Para garantizar la reparación de las víctimas del conflicto armado, el Acuerdo de Paz creó tres entidades que tienen la tarea de esclarecer lo ocurrido durante los años de confrontación y tomar medidas que permitan resarcir el daño sufrido. Las comunidades afrodescendientes e indígenas cuentan con un capítulo especial para garantizar que sus cosmovisiones sean tenidas en cuenta, que se respeten sus derechos y que se consulte a sus autoridades. ¿Cuál es el balance hasta ahora?
“Afrocolombianos e indígenas, los más violentados”. Esa es una de las principales conclusiones del informe ¡Basta Ya!, publicado en julio de 2013 por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que es una de las radiografías más detalladas y descarnadas de la guerra en Colombia. Y precisa: “Si bien los daños socioculturales han impactado a todas las comunidades afectadas por el conflicto armado, las pérdidas y transformaciones experimentadas por las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas tienen una dimensión y complejidad particular”.
Por esa razón, los habitantes de los 21 cabildos indígenas y de los 43 consejos comunitarios del norte de Cauca, tienen puestas sus esperanzas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para sanar las heridas que les dejó una guerra ajena que fue librada en los territorios de sus ancestros y vivir en armonía con sus prácticas culturales.
Contra viento y marea, delegados a nivel nacional crearon la Comisión Interétnica y lograron incluir en el Acuerdo de Paz, a pocas horas de que concluyera la negociación que adelantaron durante años el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrilla de las Farc en Cuba, el Capítulo Étnico que contempla una serie de salvaguardas para proteger sus derechos. En el caso del Sistema Integral, se introdujeron cuatro medidas, centradas en la consulta y la concertación con las comunidades. (Leer más en: Acuerdo con las Farc tiene Capítulo Étnico)
“En el diseño de los diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales acordados respecto a los pueblos étnicos se incorporará la perspectiva étnica y cultural. Se respetará y garantizará el derecho a la participación y consulta en la definición de estos mecanismos, cuando corresponda”, plantea la segunda salvaguarda, que representa el espíritu de ese acápite.
Los responsables de cumplir con ese y otros mandatos son la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), que le dan vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. A diferencia de otros mecanismos y leyes relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz, los tres componentes del Sistema Integral sí han respetado la consulta previa y construido sus metodologías teniendo en cuenta la voz de las comunidades étnicas.
Charo Mina Rojas, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN), contrasta que de las 49 normas que tenían que ser consultadas antes de ser tramitadas vía Fast Track en el Congreso de la República durante la legislatura de 2017, tan sólo cinco fueron tramitadas con las comunidades indígenas y dos con las afrodescendientes. “Con los indígenas está la Mesa de Concertación Permanente y con nosotros estaba el Espacio Nacional de Consulta. Tenían que pasar por allí, pero hicieron la pantomima de mandarlas por correo y no las aprobamos”, indica.
Además, cuestiona que los trámites a contrarreloj por correo electrónico no satisfacen las condiciones para cumplir con un compromiso de tal envergadura: “Hacer procesos de consulta previa es reconocer que se tiene que hablar con una autoridad; que no sólo se le tiene que consultar si se hacen cosas o no, sino que si consentimos que se hagan. La consulta previa es un derecho fundamental que reafirma el derecho a la autodeterminación como pueblo, es un elemento de reconocimiento. Los gobiernos han violentado ese derecho y en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz se lo han pasado por la faja”.
En cuanto a lo que espera del Sistema Integral, esta lideresa responde sin dudar que se debe garantizar la participación de las víctimas. “Entendiendo que tenemos un carácter étnico, que el conflicto armado nos afectó de una manera diferente y que estamos en un marco histórico que no se puede ignorar”; e insiste en que la reparación debe partir desde un carácter histórico e integral, “porque la violación de derechos del pueblo negro no nació hace 50 años ni con la guerrilla: lo que toca el Acuerdo de Paz ahora, tiene unas raíces profundas de carácter histórico”.
Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), que se encarga de monitorear violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que padece el pueblo Nasa, coincide con lo planteado por Mina, pero agrega que también se debe considerar al territorio como víctima.
“El territorio es más que un espacio físico y el conflicto armado causó grandes desarmonías, fueron de nivel familiar y del proceso organizativo. Debe verse como víctima porque un ser ajeno causó la desarmonía territorial y afectó la relación tan estrecha que se da entre el territorio, la comunidad, la naturaleza y la familia”, explica.
Al respecto, el informe ¡Basta Ya! plantea que “las montañas, los ríos, los desiertos, la selva, no son simples accidentes geográficos, sino recursos a los que históricamente se les han atribuido significados y funciones de regulación y protección. Su destrucción física, así como su uso inadecuado representan para muchas comunidades indígenas y negras la devastación de sus sistemas de conocimiento y protección”.
En un sentido similar a Capaz se expresa Florencio Mestizo, coordinador del Tejido de Armonía y Justicia de la Acin: “La reparación no es entregar dinero. Esperamos es que se acabe el conflicto, que no se vuelva a repetir y que sus secuelas no queden en el olvido. Que haya armonía y equilibro; que se proyecten los planes de vida de las comunidades sin que nadie lo señale ni lo impida”.
Y para lograr eso, Mina espera que, tras finalizar los tiempos del Sistema Integral, las comunidades hayan accedido a una justicia restaurativa: “No nos interesa tanto la punitiva, como la del paramilitarismo (proceso de Justicia y Paz), donde una gente confesó, pagó cinco años de cárcel y chao. Allí no hay reparación ni restauración, menos reconocimiento”. (Leer más en: ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?)
Para ello, precisa que aplicar justicia restaurativa implica que se valoren los hechos ocurridos en el conflicto armado, entendiendo que sus impactos están ligados a raíces históricas y sus efectos posteriores: “Lo que vivimos hoy como pueblos es parte de lo que ocurrió en ese momento y sigue ocurriendo”.
En 2013, el CNMH insistió en esa postura: “Los crímenes perpetrados han buscado intencionalmente socavar y atentar contra la existencia de estas comunidades, agravando los daños provocados por la exclusión social, la explotación económica y la discriminación a la que histórica y sistemáticamente han estado sometidos”.
A continuación, presentamos un balance sobre los avances que han tenido las tres entidades del Sistema Integral y las acciones que han realizado para cumplir el mandato del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.
La justicia de la JEP
El pasado 19 de noviembre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió su Caso 005, en el que priorizó la investigación de violaciones de derechos humanos que presuntamente cometieron exguerrilleros de las Farc y miembros de la Fuerza Pública en ocho municipios del norte de Cauca, entre 1993 y 2016. Para tal fin fueron seleccionados Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono, todos ellos con mayor o menor presencia de comunidades afrodescendientes e indígenas. Posteriormente fueron anexados cuatro municipios más del norte de Cauca y cinco del sur de Valle del Cauca. (Leer más en: La JEP le pone lupa a violencia que golpeó al norte de Cauca)
Al darle apertura a ese expediente, la JEP precisó que se aplicó el enfoque territorial y étnico-racial, definido en el Acuerdo de Paz, “como una de las estrategias para lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales del conflicto y sus posibles causas y efectos, como la discriminación racial, la presencia de múltiples grupos armados, la importancia económica y estratégica de las regiones donde están asentados, en su mayoría, los pueblos étnicos”.
Esa decisión es producto de los constantes diálogos entre la JEP y las comunidades, a quienes les fueron consultadas sus normas de procedimiento (Ley 1922 de 2018) y su Ley Estatutaria (1957 de 2019). Además, la magistrada Belkis Izquierdo, quien hace parte de la comunidad Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, explica que han “constituido unas comisiones permanentes dentro de la Jurisdicción que, de alguna manera, orientan y emiten conceptos para la materialización de los enfoques porque el gran reto de esta Jurisdicción es no quedarse en grandes teorías sino logar ir trasformando territorios y comunidades, generando unos procesos de relacionamiento distintos y materializar derechos”.
Asimismo, la togada señala que la Sala de Conocimiento, Verdad y Responsabilidad de ese tribunal transicional está empleando metodologías de investigación para tener presente al territorio de las comunidades y desarrollarlo como un enfoque para esclarecer la verdad: “Esto lo hacemos tomándonos en serio a las víctimas, los territorios y generando procesos de diálogo, para recolectar lo que pasó. La Ley Estatutaria es clara al plantear en su Artículo 18 el tema de los enfoques diferenciales: ha sido muy importante para que la Jurisdicción tenga muy claro el enfoque étnico y racial, el enfoque territorial y el enfoque de género”.
Producto de esa reciprocidad, en diciembre del año pasado la JEP recibió por parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), el informe El derecho a la vida, que da cuenta de 1.230 asesinatos de indígenas entre 1983 hasta el 1 de diciembre de 2016. Asimismo, el pasado 19 de septiembre, la Asociación de Consejos Comunitarios del Nortel de Cauca (Aconc), entregó un informe preliminar sobre despojo de tierras, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado y minería ilegal, del cual espera entregar la versión final el próximo 30 de noviembre. La Acin está preparando su propio informe sobre violencia en el marco del conflicto armado.
Por otro lado, además de acceso a la justicia, en la JEP se presenta otra situación con las comunidades étnicas: de relacionamiento entre jurisdicciones. Está reflejada en la tercera salvaguarda del Capítulo Étnico sobre el Sistema Integral, pues establece que “en el marco de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz se crearán mecanismos para la articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena según el mandato del Artículo 246 de la Constitución y, cuando corresponda, con las autoridades ancestrales afrocolombianas”.
Al respecto, Florencio Mestizo, coordinador jurídico de la Acin, explica que “cuando se firma el proceso de paz, la JEP quiso conocer cómo se hicieron esos procedimientos de los integrantes de las Farc que juzgaron las comunidades indígenas. Llevamos cuatro encuentros y hemos tenido una relación suficiente con la Sala de Amnistía e Indultos y con la Sala de Verdad. En esos encuentros hemos formulado unos protocolos de relacionamiento, de articulación y de información para no tener choques entre jurisdicciones”.
Adicional al Artículo 35 de la Ley Estatutaria de la JEP, que plantea el relacionamiento con la Jurisdicción Especial Indígena, esa rama de la justicia transicional elaboró un protocolo para precisar esa materia. El pasado 16 de agosto, en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, las tres entidades que conforman el Sistema Integral entregaron los protocolos que han suscrito con esa comunidad, bajo la denominada compilación de Diversidad étnica y cultural, pluralismo jurídico y consulta previa.
Aunque el sistema de justicia propia de los pueblos afrodescendientes no está reconocido a nivel jurídico como el de los indígenas, con el Artículo 246 de la Constitución Política, en los consejos comunitarios se viene aplicando. Sobre esa situación, Charo Mina, de PCN, plantea que como tienen condición de autoridad, deberían poder definir sobre la gente de sus comunidades que estuvieron ligadas al conflicto armado como guerrilleros o militares, como sucede con los indígenas. “Es una discusión que tenemos con la Agencia Nacional de Reincorporación”, plantea.
Al ser consultada sobre ese particular, la magistrada Izquierdo señala que el hecho de que no estén reconocidos en la Constitución Política de 1991, no implica que no existan otros sistemas de justica étnica: “No pueden sacrificarse porque muchos los invisibilizan o dicen que no existen. Creo que en esto hay gran responsabilidad de la academia y de muchas instituciones que tienen que comenzar a hacer procesos de investigación, de que las justicias afros existen y es necesario fortalecerlas para que logren un mismo reconocimiento que tienen las indígenas”.
Y concluye: “La justicia transicional debe orientarse hacia el empoderamiento de las autoridades locales y darles todos los elementos para que efectivamente se logre la paz territorial. De lo contrario, no podemos seguir pensando que desde el centro se van a adentrar a transformar las situaciones en los territorios”.
La brújula de la CEV
La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad tiene el mandato de producir en tres años un informe que dé cuenta de los orígenes y las afectaciones que produjo el conflicto armado, que sirva como carta de navegación para evitar que se repitan los horrores del pasado y sirva para la reconciliación nacional.
El diálogo con las comunidades afrodescendientes e indígenas ha sido abierto. “Realizamos proceso de consulta y de ahí salió la metodología étnica contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas… como la ruta de trabajo con los pueblos indígenas, afro y gitanos”, explica la comisionada Patricia Tobón, quien es de la comunidad Embera de Antioquia y está encargada de los asuntos étnicos.
Las partes acordaron acudir a una mesa de trabajo conjunta permanente cuando existan versiones diferentes que puedan afectar a los pueblos étnicos, para revisar casos, análisis y perspectivas. Además, en la CEV se creó una Dirección de Pueblos Étnicos, integrada en su gran mayoría por afros e indígenas.
Tobón califica como uno de los grandes éxitos de la Comisión porque su “metodología parte por asuntos como formación de traductores, pedagogía conjunta como Sistema, identificación de casos, toma de declaraciones colectivas e individuales… Por ejemplo -aclara-, gran parte del equipo de la Amazonía colombiana son indígenas hablantes de diferentes pueblos. Entonces tenemos la mayor diversidad lingüística indígena del país”.
El producto culminante de la Comisión, su informe general, dedicará un capítulo a las comunidades étnicas. Y es allí donde están depositados los anhelos de las víctimas para contar una verdad integral sobre lo que implicó el conflicto armado para ellas.
Al respecto, Charo Mina sostiene que es vital comprender el vínculo entre la violencia y el pasado de su pueblo, que tiene unas raíces estructurales, causantes del conflicto armado y de las desigualdades sociales: “Para nosotros es importante ese balance histórico, porque es necesario reconocer de dónde viene estructuralmente este problema, para poder desarrollar en presente y hacia futuro, las políticas, la legislación y los programas que permitan que nada de lo que pasó en el conflicto armado y en el pasado estructural, se vuelva a repetir”.
Y reitera: “Si no nosotros no hubiéramos estado tan olvidados, segregados y excluidos en territorios que son considerados baldíos a pesar de que la gente negra ha vivido allí por cientos de años; si no estuviéramos en territorios con una riqueza natural que nosotros cuidamos y sobre la cual tiene que haber reconocimiento de derechos, no hubiéramos sido víctimas tan centrales del conflicto, como pasó. Es posible que no se hubiera dado de la misma manera”.
Para Florencio Mestizo es clave que se esclarezca quiénes son los responsables de hechos tan dolorosos que lastimaron al pueblo Nasa del norte de Cauca: “El reconocimiento de los hechos es la verdad del conflicto. Necesitamos que nos digan qué pasó, quién lo hizo y por qué; que un comandante nos responda eso. Que nos digan por qué atacaron a mujeres, mayores, médicos ancestrales y guardias indígenas”.
“¿Por qué hay una desproporcionalidad tan grande? ¿Qué es lo que pasa que hay un impacto tan desproporcionado del conflicto armado?”. La comisionada Tobón responde que esas preguntas hacen parte de la vivencia histórica de las comunidades afrodescendientes e indígenas, por lo cual es necesario dar el debate y que se incorpore en su informe final.
Esos temas no serán tratados exclusivamente en la gran investigación que produzca la CEV. El próximo año, en el marco de sus Encuentros por la Verdad, de los cuales ha realizado dos hasta la fecha, el primero sobre violencia sexual y el otro sobre desaparición forzada, se realizarán los propios sobre los efectos del racismo y del conflicto armado en los pueblos afros e indígenas. Se harán por separado, en sus fechas emblemáticas: en el Día de la Afrocolombianidad y en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
La esperanza de la UBPD
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado colombiano (UBPD), tiene la misión de terminar con la zozobra que genera la desaparición, crimen que deja sumidos a los familiares de la víctima en un limbo, pues no saben si están vivas o muertas. Es una práctica que detiene el tiempo para quienes buscan sin descanso durante años y décadas a su ser querido.
Como las otras partes del Sistema Integral, la Unidad ha mantenido diálogo permanente con las comunidades para definir sus metodologías de trabajo y recibir información para realizar las labores de búsqueda.
En esa dirección, el pasado lunes la UBPD dio un gran paso hacia adelante, pues puso en marcha la construcción del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), que se diseñará durante este mes de octubre a través de encuentros nacionales temáticos con mujeres, población LGBTI, pueblos étnicos, familiares de víctimas de secuestro, familiares de las Fuerza Pública, familiares que residen en el exilio y con las entidades estatales implicadas en la búsqueda de personas desaparecidas.
Luz Marina Monzón, directora de la Unidad, explica que esta nueva fase es producto de las conversaciones que empezaron con la sociedad civil en diciembre del año pasado, en las que “pudimos aproximarnos a su visión con este diseño y, a partir de eso, trabajamos este año en una metodología y en un documento base de discusión. Nos llevó a dimensionar que los diálogos para la construcción de este Plan tienen aristas distintas a partir de las experiencias, necesidades y costumbres de los distintos sectores”.
Tras sistematizar la información que produzcan esos encuentros, se producirá un documento que será puesto nuevamente en discusión para luego definir el Plan Nacional de Búsqueda, que se espera esté listo a finales de diciembre de este año. No obstante, el hecho de que no esté construido el PNB, no significa que la Unidad no esté adelantando labores de búsqueda.
“El Plan Nacional de Búsqueda no nos está definiendo el inicio de nuestras acciones, en este momento estamos trabajando en ocho planes regionales de búsqueda en los que llevamos varios meses y están en distintitos niveles de avance. Están en el Pacífico, en el centro del país y en los Llanos Orientales”, detalla Monzón.
En cuanto a las comunidades étnicas, está vigente un protocolo con las indígenas sobre su relacionamiento para la recolección de información y todas las etapas de búsqueda. Con los afros está en construcción.
Una de las inquietudes de los pueblos originarios es poder aportar sus conocimientos y prácticas ancestrales para la búsqueda de los desaparecidos y realizar rituales acordes a su cultura para armonizar el territorio o los desaparecidos.
Ante ese planteamiento, la directora Monzón señala que sí será tenida en cuenta y que fue uno de los mayores aprendizajes que tuvieron durante el proceso de consulta previa con las comunidades: “Si bien el tema de la búsqueda metodológicamente tiene unas fases, comprenderlas a la luz de lo que es la cosmovisión de los pueblos fue muy enriquecedor. Por ejemplo, el tema de cómo el saber de los guías espirituales de los pueblos indígenas tiene un rol al momento en que se encuentran cuerpos, donde ellos pueden desde sus prácticas y espiritualidad llegar a la conclusión de que ese cuerpo corresponde a alguno de sus seres queridos… cómo ese concepto de esos médicos tradicionales puede incorporarse a los documentos que le entreguemos a Medicina Legal, es algo muy importante para nosotros porque nunca se ha incluido”.
Y aclara: “No es que defina en términos de conclusión última la identificación, pero sí es darle lugar a un conocimiento espiritual dentro de la documentación del encuentro de las personas”.
Otra petición que surgió en la consulta previa es la de realizar un registro nacional de desaparecidos que incluya de manera desagregada y específica quiénes son miembros de comunidades étnicas. Hasta el momento, la UBPD no tiene cifras estimadas sobre afrodescendientes e indígenas desaparecidos en Cauca, pero está recibiendo información de los familiares y de organizaciones para elaborar las rutas de búsqueda. (Leer más en: El crimen que rompió la armonía en el norte de Cauca)
Por el momento, las comunidades se encuentran satisfechas porque se ha respetado la salvaguarda de consultarlas y de incluir sus visiones en los mecanismos del Sistema Integral, pero están a la expectativa de que se cumplan a cabalidad para sanar las heridas del conflicto armado.
Y mientras esperan resultados, tienen temor porque su implementación exige el esfuerzo del Estado, en especial del gobierno nacional, que ha reducido presupuestos para el funcionamiento de las tres entidades y no incluyó el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz en su Plan Nacional de Desarrollo. (Leer más en: La paz desfinanciada)
De lo que sí tienen certeza, y muy a su pesar, pues les está costando vidas, atentados y amenazas, es que la No Repetición de la violencia tras la dejación de armas de las Farc fue efímera. Meses después del silencio de los fusiles, producto de la ineficiencia del Estado para copar integralmente los antiguos territorios de la otrora guerrilla más antigua del continente, del brote de grupos disidentes del proceso de paz y de la llegada de nuevos grupos armados a la región para disputarse sus rentas ilícitas, el norte del departamento de Cauca es un hervidero en el que ocurren asesinatos selectivos de indígenas, atentados sicariales, masacres y llueven panfletos amenazantes. (Leer más en: La fatal deuda con las Guardias Indígena y Cimarrona del norte de Cauca y Suárez, tres años bajo fuego)
Investigación realizada con el apoyo de:
