El nombramiento deja abiertas varias dudas. La principal: ¿cuál será la gestión de la entidad en el trámite de las solicitudes de víctimas que involucre decisiones en las que estén implicadas empresas palmicultoras, dado que trabajó en Fedepalma?
La Unidad de Restitución de Tierras (URT), que atiende a los reclamantes que tuvieron que abandonar o les fueron despojadas sus tierras durante el conflicto armado, tiene nuevo director. Se trata de Andrés Augusto Castro Forero, quien reemplazará a Ricardo Sabogal Urrego y tendrá la misión de continuar con la implementación de la política de restitución hasta el año 2021, año en el cual concluye la vigencia de la Ley 1448 de 2011, que le dio vida a esta entidad.
El nombramiento hecho por la Presidencia de la República, conocido ayer, activó varias inquietudes y generó varios interrogantes sobre las garantías que tendrán las víctimas de despojo y abandono de predios en casos que comprometan a empresas del sector de la palma de aceite. La razón: Castro Forero trabajó nueve años en Fedepalma, el principal gremio de los palmicultores.
El proceso de nombramiento de un servidor público de libre nombramiento y remoción implica exponer su hoja de vida en la web para que la ciudadanía tenga la oportunidad de hacer sus observaciones y verifique si los candidatos no tienen ningún impedimento, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 4567 del 1 de diciembre de 2011. (Consultar aquí: https://aspirantes.presidencia.gov.co/)
Este portal se dio a la tarea de revisar la hoja de vida de Castro Forero y estableció que en el “detalle de experiencia” no reseña su trabajo en Fedepalma (ver imagen), aunque en el archivo anexo detalla que se desempeñó en esta organización gremial entre septiembre de 2004 y diciembre de 2013. (Ver documento)
En varias publicaciones web de Fedepalma, Castro Forero aparece en los cargos de Secretario General y Director encargado de Planeación y Desarrollo Sectorial. Su experiencia sería un aspecto más de la vida laboral, de no ser porque en su nuevo cargo tendrá que dirigir las Direcciones Territoriales de la URT que tramitan las reclamaciones de restitución de las víctimas y que tienen como opositores a varias empresas palmicultoras.
En respuesta a este medio, Castro Forero explicó que aún no se ha posesionado en el cargo, algo que podría ocurrir la próxima semana una vez publiquen su hoja de vida así como el decreto con el nombramiento. “Están circulando notas que dicen que yo trabajo con los palmeros, cuando eso no es así; yo me retiré hace cinco años de allá. No tengo contratos con Fedepalma”, afirmó este abogado de la Universidad de El Rosario, con especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas, de la Universidad de Los Andes.
La sombra de los palmeros
Tras analizar los contenidos de las 3.500 sentencias, la organización no gubernamental Forjando Futuros, que representa a víctimas de despojo y le hace un detallado seguimiento a la aplicación de la Ley 1448 de 2011, difundió un informe en abril de este año en el que revela que, según los fallos de jueces especializados, 25 empresas no pudieron probar “la buena fe exenta de culpa”, de ellas cuatro son compañías dedicadas a la palma de aceite: Agropecuaria Palmas de Bajirá y Palmagan S.A.S., del municipio de Mutatá, en Antioquia; Sociedad Las Palmas, en Sabana de Torres, Santander; y la Sociedad Palmas Montecarmelo S.A., en Agustín Codazzi, Cesar. (Ver informe)
Si bien estos procesos ya surtieron la etapa de juicio, ahora que Forero Castro asumirá la dirección de la URT tendrá bajo su cargo la gestión de las Direcciones Territoriales, donde reposan solicitudes de restitución de predios que involucran a otras compañías del sector palmicultor y cuyos procesos se encuentra en etapa administrativa, es decir, en la fase anterior a la presentación del caso ante los jueces especializados y en la que se documenta no sólo la ocurrencia del despojo o el abandono, sino el contexto de conflicto armado en el que se dio.
Uno de los casos que se encuentra en esa etapa administrativa se centra en el municipio de Becerril, departamento de Cesar. VerdadAbierta.com documentó la reclamación de campesinos de la antigua hacienda Santa Fe, donde directivos de Carbones de Caribe, en la actualidad Sator, del Grupo Argos, ordenaron la compra de los predios, al parecer de manera irregular, y tras ceder las tierras a Carbones Sororia en 2005, se desarrolló allí un cultivo de palma de aceite. (Leer más en: Las empresas ‘tiznadas’ por las tierras de Santa Fe).
Otro caso ocurre en la antigua hacienda El Cucal, en el municipio María La Baja, en Bolívar. Allí, 24 de las 62 familias reclamantes de estas tierras cuentan que en medio de la violencia paramilitar vendieron sus fincas a “comisionistas”, que han hecho parte del grupo empresarial Oleoflores, de Carlos Roberto Murgas Guerrero, conocido como el “zar de la palma”.
Este portal documentó las compras de predios realizadas por Fabián Cantillo González, quien fue coordinador Operativo de la Hacienda Las Flores (2002-2013), y Abel Rafael Mercado Jaraba, actual miembro de las juntas directivas de la Promotora Hacienda Las Flores y Oleflores. (Leer más en: La restitución de tierras que no llega a El Cucal)
Muy cerca a El Cucal se asienta otra comunidad reclamante a la que la URT le negó la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), es decir, no le admitió la solicitud de restitución. Se trata de 41 familias de la Asociación de Campesinas y Campesinos Afrocolombianos (Asocaafro), que solicitaron la restitución de 600 hectáreas en una antigua finca llamada La Candelaria y que, según relatan, es explotada por el Grupo Oleoflores con palma de aceite.
El de la Hacienda Bellacruz, en el municipio de La Gloria, sur de Cesar, es otro de los casos agrarios emblemáticos en los que se mezclan tierra, palma de aceite y conflicto armado. En agosto pasado, la Fiscalía declaró los hechos ocurridos allí como “crímenes de lesa humanidad”, lo que significa que los delitos cometidos no prescriben en el tiempo. (Leer más en: Campesinos de La Bellacruz, esperanzados en la justicia)
Se trata de un proceso de reclamación en el que actúan como solicitantes de restitución la Asociación Colombiana Horizonte de Desplazados (Asocol) y la Asociación Campesina de Desplazados al Retorno (Asocadar), y a ellos se opone la empresa Dolce Vista, cuyo inversionista es el empresario Germán Efromovich, socio mayoritario de la aerolínea Avianca y de Sinergy Group, quien le compró las tierras a la familia Marulanda en 2008.
Aunque los campesinos reclamaron en la justicia ordinaria y la Corte Constitucional les dio la razón, la URT tardó varios años en iniciar el estudio del caso. En una de sus actuaciones denunció que detrás de las solicitudes de restitución había “falsos reclamantes”. Hasta el momento el proceso no ha sido resuelto. (Leer más en: Otro capítulo del caso Bellacruz, ¿qué hay detrás?)
La relación de palmeros y conflicto armado quedó establecida en una sentencia proferida por el Juzgado Especializado de Medellín, que concluyó que varios empresarios conformaron una asociación con fines delictivos para adquirir tierras en Chocó destinadas a un ambicioso proyecto palmicultor, que estuvo respaldado por estructuras armadas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). (Leer más en: “Palmicultores se asociaron para delinquir”: Juez)
Etapa de cierre
A la Ley 1448 de 2011 le quedan poco menos de cuatro años de vigencia, dado que fue concebida como un mecanismo de justicia transicional para atender uno de los fenómenos más complejos que dejó la confrontación armada en el país: el despojo y abandono de predios en razón del conflicto armado.
No obstante, desde que comenzó este año, las directivas de la URT han sido enfáticas en señalar que el proceso de restitución está resuelto en mayor medida. Y para sustentar su afirmación expone que, durante los siete años de vigencia de la Ley 1448 de 2011, se ha logrado la restitución de 302.792 hectáreas a 10.629 familias a través de 7.719 sentencias; adicionalmente, se lograron atender 114 mil solicitudes, de las cuales se tienen avances en 86.536 solicitudes.
Si bien esa tarea de gran envergadura se desarrolló en medio de la guerra, aún quedan tareas pendientes de restitución en regiones donde persisten fuertes alteraciones de orden público, como diversas zonas de Nariño, Norte de Santander, Antioquia y Córdoba. (Leer más en: Confrontación armada afecta restitución de tierras en el Bajo Cauca antioqueño)
El nuevo director de la URT llega entonces en una etapa de cierre de este proceso, reforzado con la expedición del Decreto 1167, fechado el 11 de julio de este año, y firmado por los ministros salientes de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga. En esta norma se establece que las personas interesadas en presentar sus solicitudes de restitución y sean inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente sólo tienen hasta el 11 de octubre para hacerlo. (Descargar decreto)
Para las comunidades afectadas por despojos y abandonos forzados, que aún no han resuelto su caso, estas decisiones las afectan, pues muchas de ellas, por dificultades diversas, entre ellas, las alteraciones de orden público y los riesgos que corren al reclamar tierras que están siendo ocupadas por grandes empresas, no se han acercado aún a la URT para presentar su reclamación.
Otra de las críticas se centra en las decisiones que ha tomado la entidad para agilizar los procesos, entre ellos dilatarlos sin explicaciones concretas, negar el registro de los reclamantes sin sustentos claros o declarar el “desistimiento tácito o expreso”, sin que medien aclaraciones sobre por qué se acudió a esa medida.
Este tipo de actuaciones fueron cuestionadas recientemente por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) a través de un estudio en el que documentó cómo la URT no admitió más del 60 por ciento de las reclamaciones de restitución desde 2012 a la fecha y cuyas cifras fueron mostradas como logros de una aparente eficiencia administrativa, pero la realidad muestra otras circunstancias.
De acuerdo con la CCJ, la URT no explica las razones jurídicas o de fondo por la que negó esas admisiones. En diversas regiones del país, varias fuentes que pidieron no ser reveladas, le contaron a este portal cómo algunos casos que involucraban a palmicultores fueron negados en el registro bajo el argumento que en su momento la zona no estaba microfocalizada o que era “una orden del nivel central”. (Leer más en: El ‘tierrero’ que debe enfrentar el presidente Duque en proceso de restitución)
El nombramiento de Andrés Augusto Castro Forero también ocurre en un contexto político en el que sectores críticos del proceso de restitución pretenden reformar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para lo que queda de su vigencia. En el Congreso ya hace tránsito un proyecto de ley en ese sentido, radicado por la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, que introduce por lo menos 33 modificaciones al articulado de la norma, una pretensión que ha sido catalogada como una derogación, favoreciendo a sectores empresariales del país. (Leer más en: Proyecto de modificación de Ley de Tierras ataca la “médula” de la restitución).
La sombra que le da la palma a Castro Forero ha sido reseñada en el informe Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, presentado en febrero de 2015 por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, en desarrollo de las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc. En algunos apartes se advirtió que los departamentos con mayor concentración de la propiedad a su vez registraron las mayores cifras de desplazamiento forzado y de expansión de algunos cultivos agroindustriales, principalmente palma de aceite y gran minería. (Lea el informe aquí)
Con base en datos del Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el documento señala tal coincidencia en Antioquia, Valle del Cauca y en territorios comunitarios de afrodescendientes en el Atrato y en la costa del Pacífico: “Igualmente se registra una estrecha relación con las áreas de mayores potenciales para el desarrollo de grandes proyectos agrícolas y mineros: sur de La Guajira, Cesar, Urabá, Córdoba, Catatumbo (Norte de Santander), Sur de Bolívar, Buenaventura (Valle), Tumaco (Nariño), Putumayo, Caquetá, Guaviare, piedemonte del Meta, Arauca”.
De otro lado, Tierra en Disputa, una herramienta de consulta sobre la relación entre el conflicto por la propiedad de la tierra y la violencia, construida por VerdadAbierta.com y Rutas del Conflicto, documenta por lo menos 11 casos de predios que involucran a la agroindustria de la palma de aceite. Estos procesos suman unas 200 mil hectáreas, correspondientes a Macondo, El Cucal, Bellacruz, Santa Fe, Jiguamiandó, Curvaradó; La Larga Tumaradó, Eladio Ariza, La Conquista, el Resguardo Iroka y Las Pavas.
Si bien Castro Forero fue reiterativo en la conversación con este portal sobre la distancia que ha tomado de Fedepalma, queda en evidencia que en varios casos que documenta la URT la sombra de la palma de aceite lo cubrirá, circunstancia que reclamantes afectados por empresas de este sector productivo y analistas del proceso de restitución de tierras tendrán bajo observación.
