Duró 17 días como gobernador y lo tumbaron sus relaciones con Salvatore Mancuso. Duró un año fugitivo, hasta que seentregó a la justicia esta semana. Conoce muchos secretos de infiltración paramilitar en el Estado y de despojo de tierras.
 Osorio Villadiego, exgobernador de Córdoba |
Un año duró huyendo de la justicia el breve exgobernador de Córdoba Benito Osorio Villadiego. Esta semana, antes de reunirse con su familia para compartir su decisión, se entregó a las autoridades en Bogotá. El hecho pasó inadvertido en medio del alboroto de los Nule, la Dirección de Estupefacientes o los ecos de Wikileaks. Pero en los círculos judiciales se sabe que está detenido un reconocido dirigente cordobés que puede explicar buena parte del rompecabezas de la filtración del paramilitarismo en diferentes instancias del Estado.
Oriundo del municipio de Cereté, médico veterinario y zootecnista, Osorio Villadiego siempre fue un hombre conocido por la clase política del departamento. Además, durante siete años gerenció el Fondo Ganadero de Córdoba y orientó la Federación Nacional de Fondos Ganaderos, una entidad que representa a 25 capítulos del gremio en el país. Pero justamente mientras cumplía estas labores, el paramilitarismo le daba forma a su proyecto de captura de las instituciones y al parecer él fue una pieza clave de este engranaje.
En su momento nadie lo criticó, pero puso su liderazgo y el de la entidad que representaba al servicio de las aspiraciones políticas de Miguel Alfonso de la Espriella y Eleonora Pineda. Ambos llegaron al Congreso en 2002 y hoy están condenados por sus nexos con el paramilitarismo. Después llamó la atención por su gestión pública en 2005 para promover un movimiento ciudadano en Córdoba que le diera a Salvatore Mancuso una especie de título nobiliario como el “salvador” del departamento. Y tampoco faltaban los negocios.
Por ejemplo, en 2007, por un valor aproximado a los $3.000 millones, compró cuatro fincas ubicadas en área rural del municipio de Tierralta al ganadero Araam Asías Solar. Con el tiempo vino a saberse que el vendedor era un asiduo colaborador del jefe paramilitar Salvatore Mancuso y que incluso una de las fincas que compró Osorio Villadiego, conocida como El Cairo, era utilizada como lugar de encuentro de los jefes de las autodefensas. Eran tiempos en que el proyecto paramilitar se afianzaba en las notarías.
No obstante, Benito Osorio Villadiego pasaba de agache. Hasta que a alguien se le ocurrió que él podía ser la persona que saldara la pelea política en que se habían trenzado los dirigentes Miguel de la Espriella y Juan Manuel López por la Gobernación de Córdoba, y el entonces presidente Álvaro Uribe lo nombró primer mandatario del departamento. Se posesionó el día de año nuevo de 2008 y renunció a las tres semanas. Lo tumbó un artículo de la revista Cambio que por fin destapó cuál era la cara oculta de Benito Osorio Villadiego.
No sólo quedó en entredicho por una grabación que develaba sus nexos con Salvatore Mancuso, sino que además trascendió que era uno de sus visitantes en la cárcel de Itagüí. Duró 17 días como gobernador, tiempo durante el cual alcanzó a renovar el gabinete departamental con varios nombres que hoy las autoridades evalúan con lupa. Lo sustituyó la exsubdirectora de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes Liliana Bittar, quien apenas duró 12 días en el cargo. Y luego siguió la sucesión de gobernadores efímeros.
Pero al tiempo que la crisis institucional en Córdoba dejaba ver hasta dónde había permeado el paramilitarismo al departamento, y simultáneamente el escándalo de la parapolítica comenzaba a hacer estragos entre su clase dirigente, otra mano oculta de las autodefensas movía sus hilos para mimetizar su poder económico. La estrategia tuvo varios nombres desde los años 90 del siglo XX, pero siempre estuvo asociada a la acción delincuencial de Sor Teresa Gómez Álvarez como gestora del despojo de tierras para la expansión paramilitar.
Primero se llamó Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), y hacia 1991 sirvió de fachada para que Fidel Castaño, alias Rambo, promoviera una falsa desmovilización de combatientes con entrega de tierras. Años después, en abril de 1998, durante un allanamiento al llamado parqueadero de Padilla en Medellín, el entonces director de Fiscalías de Antioquia, Iván Velásquez, descubrió que la fundación se había convertido en el entronque de las operaciones financieras de las autodefensas.
Una vez más salió a flote la identidad de Sor Teresa Gómez Álvarez, esposa de un hermano medio de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño y suegra de Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. Y como era claro que siempre fue un alfil del movimiento paramilitar, en julio de 2001, ya pensando en cómo pasar la página de la guerra y transitar hacia la legalidad con falso apoyo a los campesinos y desplazados en Urabá, en el municipio de Mutatá creó la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba).
La fachada era la defensa gremial de los labriegos de la región, azotada por la violencia, pero como lo demostró años después la Fiscalía, fue un proyecto para despojar de sus tierras a los campesinos o impulsar una titulación fraudulenta de predios desconociendo los territorios legales de las comunidades afrodescendientes. En esas vueltas y proyectando su nuevo negocio, Sor Teresa Gómez, con el apoyo de varios empresarios, se apropió de 52 fincas en Urabá y Córdoba que terminaron escrituradas a nombre de testaferros.
En el tiempo en que Sor Teresa Gómez y sus compinches concretaban sus ilegales negocios de tierras, el hombre que lideraba los fondos ganaderos y era voz acatada en Córdoba y Urabá era Benito Osorio Villadiego. La piedra en el zapato era una líder campesina a quien Fidel Castaño le había quitado su finca en los años 90. Se llamaba Yolanda Izquierdo, quien cuando surgió la Ley de Justicia y Paz se convirtió en vocera de la recuperación de tierras perdidas por despojo y, después de rogar protección sin obtenerla, fue asesinada en enero de 2007.
Recientemente, un juez especializado concluyó que detrás del crimen de Yolanda Izquierdo estuvo Sor Teresa Gómez. Por eso la condenó a 40 años de prisión por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir. Y como quiera que hoy empieza a aclararse de qué manera esta mujer, en su condición de desmovilizada del bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas, movía sus tentáculos para apropiarse de tierras, sus eventuales nexos también están en la mira de las autoridades. Entre ellos Benito Osorio Villadiego.
La Fiscalía lo sindica de concierto para delinquir y lavado de activos, pero como se desenvuelven hoy los acontecimientos, puede ser un testigo clave para otros casos. Por ejemplo, ahora que Freddy Rendón, alias El Alemán, está soltando la lengua, Osorio también tiene mucho que decir sobre movimientos ilegales de tierras en Urabá y Córdoba. Y por esta misma vía, tendrá que aclarar sus estrechos nexos con Salvatore Mancuso.
Un allegado al detenido exgobernador Benito Osorio comentó a El Espectador que hay un episodio poco esclarecido en la historia final de las autodefensas de Castaño, Don Berna, Mancuso y demás jefes paramilitares, que poco se refiere pero en parte explica muchas cosas que sucedieron. Se trata de la forma como Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, en la etapa final de la era Pastrana y antes del proceso de paz con el gobierno Uribe, con el dinero del narcotráfico, se apropió del proyecto. “De eso conoce Osorio”, comentó la fuente.
Como también podría aportar información sobre la forma en que empezaron a moverse los jefes paramilitares para garantizar que su proyecto político quedara blindado después de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz. Es decir, de qué manera se movieron los asesores políticos de las autodefensas para garantizar con algunos congresistas que el articulado incluyera sus aportes en el texto definitivo, y cómo fue la trama para presuntamente incidir en la elección de Mario Iguarán como fiscal general de la Nación en el año 2005.
Al fin y al cabo, observó la fuente consultada, el exgobernador Benito Osorio Villadiego se movía como pez en el agua en los círculos sociales y políticos que fueron determinantes para darle forma al proyecto paramilitar que tuvo como meta definitiva refundar la patria. “Un plan que incluyó políticos, integrantes de la fuerza pública, empresarios, manejadores de recursos públicos de alcaldías y gobernaciones, notarios, dirigentes gremiales, educadores y también empleados y administradores de la justicia”, agregó el testigo.
Más allá de las conjeturas y revelaciones, lo claro es que el sometimiento a las autoridades del exdirigente ganadero y exgobernador de Córdoba Benito Osorio, multiplicó los comentarios en el departamento. En Sucre también se dice que podría saber más que su malogrado exgobernador Salvador Arana. Y en Bolívar, se comenta que tiene más información que su detenido exgobernador Libardo Simancas. La política regional en la Costa Atlántica sabe que la historia secreta de Osorio llega tarde a la política, pero puede multiplicarla.
El origen del paramilitarismo en Sucre
Edward Cobos Téllez fue el jefe político del bloque Héroes de los Montes de María, en el departamento de Sucre. Está documentado y él lo ha dicho múltiples veces que el paso definitivo hacia la consolidación del paramilitarismo en Sucre fue una reunión en 1997 en la finca Las Canarias, propiedad del exgobernador de Sucre Miguel Nule Amín.
Y Cobos, más conocido por el alias de Diego Vecino, ha dicho que en esa reunión no fueron cinco o seis ganaderos, fueron más de cien, y que por ello la responsabilidad de Nule es la misma que la de Humberto Vergara, Gustavo Vergara, Jaime Isaac Náder, Javier Piedrahíta y Joaquín García, entre otros asistentes a la reunión.
No obstante, y a pesar del material probatorio en su contra, la justicia no le llegó a Joaquín García. En cuanto a Miguel Nule, precluido, vive en Brasil, mientras sus hijos y sobrino protagonizan el más grande escándalo de corrupción en la historia reciente de Colombia. La finca Las Canarias ha salido esta semana a relucir también en ese escándalo.
Los parapolíticos del departamento de Córdoba
El departamento de Córdoba ha sido una de las regiones más golpeadas por el escándalo de la parapolítica. En éste el paramilitarismo llegó a tener una influencia tan fuerte, que autoridades políticas y militares llegaron a convivir con los ejércitos de Salvatore Mancuso, Jorge 40, Diego Vecino y Don Berna. De esta forma, fue el lugar elegido por los jefes ‘paras’ para “refundar la Patria” a través del Pacto de Ralito, un acuerdo entre dirigentes políticos de la región y las autodefensas, que se firmó el 23 de julio de 2001 en la finca de Salomón Feris Chadid, alias 08.
En 2006, el acuerdo se conoció y los procesos contra cinco de los seis congresistas cordobeses se activaron. Hoy, por parapolítica, en este departamento, han sido condenados Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes y Miguel Alfonso de la Espriella. Y han tenido que renunciar a su curul del Congreso Zulema Jattin, Julio Manzur y Mario Salomón Náder.
Tomado de El Espectador.
