Al nuevo mandatario de los colombianos lo esperan en la Casa de Nariño con un acuerdo firmado con la guerrilla de las Farc en proceso de implementación; un proceso abierto de negociación con la insurgencia del Eln; normas de justicia transicional vigentes; una grave situación de vulnerabilidad de defensores de derechos humanos; y una economía criminal que afecta no sólo a cientos de comunidades, sino al medio ambiente.

El próximo jefe de Estado aludió en su discurso de victoria a la conciliación entre los colombianos y expresó que no quiere más divisiones: “Con humildad quiero decirle al pueblo colombiano que voy a entregar todas las energías para unir al país”. Pero ese gran objetivo requiere de un alto nivel de consensos políticos que hasta ahora no se han logrado, ni siquiera en un asunto tan fundamental como la paz.

Representando a un sector que agrupa a los más enconados detractores del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá por el gobierno nacional y la entonces guerrilla más antigua del continente, Duque habló de “unión” legitimado por una cifra histórica en una elección presidencial en Colombia, 10.373.080 votos; no obstante, su rival, Gustavo Petro, también alcanzó una votación record para un candidato de izquierda, 8.034.189 de votos, lo que le da la fuerza necesaria para liderar la oposición desde el Senado de la República, figura que a partir de estas elecciones ostenta el que obtenga la segunda votación más alta en la carrera a la Casa de Nariño, y su fórmula vicepresidencial contará con un escaño en la Cámara de Representantes.

Pero más allá de esa voluntad de querer unir al país expresada en su discurso triunfal, que deberá trabajarlos inicialmente dentro de su mismo partido, el Centro Democrático, y en todos los sectores políticos que lo apoyaron, hay tareas en marcha relacionados con la construcción de una paz estable y duradera que requieren un fuerte liderazgo presidencial para superar las divisiones a las que se refirió Duque.

Al nuevo mandatario de los colombianos lo esperan en la Casa de Nariño con un acuerdo firmado con la guerrilla de las Farc en proceso de implementación; un proceso abierto de negociación con la insurgencia del Eln; normas de justicia transicional vigentes; una grave situación de vulnerabilidad de defensores de derechos humanos; y una economía criminal que afecta no sólo a cientos de comunidades, sino al medio ambiente, y a la misma consolidación de la paz.

Acuerdo con las Farc

El Acuerdo Final firmado por el presidente Santos y Rodrigo Londoño, máximo jefe de las otrora Farc. Foto: Presidencia de la República.

Una de las primeras tareas que tiene Duque es abordar el proceso de implementación de los acuerdos con la antigua guerrilla de las Farc, hoy convertida en movimiento político y con una futura representación en el Congreso de la República de diez de sus miembros (cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes).

Duque llega a la Presidencia en los hombros de una coalición política que no sólo triunfó en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, impulsando la opción del No como rechazo a lo pactado con el grupo insurgente, sino que concentró sus esfuerzos en el Congreso de la República en obstaculizar la aprobación de las leyes necesarias para abrirle paso a la concreción de lo pactado con las Farc.

De hecho, él mismo fue protagonista al demandar ante de la Corte Constitucional el mecanismo de discusión de esas normas, conocido como Fast Track o vía rápida, que reducía los tiempos de debate para su aprobación, logrando que el alto tribunal modificara parte de ese procedimiento, lo que afectó la implementación de los acuerdos. (Leer más en El duro paso de la paz por el Congreso)

Al referirse al tema, hizo varias aseveraciones que matizaron sus posturas críticas del pasado sobre lo pactado con las Farc, entre ellas que «no haremos trizas el acuerdo, pero la paz que añoramos reclama correcciones». Buena parte de sus inquietudes y del sector que representa tienen que ver con la aplicación de justicia para quienes hoy están en la legalidad y fueron, otrora, los jefes del grupo insurgente, para quienes ha reclamado cárcel antes del ejercicio político.

De hecho, propuso en campaña que las diez curules asignadas al movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), creado tras la desmovilización y dejación de armas, le fueran dadas a las víctimas porque, a su juicio, “deben prevalecer los derechos de las víctimas sobre los de los victimarios”.

Pero su discusión, planteada en el discurso de victoria, no involucra a los insurgentes rasos, por ello tomó distancia de los cuestionamientos a la paz firmada por el gobierno saliente y se declaró “amigo” de ella: “Hoy todos somos amigos de los que queremos la paz y debe ser una paz que permita a la base guerrillera su normalización a la vida pública”.

Al hacer una nueva referencia las víctimas, Duque afirmó que “esa paz que añoramos reclama correcciones para que las víctimas sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición». No obstante, entre sus actuaciones como senador, fue uno de los principales opositores a las llamadas Circunscripciones Especiales Para la Paz, a través de las cuales llegarían al Congreso voceros de las regiones más golpeadas por la guerra. La iniciativa no fue aprobada y una de las razones la dio Duque en febrero pasado en la ciudad de Cali: “Pretendían dejarlas abiertas para que la Farc en sus zonas de influencia tuvieran más congresistas. No se puede seguir premiando a los delincuentes”.

De acuerdo con los registros de la Unidad para las Víctimas, el país tiene, a corte del 1 de mayo de 2018, 8 millones 679 mil personas registradas como víctimas de hechos sucedidos durante la confrontación armada desde el 1 enero de 1985 y cuya responsabilidad no sólo recae en la guerrilla de las Farc, también tienen culpa otros grupos insurgentes, organizaciones paramilitares y agentes del Estado.

Pero la implementación va más allá de lo que ocurra con los excomandantes guerrilleros hoy en la legalidad y reunidos alrededor de la Farc y de los proyectos de reincorporación de sus bases insurgentes. Uno de los proyectos más ambiciosos de intervención pactado con el grupo subversivo es el del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), aplicado a 170 municipios del país catalogados como los más afectados por la confrontación armada.

Con diversos obstáculos y reparos por parte de las comunidades rurales y urbanas, el programa avanza, pero para su sostenibilidad se requerirá un gran un esfuerzo fiscal del próximo gobierno para concretar lo que los pobladores están proyectando como solución a sus necesidades más apremiantes en diversos aspectos, entre ellos infraestructura y proyectos productivos sostenibles.

Buena parte de la legislación que se requiere para implementar los acuerdos hace tránsito en el Congreso y las decisiones las tomarán los nuevos legisladores electos, que se posesionarán el próximo 20 de julio. En este escenario y dados los acuerdos partidistas, Duque contará con las mayorías necesarias para aprobar o hundir los proyectos de ley en curso. Tal y como lo ha dicho, varias de las futuras normas podrían sufrir cambios sustanciales, en concordancia con lo que piensan los partidos que lo respaldan, lo que crea un ambiente de incertidumbre sobre el futuro de los acuerdos de paz con las Farc. (Leer más en: La enorme deuda con la paz que recibirá el nuevo Congreso)

Justicia transicional

A mediados de marzo los magistrados de la JEP empezaron a recibir casos de víctimas del conflicto armado.

Uno de los temas que con más recurrencia ha cuestionado Duque es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que ha calificado de manera reiterada, como senador y como candidato a la Presidencia de la República, como “un monumento a la impunidad”. A través de este mecanismo de justicia transicional se busca juzgar a los guerrilleros de las Farc, pero también a agentes del Estado, que tuvieron participación en la guerra.

La JEP ya está en marcha, también con bastantes traumatismos, entre ellos los presupuestales, y con serios cuestionamientos en su contra, pero también con reparos en sus actuaciones agravadas por el supuesto caso de narcotráfico que enreda a Seuxis Paucis Hernández Solarte, conocido en las entrañas de las antiguas Farc como ‘Jesús Santricht’, quien es solicitado en extradición por las autoridades de Estados Unidos.

El Centro Democrático, que respaldó la candidatura de Duque, se ha opuesto de manera reiterada a la manera cómo se concibió la JEP y ha recurrido a toda serie de trabas para que la aprobación del mecanismo de reglamentación transcurra lentamente en el Congreso. Esa estrategia refleja también lo que ha expuesto el presidente electo en diversas ocasiones, que la JEP representa el “mayor debilitamiento de las instituciones jurídicas de nuestro país”.

A finales del año pasado, Duque dijo en plenaria del Senado durante la discusión del proyecto de ley estatutaria de la JEP que “con esta ley estatutaria estamos validando una humillación a las víctimas y permitiéndole a los señores de las Farc que se salgan con la suya”. Todo indica que en el escenario legislativo el nuevo mandatario de los colombianos apelará a las mayorías para introducir un número significativo de cambios para ajustar las normas a los propósitos que con tanto ahínco defendió como legislador.

El Centro Democrático ha venido ganando pequeñas batallas legislativas, como, por ejemplo, que los empresarios no asistan de manera obligada a la JEP a contar parte de su posible participación en la confrontación armada. La otra gran tarea que se proponen es la de defender a los agentes del Estado comprometidos en violaciones de derechos humanos y evitar que sean equiparados con los insurgentes. Para reforzar su concepto, prometió fortalecer y darle más independencia a la Justicia Penal Militar, así como “restaurar el honor y la moral militar”.

Pero el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición pactado con las Farc no sólo tiene la JEP, también incluye la Comisión de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas. Ambas comisiones ya están trabajando y perfilando sus labores para los próximos años. Al respecto, en las 203 propuestas planteadas por Duque como su plataforma ideológica, el tema transicional no aparece por ningún lado, lo que también introduce altos niveles de incertidumbre sobre lo que podrá ocurrir con estos escenarios. (Consulte aquí las propuestas)

En materia transicional también es preciso destacar la vigencia de la Ley 1448, llamada Ley de Victimas y Restitución de Tierras, vigente desde el 1 de enero de 2012 por un periodo de diez años, es decir, que tiene un periodo restante de 4 años. Esta norma ha sido duramente cuestionada, en lo que atañe a tierras, por sectores que apoyaron a Duque, entre ellos el exprocurador Alejandro Ordoñez, quien considera que afecta intereses económicos de empresarios del agro.

La aplicación de esa ley ha permitido establecer que, en procesos de despojo de tierras amparados en el conflicto armado, han participado directivos de empresas con intereses en determinadas regiones del país, afectando a familias campesinas. En su discurso de victoria, aludió al tema de manera tangencial: “Nosotros no vamos a despojar a nadie de los derechos que han conseguido en nuestro país”.

Y en su documento de las 203 propuestas aseveró que “transformaremos el campo con articulación de agroindustria con pequeños productores, seguridad jurídica a la inversión productiva, y protección a la propiedad (titulación transparente) y el acceso a la tierra (tenencia de buena fe)”.

En esta materia queda pendiente si su gobierno propondrá una prórroga de la Ley 1448 o, por el contrario, trabajará en darle un cierre que muchos consideran favorecedor a los despojadores y no a los despojados. En ese sentido, es importante conocer la trayectoria de quienes asumirán los cargos en entidades claves como el Ministerio de Agricultura, así como en la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural.

Drama de líderes sociales

282 líderes sociales fueron asesinados entre enero de 2016 y febrero de 2018, según registros de la Defensoría del Pueblo. Foto: Juan Diego Restrepo E.

Desde la firma de los acuerdos con las Farc en noviembre de 2016, el homicidio de líderes, lideresas y autoridades étnicas en el país se han incrementado sustancialmente. Diferentes organizaciones sociales, respaldadas por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, han insistido en exponer la tragedia que viven hombres y mujeres que defienden los derechos de las comunidades.

La situación es tan alarmante que el Ministerio Público, en cabeza del procurador Fernando Carrillo, se apersonó del tema, apoyado por un grupo de trabajo de su confianza y fijando duras posiciones sobre los altos niveles de impunidad que rodean estos asesinatos, entre ellas que fracasó el sistema de protección a líderes, bajo la responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección. Se estima que por lo menos 4 mil personas están con medidas de protección en el país.

Una de las estrategias que se pactó con las Farc para evitar este derramamiento de sangre era fortalecer la investigación y persecución contra grupos armados ilegales, que muchos sectores los catalogan como “paramilitares”, pero hasta el momento lo resultados son mínimos.

Al respecto Duque no ha sido muy elocuente en sus intervenciones sobre este tema, ni tampoco aparece en sus propuestas de gobierno, lo que inquieta a los sectores sociales más afectados por los ataques de grupos armados ilegales, sobre todo en regiones donde hay una intensa disputa por el dominio territorial tras la salida de las Farc del escenario bélico.

¿Y la hoja de coca?

El municipio de Briceño ha sido el piloto para sustitución de cultivos de coca y su implementación inició en julio del año pasado. Foto: Ricardo Cruz.

En este tema, uno de los más preocupantes para el país, por cuanto es un factor generador de riesgo para las comunidades y desestabilizador del proceso de paz con las Farc, Duque recoge el legado del Centro Democrático y en el texto de sus 203 propuestas de gobierno, hizo especial énfasis en el tema, siempre desde el enfoque prohibicionista y coercitivo: “Prohibiremos en la Constitución la existencia del narcotráfico como delito político conexo. El narcotráfico no podrá ser un delito amnistiable en Colombia” y “estableceremos la obligatoriedad de la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. No será voluntaria, será obligatoria”. Asimismo, dijo en unas declaraciones que se retornaría a la fumigación de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito e insistiría en la prohibición de la dosis mínima.

Las medidas prometidas riñen de alguna manera con las que se vienen aplicando en el país a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que ha privilegiado los acuerdos voluntarios con las comunidades campesinas, afros e indígenas. Si bien se han tenido dificultades en su aplicación, sobre todo para el pago de los dineros prometidos y el desarrollo de proyectos productivos alternos, los cultivadores perciben que hay un espíritu de concertación que no debe perderse, pues sienten que sus voces son escuchadas.

Si bien el nuevo mandatario de los colombianos ha insistido en que su administración será de “unidad” y de “concertación”, varias de las ideas consignadas en sus 203 propuestas, que él mismo pidió que se “conserven para hacer seguimiento a la tarea que queremos emprender desde el gobierno”, chocarán de frente con la realidad del país, por eso de la manera cómo resuelva esas tensiones, el proceso de paz firmado con las Farc podrá consolidarse como el sueño de los colombianos o una de sus peores pesadillas.