El fallo en primera instancia, dictado el 23 de julio de 2025 por el Juzgado Sexto Penal de Antioquia,  halló culpable a varios exdirectivos de Chiquita Brands de haber financiado y auspiciado al Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), entre 1996 y 2004. La sentencia se dio después de que en 2007 la empresa aceptara en Estados Unidos haber realizado más de cien pagos ilegales por 1,7 millones de dólares, a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y que allá se le impusiera una multa de 25 millones de dólares.

La sentencia advierte que la financiación de grupos armados no constituye un delito común, sino una agresión indirecta contra el Estado y la paz social. Según el fallo, este tipo de conductas “no solo afecta la seguridad pública como bien jurídico, sino la integridad de los ciudadanos colombianos”. Además, resalta que los recursos entregados a las AUC contribuyeron a prolongar su capacidad operativa y, con ello, el riesgo de nuevos crímenes.

Por esa razón, el tribunal consideró que la sanción debía tener un efecto ejemplarizante.  “La necesidad de la pena, tanto desde el punto de vista de la prevención como de la retribución justa, demanda una sanción cuyo mensaje disuada a otros empresarios, políticos o personas con posición de autoridad de incurrir en este tipo de ilícitos”, dice la sentencia.

La jueza Diana Lucía Monsalve respaldó en su fallo lo que durante años han sostenido víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y antiguos comandantes paramilitares: que las asociaciones conocidas como Convivir —creadas inicialmente con respaldo legal— fueron instrumentalizadas por estructuras de las AUC para blanquear los pagos hechos por Chiquita Brands. La Fiscalía demostró que, entre 2001 y 2004, se realizaron al menos 18 transferencias a estas organizaciones por una suma superior a los 1.400 millones de pesos. (Leer más en: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)

La sentencia condenó los exgerentes generales de Banadex S.A.: el estadounidense Charles Dennis Keiser, quien ocupó ese cargo entre 1990 y 2000; el costarricense José Luis Valverde Ramírez, entre 2000 y 2002; y el colombiano Álvaro Acevedo González, quien estuvo al frente de la gerencia entre 2001 y 2004.

La decisión judicial también cobija a los colombianos Reinaldo Elías Escobar de Hoz, exrepresentante legal de la empresa entre 1994 y 1998, y Víctor Julio Buitrago Sandoval, exjefe de seguridad. A ellos se suman los excontralores de la bananera: John Paul Olivo, ciudadano estadounidense que ejerció el cargo entre 1996 y 2001, y el hondureño Fuad Alberto Giacoman Hasbún, quien lo sucedió entre 2002 y 2004. (Leer más en: Los nuevos papeles de Chiquita Brands)

Así Chiquita Brands financió el paramilitarismo

Los hechos por los que se juzgaron a los exdirectivos sucedieron entre 1996 y 2004. El proceso se inició luego de que en 2005 un veterinario reportó ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que varios sectores de la industria bananera en Urabá estaban entregando a las AUC tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Esta denuncia hizo que comenzara el proceso judicial que avanzó con lentitud durante casi dos décadas.

Con el desarrollo de la investigación, las autoridades identificaron el esquema mediante el cual se canalizaban los recursos hacia el grupo paramilitar. Los empresarios realizaban los pagos a las asociaciones Convivir en Urabá, organizaciones que, según el expediente, estaban fundadas, dirigidas e integradas por miembros de las AUC. Los recursos, en consecuencia, terminaban en manos del Bloque Bananero bajo el mando de Raúl Emilio Hasbún. De acuerdo a lo que se ha revelado en sentencias anteriores, el esquema tuvo participación directa de ejecutivos del sector.

El fallo judicial señala que en el caso de Chiquita Brands y Banadex, los pagos se realizaron a pesar del contexto de violencia y de las dudas sobre su legalidad. “A pesar de conocer la situación de orden público, del clima de violencia y muerte en la zona y de las sospechas sobre la legalidad de los pagos, se hicieron de la vista gorda. Primero, amparados en los avales de la Gobernación y el Ejército, y, segundo, porque parece que la ley colombiana era irrelevante para una multinacional americana”, se lee en la sentencia.

Sobre este punto, Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), le dijo a VerdadAbierta.com que la empresa ya había admitido su responsabilidad en instancias internacionales: “La propia compañía había celebrado un acuerdo de culpabilidad donde admitía que esos pagos se habían realizado. Es decir, la existencia de los pagos casi que son incuestionables”.

Escobar explicó que la defensa intentó argumentar que los pagos no se hicieron de forma voluntaria o que se trataba de contribuciones a cooperativas de seguridad legalmente autorizadas. Sin embargo, insistió en que “se desconocía el carácter instrumental de estos grupos en relación con los paramilitares”. Y añadió que Chiquita ya había reconocido públicamente que financió a las AUC a través de ese acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Una decisión para la verdad

Pese al acervo probatorio y a la condena en primera instancia, el futuro judicial del caso es incierto.

El abogado del Cajar advierte que si  la sentencia es apelada ante el Tribunal Superior de Antioquia y va a casación, el caso podría prescribir antes de que se agoten todos los recursos.  El abogado explica que el proceso se adelantó bajo un régimen procesal que no contempla la suspensión del término de prescripción por la interposición del recurso de casación.

“El panorama frente a la prescripción es gris, porque hay algunos casos que podrían prescribir a finales de este año”, dice. Y añade que, incluso en un escenario optimista, en el que el tribunal alcance a emitir una decisión de fondo sobre un expediente extenso y complejo que involucra a múltiples actores, la prescripción “es prácticamente una realidad”.

Escobar afirmó que la sentencia es sobre todo un aporte a la verdad sobre el conflicto armado en el país y la vinculación de terceros en este. Esto especialmente porque  las víctimas del caso renunciaron a cualquier pretensión económica en el proceso penal. “Las víctimas en sus demandas en la parte civil, mecanismo a través del cual se participa en este proceso penal, renunciaron por lo menos a la indemnización de perjuicios, porque acuden al proceso sólo en la búsqueda de la verdad y de la justicia”, afirmó.

Otros procesos, otras condenas

En junio de 2024, un jurado federal en el Distrito Sur de Florida declaró a Chiquita Brands responsable por la financiación de las AUC, tras determinar que esa relación contribuyó directamente a la comisión de asesinatos en el marco del conflicto armado. La decisión se dio en el marco de un juicio civil impulsado por un grupo de víctimas, cuyos familiares fueron asesinados por los paramilitares en el Urabá antioqueño. La compañía fue obligada a pagar una indemnización de 38,3 millones de dólares a los demandantes, marcando un precedente en la búsqueda de justicia transnacional. (Leer más en: Responsabilidad de Chiquita Brands en asesinatos por financiar paramilitares acelerará reparación de miles de víctimas)

El fallo se considera histórico: fue la primera vez que una multinacional estadounidense es hallada responsable en un tribunal de su país por violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el extranjero. El caso avanzó gracias a una demanda interpuesta bajo el Alien Tort Claims Act, una ley federal que permite a ciudadanos extranjeros presentar acciones civiles en Estados Unidos por crímenes que contravienen el derecho internacional.

Las demandas, presentadas desde 2007, se apoyaron en el reconocimiento de culpabilidad de Chiquita Brands ante el Departamento de Justicia de ese país, cuando la empresa admitió haber hecho más de 100 pagos a las AUC por un monto cercano a los 1,7 millones de dólares. Si bien Chiquita ha sostenido que dichos pagos se hicieron bajo coacción, con el fin de proteger a sus empleados y operaciones, los abogados y organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas argumentaron —y lograron probar— que la compañía tenía conocimiento del carácter criminal de ese grupo armado y, aun así, decidió mantener el flujo de recursos.

Este primer veredicto abre la puerta para que otras 5.000 víctimas, cuyos casos siguen pendientes, puedan lograr justicia y reparación.

Un avance en la vinculación de terceros

Escobar, del Cajar, dice que la Justicia Especial para la Paz (JEP) en Colombia intentó incluir la responsabilidad de actores civiles: “Yo creo que el marco jurídico transicional reciente hizo un intento porque el fenómeno de la vinculación de actores civiles estuviera en el diseño de rendición de cuentas”. No obstante, recordó que una sentencia de la Corte Constitucional “excluyó la competencia obligatoria de la Jurisdicción Especial para la Paz para investigar a este tipo de actores, dejándola simplemente como una competencia voluntaria”.

Ese carácter voluntario ha tenido consecuencias prácticas, como en el caso de los empresarios de Chiquita Brands, quienes decidieron no comparecer ante la JEP. Según Escobar, su decisión respondió a una estrategia jurídica frente al avance del proceso en la justicia ordinaria: “Básicamente porque el caso estaba a punto de prescribir, o en riesgo inminente de prescripción —aseguró el abogado— y apostaron por eso”.

En cuanto a los esfuerzos anteriores del Estado para investigar estas relaciones, Escobar dijo que el proceso de Justicia y Paz permitió la recolección de información relevante. A través de declaraciones de exparamilitares que se acogieron a ese sistema de justicia transicional,  se han documentado aportes financieros, vínculos y formas de colaboración entre estructuras empresariales y grupos armados ilegales. Sin embargo, advirtió que “de eso no hay avances ante la justicia muy consolidados, salvo algunos casos aislados”.

Uno de los aspectos más críticos es el volumen de material represado en la Fiscalía que ha sido remitido desde Justicia y Paz. “Desde hace un tiempo se habla de más de 19.000 compulsas de copias en la Fiscalía contra este tipo de actores”, asegura Escobar.

Germán Valencia Agudelo, docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en una columna publicada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), destacó que la reciente sentencia contra exdirectivos de Chiquita Brands evidencia los vínculos más amplios entre empresarios y grupos armados ilegales durante el conflicto colombiano.

El experto aseguró que que este tipo de decisiones judiciales plantea la necesidad de considerar “en otros procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición a colaboradores y financiadores en la guerra. Su contribución al crecimiento del conflicto es considerable y hasta el momento se les protege y vincula muy poco en los estrados judiciales”.

La sentencia contra los exdirectivos de Chiquita Brands, según Valencia, resalta la necesidad de investigar también el papel de entidades oficiales en el caso Chiquita Brands. “Entre los responsables están la Gobernación de Antioquia, que para aquel momento estaba liderada por el exgobernador Álvaro Uribe, y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”. Según el análisis, estas instituciones otorgaron personería jurídica y licencias de funcionamiento a una organización Convivir que terminó sirviendo de canal para la financiación de grupos armados.

La sentencia contra los exdirectivos de Chiquita Brands marca un precedente en la búsqueda de responsabilidad penal de terceros por crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado colombiano. Aunque el fallo aún puede ser apelado, y persiste el riesgo de prescripción, el caso evidencia los desafíos estructurales para juzgar la participación de actores económicos en violaciones de derechos humanos. También pone en el centro las limitaciones del sistema judicial frente a la rendición de cuentas de empresarios y funcionarios que, según diversas fuentes judiciales y académicas, contribuyeron al fortalecimiento de estructuras armadas ilegales en Colombia.

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En una reciente decisión de la justicia transicional en el caso que investiga el exterminio de la Unión Patriótica, se confirma la responsabilidad de las Convivir en la expansión y consolidación del proyecto paramilitar y la fuerte relación con sectores de la fuerza pública que, directa o indirectamente, forjaron una alianza que propició las más deleznables acciones contra civiles perfilados como subversivos.

El pasado 22 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)ordenó compulsar copias contra 51 exmiembros de la fuerza pública, varios de los cuales comparecen ante ese tribunal, así como contra varios civiles, por sus presuntos vínculos y apoyos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión la tomó el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, magistrado en movilidad de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas (SRVR),  a partir de la investigación que realizó como parte del macrocaso 06, en el cual se revisan los crímenes cometidos contra miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP) para establecer quiénes fueron los responsables de tanta atrocidad. (Leer más en: Fuerza Pública, políticos, empresarios y paramilitares se aliaron contra la UP)

Según el Auto de más de 600 páginas, desentrañar las afectaciones perpetradas contra la UP en el Urabá antioqueño, y de manera conexa, en el departamento de Córdoba, así como en otras regiones del país, hacen parte del esclarecimiento de las alianzas de grupos paramilitares, agentes del Estado y asociaciones Convivir que derivaron en el proceso de victimización de esa organización política.

Por eso, la más reciente decisión tomada por la SRVR, respalda las compulsas de copias con un riguroso contexto sobre el origen y la consolidación del paramilitarismo de la mano de agentes del Estado y las Convivir. Según esta sala, es imposible comprender las dinámicas criminales contra la UP y otros movimientos políticos y sociales en el Urabá antioqueño y el departamento de Córdoba sin tener claras esas alianzas.

“Este binomio inseparable (paramilitares y fuerza pública) contó con el respaldo de otras instancias estatales, como el DAS y la Fiscalía, y más allá, con el respaldo del poder regional, en especial de la gobernación de Antioquia, así como con el apoyo decidido de una parte de empresarios bananeros, ganaderos y comerciantes”, reza el auto.

La estigmatización basada en tendencias políticas jugó un papel determinante para catalogar  a las víctimas, muchas de ellas integrantes o simpatizantes de la UP, como miembros activos de las Farc y, de esta manera, clasificarlas como parte del “enemigo interno” — en consonancia con la Doctrina de la Seguridad Nacional— a las  tendencias políticas de izquierda. Esta doctrina marcial derivó en diversas expresiones de violencia contra sindicalistas, campesinos, líderes sociales y agrupaciones estudiantiles.

Tras la creación de la UP como resultado de los acuerdos suscritos por el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) y la guerrilla de las Farc, suscritos en 1984, y el considerable éxito político durante los comicios regionales posteriores, “dicha conquista electoral constituyó un detonante adicional del particular ánimo de destrucción del partido y de un número abrumador de sus miembros”, señala la JEP. (Leer más en: El saldo rojo de la Unión Patriótica)

Así, sectores de la fuerza pública, junto a estructuras paramilitares, con el apoyo de las Convivir, asesinaron, desaparecieron, amenazaron, desplazaron, detuvieron o exiliaron a cientos de simpatizantes de la UP. Sobre estos hechos, la SRVR ha concentrado su análisis en lo ocurrido en cuatro regiones, una de ellas Córdoba, Urabá y Atrato entre los años 1994 a 2001.

En su exhaustiva investigación, la magistratura señaló en el Auto que los aportes a la verdad de los militares retirados que comparecen a la JEP “lejos de coadyuvar en la reconstrucción de los hechos constitutivos de crímenes de notable gravedad, dan cuenta de constantes evasiones, imprecisiones, negativas, afirmaciones genéricas y difusas”, lo que muestra la tendencia a seguir el camino de los juicios adversariales, más que continuar en un proceso de diálogo  y aceptar la responsabilidad en los crímenes contra la UP.

Patrones sobre las Convivir

A partir de 13 testimonios de testigos; 10 inspecciones judiciales a diversas entidades estatales; y de la revisión de sentencias y decisiones de Justicia y Paz; de la justicia ordinaria; y de altos tribunales como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia y un ejercicio de georreferenciación, la SRVR estableció nueve postulados o patrones a través de los cuales queda claro lo que significaron las Convivir en la estrategia de apoyo al paramilitarismo y, en consecuencia, a afectar profundamente a la UP.

En el marco de la instrucción del macrocaso que investiga la SRVR, se estableció que, antes de unirse a los grupos paramilitares y de autodefensa, varios desmovilizados y posteriormente postulados a la Ley 975 de 2005 ejercieron roles como directivos, miembros, afiliados, empleados o patrulleros en las Convivir, especialmente en la región del Urabá antioqueño y el departamento de Córdoba. (Leer más en: Convivir en Urabá eran de las Auc: Tribunal Superior de Antioquia)

A finales de los años 80, las autodefensas promovidas por los gobiernos del Frente Nacional se transformaron en un aparato de violencia y guerra sucia, producto de una compleja alianza entre militares, narcotraficantes, políticos y sectores económicos. Según la Comisión de la Verdad, en el apartado No matarás del Informe Final, a pesar de que Cesar Gaviria, como ministro de Gobierno de Virgilio Barco, denunció la impunidad de estas estructuras, “no deja de ser paradójico, por tanto, que haya sido Gaviria quien luego como presidente promoviera la seguridad privada y abriera la compuerta para volver al viejo esquema”. (Leer más en: Así se gestó un engranaje de soporte bélico llamado ‘Convivir’)

A partir de una base de datos con información detallada de 36 asociaciones de Convivir —16 de Urabá y 20 de Córdoba—, la SRVR identificó a 248 de sus integrantes. Esa base, se lee en el Auto, contiene información detallada sobre la creación legal de estas asociaciones y su coordinación con entidades militares y estructuras paramilitares, así como detalles sobre áreas de operación. De esta manera, se pudo establecer que de las 248 personas, 57 de ellas pertenecieron o estuvieron vinculadas con estructuras paramilitares.

Sin embargo, en muchos casos fue imposible identificar con certeza a muchas de las personas que hicieron parte de las Convivir, en parte, por el mal manejo de las gobernaciones en el debido registro de los miembros directivos y operativos de esas asociaciones, “una omisión y negligencia inexplicables y difíciles de sustentar en momentos de tan alta violencia”, advierte la magistratura.

Entre 1995 y 1997, las gobernaciones de Antioquia y Córdoba impulsaron la creación, organización, legalización y operación de las Convivir ignorando los riesgos y las advertencias expuestas por diversos sectores sociales, políticos y humanitarios, tanto nacionales e internacionales. Además, asegura la SRVR, que esos entes territoriales no implementaron controles ni mecanismos de supervisión que evitaran que esas asociaciones fueran cooptadas por organizaciones paramilitares. Y destaca que existen pruebas suficientes que vinculan a servidores públicos de ambas gobernaciones con grupos paramilitares.

Los testimonios y sentencias corroboran la relación entre las Convivir y los paramilitares, señalando que fueron usadas como fachada legal para financiar y expandir el proyecto paramilitar, con respaldo de exjefes como Salvatore Mancuso, comandante del Bloque Norte; Córdoba y Catatumbo de las AUC; Hébert Veloza García, alias ‘HH’, quien tenía el mando de los Bloques Bananero y Calima; y Raúl Hasbún, comandante del Frente Arlex Hurtado, y quien impulsó la creación de Convivir en el Urabá antioqueño.

En diversos estrados judiciales, estos exjefes paramilitares confirmaron que las Convivir sirvieron para operaciones de inteligencia, patrullaje y como mecanismo de financiamiento mediante “cobros legales”, facilitando actividades ilegales bajo una cobertura legal. Asimismo, han explicado cómo las estructuras paramilitares tuvieron un rol protagónico en la creación y coordinación de las asociaciones Convivir, de manera directa o por personas interpuestas.

De acuerdo con el exjefe paramilitar Raúl Hasbún, una vez se conoció la propuesta de las Convivir “se decidió constituir una asociación de esas como estrategia para con el propósito inicial de acceder a armas de uso civil y de uso privativo, así como para cubrir las acciones de la organización paramilitar bajo su mando”, resalta el Auto en uno de sus apartes.

Las asociaciones fueron constituidas con el apoyo de brigadas militares y coordinadas por oficiales de alto rango, según las investigaciones de la SRVR. Así, el acceso a radios, armas y una amplia financiación permitió a los paramilitares establecer un control territorial y social en las zonas en las que operaban.

Según los elementos de prueba recopilados por este tribunal, las Convivir no sólo adoptaron la estrategia de suministrar información a la fuerza pública sobre la presencia de grupos subversivos en zonas rurales y urbanas, sino que también participaron en acciones ofensivas, principalmente en asesinatos, contando con la complicidad de la fuerza pública y el respaldo de grupos paramilitares.

“Ese carácter ofensivo se gestó, además, en medio de una constante estigmatización generada por servidores públicos y empresarios contra sectores políticos alternativos, como la Unión Patriótica y sindicatos agroindustriales y de maestros”, precisa el Auto.

Las Convivir y la masacre de Mapiripán

La consolidación del “laboratorio paramilitar” establecido en el Urabá antioqueño durante buena parte de la década de los 90 se replicó en varias zonas de Antioquia y tuvo el apoyo de la fuerza pública. “Este Despacho considera demostrado que, durante 1996 y 1997 mandos de la I División, Brigada XVII y Brigada XI, así como, específicamente, de los Batallones Vélez y Contraguerrillas 35, desarrollaron una estrategia conjunta con los grupos paramilitares, especialmente con la Casa Castaño”, precisa el Auto. (Leer más en: Las Convivir y la omisión que fortaleció a los paramilitares)

Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) incluso llegaron a incursionar en territorios del sur, como el Guaviare y el Meta, con las masacres de Mapiripán (julio de 1997) y Caño Jabón (mayo de 1998). Sobre la primera acción criminal, según ha establecido la justicia, el 12 de julio de 1997, un comando paramilitar viajó en avión desde pistas aéreas del Urabá antioqueño —que estaba controladas por la Brigada XVII del Ejército—, y llegó a San José del Guaviare, donde, sin dificultad en los retenes militares, las tropas de las ACCU llegaron por tierra al departamento del Meta y realizaron una incursión armada en el casco urbano de Mapiripán entre el 15 al 20 de julio, asesinando a por lo menos 49 personas y desplazando a unas 500 familias.

De acuerdo con un testigo entrevistado por la SRVR, el grupo paramilitar “llevaba un listado de la población civil a asesinar, y contaron con la ayuda de informantes que señalaban a las personas a ejecutar”. Además, fueron avisados del momento en que debían retirarse porque  el Ejército iba a ingresar a Mapiripán.

El papel que jugaron las Convivir en esta masacre se conoció a partir de versiones de exjefes paramilitares. Inicialmente, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en sentencia del 24 de septiembre de 2015, proferida contra Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, recoge una versión de Hébert Veloza, alias ‘HH’, según la cual el traslado desde el Urabá antioqueño del comando paramilitar que perpetró la masacre habría sido coordinado entre el exparamilitar Raúl Hasbún y Alberto Osorio Mejía, representante legal de la Convivir Punta de Piedra.

“Mientras figuraba legalmente como representante de la Convivir, debidamente autorizada, Osorio Mejía coordinó con Hasbún la logística para que aviones trasladaran a un grupo de ‘paras’ del Urabá antioqueño al departamento del Meta, en el otro extremo del país, para que hicieran la masacre de Mapiripán”, recoge, en la sentencia de Justicia y Paz, el testimonio de ‘HH’. (Leer más en: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)

Sin embargo, en la reciente decisión, la SRVR precisó que la participación de las Convivir en esa masacre fue más allá: con dineros recaudados por esas asociaciones del Urabá antioqueño, agrupadas en la Convivir Papagayo, se financió la preparación militar del comando paramilitar que perpetró la masacre en Mapiripán.

El testimonio reservado de un exjefe paramilitar, que detalló su participación en los hechos, reconoció ante la SRVR que con parte de los recursos que les llegaban a las Convivir “se financió el entrenamiento del grupo de las ACCU que viajó a Mapiripán y cometió la cruenta masacre”. Y precisó: “Nunca para la masacre, pero sí para el entrenamiento de esa gente”.

La preparación tuvo lugar en la base paramilitar que las ACCU instalaron a finales de 1996 en la vereda El Guineo, entre Apartadó y San José de Apartadó. Para 1997, en este espacio, se desarrollaron cursos de entrenamiento a un grupo de 89 hombres, dentro de los que se encontraban Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, y Elkin Orlando Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’. Desde el aeropuerto de Carepa, bajo control de la Brigada XVII del Ejército, se embarcaron las tropas en dos aviones hacia el departamento del Meta y cometieron la masacre de Mapiripán como preámbulo de la constitución del Bloque Centauros.

Entre los paramilitares que viajaron a Mapiripán se encontraba Arnoldo Vergara Trespalacios, quien para la fecha de construcción de la Convivir Costa Azul, el 15 de julio de 1996, figuraba como el revisor fiscal. Antes de esto, fue uno de los fundadores de la organización paramilitar “Los Güelengues”, base del Bloque Elmer Cárdenas de las ACCU. Vergara fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de Mapiripán.

El testigo reservado también aclaró que las dos aeronaves en las que se movilizaron a los hombres de las AUC de Urabá a Guaviare fueron aportadas por Francisco Cifuentes Villa, un narcotraficante cercano a las ACCU.

Compulsa de copias

La decisión del magistrado Salazar Arbeláez ordena poner en conocimiento sus hallazgos y continuar su investigación en tres macrocasos de ese tribunal: el Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado; el Caso 04, sobre violaciones al Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos en la región de Urabá y el Caso 08, por crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y agentes del Estado, algunos en asociación con estructuras de las AUC.

Los comparecientes obligatorios referidos en la decisión son 51, y pertenecían a la Primera División del Ejército; a las Brigadas XVII y XI; al Batallón de Contraguerrilla No. 35; al Batallón Junín; al Batallón de Fuerzas Especiales, al Batallón de Infantería No. 35, Jaime Diaz; al Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos; y al Batallón de Infantería No. 33, Batalla de Junín.

También se ordenó compulsar copias del Auto a la Fiscalía General de la Nación contra dos personas terceras no comparecientes ante la JEP: Herman Arias Gaviria, exsuperintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y Eduardo Duque Becerra, excontratista de la Gobernación de Antioquia .

La magistratura pidió a la Fiscalía investigar a Arias Gaviria porque durante su gestión entre 1995 y 1996 se promovieron y constituyeron las asociaciones Convivir , que fortalecieron los grupos paramilitares, “sin que hubiese un efectivo control sobre los integrantes de aquellas ni sus operaciones, lo que permitió que fueran cooptadas por grupos paramilitares, especialmente por las ACCU en la región del Urabá antioqueño y en el departamento de Córdoba”, destaca el Auto.

En el caso de Duque Becerra, la magistratura presume que mientras fungió como asesor en seguridad de la Gobernación de Antioquia, del 23 de septiembre a 31 de diciembre de 1996 y 13 de enero a julio de 1997, tuvo alianzas con los mandos de las ACCU, tanto en Medellín como en Córdoba, con el fin de gestionar asuntos de armas y contactos ante la IV Brigada del Ejército, y apoyar sus actividades criminales.

Este caso empieza con dos contratos en los que la Gobernación de Antioquia vinculó a Duque Becerra  para coordinar los trámites relacionados con la constitución de las Convivir, según se lee en los documentos obtenidos por la JEP. Sin embargo, Duque Becerra, escuchado en audiencia por la SRVR, negó que haya tenido que ver con la constitución de las cooperativas, y sostuvo que no era invitado a las reuniones relacionadas con ese tema y aclaró que quienes tenían que ver con este asunto era el secretario de Gobierno Departamental de la época, Pedro Juan Moreno Villa,  y dos de sus subalternos.

Pero su nombre no era desconocido en las filas paramilitares. En indagaciones realizadas por la SRVR se encontraron las declaraciones del exjefe paramilitar Hébert Veloza García y  Rodrigo Alberto Zapata Sierra sobre una persona a la que se le conocía con el sobrenombre de ‘Pavarotti’. El despacho estableció que la persona conocida con ese apodo era  el excontratista Duque Becerra, quien admitió que así lo llamaban, pero negó que se hubiera reunido en algún momento con paramilitares e insistió que su apodo tenía un origen lejos de la ilegalidad.

Su nombre tampoco era desconocido para las autoridades judiciales. Años atrás, la Fiscalía 20 Delegada ante Justicia y Paz ya había compulsado copias para que Duque Becerra fuera investigado, abriendo en su contra un expediente por el delito de concierto para delinquir. Dentro de la investigación en la justicia ordinaria, el exparamilitar Zapata Sierra declaró que el excontratista de la Gobernación de Antioquia era amigo personal de Vicente y Carlos Castaño, ante quienes, según él, “presumía sobre sus contactos en la Cuarta Brigada de Medellín y de coordinar con Pedro Juan Moreno Villa las Convivir de Antioquia”.

La justicia continúa aportando a la verdad de los hechos sobre las alianzas paramilitares. El camino para encontrar los responsables y su papel en la guerra aún es largo y requiere de las acciones de todos los tribunales del país. El capítulo de las Convivir es uno de ellos.

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Ocho familias de personas asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) encontraron algo de justicia este 10 de junio con el veredicto que determinó la responsabilidad civil de Chiquita Brands International por haber financiado al grupo paramilitar en Colombia. Se abre una ventana para muchas más víctimas del Urabá antioqueño y la zona bananera de Magdalena.

En la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, el jurado les otorgó a ocho demandantes un total de 38,5 millones de dólares luego de determinar que se probó, irrefutablemente, que Chiquita le dio “asistencia sustancial” a las Auc en la forma de pagos en efectivo u otras formas de apoyo, y que esa asistencia “creó un riesgo previsible de daño a otras personas, incluyendo los familiares de (los) demandantes”.

El jurado también determinó que Chiquita no pudo probar que su apoyo a las Auc fue el resultado de un daño inminente a la empresa o sus empleados. Es decir, que no se trató del pago de extorsiones a ‘vacunas’.

“Nuestros clientes arriesgaron sus vidas para pedir que se haga justicia en contra de Chiquita, poniendo su fe en el sistema de justicia de Estados Unidos”, dijo la abogada Agnieszka Fryszman, de la firma de Cohen Milstein, que representó a varios de los demandantes.

Marco Simons, director jurídico de la oenegé EarthRights International, que representó a otro de los demandantes, celebró las decisiones del jurado. “Este veredicto envía un
mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de
los derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. Estas familias, que sufrieron
el asedio de grupos armados y corporaciones, demostraron su fortaleza y lograron
triunfar en el sistema judicial”.

En un comunicado Chiquita dijo que apelará el veredicto. “La situación en Colombia fue trágica para tantos, incluyendo los que fueron afectados directamente por la violencia allá. Sin embargo, eso no cambia nuestra convicción de que no hay ninguna base legal para estas demandas”, dijo la empresa un día después de que se conociera la decisión del jurado.

Entre los demandantes representados en el juicio estaba una mujer que, cuando tenía apenas 10 años, presenció el asesinato de su madre y padrastro a manos de los paramilitares quienes estaban presionando para que la familia vendiera su finca. También estaban familiares del trabajador bananero David Gonzalez que en 1997 fue bajado de un bus por hombres de las Auc y asesinado; su cuñada e hija luego fueron víctimas de desaparición forzada.

Simons dijo que el veredicto podrá marcar la pauta para las 4.500 víctimas adicionales que han demandado a Chiquita. “Es posible que las decisiones del jurado en este caso ayudarán a agilizar juicios futuros”, dice Simons. “También es posible que el veredicto del jurado en este caso forme un modelo para un acuerdo general (fuera de la corte) en estas demandas”.

Simons recalca que ese tipo de acuerdo es la forma más común en que se resuelven casos civiles con miles de demandantes. “Puede haber uno, dos o varios juicios representativos y, basado en los resultados de esos juicios, las partes se juntan para un acuerdo general para resolver el resto de las demandas”, dice, aunque anota que esa solución podría tomar bastante tiempo.

El próximo juicio representativo contra Chiquita está por comenzar el 15 de julio con 10 demandantes.

Un precedente crucial

La abogada colombiana y consultora jurídica, Tatiana Devia, quien acompañó el proceso, dijo que el fallo histórico tiene implicaciones de gran alcance para los derechos humanos en el mundo. “Fortalece el marco internacional de derechos humanos al mostrar que las victimas sí pueden buscar justicia y reparación a través de los sistemas legales, incluso contra entidades empresariales poderosas”, dijo en una rueda de prensa un día después de finalizar el juico.

“Este veredicto envía un mensaje claro a las empresas a nivel global de que el lucro no puede justificar la complicidad en abusos de los derechos humanos, la financiación de grupos armados, y la colaboración con los actores que cometen las atrocidades tan graves”, dijo Devia, agregando que establece un precedente importante.

En el juicio, que comenzó a finales de abril, hubo nueve demandantes en total, pero el jurado sólo encontró responsabilidad de Chiquita en ocho de ellos. En el noveno caso el jurado determinó que no se probó con evidencia suficiente la relación entre el asesinato de la víctima y las Auc.

Durante el juicio, testificaron ante el jurado familiares de las personas asesinadas y varios exjefes paramilitares, incluyendo a Salvatore Mancuso; Éver Veloza, alias ‘HH’; y Raúl Hasbún, conocido como ‘Pedro Bonito’. También declararon varios exejecutivos de Chiquita.

Espera de 17 años

Este proceso se remonta a 2007, cuando un grupo de víctimas presentó una serie de demandas en tribunales estadounidenses porque la multinacional financió a grupos paramilitares en la región del Urabá antioqueño. EarthRights International en coordinación con varios bufetes de abogados, lidera ese proceso que agrupa a 3.000 víctimas del paramilitarismo.

Al año siguiente, un “panel judicial”, equivalente en Colombia a un tribunal de varios jueces, ordenó que varios casos se consolidaran en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, en West Palm Beach.

En los años siguientes se dieron varios ires y venires en la demanda, pues Chiquita Brands pidió que se desestimara porque debía ser juzgado en Colombia y porque esa corte señaló que no existían pruebas suficientes para establecer que las Auc hubieran asesinado a las víctimas cuyos casos hacían parte del expediente.

Sin embargo, el proceso se desatascó en 2022, cuando el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito, revocó el fallo que excluía documentación de Justicia y Paz –el sistema de justicia transicional en el que paramilitares desmovilizados confesaron sus crímenes–, determinando que había pruebas suficientes sobre la participación de los paramilitares en los asesinatos de los familiares de los demandantes.
Así se dio apertura al juicio que acaba de concluir, que seleccionó a nueve casos representativos del total del universo de víctimas que reclamaron justicia en esa corte.

La historia de los aportes a las Auc

Que la multinacional Chiquita Brands haya financiado a grupos paramilitares en la región del Urabá antioqueño no es ningún secreto. De hecho, en marzo de 2007, un juzgado de Washington avaló un acuerdo al que la compañía llegó con el Departamento de Justicia para pagar una multa de 25 millones de dólares, tras reconocer que había hecho más de 100 pagos a la Auc por un total de 1,7 millones de dólares.

Ni un centavo de dólar de esa millonaria sanción fue destinado para reparar a las víctimas que dejó el paramilitarismo en esa región agroindustrial. En ese momento, la empresa señaló que fue obligada a pagar extorsiones y que lo hizo con el objetivo de proteger a sus empleados.

Sin embargo, documentos desclasificados por litigios ante juzgados de Estados Unidos del National Security Archive (NSA), un grupo de investigación no gubernamental con sede en Washington, dan cuenta de los entramados que tejieron varios directivos de la bananera para ocultar esos pagos a las Auc.

El 6 de enero de 2000, Robert Kistinger, cabeza de Banana Group de Chiquita, radicado en Cincinnati, Ohio, le dijo a la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), que conocía directamente sobre los pagos a los grupos armados. Esa declaración fue desclasificada por el NSA y en ella confesó que “no pararemos de hacer negocios en Colombia, porque, saben, tendremos que gastar un extra de US25.000. Eso no es realista. ¿Cierto?”.

Pero antes de hacerle pagos a paramilitares, Chiquita Brands hizo lo propio con las diferentes guerrillas que tenían presencia en Urabá y Magdalena. La situación cambió con la expansión paramilitar y en 1997, cuando directivos de la multinacional se reunieron con Carlos Castaño, jefe y vocero de las Auc.

Los pagos a grupos paramilitares se hicieron inicialmente a través de varias cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, creadas bajo el gobierno del entonces presidente César Gaviria (1990-1994) y consolidadas bajo el mandato de Ernesto Samper (1994-1998), hasta que la Corte Constitucional, en 1997, declaró inexequible parte de la norma que les autorizaba la tenencia y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

No obstante, una de ellas continuó activa, la Convivir Papagayo, como empresa de seguridad regulada y sin armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La investigación Los nuevos papeles de Chiquita Brands, realizada por el NSA y VerdadAbierta.com, da cuenta que, por medio de esa organización, se estableció un sofisticado mecanismo de pagos.

La estrategia fue creada y liderada por Raúl Hasbún, empresario bananero que se incorporó a las Auc como jefe del Frente Arlex Hurtado, unidad urbana que operó en los municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó, ubicados en el Urabá antioqueño, y donde se concentra en un alto porcentaje las operaciones del banano.

De acuerdo con ese reportaje, Chiquita acordó aportar tres centavos de dólar por cada caja exportada a través de esa Convivir, deducidos de los pagos mensuales a los productores. Según cálculos de la Chiquita Brands, entre 1997 y 2004 se pagaron 1,7 millones de dólares.

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Se demoró 17 años, pero un grupo de víctimas logró lo que se consideraba imposible: la apertura hoy de un juicio civil en el que la bananera Chiquita Brands International podría ser obligada a reparar a las víctimas de paramilitares a los que pagaron una millonaria suma cuando operaron en el Urabá antioqueño.

Las primeras demandas se presentaron en 2007, entre ellas Doe (nombre clave dado por la justicia norteamericana a víctimas que quieren mantener anonimato) contra Chiquita, una demanda colectiva de alrededor de 3.000 víctimas, presentada por EarthRights International, organización no gubernamental que se especializa en temas de protección ambiental y derechos humanos, en coordinación con varios bufetes de abogados.

En 2008, un “panel judicial”, equivalente en Colombia a un tribunal de varios jueces, ordenó que varios casos se consolidaran en el Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, en West Palm Beach.

Tres años después, la multinacional intentó que se desestimara el caso, alegando que debía juzgarse en Colombia y no en Estados Unidos. Esa solicitud fue rechazada en 2016 por la Corte Federal del Sur de la Florida.

En 2019, ese tribunal consideró que no existían evidencias suficientes de que las Auc hubieran asesinado a las víctimas de estos casos, tras excluir, erróneamente, según abogado de ellas, documentos del proceso de Justicia y Paz en Colombia. Cabe recordar que ese fue el mecanismo de justicia transicional que se creó en Colombia para juzgar a los desmovilizados de las Auc otorgándoles penas alternativas, a cambio de que confesaran sus crímenes y repararan a las víctimas que dejaron al estar en armas.

En 2022, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito revocó el fallo que excluía documentación de Justicia y Paz, determinando que había pruebas suficientes sobre la participación de los paramilitares en los asesinatos de los familiares de los demandantes.

Gracias a esa decisión, se logró la apertura del juicio, que tiene la característica de representar a una parte del universo de víctimas del caso Doe contra Chiquita, que reclaman justicia en tierras estadounidenses.

El Tribunal de Distrito Sur de la Florida seleccionó un grupo de casos bellwether, o representativos, para continuar el proceso. Los juicios tipo bellwether se utilizan a menudo en casos con un gran número de víctimas diferentes para orientar futuras resoluciones de todo el universo de demandas de las víctimas.

La selección de diez jurados, quienes tras escuchar los testimonios de las partes y analizar el acervo probatorio, y decidirán a favor o en contra de los demandantes, finalizó ayer.

El primer testigo de los demandantes será Fernando Aguirre, expresidente de Chiquita.

La historia de los aportes a las Auc

Que la multinacional Chiquita Brands haya financiado a grupos paramilitares en la región del Urabá antioqueño no es ningún secreto. De hecho, en marzo de 2007, un juzgado de Washington avaló un acuerdo al que la compañía llegó con el Departamento de Justicia para pagar una multa de 25 millones de dólares, tras reconocer que había hecho más de 100 pagos a la Auc por un total de 1,7 millones de dólares.

Ni un centavo de dólar de esa millonaria sanción fue destinado para reparar a las víctimas que dejó el paramilitarismo en esa región agroindustrial. En ese momento, la empresa señaló que fue obligada a pagar extorsiones y que lo hizo con el objetivo de proteger a sus empleados.

Sin embargo, documentos desclasificados por litigios ante juzgados de Estados Unidos del National Security Archive (NSA), un grupo de investigación no gubernamental con sede en Washington, dan cuenta de los entramados que tejieron varios directivos de la bananera para ocultar esos pagos a las Auc.

El 6 de enero de 2000, Robert Kistinger, cabeza de Banana Group de Chiquita, radicado en Cincinnati, Ohio, le dijo a la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), que conocía directamente sobre los pagos a los grupos armados. Esa declaración fue desclasificada por el NSA y en ella confesó que “no pararemos de hacer negocios en Colombia, porque, saben, tendremos que gastar un extra de US25.000. Eso no es realista. ¿Cierto?”.

Pero antes de hacerle pagos a paramilitares, Chiquita Brands hizo lo propio con las diferentes guerrillas que tenían presencia en Urabá y Magdalena. La situación cambió con la expansión paramilitar y en 1997, cunado directivos de la multinacional se reunieron con Carlos Castaño, jefe y vocero de las Auc.

Los pagos a grupos paramilitares se hicieron inicialmente a través de varias cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, creadas bajo el gobierno del entonces presidente César Gaviria (1990-1994) y consolidadas bajo el mandato de Ernesto Samper (1994-1998), hasta que la Corte Constitucional, en 1997, declaró inexequible parte de la norma que les autorizaba la tenencia y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

No obstante, una de ellas continuó activa, la Convivir Papagayo, como empresa de seguridad regulada y sin armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La investigación Los nuevos papeles de Chiquita Brands, realizada por el NSA y VerdadAbierta.com, da cuenta que, por medio de esa organización, se estableció un sofisticado mecanismo de pagos.

La estrategia fue creada y liderada por Raúl Hasbún, empresario bananero que se incorporó a las Auc como jefe del Frente Arlex Hurtado, unidad urbana que operó en los municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó, ubicados en el Urabá antioqueño, y donde se concentra en un alto porcentaje las operaciones del banano.

De acuerdo con ese reportaje, Chiquita acordó aportar tres centavos de dólar por cada caja exportada a través de esa Convivir, deducidos de los pagos mensuales a los productores. Según cálculos de la Chiquita Brands, entre 1997 y 2004 se pagaron 1,7 millones de dólares.

Ahora, más de 3 mil víctimas de la violencia que los paramilitares desataron en la región del Urabá durante siete años, ven cómo se abre una oportunidad para encontrar la justicia y la reparación que les ha sido esquiva por más de dos décadas. Se espera que el juicio civil contra la multinacional que inició hoy dure seis semanas.

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La idea de la cooperación ciudadana en temas de seguridad y control contrainsurgente provenía de los manuales de operaciones estadounidenses producidos a comienzos de la década del sesenta, entre los que se destaca el Manual de Campo del Ejército para adelantar Operaciones contra Fuerzas Irregulares, de mayo de 1961, y catalogado como FM-31-15.

En el capítulo 3, apartado 31, bajo el título “Fuerzas civiles y particulares locales”, se recomendaba que “para minimizar la necesidad de unidades militares, se busca la máxima ayuda y se recurre a la policía civil, a las unidades paramilitares y a los individuos locales que simpatizan con la causa amiga. El uso y control de estas fuerzas se basa en acuerdos políticos nacionales y locales y en una selección adecuada para satisfacer los requisitos de seguridad”.

Ese Manual de Campo estadounidense fue traducido y adoptado por las Fuerzas Militares colombianas desde septiembre de 1962. Su concepción se retomó en el Reglamento de Combate de Contraguerrillas EJC 3-10, aprobado mediante la Disposición 05, fechada el 9 de abril de 1969.

En la Sección D, titulada “Operaciones de Organización de la Población Civil”, se estipuló que ese tipo de operaciones “se llevan a cabo a través de una serie de actividades conducentes a organizar a la población civil de la zona de combate, para que pueda defenderse contra las acciones de las guerrillas lleven a cabo contra ella, o para reducir los efectos de la actividad de delincuentes comunes, de catástrofes naturales o de la guerra”.

Para cumplir con ese objetivo se recomendó “organizar en forma militar a la población civil, para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apóyela ejecución de operaciones de combate”, y se propusieron dos métodos de organización: como junta de autodefensa y como defensa civil.

El Reglamento EJC 3-10 definió la junta de autodefensa como “una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros que amenacen el área o para operar en coordinación con tropas de acciones de combate”.

Con respecto a la defensa civil, se concibió como una “organización de la población civil con la finalidad de protegerla contra las actividades de los delincuentes comunes, los efectos de las calamidades públicas tales como situaciones de emergencia, guerras, catástrofes, fenómenos naturales y otros”.

Durante más de dos décadas, los manuales insistieron en conformar justas de autodefensa en diversas regiones del país. Ejemplo de ello es el Manual de Combate contra Bandoleros o Guerrilleros, aprobado mediante Disposición 00014 del 25 de junio de 1982, que plantea que uno de los “objetivos permanentes de la Fuerza Militar” es “organizarlas, instruirlas y apoyarlas” allí donde “la población es leal y se manifiesta agresiva y decidida contra el enemigo”.

Para 1987, cuando se aprobó el Reglamento de Combate de Contraguerrillas EJC 3-10, se reiteró en diversos apartes el involucramiento de la población civil en tareas contrainsurgentes y que fuera organizada “en forma militar […] para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate”. No obstante, con relación a manuales anteriores, en este caso se eliminó el concepto de junta de autodefensa y se estableció que el método de organización era la defensa civil, manteniendo la definición y los alcances planteados en 1969. (Leer más en: En su origen, paramilitares fueron promovidos por el Ejército)

Camino a las Convivir

El espíritu de esos manuales se expresó en la Orden 200-05-91, expedida en 1991 por el Ministerio de Defensa. El documento acogió las recomendaciones realizadas por una comisión de asesores de las fuerzas militares estadounidenses y facultó al Ejército, la Armada y a la Fuerza Aérea de Colombia para establecer redes de inteligencia que recibieran órdenes de altos oficiales y ofrecieran información que ayudara en la preparación de las operaciones contrainsurgentes y a la identificación de la organización del “enemigo”.

Para darle respaldo jurídico a esas recomendaciones, el Gobierno Nacional expidió la Ley 61, fechada el 12 de agosto de 1993, que le otorgó facultades extraordinarias “para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad privadas”.

Luego, bajo el amparo de esa norma, expidió el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, mediante el cual promulgó el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, que, entre otras cosas, ordenó los servicios de seguridad, les asignó algunas responsabilidades, les dio varias autorizaciones, entre ellas la de portar armas de uso privativo de la Fuerza Pública, y habilitó a los gobernadores para otorgar personerías jurídicas a todas aquellas asociaciones que se conformaran bajo esas normas.

Ese decreto definió los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada como aquellos que “en forma expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a personas jurídicas de derecho público o privado, con el objeto exclusivo de proveer su propia seguridad para desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés público, que requieren de un nivel de seguridad de alta capacidad”.

La norma también precisó que se considera especial un servicio de vigilancia y seguridad privada, “cuando debe emplear armas de fuego de uso restringido y actuar con técnicas y procedimientos distintos de los establecidos para otros servicios de vigilancia y seguridad privada, debiendo obtener aprobación del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional”.

Asimismo, definió los Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada como aquellos organizados por las comunidades “en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros del área donde tiene asiento la respectiva comunidad”. Adicional a ello, precisó que “sólo podrán operar en la modalidad vigilancia fija y/o vigilancia móvil, con o sin armas y limitada al área de operación autorizada para el servicio”.

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Con la llegada de Ernesto Samper a la Presidencia de la República (1994-1998), esos servicios especiales adquirieron mayor relevancia luego de la reglamentación del Decreto 356 de 1994 introducida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) a través de la Resolución 368 del 27 de abril de 1995. Esta norma estableció que tales servicios especiales deben “constituirse con la finalidad primordial de contribuir a la seguridad y tranquilidad ciudadana” y “corresponder a reales y precisas necesidades comunitarias”.

A partir de la expedición de esa resolución, los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada autorizados por la SVSP adoptaron el nombre de Convivir y se determinó que sus licencias de funcionamiento tendrían una vigencia de dos años.

Una de las confusiones metodológicas que arroja la revisión de las cifras sobre las Convivir es que la SVSP incluyó en esa misma denominación los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada, cuyo objeto exclusivo es proveer la seguridad de una persona jurídica de derecho público o privado, con el Servicio Comunitario de Vigilancia y Seguridad Privada, que tienen la finalidad de proveer vigilancia y seguridad privada a los miembros de una comunidad o a toda la comunidad

Servicios Especiales y Comunitarios

Una vez decantados los datos, se estableció que, desde el 27 de abril de 1995 hasta el 7 de noviembre de 1997, se autorizaron 398 solicitudes para la prestación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada en 24 departamentos del país. Divididos por años, las cifras arrojan que 1995 se constituyeron 54; en 1996, 265; y en 1997, 79. (Ver tabla)

Una de las particularidades observadas en los dos departamentos con mayor cantidad de Convivir autorizadas -Santander y Cundinamarca- es la cantidad de Juntas de Acción Comunal, tanto urbanas como rurales, que solicitaron acreditación como Servicios Especiales de Vigilancia. De las 103 registradas en Santander, 92 licencias le fueron otorgadas a igual número de Juntas de Acción Comunal; con respecto a Cundinamarca, de las 83 registradas, 61 de ellas se les otorgaron a estas organizaciones locales, evidenciando la confusión que generó la SVSP en el otorgamiento de esas licencias de funcionamiento.

Otro de los aspectos a destacar es que cerca de una tercera parte de los Servicios Especiales autorizados se registraron ante las Cámaras de Comercio de las ciudades donde operaron. De los datos de las 398 Convivir revisados, por lo menos 120 de ellas obtuvieron matrícula mercantil, lo que permite observar información clave sobre quiénes las constituyeron, los integrantes de sus juntas directivas, el capital con el que iniciaron y las transformaciones que tuvieron durante los años de vigencia de su registro empresarial. Ninguna de ellas tiene relación con las Juntas de Acción Comunal.

También llama la atención el modelo de escritura pública empleado en diversas regiones del país para constituirse ante notaría como Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada. Cabe destacar que no todas las 398 Convivir que se analizaron para esta investigación recurrieron a ese protocolo, muchas de ellas se crearon bajo documento privado, que fue avalado por los gobiernos departamentales y por la SVSP.

Una revisión a las escrituras públicas de por lo menos 25 Convivir creadas en el periodo analizado (1995-1997) evidencia un mismo objeto social, compuesto por seis acciones que van mucho más de la prestación de servicios locales de seguridad: 1) Promover la acción social hacia la educación, la salud, la recreación, el empleo y la seguridad a través de la promoción y participación comunitaria; 2) Elaborar diagnóstico y caracterización de los sistemas productivos; 3) Formulación de proyectos de comunicación para asistencia técnica; 4) Formulación de propuestas de acciones para la conservación de microcuencas y reforestación; 5) Capacitación en uso y administración de implementos y equipos para mecanización agropecuaria y minera; 6) Ser socia de otras sociedades.

Los capitales reportados en el momento de su constitución y registrados en las escrituras públicas son particularmente bajos si se tienen en cuenta las acciones incluidas en el objeto social. Los montos oscilan entre 200 mil pesos y 8 millones de pesos, siendo 500.000 pesos el valor registrado con más frecuencia.

La información de esas escrituras contrasta con la registrada ante las Cámaras de Comercio mediante los formularios de registro de matrícula mercantil. En varios de ellos, la actividad mercantil no correspondía al objeto social ni a labores de seguridad. Un ejemplo de esas inconsistencias se refleja en los documentos de la Asociación Convivir El Batán, del municipio de Quípama, Boyacá, inscrita en la Cámara de Comercio de Tunja. Sus creadores recurrieron al modelo de escritura pública ya detallado, pero en el momento de solicitar el registro especificaron que su actividad era “centros de capacitación”.

Otro ejemplo de esa incoherencia entre documentos y labores de seguridad se refleja en los registros de la Asociación Convivir Calcetero, de Otanche, Boyacá, e inscrita en la Cámara de Comercio de Tunja. También recurrió al modelo de escritura pública detallado líneas atrás, pero en el registro mercantil especificó que sus actividades comerciales estaban enfocadas en labores agropecuarias, pesca y zoocría, y en la minería.

Una de las Asociaciones Convivir que llama la atención en sus documentos de escritura y registro es la llamada Acetatos, de Medellín, Antioquia. Se constituyó bajo el modelo de escritura pública ya descrito, pero en los registros mercantiles que están en el expediente de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se registró como actividad comercial “supervisar control de calidad en construcción”.

Con respecto a los Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada, los datos que aporta la SVSP son imprecisos.  En un primer análisis de información contenida en bases de datos de esta entidad, se estableció que entre el 27 de abril de 1995 y el 7 de noviembre de 1997 se identificaron 63 Servicios Comunitarios. Para precisar aún más esa información, se le solicitó mediante derecho de petición que detallara el nombre del representante legal al momento de su autorización, el departamento donde operaron y la fecha de la resolución de la licencia de funcionamiento.

Lo particular de la respuesta es que de las 63 Convivir por las que se preguntó, la SVSP respondió que ante la entidad solo se registraron 23 Servicios Comunitarios de Seguridad Privada, dato al que se llegó “después de realizar una verificación exhaustiva de los sistemas de información y consulta de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por parte del Grupo de Gestión Documental y la Oficina Asesora Jurídica”. 

Articulación funcional

La revisión de diversas sentencias proferidas por las salas de Justicia y Paz de los tribunales superiores de Bogotá y Medellín revelan diversas maneras de articulación de las asociaciones Convivir a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que contribuyeron a su expansión y consolidación mientras estuvieron vigentes.

El contexto elaborado en varios fallos contra exintegrantes del Bloque Tolima permite dilucidar que las asociaciones Convivir fueron utilizadas para arropar a grupos de autodefensa campesina que existían de tiempo atrás y darles un manto de legalidad. Así ocurrió con varios grupos que operaron en el sur del departamento del Tolima y que se constituyeron a comienzos de la década de los noventa a partir de clanes familiares para enfrentar a la guerrilla de las Farc, entre los que se destacaron los Caleño, Bermúdez, Aguirre, Cerquera y Cárdenas.

“[…] se trataba de familias alzadas en armas que no reclutaban a patrulleros con la promesa de pagar salarios o con la ideología de refundar la patria, sino que los patrones de las fincas incentivaban a los campesinos a participar de la guerra contrainsurgente, a partir de una mezcla de compromisos de amistad y compadrazgo con beneficios materiales como la dormida y el alimento”.

Pero esa labor antiguerrillera no estaba respaldada por ninguna ley por lo que fue importante para su legalización la entrada en vigencia del Decreto 356 del 11 de febrero de 1994. Aprovechando esa normativa se conformaron cuatro asociaciones de vigilancia y seguridad privada, tres de ellas en las veredas La Laguna, Alto Bonito y San Isidro, del municipio de Rioblanco, y una más en la vereda Meseta, del municipio de Ibagué.

De acuerdo con la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, “este barniz de legalidad (y con el que superaron provisionalmente la clandestinidad que las caracterizó durante los primeros años de la década de los noventa), les permitió profundizar los nexos con la Fuerza Pública, especialmente con los batallones Rooke y Caicedo”.

Ese ropaje de legalidad les permitió operar de manera más abierta y pública, y sin mayores limitaciones por parte de la Fuerza Pública. Además, pudieron adquirir armamento y establecer redes de comunicación, posibilitando así una mejor estrategia de defensa en las regiones donde hacían presencia. También adoptaron formas de control y regulación de la vida cotidiana de los campesinos instalando retenes viales, requisando a la gente, solicitando documentos de identidad para contrastar con supuestas listas y despojando a los pobladores de sus remeses de manera arbitraria.

“A pesar de que las Convivir eran legales, sus integrantes se dedicaron a aterrorizar a la ciudadanía del sector rural que, en muchos casos, se vio precisada a desplazarse a otros sectores; así mismo, portaron armas, municiones, prendas de uso exclusivo de las FFMM y de defensa personal; causaron muertes, extorsionaron y se apoderaron de bienes muebles e inmuebles y toda clase de desmanes que produjeron terror en la población rural”, se leen en una de las sentencias de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

En el sur del departamento de Cesar y la provincia de Ocaña, en Norte de Santander, también se registra la transformación de antiguos grupos de autodefensa contrainsurgente en Convivir. Al respecto cabe destacar el análisis realizado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que, citando informes de policía judicial, asevera que “quienes fungieron como fundadores, representantes legales o gerentes de las Convivir, fueron reconocidos paramilitares que delinquieron en la misma región del país en la que fueron autorizados para cumplir el objeto social de sus asociaciones”.

En ambas regiones, la función de las Convivir, además de agrupar a antiguos grupos de autodefensa que venían operando de tiempo atrás, les permitió tener, bajo ese manto de legalidad, mayor relacionamiento con las autoridades militares y de Policía, así como desplegar un fuerte control social y obtener recursos a través del cobro de contribuciones arbitrarias.

“[…] se constreñía a los ganaderos para conseguir de ellos el aporte de recursos a la Organización, práctica que posteriormente tomó fuerza y se hizo extensiva a los propietarios de inmuebles rurales a quienes coaccionó al pago de una cuota para la seguridad, especialmente cuando estaban vigentes las cooperativas Convivir. El cobro de esta cuota fue semestral o anual, y fue fijada en especie o dinero, en consideración a la extensión del predio, la actividad económica realizada o la rentabilidad”, se consignó en una decisión judicial de los tribunales de Justicia y Paz.

Donde también hubo articulación entre las Accu y las Convivir fue en la región del suroeste de Antioquia.  Así quedó consignado en decisión de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín: “[…] a los demás factores generadores de violencia que existían en la subregión se sumó la acción de estas cooperativas que, como lo advirtió esta Sala en decisiones anteriores, marcó un momento decisivo no solo en términos de vigilancia y control social, sino de militarización de la sociedad en función de la lucha contrainsurgente con fines de seguridad y dominación”.

En esta región cafetera antioqueña las asociaciones Convivir contaron con el apoyo de sectores políticos y económicos en los municipios donde se constituyeron, y de acuerdo con la decisión citada, “se convirtieron en una especie de brazo legal de los paramilitares”.

Citando informes de la Fiscalía General de la Nación, este tribunal de justicia transicional aseveró que cuando el Bloque Suroeste ingresó a la zona, empezó a operar de manera conjunta con algunos miembros de las cooperativas de vigilancia privada, en una especie de división del trabajo en el que “los integrantes de las Convivir hacían la labor de inteligencia en el área urbana –hacer seguimientos, buscar casas de vicio ‘ollas’, ubicar milicianos o subversivos-, entregando estos datos al comandante paramilitar”.

Otra de las características de estas asociaciones Convivir en el suroeste antioqueño es que fueron una especie de bisagra ente las Accu y la clase política local y regional para fortalecer la estrategia contrainsurgente del Estado que, en este departamento, contaron con un fuerte estímulo de la Gobernación de Antioquia bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez (1995-1997).

En la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente en los territorios que van de la ciudad de Santa Marta hasta los límites con el departamento de la Guajira siguiendo la carretera conocida como la Troncal de la Costa, la figura de las Convivir también se usó para legalizar un grupo de autodefensa campesina contrainsurgente conocido como ‘Los Chamizos’, liderados por Hernán Giraldo.

Esa Convivir fue constituida en 1995 en la capital samaria y asumió cuatro roles fundamentales: ofrecía servicios de seguridad a diversos sectores productivos de la ciudad;  se constituyó en  una “oficina de cobros” al servicio de comerciantes que acudían a ella para recuperar deudas de difícil cobro mediante amenazas; estuvo vinculada a actividades del narcotráfico, sobre todo en tareas de control de laboratorios de procesamiento y zonas de embarque en áreas rurales de Guachaca, Don Diego, Calabazo, Buritaca y Palomino; y fungió como agencia inmobiliaria, pues según versiones que reposan en expedientes de la Unidad de Justicia y Paz, se usó para comprar aquellas propiedades que los comerciantes se veían obligados a vender por presión de ‘Los Chamizos’, estructura armada ilegal que luego se convertiría en el Bloque Tayrona.

Por los lados del suroriente del país también surgieron Convivir, una de ellas en el departamento de Casanare, que se constituyó en el municipio de Yopal. La orden para crearla vino de los jefes de una autodefensa campesina contrainsurgente que luego se convertiría en el Bloque Centauros. Sus funciones estaban ligadas a esta estructura paramilitar, entre ellas articular todo lo relacionado con transporte de víveres, dotaciones, vehículos y comunicaciones, además de suministrar información sobre grupos guerrilleros y delincuencia común.

Relatos de exparamilitares indican que en esta región del suroriente del país esas asociaciones de vigilancia se convirtieron en una fachada para reclutar “niños, personas, adultos, de todo […] las utilizaban era pa’ hacer cosas, no como las tenían supuestamente legales, sino eran, para antes, para reclutar y para hacer cosas ilegales de los grupos armados de las autodefensas de Martín Llanos”.

Otra de sus tareas se enfocó en articularse con organismos de inteligencia estatal. Los relatos de exparamilitares que comparecieron a los tribunales de Justicia y Paz aseguran que desde la Convivir se enlazaban con la Unidad Antiextorsión y Secuestro (UNASE) de la Policía Nacional. Además, les prestaban seguridad a los ganaderos de la región y a sus haciendas.

El modelo de las Convivir tuvo una fuerte acogida en el departamento de Córdoba, donde se crearon 18 asociaciones de servicios especiales de vigilancia y seguridad privada. Al respecto una sentencia de la Sala de Justicia y Paz de Medellín reseña notas de la prensa regional en la que se destacan las apreciaciones de autoridades locales y ganaderos que no sólo consideraban que era una buena estrategia de seguridad, sino que, por extensión, destacaban la labor de las Accu.

El fallo destaca una publicación del diario El Heraldo: “La propia Federación Ganadera de Córdoba (Ganacor) no solo las respaldaba, sino que además defendía la labor que habían llevado a cabo las autodefensas de Carlos Castaño y se mostraba en franca oposición a la persecución que adelantaba el gobierno nacional contra su líder. Consideraba que, sin él, la suerte del campo corría peligro e incluso se afirmó que con dicha persecución el gobierno le estaba tendiendo una mano a la guerrilla”.

Por su parte el diario El Meridiano de Córdoba también reseñó apreciaciones favorables sobre las Convivir: “Esta nueva llave entre el Ejército, la Policía y la comunidad, ha permitido desde hace ocho meses cuando comenzaron a funcionar en el departamento, que haya mayor tranquilidad y un mejor entendimiento entre las personas que hacen parte de la organización y las autoridades”. (Leer más en: Duro cuestionamiento de Tribunal de Justicia y Paz al Meridiano de Córdoba)

Esas asociaciones tuvieron entre sus tareas apoyar en inteligencia al Ejército y la Policía, pero también compartieron información con las Accu. Así lo ratifica un exparamilitar: “Las Convivir siempre se manejaban paralelas, pero siempre enfocadas a la organización, siempre la información que ellas daban la pasaban para diferentes partes, tanto Ejército o para nosotros; en ocasiones andaban con nosotros; nosotros nos camuflábamos como Convivir y pasábamos en cualquier retén, o ante la población; si no queríamos pasar como autodefensas pasábamos como Convivir”.

Tras esa apariencia de legalidad se tejió un entramado ligado con las Accu que contribuyó a su crecimiento. Al respecto, la sentencia aludida precisó que “la expansión de las Convivir coincidió entonces con la expansión misma del paramilitarismo. De allí que distintos miembros de los grupos paramilitares hicieran parte de estas Cooperativas, antes o, mientras hacían parte de las filas paramilitares”.

Lo que muestran los análisis judiciales sobre las Convivir, basados en diversos testimonios de algunos de sus exmiembros, es que mutaron progresivamente hasta fusionarse con estructuras paramilitares ligadas a las Accu, alianza que permitió su consolidación y expansión.

Para la Sala de Justicia y Paz de Medellín, “este fenómeno representa entonces otro lamentable caso emblemático en el departamento de Córdoba. Eso significa que, en la década de los años noventa, la lucha contrainsurgente echó mano de distintos mecanismos para lograr su objetivo, uno de los cuales fue la creación de las Asociaciones Convivir”.

Duros debates

Si bien Antioquia no encabeza la lista de constitución de Convivir, lo cierto es que fue en este departamento donde más activa estuvo la promoción de esos servicios especiales y comunitarios durante el mandato del entonces gobernador Álvaro Uribe (1995-1997).

Bajo sus directrices, el secretario de Gobierno Departamental, Pedro Juan Moreno, impulsó su constitución entre distintos gremios de la producción y las comunidades. Uribe y Moreno, al igual que los presidentes Julio César Turbay (1978-1982), Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria (1990-1994), eran de la idea de involucrar a la ciudadanía en su propia protección.

El 21 de febrero de 1995, Moreno acudió a una citación de la Asamblea Departamental para que expusiera su plan de trabajo al frente de la Secretaría de Gobierno. En su intervención, planteó varias de sus ideas respecto de las Convivir y del porte de armas: “Yo creo que desarmar la gente de bien no es ninguna solución, yo creo que eso puede hacerse cuando hay un Estado fuerte en capacidad de responder, no hablemos ni de la honra, ni de los bienes, porque eso, la honra se pierde, pero la gente es muy olvidadiza y hasta se vuelve y se consigue; pero la vida, y yo creo que el Estado nuestro, no está en capacidad de responder y de garantizarle la vida a nadie, entonces si no está en capacidad, yo creo que debe dejar que la comunidad se defienda”.

Seis meses después, en un debate sobre el mismo tema en el Congreso de la República, el gobernador Uribe insistió en defender las Convivir con el fin de hacerle frente a las guerrillas: “Aquí no estamos organizando vándalos para aparecer como actores nuevos en un conflicto violento que entre sus raíces tiene aquellas de naturaleza política. Aquí estamos permitiendo que la gente de bien se organice para que de manera no ofensiva sino defensiva colabore con el rescate de su propia seguridad”.

La promoción de esas asociaciones era compulsiva en aquella administración departamental. Un exfuncionario judicial que, por razones de su cargo, debía participar en las reuniones semanales convocadas por el gobernador Uribe, recordó: “De cada reunión, surgía por lo menos la creación de una Convivir. Si un alcalde informaba, por ejemplo, que por alguna región montañosa de su municipio pasaban hombres armados, la respuesta era: ‘Alcalde, enseguida se reúne con Pedro Juan para que organicen una Convivir en su municipio’”.

Las controvertidas tesis de Uribe y Moreno reñían con la percepción de organizaciones nacionales e internacionales que comenzaron a registrar, con inquietud, las acciones arbitrarias de las Convivir contra las comunidades.

Una de las primeras instancias multilaterales en pronunciarse fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su informe sobre lo sucedido en el país en 1996 puso bajo la lupa a las Convivir: “La Comisión muestra su preocupación por el hecho de que las actividades y la estructura de las Convivir no se distinguen fácilmente de aquellas de los grupos paramilitares ilegales, los cuales han sido responsables de numerosas violaciones de derechos humanos. El Defensor del Pueblo de Colombia ya ha indicado que su oficina se opone al programa Convivir, y funcionarios del Gobierno han empezado a recibir quejas sobre las actividades vigilantes de las Convivir”.

Ese mismo año, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe sobre el país, registró las preocupaciones que tenían diversos sectores sobre la proliferación de esas asociaciones de vigilancia y seguridad privadas: “[…] al finalizar el año, funcionarios gubernamentales ya habían recibido quejas en el sentido de que algunos de los grupos se estaban excediendo y actuando como grupos de justicia privada. Aunque el gobernador de Antioquia expresó su convicción de que los grupos de Convivir podían ser controlados, algunos alcaldes y funcionarios locales, mostraron su desacuerdo”. (Leer más en: Las Convivir y la omisión que fortaleció a los paramilitares)

A ese informe se le sumó un reporte, fechado el fechado el 16 de abril de 1997 y clasificado, en su momento, como “secreto” por el gobierno de Estados Unidos. En ese documento se hace un balance de varias situaciones que estaban ocurriendo aquel año en países de interés norteamericano como Rusia, Ucrania, Grecia, Irán, Sudán, Burundi, Zaire y Colombia.

Las referencias a Colombia se centraron en lo que estaba pasando con las Convivir, exponiendo una mirada bastante crítica sobre esa estrategia de supuesta protección ciudadana. En primer lugar, plantearon la idea de que “al parecer” altos funcionarios de gobierno “utilizaron el programa de seguridad e inteligencia rural para ayudar a los narcotraficantes y posiblemente a los paramilitares ilegales”. El informe es claro al señalar directamente a quien ocupaba la dirección general de la Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada de aquellos años: Herman Arias.

A juicio de quienes elaboraron el informe, este funcionario, quien tenía bajo su responsabilidad otorgar las resoluciones de aprobación de los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada, “utilizó su posición como administrador de Convivir para expedir licencias de Convivir y de seguridad privada, así como permisos de armas de uso restringido, a personas con conocidos vínculos con el narcotráfico”.

Y las apreciaciones fueron más allá al llamar la atención sobre dos miembros de su familia: de un lado, su padre, el político santandereano José Manuel Arias Carrizosa, sobre quien se dijo que “estuvo involucrado en la formación de grupos paramilitares”; y de otro, su hermano, a quien señaló de ser “propietario de una empresa de seguridad con probables vínculos con el narcotráfico”.

Tres asuntos más se reseñaron en el reporte diplomático sobre Arias: que una investigación del Ministerio de Defensa “reveló graves irregularidades en la SVSP (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada) bajo el mandato de Arias. Sin embargo”; que si bien no todas las Convivir se dedican a actividades ilegales, “las revelaciones de irregularidades dañarán la credibilidad de las Convivir y pueden confirmar los temores de que los paramilitares ilegales coopten las Convivir”; y, por último, que aunque el Gobierno Nacional prometiera un estricto control de las Convivir, su muestra de voluntad no era creíble por cuanto “no actuó en un compromiso similar para tomar medidas contra los paramilitares ilegales y, por lo tanto, la resolución de limpiar las Convivir legales es dudosa”. (Leer más en: Negación de nexos de Fuerza Pública con paramilitares: “farsa que no vale ni una moneda de cinco centavos”)

Las críticas también llegaron de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). En su informe sobre hechos sucedidos en 1997, presentado a la Comisión de Derechos Humanos el 9 de marzo de 1998, se esbozó una visión bastante crítica de las Convivir, de algunas actividades desbordadas de sus miembros y del ineficiente control de las autoridades. Por ejemplo, reseñó informaciones sobre “violaciones del derecho a la vida imputadas a miembros de las asociaciones denominadas ‘Convivir’ cometidas contra delincuentes comunes, habitantes de la calle, drogadictos y prostitutas”.

Esta Oficina expuso que quienes observaban la situación de derechos humanos en Colombia les resultaba “muy difícil distinguir las acciones de los grupos paramilitares de aquellas de algunas asociaciones, ‘Convivir’ pues entre ellas se dan, en numerosos casos, relaciones de coincidencia, convergencia, complementariedad y suplantación”. Y justo al hacer referencia a ese tipo de articulaciones, este organismo reportó haber recibido información fidedigna que da “cuenta de la participación en asociaciones ‘Convivir’ de reconocidos paramilitares, algunos con órdenes de captura pendientes”.

Finalmente, la OACNUDH aseveró que estas asociaciones funcionaban “sin control efectivo ni supervisión adecuada” y resaltó que la misma Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, encargada de su supervisión y control había reconoció “que no tenía capacidad para cumplir eficazmente esa tarea, y en muchos lugares han operado con el exclusivo e irregular aval de los gobernadores de departamentos o de los comandantes militares”.

Con respecto al tema de las armas de uso privativo de la Fuerza Pública, el potencial bélico que alcanzaron las Convivir fue notable y lo más preocupante es que los integrantes de esas asociaciones contaban con los salvoconductos necesarios para su porte, lo que les daba una fachada de legalidad que estuvo al servicio de las Accu.

Un informe de Policía Judicial que da cuenta de la revisión del expediente de la llamada Masacre de Phichilín, ocurrida el 4 de diciembre de 1996 en ese corregimiento del municipio de Morroa, departamento de Sucre, condensó en un documento la dimensión del armamento que acumularon las Convivir en los departamentos de Córdoba y Sucre. (Ver tabla).

Múltiples alianzas

Las Accu sacaron todo el provecho de esas asociaciones y se habían fortalecido regionalmente. Pero ¿de qué manera? Esas alianzas se comenzaron a conocer, en su real dimensión, cuando varios exjefes paramilitares comparecieron ante los tribunales de Justicia y Paz, y detallaron no solo su participación en la guerra, sino las características de sus redes de apoyo, entre ellas las Convivir.

Una de las primeras apreciaciones al respecto, que dimensionó esa articulación, la entregó el exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera: “Si ponemos las convivires (sic) sobre el mapa de Colombia sobre la zona donde estaban las autodefensas va a coincidir extrañamente o coincidencialmente que son los mismos sitios”.

Salvatore Mancuso también hizo alusión al tema. En su primera versión libre ante fiscales de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, aseguró que los decretos que crearon y fortalecieron a las Convivir estimularon a los paramilitares a reorganizarse. De hecho, él mismo constituyó una, llamada Asociación Horizonte Ltda. y registrada mediante la escritura N. 2650 del 16 de noviembre de 1995 ante notaría en Montería.

En su exposición, Mancuso aseveró que una vez realizados los acuerdos con los hermanos Castaño, se vinculó a ese proyecto contrainsurgente con los objetivos de replicar y fortalecer las Convivir y, de manera paralela, el nuevo modelo de autodefensas de las Accu, y dejó claro cómo era el vínculo entre una y otra: “La información que obtenía de la red de cooperantes y las Convivir se operatizaba (sic) con las autodefensas de la Casa Castaño, que ya existían en diferentes regiones del país”.

El exjefe paramilitar Hebert Veloza, quien comandó estructuras de las Accu en el Urabá antioqueño y el Valle del Cauca, también compareció a los tribunales de Justicia y Paz, y entre cientos de horas de audiencias ante fiscales y jueces, se destacan sus apreciaciones sobre el vínculo que tuvieron con las Convivir. En una de sus intervenciones más detalladas sobre el tema aseveró que “las Convivir fueron creadas legalmente y nosotros las utilizamos para nuestros fines ilegales”. Y agregó que una de sus tareas era la de mantener abiertos los canales con las autoridades.

A ellos se sumó el Ejército. De acuerdo con declaraciones entregadas por Alberto Osorio Mejía, defensor de las Convivir y director en Urabá de una de ellas, el apoyo que recibían de oficiales y suboficiales acantonados en la Brigada XVII con sede en el municipio de Carepa, “no se limitaba a la coordinación de actividades, o distribución de zonas y roles frente al patrullaje y acciones. Hubo casos en los que incluso miembros del Ejército invitaron a grupos armados a formar cooperativas. Este fue el caso de la cooperativa de campesinos Punta de Piedra”, constituida el 26 de noviembre de 1996 en el municipio de Turbo.

La contrastación de información que reposa en diversas bases de datos, complementada con documentos judiciales, varios de ellos provenientes de los expedientes construidos en los tribunales de Justicia y  Paz, revelan que miembros de las Accu, de diferente rango e importancia, así como varios de sus financiadores, entre ellos algunos narcotraficantes y esmeralderos, constituyeron asociaciones Convivir en varias regiones del país, permitiendo así una articulación más fuerte con sectores económicos, políticos y estatales, con el fin de darle una apariencia de legalidad a lo que, en suma, era una proyección del proyecto paramilitar impulsado desde el Urabá antioqueño.

Su articulación fue de tal magnitud que Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’, uno de los creadores de las Accu, se movilizó por el país y transportó armas para estructuras paramilitares respaldado por un carnet que lo acreditaba como integrante de la Convivir El Cóndor, creada en el Nordeste antioqueño.

Una revisión centrada en los representantes legales de las Convivir evidencia la articulación entre legalidad e ilegalidad que tanto se les ha cuestionado a estos servicios especiales y comunitarios de seguridad y vigilancia privada desde el momento de su concepción y constitución. (Ver tabla)

La mano de la Corte Constitucional

Los cuestionamientos internos y externos generaron un profundo debate público sobre las Convivir. Los argumentos oscilaban entre el derecho a la legítima defensa y la cooperación ciudadana, conceptos promovidos desde la década de los años sesenta por las Fuerzas Militares en sus manuales de contrainsurgencia y actualizados por autoridades civiles; y los que advertían los impactos negativos que este tipo de organizaciones podrían tener sobre comunidades vulnerables y señaladas de manera arbitraria de colaborar con grupos insurgentes; y aquellos que resaltaban que esas asociaciones eran la cara legal de la expansión de las Accu en el país.

La discusión llegó a la Corte Constitucional por la vía de una demanda de inconstitucionalidad instaurada por varios ciudadanos contra 16 artículos del Decreto 356 del 11 de febrero de 1994.

Con el ánimo de escuchar opiniones calificadas al respecto, este alto tribunal convocó a una audiencia pública, realizada el 26 de agosto de 1997. Allí, voces de uno y otro lado, valoraron a las Convivir y la actuación de sus integrantes en diversas regiones del país. En el debate público terciaron también diversos sectores productivos.

Uno de los pronunciamientos a favor de las Convivir lo hizo Jorge Visbal Martelo, presidente, en aquella época, de la Federación Nacional de Ganaderos: “Las Convivir no deben desaparecer sólo para darle gusto a la guerrilla, pero si así fuere, su espíritu de legítima defensa y de colaboración ciudadana con la fuerza del orden no desaparecerá, y este derecho fundamental obligará a la sociedad a buscar salidas que pueden derivar hacia formas al margen de la Ley”.

Tras un riguroso estudio, la Corte profirió la Sentencia C-572, fechada el 7 de noviembre de 1997, mediante la cual declaró exequibles 15 artículos demandados e inexequible el parágrafo único del artículo 39, que les permitía a los miembros de las Convivir portar armas de uso privativo de la Fuerza Pública. Luego de ese fallo, el Gobierno Nacional obligó a las Convivir a divulgar los nombres de sus integrantes y a definir las fronteras de operación.

Tales decisiones llevaron a la desaparición de algunas de ellas y, finalmente, a su desmonte a mediados de 1998. Muchos de los directivos y asociados de esas esas asociaciones de vigilancia se pasaron a la clandestinidad, tal como lo advirtió Visbal Martelo, engrosando las filas paramilitares. (Leer más en: Hernán Giraldo: máquina de guerra en la Sierra Nevada de Santa Marta)

Tras hacer amplia revisión y análisis de este tema, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá concluyó, 16 años después de la decisión de la Corte, que si bien las Convivir “fueron promovidas legalmente por el orden nacional […] sufrieron de una extrema laxitud en su regulación, de tal forma que en su implementación se generaron desvíos hacia formas claras y abiertas de carácter paramilitar y a estructuras que luego serían aprovechadas por el proyecto ideológico paramilitar para su expansión”. Por ello, tituló esta “nueva era” del paramilitarismo, que va de 1994 a 1998, como “Autodefensas y seguridad privatizada de carácter paramilitar legalizadas en un contexto de alto apoyo regional y crecimiento acelerado”.

Nota del editor: Este artículo, ajustado con permiso del autor, es un extracto del texto «Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá: surgimiento, transformación, consolidación y financiación 1994-1998», que hace parte del legado de documentos de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

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Las conclusiones del capítulo de Hallazgos y Recomendaciones sostienen que la acumulación de problemas sociales se abordaron —históricamente— con una solución militar que escaló el conflicto armado, intensificó las violaciones de derechos humanos y dio pie para justificar el accionar del Estado. Todos los esfuerzos se concentraron en perseguir al enemigo y no en combatir, desde el diálogo y la negociación, las causas estructurales que lo originaron. 

“A pesar de ciertas transformaciones que se han promovido en el sector de seguridad, se mantiene un rasgo de la actuación o doctrina de la Fuerza Pública orientado a search and destroy: buscar y destruir. La urgencia es pasar a una human centric, una seguridad basada en el ser humano”, indica la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).

Y es que dicho modelo de seguridad se cimentó en la idea del enemigo interno y la defensa de dos fronteras: la interna, que es donde domina la insurgencia rebelde y los civiles que son considerados sus aliados; y la externa, que traza la división con los países vecinos. Además de la  construcción del aparato armado (Ejército y Polícia militarizada) más grande, costoso y mejor entrenado del continente americano, después del de Estados Unidos. 

Dinámicas que, tras 60 años de guerra interna, han sido inútiles. Así lo evidencian las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que han afectado, cuando menos, al 20 por ciento de la población colombiana. Un modelo que confundió seguridad —no enfrentar riesgos y amenazas a través del desarrollo humano y la convivencia— con la defensa armada. Sus orígenes datan, en gran parte, del Frente Nacional (1958-1978) y, posteriormente, en el desarrollo del conflicto armado. 

Ante este panorama, la CEV indica que Colombia, país que sale de una de las guerras más largas del planeta, debe transitar a un modelo que ponga en el centro la vida de las comunidades y que las instancias civiles del Estado orienten la política en su legitimidad y las formas como la gente quiere vivir. Así como separar a la Policía del Ministerio de Defensa y reducir, gradualmente, el Ejército. 

“Paz completa, protección integral de los territorios, superación del enfoque prohibicionista del problema del narcotráfico, lucha contra la impunidad, apertura del régimen político y potenciamiento de la cultura de paz”, subraya la CEV en su capítulo de Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final.  

A continuación, reseñamos los rasgos del modelo de seguridad que, según la CEV,  han prevalecido en Colombia. 

Poder civil y poder militar

Los métodos para el control del orden público han pasado por tres periodos en la historia reciente de Colombia. El hito fundacional que le otorgó relativa autonomía al poder militar fue el discurso de Álvaro Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional (1958-1962), que a través de la concesión de privilegios evitó un golpe militar. Sus palabras del 9 de mayo de 1958 en el Teatro Patria, tranquilizaron a las Fuerzas Militares y sentaron las bases para la división del trabajo entre el poder civil y el poder militar.

En 1950 la Policía se militarizó y la ampliación de sus facultades derivó en detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Durante varias décadas  y a través de sucesivas declaratorias de estado de sitio, que creaba las condiciones para tomar medidas de excepción y contrarrestar así la turbación del orden público, las Fuerzas Militares ejercieron funciones civiles y judiciales: dirigieron alcaldías y gobernaciones, investigaron y juzgaron a civiles en consejos de guerra, recibieron fuero militar para juzgar los posibles delitos de sus miembros, obtuvieron apoyo legal de civiles armados y el soporte de estructuras de inteligencia como el Servicio Nacional de Inteligencia (SIC) y, luego, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En 1991, el presidente César Gaviria Trujillo nombró al primer civil, Rafael Pardo Rueda, como Ministro de Defensa y se abandonó, definitivamente, la práctica de designar en esa cartera a militares de alto rango. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), a través de su política de Seguridad Democrática, le amplió las facultades a las Fuerzas Militares y la Corte Constitucional las limitó en defensa de la Constitución.

Entre 2012 y 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos combinó la acción militar con un proceso de negociación político que concluyó en la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc. Sin embargo, en tiempos de apertura democrática y construcción de paz, las Fuerzas Militares se han resistido. 

El enemigo interno

Según el Informe Final, desde el siglo XIX en Colombia se ha perseguido, reprimido y estigmatizado a los opositores politicos o sectores sociales alternativos —etiquetados como “enemigos”— del poder politico, economico y social dominante. Desde los años cincuenta del siglo XX, este discurso se introdujo en la doctrina de seguridad nacional, influenciada por las políticas adoptadas por Estados Unidos.

“En un primer momento, el enemigo era el comunista, sin distinción de si había tomado las armas o no. En un segundo momento, en la guerra contra las drogas, muchas veces el “enemigo” fue identificado como el campesino cocalero y, luego, el terrorista o el narcoterrorista, asociando a esos términos no solo a los miembros de grupos guerrilleros, sino extendiendo ese estigma a diferentes sectores y movimientos sociales o sindicales”, revela el informe de la CEV. 

Además de sindicalistas, estudiantes, indígenas, afrodescendientes, periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y de mujeres. Los funcionarios públicos, especialmente magistrados y jueces, que en virtud de su trabajo denunciaron los graves crímenes también fueron perseguidos. “Después de 1985, el Estado y el paramilitarismo persiguieron a los miembros de la Unión Patriótica, partido político de izquierda que había sido creado en las negociaciones del gobierno de Belisario Betancur con las Farc-EP”, reconoce el Informe Final. 

La Constitución de 1991 generó una apertura democrática que incluyó movimientos de izquierda, reconoció a Colombia como país pluriétnico y multicultural, y previó garantías para el pluralismo político y la participación ciudadana. Sin embargo, esas consideraciones no contuvieron las agresiones contra los sectores alternativos. Actualmente, hay numerosas sentencias que reconocen la responsabilidad del Estado por hechos ocurridos años después de la nueva carta política, que se materializaron en torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados o exilios. 

Militarización de los territorios

El poder político y militar, a través de la militarización, se ha relacionado en el modelo de seguridad para disputar la “soberanía” de los territorios. Durante la década de los años treinta, el mecanismo que permitió la militarización fue el estado de excepción, pero se hizo permanente entre 1959 y 1991. A pesar de que la Constitución de 1991 ofreció nuevas garantías, los estados de excepción se han materializado en otros formatos: detenciones arbitrarias, requisas, allanamientos,  registros de domicilio y perfilamientos. 

Otro de los rasgos de la militarización es la alianza de sectores de las Fuerzas Militares con estructuras criminales,  que generaron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos, despojo y desplazamiento de las comunidades. Así como la Policía —organismo militar y no civil— que ha estado involucrado en la guerra, a través  de funciones de seguridad nacional y contraguerrilla, y, además, atiende la protesta social como si esta amenazara la existencia del Estado. 

“Otro medio de militarización es el servicio militar obligatorio, que existe en Colombia desde 1886”, precisa el Informe Final. En 2017 se reconoció la objeción de conciencia, sin embargo los jóvenes continúan obligados a prestar servicio militar y sólo pueden aplazar si están estudiando, por lo que  terminan incorporados los más vulnerables. 

Violación de derechos humanos

Los modelos de inteligencia hacen parte de los ejércitos y los servicios de seguridad en todos los países. En Colombia, desde el Frente Nacional, han tenido una perspectiva contrainsurgente que consideró a organizaciones y movimientos sociales como base de las guerrillas, a quienes infiltró, atacó y acabó a través del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) y ,posteriormente, con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). (Leer más en: El rastro del médico Héctor Abad Gómez en los archivos del DAS y Seguimientos a Gonzalo Sánchez en su época universitaria)

Según Informe Final, el DAS participó en el exterminio de la Unión Patriótica;  realizó ejecuciones extrajudiciales; interceptó comunicaciones de defensores de derechos humanos y líderes políticos; asesinó a profesores y estudiantes. Dado el cúmulo de irregularidades, en 2011 fue disuelto. 

Otros organismos involucrados en estos crímenes fueron los servicios militares de inteligencia, como la Brigada de Institutos Militares (BIM), el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia “Brigadier General Ricardo Charry Solano” (Binci) y la Brigada XX, todas desmanteladas.

Por parte de la Policía, el F2 estuvo inmerso en las mismas violaciones de derechos humanos y tuvo vínculos con grupos paramilitares y de narcotráfico. fue acabado en 1995. 

La mayoría de estos delitos persisten en la impunidad y la opacidad. “Dejar de considerar a la población y las organizaciones y movimientos sociales como base de la guerrilla son parte del cambio estructural y de mentalidad que se necesita para la construcción de la paz”, recomienda el Informe Final.

Militarización de la justicia

El modelo de seguridad contempló una justicia penal militar para que los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH gozaran de independencia judicial e impunidad. El caso más emblamatico es el asesinato de jóvenes inocentes presentados como bajas en combate, mal llamados ‘falsos positivos’. 

“La justicia penal militar tuvo un papel de encubridor y cohonestó la falsificación de pruebas en los casos de ejecuciones extrajudiciales (…), como se ha demostrado al menos entre el 2002 y el 2008”, denuncia el Informe Final. 

Además, por décadas, permitió el juzgamiento de civiles, considerados “enemigos”, por parte de la justicia penal militar, hasta que, en 1978, la Corte Suprema de Justicia lo prohibió. Tras sucesivas sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se han dado —hasta hace poco— demandas por conflictos de competencias que han retrasado procesos y limitado investigaciones en fases iniciales. 

Según el Informe Final de la CEV, ambas vías han afectado la independencia e imparcialidad de la justicia y la pusieron al servicio de la guerra: “El respeto por la independencia del poder judicial es una garantía básica de un sistema democratico”. 

Relaciones con Estados Unidos

El modelo de seguridad de Colombia ha estado influenciado, desde 1950, por el marco discursivo del país norteamericano: lucha contra el comunismo, guerra contra las drogas y combate al terrorismo.

Los aspectos centrales de la injerencia estadounidense se evidencian en el concepto de enemigo interno, privatización de la seguridad (paramilitarismo y compañías militares), focalización de recursos para los intereses económicos de empresas multinacionales ,y asistencia militar (armamento, financiación, metas y resultados esperados).

Esta ausencia de visión propia de sus problemas de seguridad, construcción de paz y orden público, ha dificultado en el país reformas sociales. Las Fuerzas Militares han recibido entrenamiento en bases militares estadounidenses y la Policía se militarizó, radicalmente, como recomendación para ampliar el pie de fuerza contrainsurgente. A través de la unión de intereses binacionales se creó el Plan Colombia (1999-2008) y el Plan Patriota (2003-2006). 

A comienzos de marzo de 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y bajo cooperación con Estados Unidos, se infiltró al Secretariado de las Farc, la máxima instancia decisoria de ese grupo armado alzado en armas, y en una operación con bombas inteligentes suministradas por los norteamericanos se dio de baja a ‘Raul Reyes’ en zona selvática de Santa Rosa de Sucumbíos, población ecuatoriana fronteriza con Colombia.

Durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos (2014-2018) se tramitó el proceso de paz con las Farc y el gobierno estadounidense, en cabeza de Barack Obama (2009-2017), amplió su apoyo al país en áreas como la construcción de paz y la implementación al programa de atención y reparación a víctimas. 

De los grupos civiles armados al paramilitarismo

Entre 1960 y 1990, el Estado promovió que la sociedad civil se involucrara en funciones de seguridad. Así surgieron los grupos de civiles armados que, en los años ochenta, recibieron financiación del narcotráfico, se convirtieron en grupos paramilitares y apoyaron bélicamente y con información a la Fuerza Pública. 

Según el Informe Final, en este contexto crecieron las mafias del narcotráfico y surgieron organizaciones como la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio  (Acdegam), las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A lo que se sumó la creación de las cooperativas de vigilancia y seguridad privadas, que se conocieron como Convivir.

Las relaciones entre sectores políticos y económicos eran evidentes, pero las numerosas denuncias y las investigaciones judiciales no se tomaron en serio; incluso, fueron obstaculizadas por la Fiscalía, especialmente en el periodo del fiscal general Luis Camilo Osorio (2001-2005).

Diferentes organismos de control trataron de hacer investigaciones y poner alarmas, pero nada de eso se tomó en serio. Y de acuerdo con la CEV, “en otras ocasiones los grupos paramilitares fueron defendidos por el Estado bajo el discurso del derecho de autodefensa frente a la insurgencia”.

Entre 2003 y 2006, durante el gobierno de Alvaro Uribe Velez, se desmovilizaron las Auc bajo un proceso de justicia transicional que se enmarcó en la Ley de Justicia y Paz (Ley 975). Sin embargo, otros factores han facilitado su evolución a nuevas estructuras sucesoras del paramilitarismo. La Comisión de la Verdad señala que este fenómeno es responsabilidad del Estado por no cuidar el monopolio de las armas y eximir de cargas penales a los ciudadanos que usan la “fuerza letal”.

Democracia restringida

El modelo de seguridad que ha prevalecido en Colombia se configuró bajo las lógicas de acumulación de capital, desigualdad social y dificultad en el acceso a tierras. Su estructura ha estado a disposición de ciudadanos con poder político y empresas con intereses específicos, mientras que otros sectores han sido excluidos y víctimas de esta. A pesar del reconocimiento más alto de derechos humanos que trajo la Constitución de 1991, el modelo de seguridad —organismos de inteligencia o relaciones entre paramilitares y Fuerza Pública— nunca desapareció.

El conflicto armado se recrudeció tanto por los grupos armados como por las acciones del Estado. Tras años de denuncias, la Comisión de la Verdad recibió informes y escuchó testimonios de miembros de las Fuerzas Militares que reconocieron su accionar y están a disposición de la justicia. Sin embargo, estos avances así como la formación en derechos humanos no han cambiado la posición negacionista del Estado. 

El Informe Final sostiene que las Fuerzas Militares deben cumplir su mandato en el marco de la Constitución y el DIH, así como proteger la población y el territorio. “Se necesita un cambio de la doctrina que considera al opositor como enemigo, una acción distinta que involucre a las comunidades como aliados en las políticas de seguridad para la paz y una transformación de la cultura institucional”, concluye.

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Si a algo se dedicó Rito Alejo Del Río durante su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue a resaltar su labor, a mencionar cuáles fueron las grandes dificultades que tuvo a su paso por el Ejército Nacional y a recordar la relación de cercanía y confianza que tenía con las comunidades. Pero, lo que se supone que debió hacer en la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, fue, justamente, lo que no hizo: reconocer responsabilidad.

El general “se ha mostrado como una especie de héroe para la gente de Urabá, que gracias a él se acabó la situación de violencia en la zona. Ha sido una cosa completamente sui géneris. El hombre se ha dedicado a mostrarse como el súper militar que calmó a Urabá y la dejó como la mejor zona de Colombia”, le dijo Eduardo* a VerdadAbierta.com, un conocedor de todas las declaraciones de Del Río y del impacto que tienen en las víctimas.

A su juicio, el general en retiro no sólo no ha hecho aportes de verdad a la JEP sino que no ha planteado qué acciones de reparación hacia las víctimas llevará a cabo, lo que podría causar que éstas soliciten su expulsión de la justicia especial.

Pablo*, una víctima indirecta del genocidio de la Unión Patriótica (UP), considera que Del Río “quiere tergiversar la historia, la realidad, donde los hechos ya han sido confesados, altamente documentados y comprobados. En ese orden de ideas, no estaría cumpliendo con la verdad (…) Él quiere cambiar la historia de lo vivido, quiere demostrar una realidad que no sucedió, pero no la que se vivió acá en la zona, que fue de muerte, de miedo, de terror”.

Esa situación ya había sido en parte prevista por el defensor de derechos humanos Abilio Peña. “No sentimos que haya suficientes garantías de la JEP para que la verdad sea dicha de manera completa”, dijo en 2017.

Del Río fue llamado por la JEP, en desarrollo de los Casos 04 y 06, para explicar el papel que desempeñó como comandante de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa y jurisdicción del Urabá antioqueño entre 1995 y 1997; y el porqué de su sobrenombre de ‘El Pacificador del Urabá’, con el que se le conoce públicamente.

El Caso 04 está dedicado a esclarecer y sancionar 1.054 hechos victimizantes, como muertes violentas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, torturas, entre otros; ocurridos en diez municipios del Urabá antioqueño y chocoano. 

Y el Caso 06 se enfoca en la victimización de los miembros de la UP, que fue crítica, entre otros momentos, cuando Del Río estuvo al frente de la Brigada XVII, pues dos de los años en los que se registraron más actos violentos fueron 1996, con 504 casos, y 1997, con 347 casos. Además, según registros de la JEP, Urabá es una de las regiones en donde más ocurrieron ataques contra integrantes de ese movimiento político.

El Urabá de Rito Alejo Del Río

A través de un recorrido geográfico y temporal, Del Río describió las circunstancias que se vivieron cuando él estaba al frente de la guarnición militar en Urabá. Recordó que recibía información sobre la situación de violencia tanto por parte de civiles, pese a que se sentían atemorizados, como de alcaldes y personeros municipales, con quienes dijo tener encuentros frecuentes.

– General, ¿usted vino a hacer lo que siempre hacen las tropas? Porque aquí han venido muchas unidades, nos prometen y se van. Si nos deja tropas le colaboramos, si no nos deja tropas haga de cuenta que usted no vino aquí.

– Les prometo que voy a dejar tropa permanente.

– Ahora sí vamos a hablar. Vamos a explicarle cuál es la situación aquí: nosotros estamos subyugados porque aquí en el día patrulla la Policía, por la noche patrulla las Farc.

Esa fue una conversación que mantuvo el general en retiro, posiblemente en julio de 1997, con uno de los líderes del municipio de Riosucio, Chocó. Sobre la presencia de grupos armados diferentes a las Farc en ese lugar, Del Río aseguró que se sabía que estaban entrando “bandidos de otra clase”, como “paras, narcos y demás”, pero que estos no estaban establecidos allí, sino que arribaban desde Bojayá. 

Pablo narró que para cuando Del Río comandaba la Brigada XVII, diariamente se encontraban 12 personas muertas en las vías que llevaban de Turbo, donde nació y vivió, a Chigorodó y Apartadó, siendo así el asesinato el acto violento, a su percepción, más común.

Junto con los cuatro municipios ya mencionados, Carepa, Mutatá, Dabeiba, El Carmen del Darién, Unguía y Acandí, hacen parte de la zona que se priorizó para el Caso 04 en Urabá. 

Sin embargo, la presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Nadiezhda Natazha Henríquez, le dijo a VerdadAbieta.com que luego de escuchar diferentes versiones voluntarias se identificó también a Necoclí como un sitio altamente afectado, pero no fue incluido en el caso porque las investigaciones de la Fiscalía mostraban cifras de violencia bajas.

¿El pacificador?

Del Río dedicó gran parte de su segunda versión voluntaria a resaltar su trabajo en Urabá. Según contó, cuando su labor inició, las extorsiones y los secuestros cesaron. “La gestión no fue de puro plomo como muchos piensan. Allá se hicieron planes, por ejemplo, con los estudiantes. El índice más alto de falta de escolaridad era Urabá. Afortunadamente, y yo tengo que decirlo claramente, (el entonces gobernador de Antioquia Álvaro) Uribe en eso sí le metió el hombro”, añadió. 

En esto coincide el representante legal y presidente de la Asociación de Víctimas de Antioquia (ASOVIMA), Ciro Abadía. “Yo tengo mi concepto muy claro: que defendió causa, defendió institución (…) Sí, ese señor hizo trabajos interesantes. Pudo haber cometido errores, pero ese señor fue uno de los que sacó la región de Urabá adelante”, dijo.

El oficial en retiro también señaló que la exportación de banano aumentó, en promedio, de 48 a 65 millones de cajas al año, debido al despliegue de tropas que llevó a la comunidad a sentirse confiada para salir a trabajar. “El año 95 fue el año de las peores masacres, entonces el trabajador estaba atemorizado de ir a las fincas”, argumentó.

Sin embargo, datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, contenidos en el informe “Los registros estadísticos del conflicto armado colombiano”, muestran que en 1996, 1997 y 1998 el número de masacres en el país fue mayor que en 1995. Esto pone en duda que el temor por las masacres se hubiese reducido, como lo afirmó Del Río.

Incluso, en otro informe del CNMH, denominado ‘Basta ya’, se expone que entre 1996 y 2002 se cometieron la mayor cantidad de masacres, con 1.089 casos y 6.569 víctimas, lo que se relaciona directamente con la expansión y consolidación de los paramilitares. 

Justamente, la relación con esa organización armada ilegal es uno de los temas más controvertidos que rodean al general en retiro. Él la señaló como un grupo “al margen de la ley, que opera muy sagazmente de acuerdo a las oportunidades” y la consideró como un enemigo, pero en 1996 se le vinculó con ella en un informe revelado por uno de sus subordinados, el coronel Carlos Alfonso Velásquez. (Leer más en: El informe que advirtió de los nexos de Rito Alejo del Río con los ‘paras’)

Según Del Río, durante su labor en la Brigada XVII, recurrió a “la misma estrategia que se empleaba para los diferentes actores armados” contra los paramilitares, pues “todos eran delincuentes”. No obstante, cuando la magistrada Henríquez, quien dirigió el segundo interrogatorio, le pidió especificar una operación militar contra esa estructura armada ilegal, se mostró dubitativo, argumentando que varias de estas no tenían nombre y no estaban dirigidas a un grupo en particular. Lo que sí señaló fue que en Riosucio, donde dijo que sólo había presencia esporádica de paramilitares, se estableció un batallón de fuerzas especiales.

En cuanto a la protección de comunidades indígenas y afrodescendientes, Del Río mencionó una ocasión en la que se desarrolló un plan de erradicación de hoja de coca para uso ilícito y en la que estas comunidades se sentían inseguras.

– Es que a nosotros nos tienen amenazados si tumbamos una mata de coca.

– Reemplacen eso y nosotros les ponemos seguridad.

– Pero no queremos que la tropa se meta en nuestras tierras.

– No se van a meter, vamos a estar a los alrededores.

“Se establecieron medidas de asegurar con tropa en determinados sitios, hacer operaciones en los alrededores. Y le cuento una cosa, que los indios de Caimán Alto y Caimán Bajo a mi ni me decían general, me decían era Rito”, comentó Del Río, quien, mostrando su cercanía a la población, tampoco dudó en hablar sobre otro momento en que le dijo directamente a los habitantes de la región: “Trabajen porque yo en poco me voy. Trabajen para que esto se consolide, porque si hay una recaída a Urabá no lo para nadie, porque cuando se consigue cierto índice de seguridad, de progreso y demás, y luego se hunde, la gente se desencanta”.

Operación Génesis

Uno de los hechos más notorios con el que se relaciona a este exoficial del Ejército es la Operación Génesis, desarrollada entre el 24 y el 27 de febrero de 1997. Esa acción militar tenía como objetivo atacar a la guerrilla de las Farc, para así capturar a integrantes del Bloque José María Córdova y del Frente 57, y rescatar a diez infantes de marina secuestrados, según documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante ese mismo órgano, personas afrodescendientes en condición de desplazamiento presentaron, en 2012, un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas donde se expone que el operativo fue “coordinado y desarrollado de manera conjunta con paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)”, pues el grupo paramilitar desarrolló la denominada Operación Cacarica de manera simultánea a la Operación Génesis. (Leer más en: Estado no protegió a comunidades durante Operación Génesis)

En el juicio a Del Río por el homicidio del campesino Marino López, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, exjefe del Bloque Elmer Cárdenas de las Accu, dijo que el entonces general se reunió en 1996 con él y con Raúl Hasbún, otro excomandante paramilitar, para hablar sobre el operativo liderado por el Ejército. “Para finales de 1995 y parte de 1996, cuando yo era comandante en la zona de Urabá, se coordinaron operativos con tropas de la Brigada XVII”, aseguró Rendón.

Por su parte, el soldado y exparamilitar Carlos Arturo Furnieles, que operó en el Bajo Atrato chocoano y el Urabá antioqueño, insinuó que el Ejército no combatió a los grupos paramilitares con la misma dureza que a las Farc y que, de haber sido así, éstas no se habrían fortalecido en esas regiones.

Pero estas no son las únicas declaraciones que vinculan a Del Río con el paramilitarismo en Urabá. En el proceso penal abierto en su contra en enero de 1999 por los delitos de concierto para delinquir, peculado sobre bienes de dotación y prevaricato por omisión, durante el periodo en el que fue comandante de la Brigada XVII, se recogen la declaración del soldado Oswaldo Yepes.

“Rito Alejo del Río (…) nos dijo que teníamos, ahí en Urabá, que ser el mejor batallón a nivel del Ejército (…) Él nos dijo que teníamos que trabajar con los paramilitares, que porque ellos eran el ochenta por ciento de colaboración para nosotros poder dar bajas. Y desde allí empezamos a operar con paramilitares”, declaró en su momento Yepes.

Para el mismo proceso se recaudó el testimonio de Velásquez, quien aseguró que Del Río no se mostró inclinado a actuar en contra de los paramilitares, ni se refirió a ellas como un problema durante las formaciones o reuniones semanales del Estado Mayor. 

Incluso, la población notó esa falta de acción para evitar hechos violentos. “Acá se percibía como que eran los mismos”, confesó Pablo, refiriéndose al Ejército y a los paramilitares. 

Respecto a lo declarado por Del Río ante la JEP sobre la Operación Génesis, Eduardo contó que el militar sólo dijo que “ha habido un copamiento por parte de grupos guerrilleros (…) No ha reconocido que la Operación Génesis la realizó el Ejército en connivencia y con ayuda de grupos paramilitares. Lo negó completamente”.

La violencia enmarcada en esas operaciones paralelas dejó 3.550 personas desplazadas, según indica la Defensoría del Pueblo en el documento “Las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs Colombia”.

Del Río aseguró que recibió compañía de la Policía Militar para brindar apoyo y seguridad a las personas afectadas por ese hecho. Del mismo modo, afirmó que “el gran desplazamiento lo presionó la guerrilla (…) Todos esos negritos dijeron: no, a nosotros nos desplazaron con fusil en la nuca, fueron fulanos de tal, y ahí están los nombres de todos, a quienes desplazaron y a quienes mataron. Es que yo creo que de pronto la Fiscalía no ha aportado toda esa cantidad de documentos que son contundentes para demostrar esto. Pero eso de que nos echan la culpa es lo mismo que las muertes de la UP”.

Esa fue sólo una parte de las consecuencias del conflicto en Urabá, pues, de acuerdo con la JEP, 504.933 habitantes de la región declararon ser víctimas de la guerra, es decir más del 67 por ciento. Pero únicamente 35.174 víctimas han sido acreditadas en el Caso 04.

La magistrada Henríquez explicó que la amplia diferencia entre el número de víctimas identificadas y el número de víctimas acreditadas por la JEP se debe a inconsistencias en los datos, por provenir de diferentes fuentes, y a la alta magnitud del desplazamiento forzado, que llegó a afectar a pueblos y comunidades enteras. Sin embargo, afirmó que se estima que la acreditación que se ha hecho es significativa.

La togada señaló que, además del desplazamiento, fueron críticas las muertes violentas. Una de ellas fue el asesinato, el 27 de febrero de 1997, de Marino López, sobre el cual Del Río tampoco ha aceptado responsabilidad, pese a que por ese hecho fue condenado por el Juzgado 8 Especializado de Bogotá, en agosto del 2012, a 25 años de cárcel.

Un año antes, el entonces fiscal Elkin Ricardo Vega Beltrán dijo que la muerte de López fue de conocimiento del general en retiro, y la Procuraduría General de la Nación consideró que las tropas bajo su control no actuaron para impedir el actuar violento generalizado de los paramilitares en Cacarica. Con todo, en 2017 Del Río quedó en libertad debido a beneficios otorgados por la JEP. (Leer más en: Rito Alejo Del Río y el asesinato de Marino López)

Victimización de la UP

Según datos de la Fiscalía General de la Nación y del CNMH, en el Caso 06 se registran 1.620 víctimas fatales de hechos ocurridos en por lo menos 27 departamentos del país y 367 municipios. De otro lado, la Corporación Reiniciar registra un total 6.613 víctimas entre 1984 y 2002. Asimismo, reporta que 2.094 personas sobrevivieron al desplazamiento forzado, exilio, amenaza, tentativa de homicidio, detención arbitraria, tortura, judicializaciones infundadas y violencia sexual.

En la penúltima versión voluntaria de Del Río en la JEP, el magistrado Gustavo Salazar expuso un hecho ocurrido, según el CNMH, en Campo Capote, donde “60 paramilitares del MAS (Muerte A Secuestradores) torturaron, desaparecieron y asesinaron a miembros de la UP”.

Además, se narró que, un día antes de esos hechos, ocurridos en marzo de 1986, 30 paramilitares estuvieron en Puerto Parra y Puerto Nuevo, en Santander, buscando a líderes de ese movimiento, lo que dejó a ocho personas asesinadas, siete desaparecidas y cinco heridas. Esto sucedió pese a que miembros de la Brigada XIV del Ejército, a la cual pertenecía el Batallón Rafael Reyes, comandado por Del Río, estuvieron en los municipios. El general  en retiro dijo que no recordaba que para ese momento se hubiesen cometido masacres, aunque Salazar insistió en que existían evidencias de lo contado.

 “Hay algunos eventos que sucedieron mucho antes de que yo llegara (…) Yo tenía casi mil y pico de hombres, tenía cada batallón su jurisdicción y cada uno operaba en su jurisdicción. Que hubiera casos aislados que estuvieran comprometidos… yo no podría decir si sí o no, pero que yo sepa nunca llegaron esas denuncias a la brigada, porque siempre que a mi me llegaba algo inmediatamente lo remitía a la Fiscalía”, dijo más tarde Del Río sobre señalamientos hacia 98 miembros de la Brigada XVII como responsables de crímenes contra la UP.

Pablo contó que se actuó en contra de los miembros UP con la “excusa” de que estos tenían ideologías políticas de izquierda y porque se presumía que eran el brazo político de las Farc. “En el 96 fueron 22 asesinados sólo en el municipio de Turbo. Y sí se escuchaban de varios procedimientos y arbitrariedades de la fuerza pública en zonas rurales, de la zona de Urabá. Por ejemplo, homicidios y desapariciones… que sacaban a la gente de las casas con la excusa de que eran guerrilleros”.

Esa versión es confirmada por la CIDH, que, según la JEP, en su “Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, dice que “elementos de las fuerzas de seguridad del Estado, grupos paramilitares específicos y algunas Convivir, consideran que personas civiles que viven o han vivido en territorio actualmente o previamente controlado por grupos armados disidentes o que sospechan que son simpatizantes de estos grupos disidentes son por ello objetivos militares y como tales han sido atacados”.

Sobre las Convivir, Eduardo le dijo a VerdadAbierta.com que cuando Del Río dio su primera versión voluntaria, el 25 de marzo, negó haber otorgado conceptos favorables para la creación de algunas de ellas en la región del Urabá, y luego cambió su testimonio, cuando la JEP puso en evidencia documentos firmados por él, demostrando no sólo que dio su consentimiento sino que, además, hizo una solicitud de armamento para dichas cooperativas de vigilancia.

Ese tema volvió a salir a colación en las declaraciones del 14 de mayo, cuando Salazar presentó pruebas determinantes que demostraban que Del Río solicitó dos subametralladoras, cuatro pistolas, cuatro revólveres y diez escopetas de repetición.

“Comedidamente me permito enviar al señor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia, los documentos correspondientes a la asociación convivir Covitur con el fin de que se le dé trámite correspondiente, se active legalmente de acuerdo a lo establecido con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”, dice el requerimiento. (Leer más en: Negación de nexos de Fuerza Pública con paramilitares: “farsa que no vale ni una moneda de cinco centavos”)

“Usted señalaba que no se trataba de organizaciones armadas, claramente no sólo estaban armadas sino que usted solicitaba el apoyo de las armas”, le objetó Salazar a Del Río.

La JEP seguirá requiriendo a Del Río para que de su testimonio las veces que lo considere necesario y, dependiendo del reconocimiento de verdad, continuará con el trámite dialógico o lo remitirá a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para iniciar un trámite adversarial. En todo caso, el material probatorio recogido por la Sala de Reconocimiento puede ser utilizado por la UIA con el fin de verificar las conductas del general.

¿No entregó listas?

Otro de los temas polémicos sobre los cuales Del Río no admitió responsabilidad alguna fue en la elaboración de las llamadas “listas negras”, que incluían a miembros, simpatizantes y colaboradores de la UP, para que los paramilitares los ejecutaran.

Sobre este tema la magistrada Henríquez fue directa en su pregunta: “¿Tiene usted conocimiento o participó en la elaboración de listas negras respecto a personas que participaban como miembros de la Unión Patriótica?”.

Del Río respondió que “nunca”. Y agregó: “Lo único es que cuando se sabía la actuación de una persona, viniese de donde viniese, se informaba a la Fiscalía para que ellos tomaran en sus manos lo que les correspondía hacer”.

El exoficial reconoció que entre el Ejército y la Fiscalía había una fuerte articulación para actuar contra quienes presumiblemente eran guerrilleros y todo ello partía de la expedición de las órdenes de captura. 

“Cuando se producían (las órdenes de captura) era porque nos pedían a nosotros la colaboración, porque la Policía prácticamente con lo que tenía era incapaz de cumplir con ese cometido”, explicó Del Río. “Yo decía: pero por qué a mí si esa no es la misión institucional mía, pero entendí que había que colaborar”.

Esa versión contrasta con las declaraciones que rindió ante fiscales de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz el exjefe paramilitar Hebert Veloza Garcia, conocido con el alias de ‘HH’, quien comandó los bloques Bananero, que operó en el Urabá antioqueño, y el Calima, con presencia en el Valle del Cauca.

Una de esas versiones, entregada el 26 de noviembre de 2007, alias ‘HH cuestionó el papel del Estado, en particular los organismos de seguridad del Estado, en la guerra padecida en el Urabá antioqueño. 

“Sus fuerzas legales constituidas también tienen que asumir la responsabilidad porque fueron tolerantes y en algunos casos participaron suministrando listas o simultánea información para que nosotros lleváramos a cabo las acciones. Entonces tienen igual o más culpa. ¿Más culpa por qué? Porque ellos  pertenecían a una fuerza legalmente constituida en un Estado”, afirmó el exparamilitar.

En esa audiencia de versión libre, alias ‘HH’ implicó a un sargento del B2 de la Brigada XVII, al que solamente llamó Beto, quien era un miembro de la sección de inteligencia de esa guarnición militar: “nos suministraba información o listas de personas para que las ejecutáramos”.

Para la época en que Del Río fue comandante de esa unidad militar, estaba al frente del B2 el entonces coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, conocido en el mundo del paramilitarismo como ‘Don Diego’, con quien los paramilitares supuestamente coordinaron las operaciones Génesis y Cararica. (Leer más en: La huella del coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo en Urabá)

A Plazas Acevedo también se le sindica de participar en el crimen del humorista y periodista bogotano Jaime Garzón y de los  investigadores del Cinep Mario Calderón y su esposa Elsa Alvarado.

Por lo pronto, Del Río disfruta de su libertad, pero sus versiones sobre la guerra en Urabá dejan mucho que desear entre las víctimas. Su verdad y el reconocimiento de los hechos al parecer aún están muy distantes de la realidad.

*Nombres cambiados por razones de seguridad.

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Corrupción, nepotismo, mal uso de recursos, baja moral, falta de aprendizaje de los errores del pasado, liderazgo deficiente, carencia de planificación estratégica e indiscutidas alianzas con grupos paramilitares son algunas de las características que el cuerpo diplomático estadounidense destacado en Colombia le atribuyó al Ejército Nacional a finales de la década de los noventa.

Buena parte de los comentarios plasmados en documentos que, en su momento, fueron clasificados como “secretos” o “confidenciales”, se conocieron luego de que The National Security Archive (NSA) publicara el pasado lunes un artículo en que aludió a las sospechas que tenían en la capital norteamericana sobre los supuestos nexos del expresidente y exsenador Álvaro Uribe con organizaciones paramilitares y del narcotráfico en las décadas de los ochenta y noventa.

El paquete de reportes que contiene información del país de por lo menos 25 años fue desclasificado por el gobierno estadounidense en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) presentada por la organización norteamericana NSA.

Pero más allá de la coyuntura para el país, en momentos en que se discute si Uribe tuvo vínculos con grupos paramilitares y se valió de ellos para potenciar su carrera política, en buena parte de los documentos en los que la NSA basa su artículo quedó plasmada una crítica radiografía del Ejército colombiano, justo en una época en la que avanzaba el paramilitarismo sin mayor contención hacia zonas donde operaban las guerrillas de las Farc y el Eln, y en las que había enclaves de producción de cocaína.

Desde 1985, el NSA ha recolectado y analizado documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos a partir de la Ley por la Libertad de la Información. Para el año 2014 la organización tenía en su poder más ocho mil archivos sobre Colombia en los que figura desde información sobre el Cartel de Medellín o la toma del Palacio de Justicia, hasta los nexos documentados de la empresa Chiquitas Brands con organizaciones paramilitares o las chuzadas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Michael Evans, uno de los analistas de la NSA que más ha trabajado en la desclasificación de documentos referidos al país, le dijo a este portal hace un par de años, durante una entrevista, que “es más fácil acceder a información sobre Colombia en Estados Unidos que en Colombia”.

Críticas fuertes

Las percepciones sobre el Ejército quedaron registradas en uno de los reportes que altos funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia enviaban constantemente a sus superiores en Washington para informar sobre lo que venía ocurriendo en el país. El más crítico está fechado el 3 de marzo de 1998. (Descargar documento)

Era el último año presidencial de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) y un hombre que para la época ya era un oficial retirado del Ejército mantuvo una conversación con funcionarios de la embajada estadounidense destacados en Bogotá, en la cual acusaba al Ejército de ser una institución con serios problemas de control, corrupción y alianzas con organizaciones paramilitares.

La fuente de la embajada describió los problemas que tuvo el Ejército entre 1986 y 1996. En su relato a los funcionarios diplomáticos, resaltó que a partir de la toma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, las Fuerzas Militares sufrieron un cambio significativo, pero las razones no son claras porque el documento está intervenido para proteger apartados de información, entre estos la identidad del oficial retirado; sin embargo, fue enfático en señalar que el Ejército tenía un serio problema para aprender de los errores del pasado y carecía de estrategia y liderazgo.

El reporte consignó que los soldados, citando a la fuente entrevistada, “no quieren combatir, sienten que no es su guerra, sino la guerra de los políticos y los generales”. Además, la fuente de la embajada culpó de la baja moral de las tropas a la división entre la clase política gobernante y los militares, y entre los altos oficiales.

En el campo de batalla, esas debilidades estaban siendo develadas a través de varias derrotas propinadas por la extinta guerrilla de las Farc, entre ellas la emboscada al grupo de Caballería en Puerres, el 15 de abril de 1996; la toma de la base militar Las Delicias, el 30 de agosto de 1996; y el ataque al cerro Patascoy, el 21 de diciembre de 1997.

Esas acciones subversivas, que costaron vidas y en las que resultaron secuestradas decenas de integrantes de la Fuerza Pública, significó para el Ejército humillación y deshonra, que repercutió en el espíritu militar.

El crecimiento de las tropas insurgentes era una situación notable que repercutió en el impacto de sus acciones. La embajada anotó en el documento que para 1998 estimaba alrededor de “125 mil soldados del ejército colombiano y probablemente no más de 18 mil guerrilleros en total”, lo que significaba una relación de siete militares por cada guerrillero.

En su relato, el oficial retirado expresó ante los funcionarios norteamericanos su preocupación porque el Ejército estaba prestando servicios de seguridad privada a empresas públicas y privadas, entre ellas algunas empresas petroleras estatales y extranjeras, llegando a afirmar que “alrededor del treinta por ciento (de las tropas) han sido ‘privatizadas’” e indicando que las brigadas móviles estaban posicionadas “para proteger los intereses económicos de la élite”.

También explicó que las líneas entre Policía y Ejército se encontraban difusas para la época, pues con frecuencia la Policía asumía labores que le correspondían al Ejército y el Ejército desempeñaba tareas civiles como lo era la protección de la propiedad privada. Esto desembocaba en un tufo de rivalidad entre ambas fuerzas.

Según el reporte diplomático, el Ejército colombiano estaba “paralizado por la corrupción, la ineficiencia y la falta de voluntad política” y expuso como ejemplo las tramas que hicieron muchos ciudadanos con recursos suficientes para evitar, con la complicidad de los oficiales encargados de las oficinas de reclutamiento, que sus hijos prestaran el servicio militar obligatorio.

“Aquellos que no escapan por soborno, falsas exenciones médicas o estudiando en el extranjero, encuentran facilidades en la Guardia Presidencial o en la Unidad de Paz del Ejército colombiano en el Sinaí”, declaró el exoficial retirado y agregó lo que para él era una gran contradicción: “El hijo de un campesino que intenta evitar el servicio militar es enviado a la cárcel”.

La fuente entrevistada por la embajada agregó que el Ejército estaba compuesto por varias facciones: “El Ejército de los casados, el de los solteros, el de los hijos de los generales, el de los hijos de los sargentos, el de los amigos de los políticos y el de los suegros de los generales. Y así sucesivamente”.

El oficial retirado expuso, como ejemplo, el ascenso de oficiales que no han prestado servicio en combate y son escogidos selectivamente por encima de los méritos de otros. Ellos tenían poca credibilidad a la hora de dirigir tropas a la batalla. Ese “nepotismo” dentro de las políticas de la institución lo mencionaba como una constante y uno de los más grandes problemas internos.

Y agregó el reporte que varios altos oficiales “vivían en el lujo, mientras las tropas mal pagas apenas se las arreglan” y para el año de la entrevista afirmó que muchos de los mejores oficiales se estaban retirando “desilusionados con un Ejército abandonado para hacer el trabajo sucio de una élite política poco comprometida”.

Paramilitares y derroche

Esa tendencia a la “privatización” de la que habló el oficial retirado en la embajada no sólo se reflejaba en la prestación de servicios de seguridad y vigilancia a empresas del sector petrolero; también se expresaba en la articulación con grupos paramilitares en las décadas del ochenta y noventa, cuando comenzaron a surgir con el fin de enfrentar a las guerrillas de las extintas Farc y del Eln.

Buena parte de la desmotivación de las tropas narrada por la fuente de los diplomáticos se dio en momentos que el proyecto paramilitar liderado por los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil estaba tomando fuerza.

Para el oficial retirado, los paramilitares, como la guerrilla, se estaban lucrando del negocio de las drogas, razón por la cual consideraba insostenible la cooperación de miembros de las Fuerzas Militares con el paramilitarismo, aunque reconoció que era una situación que se estaba dando de manera cada vez más frecuente.

El oficial en retiro les mencionó a los funcionarios de la embajada que el entonces general Iván Ramírez Quintero, para aquellas épocas Inspector General del Ejército, y el general Rito Alejo Del Río, comandante de la Brigada 17 del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia, eran “los dos oficiales del Ejército más corruptos de Colombia”.

Sostuvo que Del Río le dijo al personal de la guarnición militar bajo su mando que cooperaran con los paramilitares siempre y cuando Del Río estuviera físicamente ausente del área. En el 2012, el alto oficial, llamado ‘el pacificador de Urabá’ por el exsenador Uribe, fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato del campesino Marino López Mena el cual fue perpetrado por paramilitares en complicidad con el Ejército en febrero de 1997. (Leer más en: Rito Alejo del Río y el asesinato de Marino López)

También acusó a Del Río de participar en el desvío de un avión cargado con armas y municiones a paramilitares en la región de Magdalena Medio en 1985, cuando estaba destacado en la región y ostentaba el grado de Teniente Coronel. El hecho habría salido a la luz pública, según la embajada, porque el avión se estrelló; sin embargo, tras hacer una revisión de prensa, este portal no encontró registros de la ocurrencia de dicho accidente aéreo.

El oficial retirado se refirió, además, a la Inteligencia Militar colombiana y según la fuente entrevistada por los funcionarios norteamericanos, era usada con frecuencia para reunir “secretos sucios en lugar de procesar información para el combate”. Lo que lograba obtenerse con esas pesquisas ilegales era empleado después por el “Gobierno para espiar a los enemigos políticos o resolver venganzas personales”.

Sostuvo que el dinero destinado a los trabajos de inteligencia “se guarda en un cajón para comprar collares para las esposas de los generales, whisky para fiestas y otros gastos no autorizados”. Para el exoficial, más allá de un presupuesto para las Fuerzas Militares, el problema era el manejo y fiscalización de esos fondos. También, de manera superficial, aseguró que miembros del Ejército estaban involucrados con actores del narcotráfico y sus actividades económicas.

Los miembros de la embajada le preguntaron quién era “el padrino” de la “mafia” detrás de la Inteligencia Militar. El reporte detalla que, después de una pausa, el oficial en retiro respondió que el general Iván Ramírez Quintero “por más de veinte años”. Y agregó que se “rodeaba de personas que lo encubrían” y que se había “enriquecido con los fondos públicos” a partir de su poder. Y aseveró que otros militares se estaban enriqueciendo con el tráfico de armas, vehículos, uniformes y arsenal bélico.

El general Manuel José Bonnet, quien para la fecha de la entrevista era el comandante general de las Fuerzas Militares, se había puesto en contacto con el oficial en retiro, y tal y como lo sostuvo en la conversación con los miembros de la embajada, si le pedía una entrevista para dialogar sobre lo que andaba mal en el Ejército, “planeaba hablar francamente y dar más detalles sobre la corrupción y la ineficiencia de lo que estaba dispuesto a hacer con el personal de la embajada. Y era consciente de lo que hacía pues dijo: ‘Espero críticas, pero el público tiene derecho a saber si su dinero se está gastando en helicópteros o en Mercedes’”, haciendo alusión a la prestigiosa marca de vehículos alemana.

Al final de este reporte, los funcionarios de la embajada que escucharon la versión del exoficial del Ejército escribieron una nota en la que expresaron que tal vez exageró algunos puntos del declive de las Fuerzas Armadas, pero agregaron: “No tenemos motivos para dudar de su credibilidad. Su diagnóstico nos pareció exacto”.

Tanto Del Río como Ramírez se acogieron a la Juridiscción Especial para la Paz (JEP), instancia creada tras el Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. Ambos oficiales en retiro son procesados por acciones cometidas en razón de sus labores en el Ejército y que son consideradas violatorias de los derechos humanos.

En otros documentos desclasificados por la NSA se hacen varias referencias a los generales en retiro Del Río y Ramírez extraídas de varios medios de prensa colombianos y estadounidenses que a través de diversas fuentes de ambos países los señalan de favorecer a grupos paramilitares con la entrega de armas y pertrechos supuestamente para combatir a la insurgencia.

Uno de esos reportes, fechado el 13 de agosto de 1998, registra un presunto vínculo del primero de ellos con el suministro de 150 ametralladoras para grupos paramilitares del Magdalena Medio, vínculos que fueron denunciados por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y la organización Justicia y Paz. (Descargar documento)

En ese mismo documento se registró la molestia del general Ramírez por un reportaje del diario Washington Post, publicado dos días atrás, en el que se le señaló de violaciones de derechos humanos y de favorecer a grupos paramilitares. Si bien replicó el artículo periodístico, cuestionando al Departamento de Estado como generador de la información en su contra, las consecuencias fueron adversas para este oficial en retiro experto en inteligencia militar.

“El Departamento (de Estado) encontró que la evidencia de su complicidad en repetidas y graves violaciones a los derechos humanos era suficiente para revocar su visa”, se lee en el documento. Para esa fecha, Ramírez estaba con un pie afuera del Ejército, aspecto que celebraron en la embajada por cuanto su salida “contribuirá a la profesionalización” de las tropas.

Al final del reporte, los funcionarios de la embajada consignaron que los animaba “la aparente diligencia” de la Fiscalía “en la investigación de los vínculos entre altos oficiales del Ejército y los paramilitares”. A juicio de quienes prepararon este documento, “esas investigaciones servirán como un indicador para aquellos oficiales del Ejército que continúan ayudando ilegalmente o trabajando con grupos paramilitares”.

Dos años atrás, en otro reporte de la embajada a sus superiores en Washington hicieron referencia a los presuntos nexos del Ejército con grupos paramilitares. En uno de los documentos, fechado el 28 de septiembre de 1996, se precisó que “no se conoce ninguna conexión oficial entre el Ejército colombiano y las diversas organizaciones que operan en todo el país”. (Descargar documento)

Sin embargo, agregaron los funcionarios que prepararon el informe, que “a nivel local, comandantes del Ejército entran en discretos matrimonios de conveniencia” con el fin de obtener información sobre grupos guerrilleros en sus zonas de operación y aseveraron que “los comandantes locales (del Ejército) encuentra imprudente no mantener diálogos con estos grupos”.

Al final del reporte, se precisó que lo dicho allí era “una evaluación honesta e informada de una cuestión amorfa, igualmente perturbadora y difícil de aclarar”. Se sugirió que la doctrina militar podría mantener a las tropas a distancia de los paramilitares, “pero la realidad es abrumadora y todo el mundo, incluyendo los altos mandos, lo saben”.

Y resumieron en una frase lapidaria la actitud de las Fuerzas Militares en relación con negar sus presuntos nexos con grupos paramilitares: “La negación que se pretende alcanzar con esta farsa no vale ni una moneda de cinco centavos, y no debería dársele crédito”.

El tema volvió a ser incluido en un reporte de inteligencia fechado el 2 de diciembre de 1997 que se tituló “Colombia: Actualización de los vínculos entre las fuerzas militares y paramilitares”. En este documento se afirma que “las fuerzas de seguridad -posiblemente incluyendo unidades que reciben o pueden recibir ayuda de EE.UU.- no hicieron nada para detener dos masacres de civiles perpetradas por paramilitares y pueden haber facilitado la llegada y escape de los involucrados en los ataques”. (Descargar documento)

El reporte hace referencia a varias masacres, como la de Mapiripán, departamento del Meta, perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entre el 15 y el 20 de julio de 1997 y que habría dejado por lo menos 30 personas asesinadas. (Leer más en: Mapiripán, telón de fondo de la condena contra el exgeneral Uscátegui)

La segunda masacre referida fue la cometida por las Auc en Miraflores, Guaviare, el 17 de octubre de ese mismo año, y en la que perdieron la vida 12 campesinos. En esa ocasión, como en la de Mapiripán, los paramilitares llegaron por vía aérea, por lo que las tropas acantonadas en esos lugares estarían enteradas de la incursión armada contra la población civil.

Una de las preocupaciones expresadas en este reporte fue el de la expansión paramilitar. Seis meses antes de la remisión del documento se habían creado las Auc como una confederación de grupos de autodefensa en todo el país y lideradas militarmente por Carlos Castaño.

“[…] los informes parecen augurar esfuerzos de los paramilitares por establecer relaciones con los comandantes locales (del Ejército) en nuevas zonas en las que los grupos tratan de ampliar sus operaciones, como en los departamentos de Meta y Caquetá”, se lee en el reporte y agrega que esa expansión incluía bastiones de las Farc y el Eln, como en efecto ocurrió, sin mayor contención de la Fuerza Pública.

El análisis expuso una visión pesimista sobre los controles que impondrían las Fuerzas Armadas para contener el paramilitarismo. “Las perspectivas de una acción concertada por parte del alto mando militar para reprimir a los paramilitares -o a los oficiales que cooperan con ellos- parecen escasas” y precisó que la prioridad de varios oficiales de alto rango sólo era “lograr resultados contra las guerrillas, en lugar de eliminar los vínculos con los paramilitares”.

Si bien destacaron que “el escrutinio de los observadores estadounidenses y otros observadores internacionales continuará jugando un papel clave para alentar al alto mando militar a concentrarse en los derechos humanos y tomar medidas contra los violadores”, reconocieron que “algunos vínculos -en particular los que implican hacer la vista gorda a las actividades paramilitares- son de larga data y no se revertirán fácilmente”.

“Esta situación complicará los esfuerzos de EE.UU. para proporcionar ayuda a las unidades militares que participan en los esfuerzos críticos contra los narcóticos en el sur de Colombia”, concluyeron los analistas que prepararon este reporte de inteligencia.

Inquietos por las Convivir

Varios de los documentos desclasificados por la NSA exponen el surgimiento de las cooperativas de seguridad y vigilancia, conocidas como Convivir como un hecho que aportó al fortalecimiento de las estructuras paramilitares en diversas regiones del país.

La creación de estos servicios especiales de vigilancia y seguridad privada se respaldó en el Decreto Ley 365 de 1994, impulsado por el entonces presidente de la República, Cesar Gaviria (1990-1994) y su ministro de Defensa, Rafael Pardo, con el fin de apoyar a la Fuerza Pública en zonas de fuerte alteración del orden público.

En uno de los reportes, fechado el 16 de abril de 1997 y calificado como “secreto”, se hace un balance de diversas situaciones de interés estadounidense en Rusia, Ucrania, Grecia, Irán, Sudán, Burundi, Zaire y Colombia. (Descargar documento)

Sobre el país suramericano se referenció “el desarrollo de las Convivir”. Al respecto, el documento hizo serios cuestionamientos contra quien tenía a cargo autorizar su creación, Herman Arias Gaviria, para aquellos años Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, sin que se dejara en claro cuál fue la fuente de ese reporte.

“Según se informa, altos funcionarios utilizaron el programa de inteligencia rural (Convivir) para ayudar a los traficantes de drogas y, posiblemente, a los paramilitares ilegales”, se lee en el documento desclasificado.

A renglón seguido, se cuestionó a Arias Gaviria porque, a juicio del reporte diplomático, “usó su posición como administrador de Convivir para emitir licencias de Convivir y de seguridad privada, así como permisos restringidos de armas pesadas a individuos con vínculos conocidos de tráfico de drogas”. El funcionario llegó a ese cargo en febrero de 1995, nombrado por el entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998).

Llama la atención de este documento que, sin citar fuente alguna, se afirme que el padre del entonces Superintendente, José Manuel Arias Carrizosa, exministro de Comunicaciones en el gobierno del presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) y de Justicia en la presidencia de Virgilio Barco (1986-1990), además de presidente de la Asociación de Bananeros de Urabá entre 1989 y 1993, “estuvo involucrado en la formación de grupos paramilitares”; y de su hermano, de quien no se dice el nombre, se diga que “es propietario de una empresa de seguridad con probables vínculos con la droga”.

Para la embajada estadounidense, las posibles irregularidades que giraban alrededor de las Convivir podrían afectar su credibilidad y “confirmar los temores de las Ong de que los paramilitares ilegales coopten las Convivir”. Y detalló que Arias Gaviria fue retirado de la Superintendencia, sin precisar fecha, como una estrategia del gobierno de aquella época para evitar escándalos y “prometiendo una regulación estricta de las Convivir”.

No obstante, reportaron a Washington que “Bogotá no cumplió con una promesa de tomar medidas contra los paramilitares y por lo tanto la resolución de limpiar las Convivir”.

Dos décadas después, en los tribunales de Justicia y Paz, mecanismo de justicia transicional a través del cual se juzgó a exparamilitares desmovilizados bajo los acuerdos con el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), firmados en Santa Fe de Ralito, Córdoba, a mediados de 2003, se concluyó que, tal como lo temían en la embajada, las Convivir se articularon a los paramilitares. (Leer más en: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)

Toda esta documentación cobra vigencia en la actualidad por cuanto nutren, de alguna manera, los contextos que requieren construir la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para entender cuál fue el papel de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano, que información circuló por embajada de ese país en Colombia y qué medidas se pudieron haber tomado, y no se tomaron, para frenar el desangre que enlutó a miles de personas en el país y que hoy reclaman una verdad integral.

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Nuevamente el expresidente de la República (2002-2010) y senador por el Centro Democrático es referenciado como aliado de grupos armados ilegales. Esta vez es nombrado, junto con otras personas, en una sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, proferida el pasado 25 de enero con ponencia del magistrado Jesús Gómez Centeno y dada a conocer ayer en su totalidad por esa instancia judicial.

Se trata del fallo contra el postulado Germán Antonio Pineda López, alias ‘Sindi’, exintegrante del Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que operó en esa región del departamento, donde proliferan las haciendas cafeteras y es cuna de Uribe Vélez.

En la búsqueda de establecer cómo se conformó este bloque paramilitar en una región golpeada por la violencia guerrillera y delincuencial durante la década de los noventa, la magistratura revisó variada información documental y la contrastó con las versiones de varios exparamilitares postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005), concluyendo que la conformación del Bloque Suroeste “obedeció a la decisión de la cúpula de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá de enviar grupos a las diferentes subregiones del departamento, especialmente a aquellas donde había injerencia de grupos insurgentes”.

Y reforzó su enfoque relacionando esa llegada con el “llamado […] de algunos ciudadanos prestantes y acaudalados, entre ellos comerciantes, ganaderos, cafeteros, mineros y finqueros”, quienes estaban siendo víctimas de las acciones delictivas de esos grupos insurgentes.

La magistratura sustenta esa tesis citando el informe de un investigador de la Fiscalía 20 Delegada ante Justicia y Paz, fechado el 5 de enero de 2011, en el que se consigna que debido a las acciones delincuenciales de los diversos grupos al margen de la ley, “algunas personas prestantes deciden enviar un mensaje a Castaño Gil, quien a su vez les hace saber una serie de requisitos para trasladar sus hombres a esta región, los cuales fueron cumplidos a cabalidad”.

En este sentido, uno de los informes de la Fiscalía señala que “como condiciones para enviar personal a combatir a la guerrilla el líder paramilitar les exigía entre otras cosas, capacidad económica que asegurara el pago -salario- de los hombres, un lugar que pudiese hacer las veces de campamento y medios logísticos -por ejemplo vehículos-; es decir, tenían que financiar el grupo paramilitar, lo que efectivamente se dio”.

Si bien se tenía clara esa génesis del Bloque Suroeste y en lo que parece una queja, el fallo resalta que “la Fiscalía no aportó la identificación de las personas que solicitaron la creación del grupo paramilitar y que se comprometieron con su financiación, solo dijo que eran personas influyentes de la subregión”.

Continuando con su reflexión, la magistratura admite que “este vacío impide entonces saber con certeza quiénes fueron los auspiciadores del grupo que contribuyeron voluntariamente a su financiación”; no obstante, en aras de establecer esas identidades, recurre nuevamente al informe de la Fiscalía 20 Delegada ante Justicia y Paz, que identificó a supuestos aliados.

“Los nombres de personajes ilustres como Luis Ernesto Garcés Soto; la exgobernadora de Antioquia Helena Herrán de Montoya, Mario Uribe, Horacio Uribe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para citar solo algunos, han estado ligados a los grupos de ‘limpieza social’ -Las Escopetas- y paramilitares”, reseña la decisión.

El fallo no avanza en el análisis de cómo estaría relacionado el senador Uribe con grupos paramilitares en la región cafetera, pero sí entrega detalles de sus familiares y amigos, quienes eran propietarios de haciendas en las que existían campamentos de las Auc y promovieron grupos de seguridad privada de carácter informal.

“Según lo afirmado por la Fiscalía, en las fincas El Guáimaro, Los Naranjos, El Recreo y El Limón, propiedades del exsenador Mario Uribe Escobar, de la exgobernadora de Antioquia Elena Herrán de Montoya, ya fallecida, de Jorge Andrés Gallego y de Víctor Horacio Uribe Escobar, hermano de Mario Uribe Escobar, ubicadas en la subregión del suroeste, pernoctaban los hombres del Bloque Suroeste”, se lee en la sentencia.

Respecto al empresario cafetero Ernesto Garcés Soto, la decisión judicial ahonda en sus vínculos con un grupo armado ilegal conocido como ‘La Escopeta’, que operó en varios municipios del Suroeste previo a la llegada de los paramilitares de los hermanos Castaño y al que se le atribuyen numerosos homicidios y desapariciones forzadas.

Esta no es la primera vez que el expresidente Álvaro Uribe es mencionado en fallos de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. (Leer más en: El Aro: la masacre por la que ordenan investigar a Álvaro Uribe y Gobernación de Antioquia se alió con paramilitares: Tribunal Superior de Medellín)

Autodefensas

En una región donde las actividades cafeteras y ganaderas prevalecen, la presencia de las guerrillas se recrudeció desde finales de la década del ochenta. Por allí proliferaron células de las Farc, del Eln, del Epl y del Erg, que ejercían una intensa presión económica sobre los hacendados en diversos municipios de la región, entre ellos Andes, Betania, Betulia, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín, Salgar, Urrao y Venecia, así como en el municipio vecino de Carmen de Atrato, Chocó.

Por la dinámica cafetera, esta zona de Antioquia se veía también afectada por la población flotante que llegaba en época de cosecha, lo que generaba altos índices de violencia, generados por grupos de delincuencia organizada, afectando también los intereses no sólo de los propietarios de las fincas, sino de diversos sectores, como el comercio y el transporte.

Por esas razones, en el Suroeste antioqueño se constata la existencia temprana de grupos de justicia privada auspiciados, según se lee en la sentencia, “por sectores económicos y políticos de la subregión que han visto afectados o amenazados sus intereses por diversos factores”.

Citando nuevamente informes de la Fiscalía, la magistratura destaca que “muchos de los miembros de las élites políticas y económicas, especialmente los terratenientes y los empresarios, toleraban y respaldaban la creación de grupos de ‘autodefensa’”.

En ese contexto se destacó una organización ilegal de seguridad privada conocida como ‘La Escopeta’. De acuerdo con el fallo, “si bien no fue el único que existió en la subregión antes del arribo de los paramilitares, la evidencia indica que sí fue el más representativo y en él hubo participación de reconocidos personajes de las élites locales”.

De acuerdo con una reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía 20 Delegada ante Justicia y Paz, el grupo ‘La Escopeta’ operó entre los años 1989 y 1995 y tuvo su asentamiento principal en los municipios de Angelópolis y Titiribí: “Desde allí se expandieron a las demás localidades del suroeste entre ellas Concordia, Ciudad Bolívar, Andes y Jardín, sus cabecillas eran Efraín Ochoa y su hijo. Estaba conformado por finqueros, cafeteros, ganaderos y en fin personas influyentes y con poder económicos que estaban cansados de ser la ‘caja menor’ de grupos subversivos, delincuencia común y organizada”.

Retomando informes de la Fiscalía, la magistratura reiteró que “este grupo delincuencial, al que se le atribuye ‘la comisión de más de un centenar de homicidios en el Suroeste Antioqueño’, fue conformado por comerciantes, finqueros y algunos servidores públicos, entre los que se incluyen alcaldes de la subregión, un senador de la República y algunos integrantes de la fuerza pública”.

Y justamente al senador de la República al que se hace referencia es a Ernesto Garcés Soto, un connotado líder regional del Partido Conservador en Antioquia y productor cafetero, quien tuvo su paso por el Congreso de la República en aquellas épocas.

Las actividades ilegales de ‘La Escopeta’ fueron contrarrestadas por la Fiscalía Regional de Antioquia desde donde se profirieron en 1995 por lo menos una veintena de órdenes de captura, una de ellas contra Garcés Soto, acusado de patrocinar y conformar un grupo armado ilegal.

El dirigente político y empresario cafetero se entregó a la justicia en mayo de 1996 y varios meses después fue dejado en libertad y exonerado de todos los cargos. No obstante, en sus declaraciones a tribunales de Justicia y Paz, el narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias ‘El tuso’, cuya cuna también es el Suroeste antioqueño, lo referenció como un financiador de grupos paramilitares. Hasta el momento no se conocen actuaciones judiciales por estos señalamientos contra Garcés Soto. (Leer más en: Contradicciones sobre inclusión del ‘Tuso’ Sierra en Justicia y Paz)

De ‘paras’ y Convivir

Pese a los esfuerzos de la Fiscalía de aquellos años por desmantelar el grupo de ‘La Escopeta’, las evidencias que ahora se exponen en la sentencia indican que fue la base para que grupos paramilitares llegaran a esta región cafetera de Antioquia.

De acuerdo con la magistratura “algunos informes indican que cuando las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ingresaron al Suroeste aún existía una fracción de ese grupo delinquiendo en la zona y varios de sus presuntos integrantes fueron apoyo para el grupo paramilitar. Entre otros, se señala a Darío Gallego Arroyave del municipio de Andes, Tulio Mesa, comerciante del municipio de Jardín, y el excongresista Ernesto Garcés Soto”.

De acuerdo con la reconstrucción contenida en el fallo hecha por el ente acusador ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, la historia del Bloque Suroeste comienza en “en el Corregimiento Alfonso López o San Gregorio [del municipio de Ciudad Bolívar] y desde allí se daría el proceso de expansión hacia el resto del área de injerencia, proceso que para 1998 estaría completo; a partir de este momento se dio el dominio del grupo paramilitar en las zonas urbanas de los 17 municipios”.

De acuerdo con la sentencia, este proceso de afincamiento y expansión no habría sido posible sin el apoyo que le dieron las cooperativas de seguridad y vigilancia privada, conocidas como Convivir, vigentes para aquellos años, y que se conformaron en el Suroeste antioqueño.

En una de sus reflexiones al respecto, la magistratura indica en la decisión que “a partir del impulso que el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez (1995-1997) dio a estas cooperativas en el departamento, se crearon en el Suroeste algunas Asociaciones Convivir que, como en las demás regiones donde fueron constituidas, contaron con el apoyo de sectores políticos y económicos de los municipios y se convirtieron en una especie de brazo legal de los paramilitares”.

En la sentencia se cita nuevamente a la Fiscalía para determinar que cuando el grupo paramilitar ingresó al Suroeste, empezó a operar de manera conjunta con algunos miembros de las cooperativas de vigilancia privada, en una especie de división del trabajo, “donde los integrantes de las Convivir hacían la labor de inteligencia en el área urbana -hacer seguimientos, buscar casas de vicio, ubicar milicianos o subversivos-, entregando estos datos al comandante paramilitar”.

La decisión judicial también indica que los integrantes de las Convivir “no se limitaron a las labores de inteligencia, sino que llevaron a cabo acciones militares conjuntas con el grupo paramilitar; para ello se reunían el jefe de la cooperativa y el comandante general del bloque y designaban al personal que participaría en los operativos”.

De acuerdo con esta reconstrucción de los hechos y teniendo en cuenta reportes de la Superintendencia de Seguridad Privada de la época, en el Suroeste antioqueño se conformaron las asociaciones de vigilancia y seguridad privada registradas como Los Sables, Las Garzas, los Anfibios y los Yarumos.

Dadas las evidencias esa articulación criminal, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín le solicitó “a la Fiscalía que, si aún no lo ha hecho, adelante las labores de investigación necesarias para establecer la identidad de los integrantes de las cooperativas Convivir que participaron en las actividades delictivas del Bloque Suroeste, con el fin de que se adopten las medidas y acciones judiciales a que haya lugar”.

En un análisis que parece recriminar al senador Uribe Vélez, la magistratura reflexiona sobre el papel de las Convivir y precisa que la “inclusión de las cooperativas de vigilancia como parte de las relaciones del grupo paramilitar con la clase política se explica porque las Convivir hicieron parte de la estrategia de seguridad del Estado, es decir, fueron una decisión política; pero también porque en el caso del departamento de Antioquia contaron con el apoyo y estímulo del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, quien aun recientemente, y pese a las evidencia que existen sobre la participación de muchas de esas cooperativas en las acciones criminales del paramilitarismo, ha defendido la validez de esa iniciativa como estrategia de seguridad”.

Múltiples crímenes

Una de las características que destaca esta sentencia sobre el accionar del paramilitarismo en el Suroeste antioqueño es que fue mucho más allá de acciones contrainsurgentes, pues esta región, de acuerdo con varios análisis académicos, no fue una zona consolidada por grupos guerrilleros, pese a su presencia, sino más bien una zona de tránsito hacia otros departamentos y de acoso extorsivo a los hacendados y comerciantes para financiar su confrontación con el Estado.

Dado el modelo agrario de la región, la acción paramilitar recayó en prácticas de la llamada ‘limpieza social’, que implicó la eliminación de personas a las que consideraban “indeseables”. De acuerdo con el fallo, “las acciones del Bloque Suroeste estuvieron dirigidas contra la población más vulnerable y estuvo inspirada en la intolerancia y la discriminación”.

Teniendo en cuenta las evidencias presentadas por la Fiscalía, bajo una supuesta lucha contrainsurgente se camufló “el exterminio de delincuentes, drogadictos, prostitutas, indigentes, así como operativos contra supuestos colaboradores de la subversión, que como en todos los pueblos del Suroeste transitaban”.

Esas acciones, realizadas en su mayoría en áreas urbanas, contaron con la anuencia o indiferencia de la Fuerza Pública. “En muchas ocasiones, se mostraban indiferentes frente a la presencia y accionar de esos grupos y en otras algunos de sus miembros participaban directa o indirectamente en la comisión de los crímenes”, se lee en el fallo.

La sentencia analiza, bajo el concepto de patrones de criminalidad, los delitos de homicidio, desplazamiento y desaparición forzada, de la que fueron víctimas cientos de habitantes del Suroeste antioqueño.

En la descripción de los crímenes cometidos contra sectores de la población civil, considerados problemáticos, se destaca la persecución a los sindicalistas, particularmente a los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia (Sintraofan), de los que se decía en las filas paramilitares que estaban “conformados por la guerrilla y por ello se les eliminaba”.

Al respecto, la Sala de Justicia y Paz pide que “se profundice la investigación sobre esa persecución de que fue objeto la organización sindical en los municipios del suroeste antioqueño por parte del grupo paramilitar, con el fin de establecer, entre otras cosas, si como consecuencia de ello se configuró un daño colectivo”.

La Fiscalía detalla que los homicidios se perpetraron principalmente contra hombres jóvenes, oriundos de la subregión, “la mitad de los cuales estaban dedicados a actividades agrícolas. Debe indicarse, asimismo, que el 10 por ciento de las víctimas se dedicaban a actividades ilícitas: algunos eran integrantes de bandas delincuenciales, de grupos insurgentes o de grupos paramilitares y otros eran expendedores o consumidores de alucinógenos; el 11 por ciento está conformado por personas dedicadas a oficios varios”.

Al homicidio, la desaparición forzada y el desplazamiento forzado de sus familiares y vecinos, resume la sentencia, “se suma el reclutamiento ilícito de sus jóvenes y la violencia sexual y de género en contra de las mujeres, además de la imposición arbitraria de contribuciones económicas y el hurto, particularmente de ganado y café”.

En varios de sus apartes, la magistratura insiste en que la violencia desplegada por el Bloque Suroeste en los municipios de esta región antioqueña “es solo una muestra de la infinidad de crímenes y atropellos que tuvieron que soportar las comunidades en medio de la indiferencia cómplice de las autoridades que tenían la obligación legal de protegerlas”.

Y volviendo sobre las justificaciones de la actividad criminal de este grupo paramilitar, asevera que “no estuvo dirigida de manera exclusiva o específica a la confrontación de los grupos insurgentes, que se supone era su principal objetivo, sino que estaba orientada básicamente a lo que suele denominarse limpieza social, que no es otra cosa que la eliminación de aquellas personas y sectores poblacionales que se consideran problemáticos para la implantación o conservación de un orden social determinado acorde con los intereses de los sectores hegemónicos, que fueron precisamente los que auspiciaron la presencia paramilitar en esta zona del departamento”.

No obstante la gravedad de la situación vivida por la población de estos municipios, se advierte en el fallo una de las preocupaciones de la Fiscalía sobre el alto nivel de impunidad que puede existir por cuanto “aproximadamente el 80 pr ciento de las acciones perpetradas por el Bloque Suroeste no fueron registradas” debido a que “la mayoría de las víctimas prefería callar por miedo a retaliaciones y las autoridades locales no hacían las respectivas denuncias”.

“Y ese temor no era infundado”, asegura la magistratura, “pues las autoridades ante las cuales debían denunciar los atropellos no estaban cumpliendo las funciones que les correspondía para evitar las graves violaciones de los derechos de la población y, además, en muchos casos era evidente que algunas de esas autoridades no solo estaban omitiendo su deber de protección, sino que participaban de manera directa o indirecta en los crímenes, como ya se ha señalado”.

¿Quiénes estuvieron detrás?

Pocos fueron los desmovilizados de este bloque paramilitar que decidieron acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Uno de sus jefes más sanguinarios, Aldides de Jesús Durango, alias ‘René’, decidió no vincularse a ese proceso, pese a haberse desmovilizado de manera colectiva bajo los acuerdos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

De acuerdo con lo consignado en el fallo, varios de sus subalternos tampoco se acogieron a esa norma transicional, que les garantizaba ocho años de cárcel solamente, por presión de su otrora jefe y de un hecho criminal que causó zozobra entre los exparamilitares. (Leer más en: Crímenes del bloque Suroeste, sin nadie quién los confiese)

Se trata del homicidio de Julián de Jesús Rodas Londoño, conocido con los alias de ‘El Gordo’ o ‘Ciento Diez’, oriundo del municipio de Salgar, quien, luego de incorporarse como patrullero, se convirtió en el jefe de finanzas del Bloque Suroeste. Este hombre solicitó su inclusión en el proceso de Justicia y Paz como postulado, pero una semana después de entrevistarse con funcionarios de la Fiscalía fue asesinado en su residencia en el municipio de Envigado, al parecer por un francotirador.

El fallo consigna que tras este homicidio y la presión ejercida por alias ‘René’ Aldides, se presentó una desbandada entre los exmilitantes del grupo ilegal que de manera masiva renunciaron a ser postulados a Justicia y Paz. “Según la Fiscalía, con esto se pretende evitar que la comunidad en general conozca la verdadera dimensión del conflicto armado en esta región del departamento y los nexos que comerciantes, finqueros, políticos, militares, personal de la policía, fiscalía y demás estamentos tenían con el grupo armado al margen de la ley”.

En concordancia con estos hechos, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Antioquia llama la atención sobre un informe de 170 compulsas relacionadas con terceros, políticos y autoridades que tuvieron vínculos con el Bloque Suroeste. El informe fue presentado por la Fiscalía 20 de Justicia y Paz el 11 de junio de 2016.

Al respecto, la Sala advierte que “en dicho informe que la mayoría de las investigaciones derivadas de esas compulsas no han avanzado y de ello dejó constancia en la audiencia correspondiente. Por tal razón, le solicitará a la Fiscalía que adelante las labores correspondientes para garantizar el impulso y desarrollo de esas investigaciones”.

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El 52% de la tierra en Colombia le pertenece al 1,5% de los colombianos. A muchos campesinos no les alcanza la vida ni el trabajo para conseguir una parcela. La violencia les ha quitado una y otra vez la tierra. La violencia se repite una y otra vez sobre la misma tierra.

Un par de horas tardó la violencia en obligar a Vidal González a huir de Chigorodó (Urabá) y dejar las tierras que el Incora le había otorgado. Trece años esperó hasta encontrar una entidad del Estado que escuchara su reclamo. 19 años pasaron hasta que logró volver a su tierra. Casi un año tardaron sus vecinos en entender que la violencia armada hizo víctimas y victimarios, con armas y sin ellas, pero que les correspondía a todos entender, conocer diversas verdades y empezar a sanar.

Vidal tiene 58 años, unas manos, piel y andar rústicos que contrastan con su mirada curiosa y el trato suave al conversar. Creció entre San Pedro de Urabá y Cartagena, a donde fue para estudiar la primaria. A los 14 años, tras el divorcio de sus padres, “me tocó hacerme hombrecito”. Regresó a Urabá, trabajó de finca en finca y aprendió de ganadería, madera, agricultura y hasta de barcos.

Cuando tenía 20 años empezó a pagar una pequeña parcela en San Pedro, que recibió cuatro años después y que debió dejar sólo unos meses más tarde tras una fuerte sequía que le hizo perder los cultivos de arroz y maíz. Vidal con su esposa y dos hijos se fueron a Chigorodó, donde estaba uno de sus hermanos mayores y ya lo reconocían por su trabajo.

Carlos Enrique Arango González era dueño de una gran extensión de tierras en la vereda Veracruz de Chigorodó. Planeaba venderle esos terrenos al Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora)para que los repartiera entre los campesinos. Vidal trabajó para Arango y entre ganado y cultivos creció una relación de respeto, apoyo y amistad; por eso en 1983 Arango le prometió a Vidal que lo ayudaría para que lo incluyeran en el listado de los parceleros. Diez años después, en 1993, el Incora finalmente compró los terrenos y un año después, en 1994, a Vidal le adjudicaron la Parcela 2 de Veracruz.

La esquina de todos contra todos

Urabá es la esquina exacta de Suramérica, la une a Centroamérica y conecta naturalmente al océano Pacífico con el Atlántico. Allí se localizan 18 municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba. Está lejos de los centros de poder, y no se trata de las seis horas que hay para ir de Apartadó, la ciudad principal de la región, a Medellín, sino de la poca presencia estatal. Todo esto ha convertido a la región en un lugar estratégico para el tráfico de drogas y armas.

Entre las décadas 60 y 70, en Urabá se crearon sindicatos de trabajadores de las empresas de cultivos de banano que habían crecido rápidamente por la zona desde los años 50. Para los años 80, los trabajadores, sólidamente organizados, habían logrado considerables mejoras de sus condiciones laborales y los sindicatos habían llegado a tener alrededor de 18.000 integrantes.

La fuerte organización sindical generó dos respuestas. La primera fue de las guerrillas, que aprovecharon para acercarse e influir la población al infiltrarse entre los trabajadores. La segunda fue de los empresarios y terratenientes que, tras tener ‘pérdidas’ económicas, decidieron apoyar grupos de autodefensas para presionar a las comunidades y defender sus intereses.

En 1988 llegaron a la zona los ‘mochacabezas’ y ‘los tangueros’, como se conocieron a los primeros grupos paramilitares que, aliados con militares, narcotraficantes, empresarios y políticos locales, persiguieron y asesinaron a líderes y simpatizantes de movimientos y partidos de izquierda, especialmente.

En 1991 el Ejército Popular de Liberación (Epl) se desmovilizó con un acuerdo de paz y creó el partido político ‘Esperanza, Paz y Libertad’. Las Farc y las disidencias del Epl atacaron a los ‘esperanzados’ tras calificarlos de traidores aliados de los paramilitares. Para defenderse, los ‘esperanzados’ crearon los ‘Comandos Populares’, que recibieron apoyo paramilitar. En 1992, las autodefensas dirigidas por Fidel Castaño se instalaron en la zona y aumentaron su influencia.

Con los años por allí pasaron altos jefes paramilitares como alias ‘El Alemán’, alias ‘HH’ y los hermanos Castaño, además del general (r) del Ejército Rito Alejo Del Río, acusado de ser aliado de los ‘paras’. En 1996, con la creación de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, y las medidas adoptadas por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe para recuperar la seguridad de la zona, se generó una ola de enfrentamientos entre las Farc y las autodefensas, apoyadas por sectores del Ejército, lo que generó algunas de las mayores violaciones a los derechos humanos y de los peores escándalos entre las Fuerzas Armadas.

Vidal poco habla de la violencia de esa época. “Es algo que no vale la pena recordar, pero aquí hubo un desastre total”, atina a responder por cortesía. No es claro si evita hablar del tema porque ahora sus problemas son otros o para evitar que los malos recuerdos perturben su calma. “De lo que te podría contar es que aquí no vivía todo el mundo ni el que quería, sino el que podía vivir. Pasó de todo, pero como te digo, ya esto se me sale de las manos”.

¿La tierra o la vida?

El 22 de marzo de 1995, tras años de trabajar en las fincas de la zona y a sólo unos pocos meses de recibir la Parcela 2 en Veracruz, a Vidal lo secuestraron.

Los parceleros se habían reunido en la única casa que había en la zona, la que había construido el primer propietario, Carlos Arango. Con un funcionario de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) conversaban sobre los criaderos de marranos y gallinas que empezarían. A las 9 y 30 de la mañana “vimos que venía el viaje de gente en bestias y otras a pie”, encapuchados y armados. Al llegar, revolcaron la casa, no sabían qué buscaban ni a qué grupo pertenecían. “Habían tantos grupos de guerrilla en ese entonces”. Y obligaron a los 20 parceleros a irse con ellos para que arriaran 300 reses que habían recogido en una finca vecina. “Aquí nadie se atrevía a decir: no voy a hacer esto, porque tenían problemas, ya usted sabe lo que le podían hacer a uno”, explica Vidal.

Poco a poco, el grupo fue dejando por el camino a los más viejos y a los más débiles. Al final quedaron cinco personas, entre ellos Vidal. Después de unos días los liberaron con varias amenazas. “Yo vi que no quedaba más de otras que irme”.

Al día siguiente de la liberación mataron al funcionario de la Umata. Quince días después, otro de los cinco apareció muerto, “no sabemos por qué”. Al tercero lo mataron en el Magdalena. “Yo me fui a los dos días de que nos soltaron y no supe más”. El último de los cinco, uno de los parceleros más viejos, sigue viviendo en el pueblo. “Sólo él y yo estamos vivos”.

“Me fui solo, con lo del pasaje”, a San Pedro, donde el suegro. La esposa de Vidal se quedó unos días más para cobrar su paga y recoger algunas cosas de los cuatro hijos. “A los diítas que nos fuimos, entraron otros grupos”. Como cuentan varios de los vecinos, en 1995 Chigorodó casi se convierte en un pueblo fantasma, los habitantes vendieron las casas a muy bajos precios. “A los que no pudieron irse, los mataron, esto fue un conflicto grande, grandísimo”.

Masacres y más masacres

En el Eje Bananero, como se conoce a los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, las cifras sobre los asesinatos varían entre una y otra fuente, pero todos los números son altos. Entre 1990 y 2007 hubo más de 7.500 homicidios, la mitad ocurrieron entre 1994 y 1998. Sólo en 1994 hubo alrededor de 470 muertos y en 1995 la cifra se dobló, de acuerdo con datos de la Policía Nacional. Entre 1991 y 2003 fueron asesinados 632 sindicalistas. Juan Aparicio, investigador de la Universidad de los Andes, registró 2.950 homicidios con fines políticos entre 1995 y 1997. La mayoría de las personas asesinadas estaban entre los 20 y 35 años.

Algunas de las masacres más macabras del país sucedieron en Urabá. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1988 y 2002, hubo 103 masacres en la región, la mayoría en el Eje Bananero. Entre las más tenebrosas estuvo la del barrio La Chinita en Apartadó, el 23 de enero de 1994, cuando las Farc asesinaron a 35 personas. El 12 de agosto de 1995 fue el turno en El Aracatazo, como se llamaba un bar en Chigorodó a donde llegaron los paramilitares para matar a 20 personas.

El Registro Único de la Unidad de Víctimas muestra que en Urabá hay 479.219 víctimas del conflicto armado. La región tiene alrededor de 600.000 habitantes. Los paramilitares se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en todo el país. Sin embargo, a mediados de 2006 surgió en esta región un grupo armado ilegal, sucesor del paramilitarismo, que se autonombró como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Las amenazas, extorsiones y asesinatos han continuado en menor medida, el tráfico de drogas va en aumento y se han sumado la prostitución infantil y el tráfico de personas.

Según la Universidad de los Andes, 32.000 personas fueron desplazadas, es decir el 5 por ciento de la población. Entre los ires y venires, la gente fue ocupando la tierra, la fue comprando y apropiando a un ritmo frenético, presionado, legal e ilegalmente, en pequeñas y grandes extensiones. Pasados los años, cuando la violencia disminuyó y los propietarios regresaron a sus fincas, empezó el problema de los segundos y terceros ocupantes.

La vida sin tierra

Dos años después de resistir en San Pedro y con el aviso de que había algo de calma en Chigorodo, en 1997 Vidal regresó para cultivar su tierra: “Cuando volví, la señora María Teresa del Incora me dijo que la parcela se la habían entregado al señor Antonio Aguirre, pero que hablara con él para que me la devolviera”. Aguirre se instaló en la finca en noviembre de 1995, siete meses después de que Vidal huyera tras su secuestro y las amenazas.

Las parcelas estaban solas, casi todos habían vendido. “El señor Antonio me dijo que sí se salía, pero que le pagara las mejoras, una casita y un corralito. Yo no tenía ni para mí y eran como diez millones”. Con esta respuesta, Vidal volvió a buscar ayuda en el Incora y en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): “Me sacaron, me dijeron que ya la parcela estaba adjudicada y que yo no volvería a tener derecho a tierras sino hasta dentro de 20 años”.

Antonio Aguirre es un paisa que llegó a Chigorodó desde el departamento del Chocó y durante diez años vivió en la Parcela 2 de Veracruz. En 2007, le vendió la finca a un primo, quien fue asesinado en 2008, por lo tanto la parcela pasó a manos de sus hijos que volvieron a vender. Durante diez años más, hasta 2017, la finca estuvo ocupada por cuidadores.

El Estado queda lejos

En Apartadó no había una sola oficina que pudiese ayudar a Vidal. “No sabía si había oficinas en otra parte y tampoco podía ir hasta Medellín sin saber qué y dónde buscar”. En 2012 abrieron allí una oficina de la Unidad de Restitución de Tierras: “Yo estaba trabajando en Carepa cuando me enteré, ahí mismo fui, expuse el caso, llevé toda la papelería y empezó el proceso”.

En el Incoder, que reemplazó al Incora, no se encontró un documento que registrara la adjudicación de la Parcela 2 a Antonio Aguirre o su esposa, Ana Joaquina Benítez, aunque sí aparecieron en el listado para ser tenidos en cuenta para la adjudicación tras el trámite de caducidad por abandono contra Vidal. El 19 de octubre de 2017, el Juez Tercero Civil Especializado de Tierras de Antioquia ordenó restituirle las tierras a Vidal.

La justicia creyó, ¿y la sociedad?

La Parcela 2 de Veracruz está a tan sólo unos minutos de camino, a pie, de la casa de Vidal. Él y su esposa viven en media hectárea de la Parcela 1 que le vendió el dueño por 600 mil pesos. “Esto no tenía ni camino para entrar”. Durante 19 años, desde que regresaron en 1995, han pasado varias veces a la semana por la que fuese su tierra y que les fue restituida el 5 de diciembre de 2017.

“Había un viaje de gente con unas pancartas. Los abogados los reconocieron de otros procesos, cada vez que entregan, ellos invaden”, así empieza a explicar Vidal el último tropiezo que tuvo en la restitución de su parcela. Los invasores instalaron carpas, bloquearon la entrada y amenazaron a Vidal. Antonio Aguirre regresó con su esposa, que alentaba a los invasores y reclamaba que la Parcela les pertenecía a ellos, pues nunca habían vendido sino que habían arrendado la tierra.

Durante varios meses, Vidal y su familia estuvieron en peligro de pasar frente a la parcela, a uno de sus hijos lo amenazaron con machete. Se enteraron que los invasores tenían planes de quemar su casa y golpearlos por el camino. “Un viernes santo me vinieron a buscar para una carrera en la moto. Cuando íbamos en camino, el muchacho me dijo: a usted lo van a matar”, así cuenta Vidal quizás uno de los momentos más tensos tras la restitución de la Parcela 2. “Si Dios permite, porque el diablo hace si Dios se lo permite”, le respondió al hombre que estaba confesando la tarea que tenía a cargo.

“Llegamos al pueblo y me invitó a tomar tinto, llorando me dijo todo lo que iba a hacer. Me seguía en el pueblo, pero que nunca pudo hacer nada. Él fue guerrillero y paramilitar, nunca había perdonado a alguien”, recuerda Vidal, un cristiano con una fe sorprendente y un positivismo contagioso. “Ese mismo día le contó todo a la mamá, que también es cristiana. Ahora es mi amigo y yo voy a la casa de su mamá. Yo les cuento a las personas y no me creen”.

La Policía y el Ejército desalojaron varias veces a los invasores, quienes finalmente se marcharon cuando alambraron la Parcela 2 y la Unidad de Restitución de Tierras instaló una valla en la que aclara que el predio le pertenece a Vidal. Los invasores aún siguen en la vereda. “Ahora son mis amigos, mis vecinos”. Antonio Aguirre y su esposa viven en el pueblo. “La gente cree lo que ve cerquita, por eso hay que contar y contar la verdad para recuperar la tierra y que no se repita el conflicto”.

* Imagen de apertura: retrato realizado por Mario Esteban Villa Vélez, maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional.

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