La Defensoría del Pueblo emitió simultáneamente tres alertas tempranas de inminencia el pasado miércoles, describiendo los escenarios de posibles vulneraciones de derechos humanos que afrontan los habitantes de Buenaventura, Jamundí y Bolívar. En estos documentos, se les hace un llamado a entidades estatales del orden local, regional y nacional para que tomen medidas que mitiguen las amenazas descritas y no ocurran más tragedias.

Justo cuando en algunas regiones del país se viven momentos de angustia ante un eventual recrudecimiento del conflicto armado tras la ruptura de las negociaciones de paz con la guerrilla del Eln, a raíz del carro bomba que detonó en Bogotá el pasado 17 de enero en la Escuela de Cadetes General Santander, que cobró la vida de 21 personas, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo hace un llamado por los peligros que padecen miles de vallecaucanos. (Leer más en: Confrontación con el Eln, grave amenaza para las regiones)

Si bien los escenarios descritos en los tres municipios son variados y obedecen a dinámicas locales, enmarcadas por el control de rentas ilícitas, en ellos se describe la presencia del Eln como un riesgo latente para las comunidades del sur, el Pacífico y el norte del departamento. Y cobran mayor relevancia en estos momentos, puesto que es previsible que, de desatarse una confrontación abierta entre la Fuerza Pública y el último grupo que guerrillero que queda en el país, quienes más sufran las consecuencias sean la población civil y sus líderes sociales.

Aunque los grupos armados varían según la región, todos los informes registran hechos en común: amenazas, desplazamientos forzados, extorsiones, homicidios selectivos, secuestros, reclutamientos forzados, entre otros crímenes que padecen afrodescendientes, indígenas y campesinos de zonas atrasadas y olvidadas históricamente por el Estado.

Lo peor de todo es que estos informes de advertencia hacen seguimiento y les dan continuidad a otras alertas que, en su debido momento, fueron presentadas a las autoridades encargadas de velar por la protección de los derechos humanos de quienes se encuentran en riesgo. Meses después, la situación ha empeorado y ha sido casi nula la efectividad de las medidas de las pocas instituciones que se tomaron en serio las advertencias realizadas por la Defensoría del Pueblo.

Este es el panorama de los tres municipios que se encuentran en alto riesgo, según advierte esta agencia del Ministerio Público.

Buenaventura

La ciudad-puerto ha padecido la violencia de todos los grupos armados ilegales del país, desde las Auc y las Farc, hasta sus disidencias o rearmados. Foto: archivo Semana.

En este municipio, que alberga el puerto marítimo más grande del país y por donde transita más de la mitad de la carga que mueve en exportaciones e importaciones, el riesgo se encuentra focalizado en su casco urbano. Ante las luchas de reconfiguración territorial que suceden desde el 26 de abril del año pasado, en las que están involucrados grupos delincuenciales como La Banda Local, La Empresa, Gente del Orden, facciones que se identifican como disidencias de las Farc y el propio el Eln, el SAT emitió su alerta 007-19.

En ella detalla que se encuentran en riesgo cerca de 169.439 habitantes de las comunas 3, 4, 9, 10 y 12: “Entre las acciones que podrían generarse, de materializarse acciones violentas contra la población civil, se encuentran amenazas individuales y colectivas; homicidios selectivos y de configuración múltiple; confinamiento o restricciones a la movilidad; ataques indiscriminados con artefactos explosivos improvisados; desapariciones y desplazamientos forzados masivos y gota a gota; reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescente y violencia sexual contra las mujeres”.

Por cuenta de esas dinámicas han sido afectados 32 de los 165 barrios que componen el municipio. El sector que mayores riesgos afronta es la Comuna 12, a raíz de la disputa que libran La Empresa y La Banda Local, en la cual la segunda busca expulsar a la primera de algunos barrios como Francisco José de Caldas, Nuevo Amanecer, Nueva Floresta, Vista Hermosa, Citronela, La Caucana y hasta de la región del Bajo Calima, “por donde se estarían movilizando las armas, los estupefacientes”.

No obstante, el detonante de la alerta es el aumento de la violencia, que se refleja en el incremento de los asesinatos y de las desapariciones forzadas. Si se comparan los registros de 2017 y 2018, se encuentra que el año pasado estos crímenes aumentaron un 24,7 y un 50 por ciento, respectivamente.

Fuente: Defensoría del Pueblo, alerta 007-19.

Además, 2019 también inició con altos índices de violencia: en los primeros 20 días de enero fueron asesinadas cuatro personas.

El SAT refiere que quienes se encuentran en mayor riesgo son los menores de edad: “Estos hechos generan afectaciones territoriales de diferente índole y de manera diferenciada, estando en mayor riesgo de exposición los NNAJ (niños, niñas, adolescentes y jóvenes), teniendo en cuenta que por la precariedad en la que viven, son objetivo de los grupos armados ilegales para ser reclutados o utilizados en la confrontación armada, además de esto se evidencia que los  grupos armados ilegales en las comunas 3, 4, 9, 10, 11 y 12, utilizan el microtráfico como estrategia de acercamiento y posterior convencimiento de ingresar a sus filas”. Por esas razones, muchos padres han optado por no enviar a sus hijos a la escuela, con lo que se está vulnerando su derecho a la educación.

Esa situación no es nueva y viene siendo advertida por la Defensoría del Pueblo desde 2008, cuando emitió su informe de riesgo 038 y diez notas de seguimiento posteriores. En esa documentación ha reflejado cómo la puja por el control territorial de Buenaventura causa estragos en sus habitantes, sobre todo entre los más vulnerables de sectores marginales. (Leer más en: La pugna detrás de los desplazamientos de Buenaventura)

Por otro lado, el informe también hace mención al Eln. Inicialmente señala que el 1 de octubre del año pasado, cuando comenzó a regir el Cese del Fuego y de las Hostilidades, Bilateral y Temporal con el gobierno nacional en medio de las negociaciones de paz, esa guerrilla manifestó en la Comuna 12 la intención de “fortalecer sus estructuras para hacer presencia en el área urbana. Se han presentado casos de distribución de ‘propaganda’”.

Y posteriormente refiere que “la presunta entrada de miembros del Ejército de Liberación Nacional-ELN a la zona urbana, ha generado como resultado enfrentamientos y algunos asesinatos selectivos, evidenciando en gran medida que las confrontaciones armadas aumentarán, hasta tanto los grupos lleguen a un acuerdo o alguno se retire al no considerarse fuerte militarmente para contrarrestar la amenaza”.

Además, sobre la zona rural, el documento señala que sus habitantes han padecido una “crisis humanitaria” en los últimos años por cuenta de la posición privilegiada en la que se encuentran sus territorios, pues son ideales para toda clase de transacciones ilegales, desde armas hasta narcóticos: “La interconexión fluvial y marítima, desde la cordillera Occidental y Central hacía el océano Pacífico, al poseer un sistema de esteros al que se accede por ríos, trochas y manglares, lo comparte Buenaventura con los limítrofes municipios de López de Micay departamento de Cauca y al norte con el municipio de Litoral de San Juan en el departamento de Chocó, y lo convierten en un corredor principal de movilidad para la ejecución de actividades contrarias a la ley”.

Jamundí

El 11 de enero, en este municipio ocurrió la primera masacre de 2019. Cuatro integrantes de una familia fueron encontrados sin vida. Foto: Noticias Caracol.

En este municipio ubicado al sur de Valle del Cauca se encuentran en riesgo el resguardo indígena Kwes Kiwe Nasa y las comunidades campesinas asentadas en los corregimientos de Villacolombia, La Liberia, Timba, Robles y San Antonio. Según la Alerta Tempana de Inminencia 006-19, la mayor amenaza es el Epl, y en menor medida las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y la guerrilla del Eln.

Este informe de la Defensoría del Pueblo ratifica una realidad que desde hace dos años denunciaron las comunidades indígenas del norte del departamento de Cauca: que después de la dejación de armas de las Farc, sus antiguos territorios empezaron a ser copados por hombres que portan brazaletes alusivos al Epl, grupo disidente de las desmovilizaciones de 1991, que desde entonces estuvo concentrado en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

Uno de los principales reportes sobre la aparición del Epl en el suroccidente colombiano data de marzo de 2017, cuando hicieron presencia en el municipio de Toribío, pero finalmente fueron expulsados por las autoridades indígenas, motivo por el que se trasladaron al municipio de Suárez. Siete meses después, en diciembre, allí ese grupo sufrió un fuerte golpe propinado por disidentes del Sexto Frente de las Farc, ocasionándoles varias bajas en combate, por lo que se vieron obligados a replegarse en Jamundí. (Leer más en: La zozobra sin fin de los indígenas Nasa)

Además, el 15 de abril del año pasado, en su Alerta Temprana de Inminencia 037-18, el SAT expuso “la presencia en la zona rural de media y alta montaña (de Jamundí) de una estructura del Ejército Popular de Liberación (EPL), al igual que disidencias de las FARC-EP, facciones que se encuentran en disputa por el control del corredor de movilidad terrestre y fluvial a través del río Naya y hasta el mar Pacífico, junto con las ganancias derivadas de algunas rentas ilegales como el narcotráfico, secuestro y la extorsión”. Para ese momento los corregimientos afectados eran Villacolombia, La Liberia y Timba.

La grave situación que se presenta en la zona rural de Jamundí también fue denunciada el pasado 18 de diciembre por el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve: “De manera simultánea a los enfrentamientos entre Tercera Brigada y supuestos EPL, otros dicen que ‘Pelusos’, eso no lo sabemos, han aparecido paredes de iglesias de Villacolombia y San Antonio con letreros alusivos al EPL, en estos rechazan la presencia de la Fuerza Pública en esos territorios. Los campesinos han quedado en ese ‘sanduche’ entre las autoridades y las organizaciones armadas, de las cuales hay por lo menos cinco o seis grupos diversos”.

Ahora, esta nueva alerta temprana, la Defensoría del Pueblo advierte que “el riesgo se ha extendido a los corregimientos de Robles y San Antonio”. En el primero de ellos, el pasado 11 de enero, fueron encontrados los cuerpos sin vida de cuatro campesinos, quienes habrían sido retenidos, asesinados y sus cuerpos arrojados en una vía veredal. De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron identificadas como Silvio José Bravo y sus hermanos Jhonny y José Ancízar, así como su primo Fidencio Bravo. Según sus familiares, el mayor de ellos (Silvio) estaba siendo extorsionado, al parecer, por hombres del Epl.

Sobre San Antonio, la Defensoría del Pueblo hace un llamado de atención por “la presencia y autoridad que ahora vienen haciendo y ejerciendo sujetos armados de diversas facciones, especialmente los relacionados con el EPL”. Y remata que ese “tipo de control social lo vivencian los habitantes de otras localidades como La Liberia, Villacolombia y La Meseta, a pesar de contar con presencia de la Fuerza Pública”.

Sin embargo, hace especial énfasis en la situación de los habitantes del corregimiento de San Antonio, quienes deben “convivir bajo las reglas de comportamiento impuestas por miembros del EPL, quienes fungen como autoridad de facto regulando la convivencia social e imponiendo castigos a los trasgresores; determinando la movilidad de los ciudadanos mediante la disposición de horarios; fiscalizando las actuaciones de sus líderes y representantes”.

Estas situaciones se presentan en un contexto de producción de narcóticos, grandes cantidades de cultivos de coca, extorsión y procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Al respecto, el documento indica que Jamundí es un municipio “donde una importante franja de sus pobladores rurales, especialmente los radicados en la cordillera, manifiestan que la pobreza, el abandono histórico del Estado, el deterioro de las vías y falta de recursos para la compra de bienes básicos, justifica el cultivo ilícito de la hoja de coca como el único producto que les permite conseguir los recursos mínimos para sostenerse junto a sus familias, a pesar de las consecuencias legales y sociales en las que pueden verse comprometidos”.

Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo también alerta sobre los posibles efectos que puede generar la erradicación de cultivos de coca en la región: “La decisión del gobierno de proceder a la erradicación forzada de cultivos ilícitos plantados en zona rural montañosa de este municipio, es otro factor que puede implicar otro factor de inestabilidad a tener en cuenta, por cuanto algunos sectores de campesinos cultivadores han manifestado se opondrán a dicho procedimiento mientras no les sean ofertadas alternativas que les permitan subsistir junto con sus familias”.

Como si la variedad de grupos armados ilegales, los abundantes cultivos de coca y la intensión del gobierno nacional de erradicarlos no fueran suficientes elementos de zozobra, los pobladores de las zonas rurales han denunciado en varias ocasiones “la visita que estarían haciendo sujetos foráneos con un acento raro, como el de las novelas mexicanas». En diferentes regiones del país, en especial en el Pacífico, también se han dado reportes sobre la presencia de agentes o representantes de carteles mexicanos para coordinar la producción y el transporte de cocaína hacia el exterior.

Por todo lo anterior, y como lo demuestran los 133 desplazamientos forzados y los 103 asesinatos ocurridos el año pasado, el riesgo que padecen las comunidades de Jamundí es alto. En 2017 ocurrieron 86 asesinatos y desde abril de ese año hasta la fecha, la Defensoría del Pueblo emitió tres alertas tempranas. En esta última califica como “irregular” el desempeño institucional para garantizar la protección de las personas en riesgo y señala que sólo actuaron Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación y la Fiscalía General de la Nación y la Dirección para la Acción Integral Contra, Minas Nacional Antipersona.

Pero no sólo Jamundí se encuentra en riesgo por la presencia del Epl. El pasado jueves, un predio del ingenio azucarero de Riopaila Castilla, en el municipio de Pradera, sufrió un ataque atribuido a hombres de sus filas. Así fue denunciado el hecho: «Siendo las 9:30 a.m. se presentó un acto terrorista en contra de la Empresa, en el predio La Estrella Alta, ubicado en el corregimiento de El Llanito, zona rural del municipio de Florida, lugar donde llegaron dos sujetos quienes se identificaron como integrantes del EPL (Ejército Popular de Liberación) y pusieron en riesgo la vida de trabajadores de la compañía amenazándolos con armas cortas, luego procedieron a prender fuego a un tractor y una alzadora de caña».

Bolívar

Este municipio ha padecido violencia desde los tiempos del Cartel del Norte del Valle. Foto: Alcaldía de Bolívar.

Para este municipio, ubicado en el norte de Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo emitió su octava Alerta Temprana de Inminencia de 2019. En ella mantiene el riesgo latente advertido previamente para los corrimientos Cerro Azul, Naranjal, Primavera, Dos Quebradas y Catres, pero adiciona en sus advertencias al corregimiento de Ricaurte y al resguardo indígena de San Quinini.

En esta región, según el informe, ocurre la particularidad de que por lo general los grupos ilegales hacen presencia vestidos de civil y portan armas cortas “para minimizar el riesgo de ser identificados durante los patrullajes desarrollados por la Fuerza Pública”. Lo anterior permite inferir que se trataría de milicianos del Eln y de miembros de una banda ligada al narcotráfico que anteriormente pertenecieron a Los Rastrojos, el ejército privado de Wilber Antonio Varela, alias ‘Jabón’, uno de los capos del Cartel del Norte del Valle, quien fue asesinado en Venezuela el 30 de enero de 2008.

Sobre las dinámicas de la región, el SAT indica que la amenaza se extiende actualmente a los ciudadanos del corregimiento de Ricaurte, “quienes se encuentran afectados y perjudicados al haberse convertido su caserío en un centro para la distribución y consumo masivo de estupefacientes”.

Como en los casos de Buenaventura y Jamundí, la Defensoría del Pueblo ya había advertido situaciones de riesgo. En 2017 refirió el fortalecimiento del Eln en la zona rural del municipio y “la posible reaparición de sujetos foráneos, quienes al parecer estarían constituyendo un nuevo grupo con el cual buscarían controlar el ingreso al Cañón de Garrapatas (antiguo bastión de Los Rastrojos)”. Para ese momento, ambos grupos fueron señalados como “el principal factor de riesgo para los pobladores de las veredas y corregimientos”, dada la posibilidad de que ocurriera “una disputa por el control territorial, social y de rentas ilícitas en la que quede en medio la población civil”.

A pesar de esa advertencia, consignada en la Alerta Temprana 039-17, en Bolívar siguieron ocurriendo desplazamientos forzados, amenazas de muerte, extorsiones, hurtos y asesinatos. Sin embargo, ahora, casi dos años después, hay un nuevo factor de riesgo: los incumplimientos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) con las familias que en mayo del año pasado decidieron dejar de lado los cultivos de coca.

La nueva alerta temprana de la Defensoría del Pueblo consigna que a “algunas comunidades indígenas igualmente registradas (en el PNIS) no les han sido desembolsados los pagos del PAI (seis subsidios bimensuales del Plan de Atención Inmediata), y por ende tampoco han dado inicio a la erradicación que, por acuerdos, inicia una vez reciben el primer pago a partir del cual tienen 60 días para demostrar que efectivamente erradicaron los cultivos ilícitos de su territorio”.

Además, refiere que las familias campesinas que se acogieron a este programa, nacido del Acuerdo de Paz que alcanzaron el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y la otrora guerrilla de las Farc, en diciembre les dieron el último pago del PAI, pero está en veremos la implementación de los proyectos productivos de corto y mediano plazo.

Y en ese sentido, la agencia del Ministerio Público refiere que “a mediados diciembre de 2018, les llegó a estos campesinos el recurso monetario con el cual se terminó la etapa del PAI y en estos momentos carecen de tierras para dar continuidad al plan institucional que debe permitirles legalizar su situación”. Por tal motivo, advierte, “la mayoría de esas personas no tendrán muchas alternativas para responder económicamente por sus familias”, por lo que, entre sus opciones, estaría la posibilidad de “internarse nuevamente en la montaña para retomar la siembra de la mata de coca, aprovechando algunas ofertas que ya les habrían hecho llegar incluyendo el adelantarles una plata ‘con la cual puedan sostenerse, mientras se da la primera cosecha’”.

Finalmente, lanza un amargo presagio si la situación no se reconduce: “De fracasar o demorar el cumplimiento de estos acuerdos (de sustitución de cultivo), se incrementará la incredulidad de esta población hacia la oferta institucional, haciéndose directamente proporcional el favorecimiento a los grupos ilegales y/o sus representantes que se mueven por dicha zona”.

En cuanto a casos de violencia, el documento registra 133 casos de desplazamiento forzado en 2018 y ocho asesinatos, contra los seis que ocurrieron en 2017. En esta última alerta temprana, la Defensoría del Pueblo califica como “insuficiente” el desempeño institucional para atender los riesgos advertidos en informes previos, y resalta que de las siete entidades a las que les realizó recomendaciones, sólo la Policía y el Ejército Nacional le suministraron información sobre las decisiones que tomaron al respecto.