En esta región los grupos armados se reciclaron y la deuda de distribuir la tierra de forma equitativa sigue en pie. Este es un lugar donde el Gobierno puede medir si es viable la “paz territorial”.
Miles de campesinos del sur del Cesar anhelan volver a las tierras que abandonaron por culpa de la violencia, pero los enfrentamientos entre empresarios y ganaderos se los ha impedido. Foto: Asocadar.
“Acá la situación está muy difícil. Estamos desesperados”. Esa es una de las frases recurrentes de los campesinos que fueron azotados por la guerra de los años 80, desplazados por la de los 90 y retornaron hace menos de una década en medio de varias dificultades. El sur del Cesar es como la pieza de un rompecabezas que encaja junto a otras ‘tres fichas’: sus vecinos departamentos de Bolívar, Santander y Norte de Santander, en pleno corazón del Magdalena Medio.
Este es un territorio en el que se concentran varios conflictos. Fue sitio de secuestros y extorsiones perpetrados por guerrillas, de intento de una reforma agraria, de surgimiento de las autodefensas, de impulso de la ganadería extensiva y cultivos de palma de aceite, de persecución política a sindicalistas a integrantes de organizaciones de izquierda, y en la actualidad, un epicentro de desarrollo agroindustrial, de tensiones entre campesinos y finqueros, y de una de violencia que persiste por cuenta de las bandas criminales.
El sur del Cesar está integrado por los municipios de San Alberto, San Martín, Aguachica, Gamarra, La Gloria y Tamalameque, y es una región apetecida por su cercanía al río Magdalena, por ser un punto de conexión con la Costa Caribe y la frontera con Venezuela pero sobre todo, porque sus tierras fértiles son especiales para el desarrollo de la agroindustria. La investigación Cultivos de palma en Colombia, de Yamile Salinas, señala que según varios documentos de política pública la región centro, que incorpora además del sur del Cesar al municipio de Sabana de Torres, en Santander, está proyectada al año 2020 como “el primer departamento de Colombia en la producción y extracción asociativa de la palma de aceite”.
Investigación Cultivos de palma en Colombia
La historia de la disputa en esta zona data de los años 60 cuando emergieron las guerrillas. El informe Dinámica de la confrontación armada en la confluencia entre los Santanderes y el Sur del Cesar, del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, hace un recuento de cómo fue esa confrontación entre guerrillas y autodefensas, estas últimas transformadas en paramilitares con financiación del narcotráfico. El primero en aparecer en el territorio fue el Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (Eln), que se ‘financió’ con la gasolina ilegal que extraía del oleducto Caño-Limón Coveñas que pasa por los municipios de Aguachica y Gamarra, así como con los secuestros y extorsiones a palmicultores, ganaderos y comerciantes cuya economía se desarrolla en la zona plana de los municipios.
Según el informe de la Vicepresidencia, este ‘modelo financiero’ fue copiado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Farc) que llegaron una década después. El Cesar se convirtió en un corredor clave para estas guerrillas, ya que el tren y la carretera permiten una fácil conexión entre el centro y el norte del país, así como movilidad por las serranías de Los Motilones y Perijá.
El Observatorio de Derechos Humanos señala que no existe una radiografía detallada del secuestro en la región pero que según datos de la Policía Nacional y de Fondelibertad, este delito persistió durante el auge de las guerrillas, principalmente entre los 70 y 80, y disminuyó sobre todo en las partes zonas planas cuando las autodefensas se consolidaron en la década de 1990. “… se evidencia el debilitamiento de la guerrilla en zonas bajas y desarrolladas por la existencia de plantaciones de palma, explotaciones agrícolas y ganaderas, donde a la postre el poder de las autodefensas se consolidó en las áreas rurales y urbanas…”, indica la Vicepresidencia.
En una versión libre ante la Fiscalía de Justicia y Paz, Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, jefe de las autodefensas del sur del Cesar que durante la desmovilización de 2006 se hicieron llamar Frente Héctor Julio Peinado de las Auc, confesó que él y varios integrantes de su familia decidieron armarse cansados de los hostigamientos de la guerrilla. “…Yo iba con unos obreros míos a trabajar en el cultivo y uno se encontraba a la guerrilla en la trocha. Ellos le decían a uno, compañeros, necesito que me lleve estos compañeros. Entonces uno tenía que dejar a los obreros y eso era casi todos los días”, dijo.
‘Juancho Prada’ confesó que junto a su primo Roberto Prada comenzaron a suministrarle información al Ejército para atacar a la guerrilla en la zona. Fue así como entre 1988 y 1989 los finqueros, entre ellos, Luis Obrego Ovalle, formaron el primer grupo de autodefensas con el apoyo de las fuerzas militares y del ex diputado Rodolfo Rivera Stapper. En 1994 ya habían crecido en hombres y se dividieron el terrritorio así: su primo delinquió en el municipio de San Martían en la salida hacia San Alberto; Luis Obrego se quedó con los municipios de Aguachica (Cesar) y Ocaña (Norte de Santander), y ‘Juancho Prada’ con San Martín en la salida hacia Aguachica.
‘Paras’ contaron cómo se crearon las Autodefensas del Sur del Cesar
Cuatro años después esos grupos se reorganizaron como Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac), pero en 1999 se disgregaron y pasaron a llamarse Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar (Acsuc). Fueron el ‘puente’ en esa época para que los paramilitares entrenados en las fincas de los hermanos Carlos y Vicente Castaño llegaran a la región del Catatumbo, al sur de Bolívar y a la Costa Caribe.
La barrida contra la izquierda
El Frente Camilo Torres del Ejércitode Liberación Nacional (Eln) fue el primer grupo guerrillero que operó en el sur del Cesar, luego llegaron las Farc, las Autodefensas y las bandas criminales. Foto: archivo Semana.
A la par que aparecían las guerrillas y se propagaron como pólvora por distintas regiones del país en los años 60, la industria de la palma de aceite se instalaba en el sur del Cesar y en norte de Santander. El estudio Cultivos de palma en Colombia, de Salinas, señala que en el Cesar las primeras en instalarse fueron Indupalma y Palmas Oleaginosas Hipinto, mientras en Puerto Wilches lo fueron Palmas Oleaginosas Bucarelina, Oleaginosas Brisas y Agropecuaria Monterrey.
Las condiciones laborales con las que se desarrollaron las plantaciones condujeron al surgimiento de los sindicatos. En el sur del Cesar rápidamente tuvieron acogida tres: Sintraindupalma, Sintraproaceites y Sintrainagro. Mientras el movimiento sindical se fortalecía en la región también lo hacían el Partido Comunista y la Unión Patriótica, y la guerrilla aprovechaba las inconformidades sociales para asentarse. Los paramilitares borraron todo lo que ‘olía’ a izquierda.
“Se trataba entonces no solamente de desarticular las redes que utilizaba la guerrilla, sino también de desarticular los sindicatos, para evitar que las presiones laborales incidieran a su turno en las ganancias y en la viabilidad de las empresas…”, indica el informe de la Vicepresidencia. De forma paralela las guerrillas secuestraron y asesinaron cada vez más a administradores y personal de las compañías palmeras, destruyeron sus instalaciones y medios de transporte. Fueron los casos por ejemplo de las tomas a las empresas Bucarelia, Monterey y Las Brisas, y el secuestro de Hugo Ferreira Neira, el gerente de Indupalma, durante una huelga laboral en 1973.
Los paramilitares la emprendieron contra los sindicatos, asesinando a por lo menos 200 miembros. Según datos del estudio de Salinas, entre 1988 y 1996 fueron asesinados 25 sindicalitas, la mayoría en el municipio de San Alberto y afiliados a Sintraproaceites y Sintraindupalma, como José Madrid Bayona, Aquiles Gutiérrez Ochoa y su hijo, Epaminondas Alza, Felipe Blanco y Juan Bautista González. En Puerto Wilches, en el período 1989-2003, fueron asesinados otros 23 líderes, entre ellos el Presidente y Vicepresidente de Sintraindupalma.
Para el año 2008, Sintroproaceites pasó de tener 2 mil integrantes a 280 y Sintrainagro de 900 a menos de 400. Por su parte, las compañías palmeras, como Indupalma, fueron implementando un nuevo esquema laboral que reemplazó casi por completo la contratación a término directo e indefinido por el de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA).
A juicio de los trabajadores palmeros los esquemas asociativos no han resuelto las inconformidades respecto a las condiciones laborales. En el estudio de Salinas, varios integrantes de los CTA advierten sobre las largas jornadas de trabajo, los costos de transporte, insumos y materiales que deben asumir estos esquemas asociativos y las sanciones impuestas en relación con la calidad del fruto. Aunque en menor proporción, durante el nuevo siglo continuaron las detenciones, desplazamientos y asesinatos contra los organizadores de protestas, como ocurrió en 2002 en Puerto Wilches contra el líder de Sintrainagro que durante un paro promovió la creación de la Confederación de Cooperativas.
En el sur del Cesar hubo una transformación del territorio. Las políticas neoliberales de los años 90 sumado a la violencia guerrilla y paramilitar condujeron al abandono masivo de territorios y al reemplazo de los cultivos de arroz, maíz, algodón y sorgo por la ganadería extensiva y las plantaciones de palma de aceite. Entre 1990 y 2005 en Cesar los cultivoz de arroz decrecieron de 44 mil hectáreas a 25 mil; mientras la palma se disparó de 18 mil hectáreas a 38 mil.
En la región central, que incluye a Puerto Wilches, Santander, funcionan por lo menos nueve plantas extractoras de aceite, siete de propiedad de grandes empresas afiliadas a Fedepalma. Los datos del estudio de Salinas señalan que Indupalma funciona en Cesar, Santander y Norte de Santander; Palmas del Cesar, en el municipio de San Martín, y Agroindustrias del Sur del Cesar Ltda., Agroince Ltda., en Aguachica; mientras Palmas Oleaginosas Bucarelia, Oleaginosas Brisas, Palmeras de Puerto Wilches y Agropecuaria Monterrey, en Puerto Wilches. La Extractora San Fernando está en Sabana de Torres y la Extractora Central, en San Vicente de Chucurí.
El sur del Cesar es una región muy parecida a la de los Montes de María en relación con su historia de violencia y en el intento fallido de la reforma agraria. La diferencia es que mientras en el último la justicia transicional ha logrado resultados con los retornos de comunidades desplazadas por el conflicto y trata de implementar proyectos productivos para que los campesinos permanezcan en el territorio; en el Cesar estos procesos no avanzan. Por el contrario, son cada vez más fuertes las tensiones entre campesinos, finqueros y empresarios.
El pulso con una productora de aceite
Foto: archivo Semana.
En el sur del Cesar persisten por lo menos cuatro conflictos por la tierra, en medio de decisiones judiciales de la propia Corte Constitucional, de tutelas y demandas que van y vienen. El más reciente es el caso Bellacruz, una antigua hacienda en el municipio de La Gloria que en la actualidad se llama igual que el pueblo, La Gloria. Durante 2015 fue protagonista de un desalojo policivo así como de solicitudes por parte de reclamantes de tierras que aseguran que el Estado no ha sido diligente en resolver la reforma agraria de los años 60.
La actual hacienda tiene 5 mil 500 hectáreas cultivadas en palma de aceite explotadas por el Grupo Agroindustrial La Gloria. La tensión radica en que 300 familias campesinas reclaman la titulación de por lo menos mil 100 hectáreas de origen baldío que el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) reconocieron en 1994 y en 2013. Pero la empresa insiste en que esto no es así.
Yo tutelo, él tutela, ellos tutelan… el caso Bellacruz
Pero esta reclamación lleva dos décadas en instituciones y despachos judiciales. En 1996 el grupo paramilitar de ‘Juancho Prada’ desplazó a las familias que iban a ser tituladas en cuatro predios, que antiguamente hicieron parte de la hacienda y que fueron comprados por el Incora. Estando desplazados, los campesinos desconocían que habían logrado el título, por lo que sus fincas terminaron en manos de particulares o de otros campesinos que como ellos eran víctimas de la violencia.
Quienes reclaman las tierras consideran que los cuatro predios alrededor de la hacienda deben permanecer en manos de gran parte de quienes los explotan porque han sufrido los embates del conflicto como ellos. Por eso insisten en que el Estado debe recuperar los baldíos que están dentro de la hacienda. Pero la comunidad campesina está divida: por un lado, está la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), que no está de acuerdo con ocupar los predios por las vías de hecho; y la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar), que sí está de acuerdo.
Despuésde un desalojo protagonizado por el Esmad contra los campesinos de esta organización el 30 de junio 2015, la Corte Constitucional decidió concederles medidas de protección a los reclamantes de la Bellacruz tras considerar que hay una “posible amenaza o afectación” al derecho a la vida, al debido proceso y a la tierra.
Varios líderes de Asocol advierten que desde 2011, cuando la comunidad comenzó los procesos de justicia transicional, aparecieron las primeras amenazas con panfletos y sufragios por parte de un llamado “Ejército Anti-restitución”. El ataque más directo ocurrió en agosto de 2013 cuando varios líderes se movilizaban en un vehículo en la vía que de Bucaramanga conduce a Girón y fueron cerrados varias veces por un carro con vidrios polarizados y placa oculta. Un hombre les disparó sin que alguno resultara herido.
Fuentes extraoficiales le contaron a VerdadAbierta.com que el gobierno nacional y local no “tiene voluntad política” para escuchar los reclamos de estas comunidades, por varias razones: la primera, en esta región hay un desarrollo progresivo y extensivo de la palma de aceite; la segunda, en Gamarra se contruye un puerto multimodal sobre el puerto de Capulco con salida a las terminales marítimas de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, y conectividad con la Troncal del Oriente, y tercero, por la ganadería extensiva que persiste en la región. Restituir tierras afectaría los intereses de particulares y dificultaría los procesos económicos que allí se desarrollan.
El temor de los reclamantes es que los desmovilizados del las Auc ya comenzaron a salir de la cárcel. El primero de ellos, ‘Juancho Prada’, a quien las víctimas señalan de no haber aportado “verdad” sobre los más de 800 crímenes que su grupo paramilitar cometió en la región. ‘Prada’ pidió residencia en Bucaramanga, Santander, donde domiciliariamente el Inpec tendrá que hacerle vigilancia electrónica.
VerdadAbierta.com supo que los desmovilizados del grupo de ‘Juancho Prada’ están solicitando que La Gloria sea el municipio en que ellos puedan retornar a la vida civil y reincoporarse a la sociedad. Pero las víctimas temen que sin que el Estado resuelva los conflictos por la tierra y acompañe este proceso, dicha petición reactive la antigua violencia que sufrieron en esta zona.
Alertas activas
Decenas de casos de falsos positivos continúan impunes en esta región del país, donde el Frente Héctor Julio Peinado de las Auc delinquió hasta 2006. Foto: archivo Semana.
La Defensoría del Pueblo mantiene activas dos alertas tempranas en la región. La más reciente, la del 25 de junio de 2015, corresponde al complejo cenagoso de Terraplén, un corregimiento del municipio de San Martín, también en el sur del Cesar. Allí el pasado 3 de junio 15 hombres, algunos con la cara tapada, vestidos de camuflado y armados, amedrentaron a diez campesinos de la Asociación de Agricultores, Pescadores y Pequeños Ganaderos de Terraplén (Agroppegt), que estaban asentados allí impidiendo que se secara la ciénaga.
Temor en las ciénagas de Terraplén
Una escena similar había ocurrido el 26 de abril cuando otros 21 hombres amenazaron a la misma comunidad campesina. Aunque la Ley 160 de 1994 protege a los campesinos para que puedan explotar estas zonas de reserva ambiental de forma adecuada, existe un conflicto desde el año 2002 entre ellos y un grupo de hacendados que aseguran que parte del complejo cenagoso pertenece a sus fincas.
Ciénagas de Terraplén enfrentan a campesinos y finqueros
Uno de ellos es Alirio Díaz, quien le aseguró a VerdadAbierta.com que no ha amenazado a los campesinos ni quiere secar la ciénaga. Pero la corporación ambiental Corpocesar multó al ganadero tras confirmar que había construido murallas para el cercamiento de La Torcoroma. Los campesinos, sin embargo, denuncian que el secamiento y la apropiación de baldíos sigue siendo una práctica de otros ganaderos de esta región. La tensión en el complejo cenagoso todavía persiste.
En su informe de alerta temprana, la Defensoría le ordena a la Unidad Nacional de Protección adoptar medidas para tres líderes de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, que reclaman la protección de las ciénagas. Asimismo exige evaluar la situación de riesgo de otros cuatro campesinos, que “fueron amordazados y lesionados por un grupo de hombres armados”.
Muy cerca de San Martín, al oriente, está la comunidad de El Guayabo, un corregimiento de Puerto Wilches, en el vecino departamento de Santander. La Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo el 22 de enero de 2015 solicitándoles a las autoridades atención para los campesinos de la Organización Agropecuaria y Pesquera del Guayabo (Agropegu), que al igual que los campesinos de Terraplén han tenido que afrontar desalojos.
El más reciente desalojo ocurrió el 29 de octubre de 2014 cuando el Esmad, con una orden judicial, sacó corriendo a 240 campesinos, entre ellos varias mujeres y niños de sus parcelas. Esta escena ya había ocurrido en junio del mismo año sin contar que anteriormente hubo seis intentos de desalojo. La situación es producto de una tensión entre los parceleros que explotan estas tierras desde los años 90 y el heredero de un hacendado que, según los campesinos, nunca ocupó la finca y ahora la reclama después de que el Estado le extinguió el dominio a la mitad de la propiedad.
La historia detrás del desalojo de campesinos de El Guayabo, Puerto Wilches
En la actualidad, al organismo público le preocupan las amenazas que, según los parceleros, provienen de una empresa de seguridad privada que ronda por las tierras. “Esas personas profieren amenazas y estigmatizan a los campesinos, a quienes señalan de guerrilleros…”, indica la alerta.
La Defensoría además advierte que la comunidad de El Guayabo está en riesgo porque su ubicación geográfica, cuyos corredores conectan con Bolívar, Cesar y Norte de Santander, es usada por ‘Los Urabeños’ como corredor de narcotráfico. El corregimiento tiene salida hacia el centro del país y la Costa Atlántica, está a media hora del sur de Bolívar, y a hora y media del municipio de San Alberto, en el Cesar.
VerdadAbierta.com se comunicó en varias oportunidades con la Unidad pero no recibió respuesta sobre si cumplió con las órdenes de la Defensoría.
San Alberto, peticiones silentes
El narcotráfico es una de las actividades con que se financian Los Urabeños, banda criminal que tiene presencia en el sur del Cesar. Foto: archivo Semana.
A diferencia de San Martín y Puerto Wilches, en San Alberto, los desplazados no han podido regresar. Sus casos reposan en los anaqueles de la justicia ordinaria y de forma más reciente son estudiados por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en medio de otra tensión: quienes explotan las tierras dicen que son dueños legítimos.
San Alberto fue uno de los lugares que el gobierno de Carlos Lleras escogió para hacer la reforma agraria. Allí el antiguo Incora compró cuatro haciendas y realizó parcelaciones para titular a campesinos en las fincas Siete de Agosto, Los Cedros, La Carolina, Tokio y La Paz. Pero mientras el Instituto entregaba títulos, los paramilitares cometieron masacres impidiendo que los parceleros se asentaran allí. Las tierras pasaron de mano en mano y en la actualidad quienes las explotan son ganaderos que aseguran que las compraron de buena fe.
La tensión que ronda la restitución de tierras en San Alberto, Cesar
Esto ha llevado a que la restitución, como en el caso de Bellacruz, sea un proceso complejo. A tal punto que los ganaderos de esta zona junto con los de Sabana de Torres (Santander) se organizaron en la Asociación Colombiana de Víctimas de Restitución de Tierras (Asocolvirt), oponiéndose a cualquier proceso de reclamación de tierras en esta región. La Unidad de Restitución busca implementar el programa de “segundos ocupantes” en esta zona del Magdalena Medio, es decir, personas que se están oponiendo al proceso de restitución pero que aseguran que no se aprovecharon de la violencia para adquirir las tierras.
Según lo documentó la misma Unidad de Tierras, San Alberto fue un lugar en que los paramilitares del sur del Cesar experimentaron sobre cómo despojar tierras. Por petición de grandes propietarios, quienes se rehusaban a perder las fincas que le vendieron al Incora, una gran parte de ellas porque les fueron invadidas, los paramilitares de ‘Juancho Prada’ cometieron masacres y desplazamientos en este municipio para luego replicarlas en San Martín, Aguachica y La Gloria.
Una vez se han ido cumpliendo los tiempos de cárcel en Justicia y Paz de los desmovilizados, a las víctimas les preocupa que la restitución no se concrete, pues están enfrentados a dos situaciones: de un lado, el temor que los desmovilizados sigan ejerciendo presión para que las tierras no vuelvan a manos de parceleros; y por otro, que las bandas criminales sigan acentuando el conflicto en la región.
Miedo heredado
Foto: archivo Semana.
Los casos de tensiones entre parceleros y ganaderos y empresarios como el de Bellacruz, en La Gloria; de Terraplén, en San Martín; de El Guayabo, en Puerto Wilches, y de las parcelaciones en San Alberto, ponen en evidencia la riqueza que representa este territorio. Estas historias también hacen parte de la violencia que allí ha persistido por años.
Cualquier parcelero o persona que se atreviera a reclamar tierras o a denunciar la violencia paramilitar, era señalado de “guerrillero”. El sur del Cesar fue protagonista de genocidio político, pues allí los paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado de las Auc asesinaron entre 1994 y 2004 a políticos, sindicalistas, académicos y periodistas en San Alberto.
El genocidio no contado del Cesar
La tragedia de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas coloquialmente como “falsos positivos” fueron una realidad en esta región. Con la complicidad de algunos integrantes del Ejército, paramilitares del grupo de ‘Juancho Prada’ asesinaron a varios campesinos que presentaron como guerrilleros muertos en combate.
“Entre Aguachica y Gamarra hay 23 casos que al parecer fueron cometidos por miembros del Batallón de Infantería Número 15, con sede en Ocaña, Norte de Santander, entre 1995 y 2008”, afirma el abogado Jorge Reales, integrante de la Corporación Sembrar, una oenegé defensora de derechos humanos que ha seguido de cerca el tema. Sin embargo, de momento no hay un solo capturado por estos crímenes.
El teniente coronel Álvaro Tamayo, quien fue comandante de esa unidad militar, ha sido procesado por el homicidio en 2008 de 19 jóvenes de Soacha, Cundinamarca, cuyos cuerpos fueron encontrados en Ocaña. El abogado Reales asegura que al coronel Tamayo aún no lo han investigado por los crímenes en el sur del Cesar porque la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía sigue recaudando pruebas.
Tamayo fue destituido en noviembre de 2009 del Ejército por violaciones a los derechos humanos y la Fiscalía le imputó cargos por falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y desaparición forzada agravada por los casos de Soacha.
Frente a los casos de ejecuciones extrajudiciales en el Cesar, de momento la justicia ordinaria sólo ha proferido un fallo. En 2014 el Juzgado de Descongestión del Circuito de Cúcuta condenó al Ministerio de Defensa por el asesinato de un joven de 16 años oriundo de Gamarra, quien padecía de problemas mentales. “Lo mataron el 31 de agosto de 2008. Él apareció en la vereda La Urama del municipio de Ábrego, en Norte de Santander, y la última vez que lo vieron con vida estaba comiendo en el parque del pueblo”, cuenta la madre del menor.
En el sur del Cesar hay familias que esperan un pronunciamiento de la justicia. Como Griselda Moreno, quien perdió en 2006 y 2007 a dos de sus tres hijos: Jaime (26 años) y Marlon Peña Moreno (22), respectivamente; o la familia de Ismael Quintero Díaz (36), que encontró su cuerpo el 11 de julio de 2008 en una vereda entre los municipios de Río de Oro, Cesar, y Ocaña, Norte de Santander.
A la Defensoría del Pueblo le sigue preocupando el rearme en el sur del Cesar. Desde el 31 de enero de 2008 el organismo del Ministerio Público emitió un informe anunciando el riesgo en la zona por los asesinatos contra pobladores y varios desmovilizados. Advirtió sobre la aparición de la banda criminal las ‘Águilas Negras’, que luego pasaron a llamarse Autodefensas Gaitanistas de Colombia y ‘Urabeños’.
En una nota de seguimiento, el 21 de enero de 2010 la Defensoría siguió alertando sobre esa situación, señalando que en la región había aparecido otro banda llamada ‘los Rastrojos’. Ambos grupos se enfrentaron por el control territorial y en la actualidad son ‘los Urabeños’ los que de forma mayoritaria delinquen en la región.
Es así como en las alertas que siguen vigentes, la de San Martín y la de Puerto Wilches, la Defensoría recopiló información con base en reporte de las autoridades de la presencia de ese grupo armado ilegal. En diciembre de 2014, por ejemplo, las Autodefensas Gaitanistas empapelaron los municipios ribereños de Puerto Wilches, San Pablo y Cantagallo con un panfleto en el que amenazaban a consumidores de alucinónegos y a “informantes”. Ese mismo mes fueron capturados 27 personas sindicadas de hacer parte de esa banda criminal.
En enero de 2015 fueron reiterativas las amenazas contra líderes sociales. A los pocos días el Gaula de la Policía y el Ejército capturaron en la vereda Nueva Esmeralda, en San Martín, a alias ‘Abeja’, quien según la investigación de la Fiscalía hacía parte de la banda de ‘los Morenos’ al servicio de la ‘los Urabeños’.
Pese a los llamados de la Defensoría y de los procesos que cursan en la justicia ordinaria y transicional, las víctimas y campesinos reclamantes consideran que ven lejos el aterrizaje de la paz en el sur del Cesar. Esto mientras no sean resueltos los problemas de tierras, los conflictos entre parceleros y ganaderos, y mientras no se erradique de raíz el narcotráfico y las bandas criminales, que encienden el conflicto en esta región.
