La revelación está consignada en una sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra un exintegrante de las Auc que operó en esa región del departamento. La decisión también recaba en la conformación de grupos paramilitares, su relación con las llamadas Convivir y los personajes que habrían estado detrás de esa macabra alianza.
Nuevamente el expresidente de la República (2002-2010) y senador por el Centro Democrático es referenciado como aliado de grupos armados ilegales. Esta vez es nombrado, junto con otras personas, en una sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, proferida el pasado 25 de enero con ponencia del magistrado Jesús Gómez Centeno y dada a conocer ayer en su totalidad por esa instancia judicial.
Se trata del fallo contra el postulado Germán Antonio Pineda López, alias ‘Sindi’, exintegrante del Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que operó en esa región del departamento, donde proliferan las haciendas cafeteras y es cuna de Uribe Vélez.
En la búsqueda de establecer cómo se conformó este bloque paramilitar en una región golpeada por la violencia guerrillera y delincuencial durante la década de los noventa, la magistratura revisó variada información documental y la contrastó con las versiones de varios exparamilitares postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005), concluyendo que la conformación del Bloque Suroeste “obedeció a la decisión de la cúpula de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá de enviar grupos a las diferentes subregiones del departamento, especialmente a aquellas donde había injerencia de grupos insurgentes”.
Y reforzó su enfoque relacionando esa llegada con el “llamado […] de algunos ciudadanos prestantes y acaudalados, entre ellos comerciantes, ganaderos, cafeteros, mineros y finqueros”, quienes estaban siendo víctimas de las acciones delictivas de esos grupos insurgentes.
La magistratura sustenta esa tesis citando el informe de un investigador de la Fiscalía 20 Delegada ante Justicia y Paz, fechado el 5 de enero de 2011, en el que se consigna que debido a las acciones delincuenciales de los diversos grupos al margen de la ley, “algunas personas prestantes deciden enviar un mensaje a Castaño Gil, quien a su vez les hace saber una serie de requisitos para trasladar sus hombres a esta región, los cuales fueron cumplidos a cabalidad”.
En este sentido, uno de los informes de la Fiscalía señala que “como condiciones para enviar personal a combatir a la guerrilla el líder paramilitar les exigía entre otras cosas, capacidad económica que asegurara el pago -salario- de los hombres, un lugar que pudiese hacer las veces de campamento y medios logísticos -por ejemplo vehículos-; es decir, tenían que financiar el grupo paramilitar, lo que efectivamente se dio”.
Si bien se tenía clara esa génesis del Bloque Suroeste y en lo que parece una queja, el fallo resalta que “la Fiscalía no aportó la identificación de las personas que solicitaron la creación del grupo paramilitar y que se comprometieron con su financiación, solo dijo que eran personas influyentes de la subregión”.
Continuando con su reflexión, la magistratura admite que “este vacío impide entonces saber con certeza quiénes fueron los auspiciadores del grupo que contribuyeron voluntariamente a su financiación”; no obstante, en aras de establecer esas identidades, recurre nuevamente al informe de la Fiscalía 20 Delegada ante Justicia y Paz, que identificó a supuestos aliados.
“Los nombres de personajes ilustres como Luis Ernesto Garcés Soto; la exgobernadora de Antioquia Helena Herrán de Montoya, Mario Uribe, Horacio Uribe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para citar solo algunos, han estado ligados a los grupos de ‘limpieza social’ -Las Escopetas- y paramilitares”, reseña la decisión.
El fallo no avanza en el análisis de cómo estaría relacionado el senador Uribe con grupos paramilitares en la región cafetera, pero sí entrega detalles de sus familiares y amigos, quienes eran propietarios de haciendas en las que existían campamentos de las Auc y promovieron grupos de seguridad privada de carácter informal.
“Según lo afirmado por la Fiscalía, en las fincas El Guáimaro, Los Naranjos, El Recreo y El Limón, propiedades del exsenador Mario Uribe Escobar, de la exgobernadora de Antioquia Elena Herrán de Montoya, ya fallecida, de Jorge Andrés Gallego y de Víctor Horacio Uribe Escobar, hermano de Mario Uribe Escobar, ubicadas en la subregión del suroeste, pernoctaban los hombres del Bloque Suroeste”, se lee en la sentencia.
Respecto al empresario cafetero Ernesto Garcés Soto, la decisión judicial ahonda en sus vínculos con un grupo armado ilegal conocido como ‘La Escopeta’, que operó en varios municipios del Suroeste previo a la llegada de los paramilitares de los hermanos Castaño y al que se le atribuyen numerosos homicidios y desapariciones forzadas.
Esta no es la primera vez que el expresidente Álvaro Uribe es mencionado en fallos de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. (Leer más en: El Aro: la masacre por la que ordenan investigar a Álvaro Uribe y Gobernación de Antioquia se alió con paramilitares: Tribunal Superior de Medellín)
Autodefensas
En una región donde las actividades cafeteras y ganaderas prevalecen, la presencia de las guerrillas se recrudeció desde finales de la década del ochenta. Por allí proliferaron células de las Farc, del Eln, del Epl y del Erg, que ejercían una intensa presión económica sobre los hacendados en diversos municipios de la región, entre ellos Andes, Betania, Betulia, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín, Salgar, Urrao y Venecia, así como en el municipio vecino de Carmen de Atrato, Chocó.
Por la dinámica cafetera, esta zona de Antioquia se veía también afectada por la población flotante que llegaba en época de cosecha, lo que generaba altos índices de violencia, generados por grupos de delincuencia organizada, afectando también los intereses no sólo de los propietarios de las fincas, sino de diversos sectores, como el comercio y el transporte.
Por esas razones, en el Suroeste antioqueño se constata la existencia temprana de grupos de justicia privada auspiciados, según se lee en la sentencia, “por sectores económicos y políticos de la subregión que han visto afectados o amenazados sus intereses por diversos factores”.
Citando nuevamente informes de la Fiscalía, la magistratura destaca que “muchos de los miembros de las élites políticas y económicas, especialmente los terratenientes y los empresarios, toleraban y respaldaban la creación de grupos de ‘autodefensa’”.
En ese contexto se destacó una organización ilegal de seguridad privada conocida como ‘La Escopeta’. De acuerdo con el fallo, “si bien no fue el único que existió en la subregión antes del arribo de los paramilitares, la evidencia indica que sí fue el más representativo y en él hubo participación de reconocidos personajes de las élites locales”.
De acuerdo con una reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía 20 Delegada ante Justicia y Paz, el grupo ‘La Escopeta’ operó entre los años 1989 y 1995 y tuvo su asentamiento principal en los municipios de Angelópolis y Titiribí: “Desde allí se expandieron a las demás localidades del suroeste entre ellas Concordia, Ciudad Bolívar, Andes y Jardín, sus cabecillas eran Efraín Ochoa y su hijo. Estaba conformado por finqueros, cafeteros, ganaderos y en fin personas influyentes y con poder económicos que estaban cansados de ser la ‘caja menor’ de grupos subversivos, delincuencia común y organizada”.
Retomando informes de la Fiscalía, la magistratura reiteró que “este grupo delincuencial, al que se le atribuye ‘la comisión de más de un centenar de homicidios en el Suroeste Antioqueño’, fue conformado por comerciantes, finqueros y algunos servidores públicos, entre los que se incluyen alcaldes de la subregión, un senador de la República y algunos integrantes de la fuerza pública”.
Y justamente al senador de la República al que se hace referencia es a Ernesto Garcés Soto, un connotado líder regional del Partido Conservador en Antioquia y productor cafetero, quien tuvo su paso por el Congreso de la República en aquellas épocas.
Las actividades ilegales de ‘La Escopeta’ fueron contrarrestadas por la Fiscalía Regional de Antioquia desde donde se profirieron en 1995 por lo menos una veintena de órdenes de captura, una de ellas contra Garcés Soto, acusado de patrocinar y conformar un grupo armado ilegal.
El dirigente político y empresario cafetero se entregó a la justicia en mayo de 1996 y varios meses después fue dejado en libertad y exonerado de todos los cargos. No obstante, en sus declaraciones a tribunales de Justicia y Paz, el narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias ‘El tuso’, cuya cuna también es el Suroeste antioqueño, lo referenció como un financiador de grupos paramilitares. Hasta el momento no se conocen actuaciones judiciales por estos señalamientos contra Garcés Soto. (Leer más en: Contradicciones sobre inclusión del ‘Tuso’ Sierra en Justicia y Paz)
De ‘paras’ y Convivir
Pese a los esfuerzos de la Fiscalía de aquellos años por desmantelar el grupo de ‘La Escopeta’, las evidencias que ahora se exponen en la sentencia indican que fue la base para que grupos paramilitares llegaran a esta región cafetera de Antioquia.
De acuerdo con la magistratura “algunos informes indican que cuando las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ingresaron al Suroeste aún existía una fracción de ese grupo delinquiendo en la zona y varios de sus presuntos integrantes fueron apoyo para el grupo paramilitar. Entre otros, se señala a Darío Gallego Arroyave del municipio de Andes, Tulio Mesa, comerciante del municipio de Jardín, y el excongresista Ernesto Garcés Soto”.
De acuerdo con la reconstrucción contenida en el fallo hecha por el ente acusador ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, la historia del Bloque Suroeste comienza en “en el Corregimiento Alfonso López o San Gregorio [del municipio de Ciudad Bolívar] y desde allí se daría el proceso de expansión hacia el resto del área de injerencia, proceso que para 1998 estaría completo; a partir de este momento se dio el dominio del grupo paramilitar en las zonas urbanas de los 17 municipios”.
De acuerdo con la sentencia, este proceso de afincamiento y expansión no habría sido posible sin el apoyo que le dieron las cooperativas de seguridad y vigilancia privada, conocidas como Convivir, vigentes para aquellos años, y que se conformaron en el Suroeste antioqueño.
En una de sus reflexiones al respecto, la magistratura indica en la decisión que “a partir del impulso que el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez (1995-1997) dio a estas cooperativas en el departamento, se crearon en el Suroeste algunas Asociaciones Convivir que, como en las demás regiones donde fueron constituidas, contaron con el apoyo de sectores políticos y económicos de los municipios y se convirtieron en una especie de brazo legal de los paramilitares”.
En la sentencia se cita nuevamente a la Fiscalía para determinar que cuando el grupo paramilitar ingresó al Suroeste, empezó a operar de manera conjunta con algunos miembros de las cooperativas de vigilancia privada, en una especie de división del trabajo, “donde los integrantes de las Convivir hacían la labor de inteligencia en el área urbana -hacer seguimientos, buscar casas de vicio, ubicar milicianos o subversivos-, entregando estos datos al comandante paramilitar”.
La decisión judicial también indica que los integrantes de las Convivir “no se limitaron a las labores de inteligencia, sino que llevaron a cabo acciones militares conjuntas con el grupo paramilitar; para ello se reunían el jefe de la cooperativa y el comandante general del bloque y designaban al personal que participaría en los operativos”.
De acuerdo con esta reconstrucción de los hechos y teniendo en cuenta reportes de la Superintendencia de Seguridad Privada de la época, en el Suroeste antioqueño se conformaron las asociaciones de vigilancia y seguridad privada registradas como Los Sables, Las Garzas, los Anfibios y los Yarumos.
Dadas las evidencias esa articulación criminal, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín le solicitó “a la Fiscalía que, si aún no lo ha hecho, adelante las labores de investigación necesarias para establecer la identidad de los integrantes de las cooperativas Convivir que participaron en las actividades delictivas del Bloque Suroeste, con el fin de que se adopten las medidas y acciones judiciales a que haya lugar”.
En un análisis que parece recriminar al senador Uribe Vélez, la magistratura reflexiona sobre el papel de las Convivir y precisa que la “inclusión de las cooperativas de vigilancia como parte de las relaciones del grupo paramilitar con la clase política se explica porque las Convivir hicieron parte de la estrategia de seguridad del Estado, es decir, fueron una decisión política; pero también porque en el caso del departamento de Antioquia contaron con el apoyo y estímulo del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, quien aun recientemente, y pese a las evidencia que existen sobre la participación de muchas de esas cooperativas en las acciones criminales del paramilitarismo, ha defendido la validez de esa iniciativa como estrategia de seguridad”.
Múltiples crímenes
Una de las características que destaca esta sentencia sobre el accionar del paramilitarismo en el Suroeste antioqueño es que fue mucho más allá de acciones contrainsurgentes, pues esta región, de acuerdo con varios análisis académicos, no fue una zona consolidada por grupos guerrilleros, pese a su presencia, sino más bien una zona de tránsito hacia otros departamentos y de acoso extorsivo a los hacendados y comerciantes para financiar su confrontación con el Estado.
Dado el modelo agrario de la región, la acción paramilitar recayó en prácticas de la llamada ‘limpieza social’, que implicó la eliminación de personas a las que consideraban “indeseables”. De acuerdo con el fallo, “las acciones del Bloque Suroeste estuvieron dirigidas contra la población más vulnerable y estuvo inspirada en la intolerancia y la discriminación”.
Teniendo en cuenta las evidencias presentadas por la Fiscalía, bajo una supuesta lucha contrainsurgente se camufló “el exterminio de delincuentes, drogadictos, prostitutas, indigentes, así como operativos contra supuestos colaboradores de la subversión, que como en todos los pueblos del Suroeste transitaban”.
Esas acciones, realizadas en su mayoría en áreas urbanas, contaron con la anuencia o indiferencia de la Fuerza Pública. “En muchas ocasiones, se mostraban indiferentes frente a la presencia y accionar de esos grupos y en otras algunos de sus miembros participaban directa o indirectamente en la comisión de los crímenes”, se lee en el fallo.
La sentencia analiza, bajo el concepto de patrones de criminalidad, los delitos de homicidio, desplazamiento y desaparición forzada, de la que fueron víctimas cientos de habitantes del Suroeste antioqueño.
En la descripción de los crímenes cometidos contra sectores de la población civil, considerados problemáticos, se destaca la persecución a los sindicalistas, particularmente a los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia (Sintraofan), de los que se decía en las filas paramilitares que estaban “conformados por la guerrilla y por ello se les eliminaba”.
Al respecto, la Sala de Justicia y Paz pide que “se profundice la investigación sobre esa persecución de que fue objeto la organización sindical en los municipios del suroeste antioqueño por parte del grupo paramilitar, con el fin de establecer, entre otras cosas, si como consecuencia de ello se configuró un daño colectivo”.
La Fiscalía detalla que los homicidios se perpetraron principalmente contra hombres jóvenes, oriundos de la subregión, “la mitad de los cuales estaban dedicados a actividades agrícolas. Debe indicarse, asimismo, que el 10 por ciento de las víctimas se dedicaban a actividades ilícitas: algunos eran integrantes de bandas delincuenciales, de grupos insurgentes o de grupos paramilitares y otros eran expendedores o consumidores de alucinógenos; el 11 por ciento está conformado por personas dedicadas a oficios varios”.
Al homicidio, la desaparición forzada y el desplazamiento forzado de sus familiares y vecinos, resume la sentencia, “se suma el reclutamiento ilícito de sus jóvenes y la violencia sexual y de género en contra de las mujeres, además de la imposición arbitraria de contribuciones económicas y el hurto, particularmente de ganado y café”.
En varios de sus apartes, la magistratura insiste en que la violencia desplegada por el Bloque Suroeste en los municipios de esta región antioqueña “es solo una muestra de la infinidad de crímenes y atropellos que tuvieron que soportar las comunidades en medio de la indiferencia cómplice de las autoridades que tenían la obligación legal de protegerlas”.
Y volviendo sobre las justificaciones de la actividad criminal de este grupo paramilitar, asevera que “no estuvo dirigida de manera exclusiva o específica a la confrontación de los grupos insurgentes, que se supone era su principal objetivo, sino que estaba orientada básicamente a lo que suele denominarse limpieza social, que no es otra cosa que la eliminación de aquellas personas y sectores poblacionales que se consideran problemáticos para la implantación o conservación de un orden social determinado acorde con los intereses de los sectores hegemónicos, que fueron precisamente los que auspiciaron la presencia paramilitar en esta zona del departamento”.
No obstante la gravedad de la situación vivida por la población de estos municipios, se advierte en el fallo una de las preocupaciones de la Fiscalía sobre el alto nivel de impunidad que puede existir por cuanto “aproximadamente el 80 pr ciento de las acciones perpetradas por el Bloque Suroeste no fueron registradas” debido a que “la mayoría de las víctimas prefería callar por miedo a retaliaciones y las autoridades locales no hacían las respectivas denuncias”.
“Y ese temor no era infundado”, asegura la magistratura, “pues las autoridades ante las cuales debían denunciar los atropellos no estaban cumpliendo las funciones que les correspondía para evitar las graves violaciones de los derechos de la población y, además, en muchos casos era evidente que algunas de esas autoridades no solo estaban omitiendo su deber de protección, sino que participaban de manera directa o indirecta en los crímenes, como ya se ha señalado”.
¿Quiénes estuvieron detrás?
Pocos fueron los desmovilizados de este bloque paramilitar que decidieron acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Uno de sus jefes más sanguinarios, Aldides de Jesús Durango, alias ‘René’, decidió no vincularse a ese proceso, pese a haberse desmovilizado de manera colectiva bajo los acuerdos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
De acuerdo con lo consignado en el fallo, varios de sus subalternos tampoco se acogieron a esa norma transicional, que les garantizaba ocho años de cárcel solamente, por presión de su otrora jefe y de un hecho criminal que causó zozobra entre los exparamilitares. (Leer más en: Crímenes del bloque Suroeste, sin nadie quién los confiese)
Se trata del homicidio de Julián de Jesús Rodas Londoño, conocido con los alias de ‘El Gordo’ o ‘Ciento Diez’, oriundo del municipio de Salgar, quien, luego de incorporarse como patrullero, se convirtió en el jefe de finanzas del Bloque Suroeste. Este hombre solicitó su inclusión en el proceso de Justicia y Paz como postulado, pero una semana después de entrevistarse con funcionarios de la Fiscalía fue asesinado en su residencia en el municipio de Envigado, al parecer por un francotirador.
El fallo consigna que tras este homicidio y la presión ejercida por alias ‘René’ Aldides, se presentó una desbandada entre los exmilitantes del grupo ilegal que de manera masiva renunciaron a ser postulados a Justicia y Paz. “Según la Fiscalía, con esto se pretende evitar que la comunidad en general conozca la verdadera dimensión del conflicto armado en esta región del departamento y los nexos que comerciantes, finqueros, políticos, militares, personal de la policía, fiscalía y demás estamentos tenían con el grupo armado al margen de la ley”.
En concordancia con estos hechos, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Antioquia llama la atención sobre un informe de 170 compulsas relacionadas con terceros, políticos y autoridades que tuvieron vínculos con el Bloque Suroeste. El informe fue presentado por la Fiscalía 20 de Justicia y Paz el 11 de junio de 2016.
Al respecto, la Sala advierte que “en dicho informe que la mayoría de las investigaciones derivadas de esas compulsas no han avanzado y de ello dejó constancia en la audiencia correspondiente. Por tal razón, le solicitará a la Fiscalía que adelante las labores correspondientes para garantizar el impulso y desarrollo de esas investigaciones”.
