Los 48 campesinos dueños originarios de este predio situado en el centro minero del Cesar aún no ven la luz al final del túnel. Acaban de aceptar que el Incoder les pague según un avalúo comercial de hace cuatro años y no lograron que les dieran una nueva tierra.
Acosados por la pobreza y sin obtener mayores resultados en los estrados judiciales permanecen las 48 familias que fueron beneficiadas con la adjudicación del predio El Prado, ubicado en medio de la concesión minera que opera la empresa Prodeco, filial de la multinacional Glencore Xstrata, en el municipio de La Jagua de Ibirico, en el Cesar.
Hace 30 meses la justicia colombiana ordenó al Incoder restituir el derecho de posesión de esas familias, pero hasta el momento no se ha logrado materializar esa decisión judicial.
Si bien los campesinos tenían otras expectativas frente a la restitución, aceptaron en una reunión realizada en Valledupar el pasado 17 de mayo, con la presencia del director nacional del Incoder, Ariel Borbón Ardila, que les pagaran la tierra según el avalúo comercial que hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en mayo de 2013 por valor de 8.390 millones de pesos, a pesar de que la Lonja de Propiedad del Cesar hizo en 2012 un avalúo por 22.900 millones de pesos.
Estas familias se vieron obligadas a desplazarse en el 2002, después de que en ese año 17 de sus miembros fueran asesinados por paramilitares del frente ‘Juan Andrés Álvarez’, comandados por Oscar José Ospino, alias ‘Tolemaida’.
Tras doce años de vivir como desplazados en diferentes lugares del Cesar, en condiciones extremas de pobreza y angustiados por la demora del cumplimiento del fallo que fue avalado en todas las instancias judiciales, retornaron el 8 de mayo pasado a las que aún consideraban sus tierras, pero las encontraron rodeadas de carbón. Apenas pudieron soportar tres días en medio de dificultades, sin agua, con poca comida y respirando el polvillo del carbón.
“No pudimos aguantar mucho tiempo, las condiciones eran muy difíciles, muchos de los que nos atrevimos a regresar nos enfermamos y ya se habían acabado las provisiones”, contó uno de los parceleros que estuvo en El Prado (Ver La restitución esquiva a las familias de El Prado).
Otro campesino, que prefiere no dar su nombre, dijo a VerdadAbierta.com que el retorno tenía como fin llamar la atención del Incoder, entidad con la que se habían sentado varias veces sin llegar a soluciones concretas, en este caso el pago de la tierra, como lo ordenó el Juzgado.
“No logramos nada, solo nos expusimos a padecer en unas condiciones muy precarias, pues llegamos a una de las cinco parcelas que hoy están a nombre de la empresa Prodeco, por donde pasa el río Tucuy, pero ya la tierra no es igual, ahora todo es diferente”, recuerda el parcelero, quien hizo parte del grupo que retornó con la esperanza de encontrar la solución que tanto han esperado.
La abogada de las familias de El Prado, Ludys Pedraza, dijo que en varias ocasiones se reunió en Bogotá con representantes del Incoder, entidad que siempre sostuvo que sólo pagaría el avalúo hecho por el IGAT y se negó a las peticiones que hacían los campesinos, que consistían, además del pago ordenado por la justicia, en que les adjudicaran una nueva tierra en la que pudieran rehacer su vida campesina y los incluyeran en proyectos productivos.
Los campesinos de El Prado ganaron esta batalla jurídica en instancias de la justicia ordinaria, debido a que su proceso fue iniciado en el año 2009, cuando aún no existía la Ley 1448 o Ley de Víctimas, que tuvo origen en el año 2011 y entró en vigencia el 1 de enero de 2012.
“Por eso ellos no han sido reparados por esta Ley, lo que hemos logrado ha sido resultado de un largo proceso judicial y por eso nos extraña que se esté dando por parte del Incoder la tipología del despojo, pagándole lo que ellos quieren, sin tener en cuenta sus peticiones”, contó la abogada. (Ver Sigue litigio por las tierras de El Prado en el Cesar).
El director del Incoder, Ariel Borbón le precisó a VerdadAbierta.com que la entidad sólo se remitirá a pagar la compensación económica que establece la sentencia. “En una reunión que tuvimos con los campesinos en Valledupar acordamos que se les pagaría lo que cuesta el predio, cumpliendo cabalmente con el fallo. No podíamos devolverles el predio El Prado porque las condiciones de éste no son las adecuadas. Jurídicamente y fiscalmente era imposible la reubicación en esos predios, lo único viable era acoger la compensación económica”.
Respecto a las peticiones de los parceleros relacionadas con el acompañamiento de proyectos productivos o subsidios para retomar a su vida campesina, el funcionario explicó que esto no es posible porque no está incluido en el fallo que ordenó restituir a las familias la tierra o su equivalente en dinero.
La realidad de los campesinos
Los campesinos víctimas de la violencia paramilitar que salieron de El Prado en el 2002 viven en condiciones muy difíciles. “Hoy ya somos personas mayores, con unos hijos que crecieron en medio de la pobreza, que les ha tocado hacer de todo para sobrevivir, por eso lo único que esperamos es que nos devuelvan lo que un día nos perteneció”, afirmó uno de los labriegos.
De las 1.231 hectáreas que comprenden la parcelación de El Prado, la empresa Prodeco tiene cinco parcelas (la 32, la 33, la 34, la 35 y la 36) que suman 100 hectáreas, las cuales se las compraron en 2007 a personas que en ese momento las tenían, que para ese entonces no eran los propietarios originales, siguiendo órdenes del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, según se lo confirmó hace cuatro años a VerdadAbierta.com un alto ejecutivo de la compañía minera.
En la actualidad la operación extractiva no está sobre los predios reclamados, aunque si está rodeada por ella. Por esas 100 hectáreas Prodeco pagó al Incoder 3.700 millones de pesos, que debían recibir los ocupantes de las parcelas por las mejoras que habían hecho en la tierra, sin que hasta el momento se haya materializado esa entrega.
La historia de la parcelación de El Prado se complica más aún porque los primeros poseedores, las familias que vinieron deportadas de Venezuela y que llegaron por primera vez allí, tuvieron que vender bajo amenazas de los paramilitares a los segundos ocupantes, entre las que se encontraban varias familias de comandantes paramilitares y beneficiarios del plan de redistribución de la tierra liderado por el gerente de ese entonces del Incoder en el Cesar, Carlos Reyes, quien ayudó al grupo armado ilegal a despojar de la tierra a muchos campesinos cesarenses, razón por la cual purga una condena en centro carcelario por concierto para delinquir. (Ver Carbón y sangre en las tierras de ‘Jorge 40).
El otro problema de El Prado
Los problemas de El Prado no tienen fin. En octubre de 2012, los segundos y terceros ocupantes de estas tierras fueron beneficiados con una sentencia del Juzgado Primero de Descongestión del Circuito de Valledupar, que luego apelaron porque el Incoder no había cumplido la reubicación en otras tierras y el subsidio respectivo. Este fallo era paralelo a lo que ya se había resuelto en otras instancias con los parceleros originales dueños del predio.
El Defensor del Pueblo en el Cesar, Omar Contreras, expresó su preocupación por ese fallo, emitido el 5 de octubre de 2012, por cuanto el grupo demandante de esta sentencia está constituido por los segundos y terceros ocupantes de las tierras de El Prado y no por los campesinos que fueron deportados de Venezuela y a quienes originalmente el Incora (hoy Incoder) en el marco de programas de reforma agraria, les hizo entrega de las parcelas.
Además, aseguró que en ninguno de los dos fallos a favor de los segundos y terceros ocupantes se hace referencia al contenido de la sentencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, fechado el 9 de noviembre de 2011, que ordenó al Incoder restituir a las 48 familias campesinos de El Prado su derecho de posesión sobre la tierra de la que fueron desplazados por grupos paramilitares o, en su defecto, entregar su correspondiente valor en pesos, precio que debe ser actualizado en el momento de pagar, así como también que “emprenda las gestiones que sean necesarias para convertirlos en propietarios”.
Ni lo uno ni lo otro ha ocurrido hasta el momento y las familias siguen viviendo en medio de la pobreza en los lugares a donde se desplazaron, según ha informado en diferentes oportunidades la abogada Ludys Pedroza, apoderada de los campesinos, quien ha sido reiterativa al afirmar que esta sentencia quedó confirmada definitivamente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 19 de julio de 2012.
Lo más curioso del caso de El Prado es que en los dos fallos que favorecen a los segundos y terceros poseedores (la del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Valledupar y del Tribunal Administrativo del Cesar) no hacen referencia “al contexto de violencia generalizada desencadenada por el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ del Bloque Norte de las autodefensas, que derivó en desplazamientos forzados y el despojo de tierras de los originales ocupantes de El Prado”, tal como lo aseguró en su momento el Defensor del Pueblo del Cesar.
Desde la óptica jurídica, explicó la Defensoría regional, las dos últimas sentencias podrían estar viciadas por error inducido en la medida en que los jueces pudieron haber sido objeto de engaño al momento de la toma de decisiones, lo cual configuraría fraude procesal cometido por el grupo demandante, en el supuesto escenario que hayan asumido que los primeros y segundos ocupantes era el mismo grupo de familias deportadas de Venezuela.
Mientras los fallos jurídicos se cumplen, las 48 familias parceleras esperan que, por lo menos, el Incoder cumpla lo que prometió el 17 de mayo anterior: pagarles lo que ellos consideran es lo legal, es decir, los 8.390 millones, que serán repartidos en partes iguales a estos campesinos.
“Lo que queremos es comenzar una nueva vida, sin pasar hambre ni vivir en malas condiciones”, dijo una de las mujeres mayores del grupo, quien asegura que lo único que desea es morir viendo que su familia por lo menos pudo tener un futuro mejor.
Cronología del caso de El Prado
VerdadAbierta.com hace un resumen cronológico de todos los hechos y situaciones que han rodeado este caso de desplazamiento y despojo de las tierras de El Prado.
– En 1997 el Incora le entrega las parcelas a 55 familias que habían llegado deportadas de Venezuela y el Gobierno Nacional les otorga subsidios para que desarrollen actividades agropecuarias.
– El 19 de mayo de 2002 ocurre la primera masacre en El Prado, cuando desaparecieron a una familia completa: Jesús Eliécer Flórez Romero y a sus tres hijos, Bladimir, Gustavo y Elyesil, éste último de 16 años, y a Fidel Góngora, de 18 años, quien visitaba la familia Flórez ese día. Ese mismo año mataron a 13 parceleros más, lo que generó el desplazamiento masivo de los labriegos y el abandono del predio.
– En 2009 comienza la batalla jurídica de los 48 parceleros que quedaron finalmente en El Prado. Le dieron poder a la abogada Ludys Pedraza, quien ha sido amenazada en varias ocasiones, así como algunos líderes del grupo de campesinos.
– En el 2010 alias ‘Samario’ contó a Verdadabierta.com en una entrevista que él estuvo en la masacre de la familia Flórez y dijo que “todo esto se hace por las tierras, que son ricas en carbón, esto genera mucho dinero, por esto viene todo este desplazamiento”.
– El 6 de junio de 2011, alias ‘Samario’ confesó que la orden que le dieron sus superiores (alias ‘Tolemaida’ y ‘Jorge 40’) fue matar y desplazar a las familias de El Prado.
– El 9 de noviembre de 2011 el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar ordenó al Incoder la restitución a las 48 familias el derecho de posesión sobre las tierras, fallo que fue impugnado por el Incoder.
– El 19 de mayo de 2011 encontraron los restos de Bladimir Florez y Fidel Góngora (menor de edad) enterrados en la misma zona. Los otros cuerpos no han sido hallados.
– El 13 de marzo de 2012 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar emitió dos sentencias en las que negaba las tutelas interpuestas por lo segundos y terceros ocupantes de las tierras.
– El 9 de mayo de 2012 la Sala de Decisión de Tutelas Número Uno de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no acepta la impugnación del Incoder al fallo de esa Corte y declara la nulidad de lo actuado.
– El 19 de julio de 2012 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió confirmar el contenido de la sentencia emitida originalmente por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar.
– El 23 de agosto de 2012 la Corte Constitucional excluye la sentencia de la Corte Suprema de revisión, como respuesta a una tutela interpuesta por el Incoder.
– El 5 de octubre de 2012 el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar emite sentencia a favor de los segundos y terceros ocupantes de El Prado y ordena al Incoder la reubicación en otras tierras y la entrega de subsidios.
– El 30 de enero de 2014, el Tribunal Administrativo del Cesar resuelve a su favor los recursos de apelación interpuestos por los segundos y terceros ocupantes de El Prado.
