Dos Consejos Comunitarios de pobladores afro-descendientes del Cauca se organizaron para evitar la entrada de la minería a cielo abierto y del cultivo de hoja de coca.
Foto: archivo Semana.“Al nacer, nuestras madres entierran los ombligos en el suelo. Eso significa que siempre vamos a estar unidos a la tierra”. Es la manera sencilla cómo un líder de las comunidades negras explica por qué los consejos comunitarios del Río Cauca (reconocido por el Ministerio del Interior en 2004) y de La Alsacia, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, no permiten que la minería entre a sus territorios. Tampoco dejan que se siembre coca, como quiera que ésta también contamina el agua y destruye el bosque.
“Nos les paramos en la raya”, cuenta Enrique*, otro líder de la región, quien no quiere que se revele su nombre por seguridad.
En tres horas por carretera se va del territorio del Consejo Comunitario de Río Cauca, que comprende la vereda Santa Clara y el sector de Los Días de Buenos Aires, en donde viven unas 800 personas, al de La Alsacia, compuesto por diez veredas habitadas por unas 700 personas. Los dos pueblos comparten la misma tradición que han conservadospor generaciones de producción en granjas sembradas con frutales, árboles maderables y huertas caseras. Con una historia común además -sus antepasados llegaron forzadamente a América hace cinco siglos desde las costas occidentales africanas, donde hoy quedan Angola, Senegal y Guinea- estas comunidades coinciden en el concepto de dignidad: después de tantas humillaciones no van a dejar que foráneos les dañen y los saquen de la tierra a donde se hicieron libres.
No quieren que las bateas, palendras, cinceles, masetas y barras con que siempre han sacado la cantidad de oro que necesitan para vivir, sin poner en riesgo ni el agua ni la tierra, sean reemplazados por explosivos, retroexcavadoras y grandes cantidades de mercurio y cianuro, para minar todo el oro del Cerro Teta en pocos años, contaminando los ríos, sacándolos de su cauce, dejando regueros de escombros y lodo malsano. “Practicamos la minería ancestral, el barequeo”, dice Luis*, otro líder comunitario de Buenos Aires. “Cada familia puede sacar su pepita de oro para el diario, pero la intervención es mínima y no contaminamos el agua”.
Contra la codicia del oro
Foto: archivo Semana.Cuenta la leyenda que hace muchos años un hombre iba caminando hacia un cerro y vio en la parte más alta a una mujer desnuda. Por eso las comunidades indígenas lo llamaron el Cerro Catalina, y las afro-descendientes, el Cerro Teta. Fue el oro el que le dio origen al caserío de Buenos Aires en 1536, pues allí fue donde los españoles montaron un enclave esclavista para explotar el precioso metal.
Años después, con la independencia y la abolición de la esclavitud, los negros organizaron comunidades hacia el sur del Cerro Teta y vivieron unos años de tranquilidad, que desde temprano el siglo XX arrebató. En los años treinta llegaron empresas multinacionales a sacar el oro industrialmente y a mal pagarles su trabajo en las minas, 40 años después, también con fiebre de oro llegaron las guerrillas de las Farc (frente VI). En el nuevo siglo las cosas empeoraron, pues lo estrenaron con la irrupción violenta de los paramilitares del Frente Farallones del Bloque Calima de las Auc en 2000, el cual buscaba quitarles las riquezas a las Farc. (Ver esta historia en detalle en el informe de la universidad Icesi, Historia Doble del Cauca)
La desmovilización de los paramilitares en 2004 los dejó respirar unos meses, pero al año siguiente, con la bonanza mundial de los precios del oro y unas instituciones ineficaces para controlar, cayeron hordas de aventureros ávidos de riqueza fácil a arrasar con el Cerro Teta. “Los paisas llegaron a la región a extraer el oro”, dice Miguel*, quien aclara que no se refiere a la banda criminal dedicada al narcotráfico que se conoce con este mismo nombre, sino a un grupo de antioqueños que arribó al territorio, comenzó a controlar la pólvora y a explotar el cerro.
“La imagen es la siguiente: –dice otro poblador de la zona – hay un señor gordo que se sienta al lado de la mina bajo una sombrilla y con un maletín lleno de plata. La gente hace una fila muy larga a la entrada para tener la oportunidad de entrar y sacar el oro. Cuando extraen las pepitas, se las venden ahí mismo a ese señor”. Sacan en promedio unos 60 mil pesos por día, calculan los que saben, el doble de lo que pagan en una finca por jornal. Sacar oro es mejor negocio para la gente, así le den una utilidad grande a quienes controlan la mina.
Esta explotación de oro en La Teta queda a kilómetro y medio de las tierras bajo el gobierno del Consejo Comunitario del Río Cauca. La minería ilegal ha querido expandirse hasta allí, pero el Consejo no lo ha permitido. Se organizaron, hicieron un reglamento e impidieron que cualquiera de las 80 retroexcavadoras que calculan hay distribuidas en los nueve corregimientos y 64 veredas de Buenos Aires, entren a sus predios.
Además de impedir la entrada de la maquinaria, la comunidad determinó que para proteger su territorio ningún foráneo puede tener títulos de sus predios. “Solo después de diez años de vivir dentro del Consejo Comunitario puede comprar tierra, pero ésta no puede quedar a su nombre sino del nativo”, explica Lorenzo*, otro líder del Consejo, quien además revela que prohibieron en su tierra la caza indiscriminada, la tala y la contaminación de las fuentes de agua.
Aunque la Ley 70 de 1993 reconoce los títulos colectivos y la conformación de los consejos comunitarios como forma de administración territorial para las comunidades afro-descendientes, al Consejo Comunitario del Río Cauca todavía no le han reconocido un título colectivo, pues están en la cordillera y hasta ahora sólo le han dado estos títulos a quienes están en la costa Pacífica. Esto llevó a que las comunidades, como lo explica otro habitante, hayan buscado alternativas para proteger su territorio.(Ver: Los afros del Cauca quieren su tierra)
No ha sido fácil que los mineros entiendan sus razones, pero el Consejo Comunitario se ha mantenido firme. Por eso ordena a los jóvenes mantener el sistema de finca tradicional y les permite sólo la minería por barequeo. “Yo estoy acá en mi parcela feliz, produciendo café, cacao, cítricos y caña”, dice Enrique*, sintiéndose afortunado de la calidad de vida que tiene, aunque gane menos dinero.
Los líderes esperan que, ahora sí, con un Consejo que ya completa una década de haber sido reconocido por el Ministerio del Interior, el gobierno, a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), les entregue el título colectivo como lo tienen los otros pueblos negros del Pacífico. Están convencidos de que es la única forma de blindar jurídicamente su territorio.
“Aquí no entra la coca”
Foto: archivo Semana.Al Consejo Comunitario de La Alsacia no le están golpeando las puertas los ambiciosos mineros informales; allí quiénes quieren entrar a su territorio para sembrar coca son los narcotraficantes y sus amigos. Y, con todos los riesgos que ello implica, tratándose de actores violentos, esta comunidad afro-descendiente también los ha resistido. No quieren actividades ilícitas en su tierra, ni que la guerra arrastre a su pueblo.
Desde el momento mismo en que el Consejo Comunitario de La Alsacia fue reconocido por el Ministerio del Interior, las veredas La Alsacia, Agua Blanca, La Peña, Materón, Pisa Pasito, Mary López, El Llanito, El Silencio, Brisas del Silencio y el Guadual se organizaron para evitar que los cocaleros usaran su territorio para fines ilícitos.
A esta zona llegaron personas de Pasto, Putumayo y Nariño buscando cultivar coca porque en esas regiones el gobierno había erradicado manualmente y también con fumigaciones masivas. “Nosotros no estamos dispuestos a que lo ilícito entre aquí”, dice Néstor * un líder de La Alsacia. “Nosotros vivimos de los cultivos decafé, plátano, lulo, tomate de mesa y de árbol, la caña panelera y los frutales y no queremos meternos en la guerra”.
Ha sido una postura costosa, sobre todo en los últimos tiempos, desde que el Ejército lanzó una ofensiva militar para sacar de esa región a las Farc, como sucede ahora en Jambaló (Lea: Jambaló bajo fuego). “Entre el 27 de julio y el 5 de noviembre de 2013, por lo menos 120 personas de La Alsacia estuvimos confinados por los combates entre guerrilleros y soldados. Al lado de nuestras casas cayeron ‘tatucos’ y cilindros, y no aguantamos y nos refugiamos en un albergue para resistir”, dice Moisés*, integrante de este Consejo.
Durante esos cuatro meses de batallas, una gran parte de los pobladores del territorio del Consejo Comunitario perdieron sus cultivos de café, plátano y yuca, así como algunos animales. Los habitantes dicen que desde que se comenzó a desarrollar el plan gubernamental de Consolidación y Reconstrucción Territorial en el norte del Cauca, que en teoría busca fortalecer el Estado donde dominaron grupos armados ilegales y cultivos de uso ilícito, en Buenos Aires, en realidad el conflicto se ha agudizado, pues la tropas están estacionadas demasiado cerca al casco urbano y eso les ha traído la guerra a la casa.
“El Ejército se instaló cerca de los poblados y eso es un riesgo muy alto”, dice Miguel.
Lo que quisiera el Consejo Comunitario de La Alsacia es que el gobierno conciba la consolidación del Estado no como mera presencia militar, sino conprogramas que generen desarrollo. Además, están en su derecho, de exigir un tratamiento especial, una reparación colectiva pues fueron desplazados y aterrorizados por el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a cargo de Hébert Veloza alias ‘H.H.’, quienes se quedaron un mes en La Alsacia, semanas antes de cometer la masacre del Naya, en abril de 2001. “Casi todos salimos de las tierras por temor y retornamos mucho después, pero no salimos en los registros oficiales de víctimas”, denuncia Moisés.
La resistencia de estas valientes comunidades afro-descendientes contra la ilegalidad, la violencia y la destrucción de la naturaleza, debería valerles un respaldo más decidido de un Estado. La gente allá siente que si trabajaran más de la mano con ellos, podrían tener un desarrollo sostenible y armónico.
*Nombres cambiados por la seguridad de las víctimas
