El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la Fiscalía General de la Nación la identificación y embargo a los bienes de los excongresistas condenados por la Corte Suprema de Justicia por la parapolítica.
La orden fue impartida tras la sentencia proferida el pasado dos de diciembre contra ‘el Iguano’ (ver nota ‘El Iguano’ condenado por masacres y asesinatos políticos), y deberá ejecutarse ante el magistrado de control de garantías para posibilitar su ingreso al Fondo Nacional de Reparación de las Víctimas.
Los congresistas a los que se les debe embargar sus bienes son Mauricio Pimiento Barrera, Luís Eduardo Vives Lacouture, Jorge Eliécer Anaya Hernández, Ricardo Eriel Elcure Chacón, Salvador Arana Sus, Gonzalo García Angarita, Dixon Ferney Tapasco Treviño, Álvaro Alfonso García Romero, Álvaro Araujo Castro, Hernando Molina Araujo, Eric Julio Morris Tabeada, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes Álvarez, Karelly Patricia Lara Vence, Vicente Blel Saad y Jorge de Jesús Castro Pacheco, entre otros, quienes fueron condenados por el delito de concierto para delinquir por conformación de grupos armados paramilitares.
La providencia justifica esta medida porque los políticos del orden nacional, regional y local ya han sido condenados por la Corte Suprema por sus alianzas con el paramilitarismo y que aún hay muchos más son investigados por nexos con los paramilitares.
“Las alianzas con políticos enlos lugares donde hicieron presencia fueron notorias. Congresistas, Gobernadores, Alcaldes, Diputados, entre otros, resultaron beneficiados con el actuar de las Autodefensas, pues les suministraban los dineros para sus campañas, presionaban a la población para que votaran por sus candidatos o amañaban los resultados”, dice la sentencia.
El Alto Tribunal aclaró con relación a estas personas condenadas por concierto para delinquir agravado, que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó compulsar copias para que también se les investigue por su posible responsabilidad penal en aquellos delitos que hayan cometido los grupos armados a los que apoyaron, incluidos los delitos de lesa humanidad.
Con información de la CNRR
