La Amazonía colombiana, en el ojo de la tormenta criminal

Un informe del International Crisis Group revela cómo el ELN, la Segunda Marquetalia y los Comandos de la Frontera están destruyendo la selva amazónica colombiana y exportando su modelo criminal a Ecuador y Perú.

Putumayo, Caquetá, Amazonas. Los tres departamentos que conforman la Amazonía colombiana llevan décadas en el centro del conflicto armado. Pero según un nuevo informe del International Crisis Group (ICG), la amenaza que se cierne hoy sobre esos territorios tiene una dimensión adicional que los gobiernos de la región han tardado en reconocer: lo que durante años fue principalmente un desafío de conservación ambiental se ha convertido también en una crisis de seguridad y gobernanza, en la que grupos armados colombianos son actores clave en el saqueo de la selva más grande del mundo.

«El crimen organizado se ha convertido en uno de los principales obstáculos para los esfuerzos por frenar la destrucción ambiental en la Amazonía y salvar uno de los ecosistemas más importantes del planeta”, dice Bram Ebus, uno de los autores del informe titulado El saqueo de la selva: Blindar a la Amazonía del crimen organizado, basado en más de 100 entrevistas e investigación de campo en Brasil, Colombia, Perú y Guyana. 

“Lo que antes era principalmente un desafío de conservación se ha convertido en una crisis de gobernanza y seguridad, lo que hace mucho más difícil que los Estados cumplan sus planes de protección ambiental», dice el investigador.

Para Colombia, esa frase tiene un peso particular. Los grupos armados ilegales colombianos son protagonistas centrales tanto en el narcotráfico como en la minería ilegal en toda la cuenca amazónica, y sus operaciones se extienden mucho más allá de las fronteras nacionales.

Los grupos colombianos que operan en la Amazonía

El informe identifica tres actores colombianos con presencia activa en la Amazonía: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos disidentes de las extintas Farc, Segunda Marquetalia y los Comandos de la Frontera.

El ELN mantiene bases de retaguardia en el sur de Venezuela y desde allí extiende su presencia a los estados venezolanos de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, fronterizos con Colombia, Brasil y Guyana. Esos territorios son ricos en oro y minerales críticos, y albergan corredores importantes de narcotráfico hacia Brasil.

Hasta agosto de 2025, el ELN mantenía un pacto de no agresión con la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, en varias zonas de esa región. Cuando la alianza se rompió, el ELN quedó en posición de ventaja mientras la Segunda Marquetalia se reagrupó en zonas remotas del estado Amazonas venezolano.

Pero quizás el grupo con mayor expansión reciente es Comandos de la Frontera, una amalgama de exintegrantes de las Farc, exsoldados, exparamilitares y nuevos reclutas locales que controla plantaciones de coca y minas ilegales en Putumayo, Caquetá y Amazonas. Según el informe, este grupo ha cruzado fronteras en todas direcciones: paga a campesinos peruanos para que arrasen bosques al sur del río Putumayo que marca la frontera entre Colombia y Perú y los conviertan en cultivos de coca. En Ecuador, forjó alianza con Los Lobos, organización que compra cocaína y pasta base para exportarla desde el Pacífico, y que además brinda protección a sus operaciones de minería ilegal.

El resultado de esa expansión es visible en las cifras. La tasa de homicidios en las provincias amazónicas ecuatorianas pasó de 10 por cada 100.000 habitantes en 2021 a más de 50 en 2024, en gran parte por los enfrentamientos entre grupos rivales que disputan las rutas que los abrieron los colombianos.

Coca, oro y deforestación: el triángulo colombiano

«El narcotráfico y la minería ilegal son las dos actividades ilícitas que más contribuyen a la violencia en la Amazonía”, dice Ebus. “La producción de cocaína y la extracción de oro también dejan una profunda huella en la selva en forma de residuos químicos, tala indiscriminada y contaminación por mercurio. Los ingresos de ambas actividades suelen blanquearse y reinvertirse en actividades conexas que agravan la deforestación, como el acaparamiento de tierras y la ganadería.»

En Colombia la minería ilegal de oro ya supera al narcotráfico en términos de rentabilidad desde al menos 2016. Pero los dos negocios se retroalimentan: las ganancias de uno financian al otro, y ambos destruyen la selva de formas distintas pero complementarias, explica el informe.

Los laboratorios clandestinos dispersos por las selvas colombianas transforman hoja de coca en pasta base, que luego se mueve hacia instalaciones más especializadas para producir clorhidrato de cocaína. Desde allí, los ríos amazónicos funcionan como autopistas para mover el producto de país en país. Grupos como el ELN y las disidencias de las Farc controlan y cobran impuestos a los productores locales, además de encargarse del transporte.

Pero más allá del narcotráfico, el informe documenta cómo los grupos armados colombianos reinvierten sus ganancias en actividades que destruyen el bosque: el acaparamiento de tierras, la ganadería y la agricultura a gran escala. Más del 70 por ciento de la selva deforestada en la Amazonía se encuentra a menos de 50 kilómetros de caminos abiertos por grupos criminales para mover equipos mineros o cargamentos de droga.

El informe advierte que la región se acerca al umbral crítico del 20-25 por ciento de deforestación que podría desencadenar un colapso ecológico irreversible. Superado ese límite, el sistema de reciclaje de lluvia de la selva colapsaría, convirtiendo a la Amazonía de sumidero de carbono en fuente de emisiones y acelerando el cambio climático global, dice.

Las guardias indígenas: solos frente al fusil

El informe recalca que las Guardias Indígenas son quienes enfrentan a diario los efectos nefastos de esta expansión criminal. En Colombia, estos grupos comunitarios tienen reconocimiento legal y enfatizan su carácter pacífico. Pero ese reconocimiento no los ha protegido.

Entre 2014 y 2024, al menos 70 miembros de guardias indígenas fueron asesinados en Colombia, incluyendo regiones no amazónicas. El informe documenta una paradoja dolorosa: cuando el Ejército opera en territorios indígenas sin coordinar con las autoridades étnicas, los grupos armados aprovechan para acusar falsamente a las guardias de colaborar con la fuerza pública y eso las convierte en objetivo.

«Lograr una mejor cooperación entre las fuerzas de seguridad y las guardias indígenas es un desafío fundamental para la seguridad en toda la Amazonía, pero también el mecanismo más prometedor para detener a los grupos ilegales”, dice Ebus. “En aquellos casos en que este tipo de colaboración ha tenido éxito, la deforestación y la actividad delictiva han disminuido sustancialmente.» Un ejemplo el del territorio yanomami en Brasil, donde esa colaboración logró que la minería activa prácticamente desapareciera a principios de 2026.

El informe también alerta sobre una tendencia preocupante en las regiones amazónicas colombianas del Meta, Guaviare, Caquetá, donde las mismas disidencias de las Farc han establecido organizaciones de pobladores o han cooptado guardias rurales que ya existían. Bajo control armado, las comunidades han sido obligadas a aportar entre tres y cinco personas para unirse a esos grupos armados, dice el informe. 

«O pones guardias o te vas del territorio, o te sancionan», dijo a los investigadores un líder local. Una vez desplegadas, esas guardias son usadas para expulsar patrullas militares o impedir operaciones. Actúan, según un agente de seguridad colombiano citado, como «un brazo desarmado de estos grupos armados» que «obliga a la población a hacerle frente a la fuerza pública».

Colombia en la respuesta regional: avances y promesas incumplidas

El informe también registra algunos intentos colombianos de liderar la respuesta a esta situación. Desde 2023, Colombia y Brasil han realizado importantes operaciones conjuntas contra la minería ilegal sobre el río Puré. El Ministerio de Defensa colombiano dirige un nuevo subcomité de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica sobre seguridad pública que se reunió por primera vez en junio de 2025, para establecer un observatorio regional e impulsar operaciones conjuntas.

Colombia también anunció que establecerá un centro de coordinación policial en Leticia, en la zona de la triple frontera con Brasil y Perú. Sin embargo, Crisis Group anota que «hasta ahora no se han logrado avances significativos».

El informe destaca la extinción de dominio por vía rápida que se aplica en Colombia, permitiendo al Estado tomar control de terrenos o equipos vinculados a la economía ilícita sin necesidad de probar la culpabilidad de una persona en particular. Este modelo, señala, podría replicarse en otros países amazónicos.

Por otro lado, resalta que la Operación Artemis, una campaña represiva liderada por el gobierno de Iván Duque entre 2018 y 2022 contra la tala de bosques, fracasó. Según los investigadores, ni la deforestación ni la minería ilegal registraron una disminución significativa durante ese período.

Lo que hay que hacer 

Las recomendaciones del informe son concretas. En materia de cooperación Estado-comunidades, propone que las Guardias Indígenas reciban salarios o compensaciones por su labor de monitoreo para que actúen en nombre del Estado. También propone que organizaciones como la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) lideren las investigaciones internas de posible infiltración criminal, sin que la supervisión estatal se convierta en un instrumento para desacreditar líderes comunitarios.

También llama a los Estados con territorio en la Amazonía a mayores esfuerzos por armonizar su legislación en materia de delitos medioambientales y compartir información de inteligencia, dice Ebus.

En cuanto al sector privado, el llamado es igualmente directo: las empresas que se abastecen de materias primas como oro, madera, soya, carne de la Amazonía deben adoptar requisitos de transparencia en la cadena de suministro que sean jurídicamente vinculantes, con auditorías independientes.

Ya no se podrá salvar toda la Amazonía, dice el texto. Pero aún hay tiempo para mitigar el daño si los Estados actúan con más decisión, las comunidades reciben más apoyo real, y el sector privado deja de mirar hacia otro lado.

El informe completo está disponible en crisisgroup.org.