La confrontación entre grupos sucesores del paramilitarismo no da tregua en el Bajo Cauca antioqueño; de hecho, se extendió al sur de Córdoba, donde se registra un aumento de homicidios que deja varios líderes sociales muertos. Además, impacta a beneficiarios de programas de sustitución de hoja de coca, quienes denuncian extorsiones sobre los subsidios estatales que reciben.

“Lo que está pasando es muy grave: cada que estos grupos armados sostienen combates, cada que se están disputando una vereda, lo que hacen es que identifican a los presidentes de las juntas de acción comunal y los asesinan. Lo que se dice en la región es que estos grupos están haciendo eso para motivar la entrada del Ejército y así frenar el avance del grupo enemigo. Eso nos parece una estrategia muy macabra porque, entonces, nos van a matar a todos los líderes”. (Leer más en: La guerra se recicla en el Bajo Cauca antioqueño)

La alerta la lanza Arnovi Zapata, vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Ccocam) y conocedor de la compleja situación que se vive actualmente en las veredas y corregimientos ubicados en los límites de los municipios de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, y San José de Uré, sur de Córdoba.

Allí, las estructuras armadas sucesoras del paramilitarismo conocidas como ‘Caparrapos’ (o Frente Virgilio Peralta) y los frentes Rubén Darío Ávila y Julio César Vargas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) sostienen una guerra sin tregua por el control territorial cuya ferocidad se evidencia en el incremento de los homicidios.

Cifras del Departamento de Policía de Córdoba indican que mientras San José de Uré pasó de contar dos homicidios en 2017 a 17 en lo que va corrido del año, cinco de ellos en las dos últimas semanas de agosto; en Tarazá, la Alcaldía local admite que ya son 84 las personas asesinadas en 2018.

A ello se suma que, según la Defensoría del Pueblo, en lo corrido de este año han sido asesinados, como consecuencia de esa confrontación armada, cuatro presidentes y un tesorero de juntas de acción comunal de veredas de San José de Uré que limitan con el corregimiento La Caucana, de Tarazá.

El caso más reciente fue el de Nolberto Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Envidia y beneficiario del Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), quien fue asesinado el pasado 10 de septiembre a dos horas de camino del centro poblado del corregimiento La Caucana.

El pasado 24 de agosto, autoridades de Policía reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida y con varios impactos de arma de fuego de José Enrique Monsalve en zona rural de La Caucana, presidente de la JAC de la vereda San Antonio de San José de Uré y también beneficiario del PNIS.

Ya en enero se había registrado el asesinato de Plinio Pulgarín Villadiego, presidente de la JAC de la vereda Alto Mira San Pedrito; y del tesorero de la JAC de la vereda La Ilusión, Antonio María Vargas Madrid. Ambos también lideraban procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Tras los asesinatos de los dirigentes comunales se registraron éxodos forzados masivos que amenazan con convertir en tierra de nadie veredas y corregimientos a lado y lado de los límites entre Tarazá, Cáceres y San José de Uré. En este último municipio ya se han presentado tres desplazamientos forzados masivos en lo que va del año. Además, reportes del Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín indican que, durante el primer semestre de este año, se atendieron 3.336 personas (1.104 familias) que llegaron desplazadas a la capital antioqueña procedentes del Bajo Cauca antioqueño, siendo Tarazá la población más expulsora (2.165 personas), seguida por Cáceres (632 personas).

Lo que preocupa a las autoridades civiles y de Policía es que el desplazamiento no cede. El más reciente de ellos se registró el pasado 10 de septiembre. De acuerdo con la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), tras el asesinato de Nolberto Gutiérrez y la persistencia de los combates entre ‘Caparrapos’ y ‘gaitanistas’ en la región, unas 381 personas (122 familias) que habitan veredas pertenecientes tanto a Tarazá como a San José de Uré abandonaron sus veredas y se encuentran albergadas en áreas urbanas de La Caucana y Tarazá. (Leer más en: Dramático aumento del desplazamiento forzado en Bajo Cauca antioqueño)

Esa agencia de Naciones Unidas emitió un nuevo informe cuatro días después porque los combates continuaron, causando más desplazamientos, con lo que la cifra de personas que abandonaron sus hogares en 17 veredas de La Caucana ascendió a 739. (Ver informe)

Extorsionan a excocaleros

«Solo tuvimos problemas en el corregimiento Barro Blanco (Tarazá), donde amenazaron a varios de nuestros funcionarios», afirma Luis Fernando Pineda, coordinador en Antioquia del PNIS, sobre la implementación de este programa en Bajo Cauca. Foto: Ricardo Cruz.

Los combates, las amenazas, la expulsión de sus territorios y el asesinato de sus líderes no son los únicos flagelos que deben soportar las comunidades campesinas que habitan las veredas limítrofes de Antioquia y Córdoba, un histórico centro de producción cocalera.

Registros del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), sólo en los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres en Ituango (Antioquia) y Tierralta, Puerto Libertador, San José de Uré y Montelíbano (Córdoba) hay sembradas por lo menos 11.500 hectáreas con hoja de coca para uso ilícito.

Para hacerle frente a este problema, el Acuerdo de Paz firmado en Bogotá con la extinta guerrilla de las Farc el 24 de noviembre, consignó la creación del Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), que comenzó a aplicarse rápidamente en aquellas zonas del país con mayor afectación.

Pero en la frontera de Antioquia y Córdoba ese remedio está saliendo “más caro que la enfermedad”: los ‘Caparrapos’ están extorsionando a las familias beneficiarias del PNIS, “cobrándoles 200 mil pesos a cada familia que está en el programa. Cuando hay pagos, las familias deben entregarle al grupo la plata, si no, pues la gente es amenazada, obligada a salir de la región o puede perder la vida”, denuncia Zapata, de la Coccam.

Durante la última semana de julio y la primera de agosto, el PNIS realizó pagos a los beneficiarios de los municipios de Cáceres y Tarazá, donde los ‘Caparrapos’ mantienen una fuerte presencia armada y ejercen un férreo control territorial. Cifras oficiales de este programa gubernamental precisan que en el primer municipio las familias beneficiarias suman 1.600 y en el segundo 2.800. Así, una cuenta rápida indica que, si todas pagaron la cuota exigida, ese grupo armado ilegal habría recibido por lo menos 880 millones de pesos.

La situación se está convirtiendo en un motivo más para abandonar la región. Según pudo establecer VerdadAbierta.com, varios presidentes de Juntas de Acción Comunal de Tarazá se han desplazado en las últimas semanas ante su negativa de recaudar el dinero del PNIS exigido por los ‘Caparrapos’.

“Cómo el PNIS terminó fortaleciendo y haciendo visible muchos líderes, sobre todo a los presidentes de las JAC, entonces, a ellos son los primeros que buscan, les dicen que como ellos saben quiénes están y quiénes no en el PNIS, entonces, que ellos tienen que recoger la plata. Por ese problema han tenido que salir siete líderes desplazados en el último mes”, señala un funcionario de un organismo de atención humanitaria, conocedor de la situación, y quien solicitó la reserva del nombre y la entidad para la que trabaja.

“No podemos hablar de que hay una persecución al PNIS. De hecho, los mismos ‘Caparrapos’ han dicho que, si acaban la coca, ellos montan otra economía de qué vivir”, asegura el vocero de la Coccam. “En la región lo que hay es una guerra por el control territorial. Y eso es un grave factor de riesgo para los líderes que defienden derechos territoriales. Pueden ser los del PNIS, los que defienden la permanencia en el territorio, los presidentes de las JAC. El solo hecho de defender el territorio ya pone a los líderes en riesgo y, bueno, es cierto, que los del PNIS son más visibles”.

Igual postura asume Luis Fernando Pineda, coordinador en Antioquia del PNIS, quien tras reconocer que a los beneficiarios de este programa los están extorsionando en la región, señala que “se puede acabar la coca en el territorio, como en efecto está sucediendo, y los grupos armados pueden vivir de la extorsión fácilmente. ¿Cómo hacemos para que no nos extorsionen a los beneficiarios del programa? Pues la única forma es derrotar a esos grupos. Ya la Fiscalía conoce la situación, pero se necesita que la gente denuncie también”.

De acuerdo con el funcionario, pese a las dificultades de orden público, la implementación del PNIS en el Bajo Cauca y algunos municipios del sur de Córdoba, como Montelíbano y San José de Uré, avanza satisfactoriamente: “En Tarazá, por ejemplo, la Unodc (Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito) ya certificó que los campesinos que ingresaron al programa cumplieron, que básicamente fueron los de Puerto Antioquia, Guaimaro y La Caucana. En Cáceres, igual. Allá solo faltó el sector de Bejuquillo. Es decir, en los dos municipios los campesinos arrancaron, ya certificado, un estimado de 3.500 hectáreas de hoja de coca”.

Pero eso no significa que no haya presencia de cultivos ilícitos en la región, bien sea promovidos por los grupos armados ilegales o aquellos sembradíos denominados como industriales; es decir, que superan las 10 y hasta las 20 hectáreas y que pertenecen a personas que no quisieron sumarse al PNIS.

Territorio en disputa

En las últimas horas aumentó el número de familias desplazadas de veredas de Tarazá y San José de Uré. Los últimos reportes hablan de 184 familias. La mayoría de ellas estaría autoalbergada. Foto: Ricardo Cruz.

Para las autoridades civiles y de Policía de Córdoba y Antioquia, así como para organismos humanitarios y la Defensoría del Pueblo, es claro que lo que está sucediendo entre el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba es una nueva edición de una disputa que han sostenido, durante las últimas cuatro décadas, toda clase de grupos armados ilegales por el control del territorio, dada su importancia estratégica y la riqueza que genera.

En su momento fue la guerrilla del Epl la que intentó erigirse como ‘Dios y Ley’ en las sabanas de Uré, Tarazá y Cáceres. Las mismas intenciones tuvieron en su momento organizaciones guerrilleras como el Eln y las extintas Farc. Los grupos paramilitares al servicio de Carlos Castaño también disputaron esta región a sangre y fuego con el fin de imponerles a las comunidades su orden contrainsurgente y controlar las economías ilegales, centradas básicamente en la coca y la minería.

En la actualidad son los grupos sucesores del paramilitarismo, especialmente ‘Caparrapos’ y diversas facciones de ‘gaitanistas’, los protagonistas de esta nueva disputa por el control de una región que, de acuerdo con la Alerta Temprana de Inminencia 023-18, de febrero de 2018, emitida por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo para San José de Uré, es sumamente valioso para los intereses de la guerra y de los negocios ilícitos.

“El interés de los grupos armados ilegales que se han disputado el territorio (antes y ahora), ha girado en torno a la consecución de las rentas derivadas de los cultivos de coca, la minería del oro, las exacciones forzadas y el control territorial del Bajo Cauca y el sur de Córdoba. Por su ubicación y articulación geográfica, para los grupos armados ilegales se ha convertido en un corredor geográfico de interés para el tráfico de derivados cocaineros, precursores químicos y también de armas entre el centro del país y las costas de los departamentos de Córdoba, Sucre y el Urabá antioqueño del Caribe colombiano”, consigna el SAT en la Alerta.

Según este informe, para las estructuras armadas ilegales resulta fundamental controlar el corredor San José de Uré, La Caucana (Tarazá) y Cáceres, por cuanto ello les permitiría acceder no solo a recursos económicos derivados, principalmente, del narcotráfico, la minería y la extorsión, sino también a un corredor de movilidad que permite una fácil conexión con la zona costanera cordobesa, el Urabá antioqueño y el sur de Bolívar.

Si bien el Informe del SAT señala que la presencia de actores armados con intenciones de poder no es nueva en la región, sí existió un acuerdo tácito de no agresión entre ellas que rigió desde 2009. Pero dicho pacto se rompió con la dejación de armas de las Farc, “que tuvo una presencia histórica en el municipio de San José de Uré y en la región limítrofe del Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba. Ello rompió el frágil equilibrio de no agresión, establecido desde el año 2009 entre las diferentes estructuras armadas, para distribuirse el control territorial de las economías ilícitas en este estratégico corredor de movilidad (tráfico de cocaína, armas, insumos químicos, zona de refugio y descanso de sus combatientes)”.

“Y eso es lo que está pasando”, complementa Zapata, de la Coccam. “Hay una disputa por el territorio, porque resulta clave para los negocios ilegales, porque cada grupo pretender imponer su propio orden social a las comunidades. Y por eso el ataque a los líderes campesinos, a los presidentes de juntas de acción comunal”.

Su apreciación es compartida por Pineda, coordinador del PNIS en Antioquia: “Lo que está en disputa es el territorio. A los grupos les interesa controlarlo, incluso, la región les sirve sin coca. ¿Cómo enfrentar lo que pasa allá? Suena retórica, pero si el Estado no llega de manera integral, esta situación continuará tal como está”.