Por lo menos 33 personas fueron detenidas durante el viernes pasado por las autoridades en una acción coordinada en varios municipios. Se les sindica de hacer parte de la guerrilla del Eln. Diversas organizaciones sociales reaccionaron en contra del procedimiento. Naciones Unidas observa las audiencias ante los estrados judiciales.
La noticia corrió como pólvora la mañana del viernes en el puerto nariñense de Tumaco: las autoridades judiciales estaban adelantando sendos operativos de captura contra un puñado de exfuncionarios, líderes sociales y activistas por la paz en varios municipios de Nariño y en la ciudad de Cali. La preocupación por la situación de los detenidos y el temor de que las acciones judiciales implicaran a más personas ocasionó diversas reacciones de protesta y de inconformidad.
Uno de los primeros nombres de capturados en conocerse fue el de Harold Montufar, destacado líder regional, exalcalde del municipio de Samaniego en el periodo 2004-2007 y promotor de acciones de paz. Junto a él, fueron detenidos otros tres exmandatarios locales y varios exfuncionarios más de esa población.
Con el paso de las horas se revelaban más detalles sobre quiénes estaban siendo detenidos. En las redadas realizadas en Cali también fueron capturadas Sara Quiñones, directiva del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, de Tumaco, y su madre, Tulia Marys Valencia, quienes por razones de seguridad y ante las graves amenazas de muerte que se cernían sobre los miembros de la Junta de Gobierno del consejo, se vieron obligadas a abandonar su territorio para refugiarse en la ciudad de Cali desde diciembre del año pasado.
Poco a poco las autoridades fueron dándole cumplimiento a las 33 órdenes de captura expedidas por la Fiscalía General de la Nación, a quienes se les responsabilizó de hacer parte de las milicias de una de las estructuras de la guerrilla del Eln que opera en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Así lo confirmó anoche a este portal Claudia Carrasquilla, Fiscal Nacional contra el Crimen Organizado.
“Es una investigación que se venía adelantando en la Dirección de Crimen Organizado contra el Frente de Guerra Suroccidental del Eln, en la que se pudo evidenciar que hay algunos exfuncionarios públicos y algunos líderes que posiblemente estaban al servicio del Eln, sobre todo en el manejo de las redes de apoyo y de las finanzas”, detalló Carrasquilla.
De acuerdo con la fiscal, la investigación se venía adelantando desde 2015 y en octubre del año pasado se priorizó, dada la importancia que tenía para el ente acusador, y explicó que durante estos dos últimos años se acopiaron distintas pruebas, las últimas de las cuales fueron unas interceptaciones de comunicaciones que desataron la operación masiva de capturas.
“Sabíamos que era un proceso complejo, que iba a generar lo que está generando, el inconformismo de la mayoría de los colectivos de derechos humanos, precisamente porque la mayoría de las órdenes iban sobre ese tipo de personas, pero queríamos irnos muy fuertes, con elementos muy contundentes, para poder judicializarlos”, detalló Carrasquilla
A los capturados se les sindica de los delitos de rebelión, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
“Persecución judicial”
Distintos colectivos sociales, defensores de derechos humanos, que reaccionaron airadas ante la noticia de las detenciones masivas, controvirtieron a Carrasquilla y consideraron que este proceso tiene fuertes tintes políticos que busca afectar expresiones alternativas justamente en el proceso electoral que se vive en el país y distraer la atención sobre el drama que vive la región fronteriza con Ecuador ocasionado por las disidencias de las Farc, entre ellas aquella liderada por Walter Patricio Artízala Vernaza, conocido como ‘Guacho’. (Leer más en: Frente Óliver Sinisterra: el blanco de las autoridades colombo-ecuatorianas)
Así lo dejó claro el Congreso de los Pueblos, capítulo Nariño, a través de una denuncia pública que divulgó masivamente: “La respuesta del gobierno es la de continuar con la criminalización del movimiento social, desviando la atención de la sociedad y estableciendo nuevos falsos positivos judiciales en su afán de dar resultados ante las recientes críticas establecidas por sectores de derecha que tienen como propósito utilizar el miedo y la guerra fratricida como herramienta de campaña”.
En esa misma línea se expresaron mediante un comunicado conjunto la Asociación para la Investigación y la Acción Social, la Universidad Intercultural de los Pueblos, El Proceso de Comunidades Negras, el Movice, capítulo Valle del Cauca, Sintraunicol y el Congreso de los Pueblos. “Los sucesos ocurren bajo preocupantes circunstancias que vulneran el debido proceso y claro está el derecho a la libertad expuesto en el artículo 28 de la Constitución Política”, aseveraron las organizaciones en su denuncia pública.
Aludiendo a las capturas de Sara Quiñones y su madre Tulia Marys Valencia, el Proceso de Comunidades Negras alertó sobre la situación de ambas mujeres, reconocidas por su trabajo a favor de las comunidades que hacen parte del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, una organización afectada en los últimos años por la confrontación armada y la acción del Estado contra los cultivos de hoja de coca para uso ilícito en su territorio. (Leer más en: Capturas masivas, una herida abierta en Arauca y ¿Qué hay detrás de la captura de defensores de derechos humanos del Sur de Bolívar?)
“Ante esta preocupante situación de incriminación, persecución, estigmatización y violación de los derechos fundamentales a la vida, libertad y la justicia, alertamos a las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, dinámicas de mujeres y organizaciones hermanas a adelantar acciones de incidencia en el marco de las garantías de los derechos a la integridad, el buen nombre, la protección, la dignidad y la legitima defensa de las lideresas”, se consiga en el documento difundido el pasado viernes.
El consejo comunitario del Alto Mira y Frontera también se pronunció al respecto: “Advertimos que, a lo largo de la historia de nuestro proceso organizativo, se han configurado todo tipo de hechos victimizantes y los líderes han sido objeto de amenazas sistemáticas, intimidaciones y asesinatos sin que hasta el momento se nos brinde las garantías necesarias para ejercer gobierno propio. Hoy más que nunca exigimos que la labor de liderazgo no sea estigmatizada y criminalizada, dado que nuestras únicas banderas son la defensa de la vida y del territorio”.
Fuentes consultadas en Pasto y en Tumaco, que hablaron bajo la condición de no ser identificadas por el temor que les genera esta acción judicial, se preguntaron por qué esas capturas se dan justo cuando el país vive en un proceso electoral intenso en el que uno de los candidatos, que representa sectores alternativos y de izquierda, es uno de los protagonistas de esta contienda.
“Por qué ahora? ¿Por qué ahora?”, repitió una líder social que ha trajinado durante décadas en la defensa de los derechos humanos en Nariño. Y llamó la atención sobre un detalle que, para ella, puede ser significativo en este expediente y en otros que podrían abrirse, y es que algunos de los capturados asistieron tanto a la sede de los diálogos con el Eln en Quito, Ecuador, como a Tocancipá, Cundinamarca, donde se reunieron decenas de representes de organizaciones sociales para establecer cómo sería la participación de las comunidades organizadas en esas negociaciones, para darle cumplimiento al primer punto de la agenda pactada con el gobierno nacional, titulado Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz. (Leer más en: Sociedad civil construye modelo de participación en la mesa con el Eln)
Ante esos cuestionamientos, la fiscal Carrasquilla negó cualquier asomo de politización de este proceso: “Eso nada tiene que ver porque nosotros somos un ente aislado totalmente de cualquier juicio político, no es una estrategia para afectar a nadie, simplemente es la priorización de casos que tenemos desde octubre pasado”.
Estas capturas ocurrieron una semana después de que la Procuraduría General de la Nación emitiera un informe sobre los riesgos y vulneraciones de los defensores de derechos territoriales. (Leer más en: “Violencia contra defensores de derechos territoriales es sistemática y generalizada”: Procuraduría)
Temor en el Alto Mira
“Sara comenzó desde muy joven a trabajar por su comunidad en el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera”, relató para este portal un activista tumaqueño que conoce de cerca de su trayectoria “Ella es de las pocas mujeres que acabó su bachillerato, se hizo técnica y se dedicó a trabajar por la gente, especialmente por las mujeres y los jóvenes haciendo parte del Proceso de Comunidades Negras”.
Poco a poco su liderazgo la llevó a destacarse y ocupó varios cargos en el consejo comunitario hasta hacer parte de la Junta de Gobierno en sus más altas posiciones. “Ella ha padecido con rigor la violencia armada en su territorio generada por todos los actores”, resaltó el activista, lo que incluso le generó riesgos a su vida, los mismos que no pudieron evitar compañeros suyos como Gilmer Genaro García, asesinado el 3 de agosto de 2015, y José Jair Cortés, acribillado el 17 de octubre de 2017, destacados líderes del consejo comunitario Alto Mira y Frontera.
En uno de sus boletines, la organización Proceso de Comunidades Negras describió las vicisitudes que ha vivido Sara Quiñones y su familia como resultado de su liderazgo: “En 2015 fueron víctimas de desplazamiento forzado, tras amenazas contra la vida e integridad física y moral por la labor que asumió como parte del gobierno propio en pro de la defensa y protección de los derechos étnicos colectivos de su comunidad”.
Después de varios meses por fuera del consejo, decidió regresar, pero la inseguridad que se vivía en el territorio fronterizo con Ecuador y el trasegar de grupos armados, legales e ilegales, ocasionó “un nuevo desplazamiento en octubre de 2017, cuando la junta del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera fue amenazada”.
El escenario de aquellas amenazas no podía ser peor, se dieron luego de la masacre de siete campesinos en la vereda El Tandil, al parecer por parte de unidades de la Policía que pretendían erradicar los sembradíos de hoja de coca para uso ilícito. Los líderes del consejo comunitario adoptaron la decisión de promover la sustitución voluntaria, impulsada por el gobierno nacional, determinación que los puso en extremo riesgo. (Leer más en: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)
De acuerdo con lo que trascendió anoche, durante la audiencia de legalización de captura, la Fiscalía acusó a Sara Quiñones de ser integrante del Eln desde 2013 y según las pruebas estaba “encargada de labores financieras dirigidas a actividades subversivas y narcotráfico”; a su madre, la señalaron de ser presunta “guerrillera miliciana” de ese grupo guerrillero también desde el 2013 y se dijo que “que ha usado su trabajo social para hacer inteligencia y labores de reclutamiento”.
Al momento de su captura, Quiñones se encontraba en Cali, en donde se radicó en calidad de desplazada, para escapar de aquellos que la querían matar. Lo paradójico de su situación de riesgo inminente es que el pasado 11 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares a ella y a los otros integrantes de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (CCAMF).
“La Comisión notó que a pesar de las medidas de protección informadas por el Estado, continuarían presentándose diversos eventos de riesgo en contra de los miembros de la Junta que incluyen el presuntamente haber sido declarados como ‘objetivo militar’ por grupos ilegales, otorgándoles un valor por ‘cabeza’”, describió la CIDH.
En consecuencia, este organismo internacional le solicitó al Estado colombiano “que adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de los miembros de la Junta de Gobierno del CCAMF identificados; adopte las medidas de protección culturalmente adecuadas para que los miembros de la Junta de Gobierno del CCAMF puedan desarrollar sus labores, en el marco de las propias formas de autogobierno del CCAMF, sin ser objeto de violencia, amenazas y hostigamientos”.
La detención generó miedo en el consejo comunitario, quienes temen que las acciones judiciales se extiendan a sus otros compañeros de la Junta de Gobierno; lo complejo, para ellos, es que en este momento se encuentran en calidad de desplazados y de refugiados en Tumaco, porque sobre ellos pesan graves amenazas de muerte, tal como lo describió la CIDH.
Inquietud en Samaniego
Otro de los destacados líderes sociales capturados fue Harold Montufar, exalcalde de Samaniego, quien gobernó entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007. Durante su administración adelantó programas de presupuesto participativo entre las comunidades rurales y urbanas, una iniciativa novedosa en Nariño para esos años, que le permitía a la gente decidir en que se invertiría una porción del presupuesto local.
Adicionalmente, lideró en aquellos años, junto con representantes de organizaciones campesinas e indígenas, un Pacto Local de Paz, que logró significativas reducciones de la violencia en su municipio y en la región, y cuya idea de retomarla la promovió ante la mesa de negociaciones con el Eln en Quito. (Leer más en: En Nariño quieren reactivar Pacto Local de Paz)
Las gestiones de Montufar habían logrado que en Samaniego se priorizaran acciones de desminado humanitario como fruto de los mínimos acuerdos que se lograron con el Eln. Amplias áreas rurales, incluso muy cerca del casco urbano, tienen riesgo de presencia de minas antipersonal, sembradas por esta guerrilla desde hace más de una década. (Leer más en: “La gente aprendió a vivir con las minas”)
En agosto del año pasado, VerdadAbierta.com dialogó extensamente con Montufar y en esa ocasión destacó la decisión de que en su pueblo comenzaran labores de desminado humanitario, idea que, según él, se venía impulsando desde 2004: “Por tal razón el impacto de haber escogido estos territorios es muy positivo para las comunidades que hace muchos años han resistido al conflicto armado y que ahora se han reactivado en el pacto local de paz”. (Leer más en: “Ojalá esta oportunidad no sea un fracaso más para la paz”: Harold Montufar)
Activistas que conocen la trayectoria social y política de Montufar le contaron a este portal que desde por lo menos el año 2000, las autoridades han tratado de involucrarlo con la guerrilla del Eln, entre otras razones porque ha ejercido su liderazgo en un municipio y una región donde este grupo insurgente ha tenido una presencia histórica.
Junto a Montufar fueron capturados los hermanos Pedro y Ricardo Dorado, así como Yamile Montenegro, todos ellos exalcaldes de Samaniego, así como Porfirio Madroñero, exconcejal, y Óscar Betancourt, expersonero.
También fueron detenidos, entre otros, Alexander Garzón Rosero, expersonero del municipio de Ricaurte; y Alejandra Dizú, vicegobernadora del Cabildo Pueblo Nuevo y representante ante el tribunal de justicia de las autoridades indígenas del Valle de Cauca. Asimismo, entre los procesados hay exguerrilleros de las Farc que habían desertado de las filas guerrilleras antes de 2014 y habían recibido indultos por colaborar con la justicia y son acusados de integrar el Eln; otros son exmiembros de este grupo subversivo y varios más son familiares de exmilitantes.
Presentación ante jueces
#AEstaHora @ONUHumanRights sigue obervando las audiencias que desde esta tarde se están realizando en Cali en contra de 30 personas. Promovemos el debido proceso y la presunción de inocencia pic.twitter.com/NnbwLstuTO
— ONU Derechos Humanos (@ONUHumanRights) 22 de abril de 2018
Durante el sábado, las autoridades presentaron ante jueces de Cali a los capturados con el fin de legalizar las capturas y solicitar las medidas de aseguramiento. Si bien hasta el momento no han trascendido los nombres de la totalidad de los capturados, este portal estableció que los 33 detenidos fueron divididos en tres grupos para agilizar el proceso judicial.
Ante la masiva captura, y dada la representatividad social que tienen algunos de los detenidos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas anunció a través de su cuenta en Twitter que estaría observando las audiencias de legalización de capturas: “Promovemos el debido proceso y la presunción de inocencia”.
La primera sesión de audiencias concluyó al anochecer de ayer y de acuerdo con organizaciones sociales que están haciendo seguimiento, continuarán hoy a partir de las 10 de la mañana.
Quienes estuvieron presentes en esta cita judicial expresaron su preocupación por el maltrato que están recibiendo Sara Quiñones y su madre: “Ellas son fuertes, pero se las quiere quebrar con las condiciones. Mientras a algunas mujeres la ubicaron en una estación del sur, más nueva y con mejores condiciones, ellas terminaron en una estación del centro de Cali, la más asquerosa de todas”.
La defensa de su inocencia ante las graves acusaciones ha movido la solidaridad de numerosos colectivos sociales y de defensa de derechos humanos para apoyar a los sindicados y llamar la atención nacional e internacionalmente de una situación de injusticia que califican de “falso positivo judicial”.
En uno de los mensajes que circularon al amanecer de hoy por redes sociales, un activista expresó su profundo dolor por lo que viven sus amigos y amigas: “Esta situación le da es impotencia a uno, en el territorio te matan a los seres queridos, atentan contra tu vida, te desplazan forzosamente y el gobierno de mierda en vez de brindar las garantías lo que hace es judicializar a las víctimas. Eso no tiene nombre”.
