El pasado 15 de agosto, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana exclusiva para ese municipio del norte de Cauca, poniendo sobre aviso a las entidades estatales de los graves riesgos que padecen sus habitantes. Dieciocho días después, el país está conmocionado por el cruel asesinato de una candidata a la Alcaldía y sus acompañantes. Esta tragedia pone en tela de juicio, una vez más, la labor de la CIPRAT, entidad encargada de responder ante esas advertencias.

La expansión de las disidencias de las Farc, que se disputan el control territorial y las rentas ilícitas con otros grupos armados, llevaron a que la Defensoría del Pueblo emitiera una nueva Alerta Tempana, la 033 de 2019, que subsume y recoge lo planteado en las alertas que emitió el 2 de enero y el 9 de abril del año pasado. Esta actualización estableció que la nueva situación de riesgo abarca tres barrios del casco urbano, 55 veredas, ocho consejos comunitarios y un resguardo indígena.

“En especial situación de riesgo se encuentran las Autoridades Indígenas y Guardia Indígena, Representantes y Juntas de los Consejos Comunitarios Afrodescendientes y su Guardia Cimarrona, así como los representantes de Organizaciones Campesinas y su Guardia Campesina en proceso de constitución. De igual forma líderes, lideresas, Funcionarios Públicos, Concejales Municipales y trabajadores e integrantes de organizaciones no gubernamentales que desarrollan labores humanitarias en la zona”, señaló esa agencia del Ministerio Público.

Por esa razón, calificó como alto el riesgo que padecen 11.229 habitantes de Suárez. Como principales y factibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario, enlistó atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de la población civil, entre las que se encuentran posibles desapariciones forzadas, homicidios selectivos, violencia sexual y masacres.

Y precisamente esto último fue lo que ocurrió en la noche del pasado domingo, cuando un vehículo interceptó la camioneta en la que se movilizaba Karina García Sierra, candidata a la Alcaldía de Suárez por el Partido Liberal, junto con su madre, un candidato al Concejo Municipal, un dirigente campesino y tres escoltas. Hombres fuertemente armados dispararon contra el vehículo y posteriormente lo incendiaron. A ese barbárico hecho tan sólo sobrevivió el conductor, quien sufrió graves heridas.

Lo más triste de esta historia es que, así como la Defensoría del Pueblo había alertado sobre el riesgo que padecen los aspirantes a dirigir ese municipio, la candidata pidió garantías de seguridad y denunció que el 21 de agosto un grupo hombres armados hizo retirar la publicidad que su equipo de campaña estaba instalando en el corregimiento de Betulia y dijo que ella no podía hacer campaña en ese sector.


Sobre agresiones a candidatos e injerencias en las elecciones del próximo 27 de octubre, la Alerta Temprana reseñó dos casos. El primero ocurrió el 7 de mayo en el sector Asnazú, cuando Jhon Jairo Osorio fue abordado y amenazado por dos personas armadas sin identificar; el segundo ocurrió el 16 de junio, a través de un panfleto firmado por la Columna Móvil Jaime Martínez, conformada por disidentes de las Farc, citando “a los precandidatos a la alcaldía del municipio de Suárez a una reunión en la zona montañosa del municipio”.

Precisamente, a ese Grupo Armado Organizado Residual (GAO-R), el gobierno nacional atribuye la masacre. “Ofrecemos recompensa de 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias ‘Mayimbu’ y de 50 millones de pesos por alias ‘Marlon’, de GAO-r 6, presuntos responsables del homicidio ocurrido en Suárez, Cauca. Este delito no quedará impune”, señaló el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en su cuenta de la red social Twitter.

Este lunes los ojos del país se centraron en Suárez, pero desde hace tres años sus habitantes vienen padeciendo los efectos de la reconfiguración territorial, de las disputas armadas y de la inoperancia del Estado para copar de manera integral los antiguos territorios que dominó la guerrilla de las Farc tras su dejación de armas. Cuando se esperaba que la firma del Acuerdo de Paz sacara a las armas de la política, en Cauca lloran la pérdida de dos candidatos y de cuatro personas más que trabajan por lograr una sociedad mejor.

Violencia más que diagnosticada

Nuevos grupos armados han dejado su estampa Suárez.

Los habitantes de Suárez pudieron disfrutar de las mieles del proceso de paz y del silencio de los fusiles hasta finales de 2016. Así lo describe la Alerta Temprana: “La incertidumbre es una característica fundamental dentro de este escenario, toda vez que la población civil, que había logrado sobrevivir con un grupo armado ilegal en su territorio, se ve enfrentada ahora a varios grupos armados ilegales, que al parecer se encuentran desprovistos de elementos políticos e ideológicos, y están volcados sobre el control de las economías”.

Esa incertidumbre se materializa en el desfile de miembros de grupos que antes no habían transitado por sus montañas. Tras la desaparición del Frente 6 y de la Columna Móvil Jacobo Arenas de las antiguas Farc, por el norte de Cauca empezaron a marchar hombres con distintivos del Epl o ‘Los Pelusos’, grupo que hasta ese entonces nunca había salido de la región del Catatumbo, en Norte de Santander; del Eln, que se expandió por el departamento con la Compañía Milton Hernández; y a ellos le sobrevinieron disidentes de las Farc que han empleado diferentes nombres desde entonces.

La Defensoría del Pueblo llama la atención que los principales hechos de violencia en el denominado posconflicto se centraron en la disputa que sostuvieron el Epl y las disidencias, que “que para ese entonces no operaban bajo una estructura consolidada, y se autodenominaban como ‘Sexto Frente’ o ‘Nuevo Sexto’, presentándose en ocasiones con el nombre de extintas estructuras de FARC-EP como Miller Perdono y Jacobo Arenas”.

Uno de los momentos más delicados ocurrió el 7 de diciembre de 2017, cuando sostuvieron fuertes combates, en los que murieron seis presuntos miembros del Epl provenientes de Norte de Santander. Además de las bajas, esos combates produjeron el desplazamiento masivo de 941 personas, confinamientos parciales en el resguardo indígena de Cerro Tijeras y afectaciones de algunas viviendas. (Leer más en: Rearmados de toda clase amedrantan a los indígenas de Suárez)

Al año siguiente, como no podía ser diferente, la situación empeoró y las disidencias de las Farc “lograron un mayor nivel de organización, estableciéndose como el principal actor armado ilegal en el municipio a finales de ese año y principio de 2019, operando ahora como Columna Móvil Jaime Martínez, anunciando su llegada y permanencia en la zona mediante un panfleto que circuló en el mes de enero de 2019”. De ese modo, dos disidencias ejercen control territorial en la región: la Jaime Martínez, hacia la región del Naya, y la Columna Móvil Dagoberto Ramos, hacia la cordillera Central.

Sobre la Columna Móvil Jaime Martínez, a la que se le atribuye la masacre del pasado domingo, la Alerta Temprana señala que una evidente muestra del poder militar y organizativo “ha sido la posibilidad, por una parte, de replegar a grupos como el EPL y el ELN hacia sectores como Timba, Buenos aires, y Jamundí; y de otra, confrontar militarmente al Ejecito Nacional que hace presencia en el municipio mediante el Batallón Pichincha y el Batallón de operaciones terrestres N°109 ubicado en Timba”.

Y agrega: “Ello es una clara muestra no sólo de las afectaciones sino de la reactivación de las acciones bélicas: constantes hostigamientos y enfrentamientos, como los que se presentaron en noviembre y diciembre de 2018 dejando como resultado 104 familias desplazadas masivamente de la vereda Naranjal y desplazamientos intraveredales en el sector, así como la afectación a 47 familias en la vereda La Estrella por el fuego cruzado”.

Durante este año, la Defensoría del Pueblo corroboró la hegemonía de esa disidencia y alertó sobre una fuerte estrategia expansiva, articulando a otras estructuras armadas de manera voluntaria y/o violenta y a miembros de otros grupos armados ilegales: “Esta intensión expansionista impacta de manera negativa a niños, niñas y adolescentes, que cada vez más están siendo vinculados mediante el uso, utilización y reclutamiento forzoso por parte de estas estructuras al margen de la ley”.

La Alerta Temprana también se refiere a los grupos armados que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Si bien señala que hasta el momento no se ha comprobado que las llamadas ‘Águilas Negras’ y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) tengan presencia física en la región, reseña con preocupación varias amenazas escritas que han circulado con sus nombres.

Asimismo, llama la atención sobre la presencia de personas ajenas al territorio que transitan en horas de la noche usando prendas oscuras y portando armas, en algunos sectores de Mindalá y la Meseta y otros consejos comunitarios: “Son de preocupación para la población civil, que si bien no se han identificado como parte de una estructura armada, genera zozobra y afecta la vida social y comunitaria”.

Además de esos riesgos descritos, también precisa uno para los excombatientes de las Farc que dejaron las armas y se encuentran en vía de regresar a la legalidad, que actualmente habitan, transitan y/o trabajan en Suárez, por su cercanía al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La Elvira, ubicado en el vecino municipio de Buenos Aires.

Afectaciones

Líderes sociales han recibido amenazas a nombre de todos los grupos armados que se atribuyen presencia en el norte de Cauca.

En medio de ese panorama y con dos informes de Alerta Temprana emitidos a comienzos del año pasado, en Suárez han ocurrido graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, asociadas más a tiempos de guerra que de transición.

Hasta el pasado 2 de julio de 2019, la Defensoría del Pueblo registró un total de 40 panfletos amenazantes. La mayoría de ellos (19) fueron atribuidos a disidencias de las Farc; 14 a las ‘Águilas Negras’; uno a las Agc; y el resto no se pudieron identificar. “El contenido de los panfletos refleja la intencionada de acallar las exigencias colectivas que representan líderes y lideresas de organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como líderes que apoyaron el Acuerdo de paz, que hoy exigen la implementación del mismo, y que participan de procesos como el PNIS (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos)”, advierte la Alerta Temprana.

La Policía Nacional registró once homicidios entre el 1 de enero y el 10 de agosto de año pasado, pero esa cifra aumentó en dos casos durante el mismo periodo del año en curso. La mayor parte de los asesinatos se concentra en la zona rural del municipio y su causa “está relacionada con el control territorial que viene ejerciendo la Columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC-EP, quienes han anunciado ‘limpiezas sociales’, y vienen asesinando, además, a quienes no sean del territorio y no tengan una ‘justificación’ válida según lo determine el grupo para permanecer en la zona que está bajo su dominio”.

El reclutamiento forzado es otra macabra práctica que retornó. Aunque la Defensoría del Pueblo aclara que existe un subregistro, por la falta de denuncia y el temor de la población civil de acudir a las entidades competentes por la presión de los grupos armados ilegales, se registra que aumentaron los casos.

“La vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA) mediante el uso, utilización y reclutamiento forzado puede estar estrechamente relacionado con tres fenómenos. Por una parte, el incremento de los cultivos de uso ilícito motiva que los NNA sean vinculados como raspachines. Asimismo, el incremento de la criminalidad también hace uso de esta población vulnerable para cometer actos delictivos. Y tercero la consolidación, pero sobre todo la expansión de la Columna Jaime Martínez y en general de la disidencia de las FARC-EP, hace que requieren aumentar el pie de fuerza”, plantea.

Sobre acciones bélicas en las que resultó afectada población civil, dejando desplazados y afectaciones de viviendas, reseña nueve enfrentamientos ocurridos entre el 7 de agosto de 2018 y el 13 de agosto de este año. Uno de ellos es el ocurrido el 30 de noviembre de 2018, cuando 104 familias se desplazaron por combates entre la Columna Móvil Jaime Martínez y personal del Ejercito del Batallón Pichincha.

En cuanto a la situación de las entidades de proveer seguridad y orden, la agencia del Ministerio Público hizo un desalentador diagnóstico: “Respecto a la presencia de la Policía y las fuerzas militares deben indicarse que en la zona rural y en apoyo a la Policía hace presencia el Batallón Pichincha, y el batallón de operaciones terrestres 109 ubicado en Timba. En el casco urbano se cuenta con presencia de Policía, pero debe anotarse que el personal de Policía es insuficiente para las necesidades del municipio, y no se cuenta con los recursos para la movilidad y telecomunicación. Tampoco se tienen en funcionamiento las cámaras de seguridad en el casco urbano que apoyarían con la labor de esta institución para velar por la seguridad y mantener el orden público en la zona urbana. En este mismo sentido, no se cuenta con un fiscal radicado en el municipio, pese al volumen de denuncias que diariamente se generan, obligando a los ciudadanos a movilizarse a Buenos Aires o Santander de Quilichao, lo que los puede poner en mayor riesgo”.

Por todas esas razones, la Defensoría del Pueblo reafirmó que los habitantes de Suárez se encuentran en alto riesgo y le pidió a la Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Temprana (CIPRAT) que tomara cartas en el asunto, realizando más de 20 recomendaciones a diferentes entidades del orden local al nacional, para evitar nuevas desgracias.

Lamentablemente, la respuesta a este diagnóstico no fue efectiva y la democracia sufrió un duro golpe de los violentos, que en esta ocasión masacraron a la candidata Karina García. Como lamentó su padre, “no le pusieron cuidado a las denuncias que venía haciendo», tampoco a las alertas tempranas.