sienten miedo y dolor. Principalmente porque han sido usados para la desaparición de cuerpos y por el incesante control que los grupos armados que navegan sus aguas imponen a ciertas horas y tramos. 

Actualmente, según dijeron varias lideresas en conversaciones con este portal, los brazos de agua se están viendo comprometidos con el cultivo y procesamiento de la hoja de coca para uso ilícito. “Esos químicos nos afecta a nosotros como comunidad, nos afecta la naturaleza, el agua. Nosotros sin agua no somos nada”, afirmó una de ellas.

Las mujeres son testigos de cómo en los últimos años en sus municipios han incrementado los sembradíos del cultivo ilegal. “Hay intereses de los grupos armados relacionados con la siembra de cultivos ilícitos”, resaltó una joven reclamante de 17 años de Riosucio. 

Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), Unguía pasó de 12,67 hectáreas cultivadas en 2019 a 175,24 hectáreas en 2020; Riosucio, de 148,83 hectáreas en 2019 a 155,65 hectáreas en 2020. En el Carmén de Darién es lo contrario: pasó de 232,42 hectáreas en 2019 a 192,67 en 2020.

El informe reconoce que en Curvaradó (Carmen del Darién), las zonas humanitarias de Nueva Esperanza, Andalucía, Costa Azul, Camelias, Guamo, Caño Manso y Caracolí son consideradas lugares relativamente seguros ante la presencia de los actores armados porque por allí no suelen transitar y por el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales. 

Sin embargo, la presencia de personas vestidas de civil que hacen parte de las Agc, llamados ‘puntos’, las hacen sentir inseguras, pues cumplen el rol de informar a sus superiores los movimientos de las comunidades por ríos y carreteras. “Jovencitos que estudiaron conmigo en el colegio ahora uno los ve con armas como ‘puntos’ dando permiso a una para entrar al territorio”, contó una joven lideresa reclamante de tierras de Riosucio. “La necesidad empuja a la gente a esas dinámicas”, lamentó.

De otro lado, las comunidades embera de Alto Guayabal que establecieron su territorio a inmediaciones del río Jiguamiandó tienen varios lugares sagrados a los que no pueden acceder porque las Agc y la guerrilla del Eln transitan por esos sitios. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)

La violencia sexual fue puesta sobre la mesa especialmente por mujeres de Unguía. Las amenazas y otras acciones de violencia sexual contra ellas han sido usadas como medios para amedrentar sus liderazgos. “A mí me llegaron ofreciendo plata por mi hija. Yo dije ‘yo no voy a vender a mi hija’. Pero hay muchas madres que lo hacen”, expresó una lideresa que prefirió mantener la reserva de su nombre.

En el caso de las mujeres del resguardo Arquía, su territorio está cercado por fincas ganaderas y en la zona aledaña a la frontera con Panamá con cultivos de hoja de coca, lo que implica que para moverse por la región deben atravesar predios de terceros. Y eso resulta peligroso. 

Retorno incierto

El cumplimiento de las medidas cautelares y las órdenes contenidas en las sentencias de restitución de tierras son factores que las mujeres resaltaron con preocupación. El incumplimiento de las condiciones para que las mujeres puedan disfrutar de sus territorios se ha traducido en que muchas de ellas y sus familias no hayan retornado a los predios de donde se desplazaron en el pasado por la fuerte presencia de grupos armados.

En 2015,  un equipo de investigadores del CINEP elaboró un documento para la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el que encontró que dentro del consejo comunitario de Larga y Tumaradó existen por lo menos 413 predios individuales, que suman 34 mil hectáreas, registrados y traslapados con el territorio colectivo de las comunidades negras. 

Desde 2012, cientos de familias han regresado por su propia cuenta a los predios que reclaman ante la justicia transicional. Acciones que fueron respondidas con operativos de desalojo ordenados por los inspectores de Policía de Riosucio, Chocó y de Mutatá y Turbo, Urabá antioqueño. (Leer más en Título minero enreda restitución en consejo comunitario La Larga-Tumaradó)

La situación escaló la violencia en la región hasta que el 12 de diciembre de 2014, el Juez Primero del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó profirió el Auto Interlocutorio 00181, mediante el cual impuso medidas cautelares tendientes a proteger a 39 familias negras y mestizas que ocuparon predios ubicados en la comunidad La Madre, una de las 48 que integra el territorio colectivo de La Larga y Tumaradó. Sin embargo, las lideresas denuncian que las 15 medidas dictadas por la justicia pocas se han cumplido. (Descargar Auto 00181)

Por ello, una mujer de la comunidad Madre Unión, del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, espera que por parte de la JEP salgan otras medidas cautelares e hizo una solicitud: “Como mujer, como madre maltratadas, violentadas del Bajo Atrato, que se tenga prioridad con las mujeres en esas medidas cautelares, que se nos brinde la protección necesaria para poder nosotras participar en estos espacios”.

Y alertó al tribunal de justicia transicional. “Participar en estos espacios para nosotros es riesgoso. Cuando regresemos a nuestros territorios nos vamos a encontrar con el terrateniente, con el empresario, con los grupos al margen de la ley como son las Agc”. Todos, aseveró, les pedirán que rindan cuentas de su viaje fuera de sus territorios.

En otros casos, como el del resguardo embera Eyakera, que desde 2016 el Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó ordenó la restitución de cinco mil hectáreas a la comunidad indígena, se debaten entre tener el territorio y enfrentarse al tránsito de actores armados ilegales y colonos que llegan a talar los bosques.

El del resguardo Eyakera, no es el único caso. “Si bien el Tribunal de Antioquia, mediante la sentencia 022 de 2018 ordenó la restitución de los derechos territoriales étnicos sobre 1.397 hectáreas a la comunidad de Tanela, según las mujeres este proceso ha presentado múltiples dificultades que aún no tienen solución”, detalla el informe.

La comunidad Embera Katío de Tanela afronta un situación tensionante con los ganaderos que colindan con su territorio. Sus lideresas aseguran que han venido corriendo los límites de sus fincas, muchas de las cuales sirven como el medio para que los indígenas generen recursos económicos trabajando en ellas.

“La situación se agrava porque los sitios sagrados de las comunidades de Tanela, como el punto Morrocoy, están en los predios de los ganaderos y no pueden acceder a ellos. Así, si bien en principio y legalmente, los derechos territoriales de la comunidad de Tanela sobre su territorio están reconocidos, el Estado no ha garantizado su goce efectivo, y principalmente, las mujeres siguen viviendo confinadas en pequeñas comunidades que están en medio de grandes propiedades”, alerta el informe de CINEP.

Una situación similar atraviesan en el municipio de Riosucio las mujeres de los consejos comunitarios de los ríos La Larga y Tumaradó, y Pedeguita Mancilla. El informe advierte que la movilidad mediante el transporte fluvial se ha visto deteriorada debido al desecamiento, la contaminación y la sedimentación de los ríos. 

Como los afluentes, el cerro Cuchillo posee un importante valor sociocultural, pero sus alrededores “han sido enormemente afectadas por la deforestación para ganadería extensiva y aprovechamiento forestal, repercutiendo en los ecosistemas y, por supuesto, en el buen vivir de las mujeres y sus comunidades”, se lee en el informe.

Las mujeres sienten que la mayor parte del territorio es inseguro, saben que el municipio es un corredor de movilidad entre el municipio de Bahía Solano, en la costa del Pacífico chocoano y Panamá. “El poder es lo que nos afecta”, dijo una mujer negra tras recordar el movimiento de armas y narcóticos que se da por los ríos que cruzan sus territorios.

“Para las mujeres de ambos consejos, la llegada de terceros ajenos al territorio colectivo, llamadas no ancestrales, es también fuente de conflicto, ya que por tener intereses económicos en la región, generaron estrategias de repoblamiento con personas provenientes de otros lugares del país. A la par, aliándose con grupos armados, han buscado debilitar el tejido social y organizativo, y en ocasiones, incluso, promover venta de terrenos al interior del territorio colectivo, interviniendo en los espacios de decisión de las organizaciones étnico-territoriales, buscando posicionar allí personas afines a sus intereses”, reitera el informe. 

Si bien las mujeres identificaron la mayor parte del territorio de sus consejos como inseguro, exceptuaron a la comunidad de Santa Cruz de la Loma, al que consideraron como un lugar respetado, por cuanto hay un nivel organizativo fuerte.

Al referirse al Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, el informe indica que persisten las afectaciones generadas por la Operación Génesis, que propició uno de los desplazamientos y posteriores despojos más grandes que ha padecido el país. “Es una referencia central en la memoria y en la forma en que las mujeres narran y mapean su territorio actual”, dice el informe.

El 24 de febrero de 1997, las Fuerzas Especiales 1 y Contraguerrillas 35, adscritos a la Brigada 17 del Ejército Nacional, con sede en Carepa (Antioquia), se aliaron con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) para atacar al Frente 57 de las Farc, según versiones dadas ante los tribunales de Justicia y Paz por el exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. (Leer más en Doce paramilitares fueron guías del ejército en la Operación Génesis: ‘El Alemán’) 

Las tropas militares, bajo el mando del entonces general Rito Alejo del Río, comandante de  esa guarnición militar y conocido como ‘el Pacificador del Urabá’, se movilizaron por aire con paramilitares y libraron una guerra contra las unidades guerrilleras asentadas en los caños Salaquí, Cacarica y Truandó, afluentes del río Atrato en el municipio de Riosucio. Esto, y la posterior decapitación del campesino Marino López por parte de paramilitares, provocó el desplazamiento de por lo menos cuatro mil personas de la región. Por estos hechos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado. (Leer más en: Estado no protegió a comunidades durante Operación Génesis)

“Y hasta luego, Marino López. Tu memoria quedó aquí. Adiós, casita bonita. Casa donde yo viví. Santo Dios y Santo fuerte. Santo fuerte y Santo Dios”, cantó un alabao una mujer negra de Riosucio durante la presentación del informe ante la JEP, en memoria de los atroces hechos que ocasionaron con aquella operación tropas estatales y paramilitares.

Persiste la lucha

Detrás del despojo material de las comunidades sobre sus territorios se sumó el despojo jurídico, en los que en papeles notariales se formalizó el robo de tierra ancestral de los pueblos étnicos del Bajo Atrato. Años después esas estrategias delictivas salieron a la luz. 

En septiembre de 2013 el Juzgado Adjunto al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín ordenó la cancelación de las escrituras 735 del 8 de octubre de 2002 y 767 del 10 de septiembre de 2004, suscritas en la Notaría Única de Carepa, Urabá antioqueño, que fueron destinadas por los empresarios Luis Fernando Zea y Héctor Duque para la implementación del proyecto agroindustrial de la palma.

Como lo registró este portal, Zea y Duque crearon la empresa Promotora Palmera de Curvaradó (Palmadó Ltda), con el fin de participar en un  extenso proyecto de palma africana en el Bajo Atrato Chocoano, liderado por el exjefe paramilitar Vicente Castaño.

Una mujer negra de esa región, que fue víctima de ese sistema de despojo advirtió que no está en disposición de permitir un nuevo episodio de estos: “Las mujeres vamos a estar ahí dando la pelea porque no nos vamos a desplazar”.

Al respecto, en conversación con este portal, una mujer de la cuenca del río Cacarica, Riosucio, insisto en que “una de nuestras fortalezas es no volver a pasar por lo que vivimos en el 97 —la Operación Génesis—. Nosotros sufrimos mucho a través del desplazamiento y seguimos sufriendo aún. No queremos que se repita un nuevo desplazamiento. Seguimos peleando y seguimos reclamando desde nuestro territorio. Eso es lo que nos da la fuerza porque ahí está la vida. Ahí está la esperanza. Toda nuestra vida ha estado ahí”.

Violencias múltiples

El  reciente informe presentado a la JEP evidencia la poca representación de las mujeres en el proceso de restitución de tierras, en comparación con los hombres. Su rol en las comunidades ha sido relacionado con las labores del cuidado a las que, históricamente, han sido relegadas. 

“Por ejemplo, para venir hoy al taller, me levanté a las 4:30 de la mañana a organizar la casa, dejar comida hecha, los niños organizados para el colegio, todo”, ilustró una de las mujeres negras de Riosucio que participó en el proceso de elaboración del informe.

La participación de las mujeres en procesos sociales o en reclamaciones de tierras genera expresiones del machismo que les recuerdan que ellas solo viven para la crianza de los hijos. “En algunos casos sufrimos de estigmatizaciones y se nos tilda de ‘malas madres’ por andar en las reuniones”, expresó una mujer negra de Riosucio en uno de los talleres previos. “Los padres los engendran y se van, ellos no tienen que ver, y asunto tú con tú”, indicó otra mujer, cuya voz fue reproducida en el informe.

“Yo le pregunto a su señoría —refiriéndose una de las asistentes a la magistrada Henriquez—, ¿usted es madre? Como usted es madre, usted entenderá el dolor que siente una madre para parir sus hijo, pero es un dolor que con un par de tomas de plantas se cura; pero el dolor de una madre de ver cómo le asesinan su hijo, cómo le violentan sus hijas sexualmente, ver cómo le desaparecen su hermano o una hija, cómo le asesinan su padre al frente de su cara, ese es un dolor que te taladra la vida, que día día deteriora tu cuerpo”.

Cuando las mujeres han logrado darle lugar a su lucha no hay oídos que no las escuchen. En el taller que las investigadoras realizaron en Riosucio, como parte de la construcción del informe, una de las mujeres narró que les ha hablado con determinación a los hombres líderes de la comunidad y ahora “ellos a mí me necesitan pa’ irse a hablar con cualquier grupo armado con el que tienen problemas, ellos me dicen: ‘Ay vamos, la necesitamos a usted porque usted habla bien allá’. Yo no tengo miedo”.

Las violencias sobre el acceso a la tierra en algunos casos vienen desde el hogar, cuando las mujeres son afectadas por sus derechos patrimoniales y económicos. Para ilustrar este tipo de situaciones, el informe detalló el caso de una mujer mestiza de Carmen del Darién: “Mi esposo me dice que no tengo derecho a la tierra porque yo no soy su primera mujer. Yo llevo más de nueve años con él, pero siempre me dice que esa tierra él se la va a dejar a los sobrinos que él crió”.

Para esta mujer — concluye el informe de CINEP — al temor por la posibilidad de un desplazamiento derivado de las acciones de los grupos armados se le suma el de ser despojada de la tierra por su esposo: “Este tipo de situaciones contribuye a la perpetuación de las violencias contra las mujeres, porque algunas de ellas consideran que si se separan de su esposo o compañero pierden el derecho que tienen sobre las tierras”.

El documento reitera que la vulnerabilidad de las mujeres se ha intensificado por tres factores: la disputa territorial que desde 2015 se ha mantenido entre el Eln y las Agc por las zonas antes comandadas por los frentes 34 y 57 de las Farc; la explotación de madera, de minerales como el oro y los cultivos de coca —sobre los que los grupos armados ilegales ciernen sus intereses—; y por vivir en un corredor para el tránsito de economías ilícitas, de personas y armas que conecta con el golfo de Urabá, el océano Pacífico y el Tapón del Darién hacía Panamá. 

Según el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, entre 2015 y 2021, en Unguía, Riosucio y Carmen del Darién, tuvieron lugar 125 casos de violencia de género, de los cuales, 88 ocurrieron en Riosucio. A lo largo de los años, los reportes de violencia que las mujeres hacían a las autoridades tendía a aumentar, aun cuando se estimó un alto subregistro por las condiciones adversas para que las mujeres denuncien y por la naturaleza del registro de los datos que no facilita filtrar el contexto de las agresiones.

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en el marco del conflicto, en esos tres municipios se cometieron 241 casos de violencia sexual entre 2006 y 2020. En primer lugar está Riosucio (173), seguido por Unguía (49) y El Carmen del Darién (19).

Las violencias sexuales se han extendido hasta las hijas de las lideresas, como es el caso de una mujer negra de Riosucio que participó de los talleres previos realizados en el municipio de Apartadó. Su hija, de 12 años, está siendo acosada física y sexualmente “por un mando paramilitar”, una práctica que, al parecer, va en aumento. “Hay una proxeneta que ‘valora’ a las niñas y las ‘cotiza’ al paramilitar, y poco a poco las van seduciendo. Después de lograrlo, se las llevan a vivir y al quedar en embarazo las devuelven a las casas maternas y nunca las vuelven a mirar, ni siquiera responden por los hijos”, se relata en el informe.

Las madres del Bajo Atrato temen que sus hijos cumplan 18 años porque, según ellas, tras llegar a la mayoría de edad se ven en la obligación de prestar el servicio militar obligatorio.

Para ellas, la formación militar no es el problema de fondo, sino que una vez terminado, que en promedio dura 18 meses, no van a estar seguros en el territorio. “¿Por qué no pueden entrar al territorio?”, cuestionó una madre de la región en la presentación del informe. “Porque ahí están los grupos al margen de la ley esperandolos constantemente para que también le rindan a ellos un servicio… para hacerlos esclavos del narcotráfico”.

Las organizaciones lograron establecer en las sesiones de trabajo con mujeres y recabando en otras bases de datos que, en Riosucio, ocurrieron 65 hechos de violencia contra mujeres —homicidios, amenazas, atentados y violencia sexual, entre otros— que defienden la tierra y el territorio, desde 1997 hasta 2010. En El Carmen del Darién se cometieron 26 hechos victimizantes entre 2011 y 2021. 

En Unguía abunda el miedo. Cuando se trata de hablar sobre los cultivos de coca para uso ilícito y los grupos armados ilegales, rehuyen de las respuestas. “Es indudable que conocen los peligros y los directos responsables de las intimidaciones y victimizaciones —señala el informe—, pero no son capaces de mencionar nombres; en ocasiones, se refieren a estas personas como ‘los duros’, para evitar dar nombres propios y ante las preguntas profundas prefieren abstenerse”.

Según las investigadoras de CINEP, por el control de la Agc en Unguía, muchas familias no han retornado a sus territorios. Las que se han arriesgado han sido violentadas. Como una lideresa que en 2012 fue amenazada por hospedar a una persona externa del territorio en su casa; en 2016 otra lideresa recibió amenazas por estigmatizaciones. En el caso de las mujeres del resguardo Cuti, han sido señaladas de guerrilleras y amenazadas con ser violadas sexualmente por integrantes de grupos de origen paramilitar.

La JEP quiere nombres

“Este informe es el fruto de esa lucha, de esa constancia, de esas mujeres luchadoras que somos del Bajo Atrato y de las comunidades. Quiero que ese informe no solo se quede aquí. Esta es la siembra, el fruto lo vamos a crear nosotras. Vamos a ser constantes y vamos a ser veedoras para que salga un buen fruto. La JEP es una buena tierra, así lo siento yo”, expresó una mujer negra del Consejo Comunitario de los ríos de La Larga y Tumaradó al momento de la entrega del documento.

Si bien la JEP cuenta con sentencias de otros tribunales, así como con diversos documentos de análisis y testimonios, la magistrada Henriquez reconoció en la entrega del informe preparado por CINEP que el macrocaso sobre la región de Urabá aún necesita construir muchos de los relatos con detalles de tiempo, modo y lugar para que los responsables reconozcan las consecuencias de sus actos y se logre un esclarecimiento pleno de los hechos del conflicto.

“Necesitamos los nombres. Y eso es un paso muy duro respecto al miedo y el dolor. Esos nombres no tienen que decirlos necesariamente ustedes, esos nombres tienen que decirlos sus acompañantes y las denuncias y los contexto que parten de sus sensibilidades. Sus experiencias y su mensaje debemos transformarlos en denuncias reales que nos permitan, por un lado, con este informe y el modelo de justicia que estamos trabajando, poder hacer preguntas a quienes tenemos al frente”, expresó la magistrada.

También llamó a las mujeres a decir los nombres de los empresarios que se lucran de tala de árboles o del procesamiento de materias primas que dejan sangre en los territorios y se venden a altos precios lejos de Chocó. Y recordó que aunque el tribunal de justicia transicional y otras instituciones del Estado responsables del bienestar de estas comunidades conozcan los nombres de estos empresarios, pasará un tiempo hasta que actúen y tendrán que seguir conviviendo en los territorios con ellos. Lo clave es establecer de qué manera. 

Uno de los reclamos que frecuentemente hacían las víctimas en cuanto a su derecho a conocer la verdad era el caso de alias ‘Otoniel’, el máximo jefe de las Agc, quien fue extraditado en mayo de este año a Estados Unidos, sin confesar toda su verdad a la JEP sobre posibles alianzas criminales de sectores políticos y económicos. (Leer más en La apuesta de ‘Otoniel’ por la JEP no lo salvó de su extradición)

“Que yo lo pueda abrazar y decirle —a ‘Otoniel’—: ‘hermano mío: sanante. Pero no te vas a sanar en la cárcel, sino allá en la comunidad, dando la cara, hablando contigo’”, expresó una mujer de la zona humanitaria de Nueva Vida y Nueva Esperanza, del municipio de Riosucio.

Al respecto la magistrada le recordó a las  mujeres víctimas que antes de otorgar el perdón y propiciar encuentros con los victimarios, deben evaluar el aporte a la verdad y reparación. Con aquellos responsables que sí lo hagan deberán empezar a realizar propuestas de reparación, conocidos dentro del proceso de justicia transicional como Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR). 

“Después de que sean conscientes de las consecuencias de sus acciones, en ese momento miramos si se merecen el abrazo, pero no hay que perder de vista que igual merecen una sanción”, recordó Hernández. 

El otro pendiente sobre el que llamó la atención la magistrada es a trabajar por la resignificación de los territorios del miedo, que han sido y permanecen afectados por terceros; así como a mantener los lugares culturales, de la cosmovisión y del disfrute en el que se sienten seguras.

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En un escueto mensaje remitido ayer, el mayor Jorge Andrés León Suárez, jefe regional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo de la Policía Nacional les comunicó a los Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras y a la Dirección de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras (URT) la salida de por lo menos tres grupos especializados de agentes que acompañaban los procesos de restitución de tierras.

El mensaje especifica que saldrán de las territoriales de Urabá el Escuadrón Motorizado Rural (ESMOR 2); de la territorial Córdoba, el Escuadrón Móvil de Carabineros y Antiterrorismo (EMCAR 1); y de la territorial Antioquia, el Escuadrón Móvil de Carabineros y Antiterrorismo (EMCAR 2), que hacen parte de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo (UNIRET), adscrita, a su vez, a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural.

Estas unidades policiales prestaban servicios de acompañamiento y seguridad a los funcionarios de la URT y a los operadores judiciales en sus tareas de campo, entre ellas la verificación de los predios reclamados, la recolección de pruebas que buscan establecer la relación entre conflicto armado, desplazamiento y abandono de los predios, y el fortalecimiento de las medidas de seguridad en las zonas a donde han regresado los reclamantes de tierras.

De acuerdo con el mensaje enviado por el mayor León Suarez, el traslado de esas unidades policiales especializadas obedece a órdenes “del mando institucional”, sin que se agregaran más explicaciones al respecto. Esos grupos serán trasladados al departamento de Putumayo para garantizar la seguridad durante la segunda fase de erradicación de hoja de coca para uso ilícito. Esas tareas, según dijo, tendrán una duración de cien días. (Leer notificación)

El oficial indicó en su comunicación a las autoridades agrarias que en cada territorial (Urabá, Córdoba y Antioquia) “queda dispuesto un grupo de UNIRET, para la continuación de las actividades requeridas y solicitadas. De igual forma se coordinará el apoyo por parte de unas unidades de carabineros para algunas actividades que se enmarquen con cada una de las territoriales”.

Una fuente policial consultada al respecto indicó que con el fin de cumplir con las actividades administrativas y judiciales, se continuará coordinando con los comandos departamentales de Policía (Antioquia y Córdoba) y el Ejército Nacional con el fin de impedir que se frene el proceso de restitución.

Este portal quiso conocer detalles de esa decisión, como, por ejemplo: ¿Cuántos uniformados serán trasladados al Putumayo? ¿Cuántos quedarían en cada una de las territoriales? ¿Por qué se recurre a unidades especializadas en restitución de tierras? Pero no fue posible obtener respuesta.

Fuentes de la URT confirmaron la recepción del mensaje enviado por el mayor León Suárez. Al respecto, sostuvieron que las tareas de esta entidad no se afectarán por cuanto se tienen buenas relaciones con el Departamento de Policía Antioquia y las Fuerzas Militares.

No obstante, podrían verse afectadas algunas labores de campo para fortalecer la etapa administrativa de las demandas, de por sí ya restringidas por la expansión del virus COVID-19 y las medidas tomadas por el gobierno nacional para contenerlo, que implica restricciones a la movilidad de los funcionarios de la URT.

Las fuentes consultadas en esta entidad aseveraron que la etapa administrativa de las demandas está muy avanzada. Donde hay que acelerar el proceso, según especialistas consultados, es en la etapa judicial, donde hay casos represados hace más de tres años sin sentencia y en el cumplimiento de las órdenes que los jueces emiten en sus fallos.

Uno de los casos que más demoras evidencia está, justamente, en el Urabá antioqueño, donde aún no se dirime la reclamación de una comunidad afrodescendiente por tierras ancestrales que serían ocupadas en desarrollo del proyecto conocido como Puerto Antioquia. Desde hace más de tres años, el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Tierras de Apartadó tiene en su escritorio la solicitud de restitución. (Leer más en: Puerto Antioquia: ¿irregularidades de gran calado?)

¿Qué es la UNIRET?

La Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigencia el 1 de enero de 2012, estableció que las autoridades competentes deberían adoptar medidas de protección integral destinadas a garantizar la vida de “las víctimas, testigos y a los funcionarios públicos que intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en especial de restitución de tierras”.

También estipuló esa norma que “el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Pública, en coordinación con el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad en los procesos de restitución antes, durante y después de que se lleven a cabo”.

Bajo ese marco legal se expidió la Resolución 03068, fechada el 12 de agosto de 2013, mediante la cual se creó la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo (UNIRET) y se integró a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural.

A esta unidad especializada se le asignó como misión el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional para realizar un acompañamiento efectivo durante el proceso de restitución de tierras y garantizar la protección de todos aquellos que participan en sus etapas administrativas y judiciales, tal como lo estableció la Ley 1448, y desplegó por lo menos 30 grupos operativos en aquellas regiones del país priorizadas para acompañar labores de documentación de denuncias por despojo de predios rurales en razón del conflicto armado.

Esta unidad especializada ha pagado una alta cuota de sangre en su tarea de proteger el proceso de restitución. Una de las acciones más grave en su contra ocurrió el 11 de abril de 2018 en zona rural de San Pedro de Urabá, cuando una comisión judicial de restitución de tierras, acompañada por agentes de la UNIRET, fue atacada con explosivos. En la acción dinamitera, atribuida a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’, perdieron la vida ocho agentes. (Leer más en: El difícil panorama de restituir en el corazón de las tierras ‘gaitanistas’)

En su informe de gestión sobre las actividades de 2020, la URT consignó que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año, “puso en conocimiento de la Policía Nacional 95 casos de situaciones particulares de amenaza y riesgo, o de posibles homicidios, en contra de reclamantes de tierras, para efectos de la adopción de medidas de prevención y seguridad a favor de la población reclamante de tierras”, evidencia del grave riesgo que corren aquellas personas que buscan recuperar los predios de los cuales presuntamente fueron despojados en medio del conflicto armado.

De acuerdo con ese informe de gestión, Antioquia acumuló 22.044 solicitudes de restitución a diciembre 31 de 2020, siendo el departamento con más peticiones en el país. Con respecto a Córdoba, se registran 4.369 solicitudes inscritas.

Plan de erradicación

La otra cara de la decisión de la Jefatura Regional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo de la Policía Nacional la expone el departamento de Putumayo, a donde llegarán las unidades que saldrán de los departamentos de Antioquia y Córdoba.

De acuerdo con recientes informes del Ministerio de Justicia y del Derecho, en ese departamento se contabilizaron, a finales de 2020, por lo menos 24.972 hectáreas sembradas con hoja de coca para uso ilícito, que corresponden al 16 por ciento de las identificadas en todo el país. De acuerdo con esa cartera de gobierno, Putumayo hace parte de las regiones priorizadas para adelantar allí labores de erradicación por parte de la Fuerza Pública. Se suman Antioquia, Caquetá, Córdoba, Guaviare, Nariño y Norte de Santander, que concentran el 90 por ciento de los sembradíos ilegales.

La intervención de las autoridades en Putumayo, intensificada durante el 2020 en plena pandemia generada por la expansión del virus COVID-19, ha generado un fuerte rechazo de las comunidades campesinas dedicadas a esta labor ilegal, que reclaman una atención integral del Estado y rechazan las medidas de fuerza para atender la proliferación de los cultivos ilícitos. (Leer más en: “Entre la razón y el olvido”)

A sus reclamos se han sumado la Coalición Acciones para el Cambio, que, desde el año pasado, recién comenzaban las medidas de contención para prevenir la expansión del virus COVID-19, recogió las quejas de los campesinos del Putumayo ante la intensificación de las campañas de erradicación forzada.

En un comunicado fechado el 30 de marzo de 2020, esta Coalición planteó que se atendieran “las medidas de aislamiento preventivo obligatorio ordenado por la Presidencia y suspender los operativos de erradicación forzada, a fin de evitar contagios de COVID-19, esto con el objetivo de garantizar el derecho a la salud y la seguridad alimentaria de la población campesina, considerada una población en riesgo”.

Y solicitó avanzar “en el cumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria firmada con las comunidades campesinas y evitar operativos de erradicación forzada donde se han alcanzado dichos acuerdos”, haciendo referencia al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS),  pactado en el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC, y que a pesar de los esfuerzos de las comunidades por acoger esta iniciativa, el Estado ha sido incapaz de cumplir cabalmente.

La crítica situación en Putumayo, donde convergen varios grupos armados ilegales que se lucran del narcotráfico, también afecta a los liderazgos sociales. Una de las muertes más sentidas fue la de Marco Rivadeneira, asesinado el 19 de marzo en la vereda Nueva Granada, del municipio de Puerto Asís. Este líder era una de las voces más representativas en la promoción de la sustitución voluntaria y en la búsqueda de alternativas para quienes habían quedado por fuera de los programas de sustitución de cultivos. (Leer más en: ¿De aquí vinieron las balas contra los líderes sociales?)

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a diciembre 31 de 2020, en el Putumayo 20.350 familias se habían inscrito en el PNIS (de un total de 99.097 familias en todo el país), y por cuyo compromiso erradicaron, según verificación de esta agencia internacional, 9.904 hectáreas de hoja de coca para uso ilícito. Esta iniciativa abarca los municipios de Puerto Asís, Orito, Mocoa, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón.

Con el traslado de las unidades de la UNIRET de Antioquia y Córdoba hacia el Putumayo queda claro que el gobierno nacional y el alto mando de la Policía Nacional busca reforzar las medidas de seguridad con el fin de cumplir con la meta de erradicar 130 mil hectáreas este año en todo el país, y donde este departamento es clave para lograr buena parte de ese propósito, al parecer a costa de la seguridad de los reclamantes de tierras.

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