Esa antigua hacienda en María La Baja es reclamada por víctimas del conflicto armado. Su proceso se ve entorpecido, dicen, porque la palma cultivada allí es explotada por Oleoflores, una empresa del exministro de Agricultura Carlos Murgas Guerrero.
En el entretiempo del partido amistoso de fútbol entre las selecciones de Colombia y Francia, jugado el pasado 23 de marzo, la televisión nacional emitió un comercial de Fedepalma en el que dos campesinos del municipio de María La Baja expresan con gratitud: “La palma de aceite es una bendición… es lo mejor que nos han traído a Bolívar”.
Sin embargo, esta no es la realidad de otros labriegos, víctimas del conflicto armado, quienes aseguran que ese cultivo agroindustrial frenó los procesos de restitución de tierras en la región. Advierten que el gobierno nacional relegó sus reclamaciones para no afectar los intereses económicos de empresarios como Carlos Murgas Guerrero, conocido como el “zar de la palma”.
Esa es la situación de quienes integran la Asociación del Comité de Desplazados de El Cucal (Asocucal), que reclaman 920 hectáreas en este municipio y, después de 21 años, continúan en condiciones de desplazamiento. Su historia del destierro está ligada a la tierra. En 1997 paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) asesinaron al líder de la parcelación El Cucal, una hacienda que el antiguo Incora les tituló en 1993 para cultivar alimentos.
En medio de la violencia y apretados por las deudas, 24 de las 62 familias beneficiadas vendieron sus parcelas a “comisionistas” que, señalan, han hecho parte del grupo empresarial de Murgas. Entre ellos están Fabián Cantillo González, quien fue coordinador Operativo de la Hacienda Las Flores (2002-2013), y Abel Rafael Mercado Jaraba, actual miembro de las juntas directivas de la Promotora Hacienda Las Flores y Oleflores.
Esas compras no quedaron registradas en los folios de matrícula porque sobre las parcelas había una restricción de venta de 15 años impuesta por el Incora, como garantía de que la tierra quedara en manos campesinas. Sólo en 2012, cuatro años después de superado el tiempo de la restricción, Mercado registró una de esas compraventas en la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena.
Mercado reconoce que compró la parcela 55, explicando que el campesino le ofreció el predio, contando con el permiso del Incoder y con una certificación de la Inspección de Policía de María la Baja en la que el parcelero, bajo gravedad de juramento, expresó no ser desplazado. “Es importante manifestar que a través de toda mi vida laboral nunca he estado vinculado con alguna actividad delictiva, he sido una persona responsable con el comportamiento apegada a la Ley, a principios éticos y las conductas que determina nuestra sociedad”, indicó el directivo (Lea la respuesta completa de Abel Rafael Mercado).
Al preguntar por las compras de tierras en El Cucal, Carlos José Murgas, vicepresidente Agroindustrial de Oleoflores, respondió: “El área encargada de la promoción del cultivo de la palma de aceite visitó a un número importante de productores de la zona, incluyendo entre ellos a los productores de El Cucal, algunos de ellos aceptaron nuestra invitación, otros por su parte prefirieron no hacerlo”. Sobre el particular, Abel Rafael Mercado señaló que el dueño de la parcela 55 “no le interesó el negocio y prefirió ofrecer en venta la parcela”.
Sobre si el negocio de la palma aprovechó el escenario del conflicto y el endeudamiento de los campesinos para comprar tierras, Murgas aseguró: “El modelo de Alianzas frenó en gran parte la venta de parcelas que se venía dando en la región. Gracias a él, los campesinos de la región conservan sus tierras… Con la implementación del modelo no ha habido despojos…”. (Lea la respuesta completa de Carlos José Murgas).
Rutas del Conflicto y Verdad Abierta llamaron a Fabián Cantillo al número que aparecía en uno de los documentos de transacción, y solicitó su contacto a Oleoflores, sin lograr comunicación.
Los campesinos de El Cucal están inconformes por cómo la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha tramitado sus solicitudes. Ellos destacan un hecho que fue significativo: en mayo de 2012, el presidente Juan Manuel Santos viajó a María La Baja y anunció el inicio del proceso de restitución de tierras en la región. (Ver video de Presidencia).
Ese anuncio motivó a los labriegos de El Cucal a presentar, en 2013, sus reclamaciones, pero, contrario a lo dicho por Santos, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) les informó que no podía documentarlas mientras la zona no fuera “microfocalizada”, es decir, que contara con condiciones de seguridad adecuadas para adelantar labores de identificación y medición de los predios. Sólo en 2015 obtuvieron esos avales y dos años después, en febrero de este año, la URT les notificó a dos familias que sus solicitudes serían estudiadas.
“Ayer luchamos por adquirir las tierras y hoy por sostenerlas, porque nos las han querido arrebatar”, afirma Elba Barrera, una de las líderes de la parcelación. Para los campesinos, la URT no quiso llevar sus casos con celeridad porque sus predios están sembrados con palma de aceite y el corozo que produce es procesado en la Extractora María La Baja, a tan solo 10 minutos de la parcelación y de propiedad del exministro Murgas.
El Cucal hace parte de los intentos de reforma agraria que comenzó el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), pero que el conflicto armado reversó a finales de los noventa. Alentados por el movimiento agrario de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), 110 familias campesinas llegaron a María La Baja a cultivar alimentos, pidiéndole al antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), que les titulara tierras.
El 30 de diciembre de 1991 el Incora le compró al cacique liberal Rafael Vergara Támara, exsenador y gobernador del Bolívar, siete lotes que sumaban 920 hectáreas (ver venta al Incora). Para presionar la adjudicación, los campesinos entraron a la finca y se mantuvieron allí por dos años, pese a las presiones de la fuerza pública para que las desalojaran. Finalmente, el 26 de abril de 1993, el Incora les tituló a 62 familias parcelas de 14 y 16 hectáreas cada una.
En las resoluciones de adjudicación, el Incora les informó que los predios tenían restricciones de venta por 15 años, y que en ese periodo debían pagarle a la Caja Agraria el valor de la tierra, calculada en 7 millones de pesos. (Ver resolución de adjudicación).
Durante cuatro años los campesinos pudieron cultivar las tierras sin mayores problemas, pero en 1997 el clima de seguridad se alteró cuando emergió en la zona la violencia paramilitar. El 17 de agosto de ese año fue asesinado Emiro Emel Torres Espinosa, dueño de la parcela 2. “Los tiros le atravesaron la columna y lo dejaron moribundo en el arroyo El Cucal. Emiro suplicó que no lo mataran, pero un paramilitar llamó a ‘Juancho Dique’ y después de colgar el teléfono lo remató. La cabeza y las manos de Emiro Emel quedaron destrozadas”, relata Barrera.
Ailas ‘Juancho Dique’ es Uber Enrique Banquez Martínez, quien en ese entonces era uno de los jefes paramilitares del llamado Frente Héroes de los Montes de María de las Auc, el grupo que delinquió en la región hasta 2005, año en que se desmovilizó bajo los acuerdos con el gobierno nacional.
En El Cucal, el asesinato de Emiro Emel fue el comienzo de una tragedia que continuó tres meses después. A las 8 y 30 de la mañana del 30 diciembre de 1997, un comando paramilitar llegó a la parcela 1 y secuestraron a Máximo Antonio Ariza Acosta, líder de la parcelación, junto con su compañera Elba Barrera Marimón.
“Le dijeron a mi papá que me llevaban que porque yo se las debía. Tenía amarradas las manos, pero la lengua no. Les contesté que no sabía qué le debía a gente que no conocía”, relata la mujer. “Más tarde me dijeron que no me iban a matar, que me soltaban para que entregara la información a los parceleros: que saliéramos de la finca de don Rafa, que esa tierra no era nuestra. Les contesté que el Incora le había comprado a don Rafa y que, si no era así, entonces el Incora nos había metido allí para que nos mataran”, recuerda Barrera.
A las 7 y 30 de la noche del 31 de diciembre el cadáver de Máximo apareció a 200 metros de su parcela. El inspector de policía del corregimiento Nueva Esperanza hizo el levantamiento del cuerpo y reportó el crimen a la inspección central de María La Baja. Desesperados, los campesinos viajaron a Cartagena, solicitando una comisión a las autoridades de Bolívar para garantizar su seguridad. “Nos respondieron que eso eran cosas peligrosas”, cuenta Barrera. A los campesinos los dejaron solos y sus denuncias, según advierten, desaparecieron de los archivos oficiales.
Tras el asesinato de Emiro Emel y Máximo, los parceleros de El Cucal fueron desplazados. Sus casos engrosaron el registro de víctimas de desplazamiento en María La Baja, que pasó de 108 casos en 1996 a 1.175 en 1997.
La violencia paramilitar se incrementó notablemente en los años siguientes y ocasionó varias masacres en el municipio y en pueblos aledaños. El año más aterrador fue el 2000, cuando según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, las Auc cometieron 17 masacres en Montes de María, asesinando a 176 personas. Una de estas fue la de Mampuján y Las Brisas, ocurrida en marzo, apenas a 40 minutos de la parcelación.
En medio de esa barbarie, los campesinos trataban de ingresar a los predios para no perder lo que con tanto esfuerzo habían logrado. Así lo relata Manuel Ruiz Pedroza, dueño de la parcela 29: “Mi vida era sembrar. Había sacado un crédito en la Caja Agraria de 3 millones de pesos y tenía 18 vacas, cuatro mulos, cinco burros, cerdos, gallinas, patos y una cosecha de plátano”.
Entre 2000 y 2004, los campesinos intentaron sostener sus cultivos, pero fueron desplazados masivamente por segunda vez. Ese último año, alias ‘Tasta’ los obligó a asistir a una reunión en la vereda Mundo Nuevo, amenazándolos de muerte si volvían a las tierras y preguntando con insistencia por Elba Barrera. “Querían matarme. Creo que me salvó fue un milagro porque llegué después y una tempestad cortó la reunión. Al regreso me fui por otro camino”, dice.
Julio César Peluffo Mariota, alias ‘Tasta’, estaba al mando de uno de los grupos del Frente Canal del Dique, del Bloque Héroes de los Montes de María, que delinquía en la zona desde 2003 con 260 paramilitares, comandados por ‘Juancho Dique’ y Alexi Mancilla García, alias ‘Zambrano’. En tribunales de Justicia y Paz, varios paramilitares desmovilizados contaron que ‘Tasta’, un desertor de las Farc, fue el responsable del asesinato de varios campesinos en la región, a quienes señalaba de colaborar con la guerrilla. (Lea sentencia).
El estigma, la violencia y las deudas con la Caja Agraria llevaron al límite a los campesinos de El Cucal. Según relatan, fue entre 2003 y 2007 que comisionistas los buscaron para que les vendieran las fincas. De las 62 familias adjudicatarias, 24 accedieron a las propuestas de los compradores, entre cuyos nombres recuerdan los de Álvaro Ramírez, Fabián Cantillo González y Abel Rafael Mercado, “trabajadores de Carlos Murgas”, aseguran los campesinos.
Rafael de Jesús Álvarez Herrera, dueño de la parcela 59, no aguantó más los cobros por los créditos que tenía y aceptó la propuesta. “Llegó un señor Álvaro Ramírez y me dijo: hombre, por qué no vendes esas tierras. Qué te vas a dejar matar allá. Con la venta pagas las deudas y te queda algo”. Su finca está sembrada con palma de aceite.
Carmen Lucía Cuevas Ruiz, viuda de José de los Santos Arias Polo, titular de la parcela 40, recuerda que durante 10 años su esposo se rehusó a abandonar la tierra. Como los paramilitares se mantenían en la finca y sus vidas corrían peligro, decidieron vender. “La plata se la dieron a mi compañero en dos partidas”, dice.
El 23 de noviembre de 2007 en el Banco Agrario fueron registrados dos depósitos a favor de José de los Santos Arias. Uno de estos fue por 8 millones 849 mil pesos, realizado por Fabián Cantillo González. Aunque José de los Santos logró que su finca fuera protegida, al ser incluida en el Registro de predios rurales abandonados por la violencia, esto no fue obstáculo para que fuera sembrada en palma.
Yudy Julio Lobo, hija de Lorenza Lobo, titular de la parcela 56, cuenta que ella y sus hermanos decidieron vender, no por voluntad sino porque estaban preocupados por la violencia y los cobros de la Central de Inversiones S.A. (Cisa), empresa que recupera la cartera morosa de varias entidades del Estado, entre estas la de la antigua Caja Agraria.
Los Lobo le enviaron en marzo de 2010 una carta a Fabián Cantillo, recordándole el pago de 2 millones 500 mil pesos, equivalentes a la mitad del valor de la venta de la parcela, y de la otra mitad por igual valor, una vez fuera levantado el embargo sobre la tierra (Ver carta). Dos meses después, la Cisa les informó que las deudas ya habían sido canceladas (Ver respuesta Cisa). Esta tierra también tiene palma.
Eric Contreras, hijo de Hernán Contreras Ramos, dueño de la parcela 55, recuerda que su padre, aquejado por un problema de diabetes y las deudas, decidió vender. Según el contrato de compraventa, firmado el 7 de septiembre de 2007 ante la Notaría 6 de Cartagena, Contreras vendió su finca a Abel Rafael Mercado Jaraba por 6 millones 727 mil pesos. La compraventa quedó consignada en el folio de matrícula de la parcela, que también está cultivada con palma (Ver compraventa y folio).
De los llamados comisionistas, no hay información disponible en bases de datos o documentos sobre quién es Álvaro Ramírez y su presunta relación con el empresario Murgas. Sin embargo, Fabián Cantillo González, ingeniero agrónomo y especialista en Gerencia de Producción y Operaciones, fue coordinador operativo de la Promotora Hacienda Las Flores S.A. entre enero 2002 y enero de 2013. Su nombre aparece en varias publicaciones sobre el cultivo agroindustrial. (Lea: tesis y documento de Fedepalma).
Abel Rafael Mercado Jaraba, por su parte, es miembro actual de las juntas directivas de la Promotora Hacienda Las Flores y Oleflores. Mercado tiene 25 años de experiencia en el sector financiero y fue candidato al Senado en 2006 por el partido Cambio Radical, en la lista encabezada por Germán Vargas Lleras. Mercado ha sido mano derecha del grupo empresarial de Murgas, como ha sido registrado por la prensa regional y Fedepalma (Ver documento de Fedepalma)
Sobre la compra de la parcela 55, Mercado reiteró que Hernán Contreras Ramos le ofreció el predio, indicando que este era improductivo. El directivo explicó que aunque no sabía que los campesinos habían sido desplazados de El Cucal en 1997 y 2004, las negociaciones se realizaron cuatro años después de ese periodo. Ante un eventual juicio de restitución, el directivo respondió que no tiene “ningún inconveniente en devolver el predio, siempre y cuando me sea reintegrado el precio real pagado (…) junto con el valor que he pagado por las mejoras realizadas al predio”.
“En ningún momento vamos negar el interés de la Agroindustria de la Palma en invertir en zonas que por sus características de suelos, pluviosidad y luminosidad, puedan tener buenas producciones. Sobra decir que la Agroindustria de la Palma de aceite en términos generales no ha participado en actividades de connivencia con grupos al margen de la Ley”, aseguró el directivo, agregando que esta agroindustria “genera desarrollo y crecimiento en zonas en las que el Estado prácticamente desapareció por décadas”.
Para los parceleros, demostrar su despojo ha sido difícil porque las compras no fueron llevadas al registro, es decir, no fueron legalizadas en una Oficina de Instrumentos Públicos, a excepción de la parcela 55 que inscribió Mercado. Según la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ninguna víctima del conflicto armado tiene que probar su despojo, porque la Ley le ordena esta responsabilidad al Estado.
Sin embargo, esto no ha sucedido con la comunidad de El Cucal, que sigue esperando la restitución de sus predios.
Después de 20 años de desplazamiento, diez de los 63 parceleros viajaron a Cartagena y el 28 de noviembre de 2013 presentaron sus casos a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), seccional Bolívar. Sin embargo, ese mismo día, el entonces director Territorial Álvaro Rafael Tapia les informó que “el predio que reclaman no se encuentra en una zona microfocalizada. Esto significa que en la zona en la que se encuentra ubicado su inmueble no se ha implementado el Registro de Tierras Despojadas y Abandonas Forzosamente, por lo cual el trámite a su solicitud iniciará una vez esto se lleve a cabo” (Ver respuesta de la Unidad).
El concepto de microfocalización depende, principalmente, de un concepto de seguridad, que garantice documentar en terreno las solicitudes. Los parceleros no comprendían tal decisión, cuando desde 2007 en María La Baja, a escasos metros de la parcelación, comenzó a funcionar la planta extractora de aceite de palma de Oleoflores, o cuando desde abril de 2012 el corregimiento de Mampuján, aún más distante, contó con ese aval.
Hasta marzo de 2015, la URT comenzó a estudiar las reclamaciones de El Cucal, pero estas sólo tuvieron resultados hasta febrero pasado, cuando funcionarios de la Unidad ingresaron a la parcelación y con cinta pegaron las notificaciones en las parcelas 39 y 45, que indican que “esta Unidad ha iniciado formalmente estudio de la solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas”. Es decir, la URT comenzó el proceso cinco años después de presentadas las solicitudes.
La parcela 39, de Armando Alfaro Julio, está sembrada con palma. El labriego relata que tras la violencia paramilitar fue de los primeros en vender: “vendí a 3 millones 300 mil pesos la hectárea. La regalé. En este tiempo hemos pasado hambre, sobreviviendo, jornaleando con el uno y con el otro”.
Graciela Lobo de Martínez, titular de la parcela 45, está entre el grupo de campesinos que no quiso vender y que retornó al predio en condiciones difíciles. Su casa es de madera, no tiene servicios públicos y en su predio solo crecen cocos. “Estamos cansados. Cada vez que vamos a Cartagena a preguntar son 100 mil pesos de transporte y el campesino no tiene esa plata. Ahora que vino la Unidad nos dijeron que teníamos que ir a Carmen de Bolívar. Fui y volvieron a preguntarme los datos de qué era lo que había ocurrido en la finca”, indica Lobo.
El relato de Graciela coincide con la decisión que tomó Ricardo Sabogal, director Nacional de la URT, el 14 de diciembre de 2017. Con el argumento de que la entidad a su cargo está por terminar el estudio de todas las solicitudes en la región, suprimió la oficina en Cartagena de la URT Bolívar y designó a la Oficina del Carmen de Bolívar como sede principal, para terminar de documentar los casos. (Ver Resolución 936).
Para los campesinos de El Cucal y de otras parcelaciones como La Candelaria, con una historia similar, en María La Baja no hubo restitución. En las 14 sentencias hasta ahora públicas en la Rama Judicial sobre este municipio, 13 han sido resueltas por los Juzgados Especializados sobre predios en el corregimiento de Mampuján, que quedaron abandonados después de la masacre de 2000. En ninguno de estos casos hubo comercialización o ventas. La excepción es un fallo del Tribunal de Cartagena, en el que las magistradas no encontraron “la buena fe exenta de culpa” de las empresas Pradera de Las Marías S.A. y Totoide S.A. (Ver sentencia).
Alcelis Coneo Barboza, subdirectora de la URT Nacional y quien funge desde febrero como Directora Territorial en Bolívar, niega que haya habido presiones del gobierno nacional o de empresarios para atender las reclamaciones de las víctimas: “Aquí escuchamos a todos, a los solicitantes y a las personas que tengan alguna relación con el predio. Siempre con la intención de que se esclarezca la verdad. No nos interesa que sean palmeros o cualquier tipo de empresarios, los escuchamos de manera imparcial. El mensaje es que la Unidad cuando interviene en el territorio no tiene ningún tipo de preferencias, sin importar quién esté relacionado con los casos. No obedecemos a ningún tipo de presión y si la llegáramos a recibir, la denunciaremos”. (Lea la entrevista completa aquí).
Contraria a la versión estatal, varios funcionarios que trabajan en Montes de María, y que solicitaron la reserva de su identidad, advierten que la URT no quiso ser eficaz en las reclamaciones porque, eventualmente, afectarían el proyecto agroindustrial de Murgas Guerrero. La dilación comenzó con la “microfocalización” de esa zona de María La Baja y luego, informando que había fallas en la definición de los “polígonos” de la hacienda El Cucal por ausencia de información en la plancha catastral.
Los parceleros cuestionan que la URT no haya hecho un trabajo a tiempo y completo sobre en qué condiciones les compraron las tierras y quiénes las explotan. Remberto Tovar Bello, titular de la parcela 11, carga siempre en su bolsillo el certificado de desplazamiento que le entregó la Personería en 1997. A sus 70 años y con dos hernias, trata de rebuscarse el jornal, por el que no recibe más de 25 mil pesos diarios. Cuando no tiene trabajo, que es casi siempre, dice que su alimentación se limita a la yuca cocida. “Si me entregaran la tierra, iba y me compraba la rula y me metía a descuajar monte. Me duele acordarme de la vida que he tenido”, dice el campesino entre lágrimas.
