En decisión fechada el pasado 12 de marzo, mediante la cual se restituyen once predios a igual número de familias campesinas, la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia pidió compulsar copias para que se investigue a los empresarios bananeros Rosalba Zapata, su hijo, Felipe Echeverri, así como a los propietarios de Banacol y C.I.Uniban S.A por la presunta financiación voluntaria de grupos paramilitares.
La empresa Bananeras de Urabá S.A., una de las más importantes productoras de banano del Urabá antioqueño, sacó provecho de la violencia paramilitar que imperó en esta región agroindustrial a finales de los años noventa para acumular, de forma indebida, tierras baldías de la Nación que venían siendo ocupadas por parceleros. Para ello, diseñó un entramado jurídico para darle apariencia de legalidad a la usurpación y así, adelantar una verdadera contrarreforma agraria.
De tal forma lo consignó la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia en sentencia proferida el pasado 12 de marzo, donde reconoce el derecho a la restitución de once familias campesinas que solicitaban la devolución de igual número de predios (que, en total, suman unas 50 hectáreas) en la vereda California, corregimiento Nueva Colonia, de Turbo, los cuales venían siendo explotados comercialmente por las empresas Bananeras de Urabá S.A. y Agrícola Sara Palma S.A., así como por un campesino de la región, quienes fungieron como opositores al proceso.
En su decisión, la Sala Especializada no reconoció la buena fe exenta de culpa que arguyeron tanto las empresas bananeras como el campesino, sino que además ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue penalmente a los empresarios bananeros Felipe Echeverri Zapata y su madre, Rosalba Zapata, así como a los propietarios de las empresas Bananeras de Urabá S.A, Banacol y C.I Uniban S.A, por presuntamente haber financiado grupos paramilitares. (Descargar sentencia)
De acuerdo con la Sala Especializada, “la sociedad Bananeras de Urabá S.A. engendró una auténtica contrarreforma agraria que atenta contra la Constitución Política (…) por el modo inequitativo de acumular tierra y concentrar la ocupación, por demás indebida, obteniendo un aprovechamiento de la zozobra originada por el conflicto armado, aniquilando las expectativas, intereses y derechos de los campesinos víctimas, causando desarraigo, alterando el uso de la tierra para imponer su proyecto agroempresarial de banano, en un claro detrimento de la producción agrícola ejercida por los campesinos”.
Por lo anterior, según lo consideró la Sala Especializada, “resulta imperativo remitir copia del expediente digitalizado (…) con destino a la Fiscalía General de la Nación, como quiera que en este asunto se otea la posible ocurrencia de hechos punibles, debiéndose investigar a Rosalba Zapata y a Felipe Arcesio Echeverri Zapata, dado que los solicitantes y otros campesinos los relacionan como quienes presuntamente crearon la trama del despojo, ya que ellos participan directamente en las negociaciones, dando como resultado que Bananeras de Urabá S.A. entró a ocupar y explotar indebidamente las tierras”.
A renglón seguido, la Sala Especializada señaló: “Asimismo, debe investigarse la participación que tuvieron los empresarios bananeros propietarios de Banacol, pues por conducto de esta empresa se hicieron deducciones de dinero a los campesinos reclamantes y a otros del mismo sector (…) que según varias declaraciones que fueron valoradas en esta sentencia, se hicieron por imposición del señor Felipe Echeverri Zapata; incluso el excomandante paramilitar Raúl Emilio Hasbún Mendoza, afirmó que esos dineros fueron consignados a órdenes de una hermana suya”.
El despojo en La California
Para comprender la usurpación de tierras llevada a cabo en la vereda La California es necesario remontarse a 1984. Ese año surgió en el Urabá antioqueño un movimiento campesino denominado “los recuperadores de tierras”, quienes, con el apoyo de la extinta guerrilla del Epl (Ejército Popular de Liberación), invadieron tierras baldías o terrenos sin explotar a lo largo y ancho de toda la región. Uno de los predios ocupados por los “recuperadores de tierra” fue La Niña, una finca de 104 hectáreas de extensión que, si bien para aquellos figuraba a nombre de la sociedad Emilio Hasbún & CIA, llevaba varios años abandonada y sin explotar comercialmente.
Finalmente, unas 47 familias terminaron asentándose en La Niña, predio que dividieron en lotes de 3 y 4 hectáreas para cada grupo familiar. Allí levantaron sus ranchos y se dedicaron a trabajar la tierra. Sembraron maíz, yuca, plátano y banano. Los campesinos lograron comercializar estos dos últimos productos a través de la empresa Banacol.
Según contaron las familias reclamantes en estrados judiciales, un día de 2001 apareció Felipe Echeverri Zapata convocando a los parceleros a una reunión en una finca ubicada la vereda La Teca, también en el corregimiento Nueva Colonia. Al llegar al sitio del encuentro, los campesinos advirtieron que Echeverri Zapata no estaba solo. Junto a él estaban Rafael García, Antonio Arboleda y un pequeño grupo de hombres armados.
El primero era conocido en el Urabá antioqueño con el alias de ‘El Viejo’, un antiguo guerrillero del Epl que, tras deponer sus armas en el marco del proceso de paz adelantado entre el Estado colombiano y este grupo insurgente, terminó trabajando para los grupos paramilitares creados por los hermanos Castaño Gil. El segundo era reconocido asesor logístico de la Convivir Papagayo, quien terminó vinculado con el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), inmediatamente después que la Corte Constitucional decretara la ilegalidad de estas cooperativas privadas de seguridad en 1997.
Echeverri Zapata les comunicó a los parceleros que la tierra que llevaban ocupando y trabajando por casi 20 años no les pertenecía; que era propiedad del empresario de nombre Raúl Hasbún y que actuaba en su nombre; que debían vender las mejoras o que, si querían seguir allí, tenían que pagar un monto de cuatro millones de pesos por hectárea; que el dinero bien podía descontarse de los pagos que hacía la empresa Banacol a los campesinos por la comercialización de banano y plátano que tenían sembrado en sus parcelas.
Hubo quienes aceptaron las condiciones impuestas por el empresario bananero. Mensualmente, la empresa Banacol les descontaba a los labriegos la cuota correspondiente al pago del predio. Lo que logró probar la justicia en este caso es que dichos dineros fueron a parar a las cuentas bancarias de Raúl Hasbún quien, en 2002, terminó convertido en el comandante del Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Auc.
Pero hubo quienes ni siquiera aceptaron el trato y debieron abandonar la región por cuenta de las presiones ejercidas por Echeverri Zapata y por reconocidos paramilitares como Carlos Vásquez, conocido con el alias de ‘Cepillo’; y Antonio Arboleda, quien acompañó al empresario bananero en la reunión sostenida con los labriegos en la vereda La Teca.
Finalmente, muchos parceleros no lograron cumplir sus obligaciones. Según consignó la Sala Especializada en su decisión, “a causa de esas deducciones, los reclamantes sufrieron una notoria disminución de sus ingresos, afectándose su subsistencia y la de sus familias, incluso, llegó el momento en que ya no pudieron seguir haciendo el pago establecido. Ante esta imposibilidad y bajo la presión ejercida por el señor Echeverri Zapata y el actuar de los grupos paramilitares, se vieron forzados a vender las mejoras y salir de los predios, restándose del precio que se les pagaba el monto que adeudaban según lo fijado por el señor Echeverri Zapata”.
Acumulación indebida
De acuerdo con la Sala Especializada, “quien finalmente se benefició y lucró del despojo fue Bananeras de Urabá S.A, representada legalmente por Rosalba Zapata Echeverri, madre de Felipe Echeverri; empresa que ocupó de manera indebida y explotó las tierras a través del cultivo de banano para exportación, desde el momento que se da el hecho victimizante”.
Según se logró establecer durante el proceso judicial, Bananeras de Urabá S.A adquirió un total de 45.49 hectáreas mediante contratos de compraventa celebrados con parceleros de La Niña. Dichas tierras fueron anexadas a otras 172 hectáreas propiedad de la empresa, conformando una gran hacienda bananera de 217 hectáreas denominada “Finca Mi Tierra”.
A juicio de la Sala Especializada, “lo anterior nos enseña cómo Bananeras de Urabá S.A. agrupó un importante número de hectáreas, en las que expandió su objeto empresarial, aniquilando los intereses, expectativas y en general el proyecto de vida de los parceleros y sus familias, configurando un patrón inadecuado de ocupación, distribución y uso de la tierra, aprovechándose de la situación de temor que padecían los campesinos ante la intimidación de las armas y la ferocidad de los grupos paramilitares”.
A ello se suma un detalle para nada menor. Si bien el predio La Niña perteneció en su momento a la sociedad Emilio Hasbún & CIA, este fue objeto de un proceso de extinción de dominio por parte del desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), que mediante Resolución 1316 del 22 de junio de 1999, le otorgó la condición de predio baldío propiedad de la Nación de carácter reservado; es decir, predio susceptible de ser adjudicado para reforma agraria.
De ahí que, en sus valoraciones, la Sala Especializada haya concluido que Bananeras de Urabá S.A sacó provecho del clima de violencia de la región para imponer a los parceleros pagos injustificados para permanecer en tierras cuyo verdadero propietario era la Nación.
Así, “nítidamente se demostró que fue una práctica sistemática el sometimiento de los parceleros a condiciones de negociación impuestas bajo el uso de la intimidación de las armas de los paramilitares. Se fraguó una estrategia de temor y constreñimiento que logró su cometido, acorralar a los campesinos hasta que optaran por una de las alternativas que se les daba: pagar un dinero por permanecer allí, o salir a cambio de un precio que se pagaría por las mejoras implantadas en los terrenos del cual se descontaba el primero de los montos fijados”. Dicho entramado jurídico, según advirtió la sentencia, fue propiciado por Felipe Echeverri Zapata con el apoyo de los paramilitares del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
“Está demostrado que Bananeras de Urabá S.A. compró mejoras en varios predios afectados por contextos de violencia asociados al conflicto armado (…) de lo cual puede deducirse el aprovechamiento masivo de la situación de violencia. El carácter repetido y el esquema de compras da lugar a la posibilidad de una planeación que otorga a sus comportamientos un atributo de patrón de sistematicidad”, reza la sentencia en uno de sus apartes.
Todas estas consideraciones llevaron a la Sala Especializada a ordenar compulsar copias para que se investigue penalmente a Rosalba Zapata y a su hijo, Felipe Echeverri Zapata; a los propietarios de las empresas Bananeras de Urabá S.A, Banacol y C.I Uniban S.A. por el presunto delito de concierto para delinquir por financiación voluntaria de grupos paramilitares.
Sobre el particular, Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, organización que fungió como apoderada judicial de nueve de los reclamantes once reclamantes, señaló que, “aquí lo que se probó es que la empresa Bananeras de Urabá S.A se aprovechó de las circunstancias de violencia de la región, creó un entramado jurídico, acumuló tierras y lo que hizo fue una verdadera contrarreforma agraria contraria a la Ley”.
Vega recordó que si bien no es la primera vez que un juez de la República ordena compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue penalmente a dueños, accionistas y administradores de empresas bananeras del Urabá antioqueño, “muchas de estas investigaciones aún permanecen en la más completa impunidad”.
“Hay casos como el de Chiquita Brands, que fue condenada en el extranjero, pero en Colombia no ha pasado nada con ese caso. Los procesos van y vienen, de despacho en despacho en la Fiscalía, y nada de resultados”, declaro Vega, quien añadió: “Ahora, la Sala Especializada en Restitución de Tierras ordena nuevamente que se investigue a esta empresa bananera. Yo, de mi parte, sostengo que estos procesos sean de conocimiento de la Corte Penal Internacional para que no haya más impunidad”. (Leer más en: Los nuevos papeles de Chiquita Brands)
Desafortunadamente, las familias campesinas no han podido retornar a sus tierras y recibir los predios de mano de la justicia. Todo porque la sentencia fue proferida una semana después que el gobierno nacional decretara la cuarentena obligatoria para contener la propagación del Covid-19. “Días después de notificada la sentencia, la empresa abandonó los predios a sabiendas del riesgo fitosanitario por la presencia de sigatoka en las plantaciones. Los cultivos fueron saqueados por personas ajenas a los predios que están aprovechando la cuarentena para hacer explotación indebida de los predios”, señaló por su parte Julio Cuastumal, abogado de la Fundación Forjando Futuros.
* Foto de apertura: Bibiana Ramírez
