A diez años del Acuerdo de Paz, la reparación colectiva y las garantías de seguridad siguen rezagadas

En una audiencia pública realizada este miércoles en Bogotá, la Defensoría del Pueblo presentó un informe que reconoce avances en reincorporación, justicia transicional y desarrollo rural, pero advierte que varios compromisos con las víctimas y las comunidades siguen sin traducirse en garantías efectivas de derechos.

«La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento», establece el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Con esa idea como punto de partida, la Defensoría del Pueblo presentó este miércoles 11 de noviembre el informe 10 años del Acuerdo de Paz: un compromiso constitucional con las víctimas y los territorios.

El documento hace un balance de la implementación del Acuerdo Final firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc. Reconoce avances en reincorporación, formalización de tierras, desarrollo rural y justicia transicional, pero advierte que persisten rezagos en la reparación a las víctimas, la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las garantías de seguridad para las comunidades y sus liderazgos.

Para la defensora del Pueblo, el balance de estos diez años no puede limitarse a medir cuánto se ha cumplido del Acuerdo. También hay una obligación constitucional pendiente con las víctimas y los territorios. «Cumplir el Acuerdo de 2016 no es una opción política. Es una obligación constitucional. Pero también he dicho otra cosa, y la sostengo: no es sólo una deuda constitucional. Es, además, una excelente idea», aseguró Iris Marín.

Uno de los principales rezagos está en la reparación a las víctimas. De los 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos, sólo 63 han culminado sus planes. A esto se suman las dificultades para garantizar el retorno y la reubicación de las personas desplazadas y el acceso a la atención psicosocial: según la Defensoría, ocho de cada diez víctimas no han recibido este acompañamiento. 

En los territorios priorizados por el Acuerdo, la ejecución de las iniciativas de los PDET continúa rezagada. Aunque se han definido rutas institucionales para avanzar en esos compromisos, pocas iniciativas han llegado a su finalización. Para la Defensoría, los avances en planeación todavía deben traducirse en obras, servicios y mejores condiciones de vida para las comunidades rurales.

La seguridad es otro de los puntos críticos del balance. La presencia y expansión de grupos armados mantiene en riesgo a comunidades, liderazgos sociales, personas defensoras de derechos humanos y firmantes del Acuerdo. El desplazamiento forzado y el confinamiento siguen afectando a distintas regiones del país.

Marín cuestionó que se atribuya al Acuerdo la violencia que persiste en los territorios. «La violencia de hoy no es responsabilidad del Acuerdo, sino en gran medida del lento avance en su implementación. La situación actual de inseguridad no es un argumento contra el Acuerdo. Es el argumento más fuerte para cumplirlo», afirmó.

El informe también reconoce avances desde la firma del Acuerdo en 2016. Entre ellos, la continuidad del proceso de reincorporación, con los más de 11 mil firmantes que continúan en el proceso, el desarrollo de proyectos productivos de los mismos, la formalización de tierras y el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). También registra mejoras en algunos indicadores sociales de los municipios priorizados, aunque aclara que no pueden atribuirse exclusivamente a la implementación del Acuerdo. 

Sobre la JEP, Marín defendió la posibilidad de debatir sus resultados y su futuro, pero pidió que esa discusión respete la independencia judicial. «El país tiene todo el derecho a debatir el presente y el futuro de la JEP, a evaluar sus resultados (…). Pero demos ese debate con decencia y respeto por la separación de poderes. No con estigmatización ni con ataques personales a quienes administran justicia», dijo.

La audiencia también abrió un espacio para escuchar las experiencias de quienes han vivido las consecuencias del conflicto y de quienes dejaron las armas. En la conversación «La paz para los territorios», moderada por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, participaron víctimas, firmantes del Acuerdo, comparecientes de la Fuerza Pública y representantes de pueblos étnicos y del campesinado. Sus intervenciones abordaron los desafíos que enfrenta la implementación en las regiones, la persistencia de los firmantes en sus procesos de reincorporación y los aportes de los comparecientes al esclarecimiento de la verdad.

La visión de Santos y de Duque

Desde la firma del Acuerdo de Paz, Colombia ha tenido cuatro presidentes: Juan Manuel Santos, Iván Duque, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Todos fueron invitados a la conmemoración de los diez años del Acuerdo, pero sólo Santos y Duque participaron en el diálogo sobre su implementación. Petro canceló su asistencia a última hora y el espacio previsto para la intervención del Gobierno nacional quedó vacío. 

El expresidente y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, sostuvo que el Acuerdo ha sido blanco de ataques durante estos diez años y que defenderlo también implica defender la verdad. Sin ella, dijo, no hay confianza ni condiciones para el diálogo. El expresidente cuestionó que la implementación no hubiera sido decidida y atribuyó el deterioro de la seguridad a los compromisos que quedaron pendientes y a la falta de una política de seguridad.

Para Santos, varias de las respuestas a los problemas actuales del país están contempladas en el Acuerdo de Paz, algo que, a su juicio, el Gobierno no ha querido entender. Por eso, le pidió al presidente Abelardo de la Espriella que lo asuma como una hoja de ruta y aproveche la oportunidad de cumplirlo. “Presidente, no pierda esta oportunidad. En eso lo acompañaríamos todos los colombianos y el mundo entero”, expresó. 

Duque respondió con una defensa de su gestión y una lectura distinta sobre las causas de la violencia. Su intervención, titulada ¿Enemigos de la paz?, comenzó con una frase que marcó el tono de su discurso: «En política tenemos derecho a nuestras propias opiniones, pero no a nuestros propios hechos».

El expresidente rechazó que la falta de implementación del Acuerdo explique el deterioro de la seguridad y señaló al narcotráfico como el principal enemigo de la paz. También cuestionó la suspensión de la aspersión aérea y sostuvo que los cultivos de coca pasaron de 50.000 a más de 200.000 hectáreas para agosto de 2018, cuando llegó a la Presidencia.

Duque también cuestionó los resultados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Tras casi 10 años, la JEP sigue en deuda con Colombia: no hay condenas proporcionales para los máximos responsables ni reparación efectiva a las víctimas. La paz exige justicia, legalidad y cero impunidad”, afirmó el exmandatario. Sus declaraciones generaron rechazo entre algunos asistentes a la audiencia, entre ellos víctimas y firmantes del Acuerdo, que le gritaron: “¡Mentiroso, sáquenlo!”. 

Al cierre de la audiencia, Marín insistió en que el cumplimiento del Acuerdo debe ser una responsabilidad del Estado que no dependa de los cambios de gobierno. «El país exige unidad, más que en torno al Acuerdo de Paz, en torno al derecho a la paz de nuestra gente», concluyó.