Por reparar a la comunidad Nasa, el Ministerio del Interior en tiempos del gobierno Uribe, le entregó terrenos ancestrales de los afro en el Cauca. Después de siete años, y la intervención de varias instituciones, llegaron a un acuerdo.
El pasado 28 de febrero, en un acto simbólico de paz y hermandad, las autoriidades indígenas del Cabildo de Toribío, le entregaron la finca San Rafael a las comunidades afro de Mazamorrero, Cauca. Foto: VerdadAbierta.com.En la vereda Mazamorrero, entre los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires, en el norte del Cauca, comunidades indígenas del Cabildo de Toribío y afrodescientes del Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero se enfrentaron durante tres años por el predio San Rafael, de 517 hectáreas. Después de varias conversaciones entre ellos hicieron las paces, una vez más, confiando en que el gobierno les cumplirá con los compromisos sobre compras de tierras.
Ahora indígenas y afros se refieren entre sí como hermanos. Con la intermediación de la Contraloría Nacional, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la Universidad Javeriana de Cali, los acuerdos comenzaron a concretarse a finales de 2013. El 18 de diciembre de ese año el Incoder entregó a los indígenas Nasa la mitad del predio Barrancón, en Buenos Aires, para cumplirle al Cabildo de Toribío. El 28 de febrero de 2014 los indígenas por su parte hicieron una entrega simbólica de la finca San Rafael al Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero.
“A pesar de las agresiones que sufrimos tanto afros como indígenas, entendimos que era importante llegar a un arreglo concertado, que las dos comunidades ganaran”, dice Edier Loboa, presidente del Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero.
Por su parte, Esneider Gómez, gobernador del Cabildo de Toribío, asevera que “como organización hemos dicho que por medio del diálogo podemos solucionar cualquier tipo de conflicto. Y esta es una demostración más. El diálogo nos lleva a la convivencia y fraternidad entre pueblos y hermanos”.
El conflicto, desatado por una decisión apresurada del gobierno, terminó siendo tardíamente solucionado. Para ambas comunidades, esa demora del Estado, causó la muerte de los indígenas Luis Ever Vitonás Ramos, el 22 de mayo de 2011, y de Luis Heber Casamachín Yule, el 23 de noviembre ese mismo año.
“Esta es una muestra de dos cosas: primero, de la irresponsabilidad estatal en generar una situación administrativa que enfrentó a dos comunidades excluidas; segundo, que el Estado, cuando actúa de manera coordinada, puede solucionar cualquier tipo de inconveniente”, indica Luis Higuera, contralor delegado del sector agropecuario.
Las comunidades esperan ahora que el proceso continúe. Los indígenas esperan que el Estado compre para ellos un predio en Caquetá o en Putumayo para lo cual hay destinados 4 mil millones de pesos; mientras los afros confían en que el Ministerio del Interior les entregue la resolución que los reconozca formalmente como Consejo Comunitario y que el Incoder les titule de manera colectiva, como se ha hecho con las comunidades del Pacífico, el predio San Rafael. “Esto nos ayuda a blindar el territorio. Hoy, con la minería, creemos que con el título podemos hacer una mejor defensa”, argumenta Loboa.
De lograr una resolución del Incoder, los afros de Zajón serían la primera comunidad negra del Cauca, y la segunda del país después de San Basilio de Palenque (Bolívar), en tener un título colectivo fuera de la franja del Pacífico. Por interpretaciones de la Ley 70 de 1993, las comunidades más avanzadas en la titulación y conformación de consejos comunitarios son las del Pacífico y no las de los Valles Interandinos. (Lea: Los afros del Cauca quieren su tierra).
Cómo el Mininterior armó el lío
Como parte de las medidas de reparación por la masacre de El Nilo, los indígenas Nasa recibieron la finca San Rafael, pero se ganaron un problema que les costó la vida a dos de sus integrantes. Foto: VerdadAbierta.com.El conflicto comenzó el 28 de diciembre de 2007 cuando el entonces ministro del Interior Carlos Holguín Sardi por medio de su viceministra María Isabel Nieto entregó el predio San Rafael a los indígenas del Cabildo de Toribío. No era una entrega cualquiera pues ésta era una deuda que tenía el gobierno con los Nasa tras la masacre del Nilo, en la que 21 indígenas de esta etnia fueron asesinados en 1991 mientras recuperaban la hacienda que lleva este nombre en el municipio de Caloto, Cauca (Lea: La sangre que recuperó la tierra del Nasa).
Tras los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno se comprometió entregarles 15.663 hectáreas a la comunidad indígena para ampliar los resguardos. San Rafael hacía parte de ese compromiso. Pero el gobierno se lo entregó a los indígenas sin tener en cuenta que las 517 hectáreas eran consideradas por las comunidades afro como ancestrales y las familias de la vereda Mazamorrero hacían uso de una parte del predio tras un acuerdo con el propietario.
Edier Loboa, líder afro, cuenta que en este terreno funcionó la primera escuela de la comunidad negra en donde estudiaron sus antepasados y que desde 1998, por una cesión voluntaria del propietario, la comunidad sacaba del predio la leña que les servía para preparar la panela. Sin cobrarles, el dueño les permitía, además, que los caballos y vacas pastaran allí, así como el uso de caminos y nacimientos de agua.
La Contraloría documentó que en 2005 los propietarios de San Rafael le ofrecieron la finca al Incoder para que ésta fuera parcelada y titulada a la comunidad afro sin resultado alguno. Ante esa negativa, una porción de la finca fue entregada en arriendo al Ingenio del Cauca para que sembrara 100 hectáreas de caña.
Durante los siguientes años los afro siguieron entrando al predio sin problema hasta que en diciembre de 2007 el gobierno le entregó San Rafael a los indígenas Nasa. Roller Escobar, coordinador de Derechos Humanos y Paz de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (Uoafroc), recuerda que durante los dos primeros años los indígenas no entraron al predio y ambas comunidades le advirtieron al Ministerio que habían cometido un error y se avecinaba un conflicto.
Ante la falta de respuestas, los Nasa ingresaron a San Rafael y comenzaron a cultivar la tierra con piña, yuca, plátano y caña. La tensión comenzó entre las comunidades cuando los indígenas no les permitieron el ingreso a los afro y estos últimos, indignados, intentaron entrar por la leña, pasar por los antiguos caminos o enviar a los animales a pastar.
El Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali y el Incoder documentaron que los afro comenzaron entonces a percibir a los indígenas del Cabildo de Toribío como “invasores”, sintiéndose “como en un corral” por las reglas impuestas por los Nasa. Por su parte, los indígenas expresaron que estaban sufriendo porque los afro les cerraban el paso del agua y los animales les estaban destruyendo los cultivos.
La Contraloría documentó que en 2009 y 2010 el gobierno reconoció el error y aunque la Vicepresidencia de la República se comprometió a tomar la vocería, ni Francisco Santos ni Angelino Garzón ofrecieron soluciones.
La tensión explotó el 22 de mayo de 2011. Escobar recuerda que era domingo. “No había visto algo así”, dice. Por lo menos 500 indígenas y 500 afros se enfrentaron en terreno para reclamar lo que cada cual consideraba suyo. En la confrontación, que duró dos días, resultó muerto el indígena Luis Ever Vitonás Ramos, de 17 años, quien recibió un disparo.
El asesinato del joven agudizó la diferencia entre las comunidades. La situación empeoró el 23 de noviembre de 2011 cuando cuatro hombres encapuchados entraron a San Rafael y secuestraron y luego asesinaron a Luis Heber Casamachín Yule, el indígena que administraba la finca. Los asesinatos llevaron a que indígenas y afros rompieran cualquier intento de diálogo.
Los acuerdos
Las comunidades afro del norte de Cauca esperan que el caso de San Rafael les permita la titulación colectiva de sus territorios, como sucede en el Pacífico. Foto: VerdadAbierta.com.Al finalizar 2011, la crisis de San Rafael llegó a oídos de la Contraloría General de la República. La institución se convirtió en un puente y contactó a las comunidades para conversar con ellas. En febrero de 2012, se reunió con los afro en la vereda Mazamorrero, mientras que con los indígenas lo hizo en la Hacienda El Nilo, en Caloto. Según un informe del ente de control, durante meses las reuniones no arrojaron resultados concretos, hastaque el gobierno nacional le aprobó 55 mil millones de pesos al Incoder para la compra de tierras en el Cauca. En septiembre de ese año los indígenas plantearan una alternativa al problema.
En la Asamblea General del Cabildo de Toribío, por lo menos 3 mil indígenas Nasa propusieron ofrecer el predio San Rafael para que este fuera entregado al Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero, pero con el compromiso de que el gobierno tenía que comprarles un predio de igual condiciones. Delegaciones de las comunidades indígenas del norte del Cauca y de los consejos comunitarios se dieron a la tarea de buscar el predio. Concluyeron que el mejor era el conocido como Barrancón, de 532 hectáreas, en Buenos Aires.
Con la promesa de que pronto sería la compra, las comunidades afro esperaron meses a que el gobierno realizara los estudios en terreno, así como los avalúos. Cansados de esperar, el 31 de octubre de 2013, varios consejos comunitarios se movilizaron hasta Popayán, la capital del departamento, y se tomaron de forma pacífica las instalaciones del Incoder exigiendo celeridad en el proceso, la cual es considera como la primera vía de hecho que han emprendido las comunidades negras de Cauca para hacer valer sus derechos. Después de varias reuniones y compromisos, finalmente el instituto de tierras adquirió Barrancón y el 18 de diciembre de 2013 se lo entregó al Cabildo de Toribío.
Pero las 532 hectáreas del Barrancón no fueron todas para los indígenas. En las mesas interétnicas, las reuniones donde se encuentran indígenas y afros en este caso para llegar a acuerdos, el Consejo Comunitario Cuenca del Río Cauca -otra comunidad afro- reclamó la mitad del predio por considerar que este estaba en su territorio ancestral. Los indígenas aceptaron, pero le pidieron al gobierno suplir las más de 200 hectáreas en otra región del país.
Con Barrancón ya entregado, el pasado 28 de febrero de 2014 el Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero recibió San Rafael de manos de los Nasa en un evento realizado en una finca de la vereda San Antonio, a diez minutos del casco urbano de Santander de Quilichao. Ambas comunidades establecieron un plazo para extraer la cosecha que ya estaba en producción y sacar los materiales de las viviendas construidas por los indígenas.
“Estamos obrando de buena fe y cumpliéndole a la comunidad afro sin que el gobierno nos haya cumplido”, dice el líder indígena Esneider Gómez, refiriéndose a que aún no han definido cuál tierra comprará el Incoder en Caquetá o Putumayo en contraprestación a la tierra de Barrancón. “Estamos contribuyendo a lo que hemos acordado: llevar un diálogo, una relación duradera con las comunidades afro y poder convivir en el mismo territorio”, agrega Gómez.
Mientras los indígenas buscan una alternativa de tierras en estos departamentos del sur del país “porque no queremos saturar más los predios del norte del Cauca”, explica Gómez, los afro esperan no solo el reconocimiento nacional como Consejo Comunitario y el título colectivo, sino el apoyo para desarrollar los proyectos productivos con que esperan sacar adelante a las 170 familias que trabajarán la finca San Rafael.
Los afros proyectan una inversión de 8 mil millones de pesos, de los cuales ya tienen 2 mil 800 millones aportados por el Incoder, para continuar con la producción de panela La Palmereña, que ya surte a varios almacenes de cadena en Cali, así como la comercialización de piña en diferentes supermercados. “Tenemos diseñado que otro espacio del predio esté destinado a la ganadería; otro al cultivo del pancoger y dejar el espacio para respetar las reservas forestales”, indica Edier Loboa, presidente del Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero.
Aunque los indígenas no olvidan sus muertos, ambas comunidades acordaron además que no se harán reclamos y que dejarán en manos de la Fiscalía la investigación. “Eso es lo que quizá ha hecho que no caigamos en peleas. Estamos esperando resultados porque la muerte de nuestros dos compañeros nos ha dolido mucho”, concluye el líder indígena Esneider Gómez.
