La cruzada contra el narcotráfico

Con el ánimo de combatir la guerra narcoterrorista, y mientras la ley de extradición se discutía en la Asamblea Nacional Constituyente, Cesar Gaviria tomó varias medidas para frenar las acciones del narcotráfico, entre ellas la política de sometimiento a la justicia para narcotraficantes y paramilitares, y la creación de un Bloque de Búsqueda de la Policía, apoyado por Estados Unidos. La política de sometimiento a la justicia proponía que a cambio de la entrega y la confesión de delitos, el Gobierno le otorgaba al sometido una rebaja de hasta la mitad de la pena impuesta. Así mismo, el Gobierno garantizaba la no extradición para quien se entregara1.

Miembros del Bloque de Búsqueda en operativo el día de la muerte de Pablo Escobar. Foto Semana

Cuando la Asamblea Constituyente votó y aprobó el artículo que prohibía la extradición de colombianos, Pablo Escobar se entregó. Sin embargo, un año después de su entrega, Escobar se fugó de la cárcel y fue dado de baja por el Bloque de Búsqueda el 2 de diciembre de 1993. Tras su muerte el Estado restauró la extradición y el cartel de Medellín se desarticuló.

En la lucha contra Escobar, el Estado estableció una alianza con una organización criminal conocida como los Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES). Esta organización, fue liderada por Fidel Castaño, antiguo aliado de Escobar en el tráfico de cocaína, e incluía a miembros del Cartel de Medellín y del Cartel de Calí. Los Castaño, al igual que los miembros que quedaban del cartel de Medellín (entre ellos Don Berna), se unieron al Estado en contra del Escobar, después de queéste asesinara en la cárcel a los hermanos Moncada y Galeano, cuatro de los principales socios de Escobar. El Cartel de Calí, por su parte ya había mostrado fuertes diferencias con Pablo Escobar, por su lucha terrorista contra el Estado. Si bien, los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia vieron con buenos ojos el trabajo conjunto de la Policía y el Ejército colombiano con narcotraficantes y paramilitares, esta alianza daría como fruto fuertes episodios de corrupción dentro de estas instituciones².

La segunda mitad de los noventa sorprendió al país con el triunfo de Ernesto Samper y la noticia de que en su campaña presidencial había sido infiltrada por dineros del Cartel de Cali. Así mismo, fueron acusados miembros de sus gabinetes como el ministro de Defensa y varios congresistas, entre otros. Ante esta situación y con el ánimo de no dejar la presidencia, Samper emprendió junto con la Policía (una de las instituciones más afectadas por la corrupción del narcotráfico) una batalla contra el Cartel de Cali, que concluyó con la captura y extradición de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela (después de que se habían sometido a la justicia y habían salido de la cárcel).

Con este hecho, los colombianos vieron el fin de los grandes carteles, y de una de las más duras guerras contra el narcotráfico en el país. Sin embargo, el espacio dejado por los grandes capos pronto fue recuperado y atomizado por los “herederos” (guardaespaldas, contadores, sicarios, abogados, o familiares) de los antiguos carteles. Fuentes de Inteligencia de la Policía revelaron que para finales de los noventa había entre 250 y 300 organizaciones de narcotraficantes en el país.³