En Becerril, Cesar, 21 familias campesinas esperan la restitución de sus predios, despojados, según ellas, por paramilitares y convertidos, unos en sembradíos de palma de aceite y otros en botaderos de residuos de carbón. El caso involucra a la antigua firma Carbones del Caribe, a Carbones La Jagua y a Carbones Sororia.

Entre 2000 y 2003, Carbones del Caribe cultivó 18 mil plantas de palma de aceite en 13 predios de la parcelación Santa Fe, en Becerril. En los años 90, allí había un cultivo de arroz. Foto: VerdadAbierta.com

Para llegar a la parcelación Santa Fe hay que recorrer dos horas en carro desde Valledupar y otros quince minutos desde la cabecera municipal de Becerril. El antiguo camino fue reemplazado por una carretera impecablemente pavimentada, que comienza justo entre dos parcelas que antes pertenecían a campesinos y ahora están demarcadas como propiedad de Carbones de La Jagua. Esa vía ‘relata’ lo que ocurrió con las tierras: tres fincas son ahora ‘montañas’ formadas con residuos de carbón y otras 14, las que bordean el río Tucuy, son un sembradío de palma de aceite.

La Santa Fe es una parcelación de 896 hectáreas que el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) le tituló a 30 familias en 1991 y que colinda con la mina La Jagua, la tercera más grande de explotación de carbón a cielo abierto del país.

Pero lo que parecía un gran beneficio social y económico, se convirtió muy pronto para los campesinos en un motivo de intranquilidad, impidiendo el disfrute pleno de sus predios: algunos fueron desplazados ese mismo año por ser miembros de la Unión Patriótica (UP), movimiento político que surgió de las negociaciones con la guerrilla de las Farc a mediados de los años ochenta; otros salieron amenazados, paradójicamente, por ese grupo subversivo; y entre 1997 y 2002 paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) expulsaron a los que aún quedaban. El detonante, en esta ocasión, fue el asesinato del profesor Weimar Navarro en 2002. (Ver línea de tiempo).

Directivos de Carbones del Caribe, una empresa poderosa de la región, cuyos accionistas para el época eran Concretos Argos y Juan Manuel Ruiseco Vieira, miraron hacia esas parcelaciones abandonadas y desde el 2000 comenzaron a buscar a sus propietarios para comprarles sus tierras. Esa tarea recayó en el gerente de la mina La Jagua, Edgardo Percy Diazgranados, quien a su vez recibió la orden del gerente general Alfredo González.

Algunos parceleros vieron en la oferta de Carbones del Caribe un ‘salvavidas’ ante la violencia que se vivía en la región, pero otros sospechaban de las constantes visitas de los trabajadores de La Jagua, quienes los presionaban para que vendieran. Bajo esas circunstancias la empresa habría comprado 16 predios, 13 de las cuales sembró con 18.165 plantas de palma de aceite.

No obstante, desmovilizados del Frente Juan Andrés Álvarez de las Auc declararon a fiscales y jueces que, inicialmente, detrás de los desplazamientos hubo un interés por quedarse con la tierra; y que, luego, Carbones del Caribe les habría pagado para impedir el retorno de los parceleros, con el fin de facilitar las ventas. Hasta el momento se desconoce si esas confesiones fueron constatadas y si condujeron a la apertura de investigaciones penales contra los directivos de aquella época.

Amparados en la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas, 23 parceleros reclamaron los predios de Santa Fe ante ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) tras considerar que vendieron bajo presión armada. Dos de las solicitudes fueron rechazadas por la entidad. Las admitidas hacen curso ante las autoridades correspondientes. Pero detrás de todo ello hay un entramado empresarial que preocupa a los campesinos.

Se enredan las propiedades

Varios años después de realizadas las compras, esos predios se convirtieron en motivo de discordia entre empresas y empresarios. En febrero de 2005, Carbones del Caribe le entregó las 13 parcelas cultivadas con palma a Carbones Sororia en contraprestación a un acuerdo económico firmado una década atrás. (Vea Acta de entrega). Pero, en febrero de 2007, Sororia reclamó el incumplimiento del contrato, recordándole a Carbones del Caribe que seguían pendientes de las escrituras. (Vea carta de Carbones Sororia a Carbones del Caribe) Para zanjar esta disputa comercial, la firma Sator, como pasó a llamarse Carbones del Caribe en 2012, le giró en 2015 a Sororia 3.200 millones de pesos. (Ver Contrato de transacción Sator y Carbones Sororia)

¿Por qué no se escrituró en su momento? Al respecto, hay dos explicaciones. La primera advierte que Percy Diazgranados nunca formalizó las compras de los predios que estaban sembrados con palma, sino que se limitó a hacer ‘cartas-venta’. Lo curioso es que logró obtener cinco escrituras: tres a nombre de Carbones de La Jagua, otro a título personal y uno más a favor de su esposa, Gloria Otero Espitia.

La segunda explicación indica que las escrituras no se podían hacer antes del 2005 porque pesaba la restricción de 15 años que tienen aquellos predios otorgados por el Incora. Solo hasta el 2011, el mismo año que se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Carbones del Caribe (y después Sator) comenzó el proceso de escrituración sobre los 16 predios, pero no logró mayores avances, solo pudo formalizar dos predios, uno quedó a nombre de Concretos Argos y el otro a nombre de Sator, el resto continúan a nombre de los campesinos.

“Nos siguieron llamando para llegar a un acuerdo económico. Algunos aceptaron y otros no”, relató un labriego. La comunidad asegura que por lo menos tres de los parceleros llegaron en 2011 a un acuerdo económico con Carbones del Caribe con la intermediación de un abogado. Los demás se negaron, esperando que la URT estudiara sus casos y los presentara, como demanda, ante jueces especializados.

En agosto de 2013, la URT comenzó a documentar el despojo de Santa Fe, pero el proceso ha tenido todo tipo de tropiezos.

La fallida restitución del Cesar

Paralelamente, los reclamantes interpusieron una demanda penal, que fue admitida este año en el Juzgado Quinto Especializado de Valledupar por los delitos de desplazamiento y despojo.

Ante las autoridades judiciales, las empresas demandadas dicen no tener interés por la tierra y se acusan mutuamente por lo sucedido en Santa Fe. En 2016, Carbones Sororia le informó a la URT y a los jueces que no tiene “relación jurídica ni material” con los predios.

No obstante, Humberto Murcia, apoderado de esa firma carbonera, indicó que la empresa tecnificó la palma y que no abandonaron los cultivos para evitar daños al medio ambiente, pues luego de enviar comunicados a Sator y a la URT para entregar el cultivo, nadie se hizo cargo, e insistió en que la compañía no está sacando rendimientos económicos porque, según él, "la palma es actualmente explotada por un extrabajador de Sororia, al que le entregaron el cultivo".

VerdadAbierta.com buscó a Jaime Antonio Olivella Celedón, directivo de Sororia, para conocer su versión, sin lograr una respuesta.

Tras consultar a Sator, la empresa informó a través de un comunicado que ya no cuenta con inversiones en el Cesar y que, bajo ninguna circunstancia, apoyaron grupos armados ilegales; además, destacaron que quien daba las órdenes en aquellos años era Juan Manuel Ruiseco Vieira, quien fue presidente de la junta directiva y representante legal de Carbones del Caribe entre 1997 y 2005, así como Presidente de Cementos Argos entre 1999 y 2003. (Ver comunicado)

Lo curioso de este caso es que en el proceso de restitución se descubrió un contrato de concesión minera por 29 años, bajo el Código GEI-141, a nombre Juan Manuel Ruiseco V. y Cia. S.C.A., firmado el 27 de octubre de 2006 e inscrito en el Catastro Minero Colombiano el 28 de diciembre de ese mismo año. La concesión abarca 5.963 hectáreas entre los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril, cubriendo toda la parcelación Santa Fe, lo que genera sospechas sobre los verdaderos motivos de la compra de los predios. (Ver Registro)

En febrero de 2017, el Juzgado Segundo Especializado de Restitución de Tierras del Cesar ordenó a la Agencia Nacional Minera suspender parcialmente el título minero, donde se superpone con el territorio reclamado en restitución. (Ver anotación de la Agencia Nacional

Un poco de historia

La Hacienda Santa Fe perteneció originalmente a Silvestre Dangond Lacouture, un empresario del Cesar que optó por vender su finca al Incora en 1989, luego de sufrir constantes ataques de la guerrilla del Eln.

Para ese momento, 44 familias que hacían parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) estaban pidiendo que les titularan tierras y decidieron entrar al predio el 9 de noviembre de 1989. Meses después, el Incora dividió la hacienda en 30 parcelas que le entregó a igual número de familias. A las otras 14 les dieron tierras en una finca vecina llamada Los Manantiales, también del corregimiento de Estados Unidos.

Las parcelas, tituladas por el antiguo Incora, estaban destinadas para la producción agrícola campesina. Después de la violencia, 13 de ellas fueron convertidas en un sembradío de palma de aceite, y otras tres, en un botadero de residuos de carbón. Foto: VerdadAbierta.com

Aunque los campesinos estaban a la expectativa de hacer prósperas las fincas, la violencia marcó desde el inicio la Santa Fe. Antes de ser titulados, los parceleros Nayib Martínez, Omar Sánchez y Joel Lemus fueron asesinados en 1991, en medio de un periodo de violencia caracterizado por los enfrentamientos entre el Ejército y las Farc, y el genocidio contra UP.

Los campesinos comenzaron a cultivar las tierras con un crédito que les otorgó la Caja Agraria de 300 mil pesos, dinero con el que desarrollaron pequeña ganadería y cosechas de maíz, yuca y arroz. Pero en 1996 la violencia recrudeció con la llegada de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) al Cesar, el grupo que dio origen a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Detrás de todo ello estaba Salvatore Mancuso en alianza con varios ganaderos de la región por medio de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir. En el centro del departamento comenzaron a operar a finales de ese año las Convivir Guaymaral Ltda. y Salguero Ltda., representadas por los ganaderos Jorge Gnecco Cerchar y Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, respectivamente.

¿De dónde salieron los ‘paras’ en Cesar?

Los paramilitares anunciaron su llegada al municipio de Becerril con una masacre cometida el 27 de septiembre de 1996. Pero a la parcelación Santa Fe ingresaron el 25 de marzo de 1997, cuando 300 hombres bajo el mando de Juan Andrés Álvarez, alias ‘Daniel’, hicieron un recorrido que comenzó en el vecino corregimiento de La Victoria de San Isidro y continuó hasta la parcela 27. Estos hechos fueron confesados durante el proceso de Justicia y Paz por Jhon Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre’, segundo de ‘Daniel’.

La arremetida paramilitar se intensificó durante los siguientes años con dos masacres en el corregimiento de Los Estados Unidos, una el 16 noviembre de 1998 y otra el 18 de enero de 2000. El grupo armado pasó a ser conocido como Frente Juan Andrés Álvarez, tras la muerte de su jefe ‘Daniel’ en diciembre de 1998. La comandancia fue asignada a alias ‘El Tigre’ hasta marzo de 2000 y luego asumió Oscar José Ospino, alias ‘Tolemaida’.

La historia del ‘Juan Andrés Álvarez’

Las masacres generaron tal terror que entre 1997 y 2000 varios parceleros se desplazaron de Santa Fe y en medio del desespero ‘mal vendieron’ la finca a otros campesinos o conocidos. Hasta ese momento ninguno entendía cuál era el interés sobre sus predios, por lo que muchos se resistieron a salir.

Sin embargo, en 2001 los paramilitares buscaron a los que quedaban y los amenazaron para que vendieran, incluso, se tomaron algunas de las parcelas. Los pobladores que quedaban sentían también la presión de la empresa Carbones del Caribe para que les vendieran su tierra. El propio gerente de la mina, Edgardo Percy Diazgranados, y varios de sus trabajadores insistieron en comprarles las fincas.

“Me tocó desplazarme de la parcela aproximadamente en 2001 porque los paramilitares nos decían que teníamos que vender esas tierras. Fue así como llegó un ingeniero de la mina de Carbones del Caribe, donde trabajaba el señor Percy, y nos decía que ellos nos compraban las tierras. Al ver la situación de violencia que nos tocaba vivir en esa zona, me tocó venderle a Percy”, contó un parcelero.

Algunos campesinos confiaron en Percy porque era un “un hombre importante en Valledupar. Él frecuentaba las fincas, se reunía con nosotros. Había montado un equipo de fútbol. Fue hasta padrino de bautizo de algunos de nuestros hijos”, dijo un campesino.

En su comunicado, Sator aseguró que para esa época Carbones del Caribe le entregó un mandato sin representación a Percy para que comprara dichas parcelas. El documento fue firmado por el entonces gerente general Alfredo González. Eso quiere decir que aunque las ‘cartas-venta’ quedaban a su nombre, las tierras eran de Carbones del Caribe, entonces bajo la representación legal de Ruiseco Vieira.

Fuentes consultadas por VerdadAbierta.com aseguraron que esa tierra se compró para desarrollar un proyecto de reforestación con palma, que desde finales de los noventa venía apoyando el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura. Por su parte, Sator afirmó que querían construir una zona de amortiguación minera, pero dicen desconocer los hechos de violencia en la zona. Agregaron que fueron los parceleros quienes buscaron al gerente de la mina, Edgardo Percy Diazgranados.

Contrario a lo que indica la compañía, los hechos evidencian que fue la violencia lo que motivó la salida de los parceleros. Sobre todo luego de que el 14 de abril de 2002, cuando los paramilitares ingresaron al predio 15 y se llevaron a amarrado al profesor Weimar Navarro. Su cuerpo apareció decapitado un día después.

Quienes aún se resistían a salir quedaron pasmados. “En vista de ese hecho, por temor, decidí abandonar la parcela… Y a finales de 2002, Carbones del Caribe estaba interesado en comprar la parcela al igual que otras de allí, y fue así como negocié con ellos. Este negocio lo hice directamente con el señor Edgardo Percy Diazgranados, de Carbones del Caribe, quien ya habían comprado casi la totalidad de parcelas”, relató otro campesino.

VerdadAbierta.com contactó a Percy Diazgranados, quien aseguró que se pronunciaría justo después de que el Grupo Argos (a través de Sator) lo hiciera, pero no volvió a contestar los mensajes hasta el cierre de este reportaje.

Este gerente de mina salió de Carbones del Caribe a comienzos de 2005, justo cuando el conglomerado cementero Argos vendió la mina La Jagua al grupo suizo Glencore por 110 millones de dólares. La operación pasó a manos de Prodeco, su filial en Colombia.

VerdadAbierta.com se comunicó con Prodeco, que informó por medio de su Oficina de Comunicaciones se pronunciará próximamente. Este medio quedo atenta a sus respuestas.

Las reuniones

Para los campesinos era incomprensible el interés de Carbones del Caribe de comprarles las fincas entre 2001 y 2002, justo cuando se recrudeció la violencia paramilitar. Quien brindó las primeras pistas sobre lo ocurrido fue Alcides Mattos Tavares, alias ‘Samario’, segundo de ‘Tolemaida’, y quien delinquió en la zona entre 2002 y 2005.

También lo hizo Javier Ernesto Ochoa Quiñónez, alias ‘El Mecánico’, quien le aseguró a la Fiscalía que el despojo comenzó en marzo de 1997: “la gente comenzó a abandonarlas [las parcelas] desde la incursión que hizo el señor Esquivel Cuadrado [alias ‘El Tigre’], de resto lo que había que hacer era solo presencia, para evitar que los coterráneos no volvieran a sus terrenos, si nosotros incursionamos en un sector y lo mantenemos azotado, creo que llegaban ni las moscas, era lo que decía la gente por ahí”.

Varias de las familias reclamantes de tierras, en medio de los riesgos, están a la expectativa de crear una cooperativa para la administración y explotación de la palma de aceite cultivada. Creen que esta es la opción para recuperar los años en que no tuvieron ingresos económicos a causa del desplazamiento. Foto: VerdadAbierta.com

En una declaración rendida el 5 de agosto de 2013 ante la Fiscalía Quinta Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar, ‘Samario’ contó que Percy Diazgranados lo contactó en 2003 y que ese año se reunieron dos veces en una finca de propiedad del empresario. Según relató, en la primera reunión “comenzamos acordar pagos de la empresa Carbones del Caribe a las autodefensas” y “hablamos de que Carbones pensaba hacer un botadero”.

Tras esta última propuesta, ‘Samario’ dijo que consultó con ‘Tolemaida’ y que pasados quince días volvió a encontrarse con Percy, explicándole que al siguiente encuentro debía asistir Javier López Arce, alias ‘Morgan’, el jefe financiero del grupo, para “organizar los pagos”. También que esperaban la colaboración de los directivos de Carbones del Caribe para “organizar las finanzas, es decir, el cobro de las otras empresas que estaban por ahí”. Y que le dio una razón de ‘Tolemaida’: “que nosotros le desplazábamos la gente y que el que no quisiera salir lo matábamos como sucedió en varios casos, y que era un hecho que le conseguíamos las tierras de la vereda Santa Fe para lo que ellos necesitaban, el botadero y el alrededor de la mina” [sic].

Según la declaración del ‘Samario’ ante las autoridades judiciales, la tercera reunión se concretó a principios de 2004 en Barranquilla, en la sede principal de Carbones del Caribe. Por miedo a una orden de captura, ‘Samario’ no asistió personalmente a la cita con los directivos, pero sí ‘Morgan’, como habían acordado. Al regreso “empezamos a darle ultimátum a los dueños de la vereda Santa Fe para que desocuparan o serían declarados objetivo militar de las autodefensas por colaboradores de la subversión, de ahí mucha gente se fue, hubieron otros que no quisieron irse, personas que fueron asesinadas como Lucas Aragón, que fue asesinado por no querer abandonar la parcela” [sic], le confesó a la fiscal. Los campesinos recuerdan que Aragón había sido desaparecido el 23 de noviembre de 2003.

‘Samario’ narró que después siguió reuniéndose con Percy “en la misma finca de siempre” y que en uno de esos encuentros el empresario le habló del dueño de Carbones Sororia, que quería también ponerse en contacto con él, que “ellos pagaban 15 millones de pesos mensuales, dinero que yo mismo recaudé en varias ocasiones”. En el interrogatorio, la Fiscalía identifica al empresario con el apellido “Olivella”, refiriéndose a Jaime Olivella Celedón. VerdadAbierta.com buscó al empresario para preguntarle al respecto, sin lograr una respuesta.

El exparamilitar dijo que se reunió con ese empresario en un restaurante de Valledupar: “me dice que él es el dueño de Sororia, que tenía problemas en la vereda Tucuy, me dice que me iba enviar al jefe de seguridad de él con todos los datos y nombres de parceleros para que le colaborara con desplazarlos, y el que no se quisiera ir pues me manda el jefe de seguridad de la vereda Casablanca cerquita de La Jagua de Ibirico…”. Fue con esta orden que los paramilitares desplazaron también a los campesinos de las veredas Tucuy y Los Manantiales, la primera colindante y la segunda a hora y media de la parcelación Santa Fe.

Sobre este último, ‘Samario’ reconoció que los desplazamientos trascendieron la Santa Fe, recordando el caso de Guillermo Ávila, un campesino que había hecho fortuna con el trabajo de muchos años y que tenía una finca frente a las instalaciones de Carbones del Caribe. En otra reunión con Percy, el empresario le dijo que “si yo podía sacarle la finca a ese señor, que lo amenazara para que le vendiera más barato para posteriormente vendérsela más cara a la mina… porque con la finca Carbones del Caribe quería hacer una pista”.

Ante varias preguntas de la Fiscal Quinta, ‘Samario’ agregó que la primera cuota que Carbones del Caribe le pagó a los paramilitares fue de 100 millones de pesos y que Carbones Sororia les pagaba la “cuota” en la Jagua de Ibirico. Parte de esas declaraciones fueron reiteradas el 12 de agosto de 2014 en una versión libre conjunta ante la Fiscalía 58 de la Unidad de Justicia y Paz.

En respuesta a un derecho de petición, la Fiscalía informó que contra Edgardo Percy Diazgranados y Jaime Olivella Celedón no se ha celebrado ninguna audiencia de formulación de imputación o de acusación, según los registros del Sistema Penal Oral Acusatorio.

Por su parte Sator insistió en su comunicado que Percy Diazgranados se sobrelimitó en sus funciones y compró predios para el disfrute propio, y desmintió que se hayan autorizado reuniones y pagos a grupos paramilitares.

Lío de papeles

Mientras los campesinos eran desplazados y los paramilitares tenían control del territorio, Carbones del Caribe sembró 13 de las parcelas de Santa Fe, las que están sobre el borde del río Tucuy, con 18.165 plantas de palma de aceite. Las siembras fueron realizadas entre 2000 y 2003.

El 24 de noviembre de 2004 Carbones del Caribe acordó transferirle 13 parcelas de Santa Fe a Sororia como contraprestación a un acuerdo comercial que al parecer Carbones Caribe incumplió, relacionado con las ganancias por explotación de carbón de la región pactadas una década atrás.

Así, el 10 de febrero de 2005 Carbones del Caribe le hizo una entrega formal de las 13 parcelas a Sororia, según consta en un documento que indica la relación de predios por hectáreas sembradas con palma. En noviembre de ese año, Carbones Sororia convocó a junta de accionistas, aceptando el ingreso de Carlos Juan y Jaime Luis Olivella Pavajeau, como socios con el 26 por ciento de las acciones de la compañía. Los hermanos son sobrinos de Jaime Antonio Olivella Celedón e hijastros de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes.

Hugues Rodríguez, ¿el eslabón perdido del paramilitarismo en el Cesar?

En febrero de 2007, Sororia le reclamó a Carbones del Caribe haber incumplido el contrato de 2004 porque no les entregaron títulos de las parcelas. En una carta, Sororia le recordó que las tierras debían quedar a nombre de Inversiones San Carlos, e Inversiones Olivebar, Carlos Mario Olivella Barros y Carlos Juan y Jaime Luis Olivella Pavajeau, todas empresas familiares en las que participan sus hijos y sobrinos.

Según el relato de los campesinos, fue en este momento que Percy Diazgranados los volvió a buscar, afanado por legalizar los títulos. Pero en ese momento no lo hizo con los parceleros de la zona cultivada con palma, sino con aquellos cuyas fincas estaban cerca de la mina de carbón.

Los parceleros cuentan que bajo la amenaza de expropiación por haber potencial minero en sus tierras y la presión de intermediarios enviados por Percy Diazgranados, fueron transferidas las parcelas 1, 2 y 7 a nombre de Carbones de La Jagua.

Ese mismo año, Percy Diazgranados se hizo a títulos de las parcelas 6 y 9 con apoyo de José Erasmo Sierra Rodríguez, notario Único de Becerril. La primera la registró a nombre de su esposa Gloria Otero Espitia y la segunda, a nombre propio. Pero más adelante la Fiscalía 26 Seccional de Valledupar identificó fraude procesal porque las firmas registradas no correspondían a las de los campesinos (Ver cancelación provisional). En efecto, los parceleros contaron que ellos no firmaron esas escrituras, en las que, incluso, aparece la rúbrica de un campesino que para la fecha ya estaba muerto.

VerdadAbierta.com contactó a José Erasmo Sierra, quien aseguró que en la parcelación Santa Fe no hubo despojo, pues todos los campesinos vendieron voluntariamente sus predios. Y descartó que, como ya lo ha declarado en el proceso judicial, haya irregularidades: “Es verdad que estaba muerto. Lo que pasó es que el señor firmó y se dejó la fecha abierta. Cuando el señor Percy firma, se pone esa fecha, sin saber que el campesino ya se había muerto”.

Los obstáculos

El anuncio en 2011 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras llenó de expectativa a los reclamantes de Santa Fe. En 2013 la URT comenzó a estudiar este caso, pero decidió aceptar 21 reclamaciones y rechazar 2, y radicó las demandas de forma individual y no colectiva, pese a que los campesinos sufrieron los mismos hechos de violencia.

Tres de las fincas, de la antigua parcelación Santa Fe, están a nombre de la empresa Carbones de La Jagua. Las familias solicitaron la restitución, pero solo dos de los casos fueron aceptados en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas. Foto: VerdadAbierta.com

Varias fuentes le aseguraron a VerdadAbierta.com que el caso estuvo frenado porque una funcionaria de la URT recibió amenazas cuando escribía el perfil de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias ‘Barbie’, pieza necesaria para contextualizar los casos de despojo ante los jueces de restitución. El nombre de ‘Barbie’ fue relacionado en los predios sembrados con palma, porque sus dos hijastros ingresaron en 2005 como socios de Carbones Sororia.

En la actualidad, 11 reclamaciones de campesinos de Santa Fe cursan en los tres Juzgados Especializados de Restitución del Cesar, la mayoría de estos en el Juzgado Segundo. Ellos están esperanzados en que las sentencias saldrán a su favor, que volverán a las tierras y crearán una cooperativa para obtener ganancias de la palma de aceite ya sembrada. Esta idea surge en medio de un contexto de presión que persiste contra los reclamantes, de la que no hablan ni los labriegos ni la URT.

Sin embargo, varias fuentes aseguran que una vez estén en firme las sentencias de restitución, que se estima sea adversa a las empresas, Sororia buscará llegar a un acuerdo con parceleros para no perder la inversión en el cultivo. Pero Murcia, apoderado de la firma, aclaró que los directivos no han hecho ningún tipo de acercamiento con las comunidades.

El punto de contacto entre Sororia y los parceleros de Santa Fe es Smith Ludyz Pedraza Amizzar, la abogada que representa a varios de los parceleros cuando, cansados de que el proceso no avanzara en la URT, le firmaron un poder en 2015. Pedraza Amizzar es conocida en el Cesar por haber asesorado y ganado el juicio de El Prado, otra parcelación despojada por paramilitares. De acuerdo con la abogada, no se descarta que los campesinos creen una asociación para trabajar en conjunto con las compañías que señalan de apropiarse de sus tierras.

Fuentes consultadas por VerdadAbierta.com aseguran que Pedraza tendría un posible conflicto de intereses para representar a reclamantes de tierras. Su argumento es que a ella le fue concedido un poder para representar como abogada suplente a la empresa Rodríguez Fuentes Inversiones Ltda. Esta empresa de alias ‘ Barbie’, que está en proceso de extinción de dominio, ha sido mencionada en varios casos de despojo de tierras en el Cesar.

En respuesta, la abogada aseguró que no hay ningún tipo de irregularidad y que se trata de un rumor para desacreditarla como apoderada de las víctimas. “Estaban diciendo que yo era abogada de los victimario. Eso no es cierto. Yo represento a la empresa Rodríguez Fuentes Inversiones en procesos que no tienen nada que ver con los casos que acompaño”, precisó.

Mientras los campesinos sueñan, en medio de todos los riesgos, con crear la cooperativa para explotar la palma y la URT guarda silencio frente a las presiones que hay sobre los reclamantes, los jueces especializados en restitución del Cesar se toman su tiempo para estudiar los casos y decidir de fondo quién tiene el derecho sobre los predios de Santa Fe. El litigio va para largo.