La lista de supuestos aliados de los ‘gaitanistas’, filtrada a un par de medios de comunicación cinco días antes de que el gobierno nacional lo entregara a las autoridades estadounidenses reclama un mayor contexto, por cuanto profundizó en casos ya conocidos y procesados, y abarcó más de treinta años de pertenencia a grupos armados ilegales.

Dairo Antonio Úsuga David, conocido con el alias de ‘Otoniel’, es de esos sobrevivientes que lograron esquivar las balas en cuanta confrontación participó. Por esa razón, sus recuerdos de más de tres décadas de guerra son importantes para construir memoria, pero ¿cuánto de ello servirá para hacer justicia en favor de las víctimas, sobre todo ahora que está en una cárcel estadounidense?

VerdadAbierta.com revisó con detalle el documento mediante el cual la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le remitió el pasado 25 de abril a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el listado de 62 personas y empresas que fueron nombradas por alias ‘Otoniel’ y que habrían tenido algún tipo de relaciones con los grupos armados ilegales a los cuales estuvo vinculado este exparamilitar y narcotraficante durante su vida criminal.

De la revisión de ese documento se desprenden algunas conclusiones preliminares, entre ellas que alias ‘Otoniel’ estaba aportando información a los magistrados de la JEP sobre las posibles alianzas criminales de sectores políticos y económicos con aquellos grupos armados ilegales en los cuales militó, más allá de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

Gran parte de su versión de la guerra coincidía con las aportadas por varios exparamilitares ante fiscales y magistrados de los tribunales de Justicia y Paz, creados por la Ley 975 de 2005 para juzgar a los paramilitares desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) bajo los acuerdos suscritos a medios de 2003 con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Lo que venía haciendo alias ‘Otoniel’ era profundizar en aquellas relaciones de las estructuras paramilitares en las que estuvo en armas con sectores económicos y políticos, entregando nombres y explicando, desde su experiencia, cómo se articularon unos y otros para fortalecer esos aparatos armados ilegales en departamentos como Antioquia, Casanare, Cundinamarca y Meta.

Sus aportes a la JEP tendrán que ser corroboradas por las autoridades competentes que recibieron la compulsa de copias y demostrar que esas alianzas pregonadas sí constituyen un delito y los responsables deben ser sancionados penalmente. Aunque es importante precisar que algunas de las personas referidas ya han sido condenadas por esos pactos ilícitos.

Ante la justicia transicional

Las víctimas han rechazado la extradición de alias ‘Otoniel’ tras considerar que está en riesgo el esclarecimiento de cientos de hechos perpetrados por hombres bajo su mando. Foto: JEP

Este exparamilitar se vinculó a la guerra a finales de 1988. Pasó por las guerrillas del Epl y las Farc en el Urabá antioqueño; luego se incorporó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y como parte de esa organización paramilitar se integró el Bloque Centauros desde finales de la década de los años noventa hasta el 3 de septiembre de 2005, cuando se desmovilizó en zona rural del municipio de Yopal, junto a 1.134 hombres y mujeres, bajo los acuerdos con el gobierno nacional.

Si bien contaba con los beneficios judiciales que le daba la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, entre ellos un máximo de ocho años de cárcel si se comprometía a contar su verdad sobre su paso por la guerra y a reparar a las víctimas, decidió marginarse de ese proceso, regresar a la clandestinidad, incorporarse a los ‘gaitanistas’, que estaban siendo lideradas por Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, y fortalecer las redes del narcotráfico. (Leer más en: Alias ‘Otoniel’: ejemplo sangriento de tres desmovilizaciones fallidas)

Ante el incumplimiento de sus compromisos como desmovilizado, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá lo excluyó de la lista de postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz mediante decisión fechada el 19 de noviembre de 2015.

¿Pero cómo fue que llegó a comparecer a la JEP? Alias ‘Otoniel’ fue capturado el 23 de octubre de 2021 en zona rural del municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, tras una intensa búsqueda de más de cinco años por parte de las autoridades. Una vez detenido, se inició el proceso de extradición hacia Estados Unidos a solicitud del gobierno de ese país, para que respondiera por delitos asociados al tráfico de drogas.

De manera paralela a esos trámites, organizaciones de víctimas solicitaron que alias ‘Otoniel’ fuera escuchado bajo juramento para que contara su versión sobre la guerra, que se negó a dar en Justicia y Paz, y detallara las alianzas de las estructuras paramilitares y sectores legales del país.

Además, en un escrito fechado el 22 de febrero de este año, su abogado, Camilo Alfredo Santacoloma Patiño, le solicitó a la Sala de Revisión de la JEP la aplicación de la garantía de no extradición para que hablara sobre “hechos produjeron graves violaciones a los derechos humanos a víctimas de civiles del conflicto armado y se perpetraron asesinatos de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario en las regiones de Casanare y Meta”.

Si bien fue llamado por la JEP para que aportara información sobre lo que sabe de esos crímenes, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable a la solicitud de extradición el pasado 6 de abril, precisando que “el requerido puede ser visto y escuchado las veces que sean indispensables, para la complacencia de los derechos de las víctimas […] en virtud del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”.

Dos días después, el presidente de la República Iván Duque, firmó el decreto que facultaba a las autoridades para que alias ‘Otoniel’ sea extraditado a Estados Unidos.

Sin embargo, el pasado 28 de abril, el Consejo de Estado frenó la adopción de esa decisión hasta tanto no se resolviera una acción de tutela presentada por organizaciones de víctimas, que alegaron que con la extradición del capo del narcotráfico se vulneraban sus derechos fundamentales “a sancionar, investigar, recurso judicial efectivo, la imposición de penas, verdad, justicia y reparación (sic)”.

No obstante, esa medida cautelar fue levantada ayer y de inmediato el gobierno nacional procedió a entregarlo a las autoridades de Estados Unidos en un rápido procedimiento que se realizó en la base militar de Catam, en Bogotá, bajo estrictas medidas de seguridad, desde donde fue trasladado en un avión de la DEA a suelo norteamericano.

Atrás quedaron decenas de expedientes judiciales abiertos por los delitos cometidos durante su pertenencia a grupos armados ilegales durante más de 30 años. Por ahora, han quedado congelados, a la espera de un improbable retorno al país luego de pagar su condena en Estados Unidos.

Antes de ser extraditado, alias ‘Otoniel’ compareció este año tres veces a la JEP -23 de marzo y 19 y 20 de abril-, para rendir testimonio sobre lo que pudiera saber de la comisión de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado en el departamento de Casanare, entre los años 2005 y 2008, por militares adscritos a la Brigada XVI del Ejército.

En esas citas judiciales hizo referencia a alianzas de militares y policías de ese departamento con organizaciones paramilitares, así como de funcionarios, políticos, empresarios y contratistas. Su testimonio fue más allá de los ‘gaitanistas’ e incluyó alusiones a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Por eso llama la atención la inexactitud del documento de compulsa de copias remitido por la JEP a Fiscalía, Procuraduría y a la Corte Suprema de Justicia, porque solo hizo énfasis en esa organización criminal: “De las anteriores diligencias, según el dicho del testimoniante, podría inferirse la participación de personas e instituciones en conductas delictivas relacionadas con la organización ilegal, denominada Autodefensas Gaitanistas o ‘Clan del Golfo’”.

Casanare, bajo control

La guerra entre paramilitares a comienzos de la década los años dos mil dejó cientos de víctimas en Casanare. Foto: Juan Diego Restrepo E.

A través de un filtro aplicado a los 62 nombres aportados por alias ‘Otoniel’ se evidencia el nivel de articulación que lograron estructuras paramilitares con la administración del departamento de Casanare a través de la Gobernación y distintas alcaldías para esquilmar los recursos públicos. (Leer más en: Fiscalía y Procuraduría piden condenar a firmantes del ‘Pacto de Casanare’)

Al respecto, en una de sus intervenciones, citada por la JEP en su compulsa de copias, alias ‘Otoniel’ afirmó que parte de las finanzas del Bloque Centauros provenían del cobro del 5 por ciento a los contratos que se suscribieran con administraciones de los municipios bajo su control, por ello buena parte de los nombres que entregó en este escenario transicional es de exgobernantes regionales, exsecretarios de despacho y contratistas, en su mayoría de obras de infraestructura. (Leer más en: La ‘Dian’ del Bloque Centauros)

Pero lo que ahora parece novedoso para la opinión pública nacional e internacional, la verdad es que no lo es tanto. Explicaciones al respecto fueron desarrolladas de manera más detallada y contrastada en la sentencia condenatoria proferida el 25 de julio de 2016 por la Sala de Justicia de Paz del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia de la magistrada Alexandra Valencia Molina, contra Manuel Pirabán y una docena de sus hombres bajo su mando, quienes integraron el Bloque Centauros.

El fallo cita los testimonios de varios exparamilitares, quienes detallaron que ese bloque paramilitar “encontró en la contratación pública una fuente de ingresos para solventar sus necesidades”. Tal como lo dijo alias ‘Otoniel’, les cobraban a los contratistas el 5 por ciento del valor de sus contratos, pero “se eximían de cobro los contratos por escuelas y puestos de salud”.

En una de las declaraciones fiscales de Justicia y Paz, Pirabán aseguró que “todos los contratistas de la región tenían que aportar el porcentaje para la organización […] persona que no pagara a la organización no podía trabajar”.

Las finanzas de ese grupo armado, asociado a las Auc, fueron administradas por Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, el creador de las Agc a mediados de 2006 en el Urabá antioqueño. Este exparamilitar fue capturado en abril de 2009 y extraditado a Estados Unidos en abril de 2018, donde se declaró culpable de delitos asociados al tráfico de drogas. (Leer más en: ‘Don Mario’ contó cómo se tomó el piedemonte llanero)

Pero el Bloque Centauros no era el único que cobraba estos tributos en Casanare. Anterior a su llegada, en 1997, ya operaban las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), una estructura armada ilegal de larga tradición en este departamento que fue comandada en sus inicios por Héctor José Buitrago Rodríguez, alias ‘El Patrón’ y luego por su hijo, Héctor Germán Buitrago Parada, conocido como ‘Martín Llanos’. Ambos grupos se disputaron a muerte el control territorial en ese departamento a comienzos de los años dos mil. (Leer más en: ‘Martín Llanos’, el ‘expara’ capturado del Casanare)

Bajo acuerdos con los candidatos a cargos de elección popular, especialmente a la Gobernación y a alcaldías, las ACC obtuvieron el manejo del 50 por ciento del presupuesto y el 10 por ciento del valor de los contratos que suscribieran las administraciones bajo su control. (Leer más en: Parapolítica, mentiras y videos en Casanare)

De hecho, el listado que construyó la JEP a partir de las declaraciones de alias ‘Otoniel’ incluyó a seis exgobernadores —William Hernán Pérez Espinel (1/01/2001-31/12/2003); Miguel Ángel Pérez Suárez (1/01/2004-26/12/2004); Helí Cala López (1/04/2005-21/09/2006); Oscar Raúl Iván Flórez Chávez (1/01/2008-31/12/2011); Nelson Ricardo Mariño Velandia (1/01/2012-5/12/2012); y Marco Tulio Ruiz (24/07/2013-31/12/2015) —.

Dos de los exmandatarios, Pérez Espinel y Suárez Pérez, fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia por sus alianzas con las ACC y no con el Bloque Centauros de las Auc ni con las Agc, por lo que llama la atención que alias ‘Otoniel’ haya aludido a ellos en su comparecencia a la JEP.

Pérez Espinel solicitó su sometimiento a este tribunal de justicia transicional el 7 de junio de 2018 en calidad de “Agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública”, dados sus nexos con las ACC, motivo por el cual fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 180 meses de prisión en decisión proferida el 28 de septiembre de 2009. Se desconoce si la JEP lo aceptó o no.

A la par de los exmandatarios, el ahora extraditado exjefe paramilitar y narcotraficante también aportó los nombres de personas que trabajaron en la Gobernación de Casanare en calidad de secretarios de despacho en periodos en los cuales estaban bajo el control de las ACC.

Sobresalen en ese apartado del listado Orlando Vesga Niño, quien se desempeñó como Secretario de Salud Departamental entre los años 2001 y 2002, y fue condenado a 66 meses de prisión por celebración indebida de contratos; Jorge Camilo Abril Tarache, quien fungió como Secretario de Agricultura Departamental entre los años 2004 y 2005, luego fue Alcalde de Paz de Ariporo (2008-2011) y Representante a la Cámara (2014-2018); y Narda Consuelo Perilla, secretaria de Hacienda Departamental en el periodo 2001-2005.

Estos funcionarios ocuparon sus cargos en momentos en que las ACC ejercían un férreo dominio de las finanzas departamentales, razón por la cual tendrían conocimiento de cómo se disponían los recursos para ese grupo paramilitar.

Bajo el control de ese grupo paramilitar también estaban los contratistas que ejecutaban proyectos para la Gobernación y algunas alcaldías. Es por ello que alias ‘Otoniel’ entregó varios nombres. En este caso las autoridades deberán establecer cuál fue su participación en la financiación de estructuras paramilitares de Casanare, sean estas las ACC o el Bloque Centauros de las Auc.

Al respecto, se destaca en ese listado, como contratista, la Universidad de Cartagena. No obstante, una revisión de su caso permite concluir que también es un caso juzgado, según consta en una decisión tomada por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia el 9 de julio de 2014.

De acuerdo con ese fallo, ese centro de estudios superiores suscribió dos contratos interadministrativos con la Gobernación de Casanare bajo la administración de William Hernán Pérez Espinel, fechados el 29 de noviembre y el 27 de diciembre de 2002, con el propósito de “ejecutar las labores de interventoría técnica, administrativa y financiera en varios proyectos del plan de desarrollo del Departamento” y de “prestar los servicios de administración delegada e interventoría en la ejecución del plan de desarrollo […] adquiriendo como obligaciones específicas el manejo de los recursos y la ejecución de obras públicas de distinta índole”.

La ejecución de ambos convenios generó millonarios sobrecostos que llevaron a las autoridades a abrir investigaciones penales acabando con la condena del entonces rector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra, a 15 años de prisión, en decisión proferida por el Tribunal Superior de Yopal el 25 de marzo de 2011, como responsable de los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

De acuerdo con la versión dada por alias ‘Otoniel’, los dineros de esos sobrecostos, calculados en 3,400 millones de pesos, habrían llegado a las arcas del Bloque Centauros de las Auc y no en los fondos de las Agc, como lo plantea la JEP.

Políticos señalados

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En las diligencias de testimonio rendidas ante la JEP, este exjefe paramilitar y narcotraficante hizo referencia a Miguel Ángel Pinto Hernández, actual Senador de la República, y a los excongresistas Milton Rodríguez Sarmiento, Carlos Cárdenas Ortiz y Jorge Camilo Abril Tarache.

Asimismo, habló del actual candidato a la Presidencia de la República, Luis Pérez Gutiérrez, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia; y de Sabas Pretelt de la Vega, ministro del Interior y de Justicia en el periodo 2003-2006, y embajador de Colombia en Italia en 2006.

Con respecto a Pinto Hernández, la versión de alias ‘Otoniel’ parece imprecisa por cuanto en uno de los fragmentos de su testimonio alude que los políticos eran apoyados por los paramilitares “para que salieron elegidos y apoyaran las regiones donde operaba el Bloque Centauros”, entre ellos este congresista.

Pero resulta que Pinto Hernández, actual Senador de la República (2018-2022), es del departamento de Santander, del que fue Representante a la Cámara en el periodo 2014-2018. Al contrastar información es preciso señalar que en esa región no operó el Bloque Centauros, por lo que parece evidenciarse una confusión de alias ‘Otoniel’. Su área de dominio fueron vastas regiones de los departamentos de Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Meta.

En su defensa, el congresista rechazó ese señalamiento y a través de un comunicado alegó que podría tratarse de un caso de homonimia y le pidió a la JEP que rectificara la compulsa de copias.

De Milton Arlex Rodríguez Sarmiento, quien fue elegido a la Cámara de Representantes para el periodo 2002-2006 y fungió como Senador de la República entre 2006 y 2018, sostuvo el exparamilitar que habló con él personalmente dos veces, sin que precisara fechas, pero siempre como integrante del Bloque Centauros.

“Estábamos consolidando esas zonas de Cundinamarca, el bajaba para el apoyo con la gente de ahí para que la organización fuera bien aceptada en esa región”, declaró alias ‘Otoniel’, lo que hace suponer que esas conversaciones podrían haberse dado en los primeros años de la década del dos mil.

Con respecto a los casanareños Carlos Cárdenas Ortiz, quien ocupó una curul del Senado de la República entre 2006 y 2010, la JEP no referenció en la compulsa de copias comentarios de alias ‘Otoniel’, así como tampoco sobre Jorge Camilo Abril Tarache, Representante a la Cámara entre 2014 y 2018, y quien fue alcalde del municipio de Paz de Ariporo entre 2008 y 2011, y Secretario de Agricultura Departamental entre los años 2004 y 2005, durante la gobernación de Miguel Ángel Pérez Suárez, condenado por sus nexos con las ACC.

Y sobre el candidato presidencial Luis Pérez Gutiérrez, el exparamilitar fue más detallado en su testimonio ante la JEP y el único con supuestos nexos con los ‘gaitanistas’. Aseguró que era amigo de Henry de Jesús López Londoño, conocido con los alias de ‘Mi Sangre’, ‘Carlos Mario’ y ‘Salvador’, un desmovilizado de las Auc con amplio recorrido en las calles de la capital antioqueña desde las épocas del Cartel de Medellín. (Leer más en: “Policía Nacional armó el Frente Capital”: alias ‘Mi Sangre’)

Según ‘Otoniel’, Pérez Gutiérrez viajaba con frecuencia al Urabá antioqueño en los años 2009 y 2010 a encontrarse con ‘Mi Sangre’, y se quedaba dos o tres días, al parecer, en zona rural del municipio de San Pedro de Urabá, bajo control de los ‘gaitanistas’: “Cuando eso estaba ese conflicto en Medellín con las oficinas, la gente de Urabá con las oficinas de Medellín, él iba allá a visitar a ‘Salvador’ y colaborarle en cosas de información y apoyo, pero no apoyo militar y financiero sino a coordinar en Medellín”.

Enterado del asunto, Pérez Gutiérrez negó a través de varias entrevistas a medios de comunicación cualquier vínculo con organizaciones paramilitares, aunque precisó que “que es muy posible que, luego de salir de la Alcaldía de Medellín, tuviera alguna reunión con alias ‘Mi Sangre’. Recuerdo que ellos se movían legalmente por toda parte, seguramente me pedían reuniones como dirigente antioqueño para el fomento de empleo”.

Minutos después de conocerse la noticia de la inminente extradición de alias ‘Otoniel’, la Corte Suprema de Justicia a través de sus redes sociales anunció la apertura de una indagación preliminar contra Pinto Hernández, Rodríguez Sarmiento, Cárdenas Ortiz y Camilo Abril Tarache para determinar si lo dicho por el ahora extraditado narcotraficante es cierto o no.

Con la entrega de este exparamilitar a las autoridades estadounidenses queda en vilo la posibilidad de recibir un nuevo testimonio sobre esas presuntas alianzas, por lo menos no en el corto plazo.

Finalmente, con respecto a Pretelt de la Vega, la JEP escribió en su comunicación de compulsa de copias que alias ‘Otoniel’ había dicho que “era muy allegado a Vicente Castaño”, uno de los artífices de la creación de las Auc.

No es la primera vez que esa relación es referida por exparamilitares. Hace diez años Salvatore Mancuso había referido algo similar durante una audiencia ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá el 3 de octubre de 2012. En esa ocasión, aseveró que, en el año 2006, en calidad de ministro, le dijo a Castaño que “por favor volviéramos a ayudarle en la elección de Uribe, era para la reelección de Uribe y para que los diferentes políticos amigos, buscaban que con las bases sociales que instruyéramos las poblaciones para que nuevamente se diera este proceso de apoyo a la elección del entonces ya presidente Uribe”. (Leer más en: Lafaurie y Pretelt, señalados de nuevo por Mancuso)

Pretelt de la Vega fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2015 a seis años de prisión por el delito de concusión, tras demostrarse que ofreció dádivas a varios congresistas en 2004 para que se creara la figura de la reelección, lo que sin duda benefició al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Poca información sobre ‘Falsos positivos’

Cientos de miitares han sido procesados por la comisión de asesinatos contra civiles que fueron presentados como “muertes en combate”. Foto: Juan Diego Restrepo E.

Alias ‘Otoniel’ fue citado a la JEP para que hablara de lo que supiera sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Casanare entre los años 2005 y 2008, y atribuidas a soldados de la Brigada XVI del Ejército. No obstante, fue de lo que menos habló, pero sí detalló las relaciones de oficiales con el Bloque Centauros y las Agc.

Con respecto al Bloque Centauros, este exparamilitar hizo referencias “de oídas” sobre el general (r) Mario Montoya, quien ha sido cuestionado por promover resultados operacionales en las tropas durante sus cargos como comandante de brigada, de división y del Ejército. “Se escuchó mucho hablar de Mario Montoya, personalmente nunca, pero se oía que trabajaba con las Autodefensas” dijo alias ‘Otoniel’. (Leer más en: “Las bajas no es lo más importante, es lo único”: general Montoya)

De acuerdo con su versión, la interlocución con este oficial del Ejército, procesado por la JEP en el caso de ejecuciones extrajudiciales, se habría dado a través del jefe paramilitar Miguel Arroyave, máximo jefe del Bloque Centauros, y de su segundo al mando, Manuel Pirabán, y tendrían como finalidad lograr el respaldo de sectores del Ejército al Bloque Centauros en la guerra que libró con las ACC por el control del Casanare a comienzos de la década de los años dos mil. (Leer más en: Así fue la guerra entre Martín Llanos y Miguel Arroyave)

De hecho, alias ‘Otoniel’ dijo ante la JEP que para lograr avanzar en esa confrontación le habrían solicitado a Montoya el traslado a Casanare de Leonardo Barrero, un oficial de alto rango que llegó a Comandante de las Fuerzas Militares, cargo que ocupó entre agosto de 2013 y febrero de 2014, cuando fue retirado por orden de la Presidencia de la República por sugerir que se debía “formar una mafia” contra las investigaciones que se adelantaban por el tema de los ‘falsos positivos’.

Según el exparamilitar, con Barrero podrían gestionar mayores apoyos en su guerra con las ACC. “Cuando el traslado del general Barrero para Casanare hubo comunicación con Montoya, el viejo Arroyave dio una plata a Montoya por el traslado y fuera de eso al Frente Casanare les tocó darle un apartamento blindado aquí en Bogotá”.

Como otro de sus señalamientos, esa alusión al general (r) Montoya ya la había realizado otro desmovilizado de las Auc. En febrero de 2010, alias ‘Don Mario’, quien fue mano derecha de Vicente Castaño y fungió como jefe de finanzas del Bloque Centauros, declaró ante fiscales de Justicia y Paz que por apoyarlos en la guerra contra las ACC, al oficial le habían entregado 1.500 millones de pesos y un apartamento de 400 millones en Bogotá. (Leer más en: ‘Don Mario’ salpica al general Mario Montoya)

A ese supuesto respaldo, según ‘Otoniel’, también sumaron al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un antiguo organismo de inteligencia que algunos de sus directores pusieron al servicio de organizaciones criminales. Y el Bloque Centauros se aprovechó de ello, utilizando sus camionetas para transportar algunos de sus jefes, entre ellos a él mismo, y recibiendo información de sus enemigos.

Esas alianzas fueron posibles gracias al apoyo que les dio Jorge Noguera, director nacional del DAS entre los años 2002 y 2004, y quien fue condenado por sus nexos con el Bloque Norte de las Auc y el homicidio del profesor universitario Alfredo Correa de Andreis, ocurrido en Barranquilla el 17 de septiembre de 2004. (Leer más en: Los crímenes de Jorge Noguera)

De acuerdo con alias ‘Otoniel’, el Bloque Centauros le habría pagado a Noguera entre 300 y 500 millones de pesos para que nombrara como subdirector en la seccional del DAS en Casanare a Orlando Rivas Tovar, al parecer un hombre afín al Bloque Centauros, y quien fue condenado a 40 años de prisión por su participación en la ejecución extrajudicial de tres personas en hechos ocurridos el 6 de abril de 2007 en la vereda Las Tapias, entre los municipios de Hato Corozal y Nunchía, en Casanare, en la que participaron soldados de la Brigada XVI de Ejército.

“Él [Rivas] era primero un agente del DAS, subió a subdirector y se cuadró para que quedara como director. Eso lo cuadraron aquí en Bogotá. El que ayudó eso fue Noguera y dieron una plata para que lo colocaran ahí […] El dato total no tengo conocimiento, pero me dijeron que fueron más de 300 millones de pesos, entre 300 y 500 millones de pesos. Que la dieron al frente de la Fiscalía tuve conocimiento […] eso fue en el 2003 o 2004 fue eso”.

Con respecto a las relaciones de las Agc con sectores de la Fuerza Pública, alias ‘Otoniel’ admitió que en las regiones del Urabá antioqueño y cordobés, donde se hizo fuerte este grupo armado ilegal desde 2006, aún hay agentes de la Fuerza Pública que les colaboran.

“Pues allá en esa zona de Urabá, sí. Fuerza Pública si hay gente que colabora todavía […] todos esos pueblitos, comandos de Policía, allá está en nómina casi todo el mundo todavía. En esa región en Córdoba en casi todas las partes la Fuerza Pública se paga igual […] En Urabá en municipios como San Pedro se paga la ley, Necoclí se paga, en esos municipios todos de Urabá la coordinación de la ley todavía existe […] En Córdoba también, bastante, en los municipios de Tierralta, allá para Montelibano se paga a la Fuerza Pública”.

En reacción a la extradición, César Santoyo, director del colectivo de abogados Orlando Fals Borda, que representa a familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes del Estado, lamentó la decisión del gobierno nacional de extraditar a alias ‘Otoniel’ sin que hubiese sido escuchado sobre sus crímenes.

“Nosotros hemos expresado, en primer lugar, la necesidad impostergable y es que a este tipo de delincuentes se les pueda escuchar en audiencias tanto reservadas como con participación de las víctimas para poder esclarecer los crimines cometidos en su momento”, planteó Santoyo.

“En segundo lugar -agregó- nos parece que mediante este mecanismo de impunidad que se ha gestado a través del mecanismo directo de la extradición se entierra en el corto plazo la oportunidad de que las familias puedan tener un acceso libre y activo a ese esclarecimiento y, por lo tanto, se multiplica la posibilidad de una impunidad flagrante, evidente y total, respecto de cadenas de mando y mandos superiores a cargo de la orientación y la orden que se ha impartido a la base tanto de posiblemente agentes de Estado como también de las connivencias que han podido tener con grupos armados organizados herederos del paramilitarismo”.

Y por último, Santoyo reiteró que lo ocurrido con alias ‘Otoniel’ es “una afrenta a las víctimas e imposibilita el acceso a la verdad, restringe la oportunidad de que se cuestionen estos relatos, se establezcan mecanismos de profundización, de análisis, de contextualización de lo que ha pasado en distintos momentos del conflicto. Eso lastima y constriñe de múltiples formas la posibilidad de la verdad”.