Muchos son los rumores que circulan a lo largo y ancho del país sobre la presencia de esos carteles. Sin embargo, hablar de presencia continua es difuso y no permite entender qué hacen, qué no hacen y dónde realmente están.
¿Alguna injerencia tuvieron los carteles mexicanos en la tregua entre grupos armados que tuvo lugar a finales del año pasado en Tumaco, como especulan los pobladores de este puerto sobre el Pacífico sur colombiano? ¿Qué tan cierto es que narcotraficantes de ese país estarían atizando el fuego de la guerra en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, escenario actual de una de las más duras confrontaciones armadas en el país? ¿Realmente controlan, con personal armado y mediante el ejercicio de la violencia, laboratorios y rutas en la región del Catatumbo?
Si bien el propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, señaló en enero de 2018 que, en efecto, se tenía detectada la presencia de narcotraficantes mexicanos en por lo menos 10 departamentos de Colombia, también es cierto que sobre el tema aún existen más sombras que luces, razón por la cual las respuestas a estos interrogantes son tan variadas y generales que puntualizar cómo se materializa esa presencia actualmente en el país requiere un ejercicio de análisis desde las regiones.
VerdadAbierta.com realizó un barrido por varias zonas del país en donde se indagó con líderes de las comunidades y diversos expertos en crimen organizado y fenómenos de violencia sobre qué hacen y qué no hacen los carteles mexicanos en Colombia y cuáles son sus intereses en el país, con el fin de tener un panorama claro y ponderado sobre un fenómeno del que se viene hablando con fuerte insistencia en los últimos años.
¿Presencia real?
A las declaraciones públicas hechas por el Fiscal General de la Nación y el actual ministro de Defensa, Guillermo Botero, sobre la presencia de carteles del narcotráfico provenientes de México en por lo menos 10 departamentos colombianos, se suman también diversos informes emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.
En los últimos años, esta entidad ha consignado en diversas alertas tempranas las preocupaciones expresadas por las comunidades por cuenta de la presencia de ciudadanos extranjeros, particularmente mexicanos, en territorios donde confluyen cultivos de hoja de hoja de coca para uso ilícito y el accionar de grupos armados al margen de la ley y donde los niveles de violencia homicida registran aumentos preocupantes.
El más reciente ejemplo es la Alerta Temprana de Inminencia 006-19 del pasado 23 de enero, en la que esta agencia del Ministerio Público advierte sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos de comunidades indígenas y campesinas que habitan zonas rurales del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. El pasado 11 de enero fueron masacradas cuatro personas en el corregimiento San Antonio de esta localidad, en hechos que aún son investigados por las autoridades judiciales y de Policía. (Leer más en: Tres municipios de Valle del Cauca, en alto riesgo por incremento de la violencia)
Si bien las pesquisas iniciales apuntan a disputas entre estructuras criminales que estarían operando en esa parte del Valle del Cauca, el SAT de la Defensoría también manifiesta en su Alerta que “a esta compleja presencia de grupos armados en la zona se suman las ya insistentes versiones relacionadas con la visita que estarían haciendo sujetos foráneos ‘con un acento raro, como el de las novelas mexicanas’, de acuerdo con los comentarios aportados por habitantes con los cuales han interactuado”.
Diez meses atrás, el SAT de la Defensoría consignó en su Alerta Temprana de 027-18 del 5 de marzo de 2018 para el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, como ‘narcos’ locales e internacionales (mexicanos particularmente), asociados con estructuras criminales de Medellín y sus municipios vecinos, estarían buscando hacerse con el control de toda la cadena del narcotráfico en esta vasta región, considerada el corazón cocalero de Antioquia. Así, tras la salida de la extinta guerrilla de las Farc del escenario bélico, estos grupos buscarían controlar desde los cultivos y la producción de pasta base, hasta la exportación y distribución local para el narcomenudeo.
“Así, grupos que no contaban con muchos recursos para financiar sus propósitos expansivos, pudieron haberse robustecido con el ingreso de estos capitales que han sido importantes para la persistencia y agudización del conflicto violento, en especial estructuras sucesoras del paramilitarismo como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc)”, reseña el SAT. (Leer más en: Frontera entre Antioquia y Córdoba, una línea borrada por la guerra)
Tan sólo un par de meses después de esta advertencia, la agencia del Ministerio Público emitió la Alerta Temprana 045-18, donde solicita a 23 entidades del orden local, regional y nacional que tomen medidas urgentes para proteger a los habitantes de Santa Marta y Ciénaga, en Magdalena, y Dibulla, en La Guajira, ante la posible vulneración de sus derechos humanos.
Si bien el principal riesgo descrito en la Alerta guarda relación con la expansión de grupos armados sucesores del paramilitarismo, el SAT de la Defensoría también señala que “desde hace algún tiempo, líderes comunitarios de las Mesas Municipales de Participación de Víctimas vienen hablando de la presencia y accionar en Dibulla y sobre la Carretera Troncal del Caribe, de una estructura conocida como ‘Los Mexicanos’, al parecer relacionada con el Cartel de Sinaloa. No obstante, ninguna otra fuente ha arrojado información en el sentido en que hay gente de los carteles mexicanos de la droga actuando en la región”. Al respecto, la Defensoría del Pueblo señaló que el Cartel de Sinaloa, al parecer, “tiene una alianza con las Agc para ir posesionando lugares y favorecer la comercialización de coca”.
Similar advertencia realizó la entidad estatal el 14 de enero de 2018. Mediante Alerta Temprana No. 005-18 para Tierralta, Córdoba, el SAT describió un escenario de riesgo para comunidades campesinas de este municipio ubicado en las estribaciones del Nudo de Paramillo configurado a partir de: “La expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que ante la aparente ausencia de oposición de otros actores armados, intentan consolidar el control territorial, de la población y de las economías ilegales que tienen lugar en el área rural del municipio donde actuaban los frentes 5, 18 y 58 de las Farc, presentándose hoy con diferentes denominaciones tales como ‘Grupo de los JJ’ y como miembros del Ejército de Liberación Nacional, Eln, haciendo ostentaciones de dinero y manifestando estar financiados supuestamente por el cartel mexicano de Sinaloa”.
Si bien se trata de versiones recogidas por los analistas del SAT en las que no se detallan las labores puntuales desarrolladas por los presuntos ‘narcos’ mexicanos, vale la pena señalar que, según el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) a la fecha hay 1.249 ciudadanos extranjeros recluidos en los distintos centros penitenciarios del país. De ellos, 800 son venezolanos, siendo la nacionalidad con mayores detenidos, seguidos de los ecuatorianos (141) y los mexicanos (67). Los datos también indican que el 42 por ciento de los extranjeros (529) están detenidos por delitos relacionados con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Presencia vieja
Si bien todos los indicios apuntan a que la presencia de ‘narcos’ mexicanos en Colombia es real, “no se trata, en todo caso, de una presencia nueva ni de un fenómeno reciente”, tal como lo sostiene Juan Carlos Garzón, director del área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), centro de pensamiento con sede en Bogotá. De acuerdo con Garzón, “se trata de un fenómeno de larga trayectoria que se ha transformado por cuenta de la realidad cambiante de Colombia”.
A juicio del investigador, Tumaco es un claro ejemplo. Durante la década de los ochenta del siglo pasado, sostiene Garzón, el puerto sobre el Pacífico sur colombiano fue controlado por el otrora Cartel de Cali; desde allí, se despachaban cientos de alijos de cocaína hacia Centroamérica, operaciones en las que la mano de obra mexicana fue indispensable.
Pero, tras la caída del imperio ‘narco’ de los hermanos Rodríguez Orejuela y la fragmentación de los carteles sucesores, la intensa guerra desatada entre guerrillas y bloques paramilitares y el posterior posicionamiento de las Farc en el territorio, llevó a que las organizaciones mexicanas se involucraran más en las dinámicas tumaqueñas a fin de asegurar mercancía para abastecer un mercado que lograron conquistar, como lo fue el estadounidense. Así, desde finales de la década de los noventa se rumora con insistencia en la región sobre la presencia de narcos de ese país como coordinadores in situ de los envíos de droga hacia Centro y Norteamérica.
“Y claro está, la salida de las Farc hace que cambien las reglas del juego -continúa el investigador-. Hoy hay un vacío en la regulación del mercado y los carteles mexicanos adquieren mayor visibilidad porque lo que antes solucionaban con las Farc ahora tienen que lidiar con varios grupos en una misma zona, hacer varias transacciones y acomodarse a un nuevo escenario”.
En visita realizada a Tumaco en agosto de 2018, las autoridades de Policía le confirmaron a VerdadAbierta.com que, hasta ese momento, habían sido detenidos por lo menos cuatro ciudadanos mexicanos, dos guatemaltecos y 80 ecuatorianos por delitos relacionados con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
“Aunque ello lo que comprueba es que la presencia, por lo menos en el Pacífico sur, de integrantes de los carteles mexicanos tiene un carácter más empresarial, es decir, están más como emisarios para hacer negocios”, señala Kyle Jhonson, analista de la organización International Crisis Group.
El amplio conocimiento que tiene de la región le permite a Jhonson afirmar que la “presencia en Colombia de carteles mexicanos, con gente armada, controlando territorios como tal, eso no se ve, por lo menos en el Pacífico sur. Pero sí se escucha mucho que hay gente que trabaja para los carteles, que hay emisarios de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en el territorio. Mucha de la plata del narcotráfico que se mueve en Tumaco se maneja desde Cali. Entonces, se habla mucho de los emisarios y es un papel más de empresarios”.
El dinero que estarían moviendo estos emisarios de los carteles mexicanos sería, a juicio de Jhonson, el que estaría financiando la guerra que se libra con furia en el Pacífico sur y que tuvo un breve respiro a finales del año pasado.
“Se dice en la zona que los mexicanos influyeron para que hubiera tregua, pues a ellos no les conviene ‘calentar’ el negocio como se dice. No hay certezas de eso, pero lo cierto es que la participación de los mexicanos sirve para financiar la guerra de los grupos. Los mexicanos fungen como empresarios, pero el que ellos pongan la plata también les da cierta incidencia en el negocio. Si ellos quitan la plata pues los grupos armados se quedarían sin su fuerza”, conceptúa el analista.
Comportamiento similar parece registrarse al otro lado del país, en el Catatumbo, Norte de Santander, la segunda región del país con mayor presencia de cultivos de hoja de coca. Conocedores de la región, quienes pidieron reserva de su identidad, señalan que es una realidad que emisarios de los ‘narcos’ mexicanos se encuentran en la zona con la única intención de negociar clorhidrato de cocaína.
“Nosotros hemos hablado con la gente y lo que nos dicen es que ellos (los mexicanos) no tienen intención de pelear con nadie. A todos los mantienen contentos, a todos le compran; entonces, la plata fluye en la región y ellos no tienen necesidad de matar o desaparecer gente, no tienen necesidad de eso. Por supuesto que la plata de los mexicanos está financiando la guerra en el Catatumbo, pero porque ellos le están comprando a todos: al Epl, a las disidencias de las Farc, al Eln”, sostiene una de las fuentes consultadas por VerdadAbierta.com.
A su juicio, no se trata de una presencia nueva: “Los Zetas estuvieron en el Catatumbo en 2011-2012. Ellos mandaban la plata y aquí, ‘narcos’ locales, recogían la mercancía y la enviaban, pero eso no les funcionó porque los tumbaban, les mandaban mercancía mala, en fin. Lo que pasó entonces es que comenzaron a mandar emisarios que repartían plata, asumían compromisos, y ya”.
La anterior dinámica se habría reactivado en los últimos años, lo que ha llevado a que los municipios del Catatumbo estén viviendo una nueva bonanza cocalera. “Hasta hace poco -dice la fuente consultada- los campesinos tenían guardada la pasta-base debajo de la cama porque no había quién la comprara, porque las guerrillas, los principales compradores, le estaban debiendo plata a todo el mundo. Entonces, llegan los mexicanos y dinamizan ese mercado y hay plata toda la que usted quiera, compran pasta-base con plata ‘constante y sonante’ y como si fuera poco, mejoraron el precio incluso”.
No sólo es coca
En lo que coinciden los analistas consultados es que, si bien no existen indicios concretos sobre presencia armada de los carteles mexicanos en Colombia ni su incidencia directa en los conflictos armados que tienen lugar en diversas regiones del país, actualmente (ya sea apoyando directamente a un grupo armado en particular) sí es posible afirmar que el mercado interno del narcotráfico se está revitalizando por cuenta de los capitales económicos que están poniendo sobre la mesa los emisarios provenientes de ese país.
“¿Por qué el interés de los mexicanos en Colombia? Pues básicamente les interesa mantener la oferta y controlar directamente la calidad final del producto porque en el pasado les enviaban mucho material de baja pureza”, sostiene Daniel Rico, director de G-Análisis, quien añade además que “hay que mirar cómo están invirtiendo esos dineros que traen en otras actividades ilegales como la minería, por ejemplo. Ellos tienen dinero para mover, para invertir y en ese sentido, podrían estar invirtiendo en otras actividades”.
Según Rico, “el negocio del narcotráfico en Colombia ha cambiado mucho en los últimos años. Antes, para procesar y exportar una determinada cantidad de cocaína, prácticamente se necesitaba un ejército. Hoy en día no. Pequeños grupos son capaces de ofrecer cantidades aceptables de cocaína y eso lo están aprovechando los emisarios de los carteles mexicanos, que están encontrando diversidad de oferentes y a todos les compran”.
Planteamiento en la misma línea expone Garzón, de la FIP, quien además sostiene que, tras la desaparición de los grandes carteles de la droga, se ha atomizado la producción de alcaloides, favoreciendo la emergencia de pequeños ‘narcos’ locales que se mantienen en la sombra, capaces de negociar determinadas cantidades de cocaína, incluso con emisarios mexicanos, quienes no cuentan con un ejército que los respalde y ejercen la violencia solo de ser necesario.
Al respecto, existen dos ejemplos que ilustran el planteamiento de Garzón. Uno de ellos es alias ‘Montero’, personaje del que se sabe es oriundo del municipio de Barbosa, Antioquia, y que tiene contactos con bandas delincuenciales de Medellín como ‘Los Triana’. Fuentes judiciales señalan que este hombre sería el propietario de un cargamento de 700 kilos de cocaína que fue incautado por autoridades de Policía en enero de 2017 en la finca El Progreso, en Barbosa, de propiedad de la Universidad de Antioquia. Su presencia también ha sido advertida en los centros de producción cocalera del Bajo Cauca antioqueño.
El otro ejemplo es alias ‘Contador’, de quien se dice es el verdadero ‘patrón’. Aunque e el fiscal Martínez declaró a mediados del año pasado que alias ‘Contador’ es quien financia las actividades de narcotráfico en Tumaco, realmente es poco lo que se sabe de él. Su nombre es un enigma, así como sus intenciones en la guerra que se libra en el Pacífico Sur. Fuentes consultadas por VerdadAbieerta.com en el puerto nariñense advierten que se trata de un poderoso narcotraficante que estaría financiando grupos en el área urbana y buscando alianzas con otras organizaciones en la zona rural, donde se concentran las más de 23 mil hectáreas de hoja de coca para uso ilícito sembradas en este municipio.
