Contrario a los anuncios oficiales, la restitución de tierras en este departamento ha sido lenta y fraccionada, enfrentándose a diversas presiones. El caso de la parcelación Santa Fe, en Becerril, es solo un ejemplo de lo que ocurre en esta región, donde las víctimas piden atención del gobierno nacional frente a un proceso clave para la paz.
“Restitución de tierras le cumplió a las víctimas del conflicto en el Cesar”. Con este titular, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) resumió en diciembre 2016 lo que para la entidad ha sido el proceso en ese departamento. Pero para muchas víctimas del conflicto armado en esta región, el anuncio dista de la realidad, cuando se refieren a la demora en el trámite de sus reclamaciones, la forma cómo son documentados los casos y el fraccionamiento de las demandas. También del “silencio” frente a las presiones que ejercen los opositores, los problemas de seguridad y las dificultades administrativas que la Unidad no reconoce.
Cesar es el segundo departamento del país con más solicitudes de restitución de tierras, según el último Informe de Gestión de la URT. Los casos en esta región son documentadas por dos territoriales: Magdalena Medio, que está a cargo del sur, es decir, de los municipios entre San Alberto y La Gloria; y Cesar, que cubre las zonas centro y norte, desde Pelaya hasta Valledupar, incluyendo La Guajira.
A junio de 2017, la Unidad recibió entre el centro y norte del Cesar 5.247 solicitudes de reclamación, de las cuales 1.402 fueron rechazadas, 790 están formuladas en demanda y 399 ingresaron al Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas mientras son redactadas en demanda. En cinco años, los jueces han proferido 86 sentencias de restitución.
Aunque las víctimas saben que las sentencias dependen de la acción de jueces y magistrados, cuestionan que la URT no haya documentado los casos de despojo de forma colectiva y con el detalle que requieren. En el Cesar, como ocurrió en Magdalena, Bolívar, Córdoba y Sucre, el despojo sucedió masivamente en las parcelaciones que adjudicaron tanto el Incora como Incoder a campesinos. En el proceso de Justicia y Paz, desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) confesaron masacres y desplazamientos sobre territorios donde el gobierno nacional intentó hacer la llamada reforma agraria, una política impulsada desde los años sesenta.
Varias comunidades campesinas consultadas por VerdadAbierta.com relatan que cuando voceros del gobierno nacional anunciaron la aprobación, en junio de 2011, de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, en el Cesar se generaron expectativas. Tanto así que pese a estar en condiciones de desplazamiento, se organizaron y los líderes apoyaron los procesos de caracterización y visita a los terrenos que comenzaron a darse en aplicación de esa norma, que entró en vigencia el 1 de enero de 2012.
“Ayudamos mucho. Cuando la Unidad nos llamaba, estábamos ahí. Incluso fuimos a las emisoras para que las víctimas conocieran de la ley y presentaran su solicitud. Pero mire lo que nos ha pasado”, dice un reclamante.
El campesino se refiere a lo que ha ocurrido con las familias despojadas de parcelaciones en los municipios de El Copey, La Jagua de Ibirico, Becerril, Agustín Codazzi, Curumaní, Pailitas, La Paz y San Diego. Después de presentar sus solicitudes, la URT aceptó algunos casos y rechazó otros. Y cuando radicó las demandas ante los jueces especializados, lo hizo de forma individual y no colectiva, pese a que las familias sufrieron los mismos hechos de violencia. “Si la Unidad presentara las demandas en grupo ante los jueces tendríamos más garantías para volver. Una cosa es retornar todos y otra, solos”, cuenta otra víctima.
Frente a este reclamo la URT ha explicado que debe estudiar los casos de forma individual porque cada predio tiene su particularidad, con distintas ventas y ocupantes pese a registrar la misma violencia. Pero las víctimas no tienen reparo en ello, lo que reiteran es que esa entidad debió estudiar en detalle caso a caso, pero presentarlos en conjunto ante los jueces, de manera que las sentencias emitan órdenes que favorezcan a un grupo de restituidos en un mismo periodo. “El asunto es que la Unidad además ha tenido fallas a la hora de documentar los casos”, relata otro campesino.
Larga espera
Para que la URT pueda estudiar una solicitud, el municipio donde está el predio reclamado debe estar “microfocalizado”, es decir, contar con un aval de que la restitución cuenta con garantías de seguridad. Becerril, por ejemplo, entró en este listado desde julio de 2013 y los reclamantes de la parcelación Santa Fe pensaron que sus solicitudes serían prioridad. No fue así. Pasaron dos y tres años para que algunas de las parcelas ingresaran al Registro de Tierras Despojadas, y fue tal el desespero que un grupo de campesinos prefirió firmarle poder a una abogada particular para que los representara. En la actualidad, las demandas están dispersas en los tres Juzgados Especializados en Restitución de Valledupar, a la espera del primer fallo.
San Diego, otro municipio con 16 mil personas desplazadas, fue microfocalizado en tres momentos. Los corregimientos en los que están las parcelaciones El Toco y El Caimán, expulsadas por paramilitares, recibieron el aval de seguridad desde mayo de 2012 y julio de 2013, de forma respectiva. Pero las “decisiones” comenzaron a llegar en 2016, dejando sorprendidos a los reclamantes. Según la comunidad, de las 80 reclamaciones que hay sobre El Toco, la URT rechazó cinco. Las demandas fueron presentadas en juicio de forma individual y el Tribunal de Restitución de Cartagena ha dictado 19 sentencias, de las cuales 9 no favorecieron a los reclamantes.
Entre estas últimas sentencias está la de Miguel Ricardo Serna, líder de la parcelación. La comunidad no entiende cómo el Tribunal le negó el derecho, cuando todos lo reconocen como el dueño de la parcela 14, de la que acredita además una resolución firmada por el antiguo Incora. Pero, incluso, para los pocos restituidos ha sido difícil. La primera familia que logró una sentencia a favor retornó, pero al poco tiempo les robaron las vacas del proyecto productivo y la planta eléctrica. “La seguridad está complicada en la zona”, dice un campesino.
El Toco, la historia de una reforma agria
En El Caimán, los parceleros temen que el proceso judicial sea similar al de El Toco. De las 42 solicitudes de restitución, la URT sólo aceptó en el registro a 13. Según el relato de las víctimas, la comunidad comenzó a encontrar inconsistencias en el proceso cuando la entidad fue a medir las tierras y les dijeron que ya no cabían allí.
“La parcelación tiene 1.110 hectáreas y a cada campesino le correspondía 42. Este caso es complicado porque el Incora no nos alcanzó a titular. Lo que creemos es que la Unidad busca que nos titulen dentro de unos baldíos que hay dentro de la hacienda, pero no que haya un proceso de restitución completo”, explica otro reclamante.
La situación de El Copey, un municipio con 26 mil personas desplazadas, no es distinta. En la vereda Entre Ríos, 18 familias reclaman la restitución de 640 hectáreas que les fueron arrebatadas con violencia. La comunidad asegura que la Unidad solo ha aceptado cinco casos en el Registro, mientras recopila pruebas para las demás solicitudes. “Muy cerca de las tierras están haciendo explotación de piedra y en la parcelación están apareciendo placas de concesiones mineras… Nadie ha estudiado la angustia y la paranoia con las que vivimos las víctimas con tanta amenaza”, relata un reclamante.
Los campesinos sostienen que la dilación y fraccionamiento del proceso ha generado varias situaciones: la fractura de comunidades y el desistimiento en etapa administrativa. Solo en la Territorial Cesar han sido registrados 312 casos de familias que decidieron no continuar con la reclamación, pero la cifra puede ser mayor por el subregistro. En terreno, algunas familias decidieron que no reclamarán más, ya sea por miedo o agotamiento, y otros, desesperados, cedieron a un “acuerdo económico” con los opositores para que los predios no vayan a juicio.
