El abogado Jaime Granados tuteló a la Corte Constitucional, al considerar que las decisiones del alto tribunal afectan la propiedad privada de una hacienda en el sur del Cesar, donde varios campesinos víctimas de la violencia reclaman predios de origen baldío.
La Corte Constitucional negó la solicitud de los abogados del Grupo Empresarial La Gloria de anular o suspender las medidas de protección, otorgadas por este alto tribunal en julio a la comunidad desplazada de la antigua hacienda Bellacruz. Foto archivo Semana
El caso de la antigua Hacienda Bellacruz, rebautizada en 2008 como La Gloria, parece una historia de nunca acabar. Esta vez porque la Sala Plena de la Corte Constitucional tuvo que reunirse para decidir sobre varias peticiones que presentaron los abogados del Grupo Agroindustrial La Gloria. La principal era anular las medidas de protección a la población desplazada de la antigua Bellacruz el pasado 22 de julio
En su más reciente decisión, la Corte negó dicha solicitud reiterando que las medidas de protección “no están encaminadas a proteger las pretensiones sobre los bienes que reclaman las personas desplazadas de la Hacienda Bellacruz” y menos que se les esté legitimando para ingresar a los predios de la Hacienda La Gloria. Las medidas de protección fueron ordenadas para salvaguardar la integridad de una comunidad víctima de la violencia. El Alto Tribunal también rechazó la solicitud de la Viceprocuradora General de la Nación de no decretar tales medidas, recordándole que el Ministerio Público no tiene por qué proteger los intereses económicos de particulares.
Una victoria para los campesinos de La Bellacruz
La Corte además le advirtió a los alcaldes y a los inspectores de policía de los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque, en el sur del Cesar, que aunque tienen la responsabilidad de proteger la propiedad privada, “su función debe ser la de respetar el status quo de los ocupantes”, y que sólo deben actuar cuando las estrategias preventivas se hayan agotado. También le recordó a las autoridades “que está prohibida la participación indebida de particulares en diligencias de desalojo”, esto porque durante la ocupación, la del 30 junio, los campesinos denunciaron la intervención de encapuchados.
Lea el comunicado de prensa de la Corte
La Corte recibió durante los últimos tres meses un cartapacio con solicitudes no sólo provenientes del Grupo Agroindustrial sino de la Subsecretaria de Justicia del municipio de La Gloria y de la Viceprocuradora General de la Nación, respaldando a la empresa. La tensión esporque el Alto Tribunal estudia una tutela en la que los campesinos asociados en Asocol, algunas de las familias desplazadas de la antigua Bellacruz, solicitan que se reactive el proceso de recuperación de baldíos.
La Hacienda La Gloria está compuesta por 5.500 hectáreas que están sembradas en palma de aceite. En 2013 el Incoder determinó que de estas, 1.100 hectáreas eran baldíos que podían ser titulados a campesinos sin tierra. Foto Suministrada.
La antigua Bellacruz fue una hacienda extensa de propiedad de la familia Marulanda, en los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque. En los años 90 varios campesinos le advirtieron al Incora que los Marulanda tenían dentro de su propiedad tierras de origen baldío y que era importante que se hiciera un estudio para saber si les podían titular allí algunas parcelas, ya que ellos no tenían tierra.
En 1994, el Incora encontró que sí había baldíos, pero el Gobierno prefirió no recuperarlos (siendo tierras de la Nación) sino comprarles cuatro predios a los Marulanda de su extensa hacienda: San Antonio, Santa Helena, Los Cacaos y San Carlos. Cuando el Incora iba a comenzar a titularles, en febrero de 1996 paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado, en cabeza de alias ‘Juancho Prada’, desplazaron a los campesinos. Varios desmovilizados de ese grupo le juraron a la Fiscalía que cometieron este delito por petición de los Marulanda.
Fue después de las desmovilización de las Auc en 2006, que algunos campesinos comenzaron a averiguar qué había sucedido con las tierras, encontrándose que varias de las parcelas compradas por el Incora habían sido ocupadas por familias, que al igual que ellos, eran pobres y carentes de tierras. La finca original de los Marulanda, donde el Incora detectó baldíos, había sido sembrada en palma de aceite pues los dueños se la vendieron en 2008 a la compañía panameña Dolce Vista Estate.
En 2010, esta empresa transfirió las 5 mil 500 hectáreas de la hacienda a la fiduciaria Fiducafé, cuya titularidad ahora corresponde a la Fiduciaria Davivienda. El principal accionista del grupo empresarial es Germán Efromovich, dueño de Avianca.
Desde 2011 los campesinos de Asocol, una parte de las familias desplazadas, libran una batalla en la justicia ordinaria a la espera de que la Corte les dé la razón. El otro grupo de familias, organizadas en Asocadar, decidieron el 30 de junio de 2015 ocupar los predios de La Gloria exigiendo la titulación de los baldíos. Ese día fueron amedrentados y atacados por el Esmad, resultando 15 personas heridas.
Campesinos ocupan la finca La Bellacruz
Empapelar a la Corte
Por medio de su bufete de abogados, el Grupo Empresarial La Gloria parece intentar dilatar la decisión de la Corte Constitucional, el máximo tribunal responsable de “hacer velar por la integridad y la supremacía de la Constitución”. VerdadAbierta.com reconstruyó el paso a paso de las actuaciones por parte de funcionarios públicos y de los abogados de la empresa y encontró varias coincidencias.
Mapa de las tierras que componen la hacienda La Gloria. Imágenes suministradas.
Una vez el representante de Asocadar solicitó medidas de protección, la Corte decretó las medidas de protección el 22 de julio con el Auto 293. Pero ese mismo día, antes de que el Alto Tribunal se pronunciara, Martha Isabel Castañeda, viceprocuradora General de la República, hizo llegar un documento señalando que la Corte no podía dictar tales medidas pues Asocadar no hacía parte del proceso original de tutela, que fue interpuesto por Asocol desde 2011.
Este fue solo el primer papel. Seis días después la abogada Diana Carolina Marín Vergara, apoderada general del Grupo Agroindustrial, hizo llegar a la Corte un recurso de reposición y otro de nulidad, expresando que la “Corte Constitucional carece de competencia para darle órdenes a las autoridades de Policía”, pues a su juicio éstas están subordinadas a la rama ejecutiva y no a la judicial.
Insistiendo en su desacuerdo con las medidas de protección, indicó que hay una confusión sobre los nombres de la hacienda, pues los campesinos la llaman “Bellacruz” cuando desde 2008 es “La Gloria” y que estos no fueron desplazados “de los predios denominados Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, María Isidra y San Miguel” (declarados baldíos por el Incora), sino de otros llamados Los Cacaos, San Antonio, San Carlos, La Plata, La Platica, Rompedero y Santa Helena. Además señaló que la declaratoria de baldíos que emitió el Incoder en 2013 está siendo revisada por el Consejo de Estado, sin que haya todavía un pronunciamiento.
La abogada Marín Vergara apuntó que la Corte carecía de competencia porque supuestamente no había resuelto otra solicitud que le hizo el Grupo Agroindustrial, y es que la tutela presentada por Asocol sea devuelta a un juez de instancia para que este la estudie incorporando al Fideicomiso, que a su juicio es uno de los afectados. La Corte asegura que esta solicitud ya fue atendida con diligencia.
El tercer documento que le llegó a la Corte fue una solicitud de Fernando Sarmiento Criales, apoderado general de la Fiduciaria Davivienda, el 6 de agosto de 2015. En el documento Sarmiento pide que el Alto Tribunal más bien otorgue medidas cautelares que protejan los derechos de la Fiduciaria, del Grupo La Gloria y de los trabajadores de la empresa, pues cree que debido a una “malinterpretación” de las medidas de protección, “existen personas que están planeando llevar a cabo una invasión de los predios de La Gloria”.
Un cuarto documento llegó el 12 de agosto. Esta vez fue de Kelly Yojana Contreras Lobo, subsecretaria de Justicia y Convivencia del municipio de La Gloria, informándole a la Corte que las autoridades tenían dificultades para cumplir con las medidas cautelares porque era difícil identificar a la “población desplazada de la Hacienda Bellacruz”. La funcionaria indicó que la gente “que invadió el 30 de junio” no se dejó identificar y que tenía dudas sobre si la Policía debía o no permanecer cerca de la Hacienda para evitar una nueva invasión.
Un día después el abogado Jaime Granados Peña, en representación de la Fiduciaria Davivienda, y la abogada Orietta Daza Ariza, del Grupo La Gloria, le hicieron llegar a la Corte un quinto documento ratificando la petición de revocatoria o suspensión de las medidas cautelares porque tras su análisis consideran que no hay evidencia de que las personas protegidas con las órdenes sean “desplazados de los predios que constituyen la Hacienda La Gloria”. De forma coincidencial, los abogados citaron el comunidado de la Subsecretaria de Justicia, que llegó un día antes a los despachos de la Corte.
Para sellar sus peticiones a mediados de ese mes los abogados Granados y Daza decidieron radicar una tutela contra la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, esta vez afirmando que la “Corte adoptó medidas injustas e inconstitucionales”. El jueves 24 de septiembre y tras varias horas de discusión, la Sala Plena de la Corte decidió no aceptar ninguna de las solicitudes, reposiciones y nulidades presentadas por los abogados de la Fiducia y el Grupo Empresarial.
El primer interrogante que queda es a qué nivel llegará esta tensión, de solicitudes y tutelas que van y vienen, mientras los magistrados emiten una sentencia definitiva en respuesta a la solicitud de los campesinos desplazados de la antigua hacienda. Según el presidente Juan Manuel Santos, el país está a seis meses de firmar un acuerdo definitivo de paz con las Farc y uno de los puntos pactados es la puesta en marcha de una reforma rural integral que, se supone, garantizará el acceso a tierra a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, así como a las comunidades más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto armado.
El Gobierno propone el desarrollo de la “la paz territorial”. En ese sentido, el segundo interrogante es si casos como “Bellacruz-La Gloria” pueden ser un ejemplo del aterrizaje de la paz en las regiones. Si las partes, tanto la empresa como los campesinos víctimas del conflicto, pueden llegar a un acuerdo en lugar de seguir librando una batalla jurídica, que ya surtió años y que puede tardar otros meses.
