En su fallo de condena a un paramilitar, un juez especializado de Bogotá pidió investigar si cinco directivos de la multinacional carbonera y un contratista tuvieron responsabilidad en el asesinato de dos sindicalistas.
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 – Aseguramiento contra asesino de dos sindicalistas de la Drummond – Acusan a alias ‘Miguel’ por asesinato de sindicalistas de la Drummond – Banana ‘para-republic’ –Los investigados de la Drummond  – Sentencia del juzgado Once especializado de Bogotá contra Jairo de Jesús Charris por el asesinato de dos sindicalistas de la Drummond |
En la sentencia contra el paramilitar Jairo de Jesús Charris Castro conocido con el alias de ‘El Viejo Miguel’ o ‘Miguel’, condenado por el asesinato del presidente y vicepresidente de Sintramiernegética Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, un juez especializado de Bogotá pidió a la Fiscalía que investige a los directivos de la empresa Drummond, Gary Drummond(presidente de la multinacional), Jean Jakim, Augusto Jiménez (presidente en Colombia), Alfredo Araújo (gerente de relaciones con la comunidad) y el coronel Luis Carlos Rodríguez (jefe de seguridad) por su presunta participación en el crimen.
Locarno y Orcasita fueron asesinados por paramilitares al mando de ‘Tolemaida’ el 12 de marzo de 2001 cuando se desplazaban en un bus de la Drummond de la mina La Loma a Valledupar donde residían.
También ordenó que se investigara a Jaime Blanco Maya, propietario de la firma Industrial de Servicios y Alimentación, ISA, contratista de la multinacional, por haber sido uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de los dos sindicalistas.
El juez establece en su sentencia algunos hechos que podrían complicarle la situación jurídica a varios directivos de la Drummond. El más comprometedor quizás fue que, según lo atestiguó en el juicio alias “El Viejo Miguel”, el 6 de marzo de 2001 Oscar José Ospino Pacheco alias ‘Tolemaida’, asistió a una reunión en la sede de la empresa en La Loma en la que participó Blanco Maya y en la que se planeó el crimen.
Los familiares de las víctimas han intentado que la justicia estadounidense tome el caso, pero en dos ocasiones, una en la Corte Federal de Alabama y otra en Atlanta, jueces de ese país se han negado a iniciar un proceso en contra de la Drummond y sus directivas, por considerar que no tuvieron responsabilidad en el crimen. Sin embargo, esta sentencia del juez colombiano revela detalles inéditos de cómo supuestamente se planeó y se llevó a cabo el asesinato de estos dos sindicalistas.
La Drummond en un comunicado público aseguró que alias ‘El Viejo Miguel’ “ha dado testimonios que buscan implicar a Drummond Ltd., y a algunos de sus empleados en este crimen. Estas declaraciones son totalmente falsas. Hace algo más de un año, el señor Charris envió comunicaciones escritas de carácter extorsivo a las directivas de Drummond Ltd., amenazándolas con hacer estas declaraciones si no recibía dinero de la compañía. Inmediatamente se entregaron estas comunicaciones a la justicia colombiana y no accedimos a dichas exigencias extorsivas. Entendemos que esta información fue un elemento probatorio importante en la investigación que llevó al arresto y condena de Charris.”
Agrega además que “como resultado de las declaraciones del señor Charris, las autoridades colombianas han solicitado información adicional a Drummond Ltd., como parte de la investigación. La compañía ha cooperado y continuará cooperando plenamente con las autoridades, con la esperanza de que se hará justicia respecto a estos crímenes atroces. Drummond Ltd espera que todos y cada uno de los responsables por el asesinato de estos líderes sindicales sean judicializados.”
Comida mala
En el expediente, hay otros testimonios de paramilitares que señalaron a Blanco Maya como la persona que planeó el crimen con las autodefensas porque el sindicato estaba protestando por el servicio de alimentación que él proveía a la multinacional carbonera.
La empresa Industrial de Servicios y Alimentos ISA tuvo el contrato de suministro de alimentos al casino de los empleados de mina de carbón de la Drummond hasta 2001. El sindicato había exigido al gerente de la mina, Walt Reed, que mejoraran la alimentación para los empleados o que cambiaran de proveedor y amenaaron con hacer paro si no tomaban medidas.
Sin embargo, Drummond no cambió al contratista. Después, según los testimonios conocidos en este juiicio, hubo una reunión entre sindicalistas, directivos de la Drummond y Blanco Maya, en la que los trabajadores denunciaron que en los carros de la empresa de Blanco se estaban repartiendo panfletos que los que los señalaban como guerrilleros. En ese encuentro, Blanco negó esta denuncia.
Días después, los líderes sindicales Locarno Rodríguez y Orcasita Amaya, hicieron denuncias oficiales ante el Ministerio del Interior que habían sido víctimas de amenazas.
El asunto ´no paró allí. Según dijo “El Viejo Miguel”, luego, Blanco Maya se reunió con el jefe de las Auc, alias ‘Tolemaida’, y acordó el asesinato de los dos sindicalistas porque veía que su contrato con la Drummond para alimentar a los empleados de la mina, que valía 600 mil dólares al año, estaba en riesgo. Dijo además que ‘Tolemaida’ acompañó a Blanco Maya a una reunión en la sede de la multinacional en La Loma y que allí se cuadraron los detalles del crimen.
“El Viejo Miguel”, condenado en este fallo, trabajaba la empresa de Blanco prestandole seguridad al casino, afirmó también que lo que pretendía la Drummond era acabar con el sindicato. Incluso fue testigo de una reunión entre Blanco y el funcionario de la Drummond, Jean Jakin, en la que hablaron del tema de los alimentos, la voladura de trenes y la presión sindical.
Para el juez esto constituye una prueba importante que conduce a relacionar la causa del asesinato de Locarno y Oscarsita con su condición de sindicalistas y sus demandas. “Conocer de dónde provenían, o quiénes directa o indirectamente propiciaban o desarrollaban los actos de amenaza, persecución o muerte, que tenían como objetivo a los dirigentes sindicales”.
Javier Ernesto Ochoa Quiñónez, un desmovilizado de las Auc, coincidió con lo dicho por ‘El Viejo Miguel’ en que Blanco Maya le solicitó a ‘Tolemaida’, comandante paramilitar de la zona que solucionara de raíz el problema del presidente y vicepresidente del sindicato, quienes le habían hecho la vida imposible para quitarle el contrato de alimentación.
Antes de entrar a trabajar con Blanco, ‘El Viejo Miguel’ había sido coordinador de seguridad de la empresa Viginorte, que le prestaba servicios a la Drummond. Dijo que por eso acompañó en varias ocasiones a reuniones a Blanco Maya en las que fue testigo de las discusiones con la multinacional.
Otro paramilitar Mattos Tabares, escolta de ‘Tolemaida’, reconoció que Blanco Maya se reunía frecuentemente con su jefe en la base paramilitar de San Ángel, en el Magdalena.
Cómo fue el crimen
Según lo establecido en el expediente del juicio, el asesinato fue comandado por alias ‘Adinael’ jefe urbano del Frente Juan Andrés Álvarez, y también participaron los paramilitares ‘Cebolla’, ‘Piter’, ‘Sixto Arturo Fuentes’, ‘Gordo Peye’, ‘Brandon’ y ‘El Viejo Miguel’.
Algunos de los testigos, que pertenecieron a las Auc, revelaron además que para cometer el crimen contaron con la colaboración del jefe de seguridad de la Drummond, el coronel Luis Carlos Rodríguez, quien el día del asesinato llamó a ‘El Viejo Miguel’ para informarle que los buses en los que se desplazaban los dos sindicalistas ya habían salido, con la intención de que éste le avisara a los paramilitares. ‘Miguel’ le respondió al coronel que tratara el tema con Blanco, y luegole contó a ‘Tolemaida’ de la llamada de Rodríguez. De estos hechos, el juez concluyó que “si hubo comunicación desde el interior de la empresa para avisar a los homicidas el momento en que salían los buses”.
Los paramilitares al mando de ‘Adinael’ interceptaron en dos vehículos al bus que iba a Valledupar en el sitio conocido como Casa de Zinc, y bajaron a todos sus pasajeros, incluídos los dos sindicalistas. Allí ordenaron que Valmore Locarno Rodríguez les entregara el arma con la que se protegía y le dispararon asesinándolo en el acto. Después le pidieron la cédula a todos los trabajadores. A uno de ellos ” lo llevaron hasta la camioneta, en la cual se transportaban, y desde el interior de ésta hay una persona que no baja el vidrio del vehículo e indica que no es al que están buscando, por lo que lo dejaron ir”, según dice el fallo deljuez.
Los ‘paras’ entonces escogieron a Orcasita, quién también iba en el bus, y se lo llevaron. Después de la media noche lo asesinaron en el corregimiento de Loma Colorada, en el Cesar, en donde fue encontrado torturado.
Para el juez la causa de la muerte violenta del presidente y vicepresidente del sindicato de la Drummond, se encuentra “inescindiblemente ligado a la lucha sindical” y por eso abre un nuevo capítulo que se creía cerrado en el proceso por los vínculos entre la multinacional y los paramilitares en el Cesar.
Según informó El Espectador en desarrollo de esta investigación agentes del CTI capturaron en los últimos días en Bosa, suroccidente de la capital, a José Aristides Peinado, alias ‘Peinado’, a quien el fiscal instructor afectó con medida de aseguramiento intramural, como presunto responsable del delito de homicidio agravado. Este procesado fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá).
Por este crimen también fue condenado a nueve años de cárcel al ex paramilitar Alcides Manuel Mattos Tabares, alias ‘Samario’.
La condena fue proferida por el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que avaló la diligencia de sentencia anticipada cumplida por Mattos Tabares ante un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos.
El caso en los Estados Unidos
Hasta ahora los directivos de la Drummond habían salido exonerados de cualquier responsabilidad con el asesinato de los sindicalistas de su empresa en Colombia. En 2002 los familiares de Valmore Locarno, Victor Orcasita y Gustavo Soler, líderes del sindicato de la Drummond asesinados en 2001, demandaron a la Drummond en una Corte Federal en Estados Unidos. Los demandantes argumentaron que la Drummond contrató paramilitares para que asesinaran y torturaran a los tres sindicalistas.
En noviembre de 2007 una Corte de Alabama, Estados Unidos, falló en primera instancia que la Drummond y su presidente en Colombia, Augusto Jiménez, no eran culpables por el asesinato de los tres sindicalistas.
El 11 de diciembre de 2007 los demandantes apelaron la decisión de la Corte. En diciembre de 2008 la Corte de Apelación No 11 de Atlanta mantuvo el veredicto.
En marzo de 2009 los familiares de los sindicalistas volvieron demandar la Drummond. Esta vez un testigo clave que estuvo en prisión durante el juicio fue liberado y testificará en el juicio.
En mayo de 2009 los abogados Conrad & Scherer LLP y Ivey Law Firm emprendieron un pleitofederal contra la Drummond por la responsabilidad de la compañía en el homicidio de 67 colombianos. Según los abogados la Drummond habría “dejado a las Auc tener una base militar en los terrenos de la empresa y suministrado combustible, electricidad y comida a los paramilitares”. La demanda también cita una reunión entre dirigentes de la Drummond y líderes de la Auc en noviembre de 2001 donde se habrían planeado los asesinatos de los sindicalistas.
Las acusaciones son contra Drummond Company, Inc., Augusto Jiménez, presidente de Drummond Colombia, Alfredo Araujo, director de relaciones comunitarias de la empresa y James Atkins, director de seguridad de Drummond Colombia.
