La organización holandesa Pax denunció supuestos vínculos entre las multinacionales mineras Drummond y Prodeco con paramilitares del Bloque Norte de las Auc con presencia en el centro minero del departamento del Cesar. Empresas carboníferas rechazaron señalamientos.
Las víctimas de los pueblos que conforman el eje minero del Cesar aun sienten miedo, por eso muchas no se atreven a hablar. Un serio cuestionamiento lanzó la organización no gubernamental holandesa Pax contra las empresas carboníferas Drummond y Prodeco, a las que señaló de tener relaciones en el pasado con grupos paramilitares y ser cómplices de la violencia desatada alrededor de sus proyectos mineros en el departamento del Cesar.
El informe, titulado El lado oscuro del carbón, que contiene denuncia de la supuesta relación entre grupos armados ilegales colombianos y las dos empresas mineras, será entregado el próximo 30 de junio a la Ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos, Lilianne Ploumen. Al encuentro asistirán dos representantes del movimiento de víctimas del Cesar.
La iniciativa de escribir este documento surgió en agosto de 2013 en Valledupar, durante el primer encuentro de víctimas de multinacionales y trasnacionales en Colombia. Los afectados le solicitaron a Pax adelantar un estudio sobre la injerencia de las empresas carboníferas en la generación de violencia en sus áreas de explotación en aparente relación con el Frente ‘Juan Andrés Álvarez’, que controlaba el territorio minero en esta región del país. (Ver La historia del ‘Juan Andrés Álvarez’).
Los testimonios de las víctimas que ingresaron a este movimiento, avalado por Pax, se sumó a la investigaciónque ya había iniciado la organización holandesa para reconstruir y denunciar lo que sospechaban: la presunta relación entre paramilitares y las dos empresas, que venden gran parte de su producción (aproximadamente el 70% en 2013) a servicios de electricidad europeos, como E.ON, GDF Suez, EDF, Enel, RWE, Iberdrola y Vattenfall.
VerdadAbierta.com conoció que el estudio analiza la ola de violencia paramilitar que afectó al departamento del Cesar entre 1996 y 2006, cuyos efectos aún resuenan en esta región del norte del país. El informe aborda el aparente rol de la empresa minera de carbón Drummond, con sede en Estados Unidos, y, en menor medida, de Prodeco, firma subsidiaria de Glencore Plc., con sede en Suiza, en la financiación de grupos armados ilegales. (Ver ‘La versión de ‘Samario’ sobre la Drummond y los ‘paras’).
Marianne Moor, representante de Pax, dijo en una rueda de prensa realizada en Berlín el pasado martes y convocada por la organización medioambiental Urgewald y por la asociación de derechos humanos Power Shift, que con el informe “esperamos contribuir a los esfuerzos para descubrir la verdad oculta detrás de la violencia y lograr un remedio efectivo para el daño que han sufrido las víctimas”.
Recolección de información
Durante los últimos tres años, la organización Pax realizó numerosas entrevistas y consultó declaraciones ante cortes judiciales de víctimas de violaciones de derechos humanos, excomandantes paramilitares de la región, antiguos empleados de las empresas mineras y sus contratistas, abogados especializados en derechos humanos y autoridades colombianas.
En relación a los testimonios extraídos de expedientes judiciales, Moor explico que “estas personas rindieron sus declaraciones bajo juramento, dentro del contexto del proceso de Justicia y Paz en Colombia, del sistema de justicia ordinaria colombiano y en el transcurso de un caso reciente ante una corte estadounidense contra la empresa, bajo el Alien Tort Claims Act. Múltiples fuentes alegan que particularmente Drummond, pero también Prodeco, han estado involucradas, de varias maneras, en abusos de los derechos humanos durante este periodo” (Ver Carbón y sangre en las tierras de ‘Jorge 40’).
Luego de todas las investigaciones, la organización holandesa concluyó que cuando Drummond y Prodeco iniciaron sus actividades mineras de carbón en Colombia, a mediados de los años noventa, el Cesar ya era un departamento azotado de conflictos.
La presencia de las fuerzas guerrilleras de las Farc y el Eln estaba afectando sus operaciones, a tal punto que en 1996, un primer grupo de combatientes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) llegó a la región y en diciembre de 1999 un nuevo frente, llamado ‘Juan Andrés Álvarez’, fue creado específicamente para operar en la vecindad de las concesiones mineras y a todo lo largo de la vía férrea. En los años siguientes, este frente llegó a tener 600 miembros, que sembraron el temor y el terror entre la población local.
El eje minero del Cesar está conformado por los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Chiriguaná y Codazzi, que hoy registran un alto número de víctimas y cientos de casos de reclamaciones de tierra al parecer despojada y abandonada (Ver ‘El pueblo más victimizado del Cesar’).
La Fiscal 58 delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz que ha investigado los delitos del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ contó a VerdadAbierta.com que han podido confirmar, de acuerdo con las versiones de los paramilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz, por los menos 425 homicidios en la zona de operaciones de esa facción de las Auc, así como la desaparición de 215 personas y más de 800 desplazados.
Cifras del informe
El informe de PAX indica que con base en las cifras de la Policía Nacional se hizo un cálculo conservador sobre los homicidios ocurridos en la zona minera del Cesar entre 1996 y 2006 y estableció que el Frente ‘Juan Andrés Álvarez’ cometió por lo menos 2.600 asesinatos selectivos, asesinó a unas 500 personas en masacres e hizo desaparecer a más de 240 personas. Estas cifras también indican que la violencia paramilitar causó más de 55.000 desplazamientos forzados.
También llegaron a la conclusión que durante los años iníciales de sus operaciones, Drummond y Prodeco eran conscientes de los brutales métodos usados por las facciones de las Auc para enfrentarse a las guerrillas y contra las personas sospechosas de simpatizar con los grupos insurgentes.
Al respecto, el documento señala que “no encontramos ninguna indicación de que las empresas mineras urgieran en esa época al gobierno colombiano para que tomara medidas tendientes a prevenir las graves violaciones de los derechos humanos en la región”.
Citando a un antiguo empleado de seguridad de Prodeco, Pax asegura que “los departamentos de seguridad de ambas empresas jugaron un papel crucial en el establecimiento de los primeros contactos entre las fuerzas paramilitares y los ejecutivos de las empresas en 1996. Este contacto supuestamente llevó a la llegada del primer grupo de cien combatientes para operar en la zona minera”.
Esta versión fue confirmada, según Pax, por un comandante ex paramilitar en la región, quien precisa que el Frente ‘Juan Andrés Álvarez’ fue creado en 1999 por pedido de Drummond, específicamente para defender las operaciones de la empresa en la mina y la vía férrea.
El informe cita nueve fuentes que aseguran que entre 1996 y 2006 la Drummond suministró un sustancial apoyo financiero a las Auc, particularmente al Frente ‘Juan Andrés Álvarez’. Según sus testimonios, los métodos de pago cambiaron con los años e incluyeron desde pagos directos en efectivo, hechos al comienzo, y la canalización de fondos a través de contratistas, hasta la transferencia de un porcentaje fijo de los ingresos de la empresa en los años posteriores.
Incluso, Pax recurre a la declaración de un antiguo contratista de alimentación de la Drummond, quien bajo juramento en diferentes procesos judiciales aseveró que él canalizó una suma total de 900 mil dólares para el Frente ‘Juan Andrés Álvarez’, en pagos mensuales, como lo solicitó la empresa carbonífera desde finales de 1997 a mediados de 2001. Los aportes fueron cubiertos con una anotación en sus facturas a la empresa. Testimonios de tres exparamilitares indican que Prodeco también suministró fondos para las Auc en la región.
Otro aparte del informe asegura que “de las declaraciones de los antiguos paramilitares también surge una imagen de frecuente colaboración entre las empresas mineras, los paramilitares y el Ejército”.
“Múltiples fuentes, dice el documento, han testimoniado que Drummond y Prodeco pasaron datos de inteligencia a las unidades del Ejército locales y a las Auc. Según cuatro exparamilitares, empleados de Drummond discutieron en varias ocasiones la estrategia paramilitar general en la región minera con los comandantes de las Autodefensas, por ejemplo para darle prioridad a operaciones enfocadas en sitios concretos a lo largo de la vía férrea”. (Ver Juez pide investigar a funcionarios de Drummond por caso de sindicalistas).
Además,la organización holandesa soporta su informe en tres fuentes que dijeron que la empresa de seguridad privada contratada por la Drummond contactaba directamente a los paramilitares si veía personas sospechosas y que las Auc organizaron asesinatos con base en este contacto telefónico. Tres antiguos miembros paramilitares y contratistas han declarado que en algunas instancias la empresa dirigió las acciones del Frente ‘Juan Andrés Álvarez’ y mencionan el caso del asesinato de tres líderes sindicales de Drummond en 2001, como un resultado claro de esta coordinación. (Ver ‘Tolemaida’ acepta que asesinó a sindicalistas de la Drummond’).
El informe contiene varios testimonios, tanto de las víctimas como de los investigadores, que indican que las empresas mineras se han beneficiado de varias maneras de los abusos de los derechos humanos cometidos por las Auc y que lo continúan haciendo hasta el día de hoy, y se reseñan por lo menos tres aspectos.
En primer lugar, al menos tres casos de desplazamiento forzado tuvieron lugar en tierras que actualmente están situadas en las concesiones de la Drummond y Prodeco o cerca de ellas. En segundo lugar, el asesinato de los líderes sindicales mineros y las continuas amenazas contra las vidas de otros miembros han debilitado los sindicatos en la región y les permiten a las empresas abstenerse de mejorar la seguridad y las condiciones laborales de los empleados de las empresas. Y en tercer lugar, la violencia ha silenciado las voces críticas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil en los temas de derechos humanos y los impactos sociales y ambientales de la minería del carbón (Ver Parceleros de El Prado siguen pobres y sin tierra).
Para Pax el ciclo de violencia en la región minera del Cesar no ha terminado todavía. Desde su perspectiva, actualmente, el territorio está plagado de bandas criminales compuestas en gran parte por antiguos integrantes de los grupos paramilitares quienes intimidan a todos aquellos que piden la verdad, la justicia, la reparación y la devolución de tierras para las víctimas de la violencia paramilitar.
“En algunas de sus amenazas escritas y comunicados públicos, estos grupos han declarado que ellos están actuando como protectores de los intereses de las empresas mineras en el Cesar. Sin embargo, como en el pasado reciente, las empresas guardan silencio acerca de estos inquietantes desarrollos y han fallado a la hora de distanciarse públicamente de las declaraciones ya mencionadas”, reitera el informe.
Por su parte los investigadores de Pax concluyeron que “ya es hora de que Drummond y Prodeco acepten su responsabilidad por los impactos en los derechos humanos de sus operaciones mineras”. Según ellos, ese reconocimiento requiere su compromiso activo con las víctimas de la violencia paramilitar en la región minera, en un esfuerzo por sanar sus cicatrices del pasado. “Tal compromiso puede contribuir a hallar la verdad acerca de un episodio importante del conflicto colombiano y podría servir de ejemplo para los proyectos mineros en otras partes del país”, concluyeron.
Drummond rechaza vínculos
A través de un comunicado de prensa, la empresa carbonífera se pronunció al respecto y rechazó los señalamientos. Esta es la posición de la firma minera:
“Drummond Ltd. se permite informar a la opinión pública que hasta hoy conoció el informe “El lado oscuro del carbón”, presentado por la ONG PAX y reitera, una vez más, que jamás ha tenido relación alguna con grupos al margen de la ley.
Las acusaciones contra la compañía sobre la presunta colaboración con paramilitares del departamento del Cesar han sido desestimadas por los tribunales de Estados Unidos, una y otra vez, en sentencias emitidas a lo largo de estos años.
El 25 de julio de 2013, la Corte del Distrito de Alabama en Estados Unidos de América conceptuó sobre las peticiones de sentencia sumaria elevadas por Drummond Company Inc. y Drummond Ltd. La sentencia sumaria es el procedimiento en el que el Juez evalúa las pruebas, incluyendo los testimonios de todos los testigos, para determinar si la demanda está soportada en pruebas sólidas.
En este caso, la Corte recibió declaraciones bajo la gravedad de juramento de no menos de 21 testigos en Colombia y en Estados Unidos, además del testimonio de 24 demandantes y miles de páginas de documentos, luego de lo cual concluyó que no hay fundamento para las demandas en contra de la Compañía o sus funcionarios. La Corte consideró cada uno de los argumentos de los demandantes y concluyó que “cuando las afirmaciones se sacan a la luz del día, no soportan el escrutinio”.
Drummond Ltd. es una compañía respetuosa de las leyes colombianas y reafirma que siempre ha estado al margen del conflicto armado en Colombia”.
