Escrito por: VerdadAbierta.com, apoyado [en parte] por una subvención de la Open Society Foundations.

Alegando órdenes de los altos mandos de la institución, se trasladarán varias unidades especializadas de los departamentos de Antioquia y Córdoba hacia el Putumayo. Ya fueron notificadas las autoridades agrarias de la decisión.

En un escueto mensaje remitido ayer, el mayor Jorge Andrés León Suárez, jefe regional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo de la Policía Nacional les comunicó a los Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras y a la Dirección de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras (URT) la salida de por lo menos tres grupos especializados de agentes que acompañaban los procesos de restitución de tierras.

El mensaje especifica que saldrán de las territoriales de Urabá el Escuadrón Motorizado Rural (ESMOR 2); de la territorial Córdoba, el Escuadrón Móvil de Carabineros y Antiterrorismo (EMCAR 1); y de la territorial Antioquia, el Escuadrón Móvil de Carabineros y Antiterrorismo (EMCAR 2), que hacen parte de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo (UNIRET), adscrita, a su vez, a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural.

Estas unidades policiales prestaban servicios de acompañamiento y seguridad a los funcionarios de la URT y a los operadores judiciales en sus tareas de campo, entre ellas la verificación de los predios reclamados, la recolección de pruebas que buscan establecer la relación entre conflicto armado, desplazamiento y abandono de los predios, y el fortalecimiento de las medidas de seguridad en las zonas a donde han regresado los reclamantes de tierras.

De acuerdo con el mensaje enviado por el mayor León Suarez, el traslado de esas unidades policiales especializadas obedece a órdenes “del mando institucional”, sin que se agregaran más explicaciones al respecto. Esos grupos serán trasladados al departamento de Putumayo para garantizar la seguridad durante la segunda fase de erradicación de hoja de coca para uso ilícito. Esas tareas, según dijo, tendrán una duración de cien días. (Leer notificación)

El oficial indicó en su comunicación a las autoridades agrarias que en cada territorial (Urabá, Córdoba y Antioquia) “queda dispuesto un grupo de UNIRET, para la continuación de las actividades requeridas y solicitadas. De igual forma se coordinará el apoyo por parte de unas unidades de carabineros para algunas actividades que se enmarquen con cada una de las territoriales”.

Una fuente policial consultada al respecto indicó que con el fin de cumplir con las actividades administrativas y judiciales, se continuará coordinando con los comandos departamentales de Policía (Antioquia y Córdoba) y el Ejército Nacional con el fin de impedir que se frene el proceso de restitución.

Este portal quiso conocer detalles de esa decisión, como, por ejemplo: ¿Cuántos uniformados serán trasladados al Putumayo? ¿Cuántos quedarían en cada una de las territoriales? ¿Por qué se recurre a unidades especializadas en restitución de tierras? Pero no fue posible obtener respuesta.

Fuentes de la URT confirmaron la recepción del mensaje enviado por el mayor León Suárez. Al respecto, sostuvieron que las tareas de esta entidad no se afectarán por cuanto se tienen buenas relaciones con el Departamento de Policía Antioquia y las Fuerzas Militares.

No obstante, podrían verse afectadas algunas labores de campo para fortalecer la etapa administrativa de las demandas, de por sí ya restringidas por la expansión del virus COVID-19 y las medidas tomadas por el gobierno nacional para contenerlo, que implica restricciones a la movilidad de los funcionarios de la URT.

Las fuentes consultadas en esta entidad aseveraron que la etapa administrativa de las demandas está muy avanzada. Donde hay que acelerar el proceso, según especialistas consultados, es en la etapa judicial, donde hay casos represados hace más de tres años sin sentencia y en el cumplimiento de las órdenes que los jueces emiten en sus fallos.

Uno de los casos que más demoras evidencia está, justamente, en el Urabá antioqueño, donde aún no se dirime la reclamación de una comunidad afrodescendiente por tierras ancestrales que serían ocupadas en desarrollo del proyecto conocido como Puerto Antioquia. Desde hace más de tres años, el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Tierras de Apartadó tiene en su escritorio la solicitud de restitución. (Leer más en: Puerto Antioquia: ¿irregularidades de gran calado?)

¿Qué es la UNIRET?

Foto; Ministerio de Defensa.

La Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigencia el 1 de enero de 2012, estableció que las autoridades competentes deberían adoptar medidas de protección integral destinadas a garantizar la vida de “las víctimas, testigos y a los funcionarios públicos que intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en especial de restitución de tierras”.

También estipuló esa norma que “el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Pública, en coordinación con el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad en los procesos de restitución antes, durante y después de que se lleven a cabo”.

Bajo ese marco legal se expidió la Resolución 03068, fechada el 12 de agosto de 2013, mediante la cual se creó la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo (UNIRET) y se integró a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural.

A esta unidad especializada se le asignó como misión el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional para realizar un acompañamiento efectivo durante el proceso de restitución de tierras y garantizar la protección de todos aquellos que participan en sus etapas administrativas y judiciales, tal como lo estableció la Ley 1448, y desplegó por lo menos 30 grupos operativos en aquellas regiones del país priorizadas para acompañar labores de documentación de denuncias por despojo de predios rurales en razón del conflicto armado.

Esta unidad especializada ha pagado una alta cuota de sangre en su tarea de proteger el proceso de restitución. Una de las acciones más grave en su contra ocurrió el 11 de abril de 2018 en zona rural de San Pedro de Urabá, cuando una comisión judicial de restitución de tierras, acompañada por agentes de la UNIRET, fue atacada con explosivos. En la acción dinamitera, atribuida a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’, perdieron la vida ocho agentes. (Leer más en: El difícil panorama de restituir en el corazón de las tierras ‘gaitanistas’)

En su informe de gestión sobre las actividades de 2020, la URT consignó que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año, “puso en conocimiento de la Policía Nacional 95 casos de situaciones particulares de amenaza y riesgo, o de posibles homicidios, en contra de reclamantes de tierras, para efectos de la adopción de medidas de prevención y seguridad a favor de la población reclamante de tierras”, evidencia del grave riesgo que corren aquellas personas que buscan recuperar los predios de los cuales presuntamente fueron despojados en medio del conflicto armado.

De acuerdo con ese informe de gestión, Antioquia acumuló 22.044 solicitudes de restitución a diciembre 31 de 2020, siendo el departamento con más peticiones en el país. Con respecto a Córdoba, se registran 4.369 solicitudes inscritas.

Plan de erradicación

El año pasado, en medio de la cuarentena general a causa del nuevo coronavirus, aumentaron los operativos de erradicación en Putumayo.

La otra cara de la decisión de la Jefatura Regional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo de la Policía Nacional la expone el departamento de Putumayo, a donde llegarán las unidades que saldrán de los departamentos de Antioquia y Córdoba.

De acuerdo con recientes informes del Ministerio de Justicia y del Derecho, en ese departamento se contabilizaron, a finales de 2020, por lo menos 24.972 hectáreas sembradas con hoja de coca para uso ilícito, que corresponden al 16 por ciento de las identificadas en todo el país. De acuerdo con esa cartera de gobierno, Putumayo hace parte de las regiones priorizadas para adelantar allí labores de erradicación por parte de la Fuerza Pública. Se suman Antioquia, Caquetá, Córdoba, Guaviare, Nariño y Norte de Santander, que concentran el 90 por ciento de los sembradíos ilegales.

La intervención de las autoridades en Putumayo, intensificada durante el 2020 en plena pandemia generada por la expansión del virus COVID-19, ha generado un fuerte rechazo de las comunidades campesinas dedicadas a esta labor ilegal, que reclaman una atención integral del Estado y rechazan las medidas de fuerza para atender la proliferación de los cultivos ilícitos. (Leer más en: “Entre la razón y el olvido”)

A sus reclamos se han sumado la Coalición Acciones para el Cambio, que, desde el año pasado, recién comenzaban las medidas de contención para prevenir la expansión del virus COVID-19, recogió las quejas de los campesinos del Putumayo ante la intensificación de las campañas de erradicación forzada.

En un comunicado fechado el 30 de marzo de 2020, esta Coalición planteó que se atendieran “las medidas de aislamiento preventivo obligatorio ordenado por la Presidencia y suspender los operativos de erradicación forzada, a fin de evitar contagios de COVID-19, esto con el objetivo de garantizar el derecho a la salud y la seguridad alimentaria de la población campesina, considerada una población en riesgo”.

Y solicitó avanzar “en el cumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria firmada con las comunidades campesinas y evitar operativos de erradicación forzada donde se han alcanzado dichos acuerdos”, haciendo referencia al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS),  pactado en el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC, y que a pesar de los esfuerzos de las comunidades por acoger esta iniciativa, el Estado ha sido incapaz de cumplir cabalmente.

La crítica situación en Putumayo, donde convergen varios grupos armados ilegales que se lucran del narcotráfico, también afecta a los liderazgos sociales. Una de las muertes más sentidas fue la de Marco Rivadeneira, asesinado el 19 de marzo en la vereda Nueva Granada, del municipio de Puerto Asís. Este líder era una de las voces más representativas en la promoción de la sustitución voluntaria y en la búsqueda de alternativas para quienes habían quedado por fuera de los programas de sustitución de cultivos. (Leer más en: ¿De aquí vinieron las balas contra los líderes sociales?)

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a diciembre 31 de 2020, en el Putumayo 20.350 familias se habían inscrito en el PNIS (de un total de 99.097 familias en todo el país), y por cuyo compromiso erradicaron, según verificación de esta agencia internacional, 9.904 hectáreas de hoja de coca para uso ilícito. Esta iniciativa abarca los municipios de Puerto Asís, Orito, Mocoa, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón.

Con el traslado de las unidades de la UNIRET de Antioquia y Córdoba hacia el Putumayo queda claro que el gobierno nacional y el alto mando de la Policía Nacional busca reforzar las medidas de seguridad con el fin de cumplir con la meta de erradicar 130 mil hectáreas este año en todo el país, y donde este departamento es clave para lograr buena parte de ese propósito, al parecer a costa de la seguridad de los reclamantes de tierras.