Cuando se acabe la guerra con las guerrillas, quedarán visibles los verdaderos conflictos de fondo por la tierra en este verde departamento, y entonces ahí comunidades y gobierno tendrán que resolverlos, sin más disculpas.
Luego de resolver sus conflictos por medio del diálogo,los cuales alcanzaron a dejar muertos y heridos, las comunidades étnicas del norte de Cauca han creado mesas interétnicas para vivir en armonía y defender los territorios que comparten. Foto: VerdadAbierta.com.En el Cauca, líderes afro e indígenas del norte del departamento están pensando ya el posconflicto. Es decir, en lo que sucederá en sus territorios en caso de que las negociaciones en La Habana, Cuba, prosperen, se firme la paz y las Farc dejen de combatir al Estado y a la sociedad con sus armas. Es difícil pensar ese escenario, coinciden varios. Pero también concuerdan en que sí saben que despejado el conflicto de las armas, se harán visibles todos los otros, los reales que la guerra no ha dejado resolver.
El conflicto armado se convirtió en una nube, dicen los consultados por VerdadAbierta.com, que por décadas ha escondido otros problemas medulares del departamento como la concentración de la propiedad rural en manos de hacendados e industriales, las concesiones mineras, la minería ilegal, los conflictos entre indígenas, afros y campesinos por la tierra, y los errores que cometió el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) a la hora de comprar y titular predios.
El Cauca es un rompecabezas de intereses, todos relacionados con la tierra. Así lo revela una investigación que hizo el Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali cuyos apartes fueron presentados en el municipio de Santander de Quilichao en días pasados. Según el estudio, a partir de datos oficiales, sólo el tres por ciento del departamento tiene una fertilidad alta. Esta zona coincide con las tierras de Puerto Tejada, Villa Rica y la parte plana de Santander de Quilichao, Miranda, Padilla, Guachené y Caloto, que junto a la altiplanicie de Popayán registran la desigualdad más alta del departamento, según la mide el coeficiente Gini.
Este indica que pocas manos tienen mucha tierra. En el norte del departamento, las pocas manos son grandes agroindustrias productoras de etanol y azúcar a partir del cultivo de la caña. En la altiplanicie de Popayán y de otros municipios como El Tambo, Cajibío y Puracé, las tierras han sido acumuladas por empresas para la explotación de pino y eucalipto.
Con este panorama, a los campesinos, afrodescendientes e indígenas que trabajan habitan y laboran en el campo no solo les preocupa que las tierras más fértiles estén en pocas manos, sino que hasta las zonas hacia donde fueron desplazados, como los páramos y las montañas, han llegado los mineros legales e ilegales a contaminarles los ríos y arrebatarle la poca fertilidad a los suelos. De la minería ilegal no hay registros. Las comunidades han advertido en municipios como Santander de Quilichao y Buenos Aires la presencia de retroexcavadoras que todos los días rasgan la tierra para extraer oro, contaminando los ríos Quinamayó, Teta y Cauca (Lea: En Buenos Aires se pararon en la raya).
El estudio señala que hasta 2012 había 369 mil 188 hectáreas destinadas para la explotación de recursos naturales no renovables. De éstas, se han autorizado a empresas mineras explorar 353 mil hectáreas y se les han dado 15 mil 900 para que busquen y exploten hidrocarburos. Si se tiene en cuenta que a cada permiso de explotación se le adicionan cinco kilómetros a la redonda de protección, en realidad las tierras concesionadas a la minería son un millón 292 mil hectáreas y ninguna puede ser titulada a comunidades.
Esa cantidad representa una buena parte de todo el territorio caucano. Según la investigación, la mayor parte de las concesiones mineras y de hidrocarburos están en el Pacífico: en los municipios de Guapi, Timbiquí y Argelia; en el centro: en Mercaderes, Bolívar, Almaguer, San Sebastián, La Vega, El Bordo, La Sierra y Rosas; y en el nororiente: en Páez, Silvia y Caldono, pero sobre todo en Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez, Popayán y Cajibío. Estas zonas, principalmente las del nororiente del departamento, coinciden con las que registran los mayores conflictos por la tierra entre comunidades étnicas y campesinas. Ambas consideran que sus territorios les han pertenecido por generaciones. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) ha empeorado los pleitos en muchos casos, pues ha titulado a unos predios que otros consideran como suyos (Lea: Un error del gobierno los enfrentó, ahora afros e indígenas se reconciliaron).
Tras la promesa del gobierno de Juan Manuel Santos de destinar 60 mil millones de pesos para la compra de tierras en el Cauca para titulárselas a indígenas, campesinos y afro, las tierras del departamento se subieron de precio. Así, el estudio encontró que entre 2010 y 2011 cuando un predio costaba 17 millones de pesos, por ejemplo, entre 2013 y 2014 pasó a costar 34 millones de pesos.
La investigación concluye que las comunidades diversas que pueblan el Cauca, afros, indígenas y campesinos, tienen necesidad de tierra, y también requieren territorio empresas legales e ilegales con intereses económicos, entre estas, mineras, constructoras de infraestructura y narcotraficantes. Además están las presiones de los funcionarios de parques nacionales y autoridades municipales, cuyo deber es proteger las áreas forestales, rondas de ríos, y otros ecosistemas vitales, y que intentan sustraer territorios de la explotación económica.
Sobre este mapa de intereses encontrados, se erige el conflicto armado que distorsiona la vista y no permite ordenar el territorio. VerdadAbierta.com habló con varios dirigentes comunitarios del Cauca con la idea de que, teniendo en cuenta esta compleja realidad de fondo, cuenten cómo se imaginan el posconflicto. Esto es lo que nos contaron.
“Hay que garantizar el territorio”
Para las comunidades, sin tierra no hay nada. Varios líderes coinciden en que es clave que el gobierno reconozca los territorios de las comunidades y respete la autonomía que éstas tienen para vivir, gobernar y conservar, los cuales están consagrados en la Constitución Política. “Sin eso, es muy difícil tener una paz, pues tendríamos que seguir resistiendo para luchar por un territorio íntegro. Un territorio que no tendría que ser utilizado ni por la explotación minera, ni petrolera ni con afectación de páramos ni con los monocultivos como está sucediendo en el norte del Cauca”, dice Ernesto Cunda, consejero mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).
Aunque Gabriel Paví, consejero de la Acin, cree que como está la situación, no habrá posconflicto, considera que para que haya paz en el Cauca el gobierno les debe reconocer sus derechos ancestrales y darles potestad para controlar el territorio. “Por eso pedimos a gritos que se desmilitarice tanto de la fuerza pública, ejército y policía, como de la guerrilla. Tenemos nuestra guardia para mantener en control el territorio”, señala Paví.
“El problema no es tener la tierra sino cómo trabajarla”
Además del reconocimiento del territorio y de la autoridad sobre éste, los líderes consideran que sin el apoyo del gobierno para hacer productivas las tierras las comunidades corren el riesgo de venderlas al mejor postor. En Lomitas, una vereda del municipio de Santander de Quilichao, esto está sucediendo. “Hemos dicho que la tierra hay que vendérsela al vecino para evitar que llegue la minería o la caña, pero la necesidad del campesino es el estómago, el hambre y la falta de oportunidades. Un vecino le puede ofrecer a uno 5 millones de pesos por una plaza (una porción de tierra), un terrateniente 15 millones y un minero 50 millones”, dice Édgar Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal de Lomitas Sur.
Roller Escobar, coordinador de derechos humanos y paz de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (Uaofroc), considera que es clave identificar la vocación y la potencialidad de los territorios: “La propuesta de extracción y de monocultivos no es nuestra propuesta de desarrollo… Esto es un elemento importante para sostener la paz”.
“Hay que proteger el territorio”
Los líderes creen que es clave que el gobierno además les entregue los respectivos títulos de sus tierras no solo porque tienen derechos sobre éstos, sino porque son una medida de protección frente a los actores armados y los particulares. Alexis Mina, representante legal del Consejo Comunitario de Zanjón de Garrapatero, del municipio de Buenos Aires, dice que el Estado tiene una deuda histórica con el Cauca, donde la desigualdad en la tenencia de la tierra es abismal. “Los grandes hacendados y esclavistas están en este departamento. Como las tierras vuelven a la gente no para producir biodiesel y etanol que aunque eso sirve para el desarrollo del país eso es comida para los carros; no para las personas”, dice.
Para el líder afro, una verdadera reforma del campo se lograría con los títulos colectivos, que son imprescriptibles, inalienables e inembargables, y “que permitirían a las comunidades blindar sus territorios y ejercer un proceso de control territorial”, agrega Mina.
“¿Qué va a pasar con los desmovilizados?”
De haber un proceso de paz, los líderes creen que el gobierno debe pensar un plan para la reintegración de los excombatientes de las Farc. En el norte del Cauca, tras la desmovilización del Bloque Calima de las Auc varios ex paramilitares conformaron bandas y siguieron delinquiendo. “Las comunidades tenemos experiencias vividas hace poco tiempo con las Auc. Han surgido nuevas bandas y el posconflicto puede ser mucho más complicado si el gobierno no le da un manejo adecuado a los desmovilizados de la guerrilla”, dice Édgar Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal de Lomitas Sur.
El líder indígena Ernesto Cunda, consejero mayor de la Acin, explica que será todo un proceso convivir con quienes alguna vez pertenecieron a sus comunidades y desde hace muchos años se involucraron con la ilegalidad. “… muchos de ellos han sido creados para la guerra, con pensamientos de combate, de estar a la defensiva… cambiar esas actitudes tendrá sus dificultades, pero el gobierno debe asumir eso. Si no hay condiciones ni garantías sociales, culturales y políticas, esas personas van a terminar en la delincuencia”.
“Hay qué pensar en el diálogo”
Aunque los diálogos se concentran en Cuba con las Farc, las comunidades sienten que el gobierno está en deuda de escuchar las necesidades y propuestas de campesinos, afros e indígenas. “Pienso que la paz no se hace solo con la firma de un documento. Ésta se tiene que ir construyendo con un diálogo con las comunidades y los actores, incluidos los empresarios, que están en el territorio”, indica Víctor Hugo Moreno, representante legal de la Asociación de Consejos Comunitarios delNorte del Cauca.
El líder indígena Esneider Gómez, gobernador del Cabildo de Toribío, considera que el gobierno debe pensar qué hará con el alto número de integrantes de la fuerza pública en caso de que haya paz en los territorios: “Siempre se mira la situación por el lado de la guerrilla, pero cuánto le mete el gobierno a la maldita guerra. Si invirtiera en lo social, esto sería un paraíso”.
“¿Qué va a pasar con la dejación de armas y los cultivos ilícitos?”
Roger Escobar, líder afrodescendiente, considera que estos dos puntos deben ser analizados con lupa por el gobierno porque en el territorio algunas comunidades tienen una fuerte relación con los cultivos ilícitos como medios de subsistencia. “Hay que revisar qué desarrollo alternativo se le van a presentar a las comunidades”, dice Escobar, quien explica que el pueblo afro ha pensado proponer sistemas econativos, es decir, el desarrollo de fincas tradicionales en las que se cultive pancoger, se proteja a las especies y haya variedad de frutales y maderables para el sustento de los pobladores.
El líder cree que debe haber un control sobre las armas que entreguen los desmovilizados para evitar el surgimiento de nuevas bandas y la continuación de las actividades ilícitas. “Esto hay que verlo con preocupación. Las armas las utilizarían para controlar los ‘laboratorios’, cobrar ‘vacunas’ y seguir extorsionando en los territorios. No se trata de una entrega simbólica; sino de una verdadera entrega de armas”, agrega Escobar.
“Inversión en bienes públicos y educación para la paz”
En el Cauca, los líderes creen que pese a los temas que se negocien en La Habana y a las propuestas que tengan las comunidades, sin inversión social el tema de la paz seguirá pendiente. “Difícilmente la gente puede salir adelante. Se necesitan vías y acueductos. La gente está teniendo muchos problemas para comercializar sus productos”, dice Jesús Ulchur, coordinador del Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano. El líder considera que las precarias condiciones en las que viven muchos pobladores han sido aprovechadas por los actores armados para reclutar jóvenes y engrosar las filas de la guerra.
Para la mama Bárbara Muelas, de la comunidad Misak del resguardo de Guambía, en el municipio de Silvia, la paz deriva de la educación. “Hay que educar para la paz. El gobierno nos ha traído escuelas y colegios y hemos aprendido cosas de afuera. Pero nosotros hemos tenido una educación para la paz que queremos rescatar para que nazca desde los hogares”.
