El fallo en primera instancia, dictado el 23 de julio de 2025 por el Juzgado Sexto Penal de Antioquia,  halló culpable a varios exdirectivos de Chiquita Brands de haber financiado y auspiciado al Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), entre 1996 y 2004. La sentencia se dio después de que en 2007 la empresa aceptara en Estados Unidos haber realizado más de cien pagos ilegales por 1,7 millones de dólares, a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y que allá se le impusiera una multa de 25 millones de dólares.

La sentencia advierte que la financiación de grupos armados no constituye un delito común, sino una agresión indirecta contra el Estado y la paz social. Según el fallo, este tipo de conductas “no solo afecta la seguridad pública como bien jurídico, sino la integridad de los ciudadanos colombianos”. Además, resalta que los recursos entregados a las AUC contribuyeron a prolongar su capacidad operativa y, con ello, el riesgo de nuevos crímenes.

Por esa razón, el tribunal consideró que la sanción debía tener un efecto ejemplarizante.  “La necesidad de la pena, tanto desde el punto de vista de la prevención como de la retribución justa, demanda una sanción cuyo mensaje disuada a otros empresarios, políticos o personas con posición de autoridad de incurrir en este tipo de ilícitos”, dice la sentencia.

La jueza Diana Lucía Monsalve respaldó en su fallo lo que durante años han sostenido víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y antiguos comandantes paramilitares: que las asociaciones conocidas como Convivir —creadas inicialmente con respaldo legal— fueron instrumentalizadas por estructuras de las AUC para blanquear los pagos hechos por Chiquita Brands. La Fiscalía demostró que, entre 2001 y 2004, se realizaron al menos 18 transferencias a estas organizaciones por una suma superior a los 1.400 millones de pesos. (Leer más en: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)

La sentencia condenó los exgerentes generales de Banadex S.A.: el estadounidense Charles Dennis Keiser, quien ocupó ese cargo entre 1990 y 2000; el costarricense José Luis Valverde Ramírez, entre 2000 y 2002; y el colombiano Álvaro Acevedo González, quien estuvo al frente de la gerencia entre 2001 y 2004.

La decisión judicial también cobija a los colombianos Reinaldo Elías Escobar de Hoz, exrepresentante legal de la empresa entre 1994 y 1998, y Víctor Julio Buitrago Sandoval, exjefe de seguridad. A ellos se suman los excontralores de la bananera: John Paul Olivo, ciudadano estadounidense que ejerció el cargo entre 1996 y 2001, y el hondureño Fuad Alberto Giacoman Hasbún, quien lo sucedió entre 2002 y 2004. (Leer más en: Los nuevos papeles de Chiquita Brands)

Así Chiquita Brands financió el paramilitarismo

Los hechos por los que se juzgaron a los exdirectivos sucedieron entre 1996 y 2004. El proceso se inició luego de que en 2005 un veterinario reportó ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que varios sectores de la industria bananera en Urabá estaban entregando a las AUC tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Esta denuncia hizo que comenzara el proceso judicial que avanzó con lentitud durante casi dos décadas.

Con el desarrollo de la investigación, las autoridades identificaron el esquema mediante el cual se canalizaban los recursos hacia el grupo paramilitar. Los empresarios realizaban los pagos a las asociaciones Convivir en Urabá, organizaciones que, según el expediente, estaban fundadas, dirigidas e integradas por miembros de las AUC. Los recursos, en consecuencia, terminaban en manos del Bloque Bananero bajo el mando de Raúl Emilio Hasbún. De acuerdo a lo que se ha revelado en sentencias anteriores, el esquema tuvo participación directa de ejecutivos del sector.

El fallo judicial señala que en el caso de Chiquita Brands y Banadex, los pagos se realizaron a pesar del contexto de violencia y de las dudas sobre su legalidad. “A pesar de conocer la situación de orden público, del clima de violencia y muerte en la zona y de las sospechas sobre la legalidad de los pagos, se hicieron de la vista gorda. Primero, amparados en los avales de la Gobernación y el Ejército, y, segundo, porque parece que la ley colombiana era irrelevante para una multinacional americana”, se lee en la sentencia.

Sobre este punto, Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), le dijo a VerdadAbierta.com que la empresa ya había admitido su responsabilidad en instancias internacionales: “La propia compañía había celebrado un acuerdo de culpabilidad donde admitía que esos pagos se habían realizado. Es decir, la existencia de los pagos casi que son incuestionables”.

Escobar explicó que la defensa intentó argumentar que los pagos no se hicieron de forma voluntaria o que se trataba de contribuciones a cooperativas de seguridad legalmente autorizadas. Sin embargo, insistió en que “se desconocía el carácter instrumental de estos grupos en relación con los paramilitares”. Y añadió que Chiquita ya había reconocido públicamente que financió a las AUC a través de ese acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Una decisión para la verdad

Pese al acervo probatorio y a la condena en primera instancia, el futuro judicial del caso es incierto.

El abogado del Cajar advierte que si  la sentencia es apelada ante el Tribunal Superior de Antioquia y va a casación, el caso podría prescribir antes de que se agoten todos los recursos.  El abogado explica que el proceso se adelantó bajo un régimen procesal que no contempla la suspensión del término de prescripción por la interposición del recurso de casación.

“El panorama frente a la prescripción es gris, porque hay algunos casos que podrían prescribir a finales de este año”, dice. Y añade que, incluso en un escenario optimista, en el que el tribunal alcance a emitir una decisión de fondo sobre un expediente extenso y complejo que involucra a múltiples actores, la prescripción “es prácticamente una realidad”.

Escobar afirmó que la sentencia es sobre todo un aporte a la verdad sobre el conflicto armado en el país y la vinculación de terceros en este. Esto especialmente porque  las víctimas del caso renunciaron a cualquier pretensión económica en el proceso penal. “Las víctimas en sus demandas en la parte civil, mecanismo a través del cual se participa en este proceso penal, renunciaron por lo menos a la indemnización de perjuicios, porque acuden al proceso sólo en la búsqueda de la verdad y de la justicia”, afirmó.

Otros procesos, otras condenas

En junio de 2024, un jurado federal en el Distrito Sur de Florida declaró a Chiquita Brands responsable por la financiación de las AUC, tras determinar que esa relación contribuyó directamente a la comisión de asesinatos en el marco del conflicto armado. La decisión se dio en el marco de un juicio civil impulsado por un grupo de víctimas, cuyos familiares fueron asesinados por los paramilitares en el Urabá antioqueño. La compañía fue obligada a pagar una indemnización de 38,3 millones de dólares a los demandantes, marcando un precedente en la búsqueda de justicia transnacional. (Leer más en: Responsabilidad de Chiquita Brands en asesinatos por financiar paramilitares acelerará reparación de miles de víctimas)

El fallo se considera histórico: fue la primera vez que una multinacional estadounidense es hallada responsable en un tribunal de su país por violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el extranjero. El caso avanzó gracias a una demanda interpuesta bajo el Alien Tort Claims Act, una ley federal que permite a ciudadanos extranjeros presentar acciones civiles en Estados Unidos por crímenes que contravienen el derecho internacional.

Las demandas, presentadas desde 2007, se apoyaron en el reconocimiento de culpabilidad de Chiquita Brands ante el Departamento de Justicia de ese país, cuando la empresa admitió haber hecho más de 100 pagos a las AUC por un monto cercano a los 1,7 millones de dólares. Si bien Chiquita ha sostenido que dichos pagos se hicieron bajo coacción, con el fin de proteger a sus empleados y operaciones, los abogados y organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas argumentaron —y lograron probar— que la compañía tenía conocimiento del carácter criminal de ese grupo armado y, aun así, decidió mantener el flujo de recursos.

Este primer veredicto abre la puerta para que otras 5.000 víctimas, cuyos casos siguen pendientes, puedan lograr justicia y reparación.

Un avance en la vinculación de terceros

Escobar, del Cajar, dice que la Justicia Especial para la Paz (JEP) en Colombia intentó incluir la responsabilidad de actores civiles: “Yo creo que el marco jurídico transicional reciente hizo un intento porque el fenómeno de la vinculación de actores civiles estuviera en el diseño de rendición de cuentas”. No obstante, recordó que una sentencia de la Corte Constitucional “excluyó la competencia obligatoria de la Jurisdicción Especial para la Paz para investigar a este tipo de actores, dejándola simplemente como una competencia voluntaria”.

Ese carácter voluntario ha tenido consecuencias prácticas, como en el caso de los empresarios de Chiquita Brands, quienes decidieron no comparecer ante la JEP. Según Escobar, su decisión respondió a una estrategia jurídica frente al avance del proceso en la justicia ordinaria: “Básicamente porque el caso estaba a punto de prescribir, o en riesgo inminente de prescripción —aseguró el abogado— y apostaron por eso”.

En cuanto a los esfuerzos anteriores del Estado para investigar estas relaciones, Escobar dijo que el proceso de Justicia y Paz permitió la recolección de información relevante. A través de declaraciones de exparamilitares que se acogieron a ese sistema de justicia transicional,  se han documentado aportes financieros, vínculos y formas de colaboración entre estructuras empresariales y grupos armados ilegales. Sin embargo, advirtió que “de eso no hay avances ante la justicia muy consolidados, salvo algunos casos aislados”.

Uno de los aspectos más críticos es el volumen de material represado en la Fiscalía que ha sido remitido desde Justicia y Paz. “Desde hace un tiempo se habla de más de 19.000 compulsas de copias en la Fiscalía contra este tipo de actores”, asegura Escobar.

Germán Valencia Agudelo, docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en una columna publicada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), destacó que la reciente sentencia contra exdirectivos de Chiquita Brands evidencia los vínculos más amplios entre empresarios y grupos armados ilegales durante el conflicto colombiano.

El experto aseguró que que este tipo de decisiones judiciales plantea la necesidad de considerar “en otros procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición a colaboradores y financiadores en la guerra. Su contribución al crecimiento del conflicto es considerable y hasta el momento se les protege y vincula muy poco en los estrados judiciales”.

La sentencia contra los exdirectivos de Chiquita Brands, según Valencia, resalta la necesidad de investigar también el papel de entidades oficiales en el caso Chiquita Brands. “Entre los responsables están la Gobernación de Antioquia, que para aquel momento estaba liderada por el exgobernador Álvaro Uribe, y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”. Según el análisis, estas instituciones otorgaron personería jurídica y licencias de funcionamiento a una organización Convivir que terminó sirviendo de canal para la financiación de grupos armados.

La sentencia contra los exdirectivos de Chiquita Brands marca un precedente en la búsqueda de responsabilidad penal de terceros por crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado colombiano. Aunque el fallo aún puede ser apelado, y persiste el riesgo de prescripción, el caso evidencia los desafíos estructurales para juzgar la participación de actores económicos en violaciones de derechos humanos. También pone en el centro las limitaciones del sistema judicial frente a la rendición de cuentas de empresarios y funcionarios que, según diversas fuentes judiciales y académicas, contribuyeron al fortalecimiento de estructuras armadas ilegales en Colombia.

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Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

Nota de la redacción: este artículo fue publicado el 24 de enero y se actualizaron su titular y párrafo inicial tras la decisión de la jueza Zamora. En dicha audiencia, la togada exhortó al desmovilizado de las AUC a que cumpla con la entrega de bienes y a la Fiscalía para que observe con rigurosidad el cumplimiento de los compromisos de verdad y reparación de víctimas.

En horas de la mañana del pasado 21 de enero tuvo lugar una audiencia reservada ante el Juzgado de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz en la que el exjefe exparamilitar Salvatore Mancuso solicitó el cambio de domicilio a la ciudad de Montería, Córdoba, aduciendo sus derechos a la salud, la dignidad humana y la reintegración a la vida civil.

Tras su llegada al país en febrero de 2024, Mancuso zanjó el principal obstáculo para perseguir la libertad a prueba que venía solicitando desde 2019, cuando aún permanecía recluido en Estados Unidos. Obtuvo este beneficio por el cumplimiento de las tres sentencias en su contra y el levantamiento de las 57 solicitudes de prisión preventiva que adicionalmente le habían impuesto por los procesos pendientes que tiene en los tribunales de Justicia y Paz. (Leer más en El regreso de Mancuso a Colombia, más allá de Álvaro Uribe)

Finalmente, el magistrado José Manuel Bernal Parra, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó su libertad el 9 de mayo del año pasado y salió de la cárcel La Picota el 10 de julio. Desde entonces, estableció su domicilio en Medellín y luego en Bogotá.

El Juzgado de Ejecución de Sentencias le había prohibido al exjefe paramilitar de los bloques Norte, Catatumbo y Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desplazarse a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Norte de Santander, La Guajira y los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó (Antioquia) en los que tuvo lugar su accionar criminal, procurando garantizar los derechos de las víctimas.

Estas restricciones las había impuesto el despacho desde el 25 de noviembre de 2019, al resolver la primera petición de libertad a prueba del postulado. La defensa había impugnado estas disposiciones en febrero de 2023, argumentando que para cumplir con sus labores como gestor de paz debía moverse por el territorio nacional, pero el despacho negó su pretensión, entre otras cosas porque sus labores no habían sido delineadas por el gobierno y no observaba la necesidad de que fuera a estas regiones. (Leer más en Dudas sobre la figura de gestor de paz enredaron la libertad de Mancuso)

Se volvió a dejar en firme esta decisión desde el 4 de marzo del año pasado, cuando Luz Marina Zamora, jueza de Ejecución de Sentencias, confirmó la libertad a prueba del exjefe paramilitar, pero debió esperar a resolver las solicitudes de detención preventiva que pesaban contra él para finalmente disfrutar del beneficio. (Leer más en Por ahora, Mancuso no recuperará su libertad)

Presentando en la reciente audiencia exámenes y certificaciones médicas, realizadas por especialistas en medicina interna, cardiología e intensivista, que se practicaron desde febrero a diciembre del año pasado, el postulado respaldó la recomendación de profesionales particulares del área de la salud que le aconsejaban trasladarse a un lugar a nivel del mar, a causa de complicaciones respiratorias que probablemente lo obliguen a un uso dependiente de oxígeno. El lugar que escogió para tal fin es su tierra natal: la ‘ciudad de las golondrinas’.

“Montería es una ciudad libre de estrés y de contaminación ambiental, presentes permanentemente en ciudades como Bogotá y Medellín, con la calificación nacional por varios años de 1 y 2 más contaminadas, siendo importante establecer que estas dos ciudades son altamente estresantes por factores asociados a la inseguridad, el ruido, la polución, la contaminación y el tráfico vehicular, lo cual redunda en la agravación de las patologías de salud y mentales”, señala Nelson Eduardo, abogado de Mancuso, en respuesta escrita enviada a este portal.

Según los documentos médicos, Mancuso sufriría de hipertensión arterial sistémica, apnea obstructiva del sueño severa, síndrome poscovid-19 y otras dolencias que ocasiona baja saturación de oxígeno en sangre. Estas condiciones, sumadas a patologías de base como hipertensión arterial, arritmias cardíacas y secuelas pulmonares, le han generado recurrentes crisis respiratorias, hipertensivas y cardiovasculares. Según sus abogados, de no tomarse cartas en el asunto el postulado está en riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y muerte súbita.

Por estas razones, las valoraciones médicas privadas que presentó recomiendan “su permanencia en zonas a nivel del mar donde las condiciones ambientales contribuyan a estabilizar su oxigenación y prevenir complicaciones fatales, imposibles de garantizar en altitudes elevadas, condición que requiere vigilancia constante, preferiblemente por familiares”, se lee en un documento que conoció este portal, firmado por el médico internista José Nelson Rivera Morales, especialista en manejo del dolor.

“Montería es su ciudad natal, está prácticamente a nivel del mar y es el lugar donde reside su núcleo familiar. Está científicamente comprobado que la cercanía familiar y el apoyo emocional reduce las comorbilidades físicas asociadas a las patologías que padece, mejora significativamente el tratamiento médico de base, y por lo tanto la salud física y mental, elementos fundamentales para su recuperación”, señalan los abogados del exjefe paramilitar.

Lo cierto es que en el concepto del galeno Rivera no se advierte que esta ciudad deba ser, necesariamente, Montería. Podría ser otra que cumpla con el requisito de altitud. Tampoco se ordena hospitalización por razones físicas o psicológicas que evidencien complicaciones en su salud urgentes que hagan tomar esta decisión a favor del postulado.

Distinto al dictamen del especialista en manejo del dolor es la valoración de un segundo peritaje ordenado por la jueza de Ejecución de Sentencias que obtuvo este portal. Médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes analizaron la historia clínica del postulado, concluyeron el pasado 26 de diciembre que el exjefe paramilitar podía vivir en cualquier parte del país sin que esto representara riesgo de muerte y que su estado de salud podía manejarse adecuadamente bajo las condiciones actuales y con el tratamiento adecuado.

“Hay unas razones de índole técnica que nos llevan a pensar que los conceptos médicos no son tan concluyentes. Podrían verse alternativas en términos geográficos que satisfagan su detención en términos de salud”, señala Fernando Quiroga, coordinador de litigio penal de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que representa a víctimas ante Justicia y Paz en procesos relacionados con el exjefe de las AUC.

Durante la audiencia, el Ministerio Público destacó que de la documentación médica presentada por la defensa del postulado destacan los 29 monitoreos de signos vitales del postulado realizados en Bogotá y Montería entre noviembre y diciembre de 2024. De estos, 10 se realizaron en Montería y dos enseñan el uso de oxígeno; por lo que cuestiona que la solución al cuadro médico de Mancuso sea mudarse a esta ciudad, pues es probable que allí también necesite uso de oxígeno asistido.

El próximo lunes, 27 de enero, en horas de la tarde, la jueza resolverá la pretensión del exjefe paramilitar.

“Puede ser cierto que en determinadas altitudes signifique unas mejores condiciones de salud para él, aunque es un poco ambiguo y no necesariamente debe ser en Montería”, resaltó el abogado de la CCJ.  “Se entiende que la cercanía con sus círculos de apoyo o familiares le puede significar unas mayores condiciones de salud, pero nosotros consideramos que esto, ponderado frente al cumplimiento de aportar a la verdad plena presenta cierto desequilibrio, podría afectar el ánimo de participación de las víctimas”, agregó.

¿Afectación a las víctimas?

El exjefe paramilitar se sometió al proceso de Justicia y Paz para responder por aproximadamente 80.000 crímenes, en su gran mayoría por línea de mando. Es decir, que si bien él no cometió directamente la mayoría de esos crímenes, sí debe responder penalmente por haber impartido órdenes y lineamientos a hombres de las AUC que los cometieron.

Durante la audiencia la defensa del postulado presentó una certificación de la Fiscalía Segunda de Justicia y Paz en la que, a la fecha, no se ha imputado a Mancuso como autor material directo de algún hecho ocurrido en la ciudad de Montería. Sin embargo, en las sentencias parciales en su contra está vinculado en hechos de reclutamiento, homicidio, desaparición forzada, entre otros en esta ciudad; en calidad de autor impropio, autor mediato y coautor.

En todos estos años de funcionamiento de Justicia y Paz, sólo se han proferido tres sentencias parciales contra Mancuso y dentro del universo de víctimas relacionadas con el postulado falta por ser reconocidas el 94 por ciento de estas —que lo relacionan con 65.067 hechos victimizantes por las que la justicia espera emitir 44 sentencias—. Es por eso que las restricciones impuestas a Mancuso para habitar estas zonas apuntaban a garantizar los derechos de las víctimas y no ser revictimizadas.

“En ninguna de las actas de compromiso firmadas por Salvatore, se le prohibió fijar su residencia en la ciudad de Montería, siendo claro que solo se refiere a ‘no acercarse a las víctimas’”, le señaló a este portal el equipo de defensa del postulado. Sin embargo, al conceder la libertad a prueba en marzo, la jueza Zamora sí le restringió residir en Montería y en la audiencia ninguna de las partes impugnó esa decisión

“Argumentar que toda la población de Córdoba fue víctima del señor Mancuso no tiene o carece de fundamento jurídico y factual”, indica la defensa en su misiva. “Gran número de estas víctimas han migrado a otras regiones del país, copando a lo largo y ancho la geografía nacional, con lo cual, prohibir a Salvatore vivir en regiones donde posiblemente vivan víctimas, indicaría prohibir su desplazamiento en todo el país, haciendo nugatorio en uno u otro aspecto los principios de reparación, reintegración a la vida civil, resocialización y la reparación restaurativa”, agregan.

En distintas audiencias en las que se han abordado las condiciones de la libertad a prueba del exjefe paramilitar, el Ministerio Público ha manifestado su preocupación ante los posibles impactos de que Mancuso haga presencia en estos territorios restringidos, pues cree que la participación de ese enorme número de víctimas que quedan pendientes por asistir a los incidentes de reparación integral —mediante el cual se espera que obtengan reparación integral de los daños que sufrieron— pueda verse afectada o coaccionada, y por lo que eventualmente podrían desistir de participar del proceso.

“En la decisión del juzgado a cargo del cumplimiento de las sentencias contra Mancuso se consideraron, en un ejercicio de ponderación en términos de justicia, de medidas de satisfacción, como también de garantías de participación de las víctimas, que Mancuso no podía vivir en los lugares en donde ocurrieron los hechos más emblemáticos sobre los que se le atribuye responsabilidad, incluida la ciudad de Montería y el departamento de Córdoba”, señala Quiroga.

Como lo detalla el vocero de la CCJ, todas las sentencias y decisiones de sustitución de medida de aseguramiento emitidas por los tribunales, en aplicación de la Ley 975 y su decreto reglamentario, prohíben a los procesados asistir a los lugares donde delinquieron sin autorización judicial previa.

Sin embargo, en esta última audiencia en la que Mancuso solicitó el traslado de su domicilio a Montería, la Fiscalía, representada por Magaly Álvarez, vio con buenos ojos esta petición, encontró justificado el respaldo médico e incluso arguyó que la presencia del postulado en la región podría contribuir al ánimo de reconciliación.

La defensa de Mancuso resalta que así como la ley de Justicia y Paz tiene como objetivo central garantizar la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición; también busca garantizar la reintegración plena de los desmovilizados a la sociedad, incluida su reintegración al núcleo familiar y a la vida civil.

“Mancuso ya cumplió con su condena, ha pedido perdón público, ha contribuido a la verdad histórica y está comprometido con la reparación de las víctimas y la no repetición, lo que lo hace acreedor al derecho a la redención (…), La unidad de justicia transicional propende por la reincorporación a la vida civil de los postulados lo cual obedece no solo a los principios de justicia transicional, sino a los estándares de la justicia restaurativa, donde víctima y victimario deben convivir en respecto, apoyo y ayuda mutua ”, se lee la respuesta escrita de sus abogados.

En octubre del año pasado, Mancuso ya había visitado Montería y el sabor para las víctimas fue agridulce. Con los permisos respectivos, el exjefe paramilitar participó de un acto simbólico de entrega de tierras en el que estuvieron presentes el presidente Petro con el que  intercambió sombreros. Mancuso pidió perdón a las víctimas, y los asistentes respondieron con aplausos y abucheos.

Esta semana, la posibilidad de que el exjefe de las AUC visitara varias partes de la costa Caribe volvió a ser noticia por un error de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La autoridad de tierras había solicitado a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla permiso para que Mancuso se desplazara a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira, entre el 31 de noviembre de 2024 y el 31 de enero de 2025, para ayudar a rastrear bienes que el paramilitarismo entregó en su momento y, supuestamente, no aparecen en registros oficiales. (Leer más en Bienes de Mancuso no están “perdidos”, la mayoría fueron devueltos a víctimas de despojo y Sólo un predio entregado por Mancuso para indemnizar a las víctimas ha sido vendido)

Sin embargo, el pasado 20 de enero, el magistrado Carlos Andrés Pérez señaló que la ANT no presentó el cronograma de esas visitas por lo que esa autorización para Mancuso no llegó a materializarse.

El Juzgado de Ejecución de Sentencias, en las decisiones sobre este tema, también había contemplado que las restricciones de estos territorios eran una manera de garantizar la seguridad del mismo Mancuso, pues él y su defensa habían manifestado que el exjefe paramilitar se encontraba en alto riesgo, “debido a los anuncios de sus aportes y contribución a la verdad que ha planteado en Justicia y Paz y en virtud de su solicitud como compareciente a la Jurisdicción Especial para la Paz”, se lee en la decisión que le otorga libertad a prueba el año pasado.

La decisión que tomó Mancuso en 2018 de tocar las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aportar “nuevas verdades” con la aspiración de obtener mejores beneficios, es visto por algunas víctimas como un hecho insatisfactorio frente a los compromisos de esclarecimiento que había sumido en Justicia y Paz. Ahora, con esta solicitud de cambio de domicilio de cara a las restricciones, se plantea como un nuevo beneficio para el exjefe paramilitar y se ahonda en la herida.

“Desde el punto de vista del ánimo de participación de las víctimas esto manda un mensaje un poco negativo en cuanto a que se le ha reprochado a Salvatore Mancuso haberse reservado elementos fundamentales de verdad en términos de esclarecimiento de verdades de terceros, sobre todo, pese a su compromiso de aportar a la verdad como requisito de postulación a la Ley de Justicia y Paz”, expresó el abogado de la CCJ.

“El traslado a Montería no es solo una necesidad médica comprobada por patología en salud mental y física, sino también un derecho que le corresponde como una persona que ha cumplido con las exigencias del sistema de justicia transicional. Mantener restricciones desproporcionadas que impidan su regreso a su ciudad natal y a su núcleo familiar vulnera los principios de humanidad, proporcionalidad y reintegración que deben guiar cualquier medida judicial en el marco de la justicia transicional. El respeto por sus derechos no disminuye los de las víctimas, sino que fortalece el cumplimiento del proceso de paz y reconciliación”, concluye la misiva de la defensa de Mancuso.

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En una reciente decisión de la justicia transicional en el caso que investiga el exterminio de la Unión Patriótica, se confirma la responsabilidad de las Convivir en la expansión y consolidación del proyecto paramilitar y la fuerte relación con sectores de la fuerza pública que, directa o indirectamente, forjaron una alianza que propició las más deleznables acciones contra civiles perfilados como subversivos.

El pasado 22 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)ordenó compulsar copias contra 51 exmiembros de la fuerza pública, varios de los cuales comparecen ante ese tribunal, así como contra varios civiles, por sus presuntos vínculos y apoyos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión la tomó el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, magistrado en movilidad de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas (SRVR),  a partir de la investigación que realizó como parte del macrocaso 06, en el cual se revisan los crímenes cometidos contra miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP) para establecer quiénes fueron los responsables de tanta atrocidad. (Leer más en: Fuerza Pública, políticos, empresarios y paramilitares se aliaron contra la UP)

Según el Auto de más de 600 páginas, desentrañar las afectaciones perpetradas contra la UP en el Urabá antioqueño, y de manera conexa, en el departamento de Córdoba, así como en otras regiones del país, hacen parte del esclarecimiento de las alianzas de grupos paramilitares, agentes del Estado y asociaciones Convivir que derivaron en el proceso de victimización de esa organización política.

Por eso, la más reciente decisión tomada por la SRVR, respalda las compulsas de copias con un riguroso contexto sobre el origen y la consolidación del paramilitarismo de la mano de agentes del Estado y las Convivir. Según esta sala, es imposible comprender las dinámicas criminales contra la UP y otros movimientos políticos y sociales en el Urabá antioqueño y el departamento de Córdoba sin tener claras esas alianzas.

“Este binomio inseparable (paramilitares y fuerza pública) contó con el respaldo de otras instancias estatales, como el DAS y la Fiscalía, y más allá, con el respaldo del poder regional, en especial de la gobernación de Antioquia, así como con el apoyo decidido de una parte de empresarios bananeros, ganaderos y comerciantes”, reza el auto.

La estigmatización basada en tendencias políticas jugó un papel determinante para catalogar  a las víctimas, muchas de ellas integrantes o simpatizantes de la UP, como miembros activos de las Farc y, de esta manera, clasificarlas como parte del “enemigo interno” — en consonancia con la Doctrina de la Seguridad Nacional— a las  tendencias políticas de izquierda. Esta doctrina marcial derivó en diversas expresiones de violencia contra sindicalistas, campesinos, líderes sociales y agrupaciones estudiantiles.

Tras la creación de la UP como resultado de los acuerdos suscritos por el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) y la guerrilla de las Farc, suscritos en 1984, y el considerable éxito político durante los comicios regionales posteriores, “dicha conquista electoral constituyó un detonante adicional del particular ánimo de destrucción del partido y de un número abrumador de sus miembros”, señala la JEP. (Leer más en: El saldo rojo de la Unión Patriótica)

Así, sectores de la fuerza pública, junto a estructuras paramilitares, con el apoyo de las Convivir, asesinaron, desaparecieron, amenazaron, desplazaron, detuvieron o exiliaron a cientos de simpatizantes de la UP. Sobre estos hechos, la SRVR ha concentrado su análisis en lo ocurrido en cuatro regiones, una de ellas Córdoba, Urabá y Atrato entre los años 1994 a 2001.

En su exhaustiva investigación, la magistratura señaló en el Auto que los aportes a la verdad de los militares retirados que comparecen a la JEP “lejos de coadyuvar en la reconstrucción de los hechos constitutivos de crímenes de notable gravedad, dan cuenta de constantes evasiones, imprecisiones, negativas, afirmaciones genéricas y difusas”, lo que muestra la tendencia a seguir el camino de los juicios adversariales, más que continuar en un proceso de diálogo  y aceptar la responsabilidad en los crímenes contra la UP.

Patrones sobre las Convivir

A partir de 13 testimonios de testigos; 10 inspecciones judiciales a diversas entidades estatales; y de la revisión de sentencias y decisiones de Justicia y Paz; de la justicia ordinaria; y de altos tribunales como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia y un ejercicio de georreferenciación, la SRVR estableció nueve postulados o patrones a través de los cuales queda claro lo que significaron las Convivir en la estrategia de apoyo al paramilitarismo y, en consecuencia, a afectar profundamente a la UP.

En el marco de la instrucción del macrocaso que investiga la SRVR, se estableció que, antes de unirse a los grupos paramilitares y de autodefensa, varios desmovilizados y posteriormente postulados a la Ley 975 de 2005 ejercieron roles como directivos, miembros, afiliados, empleados o patrulleros en las Convivir, especialmente en la región del Urabá antioqueño y el departamento de Córdoba. (Leer más en: Convivir en Urabá eran de las Auc: Tribunal Superior de Antioquia)

A finales de los años 80, las autodefensas promovidas por los gobiernos del Frente Nacional se transformaron en un aparato de violencia y guerra sucia, producto de una compleja alianza entre militares, narcotraficantes, políticos y sectores económicos. Según la Comisión de la Verdad, en el apartado No matarás del Informe Final, a pesar de que Cesar Gaviria, como ministro de Gobierno de Virgilio Barco, denunció la impunidad de estas estructuras, “no deja de ser paradójico, por tanto, que haya sido Gaviria quien luego como presidente promoviera la seguridad privada y abriera la compuerta para volver al viejo esquema”. (Leer más en: Así se gestó un engranaje de soporte bélico llamado ‘Convivir’)

A partir de una base de datos con información detallada de 36 asociaciones de Convivir —16 de Urabá y 20 de Córdoba—, la SRVR identificó a 248 de sus integrantes. Esa base, se lee en el Auto, contiene información detallada sobre la creación legal de estas asociaciones y su coordinación con entidades militares y estructuras paramilitares, así como detalles sobre áreas de operación. De esta manera, se pudo establecer que de las 248 personas, 57 de ellas pertenecieron o estuvieron vinculadas con estructuras paramilitares.

Sin embargo, en muchos casos fue imposible identificar con certeza a muchas de las personas que hicieron parte de las Convivir, en parte, por el mal manejo de las gobernaciones en el debido registro de los miembros directivos y operativos de esas asociaciones, “una omisión y negligencia inexplicables y difíciles de sustentar en momentos de tan alta violencia”, advierte la magistratura.

Entre 1995 y 1997, las gobernaciones de Antioquia y Córdoba impulsaron la creación, organización, legalización y operación de las Convivir ignorando los riesgos y las advertencias expuestas por diversos sectores sociales, políticos y humanitarios, tanto nacionales e internacionales. Además, asegura la SRVR, que esos entes territoriales no implementaron controles ni mecanismos de supervisión que evitaran que esas asociaciones fueran cooptadas por organizaciones paramilitares. Y destaca que existen pruebas suficientes que vinculan a servidores públicos de ambas gobernaciones con grupos paramilitares.

Los testimonios y sentencias corroboran la relación entre las Convivir y los paramilitares, señalando que fueron usadas como fachada legal para financiar y expandir el proyecto paramilitar, con respaldo de exjefes como Salvatore Mancuso, comandante del Bloque Norte; Córdoba y Catatumbo de las AUC; Hébert Veloza García, alias ‘HH’, quien tenía el mando de los Bloques Bananero y Calima; y Raúl Hasbún, comandante del Frente Arlex Hurtado, y quien impulsó la creación de Convivir en el Urabá antioqueño.

En diversos estrados judiciales, estos exjefes paramilitares confirmaron que las Convivir sirvieron para operaciones de inteligencia, patrullaje y como mecanismo de financiamiento mediante “cobros legales”, facilitando actividades ilegales bajo una cobertura legal. Asimismo, han explicado cómo las estructuras paramilitares tuvieron un rol protagónico en la creación y coordinación de las asociaciones Convivir, de manera directa o por personas interpuestas.

De acuerdo con el exjefe paramilitar Raúl Hasbún, una vez se conoció la propuesta de las Convivir “se decidió constituir una asociación de esas como estrategia para con el propósito inicial de acceder a armas de uso civil y de uso privativo, así como para cubrir las acciones de la organización paramilitar bajo su mando”, resalta el Auto en uno de sus apartes.

Las asociaciones fueron constituidas con el apoyo de brigadas militares y coordinadas por oficiales de alto rango, según las investigaciones de la SRVR. Así, el acceso a radios, armas y una amplia financiación permitió a los paramilitares establecer un control territorial y social en las zonas en las que operaban.

Según los elementos de prueba recopilados por este tribunal, las Convivir no sólo adoptaron la estrategia de suministrar información a la fuerza pública sobre la presencia de grupos subversivos en zonas rurales y urbanas, sino que también participaron en acciones ofensivas, principalmente en asesinatos, contando con la complicidad de la fuerza pública y el respaldo de grupos paramilitares.

“Ese carácter ofensivo se gestó, además, en medio de una constante estigmatización generada por servidores públicos y empresarios contra sectores políticos alternativos, como la Unión Patriótica y sindicatos agroindustriales y de maestros”, precisa el Auto.

Las Convivir y la masacre de Mapiripán

La consolidación del “laboratorio paramilitar” establecido en el Urabá antioqueño durante buena parte de la década de los 90 se replicó en varias zonas de Antioquia y tuvo el apoyo de la fuerza pública. “Este Despacho considera demostrado que, durante 1996 y 1997 mandos de la I División, Brigada XVII y Brigada XI, así como, específicamente, de los Batallones Vélez y Contraguerrillas 35, desarrollaron una estrategia conjunta con los grupos paramilitares, especialmente con la Casa Castaño”, precisa el Auto. (Leer más en: Las Convivir y la omisión que fortaleció a los paramilitares)

Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) incluso llegaron a incursionar en territorios del sur, como el Guaviare y el Meta, con las masacres de Mapiripán (julio de 1997) y Caño Jabón (mayo de 1998). Sobre la primera acción criminal, según ha establecido la justicia, el 12 de julio de 1997, un comando paramilitar viajó en avión desde pistas aéreas del Urabá antioqueño —que estaba controladas por la Brigada XVII del Ejército—, y llegó a San José del Guaviare, donde, sin dificultad en los retenes militares, las tropas de las ACCU llegaron por tierra al departamento del Meta y realizaron una incursión armada en el casco urbano de Mapiripán entre el 15 al 20 de julio, asesinando a por lo menos 49 personas y desplazando a unas 500 familias.

De acuerdo con un testigo entrevistado por la SRVR, el grupo paramilitar “llevaba un listado de la población civil a asesinar, y contaron con la ayuda de informantes que señalaban a las personas a ejecutar”. Además, fueron avisados del momento en que debían retirarse porque  el Ejército iba a ingresar a Mapiripán.

El papel que jugaron las Convivir en esta masacre se conoció a partir de versiones de exjefes paramilitares. Inicialmente, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en sentencia del 24 de septiembre de 2015, proferida contra Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, recoge una versión de Hébert Veloza, alias ‘HH’, según la cual el traslado desde el Urabá antioqueño del comando paramilitar que perpetró la masacre habría sido coordinado entre el exparamilitar Raúl Hasbún y Alberto Osorio Mejía, representante legal de la Convivir Punta de Piedra.

“Mientras figuraba legalmente como representante de la Convivir, debidamente autorizada, Osorio Mejía coordinó con Hasbún la logística para que aviones trasladaran a un grupo de ‘paras’ del Urabá antioqueño al departamento del Meta, en el otro extremo del país, para que hicieran la masacre de Mapiripán”, recoge, en la sentencia de Justicia y Paz, el testimonio de ‘HH’. (Leer más en: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)

Sin embargo, en la reciente decisión, la SRVR precisó que la participación de las Convivir en esa masacre fue más allá: con dineros recaudados por esas asociaciones del Urabá antioqueño, agrupadas en la Convivir Papagayo, se financió la preparación militar del comando paramilitar que perpetró la masacre en Mapiripán.

El testimonio reservado de un exjefe paramilitar, que detalló su participación en los hechos, reconoció ante la SRVR que con parte de los recursos que les llegaban a las Convivir “se financió el entrenamiento del grupo de las ACCU que viajó a Mapiripán y cometió la cruenta masacre”. Y precisó: “Nunca para la masacre, pero sí para el entrenamiento de esa gente”.

La preparación tuvo lugar en la base paramilitar que las ACCU instalaron a finales de 1996 en la vereda El Guineo, entre Apartadó y San José de Apartadó. Para 1997, en este espacio, se desarrollaron cursos de entrenamiento a un grupo de 89 hombres, dentro de los que se encontraban Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, y Elkin Orlando Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’. Desde el aeropuerto de Carepa, bajo control de la Brigada XVII del Ejército, se embarcaron las tropas en dos aviones hacia el departamento del Meta y cometieron la masacre de Mapiripán como preámbulo de la constitución del Bloque Centauros.

Entre los paramilitares que viajaron a Mapiripán se encontraba Arnoldo Vergara Trespalacios, quien para la fecha de construcción de la Convivir Costa Azul, el 15 de julio de 1996, figuraba como el revisor fiscal. Antes de esto, fue uno de los fundadores de la organización paramilitar “Los Güelengues”, base del Bloque Elmer Cárdenas de las ACCU. Vergara fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de Mapiripán.

El testigo reservado también aclaró que las dos aeronaves en las que se movilizaron a los hombres de las AUC de Urabá a Guaviare fueron aportadas por Francisco Cifuentes Villa, un narcotraficante cercano a las ACCU.

Compulsa de copias

La decisión del magistrado Salazar Arbeláez ordena poner en conocimiento sus hallazgos y continuar su investigación en tres macrocasos de ese tribunal: el Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado; el Caso 04, sobre violaciones al Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos en la región de Urabá y el Caso 08, por crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y agentes del Estado, algunos en asociación con estructuras de las AUC.

Los comparecientes obligatorios referidos en la decisión son 51, y pertenecían a la Primera División del Ejército; a las Brigadas XVII y XI; al Batallón de Contraguerrilla No. 35; al Batallón Junín; al Batallón de Fuerzas Especiales, al Batallón de Infantería No. 35, Jaime Diaz; al Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos; y al Batallón de Infantería No. 33, Batalla de Junín.

También se ordenó compulsar copias del Auto a la Fiscalía General de la Nación contra dos personas terceras no comparecientes ante la JEP: Herman Arias Gaviria, exsuperintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y Eduardo Duque Becerra, excontratista de la Gobernación de Antioquia .

La magistratura pidió a la Fiscalía investigar a Arias Gaviria porque durante su gestión entre 1995 y 1996 se promovieron y constituyeron las asociaciones Convivir , que fortalecieron los grupos paramilitares, “sin que hubiese un efectivo control sobre los integrantes de aquellas ni sus operaciones, lo que permitió que fueran cooptadas por grupos paramilitares, especialmente por las ACCU en la región del Urabá antioqueño y en el departamento de Córdoba”, destaca el Auto.

En el caso de Duque Becerra, la magistratura presume que mientras fungió como asesor en seguridad de la Gobernación de Antioquia, del 23 de septiembre a 31 de diciembre de 1996 y 13 de enero a julio de 1997, tuvo alianzas con los mandos de las ACCU, tanto en Medellín como en Córdoba, con el fin de gestionar asuntos de armas y contactos ante la IV Brigada del Ejército, y apoyar sus actividades criminales.

Este caso empieza con dos contratos en los que la Gobernación de Antioquia vinculó a Duque Becerra  para coordinar los trámites relacionados con la constitución de las Convivir, según se lee en los documentos obtenidos por la JEP. Sin embargo, Duque Becerra, escuchado en audiencia por la SRVR, negó que haya tenido que ver con la constitución de las cooperativas, y sostuvo que no era invitado a las reuniones relacionadas con ese tema y aclaró que quienes tenían que ver con este asunto era el secretario de Gobierno Departamental de la época, Pedro Juan Moreno Villa,  y dos de sus subalternos.

Pero su nombre no era desconocido en las filas paramilitares. En indagaciones realizadas por la SRVR se encontraron las declaraciones del exjefe paramilitar Hébert Veloza García y  Rodrigo Alberto Zapata Sierra sobre una persona a la que se le conocía con el sobrenombre de ‘Pavarotti’. El despacho estableció que la persona conocida con ese apodo era  el excontratista Duque Becerra, quien admitió que así lo llamaban, pero negó que se hubiera reunido en algún momento con paramilitares e insistió que su apodo tenía un origen lejos de la ilegalidad.

Su nombre tampoco era desconocido para las autoridades judiciales. Años atrás, la Fiscalía 20 Delegada ante Justicia y Paz ya había compulsado copias para que Duque Becerra fuera investigado, abriendo en su contra un expediente por el delito de concierto para delinquir. Dentro de la investigación en la justicia ordinaria, el exparamilitar Zapata Sierra declaró que el excontratista de la Gobernación de Antioquia era amigo personal de Vicente y Carlos Castaño, ante quienes, según él, “presumía sobre sus contactos en la Cuarta Brigada de Medellín y de coordinar con Pedro Juan Moreno Villa las Convivir de Antioquia”.

La justicia continúa aportando a la verdad de los hechos sobre las alianzas paramilitares. El camino para encontrar los responsables y su papel en la guerra aún es largo y requiere de las acciones de todos los tribunales del país. El capítulo de las Convivir es uno de ellos.

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Ocho familias de personas asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) encontraron algo de justicia este 10 de junio con el veredicto que determinó la responsabilidad civil de Chiquita Brands International por haber financiado al grupo paramilitar en Colombia. Se abre una ventana para muchas más víctimas del Urabá antioqueño y la zona bananera de Magdalena.

En la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, el jurado les otorgó a ocho demandantes un total de 38,5 millones de dólares luego de determinar que se probó, irrefutablemente, que Chiquita le dio “asistencia sustancial” a las Auc en la forma de pagos en efectivo u otras formas de apoyo, y que esa asistencia “creó un riesgo previsible de daño a otras personas, incluyendo los familiares de (los) demandantes”.

El jurado también determinó que Chiquita no pudo probar que su apoyo a las Auc fue el resultado de un daño inminente a la empresa o sus empleados. Es decir, que no se trató del pago de extorsiones a ‘vacunas’.

“Nuestros clientes arriesgaron sus vidas para pedir que se haga justicia en contra de Chiquita, poniendo su fe en el sistema de justicia de Estados Unidos”, dijo la abogada Agnieszka Fryszman, de la firma de Cohen Milstein, que representó a varios de los demandantes.

Marco Simons, director jurídico de la oenegé EarthRights International, que representó a otro de los demandantes, celebró las decisiones del jurado. “Este veredicto envía un
mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de
los derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. Estas familias, que sufrieron
el asedio de grupos armados y corporaciones, demostraron su fortaleza y lograron
triunfar en el sistema judicial”.

En un comunicado Chiquita dijo que apelará el veredicto. “La situación en Colombia fue trágica para tantos, incluyendo los que fueron afectados directamente por la violencia allá. Sin embargo, eso no cambia nuestra convicción de que no hay ninguna base legal para estas demandas”, dijo la empresa un día después de que se conociera la decisión del jurado.

Entre los demandantes representados en el juicio estaba una mujer que, cuando tenía apenas 10 años, presenció el asesinato de su madre y padrastro a manos de los paramilitares quienes estaban presionando para que la familia vendiera su finca. También estaban familiares del trabajador bananero David Gonzalez que en 1997 fue bajado de un bus por hombres de las Auc y asesinado; su cuñada e hija luego fueron víctimas de desaparición forzada.

Simons dijo que el veredicto podrá marcar la pauta para las 4.500 víctimas adicionales que han demandado a Chiquita. “Es posible que las decisiones del jurado en este caso ayudarán a agilizar juicios futuros”, dice Simons. “También es posible que el veredicto del jurado en este caso forme un modelo para un acuerdo general (fuera de la corte) en estas demandas”.

Simons recalca que ese tipo de acuerdo es la forma más común en que se resuelven casos civiles con miles de demandantes. “Puede haber uno, dos o varios juicios representativos y, basado en los resultados de esos juicios, las partes se juntan para un acuerdo general para resolver el resto de las demandas”, dice, aunque anota que esa solución podría tomar bastante tiempo.

El próximo juicio representativo contra Chiquita está por comenzar el 15 de julio con 10 demandantes.

Un precedente crucial

La abogada colombiana y consultora jurídica, Tatiana Devia, quien acompañó el proceso, dijo que el fallo histórico tiene implicaciones de gran alcance para los derechos humanos en el mundo. “Fortalece el marco internacional de derechos humanos al mostrar que las victimas sí pueden buscar justicia y reparación a través de los sistemas legales, incluso contra entidades empresariales poderosas”, dijo en una rueda de prensa un día después de finalizar el juico.

“Este veredicto envía un mensaje claro a las empresas a nivel global de que el lucro no puede justificar la complicidad en abusos de los derechos humanos, la financiación de grupos armados, y la colaboración con los actores que cometen las atrocidades tan graves”, dijo Devia, agregando que establece un precedente importante.

En el juicio, que comenzó a finales de abril, hubo nueve demandantes en total, pero el jurado sólo encontró responsabilidad de Chiquita en ocho de ellos. En el noveno caso el jurado determinó que no se probó con evidencia suficiente la relación entre el asesinato de la víctima y las Auc.

Durante el juicio, testificaron ante el jurado familiares de las personas asesinadas y varios exjefes paramilitares, incluyendo a Salvatore Mancuso; Éver Veloza, alias ‘HH’; y Raúl Hasbún, conocido como ‘Pedro Bonito’. También declararon varios exejecutivos de Chiquita.

Espera de 17 años

Este proceso se remonta a 2007, cuando un grupo de víctimas presentó una serie de demandas en tribunales estadounidenses porque la multinacional financió a grupos paramilitares en la región del Urabá antioqueño. EarthRights International en coordinación con varios bufetes de abogados, lidera ese proceso que agrupa a 3.000 víctimas del paramilitarismo.

Al año siguiente, un “panel judicial”, equivalente en Colombia a un tribunal de varios jueces, ordenó que varios casos se consolidaran en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, en West Palm Beach.

En los años siguientes se dieron varios ires y venires en la demanda, pues Chiquita Brands pidió que se desestimara porque debía ser juzgado en Colombia y porque esa corte señaló que no existían pruebas suficientes para establecer que las Auc hubieran asesinado a las víctimas cuyos casos hacían parte del expediente.

Sin embargo, el proceso se desatascó en 2022, cuando el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito, revocó el fallo que excluía documentación de Justicia y Paz –el sistema de justicia transicional en el que paramilitares desmovilizados confesaron sus crímenes–, determinando que había pruebas suficientes sobre la participación de los paramilitares en los asesinatos de los familiares de los demandantes.
Así se dio apertura al juicio que acaba de concluir, que seleccionó a nueve casos representativos del total del universo de víctimas que reclamaron justicia en esa corte.

La historia de los aportes a las Auc

Que la multinacional Chiquita Brands haya financiado a grupos paramilitares en la región del Urabá antioqueño no es ningún secreto. De hecho, en marzo de 2007, un juzgado de Washington avaló un acuerdo al que la compañía llegó con el Departamento de Justicia para pagar una multa de 25 millones de dólares, tras reconocer que había hecho más de 100 pagos a la Auc por un total de 1,7 millones de dólares.

Ni un centavo de dólar de esa millonaria sanción fue destinado para reparar a las víctimas que dejó el paramilitarismo en esa región agroindustrial. En ese momento, la empresa señaló que fue obligada a pagar extorsiones y que lo hizo con el objetivo de proteger a sus empleados.

Sin embargo, documentos desclasificados por litigios ante juzgados de Estados Unidos del National Security Archive (NSA), un grupo de investigación no gubernamental con sede en Washington, dan cuenta de los entramados que tejieron varios directivos de la bananera para ocultar esos pagos a las Auc.

El 6 de enero de 2000, Robert Kistinger, cabeza de Banana Group de Chiquita, radicado en Cincinnati, Ohio, le dijo a la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), que conocía directamente sobre los pagos a los grupos armados. Esa declaración fue desclasificada por el NSA y en ella confesó que “no pararemos de hacer negocios en Colombia, porque, saben, tendremos que gastar un extra de US25.000. Eso no es realista. ¿Cierto?”.

Pero antes de hacerle pagos a paramilitares, Chiquita Brands hizo lo propio con las diferentes guerrillas que tenían presencia en Urabá y Magdalena. La situación cambió con la expansión paramilitar y en 1997, cuando directivos de la multinacional se reunieron con Carlos Castaño, jefe y vocero de las Auc.

Los pagos a grupos paramilitares se hicieron inicialmente a través de varias cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, creadas bajo el gobierno del entonces presidente César Gaviria (1990-1994) y consolidadas bajo el mandato de Ernesto Samper (1994-1998), hasta que la Corte Constitucional, en 1997, declaró inexequible parte de la norma que les autorizaba la tenencia y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

No obstante, una de ellas continuó activa, la Convivir Papagayo, como empresa de seguridad regulada y sin armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La investigación Los nuevos papeles de Chiquita Brands, realizada por el NSA y VerdadAbierta.com, da cuenta que, por medio de esa organización, se estableció un sofisticado mecanismo de pagos.

La estrategia fue creada y liderada por Raúl Hasbún, empresario bananero que se incorporó a las Auc como jefe del Frente Arlex Hurtado, unidad urbana que operó en los municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó, ubicados en el Urabá antioqueño, y donde se concentra en un alto porcentaje las operaciones del banano.

De acuerdo con ese reportaje, Chiquita acordó aportar tres centavos de dólar por cada caja exportada a través de esa Convivir, deducidos de los pagos mensuales a los productores. Según cálculos de la Chiquita Brands, entre 1997 y 2004 se pagaron 1,7 millones de dólares.

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Se demoró 17 años, pero un grupo de víctimas logró lo que se consideraba imposible: la apertura hoy de un juicio civil en el que la bananera Chiquita Brands International podría ser obligada a reparar a las víctimas de paramilitares a los que pagaron una millonaria suma cuando operaron en el Urabá antioqueño.

Las primeras demandas se presentaron en 2007, entre ellas Doe (nombre clave dado por la justicia norteamericana a víctimas que quieren mantener anonimato) contra Chiquita, una demanda colectiva de alrededor de 3.000 víctimas, presentada por EarthRights International, organización no gubernamental que se especializa en temas de protección ambiental y derechos humanos, en coordinación con varios bufetes de abogados.

En 2008, un “panel judicial”, equivalente en Colombia a un tribunal de varios jueces, ordenó que varios casos se consolidaran en el Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, en West Palm Beach.

Tres años después, la multinacional intentó que se desestimara el caso, alegando que debía juzgarse en Colombia y no en Estados Unidos. Esa solicitud fue rechazada en 2016 por la Corte Federal del Sur de la Florida.

En 2019, ese tribunal consideró que no existían evidencias suficientes de que las Auc hubieran asesinado a las víctimas de estos casos, tras excluir, erróneamente, según abogado de ellas, documentos del proceso de Justicia y Paz en Colombia. Cabe recordar que ese fue el mecanismo de justicia transicional que se creó en Colombia para juzgar a los desmovilizados de las Auc otorgándoles penas alternativas, a cambio de que confesaran sus crímenes y repararan a las víctimas que dejaron al estar en armas.

En 2022, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito revocó el fallo que excluía documentación de Justicia y Paz, determinando que había pruebas suficientes sobre la participación de los paramilitares en los asesinatos de los familiares de los demandantes.

Gracias a esa decisión, se logró la apertura del juicio, que tiene la característica de representar a una parte del universo de víctimas del caso Doe contra Chiquita, que reclaman justicia en tierras estadounidenses.

El Tribunal de Distrito Sur de la Florida seleccionó un grupo de casos bellwether, o representativos, para continuar el proceso. Los juicios tipo bellwether se utilizan a menudo en casos con un gran número de víctimas diferentes para orientar futuras resoluciones de todo el universo de demandas de las víctimas.

La selección de diez jurados, quienes tras escuchar los testimonios de las partes y analizar el acervo probatorio, y decidirán a favor o en contra de los demandantes, finalizó ayer.

El primer testigo de los demandantes será Fernando Aguirre, expresidente de Chiquita.

La historia de los aportes a las Auc

Que la multinacional Chiquita Brands haya financiado a grupos paramilitares en la región del Urabá antioqueño no es ningún secreto. De hecho, en marzo de 2007, un juzgado de Washington avaló un acuerdo al que la compañía llegó con el Departamento de Justicia para pagar una multa de 25 millones de dólares, tras reconocer que había hecho más de 100 pagos a la Auc por un total de 1,7 millones de dólares.

Ni un centavo de dólar de esa millonaria sanción fue destinado para reparar a las víctimas que dejó el paramilitarismo en esa región agroindustrial. En ese momento, la empresa señaló que fue obligada a pagar extorsiones y que lo hizo con el objetivo de proteger a sus empleados.

Sin embargo, documentos desclasificados por litigios ante juzgados de Estados Unidos del National Security Archive (NSA), un grupo de investigación no gubernamental con sede en Washington, dan cuenta de los entramados que tejieron varios directivos de la bananera para ocultar esos pagos a las Auc.

El 6 de enero de 2000, Robert Kistinger, cabeza de Banana Group de Chiquita, radicado en Cincinnati, Ohio, le dijo a la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), que conocía directamente sobre los pagos a los grupos armados. Esa declaración fue desclasificada por el NSA y en ella confesó que “no pararemos de hacer negocios en Colombia, porque, saben, tendremos que gastar un extra de US25.000. Eso no es realista. ¿Cierto?”.

Pero antes de hacerle pagos a paramilitares, Chiquita Brands hizo lo propio con las diferentes guerrillas que tenían presencia en Urabá y Magdalena. La situación cambió con la expansión paramilitar y en 1997, cunado directivos de la multinacional se reunieron con Carlos Castaño, jefe y vocero de las Auc.

Los pagos a grupos paramilitares se hicieron inicialmente a través de varias cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, creadas bajo el gobierno del entonces presidente César Gaviria (1990-1994) y consolidadas bajo el mandato de Ernesto Samper (1994-1998), hasta que la Corte Constitucional, en 1997, declaró inexequible parte de la norma que les autorizaba la tenencia y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

No obstante, una de ellas continuó activa, la Convivir Papagayo, como empresa de seguridad regulada y sin armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La investigación Los nuevos papeles de Chiquita Brands, realizada por el NSA y VerdadAbierta.com, da cuenta que, por medio de esa organización, se estableció un sofisticado mecanismo de pagos.

La estrategia fue creada y liderada por Raúl Hasbún, empresario bananero que se incorporó a las Auc como jefe del Frente Arlex Hurtado, unidad urbana que operó en los municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó, ubicados en el Urabá antioqueño, y donde se concentra en un alto porcentaje las operaciones del banano.

De acuerdo con ese reportaje, Chiquita acordó aportar tres centavos de dólar por cada caja exportada a través de esa Convivir, deducidos de los pagos mensuales a los productores. Según cálculos de la Chiquita Brands, entre 1997 y 2004 se pagaron 1,7 millones de dólares.

Ahora, más de 3 mil víctimas de la violencia que los paramilitares desataron en la región del Urabá durante siete años, ven cómo se abre una oportunidad para encontrar la justicia y la reparación que les ha sido esquiva por más de dos décadas. Se espera que el juicio civil contra la multinacional que inició hoy dure seis semanas.

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Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

Nota de la redacción: ese artículo fue publicado el 10 de marzo, antes de que la jurisdicción de Justicia y Paz se pronunciara sobre la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz y su encabezado se actualizó con la decisión tomada el día 13 de ese mes. A continuación presentamos el análisis que se publicó inicialmente.

Según reconoció el exjefe paramilitar, él no representa ni es vocero de ningún grupo armado posdesmovilización de las Auc, por eso surge la pregunta sobre si cumple con las normas de la gestoría de paz. Sin esa figura, las aspiraciones de libertad de Mancuso se ven comprometidas. Sus abogados consideran que el rol que tuvo en las desmovilizaciones de grupos paramilitares lo avala.

La designación como gestor de paz del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que realizó el gobierno de Gustavo Petro, convocó a los magistrados de Justicia y Paz para decidir si debían otorgarle la excarcelación, luego de que el pasado 4 de marzo una jueza que supervisa la ejecución de sentencias del sistema de justicia transicional que pesan sobre él le otorgara la libertad a prueba. 

Sin embargo, Mancuso permanece en la cárcel La Picota de Bogotá, pues además de las tres sentencias que tenía en su contra y sobre las cuales se le otorgó la libertad condicional, el postulado a ese sistema de justicia transicional tiene pendientes 58 trámites con medidas de aseguramiento impuestas por las Salas de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y del Tribunal Superior Barranquilla. Esos despachos lo siguen juzgando por 65.067 hechos criminales sobre los que tiene presunta responsabilidad como jefe de los desmovilizados bloques Córdoba, Norte y Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

A través de la Resolución 244 de 2023 de la Presidencia de la República —mediante la cual se formalizó el nombramiento de Mancuso como gestor de paz—, el gobierno nacional solicitó a las autoridades competentes la suspensión de las medidas judiciales vigentes en contra del exjefe paramilitar una vez se encontrara en el territorio nacional, pero no es un acto que podía pasar por encima del sistema de justicia y por eso le corresponde a las Salas de Justicia y Paz evaluar dicha solicitud en audiencias.

Fue así como en su decisión la jueza de Ejecución de Sentencias, Luz Marina Buitrago, puso a Mancuso a disposición del Tribunal Superior de Barranquilla y el 6 de marzo el magistrado con función de control de garantías Carlos Andrés Pérez Alarcón, de la Sala Penal de Justicia y Paz de Barranquilla, presidió la audiencia en la que revisó si se cumplen las condiciones legales para que se suspendan las 33 medidas de aseguramiento en trámite que ha ordenado ese tribunal y así conceder la libertad extraordinaria del exjefe de las Auc. (Leer más en: Por ahora, Mancuso no recuperará su libertad)

Dichas medidas de detención fueron ordenadas por esa sala como una medida anticipada de las sentencias que se espera sean emitidas por 34.704 crímenes por los que el tribunal de Barranquilla juzga a Mancuso. Eso incluye 12.602 casos son por homicidio en persona protegida, 2.159 por desaparición forzada, 13.909 por desplazamientos forzados, 813 casos de violencia sexul o basada en género, 11 reclutamientos ilícitos y 5.210 crímenes de guerra que atentaron contra el patrimonio y la libertad de las víctimas.  

La resolución presidencial que designó a Mancuso como gestor de paz se soporta en el Decreto 1175 de 2016, que regula el Artículo 61 de la Ley de Justicia y Paz. En este se faculta al gobierno a solicitar la suspensión condicional de medidas judiciales a favor de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales se llegue a acuerdos humanitarios.

Esa figura la han ocupado Gerardo Antonio Bermúdez Sánchez, alias ‘Francisco Galán’, y  Carlos Arturo Velandia, alias ‘Felipe Torres’, exmiembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln), quienes, desde la cárcel o fuera de ella, cumplieron la tarea de acercamiento con este grupo guerrillero con los gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. 

También, Rodrigo Granda y Elda Neyis Mosquera, conocida como ‘Karina’. Ambos, exmiembros de las extintas Farc, fueron excarcelados para cumplir con su designación de gestores de paz en el año 2007 y 2009, respectivamente, con el gobierno del expresidente Uribe. También el exmiembro de esa guerrilla, Yesid Arteta, quien después de purgar su pena en la cárcel y residir en España, fue designado para esa figura por Uribe en 2009. 

Recientemente, en noviembre de 2022, el actual gobierno de Gustavo Petro empleó la figura de gestor de paz con Violeta Arango Ramírez para avanzar en los diálogos con el Eln. Arango fue acusada por la Fiscalía de presuntamente orquestar el atentado al Centro Comercial Andino en Bogotá en 2017.

Sin embargo, para la Fiscalía dicho decreto habría podido desbordar su margen de regulación. Así lo expresó Magály Álvarez Bermúdez, como vocera de los fiscales que tienen a cargo la documentación de Mancuso en Justicia y Paz, quien reconoció que esa designación puede ser una oportunidad para la reincorporación del exparamilitar y el alcance de la paz nacional. 

Pero llamó la atención sobre una posible anomalía en el Decreto 1175, el cual faculta al gobierno para pedir la suspensión de medida de aseguramiento de miembros o exmiembros de grupos armados ilegales. Según la fiscal, inicialmente en el artículo de la Ley de Justicia y Paz que el decreto reglamenta, no alude a las medidas de aseguramiento, sino sólo la suspensión condicional de la pena y el beneficio de la pena alternativa. 

Sin embargo, la fiscal Álvarez no se opuso a la solicitud del gobierno de Gustavo Petro sobre la suspensión de las 33 medidas privativas de la libertad y dejó a consideración del magistrado del tribunal de Barranquilla las falencias que identificó en las normas.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación fue clara en oponerse a la solicitud. Diana Yolima Niño, coordinadora de Justicia y Paz de la Procuraduría, durante la audiencia del tribunal de Barranquilla llamó la atención frente a las dudas que hay alrededor de la designación de Mancuso como gestor de paz, al hacer una revisión detenida de las normas y encontrar que en el documento que nombra al exjefe paramilitar como gestor de paz carece de detalles y argumentación frente a los objetivos del postulado dentro de la política de Paz Total. 

“No es romanticismo, señor magistrado. La figura de un gestor de paz como afirmación para declinar la materialización de requerimientos judiciales vigentes se reclama sólida, contundente, convincente, creíble; no consiste en enarbolar simplemente la bandera de la paz”, expresó Niño, en clara crítica al gobierno.

“Tampoco se ha dicho conforme lo reglado en la materia (…) si Mancuso Gómez se presenta como vocero o miembro representante de un grupo armado organizado al margen de la ley”, agregó la procuradora. Por eso, consideró que se debe conocer más sobre la base con la que el gobierno planteó la gestoría de Mancuso, así como el tiempo, las regiones y las estrategias de disuasión con las que cuenta el excomandante paramilitar para acercar a los militantes de esas organizaciones y estructuras criminales.

Desde octubre del año pasado, el Consejo de Estado estudia una acción de nulidad del nombramiento de Mancuso como gestor de paz que argumenta que hay dudas jurídicas en cuanto a la motivación, pertinencia y utilidad de la designación del exjefe paramilitar como gestor de paz. 

En los cerca de 20 años de funcionamiento de Justicia y Paz, nunca antes se había tenido que deliberar sobre la suspensión de medidas cautelares vigentes impuestas por sus tribunales de justicia transicional. Por esa razón, Diana Niño, en representación del Ministerio Público, le solicitó al magistrado realizar un test de ponderación; es decir, sopesar si al revocar las medidas de aseguramiento que pesan contra Mancuso y que aseguran el cumplimiento del exjefe paramilitar en los procesos ante ese tribunal de justicia transicional, realmente se lograría un fin mayor: la paz del país.

¿Cumple como gestor de paz?

La política de Paz Total, impulsada por el actual gobierno nacional, se oficializó mediante la Ley 2272 de 2022. En esa normativa se indica que podrá haber dos tipos de procesos: de un lado, negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) para alcanzar acuerdos de paz; y de otro lado, acercamientos y conversaciones con estructuras armadas de crimen de alto impacto (EAOCAI) a fin de someterlas a la justicia y lograr su desmantelamiento. 

Los diálogos de carácter político, que buscan alcanzar un acuerdo de paz, se pueden adelantar sólo con grupos que tienen “un mando responsable” y ejercen “sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”, como es el caso de los GAOML. Para las EAOCAI, grupos de personas organizadas en una estructura jerárquica, la situación es otra: las conversaciones no parten de reconocer un carácter político y se distinguen de las negociaciones de paz. (Leer más: en Carácter político, la ‘zona gris’ del proyecto de ley para someter a las bandas)

La Defensoría del Pueblo, tras un análisis del Sistema de Alertas Tempranas, para enero de este año evidenció el crecimiento de la presencia de grupos armados al margen de la ley y bandas criminales en varias poblaciones del país. “Es el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo que en el 2022 tenía presencia en 253 pueblos, sin embargo, hoy delinque en 392 municipios de 24 departamentos”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Esta misma situación ocurrió con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el cual pasó de tener injerencia en 189 municipios para 2022 a 231 para el 2023. Así como con el Estado Mayor Central (Emc) y la Segunda Marquetalia que pasaron de 230 poblaciones en el 2022 a 299 el año siguiente. Y precisó que “las estructuras del crimen organizado hacían presencia en 141 municipios hace dos años, no obstante, en el 2023 su presencia se amplió a 184 pueblos de 22 departamentos”.

Frente a este panorama de grupos y estructuras ilegales en el país, varios expertos se preguntan con cuál de estos Mancuso entraría a jugar un papel protagónico en las negociaciones o acercamientos y conversaciones en su papel de gestor de paz.

“Todo es muy confuso. Y en esta confusión ha jugado un rol importante el gobierno que no ha sido claro al comunicar cuáles funciones y con qué organizaciones entraría Mancuso a cumplir su gestoría”, señaló el experto en conflicto armado y docente de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos. “Como no hay una comunicación del Alto Comisionado para la Paz diciendo qué va a hacer Mancuso, dónde y cómo lo va a hacer, se abre todo un escenario de especulación”, dijo.  

Los dos grupos con los que se especula Mancuso podría ser ficha clave para diálogos de paz o acercamientos son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) y las Agc, organizaciones que, según recuerda Trejos no tienen mesa de negociación con el gobierno por estar fuera de la Paz Total. 

En entrevista con Caracol Radio el 28 de febrero alias ‘Jerónimo’, líder político de las Agc, descartó que el exjefe de las Auc representa a su organización: “En ningún momento hemos autorizado al señor Mancuso para que obre como vocero, gestor o facilitador de nuestro ejército. Mancuso fue nombrado gestor de paz por el gobierno y ninguna designación tiene de nuestra parte”, expresó.

Por su parte las Acsn —que tomaron el control de las rentas criminales que el Bloque Norte de las extintas Auc, el cual comando Mancuso en las zonas de Magdalena y La Guajira— pidieron al exjefe paramilitar gestionar diálogos de paz con el gobierno nacional, pero no fue nada formal. “A juicio de la Procuraduría, ‘representación’ que pondría en tela de juicio los compromisos de Salvatore Mancuso en el proceso de Justicia y Paz”, señaló la procuradora  Niño en su intervención en la audiencia del 6 de marzo. 

Para la Procuraduría, si Mancuso llegara a asumir esa vocería, debería investigarse si es el caso que nunca hubo desvinculación total con las estructuras criminales. Sin embargo, durante la diligencia, Mancuso reconoció que ni el gobierno ni los grupos rearmados posterior a las Auc lo han nombrado vocero ni miembro representante de esas estructuras ilegales. “Lo que me han solicitado es que gestione como gestor de paz la facilitación de diálogos que conduzcan a una negociación que los lleve a la desmovilización”, expresó.

En  respuesta del 11 de mayo a algunas dudas de la  la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) precisó que “la designación de gestores de paz se restringe a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), dicha designación surge en el marco de una mesa de diálogo con un grupo rebelde”.

De esta manera, según las leyes que regulan la figura de gestor de paz, el único camino que podría justificar la designación de Mancuso se encuentra con los GAOML, pero como lo aclaró alias ‘Jerónimo’, no sería a través de las Agc. “Mancuso no es miembro de un grupo armado organizado que esté operativo, sino que él fue miembro de una organización que hoy ya no existe”, precisa Trejos. “Si nos pegamos a la ley, no es coherente (la designación de Mancuso)”, concluye, pues formalmente no representa a ningún grupo al margen de la ley.

Bajo su anunciada intención de contribuir a la paz del país, el exjefe paramilitar podría optar por figurar como “facilitador de paz”, con la que, según el Decreto 601 de 2020, tras la designación hecha por el alto comisionado para la Paz, una persona puede contribuir a verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, y de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados. Sin embargo, este tipo de designación no suspendería los procesos judiciales que pesan contra Mancuso. 

Un miembro del equipo de defensa de Mancuso dice que su experiencia como comandante de las extintas Auc le da el “suficiente criterio para poder ser un gestor de paz”. 

“Es innegable que varios de los postulados que hicieron parte de Justicia y Paz, en virtud del incumplimiento del gobierno nacional, hacen parte de otras estructuras armadas ilegales”, dice el abogado que pidió anonimato para comentar sobre el tema. Considera que Mancuso tiene la facilidad para acercarse a ellos y lograr diálogos con el gobierno nacional”, señaló. 

Además, el vocero se refirió al proceso de Justicia y Paz. “Si bien se desmovilizaron las autodefensas, (…) en la audiencias que hemos celebrado la semana anterior, la Fiscalía y el juzgado manifestaban cuántas sentencias hacían falta para terminar el proceso con el señor Salvatore Mancuso y se hacía referencia a que hacían falta entre 40 y 80 sentencias. Cobra sentido las palabras del señor Presidente de la República, cuando manifestó que lo que quiere (…) es que también se le dé punto final al proceso de desmovilización con las autodefensas”. 

En una carta que Salvatore Mancuso hizo pública tras su repatriación al país, el exjefe paramilitar asegura que que junto a otros excomandantes de las Auc está listo para “instalar formalmente (…) la mesa técnica para el cierre definitivo de las negociaciones de Ralito”.

El Acuerdo de Santa Fe de Ralito fue el proceso mediante el cual el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y las Auc acordaron la desmovilización de esa confederación de grupos paramilitares, dentro de un proceso que se inició a finales de 2003 y culminó en agosto de 2006. (Leer más: Acuerdo de Santa Fe de Ralito)

Por eso, Trejos se pregunta a qué se refería Mancuso en su carta con “darle cierre definitivo” al Acuerdo de Ralito. El docente cuestiona los posibles mecanismos que podría usar el gobierno para dicho fin y si se trataría de una estrategia para que Mancuso pueda evadir responsabilidades jurídicas que tiene en los tribunales de Justicia y Paz. 

“El Acuerdo de Ralito culminó hace más de 10 años, no resulta de recibo como soporte que el papel de gestor de paz, permitiera que ahora sí tenga lugar su ‘cierre definitivo’, bajo el velo de las estructuras criminales que surgieron tras la desmovilización del paramilitarismo en Colombia”, expresó la procuradora Niño en la audiencia del 6 de marzo, advirtiendo que el mensaje que se podría llevar a los miembros de las Auc que no se desmovilizaron o que volvieron a delinquir es que la puerta de la desmovilización paramilitar había quedado abierta.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz no respondió múltiples preguntas enviadas por este portal sobre si existe o se crearía la mesa técnica para “cerrar negociaciones de Ralito” y de ser así, cuál es su objetivo y qué grupos armados o estructuras criminales vincula. 

“Es cierto que se han hecho algunas reuniones entre abogados para explorar cuáles son las normas con las cuales podemos contribuir a un decreto reglamentario que nos pueda coadyuvar a que la Ley de Justicia y Paz cumpla su ciclo”, señaló el abogado del equipo legal de Mancuso.

“La intención (…) es ponerle fin a este proceso de Justicia y Paz con las autodefensas que estaba programado para una duración promedio de 10 a 12 años y llevamos 19 años, mal contados. Realmente, no se ha concretado (la mesa) pero las intenciones las hay”, concluyó.

La audiencia ante el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla continuará el 13 de marzo. Allí se espera conocer la decisión del magistrado frente a la solicitud extraordinaria de libertad del exjefe paramilitar de cara a su cuestionada figura de gestor de paz. 

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La idea de la cooperación ciudadana en temas de seguridad y control contrainsurgente provenía de los manuales de operaciones estadounidenses producidos a comienzos de la década del sesenta, entre los que se destaca el Manual de Campo del Ejército para adelantar Operaciones contra Fuerzas Irregulares, de mayo de 1961, y catalogado como FM-31-15.

En el capítulo 3, apartado 31, bajo el título “Fuerzas civiles y particulares locales”, se recomendaba que “para minimizar la necesidad de unidades militares, se busca la máxima ayuda y se recurre a la policía civil, a las unidades paramilitares y a los individuos locales que simpatizan con la causa amiga. El uso y control de estas fuerzas se basa en acuerdos políticos nacionales y locales y en una selección adecuada para satisfacer los requisitos de seguridad”.

Ese Manual de Campo estadounidense fue traducido y adoptado por las Fuerzas Militares colombianas desde septiembre de 1962. Su concepción se retomó en el Reglamento de Combate de Contraguerrillas EJC 3-10, aprobado mediante la Disposición 05, fechada el 9 de abril de 1969.

En la Sección D, titulada “Operaciones de Organización de la Población Civil”, se estipuló que ese tipo de operaciones “se llevan a cabo a través de una serie de actividades conducentes a organizar a la población civil de la zona de combate, para que pueda defenderse contra las acciones de las guerrillas lleven a cabo contra ella, o para reducir los efectos de la actividad de delincuentes comunes, de catástrofes naturales o de la guerra”.

Para cumplir con ese objetivo se recomendó “organizar en forma militar a la población civil, para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apóyela ejecución de operaciones de combate”, y se propusieron dos métodos de organización: como junta de autodefensa y como defensa civil.

El Reglamento EJC 3-10 definió la junta de autodefensa como “una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros que amenacen el área o para operar en coordinación con tropas de acciones de combate”.

Con respecto a la defensa civil, se concibió como una “organización de la población civil con la finalidad de protegerla contra las actividades de los delincuentes comunes, los efectos de las calamidades públicas tales como situaciones de emergencia, guerras, catástrofes, fenómenos naturales y otros”.

Durante más de dos décadas, los manuales insistieron en conformar justas de autodefensa en diversas regiones del país. Ejemplo de ello es el Manual de Combate contra Bandoleros o Guerrilleros, aprobado mediante Disposición 00014 del 25 de junio de 1982, que plantea que uno de los “objetivos permanentes de la Fuerza Militar” es “organizarlas, instruirlas y apoyarlas” allí donde “la población es leal y se manifiesta agresiva y decidida contra el enemigo”.

Para 1987, cuando se aprobó el Reglamento de Combate de Contraguerrillas EJC 3-10, se reiteró en diversos apartes el involucramiento de la población civil en tareas contrainsurgentes y que fuera organizada “en forma militar […] para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate”. No obstante, con relación a manuales anteriores, en este caso se eliminó el concepto de junta de autodefensa y se estableció que el método de organización era la defensa civil, manteniendo la definición y los alcances planteados en 1969. (Leer más en: En su origen, paramilitares fueron promovidos por el Ejército)

Camino a las Convivir

El espíritu de esos manuales se expresó en la Orden 200-05-91, expedida en 1991 por el Ministerio de Defensa. El documento acogió las recomendaciones realizadas por una comisión de asesores de las fuerzas militares estadounidenses y facultó al Ejército, la Armada y a la Fuerza Aérea de Colombia para establecer redes de inteligencia que recibieran órdenes de altos oficiales y ofrecieran información que ayudara en la preparación de las operaciones contrainsurgentes y a la identificación de la organización del “enemigo”.

Para darle respaldo jurídico a esas recomendaciones, el Gobierno Nacional expidió la Ley 61, fechada el 12 de agosto de 1993, que le otorgó facultades extraordinarias “para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad privadas”.

Luego, bajo el amparo de esa norma, expidió el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, mediante el cual promulgó el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, que, entre otras cosas, ordenó los servicios de seguridad, les asignó algunas responsabilidades, les dio varias autorizaciones, entre ellas la de portar armas de uso privativo de la Fuerza Pública, y habilitó a los gobernadores para otorgar personerías jurídicas a todas aquellas asociaciones que se conformaran bajo esas normas.

Ese decreto definió los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada como aquellos que “en forma expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a personas jurídicas de derecho público o privado, con el objeto exclusivo de proveer su propia seguridad para desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés público, que requieren de un nivel de seguridad de alta capacidad”.

La norma también precisó que se considera especial un servicio de vigilancia y seguridad privada, “cuando debe emplear armas de fuego de uso restringido y actuar con técnicas y procedimientos distintos de los establecidos para otros servicios de vigilancia y seguridad privada, debiendo obtener aprobación del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional”.

Asimismo, definió los Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada como aquellos organizados por las comunidades “en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros del área donde tiene asiento la respectiva comunidad”. Adicional a ello, precisó que “sólo podrán operar en la modalidad vigilancia fija y/o vigilancia móvil, con o sin armas y limitada al área de operación autorizada para el servicio”.

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Con la llegada de Ernesto Samper a la Presidencia de la República (1994-1998), esos servicios especiales adquirieron mayor relevancia luego de la reglamentación del Decreto 356 de 1994 introducida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) a través de la Resolución 368 del 27 de abril de 1995. Esta norma estableció que tales servicios especiales deben “constituirse con la finalidad primordial de contribuir a la seguridad y tranquilidad ciudadana” y “corresponder a reales y precisas necesidades comunitarias”.

A partir de la expedición de esa resolución, los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada autorizados por la SVSP adoptaron el nombre de Convivir y se determinó que sus licencias de funcionamiento tendrían una vigencia de dos años.

Una de las confusiones metodológicas que arroja la revisión de las cifras sobre las Convivir es que la SVSP incluyó en esa misma denominación los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada, cuyo objeto exclusivo es proveer la seguridad de una persona jurídica de derecho público o privado, con el Servicio Comunitario de Vigilancia y Seguridad Privada, que tienen la finalidad de proveer vigilancia y seguridad privada a los miembros de una comunidad o a toda la comunidad

Servicios Especiales y Comunitarios

Una vez decantados los datos, se estableció que, desde el 27 de abril de 1995 hasta el 7 de noviembre de 1997, se autorizaron 398 solicitudes para la prestación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada en 24 departamentos del país. Divididos por años, las cifras arrojan que 1995 se constituyeron 54; en 1996, 265; y en 1997, 79. (Ver tabla)

Una de las particularidades observadas en los dos departamentos con mayor cantidad de Convivir autorizadas -Santander y Cundinamarca- es la cantidad de Juntas de Acción Comunal, tanto urbanas como rurales, que solicitaron acreditación como Servicios Especiales de Vigilancia. De las 103 registradas en Santander, 92 licencias le fueron otorgadas a igual número de Juntas de Acción Comunal; con respecto a Cundinamarca, de las 83 registradas, 61 de ellas se les otorgaron a estas organizaciones locales, evidenciando la confusión que generó la SVSP en el otorgamiento de esas licencias de funcionamiento.

Otro de los aspectos a destacar es que cerca de una tercera parte de los Servicios Especiales autorizados se registraron ante las Cámaras de Comercio de las ciudades donde operaron. De los datos de las 398 Convivir revisados, por lo menos 120 de ellas obtuvieron matrícula mercantil, lo que permite observar información clave sobre quiénes las constituyeron, los integrantes de sus juntas directivas, el capital con el que iniciaron y las transformaciones que tuvieron durante los años de vigencia de su registro empresarial. Ninguna de ellas tiene relación con las Juntas de Acción Comunal.

También llama la atención el modelo de escritura pública empleado en diversas regiones del país para constituirse ante notaría como Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada. Cabe destacar que no todas las 398 Convivir que se analizaron para esta investigación recurrieron a ese protocolo, muchas de ellas se crearon bajo documento privado, que fue avalado por los gobiernos departamentales y por la SVSP.

Una revisión a las escrituras públicas de por lo menos 25 Convivir creadas en el periodo analizado (1995-1997) evidencia un mismo objeto social, compuesto por seis acciones que van mucho más de la prestación de servicios locales de seguridad: 1) Promover la acción social hacia la educación, la salud, la recreación, el empleo y la seguridad a través de la promoción y participación comunitaria; 2) Elaborar diagnóstico y caracterización de los sistemas productivos; 3) Formulación de proyectos de comunicación para asistencia técnica; 4) Formulación de propuestas de acciones para la conservación de microcuencas y reforestación; 5) Capacitación en uso y administración de implementos y equipos para mecanización agropecuaria y minera; 6) Ser socia de otras sociedades.

Los capitales reportados en el momento de su constitución y registrados en las escrituras públicas son particularmente bajos si se tienen en cuenta las acciones incluidas en el objeto social. Los montos oscilan entre 200 mil pesos y 8 millones de pesos, siendo 500.000 pesos el valor registrado con más frecuencia.

La información de esas escrituras contrasta con la registrada ante las Cámaras de Comercio mediante los formularios de registro de matrícula mercantil. En varios de ellos, la actividad mercantil no correspondía al objeto social ni a labores de seguridad. Un ejemplo de esas inconsistencias se refleja en los documentos de la Asociación Convivir El Batán, del municipio de Quípama, Boyacá, inscrita en la Cámara de Comercio de Tunja. Sus creadores recurrieron al modelo de escritura pública ya detallado, pero en el momento de solicitar el registro especificaron que su actividad era “centros de capacitación”.

Otro ejemplo de esa incoherencia entre documentos y labores de seguridad se refleja en los registros de la Asociación Convivir Calcetero, de Otanche, Boyacá, e inscrita en la Cámara de Comercio de Tunja. También recurrió al modelo de escritura pública detallado líneas atrás, pero en el registro mercantil especificó que sus actividades comerciales estaban enfocadas en labores agropecuarias, pesca y zoocría, y en la minería.

Una de las Asociaciones Convivir que llama la atención en sus documentos de escritura y registro es la llamada Acetatos, de Medellín, Antioquia. Se constituyó bajo el modelo de escritura pública ya descrito, pero en los registros mercantiles que están en el expediente de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se registró como actividad comercial “supervisar control de calidad en construcción”.

Con respecto a los Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada, los datos que aporta la SVSP son imprecisos.  En un primer análisis de información contenida en bases de datos de esta entidad, se estableció que entre el 27 de abril de 1995 y el 7 de noviembre de 1997 se identificaron 63 Servicios Comunitarios. Para precisar aún más esa información, se le solicitó mediante derecho de petición que detallara el nombre del representante legal al momento de su autorización, el departamento donde operaron y la fecha de la resolución de la licencia de funcionamiento.

Lo particular de la respuesta es que de las 63 Convivir por las que se preguntó, la SVSP respondió que ante la entidad solo se registraron 23 Servicios Comunitarios de Seguridad Privada, dato al que se llegó “después de realizar una verificación exhaustiva de los sistemas de información y consulta de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por parte del Grupo de Gestión Documental y la Oficina Asesora Jurídica”. 

Articulación funcional

La revisión de diversas sentencias proferidas por las salas de Justicia y Paz de los tribunales superiores de Bogotá y Medellín revelan diversas maneras de articulación de las asociaciones Convivir a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que contribuyeron a su expansión y consolidación mientras estuvieron vigentes.

El contexto elaborado en varios fallos contra exintegrantes del Bloque Tolima permite dilucidar que las asociaciones Convivir fueron utilizadas para arropar a grupos de autodefensa campesina que existían de tiempo atrás y darles un manto de legalidad. Así ocurrió con varios grupos que operaron en el sur del departamento del Tolima y que se constituyeron a comienzos de la década de los noventa a partir de clanes familiares para enfrentar a la guerrilla de las Farc, entre los que se destacaron los Caleño, Bermúdez, Aguirre, Cerquera y Cárdenas.

“[…] se trataba de familias alzadas en armas que no reclutaban a patrulleros con la promesa de pagar salarios o con la ideología de refundar la patria, sino que los patrones de las fincas incentivaban a los campesinos a participar de la guerra contrainsurgente, a partir de una mezcla de compromisos de amistad y compadrazgo con beneficios materiales como la dormida y el alimento”.

Pero esa labor antiguerrillera no estaba respaldada por ninguna ley por lo que fue importante para su legalización la entrada en vigencia del Decreto 356 del 11 de febrero de 1994. Aprovechando esa normativa se conformaron cuatro asociaciones de vigilancia y seguridad privada, tres de ellas en las veredas La Laguna, Alto Bonito y San Isidro, del municipio de Rioblanco, y una más en la vereda Meseta, del municipio de Ibagué.

De acuerdo con la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, “este barniz de legalidad (y con el que superaron provisionalmente la clandestinidad que las caracterizó durante los primeros años de la década de los noventa), les permitió profundizar los nexos con la Fuerza Pública, especialmente con los batallones Rooke y Caicedo”.

Ese ropaje de legalidad les permitió operar de manera más abierta y pública, y sin mayores limitaciones por parte de la Fuerza Pública. Además, pudieron adquirir armamento y establecer redes de comunicación, posibilitando así una mejor estrategia de defensa en las regiones donde hacían presencia. También adoptaron formas de control y regulación de la vida cotidiana de los campesinos instalando retenes viales, requisando a la gente, solicitando documentos de identidad para contrastar con supuestas listas y despojando a los pobladores de sus remeses de manera arbitraria.

“A pesar de que las Convivir eran legales, sus integrantes se dedicaron a aterrorizar a la ciudadanía del sector rural que, en muchos casos, se vio precisada a desplazarse a otros sectores; así mismo, portaron armas, municiones, prendas de uso exclusivo de las FFMM y de defensa personal; causaron muertes, extorsionaron y se apoderaron de bienes muebles e inmuebles y toda clase de desmanes que produjeron terror en la población rural”, se leen en una de las sentencias de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

En el sur del departamento de Cesar y la provincia de Ocaña, en Norte de Santander, también se registra la transformación de antiguos grupos de autodefensa contrainsurgente en Convivir. Al respecto cabe destacar el análisis realizado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que, citando informes de policía judicial, asevera que “quienes fungieron como fundadores, representantes legales o gerentes de las Convivir, fueron reconocidos paramilitares que delinquieron en la misma región del país en la que fueron autorizados para cumplir el objeto social de sus asociaciones”.

En ambas regiones, la función de las Convivir, además de agrupar a antiguos grupos de autodefensa que venían operando de tiempo atrás, les permitió tener, bajo ese manto de legalidad, mayor relacionamiento con las autoridades militares y de Policía, así como desplegar un fuerte control social y obtener recursos a través del cobro de contribuciones arbitrarias.

“[…] se constreñía a los ganaderos para conseguir de ellos el aporte de recursos a la Organización, práctica que posteriormente tomó fuerza y se hizo extensiva a los propietarios de inmuebles rurales a quienes coaccionó al pago de una cuota para la seguridad, especialmente cuando estaban vigentes las cooperativas Convivir. El cobro de esta cuota fue semestral o anual, y fue fijada en especie o dinero, en consideración a la extensión del predio, la actividad económica realizada o la rentabilidad”, se consignó en una decisión judicial de los tribunales de Justicia y Paz.

Donde también hubo articulación entre las Accu y las Convivir fue en la región del suroeste de Antioquia.  Así quedó consignado en decisión de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín: “[…] a los demás factores generadores de violencia que existían en la subregión se sumó la acción de estas cooperativas que, como lo advirtió esta Sala en decisiones anteriores, marcó un momento decisivo no solo en términos de vigilancia y control social, sino de militarización de la sociedad en función de la lucha contrainsurgente con fines de seguridad y dominación”.

En esta región cafetera antioqueña las asociaciones Convivir contaron con el apoyo de sectores políticos y económicos en los municipios donde se constituyeron, y de acuerdo con la decisión citada, “se convirtieron en una especie de brazo legal de los paramilitares”.

Citando informes de la Fiscalía General de la Nación, este tribunal de justicia transicional aseveró que cuando el Bloque Suroeste ingresó a la zona, empezó a operar de manera conjunta con algunos miembros de las cooperativas de vigilancia privada, en una especie de división del trabajo en el que “los integrantes de las Convivir hacían la labor de inteligencia en el área urbana –hacer seguimientos, buscar casas de vicio ‘ollas’, ubicar milicianos o subversivos-, entregando estos datos al comandante paramilitar”.

Otra de las características de estas asociaciones Convivir en el suroeste antioqueño es que fueron una especie de bisagra ente las Accu y la clase política local y regional para fortalecer la estrategia contrainsurgente del Estado que, en este departamento, contaron con un fuerte estímulo de la Gobernación de Antioquia bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez (1995-1997).

En la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente en los territorios que van de la ciudad de Santa Marta hasta los límites con el departamento de la Guajira siguiendo la carretera conocida como la Troncal de la Costa, la figura de las Convivir también se usó para legalizar un grupo de autodefensa campesina contrainsurgente conocido como ‘Los Chamizos’, liderados por Hernán Giraldo.

Esa Convivir fue constituida en 1995 en la capital samaria y asumió cuatro roles fundamentales: ofrecía servicios de seguridad a diversos sectores productivos de la ciudad;  se constituyó en  una “oficina de cobros” al servicio de comerciantes que acudían a ella para recuperar deudas de difícil cobro mediante amenazas; estuvo vinculada a actividades del narcotráfico, sobre todo en tareas de control de laboratorios de procesamiento y zonas de embarque en áreas rurales de Guachaca, Don Diego, Calabazo, Buritaca y Palomino; y fungió como agencia inmobiliaria, pues según versiones que reposan en expedientes de la Unidad de Justicia y Paz, se usó para comprar aquellas propiedades que los comerciantes se veían obligados a vender por presión de ‘Los Chamizos’, estructura armada ilegal que luego se convertiría en el Bloque Tayrona.

Por los lados del suroriente del país también surgieron Convivir, una de ellas en el departamento de Casanare, que se constituyó en el municipio de Yopal. La orden para crearla vino de los jefes de una autodefensa campesina contrainsurgente que luego se convertiría en el Bloque Centauros. Sus funciones estaban ligadas a esta estructura paramilitar, entre ellas articular todo lo relacionado con transporte de víveres, dotaciones, vehículos y comunicaciones, además de suministrar información sobre grupos guerrilleros y delincuencia común.

Relatos de exparamilitares indican que en esta región del suroriente del país esas asociaciones de vigilancia se convirtieron en una fachada para reclutar “niños, personas, adultos, de todo […] las utilizaban era pa’ hacer cosas, no como las tenían supuestamente legales, sino eran, para antes, para reclutar y para hacer cosas ilegales de los grupos armados de las autodefensas de Martín Llanos”.

Otra de sus tareas se enfocó en articularse con organismos de inteligencia estatal. Los relatos de exparamilitares que comparecieron a los tribunales de Justicia y Paz aseguran que desde la Convivir se enlazaban con la Unidad Antiextorsión y Secuestro (UNASE) de la Policía Nacional. Además, les prestaban seguridad a los ganaderos de la región y a sus haciendas.

El modelo de las Convivir tuvo una fuerte acogida en el departamento de Córdoba, donde se crearon 18 asociaciones de servicios especiales de vigilancia y seguridad privada. Al respecto una sentencia de la Sala de Justicia y Paz de Medellín reseña notas de la prensa regional en la que se destacan las apreciaciones de autoridades locales y ganaderos que no sólo consideraban que era una buena estrategia de seguridad, sino que, por extensión, destacaban la labor de las Accu.

El fallo destaca una publicación del diario El Heraldo: “La propia Federación Ganadera de Córdoba (Ganacor) no solo las respaldaba, sino que además defendía la labor que habían llevado a cabo las autodefensas de Carlos Castaño y se mostraba en franca oposición a la persecución que adelantaba el gobierno nacional contra su líder. Consideraba que, sin él, la suerte del campo corría peligro e incluso se afirmó que con dicha persecución el gobierno le estaba tendiendo una mano a la guerrilla”.

Por su parte el diario El Meridiano de Córdoba también reseñó apreciaciones favorables sobre las Convivir: “Esta nueva llave entre el Ejército, la Policía y la comunidad, ha permitido desde hace ocho meses cuando comenzaron a funcionar en el departamento, que haya mayor tranquilidad y un mejor entendimiento entre las personas que hacen parte de la organización y las autoridades”. (Leer más en: Duro cuestionamiento de Tribunal de Justicia y Paz al Meridiano de Córdoba)

Esas asociaciones tuvieron entre sus tareas apoyar en inteligencia al Ejército y la Policía, pero también compartieron información con las Accu. Así lo ratifica un exparamilitar: “Las Convivir siempre se manejaban paralelas, pero siempre enfocadas a la organización, siempre la información que ellas daban la pasaban para diferentes partes, tanto Ejército o para nosotros; en ocasiones andaban con nosotros; nosotros nos camuflábamos como Convivir y pasábamos en cualquier retén, o ante la población; si no queríamos pasar como autodefensas pasábamos como Convivir”.

Tras esa apariencia de legalidad se tejió un entramado ligado con las Accu que contribuyó a su crecimiento. Al respecto, la sentencia aludida precisó que “la expansión de las Convivir coincidió entonces con la expansión misma del paramilitarismo. De allí que distintos miembros de los grupos paramilitares hicieran parte de estas Cooperativas, antes o, mientras hacían parte de las filas paramilitares”.

Lo que muestran los análisis judiciales sobre las Convivir, basados en diversos testimonios de algunos de sus exmiembros, es que mutaron progresivamente hasta fusionarse con estructuras paramilitares ligadas a las Accu, alianza que permitió su consolidación y expansión.

Para la Sala de Justicia y Paz de Medellín, “este fenómeno representa entonces otro lamentable caso emblemático en el departamento de Córdoba. Eso significa que, en la década de los años noventa, la lucha contrainsurgente echó mano de distintos mecanismos para lograr su objetivo, uno de los cuales fue la creación de las Asociaciones Convivir”.

Duros debates

Si bien Antioquia no encabeza la lista de constitución de Convivir, lo cierto es que fue en este departamento donde más activa estuvo la promoción de esos servicios especiales y comunitarios durante el mandato del entonces gobernador Álvaro Uribe (1995-1997).

Bajo sus directrices, el secretario de Gobierno Departamental, Pedro Juan Moreno, impulsó su constitución entre distintos gremios de la producción y las comunidades. Uribe y Moreno, al igual que los presidentes Julio César Turbay (1978-1982), Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria (1990-1994), eran de la idea de involucrar a la ciudadanía en su propia protección.

El 21 de febrero de 1995, Moreno acudió a una citación de la Asamblea Departamental para que expusiera su plan de trabajo al frente de la Secretaría de Gobierno. En su intervención, planteó varias de sus ideas respecto de las Convivir y del porte de armas: “Yo creo que desarmar la gente de bien no es ninguna solución, yo creo que eso puede hacerse cuando hay un Estado fuerte en capacidad de responder, no hablemos ni de la honra, ni de los bienes, porque eso, la honra se pierde, pero la gente es muy olvidadiza y hasta se vuelve y se consigue; pero la vida, y yo creo que el Estado nuestro, no está en capacidad de responder y de garantizarle la vida a nadie, entonces si no está en capacidad, yo creo que debe dejar que la comunidad se defienda”.

Seis meses después, en un debate sobre el mismo tema en el Congreso de la República, el gobernador Uribe insistió en defender las Convivir con el fin de hacerle frente a las guerrillas: “Aquí no estamos organizando vándalos para aparecer como actores nuevos en un conflicto violento que entre sus raíces tiene aquellas de naturaleza política. Aquí estamos permitiendo que la gente de bien se organice para que de manera no ofensiva sino defensiva colabore con el rescate de su propia seguridad”.

La promoción de esas asociaciones era compulsiva en aquella administración departamental. Un exfuncionario judicial que, por razones de su cargo, debía participar en las reuniones semanales convocadas por el gobernador Uribe, recordó: “De cada reunión, surgía por lo menos la creación de una Convivir. Si un alcalde informaba, por ejemplo, que por alguna región montañosa de su municipio pasaban hombres armados, la respuesta era: ‘Alcalde, enseguida se reúne con Pedro Juan para que organicen una Convivir en su municipio’”.

Las controvertidas tesis de Uribe y Moreno reñían con la percepción de organizaciones nacionales e internacionales que comenzaron a registrar, con inquietud, las acciones arbitrarias de las Convivir contra las comunidades.

Una de las primeras instancias multilaterales en pronunciarse fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su informe sobre lo sucedido en el país en 1996 puso bajo la lupa a las Convivir: “La Comisión muestra su preocupación por el hecho de que las actividades y la estructura de las Convivir no se distinguen fácilmente de aquellas de los grupos paramilitares ilegales, los cuales han sido responsables de numerosas violaciones de derechos humanos. El Defensor del Pueblo de Colombia ya ha indicado que su oficina se opone al programa Convivir, y funcionarios del Gobierno han empezado a recibir quejas sobre las actividades vigilantes de las Convivir”.

Ese mismo año, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe sobre el país, registró las preocupaciones que tenían diversos sectores sobre la proliferación de esas asociaciones de vigilancia y seguridad privadas: “[…] al finalizar el año, funcionarios gubernamentales ya habían recibido quejas en el sentido de que algunos de los grupos se estaban excediendo y actuando como grupos de justicia privada. Aunque el gobernador de Antioquia expresó su convicción de que los grupos de Convivir podían ser controlados, algunos alcaldes y funcionarios locales, mostraron su desacuerdo”. (Leer más en: Las Convivir y la omisión que fortaleció a los paramilitares)

A ese informe se le sumó un reporte, fechado el fechado el 16 de abril de 1997 y clasificado, en su momento, como “secreto” por el gobierno de Estados Unidos. En ese documento se hace un balance de varias situaciones que estaban ocurriendo aquel año en países de interés norteamericano como Rusia, Ucrania, Grecia, Irán, Sudán, Burundi, Zaire y Colombia.

Las referencias a Colombia se centraron en lo que estaba pasando con las Convivir, exponiendo una mirada bastante crítica sobre esa estrategia de supuesta protección ciudadana. En primer lugar, plantearon la idea de que “al parecer” altos funcionarios de gobierno “utilizaron el programa de seguridad e inteligencia rural para ayudar a los narcotraficantes y posiblemente a los paramilitares ilegales”. El informe es claro al señalar directamente a quien ocupaba la dirección general de la Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada de aquellos años: Herman Arias.

A juicio de quienes elaboraron el informe, este funcionario, quien tenía bajo su responsabilidad otorgar las resoluciones de aprobación de los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada, “utilizó su posición como administrador de Convivir para expedir licencias de Convivir y de seguridad privada, así como permisos de armas de uso restringido, a personas con conocidos vínculos con el narcotráfico”.

Y las apreciaciones fueron más allá al llamar la atención sobre dos miembros de su familia: de un lado, su padre, el político santandereano José Manuel Arias Carrizosa, sobre quien se dijo que “estuvo involucrado en la formación de grupos paramilitares”; y de otro, su hermano, a quien señaló de ser “propietario de una empresa de seguridad con probables vínculos con el narcotráfico”.

Tres asuntos más se reseñaron en el reporte diplomático sobre Arias: que una investigación del Ministerio de Defensa “reveló graves irregularidades en la SVSP (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada) bajo el mandato de Arias. Sin embargo”; que si bien no todas las Convivir se dedican a actividades ilegales, “las revelaciones de irregularidades dañarán la credibilidad de las Convivir y pueden confirmar los temores de que los paramilitares ilegales coopten las Convivir”; y, por último, que aunque el Gobierno Nacional prometiera un estricto control de las Convivir, su muestra de voluntad no era creíble por cuanto “no actuó en un compromiso similar para tomar medidas contra los paramilitares ilegales y, por lo tanto, la resolución de limpiar las Convivir legales es dudosa”. (Leer más en: Negación de nexos de Fuerza Pública con paramilitares: “farsa que no vale ni una moneda de cinco centavos”)

Las críticas también llegaron de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). En su informe sobre hechos sucedidos en 1997, presentado a la Comisión de Derechos Humanos el 9 de marzo de 1998, se esbozó una visión bastante crítica de las Convivir, de algunas actividades desbordadas de sus miembros y del ineficiente control de las autoridades. Por ejemplo, reseñó informaciones sobre “violaciones del derecho a la vida imputadas a miembros de las asociaciones denominadas ‘Convivir’ cometidas contra delincuentes comunes, habitantes de la calle, drogadictos y prostitutas”.

Esta Oficina expuso que quienes observaban la situación de derechos humanos en Colombia les resultaba “muy difícil distinguir las acciones de los grupos paramilitares de aquellas de algunas asociaciones, ‘Convivir’ pues entre ellas se dan, en numerosos casos, relaciones de coincidencia, convergencia, complementariedad y suplantación”. Y justo al hacer referencia a ese tipo de articulaciones, este organismo reportó haber recibido información fidedigna que da “cuenta de la participación en asociaciones ‘Convivir’ de reconocidos paramilitares, algunos con órdenes de captura pendientes”.

Finalmente, la OACNUDH aseveró que estas asociaciones funcionaban “sin control efectivo ni supervisión adecuada” y resaltó que la misma Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, encargada de su supervisión y control había reconoció “que no tenía capacidad para cumplir eficazmente esa tarea, y en muchos lugares han operado con el exclusivo e irregular aval de los gobernadores de departamentos o de los comandantes militares”.

Con respecto al tema de las armas de uso privativo de la Fuerza Pública, el potencial bélico que alcanzaron las Convivir fue notable y lo más preocupante es que los integrantes de esas asociaciones contaban con los salvoconductos necesarios para su porte, lo que les daba una fachada de legalidad que estuvo al servicio de las Accu.

Un informe de Policía Judicial que da cuenta de la revisión del expediente de la llamada Masacre de Phichilín, ocurrida el 4 de diciembre de 1996 en ese corregimiento del municipio de Morroa, departamento de Sucre, condensó en un documento la dimensión del armamento que acumularon las Convivir en los departamentos de Córdoba y Sucre. (Ver tabla).

Múltiples alianzas

Las Accu sacaron todo el provecho de esas asociaciones y se habían fortalecido regionalmente. Pero ¿de qué manera? Esas alianzas se comenzaron a conocer, en su real dimensión, cuando varios exjefes paramilitares comparecieron ante los tribunales de Justicia y Paz, y detallaron no solo su participación en la guerra, sino las características de sus redes de apoyo, entre ellas las Convivir.

Una de las primeras apreciaciones al respecto, que dimensionó esa articulación, la entregó el exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera: “Si ponemos las convivires (sic) sobre el mapa de Colombia sobre la zona donde estaban las autodefensas va a coincidir extrañamente o coincidencialmente que son los mismos sitios”.

Salvatore Mancuso también hizo alusión al tema. En su primera versión libre ante fiscales de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, aseguró que los decretos que crearon y fortalecieron a las Convivir estimularon a los paramilitares a reorganizarse. De hecho, él mismo constituyó una, llamada Asociación Horizonte Ltda. y registrada mediante la escritura N. 2650 del 16 de noviembre de 1995 ante notaría en Montería.

En su exposición, Mancuso aseveró que una vez realizados los acuerdos con los hermanos Castaño, se vinculó a ese proyecto contrainsurgente con los objetivos de replicar y fortalecer las Convivir y, de manera paralela, el nuevo modelo de autodefensas de las Accu, y dejó claro cómo era el vínculo entre una y otra: “La información que obtenía de la red de cooperantes y las Convivir se operatizaba (sic) con las autodefensas de la Casa Castaño, que ya existían en diferentes regiones del país”.

El exjefe paramilitar Hebert Veloza, quien comandó estructuras de las Accu en el Urabá antioqueño y el Valle del Cauca, también compareció a los tribunales de Justicia y Paz, y entre cientos de horas de audiencias ante fiscales y jueces, se destacan sus apreciaciones sobre el vínculo que tuvieron con las Convivir. En una de sus intervenciones más detalladas sobre el tema aseveró que “las Convivir fueron creadas legalmente y nosotros las utilizamos para nuestros fines ilegales”. Y agregó que una de sus tareas era la de mantener abiertos los canales con las autoridades.

A ellos se sumó el Ejército. De acuerdo con declaraciones entregadas por Alberto Osorio Mejía, defensor de las Convivir y director en Urabá de una de ellas, el apoyo que recibían de oficiales y suboficiales acantonados en la Brigada XVII con sede en el municipio de Carepa, “no se limitaba a la coordinación de actividades, o distribución de zonas y roles frente al patrullaje y acciones. Hubo casos en los que incluso miembros del Ejército invitaron a grupos armados a formar cooperativas. Este fue el caso de la cooperativa de campesinos Punta de Piedra”, constituida el 26 de noviembre de 1996 en el municipio de Turbo.

La contrastación de información que reposa en diversas bases de datos, complementada con documentos judiciales, varios de ellos provenientes de los expedientes construidos en los tribunales de Justicia y  Paz, revelan que miembros de las Accu, de diferente rango e importancia, así como varios de sus financiadores, entre ellos algunos narcotraficantes y esmeralderos, constituyeron asociaciones Convivir en varias regiones del país, permitiendo así una articulación más fuerte con sectores económicos, políticos y estatales, con el fin de darle una apariencia de legalidad a lo que, en suma, era una proyección del proyecto paramilitar impulsado desde el Urabá antioqueño.

Su articulación fue de tal magnitud que Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’, uno de los creadores de las Accu, se movilizó por el país y transportó armas para estructuras paramilitares respaldado por un carnet que lo acreditaba como integrante de la Convivir El Cóndor, creada en el Nordeste antioqueño.

Una revisión centrada en los representantes legales de las Convivir evidencia la articulación entre legalidad e ilegalidad que tanto se les ha cuestionado a estos servicios especiales y comunitarios de seguridad y vigilancia privada desde el momento de su concepción y constitución. (Ver tabla)

La mano de la Corte Constitucional

Los cuestionamientos internos y externos generaron un profundo debate público sobre las Convivir. Los argumentos oscilaban entre el derecho a la legítima defensa y la cooperación ciudadana, conceptos promovidos desde la década de los años sesenta por las Fuerzas Militares en sus manuales de contrainsurgencia y actualizados por autoridades civiles; y los que advertían los impactos negativos que este tipo de organizaciones podrían tener sobre comunidades vulnerables y señaladas de manera arbitraria de colaborar con grupos insurgentes; y aquellos que resaltaban que esas asociaciones eran la cara legal de la expansión de las Accu en el país.

La discusión llegó a la Corte Constitucional por la vía de una demanda de inconstitucionalidad instaurada por varios ciudadanos contra 16 artículos del Decreto 356 del 11 de febrero de 1994.

Con el ánimo de escuchar opiniones calificadas al respecto, este alto tribunal convocó a una audiencia pública, realizada el 26 de agosto de 1997. Allí, voces de uno y otro lado, valoraron a las Convivir y la actuación de sus integrantes en diversas regiones del país. En el debate público terciaron también diversos sectores productivos.

Uno de los pronunciamientos a favor de las Convivir lo hizo Jorge Visbal Martelo, presidente, en aquella época, de la Federación Nacional de Ganaderos: “Las Convivir no deben desaparecer sólo para darle gusto a la guerrilla, pero si así fuere, su espíritu de legítima defensa y de colaboración ciudadana con la fuerza del orden no desaparecerá, y este derecho fundamental obligará a la sociedad a buscar salidas que pueden derivar hacia formas al margen de la Ley”.

Tras un riguroso estudio, la Corte profirió la Sentencia C-572, fechada el 7 de noviembre de 1997, mediante la cual declaró exequibles 15 artículos demandados e inexequible el parágrafo único del artículo 39, que les permitía a los miembros de las Convivir portar armas de uso privativo de la Fuerza Pública. Luego de ese fallo, el Gobierno Nacional obligó a las Convivir a divulgar los nombres de sus integrantes y a definir las fronteras de operación.

Tales decisiones llevaron a la desaparición de algunas de ellas y, finalmente, a su desmonte a mediados de 1998. Muchos de los directivos y asociados de esas esas asociaciones de vigilancia se pasaron a la clandestinidad, tal como lo advirtió Visbal Martelo, engrosando las filas paramilitares. (Leer más en: Hernán Giraldo: máquina de guerra en la Sierra Nevada de Santa Marta)

Tras hacer amplia revisión y análisis de este tema, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá concluyó, 16 años después de la decisión de la Corte, que si bien las Convivir “fueron promovidas legalmente por el orden nacional […] sufrieron de una extrema laxitud en su regulación, de tal forma que en su implementación se generaron desvíos hacia formas claras y abiertas de carácter paramilitar y a estructuras que luego serían aprovechadas por el proyecto ideológico paramilitar para su expansión”. Por ello, tituló esta “nueva era” del paramilitarismo, que va de 1994 a 1998, como “Autodefensas y seguridad privatizada de carácter paramilitar legalizadas en un contexto de alto apoyo regional y crecimiento acelerado”.

Nota del editor: Este artículo, ajustado con permiso del autor, es un extracto del texto «Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá: surgimiento, transformación, consolidación y financiación 1994-1998», que hace parte del legado de documentos de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

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La tarea que le encomendaron a Luis Alberto Agudelo Jiménez, conductor de oficio, era clara: cambiar cheques girados a su nombre y entregarles el dinero a intermediarios del Frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que operaba en la zona urbana del Eje Bananero en el Urabá antiqueño.

Esas operaciones, de acuerdo con su propia confesión ante autoridades judiciales, las realizó entre los años 1995 y 2000. Los cheques se los entregaba Juan Manuel Alvarado, gerente de seguridad de C.I. Banadex S.A., comercializadora del banano asentada en esta región agroindustrial de Antioquia y filial en Colombia de la multinacional Chiquita Brands. En un par de ocasiones, según el sentenciado, fue llamado por Víctor Hugo Buitrago, quien reemplazó a Alvarado en el cargo en el año 2000.

“Quiero informar a la Fiscalía que debo decir que yo cambiaba los cheques, porque estaba recibiendo por ello una bonificación especial y sabía que estaba cometiendo un delito”, reconoció Agudelo Jiménez durante una ampliación de indagatoria realizada el 18 de febrero de 2019.

Por esas transacciones ilícitas fue vinculado el 30 de octubre de 2015 a la investigación penal por cuanto, según la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, “apareció señalado como partícipe en una de las estrategias utilizadas por los directivos de la comercializadora de banano C.I. BANADEX, orientada a proveer de manera regular recursos económicos” a estructuras paramilitares del Urabá antioqueño.

Si bien en un principio reconoció que se prestó para que se giraran “múltiples cheques a su nombre sin que existiera fundamento para ello”, y que el dinero cobrado era entregado a Alvarado, no admitió que esos recursos terminaran en las arcas del Frente Arlex Hurtado.

Tres años después, y con el avance de las investigaciones, Agudelo Jiménez presentó solicitud de sentencia anticipada por el cargo de concierto para delinquir y el pasado 28 de febrero fue sancionado penalmente en primera instancia a 72 meses de prisión, sanción que se le redujo a 36 meses por aceptar el cargo formulado por la Fiscalía. (Descargar sentencia)

Parte de un engranaje

De acuerdo con los hechos analizados por el Juzgado, desde 1996 “varias personas vinculadas a diferentes títulos con la industria bananera asentada en municipios de la región del Urabá, se concertaron con el propósito de ejecutar acciones tendientes a promover y financiar el Frente Arlex Hurtado […] Acciones que se extendieron hasta la fecha en que se verificó la desmovilización del grupo ilegal anotado, esto es, el 25 de noviembre de 2004”.

En ese engranaje participó Agudelo Jiménez, quien, según se lee en la sentencia, “en virtud de acuerdo de voluntades sirvió de intermediario para que una empresa comercializadora de Banano (C.I. BANADEX) entregara sumas dinerarias a la organización delictiva anotada, conducta que desplegó desde el año 1996 hasta el año 1999 en los municipios de Medellín y Apartadó, Antioquia”.

A partir de diversos testimonios, la Fiscalía estableció que el condenado acudió en diversas ocasiones en esos años a los bancos para “cobrar cheques girados a su nombre sin que hubiese causa legal para ello y posteriormente entregó los dineros retirados a miembros de la referida organización delictiva como estrategia para su financiación”.

De acuerdo con reportes de contabilidad, el ente acusador pudo establecer que entre recibos a nombre de Agudelo Jiménez y los cheques girados y cambiados en sedes bancarias alcanzaron la suma de 199 millones de pesos.

La revisión de las cuentas realizada por la Fiscalía en los archivos contables de C.I. Banadex arrojó que, efectivamente, los pagos fueron liquidados por Alvarado y autorizados por Charles Keiser en unas ocasiones y por José Luis Valverde en otras, altos directos de la comercializadora. Los conceptos de los pagos fueron diversos, desde detalles codificados como “Control STM”, hasta aportes a la “Convivir Punta de Piedra” y “Suministro de Balastro”.

Esa estrategia fue revelada en 1999 en Estados Unidos por John Paul Olivo, quien fungió como director financiero de la filial de Chiquita Brands en Colombia desde 1996 hasta 2001, durante el proceso que las autoridades de ese país llevaron contra esta multinacional por sus aportes a grupos armados ilegales.

Detalles de la declaración de Olivo fueron publicados por este portal en diciembre de 2018. En su declaración ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), señaló al Jefe de Seguridad de la empresa, de quien dijo que “negociaba con los grupos, pedía los pagos, y entregaba los fondos, casi siempre a través de un tercero. No había recibos como tampoco manera alguna de saber a quién se le entregaba el dinero”. (Leer más en: Así actuaron los 13 de Chiquita acusados de crímenes de lesa humanidad en Colombia)

Lo que ha quedado claro es que Agudelo Jiménez estaba inmerso en una actividad ilegal de grandes proporciones y de la cual era una de sus piezas. De acuerdo con estimativos contables que fueron realizados por exdirectivos de la comercializadora de banano, C.I. Banadex S.A. habría pagado 1,7 millones de dólares a las ACCU entre 1997 y 2004.

El despacho judicial en su sentencia reiteró que el conductor sentenciado “voluntariamente y sin justificación alguna estuvo concertado para transferir de forma recurrente dineros desde la empresa C.I. BANADEX (entiéndase financiar) con destino a un grupo de Autodefensa, y que era consiente de estar inmerso en una conducta delictiva”.

Esos pagos fueron acordados en Medellín durante una reunión que sostuvieron Carlos Castaño, el líder de las Accu; Charles Keiser, gerente general de C.I. Banadex S.A.; y Reinaldo Escobar de la Hoz, abogado de la empresa, así como Irving Bernal Giraldo, miembro de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) y uno de los fundadores de la cooperativa de seguridad privada Papagayo.

En un artículo publicado por este portal se detalló ese encuentro, realizado en la lujosa casa conocida como Montecasino y narrado por Bernal en una indagatoria celebrada 30 de junio de 2015 ante la Fiscalía: “Ustedes le están dando plata a la guerrilla y yo no voy a permitir eso”, les dijo Castaño. Bernal, que acababa de salir de un secuestro, negó la acusación y le contó al jefe paramilitar sobre la idea de Augura de financiar cooperativas de seguridad privada, conocidas como Convivir.

“Entonces él conmigo se rebajó, se calmó un poco y entonces miró al señor Keiser y le dijo ‘pero usted sí le está dando plata a la guerrilla’, a lo que Keiser como que asintió”. Bernal cuenta que Castaño y Keiser hablaron en privado y, según él, al final de la conversación el jefe paramilitar dijo “ya quedó clara la cosa”. (Leer más en: Chiquita Brands pagó más de 800.000 dólares a las guerrillas)

La investigación adelantada por las autoridades estadounidenses fue tan contundente que Chiquita Brands no tuvo otro camino que declararse culpable en marzo de 2007 de financiar grupos considerados terroristas y pagar una multa de 25 millones de dólares en ese país.

¿En busca de impunidad?

Luego de conocerse esa admisión de culpabilidad, un ciudadano presentó en Colombia una denuncia contra la multinacional, razón por la que la Fiscalía abrió formalmente investigación el 30 de abril de 2007. Ese proceso, que este año cumplirá ante los estrados judiciales 16 años después, involucra a 10 personas que, en el periodo 1997-2004, ocuparon cargos directivos de C.I. Banadex y C.I. Banacol y se les acusa de tener conocimiento de los aportes que se le hicieron a las ACCU en el Urabá antioqueño.

El proceso penal involucra a Víctor Manuel Henríquez, Javier Ochoa Velásquez, Jorge Alberto Cadavid Marín, Reinaldo Escobar De La Hoz, John Paul Olivo, Charles Keiser, Álvaro Acevedo, José Luis Valverde, Víctor Julio Buitrago y Fuad Alberto Giacoman.

Tras desestimar las pruebas recaudadas y la declaratoria de culpabilidad en Estados Unidos, la Fiscalía precluyó la investigación a favor de los directivos de la comercializadora de banano el 6 de marzo de 2012, justo el mismo día que la entonces titular del ente investigador, Viviane Morales, dejaba el cargo. Esa decisión fue apelada por los representantes de víctimas y el 7 de diciembre de ese mismo año, el entonces vicefiscal General de la Nación, Jorge Perdomo, revocó la preclusión y ordenó la continuación de la investigación y la práctica de pruebas.

Una de las decisiones adoptadas por el ente acusador para evitar que el proceso contra los directivos de las comercializadoras de banano prescribiera la acción penal, fue la de confirmar “la declaratoria del delito de concierto para delinquir agravado como un delito de lesa humanidad”, lo que convierte el delito en este caso en imprescriptible. Esta connotación fue incluida en la resolución de acusación presentada por el vicefiscal General de la Nación encargado, Jaime Camacho Flórez, el 19 de septiembre de 2019.

A esa actuación se sumó la petición del ente acusador de cambiar la radicación del proceso de tal manera que su fase de juzgamiento continuara en estrados judiciales fuera de Antioquia. La solicitud fue presentada por la Fiscalía 68 de la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos, el 25 de junio de 2020.

La funcionaria argumentó razones de seguridad para solicitar ese cambio y expuso tres casos: las amenazas reiteradas contra el principal testigo del caso, el exparamilitar Raúl Hasbún; y el asesinato de su abogado, Edquir José López Londoño, ocurrida el 5 de mayo de 2011 en el municipio de Bello; así como el homicidio de otro de los testigos, Alberto Osorio Mejía, sucedido el 12 de septiembre de 2014 en zona rural de Montería, Córdoba.

Estos hechos dieron pie para que la delegada del ente acusador planteara que los riesgos corridos por los testigos se irradiaran sobre otros testigos, así como funcionarios judiciales, abogados defensores y representantes de las víctimas: “Pues evidente resulta que el propósito final de las amenazas y actos violentos no es otro que impedir que los principios de verdad, justicia y reparación se obtengan en el curso normal de la actuación”.

Esa petición fue desestimada y el proceso siguió su curso bajo la competencia del Juzgado Quinto Especializado de Antioquia que para continuar con los trámites le dio traslado de la resolución de acusación a los abogados defensores y a los representantes de las víctimas.

Los abogados de los diez directivos presentaron cinco solicitudes de nulidad de la resolución de acusación, entre ellas la relacionada con el delito imputado –concierto para delinquir– tras considerar que se les estaba aplicando aquel que era más perjudicial para sus representados por las sanciones penales que implica.

Asimismo, cuestionaron la calificación del concierto para delinquir como delito de lesa humanidad por cuanto se “acudió a consideraciones que permiten calificar una conducta como crimen de guerra; cuando se tratan de estructuras diferentes, rodeadas de diversas características y elementos integradores; por lo que se observa una evidente confusión del despacho fiscal”. Y, además, cuestionaron que bajo esa catalogación el delito es imprescriptible y, en esa medida, sus defendidos no gozan de un término razonable para la investigación.

Los abogados también expusieron como causales de nulidad la indebida valoración probatoria, el vencimiento del término de la instrucción y la afectación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, y la vulneración al debido proceso por la doble incriminación en la resolución de sustanciación y en la resolución acusatoria.

Las nulidades solicitadas fueron negadas en primera instancia el 27 de mayo de 2021 por el Juzgado Quinto Especializado de Antioquia. Con relación al delito de concierto para delinquir imputado, desestimó la nulidad tras argumentar que esa “calificación jurídica es provisional y por lo tanto, la misma puede ser variada, hasta por el juez de conocimiento al momento de proferir la sentencia correspondiente”.

Sobre la solicitud de nulidad del delito de concierto para delinquir como crimen de lesa humanidad, el Juzgado respaldó lo dicho por la Fiscalía y aseveró que “no se configura una violación al debido proceso” tras respaldar su argumento en diversos pronunciamientos de las altas cortes y basado en ellos aseveró que si se garantizará “el cumplimiento con los términos de investigación y de juzgamiento”.

Con relación a la indebida valoración probatoria y a la vulneración al debido proceso por la doble incriminación en la resolución de sustanciación y en la resolución acusatoria, el despacho judicial indicó que se abordarán al momento de proferir sentencia.  Y sobre la afectación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, reconoció que fue subsanado tras presentarse la resolución de acusación. (Descargar Auto Primera Instancia)

El rechazo de las solicitudes de nulidad fue apelado y la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia confirmó lo decidido, recurriendo a los mismos argumentos expuestos en la primera instancia. (Descartar Auto Segunda Instancia)

De otro lado, lo que también se volvió motivo de disputas judiciales ha sido la petición de pruebas por parte de los abogados defensores, con las cuales pretenden demostrar que los directivos bananeros no incurrieron en ningún delito asociado a la financiación de grupos paramilitares. Impugnaciones, tutelas, nuevas decisiones, más apelaciones, se han convertido en la estratagema para dilatar un proceso que ajusta 16 años en los estrados judiciales.

Este caso refleja una paradójica situación judicial que, en diversos artículos divulgados por este portal, ha quedado evidenciada: A pesar de una multa de 25 millones de dólares impuesta a Chiquita Brands por esos pagos tras declararse culpable e incontables años de litigio civil en las cortes estadounidenses, impulsado por víctimas del paramilitarismo que se benefició con esos pagos, ni un sólo empleado de la multinacional ha sido procesado y considerado responsable, ni en Estados Unidos o Colombia, por los crímenes perpetrados en el Urabá antioqueño.

Y como en todo proceso donde se juegan intereses corporativos multinacionales, la cadena se rompe por su eslabón más débil, en esta ocasión representado por un taxista que en aras de ganarse la confianza de un cliente prestó su nombre y su firma para mediar en la financiación de grupos paramilitares.

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Las conclusiones del capítulo de Hallazgos y Recomendaciones sostienen que la acumulación de problemas sociales se abordaron —históricamente— con una solución militar que escaló el conflicto armado, intensificó las violaciones de derechos humanos y dio pie para justificar el accionar del Estado. Todos los esfuerzos se concentraron en perseguir al enemigo y no en combatir, desde el diálogo y la negociación, las causas estructurales que lo originaron. 

“A pesar de ciertas transformaciones que se han promovido en el sector de seguridad, se mantiene un rasgo de la actuación o doctrina de la Fuerza Pública orientado a search and destroy: buscar y destruir. La urgencia es pasar a una human centric, una seguridad basada en el ser humano”, indica la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).

Y es que dicho modelo de seguridad se cimentó en la idea del enemigo interno y la defensa de dos fronteras: la interna, que es donde domina la insurgencia rebelde y los civiles que son considerados sus aliados; y la externa, que traza la división con los países vecinos. Además de la  construcción del aparato armado (Ejército y Polícia militarizada) más grande, costoso y mejor entrenado del continente americano, después del de Estados Unidos. 

Dinámicas que, tras 60 años de guerra interna, han sido inútiles. Así lo evidencian las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que han afectado, cuando menos, al 20 por ciento de la población colombiana. Un modelo que confundió seguridad —no enfrentar riesgos y amenazas a través del desarrollo humano y la convivencia— con la defensa armada. Sus orígenes datan, en gran parte, del Frente Nacional (1958-1978) y, posteriormente, en el desarrollo del conflicto armado. 

Ante este panorama, la CEV indica que Colombia, país que sale de una de las guerras más largas del planeta, debe transitar a un modelo que ponga en el centro la vida de las comunidades y que las instancias civiles del Estado orienten la política en su legitimidad y las formas como la gente quiere vivir. Así como separar a la Policía del Ministerio de Defensa y reducir, gradualmente, el Ejército. 

“Paz completa, protección integral de los territorios, superación del enfoque prohibicionista del problema del narcotráfico, lucha contra la impunidad, apertura del régimen político y potenciamiento de la cultura de paz”, subraya la CEV en su capítulo de Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final.  

A continuación, reseñamos los rasgos del modelo de seguridad que, según la CEV,  han prevalecido en Colombia. 

Poder civil y poder militar

Los métodos para el control del orden público han pasado por tres periodos en la historia reciente de Colombia. El hito fundacional que le otorgó relativa autonomía al poder militar fue el discurso de Álvaro Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional (1958-1962), que a través de la concesión de privilegios evitó un golpe militar. Sus palabras del 9 de mayo de 1958 en el Teatro Patria, tranquilizaron a las Fuerzas Militares y sentaron las bases para la división del trabajo entre el poder civil y el poder militar.

En 1950 la Policía se militarizó y la ampliación de sus facultades derivó en detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Durante varias décadas  y a través de sucesivas declaratorias de estado de sitio, que creaba las condiciones para tomar medidas de excepción y contrarrestar así la turbación del orden público, las Fuerzas Militares ejercieron funciones civiles y judiciales: dirigieron alcaldías y gobernaciones, investigaron y juzgaron a civiles en consejos de guerra, recibieron fuero militar para juzgar los posibles delitos de sus miembros, obtuvieron apoyo legal de civiles armados y el soporte de estructuras de inteligencia como el Servicio Nacional de Inteligencia (SIC) y, luego, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En 1991, el presidente César Gaviria Trujillo nombró al primer civil, Rafael Pardo Rueda, como Ministro de Defensa y se abandonó, definitivamente, la práctica de designar en esa cartera a militares de alto rango. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), a través de su política de Seguridad Democrática, le amplió las facultades a las Fuerzas Militares y la Corte Constitucional las limitó en defensa de la Constitución.

Entre 2012 y 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos combinó la acción militar con un proceso de negociación político que concluyó en la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc. Sin embargo, en tiempos de apertura democrática y construcción de paz, las Fuerzas Militares se han resistido. 

El enemigo interno

Según el Informe Final, desde el siglo XIX en Colombia se ha perseguido, reprimido y estigmatizado a los opositores politicos o sectores sociales alternativos —etiquetados como “enemigos”— del poder politico, economico y social dominante. Desde los años cincuenta del siglo XX, este discurso se introdujo en la doctrina de seguridad nacional, influenciada por las políticas adoptadas por Estados Unidos.

“En un primer momento, el enemigo era el comunista, sin distinción de si había tomado las armas o no. En un segundo momento, en la guerra contra las drogas, muchas veces el “enemigo” fue identificado como el campesino cocalero y, luego, el terrorista o el narcoterrorista, asociando a esos términos no solo a los miembros de grupos guerrilleros, sino extendiendo ese estigma a diferentes sectores y movimientos sociales o sindicales”, revela el informe de la CEV. 

Además de sindicalistas, estudiantes, indígenas, afrodescendientes, periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y de mujeres. Los funcionarios públicos, especialmente magistrados y jueces, que en virtud de su trabajo denunciaron los graves crímenes también fueron perseguidos. “Después de 1985, el Estado y el paramilitarismo persiguieron a los miembros de la Unión Patriótica, partido político de izquierda que había sido creado en las negociaciones del gobierno de Belisario Betancur con las Farc-EP”, reconoce el Informe Final. 

La Constitución de 1991 generó una apertura democrática que incluyó movimientos de izquierda, reconoció a Colombia como país pluriétnico y multicultural, y previó garantías para el pluralismo político y la participación ciudadana. Sin embargo, esas consideraciones no contuvieron las agresiones contra los sectores alternativos. Actualmente, hay numerosas sentencias que reconocen la responsabilidad del Estado por hechos ocurridos años después de la nueva carta política, que se materializaron en torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados o exilios. 

Militarización de los territorios

El poder político y militar, a través de la militarización, se ha relacionado en el modelo de seguridad para disputar la “soberanía” de los territorios. Durante la década de los años treinta, el mecanismo que permitió la militarización fue el estado de excepción, pero se hizo permanente entre 1959 y 1991. A pesar de que la Constitución de 1991 ofreció nuevas garantías, los estados de excepción se han materializado en otros formatos: detenciones arbitrarias, requisas, allanamientos,  registros de domicilio y perfilamientos. 

Otro de los rasgos de la militarización es la alianza de sectores de las Fuerzas Militares con estructuras criminales,  que generaron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos, despojo y desplazamiento de las comunidades. Así como la Policía —organismo militar y no civil— que ha estado involucrado en la guerra, a través  de funciones de seguridad nacional y contraguerrilla, y, además, atiende la protesta social como si esta amenazara la existencia del Estado. 

“Otro medio de militarización es el servicio militar obligatorio, que existe en Colombia desde 1886”, precisa el Informe Final. En 2017 se reconoció la objeción de conciencia, sin embargo los jóvenes continúan obligados a prestar servicio militar y sólo pueden aplazar si están estudiando, por lo que  terminan incorporados los más vulnerables. 

Violación de derechos humanos

Los modelos de inteligencia hacen parte de los ejércitos y los servicios de seguridad en todos los países. En Colombia, desde el Frente Nacional, han tenido una perspectiva contrainsurgente que consideró a organizaciones y movimientos sociales como base de las guerrillas, a quienes infiltró, atacó y acabó a través del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) y ,posteriormente, con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). (Leer más en: El rastro del médico Héctor Abad Gómez en los archivos del DAS y Seguimientos a Gonzalo Sánchez en su época universitaria)

Según Informe Final, el DAS participó en el exterminio de la Unión Patriótica;  realizó ejecuciones extrajudiciales; interceptó comunicaciones de defensores de derechos humanos y líderes políticos; asesinó a profesores y estudiantes. Dado el cúmulo de irregularidades, en 2011 fue disuelto. 

Otros organismos involucrados en estos crímenes fueron los servicios militares de inteligencia, como la Brigada de Institutos Militares (BIM), el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia “Brigadier General Ricardo Charry Solano” (Binci) y la Brigada XX, todas desmanteladas.

Por parte de la Policía, el F2 estuvo inmerso en las mismas violaciones de derechos humanos y tuvo vínculos con grupos paramilitares y de narcotráfico. fue acabado en 1995. 

La mayoría de estos delitos persisten en la impunidad y la opacidad. “Dejar de considerar a la población y las organizaciones y movimientos sociales como base de la guerrilla son parte del cambio estructural y de mentalidad que se necesita para la construcción de la paz”, recomienda el Informe Final.

Militarización de la justicia

El modelo de seguridad contempló una justicia penal militar para que los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH gozaran de independencia judicial e impunidad. El caso más emblamatico es el asesinato de jóvenes inocentes presentados como bajas en combate, mal llamados ‘falsos positivos’. 

“La justicia penal militar tuvo un papel de encubridor y cohonestó la falsificación de pruebas en los casos de ejecuciones extrajudiciales (…), como se ha demostrado al menos entre el 2002 y el 2008”, denuncia el Informe Final. 

Además, por décadas, permitió el juzgamiento de civiles, considerados “enemigos”, por parte de la justicia penal militar, hasta que, en 1978, la Corte Suprema de Justicia lo prohibió. Tras sucesivas sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se han dado —hasta hace poco— demandas por conflictos de competencias que han retrasado procesos y limitado investigaciones en fases iniciales. 

Según el Informe Final de la CEV, ambas vías han afectado la independencia e imparcialidad de la justicia y la pusieron al servicio de la guerra: “El respeto por la independencia del poder judicial es una garantía básica de un sistema democratico”. 

Relaciones con Estados Unidos

El modelo de seguridad de Colombia ha estado influenciado, desde 1950, por el marco discursivo del país norteamericano: lucha contra el comunismo, guerra contra las drogas y combate al terrorismo.

Los aspectos centrales de la injerencia estadounidense se evidencian en el concepto de enemigo interno, privatización de la seguridad (paramilitarismo y compañías militares), focalización de recursos para los intereses económicos de empresas multinacionales ,y asistencia militar (armamento, financiación, metas y resultados esperados).

Esta ausencia de visión propia de sus problemas de seguridad, construcción de paz y orden público, ha dificultado en el país reformas sociales. Las Fuerzas Militares han recibido entrenamiento en bases militares estadounidenses y la Policía se militarizó, radicalmente, como recomendación para ampliar el pie de fuerza contrainsurgente. A través de la unión de intereses binacionales se creó el Plan Colombia (1999-2008) y el Plan Patriota (2003-2006). 

A comienzos de marzo de 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y bajo cooperación con Estados Unidos, se infiltró al Secretariado de las Farc, la máxima instancia decisoria de ese grupo armado alzado en armas, y en una operación con bombas inteligentes suministradas por los norteamericanos se dio de baja a ‘Raul Reyes’ en zona selvática de Santa Rosa de Sucumbíos, población ecuatoriana fronteriza con Colombia.

Durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos (2014-2018) se tramitó el proceso de paz con las Farc y el gobierno estadounidense, en cabeza de Barack Obama (2009-2017), amplió su apoyo al país en áreas como la construcción de paz y la implementación al programa de atención y reparación a víctimas. 

De los grupos civiles armados al paramilitarismo

Entre 1960 y 1990, el Estado promovió que la sociedad civil se involucrara en funciones de seguridad. Así surgieron los grupos de civiles armados que, en los años ochenta, recibieron financiación del narcotráfico, se convirtieron en grupos paramilitares y apoyaron bélicamente y con información a la Fuerza Pública. 

Según el Informe Final, en este contexto crecieron las mafias del narcotráfico y surgieron organizaciones como la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio  (Acdegam), las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A lo que se sumó la creación de las cooperativas de vigilancia y seguridad privadas, que se conocieron como Convivir.

Las relaciones entre sectores políticos y económicos eran evidentes, pero las numerosas denuncias y las investigaciones judiciales no se tomaron en serio; incluso, fueron obstaculizadas por la Fiscalía, especialmente en el periodo del fiscal general Luis Camilo Osorio (2001-2005).

Diferentes organismos de control trataron de hacer investigaciones y poner alarmas, pero nada de eso se tomó en serio. Y de acuerdo con la CEV, “en otras ocasiones los grupos paramilitares fueron defendidos por el Estado bajo el discurso del derecho de autodefensa frente a la insurgencia”.

Entre 2003 y 2006, durante el gobierno de Alvaro Uribe Velez, se desmovilizaron las Auc bajo un proceso de justicia transicional que se enmarcó en la Ley de Justicia y Paz (Ley 975). Sin embargo, otros factores han facilitado su evolución a nuevas estructuras sucesoras del paramilitarismo. La Comisión de la Verdad señala que este fenómeno es responsabilidad del Estado por no cuidar el monopolio de las armas y eximir de cargas penales a los ciudadanos que usan la “fuerza letal”.

Democracia restringida

El modelo de seguridad que ha prevalecido en Colombia se configuró bajo las lógicas de acumulación de capital, desigualdad social y dificultad en el acceso a tierras. Su estructura ha estado a disposición de ciudadanos con poder político y empresas con intereses específicos, mientras que otros sectores han sido excluidos y víctimas de esta. A pesar del reconocimiento más alto de derechos humanos que trajo la Constitución de 1991, el modelo de seguridad —organismos de inteligencia o relaciones entre paramilitares y Fuerza Pública— nunca desapareció.

El conflicto armado se recrudeció tanto por los grupos armados como por las acciones del Estado. Tras años de denuncias, la Comisión de la Verdad recibió informes y escuchó testimonios de miembros de las Fuerzas Militares que reconocieron su accionar y están a disposición de la justicia. Sin embargo, estos avances así como la formación en derechos humanos no han cambiado la posición negacionista del Estado. 

El Informe Final sostiene que las Fuerzas Militares deben cumplir su mandato en el marco de la Constitución y el DIH, así como proteger la población y el territorio. “Se necesita un cambio de la doctrina que considera al opositor como enemigo, una acción distinta que involucre a las comunidades como aliados en las políticas de seguridad para la paz y una transformación de la cultura institucional”, concluye.

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